Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-31-000-2010-00562-03
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-31-000-2010-00562-03
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 41001-23-31-000-2010-00562-03
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
11 de junio de 2026
Radicado: 41001-23-31-000-2010-00562-03 (0205-2024)
Ejecutante: María Alieth Tello de Ordoñez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C. once (11) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Medio de control: Ejecutivo
Radicación: 41001-23-31-000-2010-00562-03 (0205-2024)
Demandante: María Alieth Tello de Ordoñez
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Tema: Excepción de pago
Decisión: Confirma sentencia de primera instancia que siguió adelante
con la ejecución.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el
recurso de apelación interpuesto por la entidad ejecutada contra la sentencia del
31 de octubre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila,
mediante la cual se declaró no probada la excepción de pago formulada por la
ejecutada y, de oficio, parcialmente probada dicha excepción y, por consiguiente,
ordenó seguir adelante con la ejecución.
I. ANTECEDENTES
1.1. Pretensiones y hechos de la demanda
2. La señora María Alieth Tello de Ordoñez solicitó que se librara mandamiento
de pago contra la Procuraduría General de la Nación, con el fin de que le diera
cumplimiento al título ejecutivo constituido por la sentencia proferida el 23 de
mayo de 2018, por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. En dicha providencia, se
ordenó la liquidación y pago de «la diferencia adeudada por concepto de
Bonificación por Compensación mensual desde el 1 de enero de 2001 hasta el
30 de noviembre de 2004, en el equivalente al 80% respectivamente, de lo pedido
por todo concepto por los magistrados de las altas cortes conforme lo establece
el Decreto 610 del 26 de marzo de 1998, en armonía con el Decreto 1239 de
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Demandante: María Alieth Tello de Ordoñez
1998», así como el pago correspondiente a los intereses moratorios causados
por tales conceptos, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 176 del CCA.
3. En cuanto a los hechos, explicó que la sentencia que constituye el título base
de recaudo —proferida el 23 de mayo de 2018 por la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda del Consejo de Estado— revocó la providencia del 13 de
noviembre de 2012, expedida por el Tribunal Administrativo del Huila, que había
negado las pretensiones de la demanda. Dicha sentencia quedó ejecutoriada el
11 de junio de 2018; los 18 meses que dispone el artículo 176 del Código de lo
Contencioso Administrativo transcurrieron entre el 11 de junio de 2018 y el 11 de
diciembre de 2019.
4.El 1 de octubre de 2018, la actora solicitó el cumplimiento de la sentencia.
Como respuesta, la Procuraduría General de la Nación, a través de la Secretaría
General, expidió la Resolución 186 del 22 de abril de 2020. Sin embargo, a criterio
de la ejecutante, esta resolución dio cumplimiento parcial a las órdenes de la
sentencia, pues reconoció únicamente la suma de $79.077.798, que, luego de
descuentos, arrojó un valor neto de $68.526.098.
5. Explicó que la liquidación realizada por la entidad para calcular la bonificación
por compensación en su caso no correspondió a la diferencia que existió entre
su salario y el 80% del salario devengado por un magistrado de alta corte, por
todo concepto. Antes bien, «no alcanzó al 70% de lo que se debía pagar» entre
el 1 de enero de 2001 y el 30 de noviembre de 2004.
6. Como ejemplo, expuso que, mientras que para el año 2001 el 80% del dinero
que, por todo concepto, recibió un magistrado de alta corte correspondió a
$13.112.125, en el acto de cumplimiento, el valor reconocido por la entidad en su
caso, para ese mismo período, arrojó la suma de $11.179.288, lo que generó una
diferencia de $1.932.837 entre los dos valores. Tales diferencias se siguieron
causando progresivamente, mes a mes, en los períodos respecto de los cuales
se ordenó el reconocimiento y pago en el título ejecutivo.
7. Adicionalmente, «[d]ebido a la liquidación [indebida] de la bonificación por
compensación», los intereses moratorios sobre el capital no arrojaron los valores
adecuados. En consecuencia, para la fecha de la presentación de la demanda —
junio de 2021—, la obligación insoluta ascendía a $286.376.201.
1.2. Mandamiento de pago
8. El Tribunal Administrativo del Huila libró mandamiento de pago contra la
Procuraduría General de la Nación y a favor de la parte ejecutante, por los
siguientes valores, determinados a partir de la liquidación realizada por la
autoridad contable de la corporación judicial, así:
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«a.- Por la suma de NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL CIENTO
CINCUENTA Y TRES PESOS ($91.707.153) M/Cte de capital, correspondiente a la diferencia
en la reliquidación de la bonificación por compensación mensual.
b.- Por la suma de NOVENTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($90.194.935) M/Cte de capital, correspondiente
a la indexación en la reliquidación de la bonificación por compensación mensual.
c.- Por los intereses moratorios causados desde que se hizo exigible la obligación y hasta que
se efectúe el pago total de la misma, a una tasa equivalente a una y media veces el interés
bancario corriente.
c.- Por las costas que se causen dentro del trámite del presente proceso ejecutivo».
1.3. Contestación de la demanda
9.La Procuraduría General de la Nación contestó la demanda en la que se
opuso a la prosperidad de las pretensiones, para lo cual propuso la excepción de
pago en los siguientes términos:
10. Explicó que, mediante la Resolución 186 del 22 de abril de 2020, la entidad le
dio cumplimiento en su integralidad al título ejecutivo que se busca ejecutar en el
proceso de la referencia. Dicha liquidación se hizo por $10.617.717, suma cuyo
recibo por la parte actora consta el 29 de abril de 2022, con número de cupón de
pago 322222 del 27 de abril de 2022 del SIIF.
II. SENTENCIA APELADA
11. El Tribunal Administrativo del Huila dictó sentencia el 31 de octubre de 2023,
a través de la cual declaró no probada la excepción de pago propuesta por la
ejecutada, pero, de manera oficiosa, declaró parcialmente probada dicha
excepción. En consecuencia, ordenó seguir adelante con la ejecución por los
siguientes conceptos: $150.942.856 por capital y $147.380.270 por intereses.
Finalmente, ordenó a cualquiera de las partes presentar la liquidación del crédito
y condenó en costas a la parte ejecutada, las cuales se fijaron, por concepto de
agencias en derecho, en la suma de $4.355.446.
12. Para arribar a la anterior conclusión, el Tribunal explicó que la Procuraduría
«aunque al contestar la demanda (…) manifestó que la suma reconocida
ascendió a $10.617.717 (y no a $79.077.798) (…) al revisar el contenido de la
[R]esolución 186 del 22 de abril de 2020 se advierte que el valor reconocido
corresponde a la anterior cifra: $79.077.798 (…) Lo anterior, permite inferir que
la entidad ejecutada se equivocó al mencionar la suma efectivamente pagada».
13. Clarificadolo anterior, consideró que, a través de la Secretaría de la
Corporación, se realizó una liquidación el 30 de agosto de 2023, a través de la
cual se concluyó que, para la fecha en que la entidad realizó el pago determinado
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en la Resolución 186 del 22 de abril de 2020, este ascendía a $230.020.654, esto
es, $181.902.088 de capital y $48.118.566 de intereses. Por lo tanto, la suma
pagada por la entidad por $79.077.798 —el 22 de abril de 2022— no cubrió la
totalidad de la deuda.
14. De esa manera, lo procedente era declarar no probada la excepción de pago
propuesta por la entidad, pero sí, de oficio, parcialmente probada esa excepción,
dado que la suma de $79.077.798 se tuvo como abono realizado en el curso del
proceso, pero la liquidación final se establecería en la etapa de liquidación del
crédito.
15. Respecto a las costas procesales, se indicó que, conforme lo establecido en
el artículo 188 del CPACA y el numeral 5 del artículo 365 del CGP, se debía
imponer, como condena en costas, a la parte ejecutada la suma de $4.355.446.
1.6. Recurso de apelación
16. La Procuraduría General de la Nación presentó recurso de apelación contra
la sentencia de primera instancia, con el fin de que fuera revocada y, en su lugar,
se declarara totalmente probada la excepción de pago. Para ello, desarrolló los
siguientes argumentos:
17. La entidad reliquidó la bonificación por compensación en favor de la ejecutante
con base en el Decreto 610 de 1998, esto es, teniendo en cuenta el 80% de lo
que, por todo concepto, reciben los magistrados de las altas cortes, entre el 1°
de enero de 2001 y el 30 de noviembre de 2004, conforme lo ordenado en la
sentencia que constituye el título ejecutivo en el presente asunto. Ello arrojó,
como valor bruto a reconocer, la suma de $79.077.798.
18. Agregó que los valores reconocidos por concepto de la bonificación por
compensación se ajustaron, igualmente, a la sentencia proferida el 11 de octubre
de 2017 por el Tribunal Administrativo del Huila, Sala de Conjueces del Sistema
Oral, con radicado 41-001-23-33-004-2015-00972-00, en la que se ordenó, en
favor de la aquí ejecutante, María Alieth Tello de Ordoñez, «la reliquidación y
pago de las prestaciones sociales, salariales y laborales (…) causadas desde el
1° de enero de 1993 y hasta que por razón del cargo tenga derecho, teniéndose
en cuenta para el efecto como base de liquidación el 100% de la remuneración
básica mensual legal, incluyendo el 30% que hasta ahora se ha tenido como
prima especial».
19. Asimismo, en esa providencia del 11 de octubre de 2017 se reconoció y ordenó
el pago, desde el 1° de enero de 1993 y hasta que por razón del cargo tuviera
derecho, de la prima especial mensual de servicios prevista en el artículo 14 de
la Ley 4 de 1992, sin carácter salarial, equivalente al 30% de la asignación básica
mensual.
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20. Por lo anterior, la entidad adujo que, en cumplimiento de esta sentencia del 11
de octubre de 2017, se expidió la Resolución 537 del 11 de septiembre de 2019,
en la que se reconoció la suma de $254.721.171.
21. Explicó entonces que, dentro de la liquidación realizada por la entidad en
cumplimiento de la sentencia del 11 de octubre de 2017, se restaron los valores
a pagar por concepto de bonificación por compensación, teniendo en cuenta que
se reliquidaron correctamente los conceptos que corresponden a la prima
especial de servicios por el 30% adicional a los emolumentos recibidos por dicho
cargo y que, al ostentar la actora el cargo de Procurador Judicial II, la orden del
título ejecutivo que se ejecuta en este proceso determina que debe ser sobre el
80% de los ingresos totales que reciben los magistrados de alta corte.
22. En consecuencia, a su juicio, no es procedente liquidar valores adicionales por
concepto de bonificación por compensación, pues, de hacerse, la entidad estaría
extralimitándose al pagar los conceptos totales anuales que devenga quien
ocupa el cargo de Procurador Judicial II.
23. En ese contexto, explicó que la bonificación por compensación, menos los
valores reconocidos —entre enero de 2001 y noviembre de 2004— por concepto
de prima especial de servicios, arrojó como valor a pagar al demandante
$31.946.413, suma que, indexada, arroja como suma a reconocer $62.703.173,
lo que, sumado a los intereses, arrojó la cifra de $79.077.798.
24. Debido a que no se observan nulidades o irregularidades que ameriten
saneamiento en esta etapa procesal, la Sala procederá a dictar sentencia, previo
las siguientes,
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
25. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, y 322 del CGP.
26. De tal modo que, como en este asunto solamente recurrió la decisión proferida
en primera instancia la parte ejecutada, la competencia se limitará a los reparos
efectuados en su recurso.
1
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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3.2. Problema jurídico
27. De acuerdo con los argumentos planteados por el apelante, le corresponde a
esta Sala de subsección responder el siguiente interrogante:
28. ¿Debe revocarse la sentencia de primera instancia que declaró parcialmente
probada la excepción de pago y ordenó seguir adelante con la ejecución?
3.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto
3.3.1 Generalidades del proceso ejecutivo y los requisitos del título
ejecutivo
29. El proceso ejecutivo ha sido definido como el medio procesal para que un
acreedor, de modo coercitivo, haga efectiva una obligación o un derecho del que
es titular ante un deudor que se rehúsa a su cumplimiento. Es decir, «es el medio
para que el acreedor haga valer el derecho (que conste en un documento
denominado título ejecutivo) mediante la ejecución forzada»2.
30. En esta clase de procesos no se busca el reconocimiento de un derecho
subjetivo, sino que está dirigido a obtener el cumplimiento de una obligación que
consta en un documento que da plena fe de su existencia, siendo el título «el
documento principal a partir del cual se desarrolla el proceso ejecutivo».3 Su
definición y requisitos se encuentran en el artículo 422 del CGP, antes 488 4 del
CPC, en los siguientes términos:
«TÍTULO EJECUTIVO. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones
expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor
o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una
sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de
otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben
liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás
documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no
constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el
artículo 184».
31. La norma consagra los requisitos del título ejecutivo: formales y sustanciales.
Los primeros hacen referencia a la prueba de la existencia de la obligación y
2
Consejo de Estado, Sección Cuarta, providencia del 15 de noviembre de 2017, radicado 54001 23 33 000 2013 00140
01(22065), M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. Ver también Consejo de Estado, Sección Primera, providencia del 12 de
julio de 2018, radicado 81001 23 33 003 2017 00042 01, M.P. María Elizabeth García González.
3
Sentencia T-704 de 2013. Igual concepto está en la sentencia T-996 de 2012.
4
«Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que
provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de
condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva
conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso - administrativos o de policía aprueben liquidación
de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia.
La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio
previsto en el artículo 294.»
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exigen que el título ejecutivo sea auténtico y que provenga del deudor, su
causante o de una providencia judicial.5 La autenticidad se refiere a la plena
identificación del creador del documento para que no haya duda del deudor y el
juez tenga certeza de quién lo suscribió6.
32. Los segundos exigen que en el título ejecutivo se refleje en favor del ejecutante
una obligación clara, expresa y exigible. Es expresa si se encuentra especificada
en el título y no es el resultado de una presunción legal o de una interpretación;
clara si sus elementos aparecen inequívocamente señalados y no hay duda con
respecto al objeto o sujetos de la obligación, esto es fácilmente inteligible y se
entiende en un solo sentido; y, exigible si la ejecución no depende del
cumplimiento de un plazo o condición o siempre que estos se hubiesen
cumplido7.
33. Estos requisitos deben cumplirse en su totalidad y en los términos enunciados,
de modo que del título se concluya sin duda alguna la existencia de la obligación,
su claridad y que ya es exigible. Así entonces cuando el juez verifica que el
documento cumple con los requisitos enunciados debe emitir la orden de pago
en contra de la parte ejecutada, pues así lo dispone el artículo 430 del CGP 8,
antes 497 del CPC9.
5
Sobre los requisitos formales del título se puede consultar la siguiente jurisprudencia: Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B. Sentencia del 27 de agosto de 2015. Radicado: 200012331000 2011-00548 01 (2586 – 2013). Consejera ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez. «[…] que se trate de documentos que tengan autenticidad, que emanen
de autoridad judicial, o de otra clase si la ley lo autoriza, o del propio ejecutado o causante cuando aquel sea heredero de
este y los segundos, que de esos documentos aparezca a favor del ejecutante o de su causante y a cargo del ejecutado
o de su causante, una obligación clara expresa, exigible y además líquida o liquidable por simple operación aritmética si
se trata de pagar una suma de dinero». Ver también: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, sentencia de 31 de mayo de 2018, Consejera ponente María Elizabeth García González, Radicación: 11001 03
15 000 2018 00824 00. A su vez la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló: «Que además de esos requisitos el
documento debe reunir dos condiciones formales: i) la autenticidad y ii) que proceda del deudor o de su causante, o de
una sentencia judicial condenatoria, o de cualquier otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva». Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, providencia de 8 de junio de 2016, radicado 27001 23 31 000 2012 00086
01(47539), M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa (E). 6
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 14 de mayo de 2014, radicado 33.586. 7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, consejera ponente Carmen Teresa Ortiz de
Rodríguez, auto de 26 de febrero de 2014, Radicado: 25000 23 27 000 2011 00178 01 (19250), actor: Clínica del Country
S.A. En esta providencia se citó la siguiente doctrina: Velásquez G., Juan Guillermo. Los procesos ejecutivos. (2006). Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. Ltda. También puede consultarse la siguiente jurisprudencia: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, 26 de julio
de 2018, radicado 41001 23 31 000 2010 00139 01(0490-16), M.P. Rafael Francisco Suarez Vargas. 8
«Artículo 430. Mandamiento ejecutivo. Presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito
ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere
procedente, o en la que aquel considere legal. Los requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento
ejecutivo. No se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no haya sido planteada por medio de
dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del título ejecutivo no podrán reconocerse o declararse por el juez
en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución, según fuere el caso. Cuando como consecuencia del recurso de reposición el juez revoque el mandamiento de pago por ausencia de los
requisitos del título ejecutivo, el demandante, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del auto, podrá
presentar demanda ante el juez para que se adelante proceso declarativo dentro del mismo expediente, sin que haya
lugar a nuevo reparto. El juez se pronunciará sobre la demanda declarativa y, si la admite, ordenará notificar por estado
a quien ya estuviese vinculado en el proceso ejecutivo. Vencido el plazo previsto en el inciso anterior, la demanda podrá formularse en proceso separado. De presentarse en tiempo la demanda declarativa, en el nuevo proceso seguirá teniendo vigencia la interrupción de la
prescripción y la inoperancia de la caducidad generados en el proceso ejecutivo. El trámite de la demanda declarativa no impedirá formular y tramitar el incidente de liquidación de perjuicios en contra del
demandante, si a ello hubiere lugar».
9
«Presentada la demanda con arreglo a la ley, acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará
mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida si fuere procedente, o en la que
aquél considere legal».
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34. De acuerdo con lo anterior, el título ejecutivo es el documento necesario para
que pueda incoarse y darse trámite al proceso ejecutivo. Además, conforme lo
dispone el artículo 422 del CGP10, antes 488 del CPC, i) es la prueba de la
existencia de la obligación, la cual debe ser expresa, clara y exigible; y ii) señala
con certeza el obligado a cumplirla, por lo que constituye plena prueba contra el
adeudado, por provenir de él o de su causante o de cualquiera de las
providencias enunciadas en dicha norma. En tal sentido, debe entenderse que
las sentencias ejecutoriadas que condenen a una entidad al pago de suma de
dinero constituyen un título ejecutivo.
3.4. Análisis de la Sala al problema jurídico
35. Pararesolver el problema jurídico planteado, la Subsección pondrá de
presente los principales supuestos fácticos relevantes del caso:
36. El
23 de mayo de 2018, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces, dictó sentencia en la que
revocó la providencia del 13 de noviembre de 2012 proferida por el Tribunal
Administrativo del Huila. En consecuencia, declaró la nulidad del acto
administrativo acusado —Oficio 4284 del 31 de agosto de 2009, expedido por la
Procuraduría General de la Nación— y accedió a las pretensiones de la demanda
invocada por la señora Tello de Ordoñez, relacionadas con el reconocimiento y
pago de la bonificación por compensación, de la siguiente manera:
«PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 13 de noviembre de 2012 por la Sala de
Conjueces del Tribunal Administrativo del Huila, por medio de la cual resolvió denegar las
pretensiones de la demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho formulada por la
actora MARÍA ALIETH TELLO DE ORDOÑEZ contra la PROCURADURÍA GENERAL DE LA
NACIÓN.
SEGUNDO: Aténgase a lo resuelto en la sentencia de unificación jurisprudencial proferida el
18 de mayo de 2016, por la Sección Segunda, Sala de Conjueces de esta corporación, por las
razones aquí expuestas.
TERCERO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio No. 4284 de
agosto 31 de 2009, expedido por la Procuraduría General de la Nación, a través del cual se le
negó a la doctora MARÍA ALIETH TELLO DE ORDOÑEZ el reconocimiento del reajuste de la
diferencia salarial entre el régimen del Decreto 610 de 1998 y el Decreto 440 de 2004, desde
el 1° de enero de 2001 hasta el 30 de noviembre de 2004, como Procuradora Judicial II Penal
de Neiva.
CUATRO: A título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, CONDENAR a la NACIÓN –
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar a la doctora MARÍA ALIETH TELLO
DE ORDOÑEZ la diferencia adeudada por concepto de Bonificación por Compensación
10
«Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que
consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que
emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial,
o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la
justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título
ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184».
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Demandante: María Alieth Tello de Ordoñez
mensual, desde el 1° de enero 2001 hasta el 30 de noviembre de 2004, en el equivalente al
80% respectivamente, de lo percibido por todo concepto por los Magistrados de las Altas
Cortes conforme lo establece el Decreto 610 del 26 de marzo de 2998, en armonía con el
Decreto 1239 de 1998.
QUINTO: ORDENAR que los valores a pagar sean actualizados de conformidad con el artículo
178 C.C.A., modificado por el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, tomando como base la
variación porcentual del IPC.
SEXTO: CONDENAR al paso de los intereses comerciales moratorios aplicables.
SÉPTIMO: De la liquidación de que resulte por el cumplimiento de esta providencia, se
descontarán las sumas de lo que la entidad hubiese cancelado a la actora en caso de haber
efectuado transacción, conciliación, pago de la diferencia por orden de tutela o equivalentes.
OCTAVO: ORDENAR a la demandada darle cumplimiento a esta sentencia dentro del término
previsto en el artículo 176 y 177 de C.C.A»
37. La anterior providencia quedó ejecutoriada el 11 de junio de 2018.
38. La actora presentó la solicitud de cumplimiento del fallo el 1 de octubre de
2018.
39. La Procuraduría General de la Nación expidió la Resolución 186 del 22 de abril
de 2020, a través de la cual ordenó «el reconocimiento y pago de unos valores
en cumplimiento» de la sentencia proferida el 23 de mayo de 2018 por la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado. Allí se indicó que,
conforme a la liquidación realizada por la División Financiera del Grupo de
Nómina de la entidad, se concluyó que el valor que la entidad adeudaba a la
ejecutante por concepto de las diferencias causadas entre lo pagado y lo que
debió pagársele por bonificación por compensación, entre el 1 de enero de 2001
y el 30 de noviembre de 2004, ascendía a $79.077.798. Sin embargo, en la parte
resolutiva de este acto administrativo se precisó que, sobre el valor reconocido,
debía realizarse el descuento de $10.551.700 por concepto de retención en la
fuente. De manera que la suma que recibió la ejecutante, luego de descuentos,
ascendió a $68.526.098.
40. En el expediente también se encuentra la Certificación 0682, expedida el 4 de
junio de 2021 por la jefe de la División de Gestión Humana de la Procuraduría
General de la Nación, en la que se discriminan los valores devengados por la
señora María Alieth Tello de Ordoñez durante los años 2001 a 2004, así como
los posteriormente pagados en cumplimiento de las sentencias con radicado 41-
001-23-33-004-2015-00972-00 —en cuanto a la reliquidación de prestaciones
sociales y prima especial de servicios— y 41-001-23-31-000-2010-000562-00
(0883-2013) —en cuanto a la bonificación por compensación—. Dichos valores,
debido a su relación directa con los planteamientos del recurso de alzada, se
expondrán literalmente a continuación:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 9
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Radicado: 41001-23-31-000-2010-00562-03 (0205-2024)
Demandante: María Alieth Tello de Ordoñez
PRIMA PRIMA BONIFICACIÓ
ESPECIAL ESPECIAL N
SUMA
PRIMA SUMA DE DE POR
BONIFICACIÓ
ESPECIA SUELDO+G SERVICIOS SERVICIOS BONIFICACIÓN COMPENSAC
GASTOS N
L ASTO SENTENCI SENTENCI POR IÓN - TOTAL
MES AÑO DÍAS CARGO SUELDO REPRESEN POR
DE REP+PRIM A 41- A 41- COMPENSACIÓ SENTENCIA MENSUAL
TACIÓN COMPENSAC
SERVICI A 011-23-31- 011-23-31- N 41-
IÓN +
OS SERVICIOS 04- 04- 011-23-31-00-
SENTENCIAS
215-00972- 215-00972- 2010-00052-
00 00 00
Enero 2001 30 Proc. Judicial II 1.931.291 1.931.290 1.059.64 4.922.228 LIQ. 224.850 ASIGNACI
579.387 4.854.838 (N.I.088-2013)
597.985 6.257.060 11.179.288
7 PRESTACI ÓN
Febrero 2001 30 Proc. Judicial II 1.931.291 1.931.290 1.059.64 4.922.228 224.850 579.387 4.854.838 597.985 6.257.060 11.179.288
ONES BÁSICA
Marzo 2001 30 Proc. Judicial II 1.931.291 1.931.290 7
1.059.64 4.922.228 224.850 MENSUAL
579.387 4.854.838 597.985 6.257.060 11.179.288
Abril 2001 30 Proc. Judicial II 1.931.291 1.931.290 7
1.059.64 4.922.228 224.850 579.387 4.854.838 597.985 6.257.060 11.179.288
Mayo 2001 30 Proc. Judicial II 1.931.291 1.931.290 7
1.059.64 4.922.228 224.850 579.387 4.854.838 597.985 6.257.060 11.179.288
Junio 2001 30 Proc. Judicial II 1.931.291 1.931.290 7
1.059.64 4.922.228 224.850 579.387 4.854.838 597.985 6.257.060 11.179.288
Julio 2001 30 Proc. Judicial II 1.931.291 1.931.290 7
1.059.64 4.922.228 224.850 579.387 4.854.838 597.985 6.257.060 11.179.288
Agosto 2001 30 Proc. Judicial II 1.931.291 1.931.290 7
1.059.64 4.922.228 224.850 579.387 4.854.838 597.985 6.257.060 11.179.288
Septiembre 2001 30 Proc. Judicial II 1.931.291 1.931.290 7
1.059.64 4.922.228 224.850 579.387 4.854.838 597.985 6.257.060 11.179.288
Octubre 2001 30 Proc. Judicial II 1.931.291 1.931.290 7
1.059.64 4.922.228 224.850 579.387 4.854.838 597.985 6.257.060 11.179.288
Noviembre 2001 30 Proc. Judicial II 1.931.291 1.931.290 7
1.059.64 4.922.228 224.850 579.387 4.854.838 597.985 6.257.060 11.179.288
Diciembre 2001 30 Proc. Judicial II 1.931.291 1.931.290 7
1.059.64 4.922.228 224.850 579.387 4.854.838 597.985 6.257.060 11.179.288
7
PRIMA BONIFICACIÓ
PRIMA
ESPECIAL N
ESPECIAL
DE POR SUMA
PRIMA SUMA DE SERVICIOS
SERVICIOS BONIFICACI COMPENSAC BONIFICACIÓ
ESPECIA SUELDO+G SENTENCIA
GASTOS SENTENCI ÓN IÓN -N
L ASTO 41- TOTAL
MES AÑO DÍAS CARGO SUELDO REPRESEN A 41- POR SENTENCIA POR
DE REP+PRIM 011-23-31-04- MENSUAL
TACIÓN 011-23-31- COMPENSA 41- COMPENSACI
SERVICI A 215-00972-00
04- CIÓN 011-23-31-00- ÓN +
OS SERVICIOS ASIGNACIÓN
215-00972- 2010-00052- SENTENCIAS
BÁSICA
00 00
MENSUAL
LIQ. (N.I.088-2013)
Enero 2002 30 Proc. Judicial II 2.022.448 2.022.448 1.109.66 5.154.559 PRESTACI
235.459 606.734 5.226.198 593.140 6.661.531 11.816.090
3 ONES
Febrero 2002 30 Proc. Judicial II 2.022.448 2.022.448 1.109.66 5.154.559 235.459 606.734 5.226.198 593.140 6.661.531 11.816.090
Marzo 2002 30 Proc. Judicial II 2.022.448 2.022.448 3
1.109.66 5.154.559 235.459 606.734 5.226.198 593.140 6.661.531 11.816.090
Abril 2002 30 Proc. Judicial II 2.022.448 2.022.448 3
1.109.66 5.154.559 235.459 606.734 5.226.198 593.140 6.661.531 11.816.090
Mayo 2002 30 Proc. Judicial II 2.022.448 2.022.448 3
1.109.66 5.154.559 235.459 606.734 5.226.198 593.140 6.661.531 11.816.090
Junio 2002 30 Proc. Judicial II 2.022.448 2.022.448 3
1.109.66 5.154.559 235.459 606.734 5.226.198 593.140 6.661.531 11.816.090
Julio 2002 30 Proc. Judicial II 2.022.448 2.022.448 3
1.109.66 5.154.559 235.459 606.734 5.226.198 593.140 6.661.531 11.816.090
Agosto 2002 30 Proc. Judicial II 2.022.448 2.022.448 3
1.109.66 5.154.559 235.459 606.734 5.226.198 593.140 6.661.531 11.816.090
Septiembre 2002 30 Proc. Judicial II 2.022.448 2.022.448 3
1.109.66 5.154.559 235.459 606.734 5.226.198 593.140 6.661.531 11.816.090
Octubre 2002 30 Proc. Judicial II 2.022.448 2.022.448 3
1.109.66 5.154.559 235.459 606.734 5.226.198 593.140 6.661.531 11.816.090
Noviembre 2002 30 Proc.
Judicial II 2.022.448 2.022.448 3
1.109.66 5.154.559 235.459 606.734 5.226.198 593.140 6.661.531 11.816.090
Diciembre 2002 30 Proc. Judicial II 2.022.448 2.022.448 3
1.109.66 5.154.559 235.459 606.734 5.226.198 593.140 6.661.531 11.816.090
3
PRIMA PRIMA BONIFICACIÓ
ESPECIAL ESPECIAL N SUMA
PRIMA SUMA DE DE POR
BONIFICACIÓ BONIFICACIÓ
ESPECIA SUELDO- SERVICIOS SERVICIOS- COMPENSACI
GASTOS N N
L GASTOS - SENTENCIA ÓN - TOTAL
MES AÑO DÍAS CARGO SUELDO REPRESEN POR POR
DE REP+PRIM SENTENCI 41- MENSUAL
TACIÓN COMPENSACI SENTENCIA COMPENSACI
SERVICI A A 41- 001-23-00- 41-
ÓN ÓN +
OS SERVICIOS 001-23-00- 2015-00972-00 001-23-11-00- SENTENCIAS
2015-00972- ASIGNACIÓN 2010-00562-00
00 BÁSICA (NL0883-2013)
Enero 2003 30 Proc. Judicial II 2.097.077 2.097.077 1.150.609 5.344.763 239.085
LIQ. MENSUAL
629.123 5.749.051 612.215 7.229.474 12.574.237
PRESTACI
Febrero 2003 30 Proc. Judicial II 2.097.077 2.097.077 1.150.609 5.344.763 239.085 629.123 5.749.051 612.215 7.229.474 12.574.237
ONES
Marzo 2003 30 Proc. Judicial II 2.097.077 2.097.077 1.150.609 5.344.763 239.085 629.123 5.749.051 612.215 7.229.474 12.574.237
Abril 2003 30 Proc. Judicial II 2.097.077 2.097.077 1.150.609 5.344.763 239.085 629.123 5.749.051 612.215 7.229.474 12.574.237
Mayo 2003 30 Proc. Judicial II 2.097.077 2.097.077 1.150.609 5.344.763 239.085 629.123 5.749.051 612.215 7.229.474 12.574.237
Junio 2003 30 Proc. Judicial II 2.097.077 2.097.077 1.150.609 5.344.763 239.085 629.123 5.749.051 612.215 7.229.474 12.574.237
Julio 2003 30 Proc. Judicial II 2.097.077 2.097.077 1.150.609 5.344.763 239.085 629.123 5.749.051 612.215 7.229.474 12.574.237
Agosto 2003 30 Proc. Judicial II 2.097.077 2.097.077 1.150.609 5.344.763 239.085 629.123 5.749.051 612.215 7.229.474 12.574.237
Septiembre 2003 30 Proc. Judicial II 2.097.077 2.097.077 1.150.609 5.344.763 239.085 629.123 5.749.051 612.215 7.229.474 12.574.237
Octubre 2003 30 Proc. Judicial II 2.097.077 2.097.077 1.150.609 5.344.763 239.085 629.123 5.749.051 612.215 7.229.474 12.574.237
Noviembre 2003 30 Proc. Judicial II 2.097.077 2.097.077 1.150.609 5.344.763 239.085 629.123 5.749.051 612.215 7.229.474 12.574.237
Diciembre 2003 30 Proc. Judicial II 2.097.077 2.097.077 1.150.609 5.344.763 239.085 629.123 5.749.051 612.215 7.229.474 12.574.237
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 10
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 41001-23-31-000-2010-00562-03 (0205-2024)
Demandante: María Alieth Tello de Ordoñez
PRIMA PRIMA
BONIFICACIÓ
ESPECIAL ESPECIAL
N
DE DE SUMA
PRIMA SUMA POR
SERVICIOS SERVICIOS- BONIFICACIÓ BONIFICACIÓ
ESPECIA SUELDO- COMPENSACI
GASTOS - SENTENCIA N N
L GASTOS ÓN - TOTAL
MES AÑO DÍAS CARGO SUELDO REPRESEN SENTENCI 41- POR POR
DE REP+PRIM SENTENCIA MENSUAL
TACIÓN A 41- 001-23-00- COMPENSACI COMPENSACI
SERVICI A 41-
001-23-00- 2015-00972-00 ÓN ÓN +
OS SERVICIOS 001-23-11-00-
2015-00972- ASIGNACIÓN SENTENCIAS
2010-00562-00
00 BÁSICA
(NL0883-2013)
LIQ. MENSUAL
Proc. Judicial II PRESTACI
Enero 2004 30 2.183.058 2.183.058 1.197.783 5.563.899 230.673 654.917 5.951.247 936.939 7.773.776 13.337.675
ONES
Febrero 2004 30 Proc. Judicial II 2.183.058 2.183.058 1.197.783 5.563.899 230.673 654.917 5.951.247 936.939 7.773.776 13.337.675
Marzo 2004 30 Proc. Judicial II 2.183.058 2.183.058 1.197.783 5.563.899 230.673 654.917 5.951.247 936.939 7.773.776 13.337.675
Abril 2004 30 Proc. Judicial II 2.183.058 2.183.058 1.197.783 5.563.899 230.673 654.917 5.951.247 936.939 7.773.776 13.337.675
Mayo 2004 30 Proc. Judicial II 2.183.058 2.183.058 1.197.783 5.563.899 230.673 654.917 5.951.247 936.939 7.773.776 13.337.675
Junio 2004 30 Proc. Judicial II 2.183.058 2.183.058 1.197.783 5.563.899 230.673 654.917 5.951.247 936.939 7.773.776 13.337.675
Julio 2004 30 Proc. Judicial II 2.183.058 2.183.058 1.197.783 5.563.899 230.673 654.917 5.951.247 936.939 7.773.776 13.337.675
Agosto 2004 30 Proc. Judicial II 2.183.058 2.183.058 1.197.783 5.563.899 230.673 654.917 5.951.247 936.939 7.773.776 13.337.675
Septiembre 2004 30 Proc. Judicial II 2.183.058 2.183.058 1.197.783 5.563.899 230.673 654.917 5.951.247 936.939 7.773.776 13.337.675
Octubre 2004 30 Proc. Judicial II 2.183.058 2.183.058 1.197.783 5.563.899 230.673 654.917 5.951.247 936.939 7.773.776 13.337.675
Noviembre 2004 30 Proc. Judicial II 2.183.058 2.183.058 1.197.783 5.563.899 230.673 654.917 5.951.247 936.939 7.773.776 13.337.675
41. De igual modo, se aportó al proceso la liquidación realizada por el profesional
universitario del Grupo de Nómina de la Procuraduría General de la Nación en
cumplimiento de la sentencia del 23 de mayo de 2018, que constituye el título
ejecutivo de este proceso —bajo radicado 41-001-23-31-000-2010-000562-00
(0883-2013)—. Allí se calculó el valor reliquidado desde enero de 2001 hasta
noviembre de 2004 por concepto de bonificación por compensación que, de
acuerdo con el cuadro anterior, correspondió a los siguientes valores: 2001:
$597.985; 2002: $593.140; 2003: $612.215, y 2004: $936.939. Posteriormente,
se indexaron las sumas resultantes, mes a mes, lo que arrojó la cifra a reconocer
por capital de $62.703.173. A estos valores se adicionaron los cálculos realizados
por intereses moratorios, que ascendieron a $16.374.625, para un total a
reconocer de $79.077.798. Dicho pago, conforme lo indicado en la contestación
de la demanda, fue realizado el 27 de abril de 2022.
42. Asimismo, en el expediente reposa la Constancia DEAJRHO21-924, expedida
por el director de la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial. En esta se certificaron, conforme al artículo 187 de la
Constitución Política, la Ley 4 de 1992, el Decreto 10 de 1993, las disposiciones
contenidas en la Ley 644 de 2001 y los decretos salariales que expide el Gobierno
Nacional, los ingresos mensuales y anuales que recibieron los magistrados de
las altas cortes entre los años 1998 y 2020. De estos documentos se resaltan,
para efectos del asunto que nos convoca, los valores devengados por estos
cargos durante los años 2001 a 2004, así11:
11
Se debe resaltar que, conforme la línea jurisprudencial establecida por esta Sección, la manera en que se calcula la
bonificación por compensación, a partir del año 2001, equivale a compensar al 80% que recibe anualmente un magistrado
de las altas cortes por todo concepto. Por lo que, en consecuencia, es necesario dividir por el número de meses que tiene
el año los valores que «por todo concepto» recibe un magistrado de alta corte para así obtener el 80% resultante sobre
el cual, conforme el Decreto 610 de 1998 debía alcanzar los funcionarios de que discrimina el artículo dos del decreto en
cita. Al respecto, ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, Sentencia del (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025), rad. 25000 23 42 000 2013 0675 02 (0611-
2023). C.P: Luis Eduardo Mesa Nieves.
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Demandante: María Alieth Tello de Ordoñez
Año 2001
Total devengado mensual 16.390.156,0012
Total devengado anual 196.681.872,00
Año 2002
Total devengado mensual 17.206.455,5813
Total devengado anual 206.477.467,00
Año 2003
Total devengado mensual 18.148.423,4214
Total devengado anual 217.781.081,00
Año 2004
Total devengado mensual 19.148.252,1715
Total devengado anual 229.779.026,00
43. Dicho lo anterior, se recuerda que en el recurso de alzada la entidad ejecutada
censuró la postura del Tribunal de no haber declarado probada, en la sentencia
de primera instancia, la excepción de pago. A su juicio, a través de la Resolución
186 del 22 de abril de 2020, reliquidó y pagó las diferencias adeudadas por la
bonificación por compensación que existieron a favor de la actora entre el 1 de
enero de 2001 y el 30 de noviembre de 2004, así como los intereses moratorios
pertinentes por $79.077.798.
44. Asimismo, consideró improcedente el reconocimiento de sumas de dinero
adicionales a las anteriores, pues, en cumplimiento de la sentencia del 11 de
octubre de 2017 —proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, Sala de
Conjueces del Sistema Oral, con radicado 41-001-23-33-004-2015-00972-00—,
la entidad profirió la Resolución 537 del 11 de septiembre de 2019, en la que se
reconoció en favor de la actora la suma de $254.721.171 por concepto de
reliquidación de prestaciones sociales y prima especial de servicios desde el año
1993, en equivalencia al 30% del salario devengado16.
45. Dicho reconocimiento, consecuentemente, varió el monto a pagar por
concepto de bonificación por compensación —ordenado en la sentencia base de
recaudo en este proceso—, en cuanto esta última bonificación se paga, de
acuerdo con el Decreto 610 de 1998, a partir del año 2001, sobre el 80% de lo
que, por todo concepto, devengan los magistrados de las altas cortes. Por lo
tanto, dicho porcentaje, con la inclusión de la prima especial de servicios —30%
adicional al salario base—, disminuyó hasta el valor reconocido en la Resolución
186 del 22 de abril de 2020, esto es, $62.703.173, suma que, adicionada con
intereses, arrojó un total de $79.077.798.
12
196.681.872,00 dividido 12.
13
206.477.467,00 dividido 12.
14
217.781.081,00 dividido 12.
15
229.779.026,00 dividido 12.
16 Regulada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y decretos reglamentarios expedidos por el Presidente de
la República.
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46. Bajo ese contexto, la Subsección estima que no le asiste razón a la entidad
recurrente, ya que, contrario a lo dicho en su recurso, aún existen conceptos que,
tanto por capital como por intereses, se adeudan a la ejecutante, lo que amerita
que se siga adelante con la ejecución. Esto se sustenta en las siguientes
premisas:
47. Tal y como lo indica la entidad, las certificaciones que reposan en el plenario 17
evidencian que, además de la sentencia que ahora se ejecuta y por la cual se
ordenó el correcto reconocimiento y pago de la bonificación por compensación
que debió devengar la demandante entre el 1 de enero de 2001 y el 30 de
noviembre de 2004, también se profirió una sentencia bajo radicado 41-001-23-
33-004-2015-00972-00 que ordenó el correcto reconocimiento y pago de la prima
especial de servicios consignada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 en favor
de la demandante. Por lo tanto, en los períodos respecto de los cuales existe
constancia de que se reliquidó la bonificación por compensación, también se
reliquidó la prima especial de servicios conforme a la sentencia emitida en el
proceso bajo radicado 41-001-23-33-004-2015-00972-00.
48. No obstante, la Subsección se aparta de la consideración hecha en el recurso
de alzada, relativa a que, por el hecho de que se hubiera reconocido en el
proceso 41-001-23-33-004-2015-00972-00 la correcta reliquidación y pago de la
prima especial de servicios en favor de la ejecutante, ello impide que se reliquiden
y paguen valores adicionales por concepto de bonificación por compensación en
este caso.
49. Véase que, conforme a la Certificación 0682, expedida el 4 de junio de 2021
por la jefe de la División de Gestión Humana de la Procuraduría General de la
Nación, que se expuso arriba, se evidencia que los valores correctamente
liquidados por concepto de la prima especial de servicios —30% adicional al
salario básico recibido— y las prestaciones sociales fueron tenidos en cuenta por
la ejecutada para calcular el valor de la bonificación por compensación que debía
pagársele a la ejecutante en cumplimiento de la sentencia base de recaudo de
este proceso.
50. Lo anterior, teniendo en cuenta que el cálculo de dicha bonificación
corresponde al valor que falte para que, sumados los ingresos laborales y la
prima especial de servicios, el salario devengado por aquella se equiparara al
80% que, por todo concepto, devengan anualmente los magistrados de las altas
cortes.
51. De esa manera, es claro que el hecho de que la ejecutante, por concepto de
reliquidación de la prima especial de servicios, hubiera recibido otros rubros por
17 Por ejemplo, las columnas cuartas y quintas de los cuadros expuestos en la Certificación 0682, expedida
el 4 de junio de 2021 por la jefe de la División de Gestión Humana de la Procuraduría General de la Nación
que deja constancia de los valores que por este concepto pagó la entidad a la actora.
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parte de la entidad —como indicó que ocurrió con la Resolución 537 del 11 de
septiembre de 2019— en nada incide en que se deban reliquidar correctamente
los valores ordenados en la sentencia base de recaudo por la bonificación por
compensación, pues tales conceptos se tuvieron en cuenta al momento de
calcular la bonificación por compensación y, aun así, esto no compensa de
manera correcta la liquidación que debió realizarse conforme las órdenes dadas
en la sentencia base de recaudo.
52. En efecto, para la Sala, es palmario que la entidad no ha dado cumplimiento
cabal a las órdenes establecidas en la sentencia base de recaudo, pues, tal y
como se indicó en la demanda y en la sentencia de primera instancia, los valores
reconocidos por la Procuraduría por bonificación por compensación no se
corresponden con el 80% que, por todo concepto, recibe un magistrado de alta
corte, conforme dispuso el título ejecutivo.
53. Véase que la Certificación 0682, expedida el 4 de junio de 2021 por la jefe de
la División de Gestión Humana de la Procuraduría General de la Nación —cuyos
valores fueron tenidos en cuenta para la liquidación realizada y el pago efectuado
por la entidad en la Resolución 186 del 22 de abril de 2020—, determinó que,
mensualmente, con la inclusión de la correcta reliquidación de la prima especial
de servicios ordenada en el proceso bajo radicado 41-001-23-33-004-2015-
00972-00 y la bonificación por compensación ordenada en la sentencia base de
recaudo en este proceso, el salario mensual de la ejecutante alcanzó, para el año
2001, $11.179.288; para el 2002, $11.816.090; para el 2003, $12.574.237, y para
el 2004, $13.337.675.
54. Sin embargo, esos valores no se corroboran con el 80% que, por todo
concepto, recibieron mensualmente los magistrados de alta corte para esos
mismos períodos, según la Constancia DEAJRHO21-924 expedida por el director
de la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, que reposa en el expediente. Según este último documento, el salario
mensual para los mismos períodos reliquidados por la entidad corresponde a
$13.112.124,80 para el 2001; $13.765.164,46 para el 2002; $14.518.738,74 para
el 2003, y $15.318.601,74 para el 2004. Por consiguiente, es acertado afirmar
que la bonificación por compensación calculada por la entidad en el acto de
ejecución no alcanzó, en todos los períodos, el 80% que, por todo concepto,
recibieron los magistrados de alta corte.
55. En consecuencia, existen valores que por concepto de capital —diferencias de
bonificación por compensación— e intereses moratorios de ese capital no se han
satisfecho a cargo de la parte ejecutada.
56. Ello provoca que los dineros pagados a la actora en atención a la Resolución
186 del 22 de abril de 2020 se tomen como abonos realizados a su favor de una
obligación que aún sigue insatisfecha en su totalidad, debido a que, además de
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lo reconocido en dicha resolución, no se aportó otra constancia de liquidación y
pago que contenga la totalidad del crédito. De modo que se dispondrá la
continuación del trámite en la etapa de liquidación del crédito, donde las partes
presentarán la liquidación actualizada de la obligación, conforme a lo previsto en
los artículos 446 y siguientes del Código General del Proceso, a efectos de lograr
su correcto y total cumplimiento.
57.En suma, la Subsección confirmará la decisión de primera que ordenó seguir
adelante con la ejecución.
3.5. De la condena en costas en segunda instancia
58. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
59. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de procesos ejecutivos, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.
60. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
61. Bajo ese entendido, se condenará a pagar las costas en segunda instancia a
la parte vencida, es decir, a la Procuraduría General de la Nación. Para el efecto,
conforme con el artículo 366 del CGP las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la secretaría del Tribunal de primer grado.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
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Demandante: María Alieth Tello de Ordoñez
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 31 de octubre de 2023, proferida por
el Tribunal Administrativo del Huila, mediante la cual se ordenó seguir adelante
con la ejecución, por lo dicho en la motivación.
SEGUNDO: CONDÉNESE en costas en segunda instancia a la parte ejecutada
Procuraduría General de la Nación, conforme la parte motiva de esta sentencia.
TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA
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