Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2017-03370-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2017-03370-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2017-03370-01
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez
15 de junio de 2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / ADECUADA APLICACIÓN NORMATIVA / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - Inexistencia / DEBER DEL JUEZ DE REALIZAR CONTROL DE LEGALIDAD DE ETAPAS PROCESALES - Para sanear irregularidades del proceso / POTESTAD DEL JUEZ PARA MODIFICAR EL MANDAMIENTO EJECUTIVO - De oficio / PROCEDENCIA DE INDEMNIZACIÓN COMPENSATORIA - Cuando se ha incumplido con la obligación de reintegro
[E]n el caso sub examine en un principio libró el mandamiento en la forma pedida por el actor, lo cierto es que conforme lo señalado en el artículo 132 del CGP el juez agotada esta etapa y al realizar el control de legalidad debía corregir las irregularidades del proceso y en esa medida al estar sometido al imperio de la ley tenía la facultad de modificar de oficio el mandamiento ejecutivo respecto de la indemnización compensatoria derivada del no cumplimiento de la obligación de reintegro y, aplicar para su liquidación los artículos 189 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Asimismo, visto el artículo 446 del CGP se observa que también dentro del proceso ejecutivo el actor pudo presentar y objetar la liquidación del crédito conforme a sus pretensiones, y el juez en esta etapa también tenía la potestad de modificar y corregir los errores presentados en el mandamiento ejecutivo, sin que lo anterior implique el desconocimiento del derecho al debido proceso. En ese orden de ideas, se evidencia que la actuación de las autoridades accionadas no trajo como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales de actor, toda vez que se profirieron aplicando una interpretación razonable y no arbitraria de las normas (…) La Sala considera que el Tribunal Administrativo de Santander no incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, teniendo en cuenta que como quedó expuesto en la parte motiva de este fallo, los problemas jurídicos a resolver por parte del Consejo de Estado en las providencias mencionadas, son totalmente diferentes al resuelto por el Tribunal Accionado.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 189 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 132 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 430 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 446 / CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO - ARTÍCULO 64 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 38
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., quince (15) de junio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2017-03370-01(AC)
Actor: OLINTO TORRES VEGA
Demandado: JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BUCARAMANGA, JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
La Sala decide la impugnación presentada por el señor Olinto Torres Vega, contra el fallo de tutela proferido el 18 de abril de 2018, por la Sección Quinta del Consejo Estado, por medio del cual declaró la cosa juzgada constitucional.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) antecedentes; ii) consideraciones y iii) resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
ANTECEDENTES
La solicitud
1. El actor obrando en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga, el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de Santander, por considerar que, a su juicio, las providencias de 11 de agosto de 2014, 5 de mayo de 2017 y 4 de agosto de 2017, respectivamente, proferidas dentro del proceso ejecutivo identificado con núm. único de radicación 680013333004-2013-00480-01, vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la solicitud de tutela, son los siguientes:
3. El actor interpuso demanda, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Departamento de Santander para que se declarara la nulidad del Decreto núm. 401 de 30 de diciembre de 1999, por medio del cual el Gobernador del Departamento de Santander suprimió 130 cargos de auxiliar 565 de la Contraloría de Santander y, del Oficio núm. 8123 de 30 de diciembre de 1999, mediante el cual se le notificó al actor la supresión del cargo que ocupaba en carrera administrativa.
4. A título de restablecimiento del derecho solicitó el reintegro al cargo que venía desempeñando o a otro de igual o superior categoría y al pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir desde la desvinculación hasta que se hiciera efectiva la sentencia que pusiera fin al proceso.
5. Indicó que el Juzgado Tercero Administrativo de Bucaramanga mediante sentencia de 30 de junio de 2009: i) declaró la nulidad del Decreto núm. 401 de 30 de diciembre de 1999, pero solo en cuanto a la supresión del cargo de revisor con nomenclatura 550 de la planta de personal de la Contraloría de Santander, que venía desempeñando el señor Olinto Torres Vega; ii) ordenó a la Contraloría de Santander el reintegro del actor al mismo cargo que venía desempeñando al momento de la desvinculación o en su defecto a uno de igual o superior jerarquía y iii) a reconocerle y cancelarle los salarios y demás conceptos laborales dejados de percibir desde su desvinculación laboral hasta que se haga efectivo el reintegro, sin solución de continuidad debiendo descontar dicha suma, también debidamente indexado el monto de la indemnización que se le pagó por la supresión del cargo que desempeñaba así como también el monto de los demás conceptos laborales pagados con ocasión de la supresión.
6. Señaló que el Tribunal Administrativo de Santander, por medio de la sentencia de 15 de abril de 2010, confirmó el fallo proferido en primera instancia.
7. Manifestó que mediante Resolución núm. 0956 de 31 de enero de 2011, expedida por el Secretario General del Departamento de Santander reconoció a favor del actor por concepto de salarios y prestaciones sociales durante el periodo comprendido entre el 4 de enero de 2000 y el 21 de julio de 2010, la suma de $ 174.976.822.
8. Indicó que presentó demanda ejecutiva contra el Departamento de Santander – Contraloría de Santander el 13 de diciembre de 2013, en la que solicitó que se dictara mandamiento ejecutivo, entre otros del i) reintegro al cargo que ocupaba en la Contraloría General de Santander, sin solución de continuidad y ii) en caso de no ser posible el reintegro, el pago de la indemnización compensatoria por la suma de $ 339.766.254.
9. El Juzgado Tercero Administrativo Oral de Bucaramanga, mediante auto de 17 de febrero de 2014 libró mandamiento ejecutivo de pago a favor del señor Olinto Torres Vega y en contra del Departamento de Santander – Contraloría General de Santander y ordenó:
“[…] PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO a favor de OLINTO TORRES VEGA y contra el DEPARTAMENTO DE SANTANDER- CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL SE SANTANDER por los siguientes conceptos:
[…]
d) POR LA OBLIGACIÓN DE HACER correspondiente al REINTEGRO DEL DEMANDANTE ordenado en las sentencias atrás aludidas, sin solución de continuidad al cargo que ocupaba en la Contraloría Departamental de Santander o uno de igual o superior jerarquía manteniendo sus derechos de carrera administrativa.
e) COMO PRETENSIÓN SUBSIDIARIA DE LA ANTERIOR, el pago de una indemnización compensatoria en caso de no efectuarse el reintegro del demandante, la cual estima bajo la gravedad de juramento y en virtud de lo dispuesto en los artículos 495 y 504 del C.P.C., en TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($339.766.254 M/CTE) […]”.
10. Manifestó que presentó solicitud de adición o en su defecto recurso de reposición y en subsidio apelación contra el auto de 17 de febrero de 2014 proferido por el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Bucaramanga en los siguientes términos:
“ […] Obrando como apoderado de la parte ejecutante, con respeto solicito se adicione el mandamiento de pago (numeral primero, literales a y b, de la parte resolutiva) o en defecto de ello, interpongo recurso de reposición y en subsidio apelo, para que se libre mandamiento también respecto a: el equivalente a la remuneración que se siga causando y el porcentaje correspondiente a los aportes para la seguridad social respecto de la totalidad de la indemnización equivalente a salario y factores salariales según la Ley (Artículos 20, 23, ss y 204 de la Ley 100 de 1993), correspondiente al saldo impagado de la obligación dineraria consecuente al restablecimiento del derecho ordenado mediante sentencia referida en los hechos […]”.
11. Adujo que el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Bucaramanga mediante providencia de 17 de marzo del 2014, adicionó el mandamiento de pago en los siguientes términos:
“[…] PRIMERO: ADICIÓNASE el auto de fecha 17 de febrero de 2014 a través del cual se libró mandamiento de pago en el proceso de la referencia, en el sentido de establecer que éste comprende también las sumas que se causen a futuro por concepto de salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos laborales a favor del señor OLINTO TORRES VESGA, derivados del incumplimiento a lo resuelto en la sentencia de fecha 30 de junio de 2009 proferida por este juzgado, hasta tanto se verifique el reintegro del demandante en los términos del numeral tercero de su parte resolutiva, o se efectúe el pago de la indemnización compensatoria contemplada en el literal e, del numeral 1° y el numeral 3° de la parte resolutiva del auto de fecha 17 de febrero de esta anualidad, por medio del cual se libró el mandamiento de pago en el proceso de la referencia […]”.
12. Señaló que el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Bucaramanga, mediante el auto de 11 de agosto del 2014, ordenó seguir adelante con la ejecución y modificó de manera oficiosa el mandamiento de pago en cuanto a: “[…] la liquidación de la indemnización compensatoria derivada del no cumplimiento de la obligación de reintegro al demandante deberá efectuarse con base en lo señalado en el artículo 64 del C.S.T. y no en los términos en que fue solicitado en la demanda […]” (Subrayas y Negrillas propias del texto).
13.Para el efecto consideró que sí bien procedía la solicitud del actor frente a la indemnización sustitutiva por el no reintegro, indicó que el monto debía ser calculado de conformidad con la normativa vigente, esto es el artículo 189 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 que remite al artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo.
14. Inconforme con lo anterior, y ante la imposibilidad de interponer otro tipo de recurso, manifestó que solicitó “adicionar” la decisión indicando que no era dable modificar el auto de mandamiento de pago y pronunciarse sobre las medidas cautelares en auto separado, de manera inmediata sin condicionar su decreto a otro escenario procesal como lo es la liquidación del crédito.
15. Adujo que el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Bucaramanga, mediante providencia de 1.º de septiembre del 2014, resolvió no adicionar el auto de 11 de agosto de 2014, al considerar que el juez tiene la facultad oficiosa para ejercer el control de legalidad de las actuaciones realizadas al interior de un proceso, por lo que en virtud de la supremacía de “los principios de salvaguarda del patrimonio y de interés general” lo correcto era aplicar el artículo 189 de la Ley 1437 del 2011, pues las demandas y procesos que se instauraran con posterioridad a su entrada en vigencia (2 de julio del 2012) deberían regirse por dicha disposición, como el proceso ejecutivo objeto de estudio que se inició el 13 de diciembre del 2013.
16.Lo anterior, toda vez que: “[…] aceptar la tesis del accionante, esto es, mantener la suma de trescientos treinta y nueve millones setecientos sesenta y seis mil doscientos cincuenta y cuatro pesos ($339.766.254), por concepto de indemnización compensatoria comportaría indefectiblemente la afectación del patrimonio público so pretexto de respetar los principios constitucionales del debido proceso del accionante […]”.
17. El actor presentó acción de tutela contra el auto del 11 de agosto del 2014, la cual fue conocida en segunda instancia por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que mediante fallo de 5 de febrero del 2015 modificó la decisión de primera instancia, declarando la improcedencia de la acción por cuanto el actor no cumplió con el requisito de subsidiariedad que rige la acción de tutela, en la medida que el proceso se encontraba en curso y no se habían agotado los recursos ordinarios del proceso ejecutivo para controvertir el auto enjuiciado.
18. Siguiendo con el trámite procesal, el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Bucaramanga posterior al reingreso del expediente proveniente del Consejo de Estado, profirió la providencia de 17 de septiembre de 2015, en la cual aprobó la liquidación del crédito, desestimando la liquidación presentada por la parte ejecutante.
19. Contra esta providencia, indicó que presentó recurso de reposición y en subsidio apelación en el que reiteró su inconformidad con la decisión de modificar el mandamiento de pago y aprobar la liquidación presentada por la demandada.
20. Asimismo solicitó la nulidad de todo lo actuado desde el auto del 11 de agosto del 2014 inclusive, en el que insistió que no se puede aplicar oficiosamente lo previsto en el artículo 189 de la Ley 1437 de 2011 a una sentencia que se profirió con anterioridad a su entrada en vigencia.
21.Igualmente, trajo a colación argumentos tendientes a demostrar la posibilidad de efectuar su reintegro al cargo que ocupaba en la Contraloría e insistir en la inaplicación del artículo 189 de la Ley 1437 del 2011 en el proceso ejecutivo, atendiendo al derecho a la igualdad, toda vez que en otros casos análogos al suyo se ha ordenado seguir adelante con la ejecución sin modificar el mandamiento de pago, para el efecto allegó las providencias y refirió otros radicados sobre el particular.
22. Adujo que el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Bucaramanga, quien asumió la conducción del proceso ante la manifestación de impedimento del Juez Tercero Administrativo del mismo circuito, mediante providencia de 22 de febrero de 2017: i) denegó la nulidad solicitada; ii) resolvió el recurso de reposición confirmado lo decidido en la providencia de 17 de septiembre de 2017 y iii) rechazó por improcedente el recurso de apelación.
23. En dicha providencia resaltó los poderes oficiosos del juez para subsanar aquellos vicios de legalidad en cada una de las etapas procesales, así consideró que el auto de 11 de agosto del 2014 estaba ajustado a derecho y que la nulidad propuesta no se encuadraba en ninguna de las causales contempladas en el Código General del Proceso.
24. Contra la anterior decisión, el señor Olinto Torres Vega presentó “[…] adición, aclaración y en subsidio recursos de reposición y en subsidio queja […]”.
25. El Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Bucaramanga, mediante auto de 5 de mayo del 2017 resolvió el recurso de reposición interpuesto confirmando la decisión de negar la nulidad propuesta, y dispuso la expedición de copias para desarrollarse el recurso de queja ante el Tribunal Administrativo de Santander.
26. El Tribunal Administrativo de Santander en auto de 4 de agosto del 2017 al resolver el recurso de queja, estimó bien negado el recurso de apelación, en la medida que de conformidad con la Ley 1437 del 2011 el recurso de apelación procede contra las providencias taxativamente contenidas en dicha norma, sin que se encuentre el que aprueba la liquidación del crédito.
Solicitud de Tutela
27. La parte actora, obrando en nombre propio, solicitó en su escrito de tutela:
“[…] Se tutelen los Derechos Fundamentales dejando sin efecto lo actuado en el “proceso ejecutivo” de la sentencia laboral proferida conforme al C.C.A., desde el auto que ordenó seguir adelante la ejecución, inclusive o en subsidio desde el que disponga el Consejo de Estado […]”.
28. Indicó que las autoridades judiciales accionadas vulneraron su derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, al haber incurrido en defecto sustantivo.
Actuación
29. La Sección Quinta del Consejo de Estado, por auto de 24 de enero de 2018, admitió la solicitud de tutela, y dispuso notificar al Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, al Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga y a los magistrados del Tribunal Administrativo de Santander, concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran informe sobre el particular.
30. De igual manera, dispuso vincular al Departamento de Santander – Contraloría General de Santander, concediéndole el mismo término de dos (2) días para rendir el informe.
Informes de las partes accionadas y de las partes vinculadas
31. El Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, mediante escrito recibido el 2 de febrero de 2018, solicitó que se desestimaran las pretensiones de la acción de tutela. Señaló que:
“[…] En síntesis, las providencias proferidas por este Juzgado y por el Tribunal Contencioso Administrativo, no violan el derecho al debido proceso, ni al derecho de defensa y ni al Acceso a la Administración de Justicia, como lo alega el accionante, por cuanto los Despachos judiciales fundaron sus providencias judiciales en una lectura de las normas jurídicas aplicables, dentro del margen de interpretación razonable […[“.
32. El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga mediante escrito recibido el 2 de febrero de 2018, solicitó que se desestimaran las pretensiones de la acción de tutela. Indicó que:
“[…] De lo expuesto puede afirmar la Suscrita, que la decisión objeto de tutela se ajusta al ordenamiento legal y jurisprudencial y a los principios que la integran y responde a los fines propios de la acción.
En consideración de esta instancia judicial, no se han vulnerado los derechos del tutelista, como quiera que, tal y como quedó expuesto con anterioridad, y según se evidencia a partir de la revisión del proceso, se le han respetado las etapas procesales propias del juicio, teniendo la oportunidad de interponer los recursos que ha estimado pertinentes contra las decisiones que en curso del mismo se han adoptado […]”.
33. El Contralor General del Departamento de Santander mediante escrito recibido el 5 de febrero de 2018, solicitó que se desestimaran las pretensiones de la acción de tutela por considerar que la estimación de la indemnización por parte del demandante resultaba lesiva del patrimonio público, de manera tal que la Ley 1437 del 2011 se encargó del asunto en el artículo 189, incisos 7 y 8 en los que se consignó que dicho monto se calculará con la legislación laboral para el despido injusto.
34. El Departamento de Santander mediante escrito recibido el 5 de febrero de 2018, solicitó que se desestimaran las pretensiones de la acción de tutela. Manifestó que:
“[…] De tal forma, se puede concluir, que el accionante ha contado con unos recursos procesales idóneos y adecuados para interponer en su oportunidad; y ahora no puede pretender revivir la situación que en primera y segunda instancia se decidió en orden al trámite procesal preestablecido para tales fines, con un mecanismo subsidiario, como es la Acción de Tutela, que precisamente se utiliza para cuando no existen mecanismos adecuados, idóneos y eficaces establecidos en el marco de una competencia y una jurisdicción dispuesta legalmente para tales fines; como es el caso de la presente situación fáctica, que ahora se pretende revisar y modificar, desconociendo los principios que sostienen la seguridad jurídica, la autonomía y las decisiones de los jueces […]”.
35. Los Magistrados del Tribunal Administrativo de Santander, durante el presente trámite, guardaron silencio.
La sentencia impugnada
36. La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 18 de abril de 2018, resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: DECLARAR la cosa juzgada constitucional en el presente trámite, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia […]”.
37. Al resolver el caso concreto consideró que:
“[…] A efectos de determinar la existencia de la cosa juzgada constitucional en el presente caso, se presenta la siguiente consideración:
Tutela con radicación 68001-23-33-000-2014-00855-01
Tutela con radicación 11001-03-15-000-2017-03370-00
Partes accionante
Olinto Torres Vega
Olinto Torres Vega
Parte accionada
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga
Juzgado Tercero y Cuarto Administrativo Oral de Bucaramanga y Tribunal Administrativo de Santander.
Derechos vulnerados
Al debido proceso, al “principio de confianza legítima”, a la igualdad, a la “imparcialidad”, al “orden público”, y a la “preclusión procesal”.
Debido proceso, Acceso a la administración de justicia, “principio de confianza legítima”
Hechos
Consideró vulnerados esos derechos fundamentales por parte de esa autoridad judicial porque al proferir auto de 11 de agosto de 2014 dentro del proceso ejecutivo con radicado No. 2013-0480-00, modificó el mandamiento de pago que se libró a su favor y en contra del departamento de Santander y la Contraloría Departamental de Santander, mediante providencia de 17 de febrero de la misma anualidad.
Sus derechos los consideró vulnerados como consecuencia de las decisiones adoptadas en auto del i) 11 de agosto de 2014, ii) 5 de mayo de 2017 proferido por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga y iii) 4 de agosto de 2017 proferido por el Tribunal Administrativo de Santander y por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga, los cuales se profirieron dentro del trámite del proceso ejecutivo con número de radicado 680013333004-2013-00480-01 adelantado contra el Departamento de Santander – Contraloría General de Santander.
Pretensiones
“Se tutele al accionante su derecho fundamental al debido proceso, respeto al principio de legalidad, a la confianza legítima, a la igualdad de las partes, al orden público, al principio de preclusión procesal, y demás que aparecieren vulnerados. Dejando sin efectos el literal c) de la parte considerativa y lo subrayado en el ordinal primero de la parte resolutiva del auto de agosto 11 de 2014”.
“Se tutelen los Derechos Fundamentales dejando sin efecto lo actuado en el “proceso ejecutivo” de la sentencia laboral proferida conforme al C.C.A., desde el auto que ordenó seguir adelante la ejecución, (auto del 11 de agosto de 2014) inclusive o en subsidio desde el que disponga el Consejo de Estado”.
De entrada, la Sala observa que, prima facie, existe disparidad en cuanto al criterio de la identidad de hecho a efectos de configurar plenamente el fenómeno de la cosa juzgada.
Sin embargo, considerando que se trata de una tutela contra providencia judicial, la Sala estima necesario realizar algunas precisiones, a efectos de determinar si, las demás providencias pueden hacer posible el estudio de fondo del tema propuesto.
Las otras providencias que el actor estima vulnerantes de sus derechos corresponden al auto i) del 5 de mayo del 2017, por medio del cual el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Bucaramanga no repuso la providencia recurrida en atención a que estimó bien denegada la solicitud de nulidad de todo lo actuado por cuanto el actor no invocó alguna de las causales que hicieran viable su procedencia, y ii) del 4 de agosto del 2017 por la que el Tribunal Administrativo de Santander resolvió el recurso propuesto y declaró bien negado el recurso de apelación, pues de conformidad con la Ley 1437 del 2011 el recurso de apelación procede contra las providencias taxativamente contenidas en dicha norma.
Al revisar las providencias enjuiciadas la Sala advierte que estas decisiones tienen como génesis la controversia planteada sobre la aplicación o no del artículo 189 de la Ley 1437 del 2011 cuestión que se reitera fue expuesta en la providencia del 11 de agosto del 2014 postura frente a la cual opera la figura de la cosa juzgada.
Lo anterior, sin que dentro de la actuación judicial en que fue proferida dicha decisión, se observen situaciones adicionales que permitan considerar que en el presente caso se hace procedente un nuevo estudio constitucional de la referida providencia judicial.
Teniendo en cuenta lo anterior, no existe dentro del expediente prueba alguna que realmente justifique la presentación de la acción de tutela que se estudia.
[…]”.
38. Apoyándose en jurisprudencia de su propia Sección hizo referencia al fenómeno de la cosa juzgada destacando que busca entre otras cosas, garantizar los principios de seguridad jurídica y unidad dentro del ordenamiento jurídico. Señaló además, que para la configuración de la cosa juzgada en un caso concreto se debe acreditar: i) la existencia de identidad de causa, ii) que el proceso recaiga sobre el mismo objeto y iii) que exista identidad de partes.
39. Indicó que ya la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 5 de febrero de 2015, declaró improcedente una acción de tutela presentada por el señor Olinto Torres Vega contra el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, en donde la controversia jurídica giraba en torno a la presunta vulneración de los derechos fundamentales del actor al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, porque, a su juicio, al proferir el auto de 11 de agosto de 2014 dentro del proceso ejecutivo con número único de radicación 2013-0480-00, modificó el mandamiento de pago que se libró a su favor y en contra del departamento de Santander y la Contraloría Departamental de Santander.
40. En el presente caso, indicó que la acción de tutela interpuesta por el mismo señor Olinto Torres Vega contra el Juzgado Tercero y Cuarto Administrativo Oral de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de Santander pretendía lo mismo, esto es, lograr la protección de sus derechos fundamentales vulnerados por la expedición, de la providencia del auto de 11 de agosto de 2014, no obstante haber presentado la solicitud contra las providencias de 5 de mayo de 2017 proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Bucaramanga y de 4 de agosto de 2017 proferido por el Tribunal Administrativo de Santander.
La impugnación
41. El señor Olinto Torres Vega, impugnó la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, solicitando que se accedieran a las pretensiones del amparo en la medida que, a su juicio, no se presenta la cosa juzgada constitucional, toda vez que en la anterior acción de tutela identificada con el número único de radicación 68001-23-33-000-2014-00855-01 no se decidió de fondo el asunto.
42. Asimismo, señaló que no es procedente modificar de oficio el mandamiento de pago respecto de la indemnización compensatoria derivada del no cumplimiento de la obligación de reintegro. Textualmente, señaló:
“[…] La tutela que ahora nos ocupa, esto es la del año 2017, aunque tiene elementos en común con la del 2014 no es idéntica y recae contra múltiples providencias ninguna de las cuales es una sentencia porque la providencia en que el juez 3° Admin. de Bucaramanga ordenó seguir adelante la ejecución en agosto 11/14 es un auto y no es posible cerrar la puerta de la acción de Tutela […]
Si se presenta una de las situaciones jurisprudencialmente consideradas válidas para reabrir debates de tutela (insisto en que el debate del 2014 no se resolvió sino se rechazó) pues estuvo por medio una situación fraudulenta, no solo era irreal la supuesta imposibilidad de reintegro y así se probó con el material aportado a este proceso constitucional, sino que la resolución de supuesta “ imposibilidad de reintegro” fue dejada sin efecto por un juez de tutela en el año 2010, hechos todos ellos ignorados por el juez Administrativo y ahora por los falladores de Tutela […]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
43. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1.º del Decreto núm. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
44. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problema Jurídico
45. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala consisten en determinar si: i) existe temeridad por parte del actor en la presentación de la acción de tutela, ii) si operó el fenómeno de la cosa juzgada constitucional y en caso de no configurarse ninguno de estos dos eventos, estudiar, ii) la procedencia de la acción de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales y de ser así:, ii) establecer si las autoridades accionadas al proferir las providencias de 11 de agosto de 2014, 5 de mayo de 2017 y 4 de agosto de 2017, dentro del proceso ejecutivo identificado con núm. único de radicación 680013333004-2013-00480-01, incurrieron en defecto sustantivo.
46. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) temeridad en el trámite de la acción de tutela, ii) la cosa juzgada constitucional, iii) procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales; iv) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; v) análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad en el caso concreto; vi) el defecto sustantivo como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales; y, finalmente, la v) solución del caso concreto.
Temeridad en el trámite de la acción de tutela
47. La temeridad al presentar una acción de tutela está regulada en el artículo 38 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, así:
“[…] Actuación temeraria. Cuando sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazará o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes […]”.
48. Por ser la acción de tutela un medio de defensa de derechos fundamentales, con características especiales y excepcionales respecto de los otros medios ordinarios de defensa judiciales, resulta pertinente que se prevenga la presentación indiscriminada de tutelas ante varios jueces o tribunales, con el propósito de buscar y obtener una decisión más benéfica, en un abierto ejercicio abusivo del derecho.
49. Para la Corte Constitucional la temeridad ocurre cuando se cumplen los siguientes requisitos: i) identidad de las partes; ii) identidad de causa petendi; iii) identidad de objeto; iv) y la ausencia de justificación suficiente para interponer una nueva acción, aspecto que deberá evaluar el juez constitucional teniendo como referente la presunción de buena fe del accionante.
50. De manera expresa esa corporación ha señalado:
“[…] Sin embargo, en sentencia T- 1103 de 2005[30] se reiteraron los parámetros ya fijados por esta Corporación a efectos de demostrar la configuración de la temeridad, dentro del curso de la acción de tutela, para lo cual se dispuso que era indispensable acreditar[31]:
“(i) La identidad de partes, es decir, que ambas acciones de tutela se dirijan contra el mismo demandado y, a su vez, sean propuestas por el mismo sujeto en su condición de persona natural, ya sea obrando a nombre propio o a través de apoderado judicial, o por la misma persona jurídica a través de cualquiera de sus representantes legales.
(ii) La identidad de causa petendi, o lo que es lo mismo, que el ejercicio simultáneo de la acción se fundamente en unos mismos hechos que le sirvan de causa.
(iii) La identidad de objeto, esto es, que las demandas busquen la satisfacción de una misma pretensión tutelar o sobre todo el amparo de un mismo derecho fundamental.
(iv) Por último, y como se dijo anteriormente, a pesar de concurrir en un caso en concreto los tres (3) primeros elementos que conducirían a rechazar la solicitud de tutela, el juez constitucional tiene la obligación a través del desarrollo de un incidente dentro del mismo proceso tutelar, de excluir la existencia de un argumento válido que permita convalidar la duplicidad en el ejercicio del derecho de acción. Esta ha sido la posición reiterada y uniforme de esta Corporación, a partir de la interpretación del tenor literal de la parte inicial del artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, conforme al cual: “Cuando sin motivo expresamente justificado[32] la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes”.
Esta Corporación también ha señalado que el Juez constitucional no solo tiene la obligación de rechazar las acciones de tutela cuando se presente multiplicidad en su ejercicio, sino que además ésta facultado para imponer sanciones pecuniarias a los responsables[33], bien sea condenando al peticionario al pago de costas, conforme el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991[34], o dando aplicación a la multa de diez (10) o (20) salarios mínimos mensuales a los que se refieren los artículos 80[35] y 81[36] del Código General del Proceso, siempre y cuando su comportamiento se base en móviles o motivos manifiéstame contrarios a la moralidad procesal[37].
No obstante, es importante señalar que no se configura la temeridad a pesar de existir identidad de las partes, identidad de pretensiones e identidad de objeto, si la actuación se funda “1) en las condiciones del actor que lo coloca en estado de ignorancia o de especial vulnerabilidad o indefensión en que actúa por miedo insuperable o la necesidad extrema de defender sus derechos, 2) en el asesoramiento equivocado de los profesionales del derecho, 3) en nuevos eventos que aparecen con posterioridad a la acción o que se omitieron en el trámite de la misma u otra situación que no se hubiere tomado como fundamento para decidir la tutela anterior que involucre la necesidad de protección de los derechos, y 4) en la presentación de una nueva acción ante la existencia de una sentencia de unificación de la Corte Constitucional.”[38]
Respecto a la no existencia de temeridad a pesar de la multiplicidad de acciones de tutela, esta Corte[39] ha señalado:
“Concluye la Sala que, en los procesos de tutela, cuando en un mismo asunto se han presentado sucesivas solicitudes de amparo, se pueden presentar situaciones en las que hay cosa juzgada y temeridad, como cuando se presenta una acción de tutela sobre un asunto ya decidido previamente en otro proceso de tutela, sin que existan razones que justifiquen la nueva solicitud; otras en las que hay cosa juzgada, pero no temeridad, lo cual puede ocurrir, por ejemplo, cuando, de buena fe y, usualmente, con expresa manifestación de estar acudiendo al amparo por segunda vez, se interpone una segunda tutela debido a la convicción fundada de que sobre la materia no ha operado el fenómeno de la cosa juzgada, y, finalmente, casos en los cuales hay temeridad, pero no cosa juzgada, lo que acontece cuando se presenta simultaneidad entre dos o más solicitudes de amparo que presentan la tripe identidad a la que se ha aludido.”
En conclusión, la presentación de dos o más acciones de tutela no constituye automáticamente una actuación arbitraria, sino que se hace necesario verificar las circunstancias que rodean cada caso para inferir que se configura temeridad, razón por la cual se debe entender esta figura como una alternativa procesal con la que cuenta el juez constitucional de manera muy excepcional, pues ante todo debe asegurar la garantía efectiva de los derechos fundamentales. Es decir, que la sola concurrencia de identidad de los sujetos procesales, el objeto que da lugar a la controversia y la pretensión, no es suficiente para concluir que se trata de una actuación judicial amañada o contraria al principio constitucional de buena fe […]”
51. Para la Sala en el presente caso no se configuró un uso temerario de la acción de tutela, como muy bien lo sostuvo la Sección Quinta del Consejo de Estado en primera instancia al establecer que:
“[…] La Sala advierte que en el presente caso no se evidencia la mala fe del actor a efectos de configurar la temeridad, en los términos descritos en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 y del desarrollo jurisprudencial que al respecto ha tenido esta Sección.
Lo anterior por cuanto manifestó en su demanda que en el 2014 presentó una acción de tutela contra el auto del 11 de agosto del 2014, amparo que fue declarado improcedente por no agotar los mecanismos ordinarios de defensa judicial. Ello desvirtúa el elemento subjetivo que se exige para entender configurada la temeridad, pues a lo largo de las actuaciones surtidas en el sub lite, de forma previa, destacó que interpuso una acción de tutela en contra del Juzgado Tercero Administrativo de Bucaramanga, la cual fue conocida en segunda instancia por la Sección Quinta de esta Corporación y le correspondió el radicado 11001-03-15-000-2014-00855, siendo decidida en sentencia del 5 de febrero del 2015 […]”.
La cosa juzgada constitucional
52. En relación al fenómeno de la cosa juzgada constitucional, ha dicho la Corte Constitucional:
“[...] El fenómeno de la cosa juzgada constitucional que ampara a las decisiones de la Corte Constitucional se predica tanto de las sentencias de constitucionalidad como de las adoptadas en sede de revisión de acciones de tutela. En relación con estas últimas, la cosa juzgada constitucional tiene lugar ya sea cuando se emite el auto que excluye la revisión de un fallo de tutela proferido por un juez de instancia, caso en el cual el fallo excluido de revisión adquiere ejecutoria formal y material, o bien cuando la Corte profiere sentencia de fondo en un asunto de tutela seleccionado para revisión. En ambos eventos, la providencia que define con carácter último la situación debatida en el juicio de tutela se torna inmutable e intangible, salvo en aquellas situaciones excepcionales en que la misma Corte Constitucional decida anular la sentencia.
Lo anterior impiden que, una cuestión previamente abordada y resuelta de fondo en un juicio de tutela, pueda ser planteada de nuevo, ya sea en otro proceso de tutela interpuesto contra el fallo de tutela que decidió inicialmente la cuestión, dando así lugar al fenómeno de “tutela contra tutela”, o mediante la reapertura de la controversia en otro tipo de proceso judicial.
Pero el respeto a la cosa juzgada constitucional no sólo impone límites a las partes implicadas en la controversia, sino que también establece para todos los jueces tanto el deber de abstenerse de emitir nuevo pronunciamiento de fondo sobre cuestiones ya decididas en tutela, como el de acatar lo resuelto en la sentencia de tutela. De ahí que, cuando algún elemento de juicio permita suponer la existencia de una sentencia previa sobre el asunto sometido a su consideración, deba el juez verificar si ha operado el fenómeno de la cosa juzgada antes de emitir un pronunciamiento de fondo.
Para la Corte, tratándose de tutela contra providencias judiciales, la definición del alcance de la cosa juzgada constitucional se sujeta a las siguientes reglas:
Existirá cosa juzgada constitucional cuando se adelante un nuevo proceso en el que se verifique identidad de partes, hechos y pretensiones.
Si se profiere una sentencia de tutela contra providencia judicial emitida en un proceso que aún no ha concluido, las decisiones judiciales expedidas en el trámite ordinario que se adelante con posterioridad a aquella deberán acatar las decisiones adoptadas en la parte resolutiva y en la ratio decidendi del fallo de tutela.
Sin embargo, tanto los aspectos no tratados en la tutela, como la decisión de las demás instancias, permanecen abiertos al debate legal. Esto implica la posibilidad de interponer la acción de tutela respecto de las decisiones judiciales adoptadas con posterioridad, siempre y cuando se verifiquen las causales genéricas y alguna causal específica de procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales y con ella no se pretenda reabrir cuestiones debatidas en la acción de tutela interpuesta con anterioridad […]”.
53. De igual manera, esta Sección frente al tema ha indicado que:
“[…] Pues bien, en cuanto al fenómeno de la cosa juzgada, cabe advertir que se le ha asimilado al principio del non bis in ídem y tiene por objeto que los hechos y conductas que han sido resueltos a través de cualquiera de los medios aceptados por la ley, no vuelvan a ser debatidos en otro juicio posterior. Tal cualidad de lo resuelto obliga a las partes por cuanto lo decidido tiene carácter vinculante y obligatorio y, por lo tanto, goza de plena eficacia jurídica, por ello la cosa juzgada comprende todo lo que se ha disputado. […]»
54. En ese orden de ideas, la cosa juzgada constitucional en un caso concreto se configura cuando en el nuevo proceso de tutela existe identidad de partes, hechos y pretensiones con otra acción de tutela que ha sido decidida de fondo, lo cual impide que se realice un nuevo pronunciamiento sobre cuestiones ya decididas que se encuentran debidamente ejecutoriadas.
55. Para la Sala, a diferencia de lo sostenido por la Sección Quinta del Consejo de Estado en su fallo de 18 de abril de 2018, en el presente caso no se configura el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, toda vez que la sentencia proferida por dicha corporación el 5 de febrero de 2015, no se pronunció de fondo sobre las pretensiones alegadas por el señor Olinto Torres Vega, sino que declaró la improcedencia del amparo por no haberse acreditado el requisito de la subsidiariedad, en la medida que el proceso ejecutivo se encontraba en trámite y el actor contaba con los medios ordinarios de defensa judicial.
56.Además de lo anterior, la Sala considera que en el presente asunto se presentaron hechos nuevos que hace procedente la interposición de la presente acción de tutela, en la medida que: i) el Juzgado Cuarto Administrativo de Bucaramanga al proferir la providencia de 5 de mayo de 2017 negó el recurso de reposición interpuesto contra el auto que negó el incidente de nulidad del auto aprobó la liquidación del crédito, desestimando los argumentos presentados por el actor respecto de la improcedencia de modificar el mandamiento de pago y ii) el Tribunal Administrativo de Santander mediante providencia de 4 de agosto de 2017 al resolver el recurso de queja, estimó bien denegado el recurso de apelación, toda vez que al interpretar y fijar el alcance del artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, señaló que el auto que aprueba la liquidación del crédito no se encuentra enlistado como aquellos susceptibles del recurso de apelación, cumpliéndose con el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela.
57. En ese orden de ideas, para la Sala en el presente caso no se configura la cosa juzgada constitucional, lo que trae como consecuencia un pronunciamiento de fondo.
Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales
58. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello (Rad.: 2009-01328, M.P.: Dra. María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera - que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la Ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales
59. Esta Sección adoptó como parámetros a seguir los indicados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
60. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.
61. Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590 de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”.
62. Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la Constitución.
63. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión” que encaje en dichos parámetros.
64. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
65. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001031500020120220101 (M.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez).
Análisis del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto
66. Antes de que la Sala haga un análisis de fondo, la Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional.
67. En el caso bajo examen la Sala advierte que la acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad, toda vez que:
67.1 Es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, comoquiera que se controvierte la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia del señor Olinto Torres Vega.
67.2 La Sala debe hacer énfasis, en que en el presente caso se cumple con el requisito de la relevancia constitucional dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales, i) toda vez que se trata de la posible afectación de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, y además, ii) el actor cumplió con la carga argumentativa mínima en dar las razones jurídicas por las cuales la autoridad judicial accionada incurrió en un posible defecto sustantivo.
67.3 Para la Sala exigirle al actor una carga argumentativa mínima se justifica, toda vez que si bien es cierto la acción de tutela goza de la característica principal de la informalidad que se fundamenta en el mandato constitucional de la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales, en el escenario del amparo contra providencias judiciales, cuando esta prospera se afecta el principio de la cosa juzgada, por lo que el juez constitucional sólo puede remover dicha cosa juzgada de una sentencia o auto, cuando se evidencia a través de la argumentación jurídica del actor, que realmente el operador judicial profirió una providencia arbitraria e irrazonable, que implicó la vulneración de derechos fundamentales.
67.4 Cumplió con el principio de inmediatez, en la medida que se interpuso dentro de un plazo razonable después de notificada la providencia de 4 de agosto de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander.
67.5 No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces y eficientes con los cuales el accionante pueda lograr la protección de los derechos invocados frente a los cargos por defecto sustantivo y fáctico en que posiblemente incurrió la autoridad judicial accionada.
67.6 En la acción de tutela no se alega un defecto procedimental por lo que no es necesario determinar la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad.
67.7 Olinto Torres Vega identificó los hechos y los derechos cuya vulneración alega; y
67.8 No se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.
68. Determinado lo anterior, pasa la Sala a estudiar los cargos por defecto sustantivo
El caso concreto
69. La Sala debe determinar si, en efecto, en el presente asunto las entidades accionadas incurrieron en defecto sustantivo por i) aplicación indebida de normas jurídicas y ii) por haber desconocido el precedente jurisprudencial sentado por el Consejo de Estado dentro del proceso ejecutivo con número único de radicación identificado con número único de radicación 680013333004-2013-00480-01.
70. Para determinar lo anterior, la Sala hará los siguientes análisis: i) el defecto sustantivo por i) aplicación indebida de normas jurídicas y ii) por desconocimiento del precedente judicial; y, finalmente, iii) analizará el caso en concreto.
Defecto sustantivo por aplicación indebida de una norma jurídica
71. La Corte Constitucional ha identificado los eventos en que se configura una vía de hecho por defecto sustantivo:
“[…] En sentido amplio se está en presencia del vicio cuando la autoridad judicial emplea una norma inaplicable al caso concreto, deja de aplicar la norma adecuada, o interpreta las normas de tal manera que contraría la razonabilidad jurídica.
En estricto sentido, lo configuran los siguientes supuestos:
El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso concreto, por impertinente o porque ha sido derogada, es inexistente, inexequible o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador.
No se hace una interpretación razonable de la norma.
Cuando se aparta del alcance de la norma definido en sentencias con efectos erga omnes.
La disposición aplicada es regresiva o contraria a la Constitución.
El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos en la disposición.
La Decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma.
Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.
Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado anteriormente[…]”.
72. En ese orden de ideas, uno de los eventos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales es cuando el juez incurre en un defecto sustantivo por haber aplicado indebidamente una norma jurídica que sirvió como fundamento para el sentido de la decisión judicial.
73. Respecto del defecto sustantivo, la Corte Constitucional, ha precisado que este se presenta cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica” ( Negrilla por la Sala)..
Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial
74. La Sala considera que es necesario señalar que en nuestro ordenamiento jurídico se han desarrollado en torno a las decisiones judiciales, entre otras, las siguientes figuras jurisprudenciales: la doctrina probable, el antecedente jurisprudencial, el precedente jurisprudencial, la sentencia de unificación y la extensión de la jurisprudencia.
79. Dichas figuras encuentran su fundamento legal en los artículos 4.º de la Ley 169 de 31 de diciembre de 1896 y el 270 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011; así como su respaldo jurisprudencial las sentencias C-836 de 2001; C-816 de 2011; C-179 de 2016; y T-102 de 2014.
75. En relación con esta causal, la Corte Constitucional ha desarrollado, ampliamente, el concepto del precedente judicial, definiéndolo así:
“[…] conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia […].” (Negrilla fuera de texto).
76. Así las cosas, la aplicación del precedente judicial en un caso determinado, busca asegurar la eficacia de los principios y derechos fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y a la confianza legítima que, a su vez, garantizan la protección del debido proceso y el acceso efectivo a la Administración de Justicia.
77. Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por la Corte Constitucional, según el cual la actividad interpretativa que se realiza con fundamento en el principio de la autonomía judicial está supeditada al respeto del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, lo que supone, necesariamente que, en casos análogos, los funcionarios judiciales se encuentran atados en sus decisiones, por la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el mismo juez (precedente horizontal).
78. En efecto, la Corte Constitucional en sentencia T-457 de 2008 indicó:
“[…] En relación a la aplicación del precedente, esta Sala de Revisión en sentencia T-158 de 2006 señaló: “Por ello, la correcta utilización del precedente judicial implica que un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación […]”. (Negrilla fuera de texto).
79. Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, salvo en materia constitucional, cuya doctrina es obligatoria, la regla del respeto del precedente no es absoluta, debido a que la interpretación judicial no puede tornarse inflexible frente a la dinámica social, ni petrificarse, o convertirse en el único criterio tendiente a resolver una situación concreta.
80. Lo anterior se traduce en el reconocimiento de un conjunto de supuestos en los cuales resulta legítimo apartarse del precedente judicial vigente, desarrollados jurisprudencialmente y recogidos en pronunciamientos anteriores de la Sala, a saber: i) la disanalogía o falta de semejanza estricta entre el caso que origina el precedente y el que se resuelve con posterioridad; ii) una transformación significativa de la situación social, política o económica en la que se debe aplicar la regla definida con anterioridad con fuerza de precedente; iii) un cambio en el orden constitucional o legal que sirvió de base a la toma de las decisiones adoptadas como precedentes; iv) la falta de claridad o consistencia en la jurisprudencia que debe ser tomada como referente, y, v) la consideración que esa jurisprudencia resulta errónea, por ser contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que se fundamenta el ordenamiento jurídico.
81. En efecto, la Sala ha reconocido que, “en los eventos referidos, el juez que se separa del precedente asume una especial carga de argumentación, en virtud de la cual debe exponer, de manera clara, razonada y completa, las razones en las que fundamenta el cambio de posición jurisprudencial”, para lo cual resulta obligatorio referirse a este –al precedente-, analizarlo respecto del caso concreto y fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se sustenta la decisión de apartarse.
Análisis del caso en concreto
82. En el presente caso, se advierte que el señor Olinto Torres Vega pretende que se deje sin efectos jurídicos las providencias de 11 de agosto de 2014, 5 de mayo de 2017 y 4 de agosto de 2017 proferidas por dentro del proceso ejecutivo con núm. único de radicación 680013333004-2013-00480-01.
83. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.
Acervo y análisis probatorios
84. Para resolver el caso sub judice, la Sala seguirá rigurosamente los parámetros dictados por la Corte Constitucional respecto al defecto sustantivo, a fin de determinar si, efectivamente, las entidades accionadas incurrieron en los yerros mencionados, para lo cual revisará el acervo probatorio:
-Sección Segunda, Consejo de Estado, providencia de 25 de junio de 2014
-Sección Quinta del Consejo de Estado, sentencia de 7 de septiembre de 2015
-Sección Segunda Subsección A del Consejo de Estado, sentencia de 21 de enero de 2016
-Sección Cuarta del Consejo de Estado, sentencia de 8 de septiembre de 2016
-Sección Cuarta del Consejo de Estado, sentencia de 20 de septiembre de 2017
Cargo por aplicación indebida de normas jurídicas
85. Para la Sala el Tribunal accionado no incurrió en defecto sustantivo por aplicación indebida de los artículos 430 del Código General del Proceso y 189 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
86. Señala el artículo 189 de la Ley 1437 de 2011:
“[…] En los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, la entidad demandada, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia que resuelva definitivamente el proceso, cuando resulte imposible cumplir la orden de reintegro del demandante al cargo del cual fue desvinculado porque la entidad desapareció o porque el cargo fue suprimido y no existe en la entidad un cargo de la misma naturaleza y categoría del que desempeñaba en el momento de la desvinculación, podrá solicitar al juez de primera instancia la fijación de una indemnización compensatoria.
De la solicitud se correrá traslado al demandante por el término de diez (10) días, término durante el cual podrá oponerse y pedir pruebas o aceptar la suma estimada por la parte demandada al presentar la solicitud. En todo caso, la suma se fijará teniendo en cuenta los parámetros de la legislación laboral para el despido injusto y el auto que la señale solo será susceptible de recurso de reposición […]”.
87. Por su parte el Código General del Proceso en su artículo 430 dispone lo siguiente:
“[…] Artículo 430. Mandamiento ejecutivo. Presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal.
Los requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo. No se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no haya sido planteada por medio de dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del título ejecutivo no podrán reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución, según fuere el caso.
Cuando como consecuencia del recurso de reposición el juez revoque el mandamiento de pago por ausencia de los requisitos del título ejecutivo, el demandante, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del auto, podrá presentar demanda ante el juez para que se adelante proceso declarativo dentro del mismo expediente, sin que haya lugar a nuevo reparto. El juez se pronunciará sobre la demanda declarativa y, si la admite, ordenará notificar por estado a quien ya estuviese vinculado en el proceso ejecutivo.
Vencido el plazo previsto en el inciso anterior, la demanda podrá formularse en proceso separado.
De presentarse en tiempo la demanda declarativa, en el nuevo proceso seguirá teniendo vigencia la interrupción de la prescripción y la inoperancia de la caducidad generados en el proceso ejecutivo.
El trámite de la demanda declarativa no impedirá formular y tramitar el incidente de liquidación de perjuicios en contra del demandante, si a ello hubiere lugar […]”.
88. Fíjese que el artículo 430 del Código General del Proceso señala que el juez puede librar el mandamiento ejecutivo de dos formas: i) ordenando al demandado que cumpla con la obligación en la forma pedida o, ii) en la que considere legal.
88.1 Ahora si bien en el caso sub examine en un principio libró el mandamiento en la forma pedida por el actor, lo cierto es que conforme lo señalado en el artículo 132 del CGP el juez agotada esta etapa y al realizar el control de legalidad debía corregir las irregularidades del proceso y en esa medida al estar sometido al imperio de la ley tenía la facultad de modificar de oficio el mandamiento ejecutivo respecto de la indemnización compensatoria derivada del no cumplimiento de la obligación de reintegro y, aplicar para su liquidación los artículos 189 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 64 del Código Sustantivo del Trabajo.
88.2 Asimismo, visto el artículo 446 del CGP se observa que también dentro del proceso ejecutivo el actor pudo presentar y objetar la liquidación del crédito conforme a sus pretensiones, y el juez en esta etapa también tenía la potestad de modificar y corregir los errores presentados en el mandamiento ejecutivo, sin que lo anterior implique el desconocimiento del derecho al debido proceso.
88.3 En ese orden de ideas, se evidencia que la actuación de las autoridades accionadas no trajo como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales de actor, toda vez que se profirieron aplicando una interpretación razonable y no arbitraria de las normas.
Cargo por desconocimiento del precedente judicial
89. Ahora pasa la Sala a analizar si la sentencia objeto de la presente tutela incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial.
90. Para la aplicación del precedente judicial al caso concreto es necesario verificar la procedencia de los siguientes criterios: i) que en la ratio decidendi de la sentencia anterior se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver; ii) que esta ratio resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso y, iii) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente.
91. La Sala hará mención a las sentencias invocadas por el actor, para efectos de establecer si en el presente caso hubo o no desconocimiento de dichos precedentes judiciales. Para tales efectos, se analizarán los problemas jurídicos y los respectivos argumentos jurídicos abordados por el Consejo de Estado..
• Sección Segunda, Consejo de Estado, providencia de 25 de junio de 2014
92. El Consejo de Estado en la presente providencia resolvió el problema jurídico de establecer si era procedente o no librar mandamiento ejecutivo de pago. Al resolver el problema jurídico sostuvo la siguiente tesis:
“[…] Vistas así las cosas, fuerza concluir que le asiste la razón al impugnante, ya que, con grado de certeza, la demanda no ha debido ser rechazada por el a quo bajo el argumento de la inexistencia del mérito ejecutivo de la sentencia de primera instancia allegada como soporte, pues, independientemente de las sumas de dinero que el actor estime se le adeudan, lo cierto e indiscutible es que el fundamento de su reclamación es el eventual incumplimiento de la decisión judicial que impuso condena a cargo de las entidades accionadas, por lo que será en el seno del proceso ejecutivo en donde válidamente puedan discutirse los valores adeudados, para decidir, en definitiva, el monto concreto que salga a deber, si a ello hubiere lugar. Además, por expresa disposición contenida en el artículo 335 del Código de Procedimiento Civil, al acreedor tan sólo le asiste la obligación de “…solicitar la ejecución, con base en dicha sentencia, ante el juez de conocimiento, para que se adelante el proceso ejecutivo a continuación y dentro del mismo expediente en que fue dictada. No se requerirá formular demanda, basta la petición para que se profiera el mandamiento ejecutivo de acuerdo con lo señalado en la parte resolutiva de aquélla…” (subraya fuera de texto).
-Sección Quinta del Consejo de Estado, sentencia de 7 de septiembre de 2015
93. En esta oportunidad, la Sección Quinta resolvió el problema jurídico consistente en definir si las autoridades judiciales demandadas incurrieron en la violación de los derechos fundamentales de la parte actora al negar el mandamiento de pago respecto de la indemnización compensatoria del eventual no reintegro, so pretexto de la inexistencia del título ejecutivo, en aplicación de las reglas establecidas en el artículo 189 de la ley 1437 de 2011.
94. Al resolver el problema jurídico planteado sostuvo que:
“[…] En consecuencia, no podían las autoridades judiciales demandadas excusadas en un trámite establecido en la Ley 1437 de 2011 (artículo 189), desechar la pretensión subsidiaria del demandante, cuando dicha petición encuentra sustento en las disposiciones del CPC aplicables a la ejecución como se explicó en líneas anteriores. Actuación con la cual dejaron inerme al actor frente al incumplimiento de la orden impartida, no obstante ya existir un pronunciamiento de la entidad, según el cual, le era imposible cumplir con la orden de hacer contenida en la providencia del 7 de julio de 2008. Circunstancia que resulta necesariamente reprochable, pues fue el mismo juez de la causa el que tramitó la solicitud de ejecución.
Así las cosas, dado que la pretensión subsidiaria del actor resultaba completamente valida a la luz de las disposiciones mencionadas y con ello quedó claro que las demandadas incurrieron en un defecto sustantivo al inobservar las normas pertinentes, habrá de revocarse la decisión de primera instancia que negó “por improcedente” la solicitud de tutela, para en su lugar, amparar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia del señor Jorge Enrique Gómez Cepeda.
En consecuencia, se dejaran sin efecto las providencias del 21 de febrero de 2014 y del 9 de julio de la misma anualidad, dictadas por el Juzgado 8º Administrativo Oral de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de Santander, respectivamente, dentro del proceso de ejecución que adelantó el tutelante Nº 2013-00186-01 en lo que tiene que ver con la negativa del “mandamiento de pago respecto de la indemnización compensatoria del eventual no reintegro” y; se ordenará al Juez 8º Administrativo Oral de Bucaramanga que le dé trámite a la petición del tutelante referida a la indemnización compensatoria del eventual no reintegro, de cara a las disposiciones establecidas en el Código de Procedimiento Civil […]”.
-Sección Segunda Subsección A del Consejo de Estado, sentencia de 21 de enero de 2016
95. En el presente caso el problema jurídico a resolver consistió en lo siguiente:
“[…] De acuerdo con la situación fáctica planteada, corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Santander, al proferir la providencia de 29 de septiembre de 2015, que confirmó la de 21 de 18 de abril de 2012 del Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, vulneró los derechos fundamentales invocados por la accionante, al haber advertido una indebida acumulación de pretensiones en la demanda ejecutiva que impidió librar mandamiento de pago con obligación de hacer para conseguir el reintegro laboral de la actora ordenado por sentencia judicial proferida por el Tribunal Administrativo de Santander […]”.
-Sección Cuarta del Consejo de Estado, sentencia de 8 de septiembre de 2016
96.El problema jurídico que resolvió en esta oportunidad la Sección Cuarta del Consejo de Estado fue el siguiente:
“[…] Le corresponde a la Sala determinar si el auto del 12 de mayo de 2016, proferido por el Tribunal Administrativo de Santander, incurrió en defecto sustantivo al concluir que la indemnización sustitutiva por eventual no reintegro debía ser calculada de conformidad con el artículo 189 de la Ley 1437 de 2011 y no con el juramento estimatorio […]”:
-Sección Cuarta del Consejo de Estado, sentencia de 20 de septiembre de 2017
97. El problema jurídico a resolver fue el siguiente:
“[…] En concreto, los argumentos de la actora se dirigen a sustentar el defecto sustantivo, por cuanto las autoridades judiciales demandadas dejaron de resolver la solicitud de ejecución de la sentencia con fundamento en los artículos 211, 495 y 504 del Código de Procedimiento Civil, al tiempo que adujo el desconocimiento del precedente judicial del Consejo de Estado, por las mismas razones.
Siendo así le corresponde a la Sala determinar si los autos del 22 de enero de 2015 y del 2 de junio de 2016, proferidos por el Tribunal Administrativo de Santander y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, respectivamente, incurrieron en defecto sustantivo al concluir que la indemnización sustitutiva por eventual no reintegro no se encontraba respaldado en la sentencia del 13 de junio de 2008 (título ejecutivo que ordenó el reintegro), por lo que se abstuvieron de librar el mandamiento de pago solicitado […]”.
98. La Sala considera que el Tribunal Administrativo de Santander no incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, teniendo en cuenta que como quedó expuesto en la parte motiva de este fallo, los problemas jurídicos a resolver por parte del Consejo de Estado en las providencias mencionadas, son totalmente diferentes al resuelto por el Tribunal Accionado.
99. Fíjese que el problema jurídico planteado en el presente caso por parte de las autoridades judiciales accionadas consistía en establecer si era procedente la modificación de oficio del mandamiento de pago. En las sentencias del Consejo de Estado invocadas por el actor los problemas jurídicos y las reglas jurisprudenciales versaban sobre otras tematicas i) procedencia o no de librar mandamiento de pago, ii) indebida acumulación de pretensiones en la demanda ejecutiva que impidió librar mandamiento de pago, lo que trajo como consecuencia una posible vulneración de derechos fundamentales, iii) si la indemnización sustitutiva por eventual no reintegro debía ser calculada de conformidad o no en los términos del artículo 189 de la Ley 1437 de 2011, entre otros aspectos como quedó expuesto en la parte motiva de esta providencia.
100. En ese orden de ideas, para la Sala el Tribunal Administrativo de Santander no incurrió en defecto sustantivo, teniendo en cuenta que profirió su providencia de manera razonable y ajustada a derecho, en donde no se evidenció por esta Sala una actuación grosera o arbitraria que haya traído como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales de la actora.
Conclusiones de la Sala
101. Con base en lo anteriormente expuesto, para la Sala las autoridades accionadas no incurrieron en defecto sustantivo porque i) el hecho de haber modificado de oficio el mandamiento de pago y aplicar el artículo 189 de la ley 1437 de 2011 para decidir el caso no fue producto de una actuación grosera o arbitraria que haya traído como consecuencia la vulneración de derechos fundamentales y ii) tampoco desconocieron los precedentes del Consejo de Estado.
102. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva de esta sentencia, la Sala revocará la sentencia de 18 de abril de 2018 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado en segunda instancia, por medio del cual i) declaró la cosa juzgada constitucional y en su lugar ii) negará las pretensiones del amparo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO. REVOCAR, el fallo de tutela proferido el 18 de abril de 2018 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por medio del cual i) declaró la cosa juzgada constitucional y en su lugar ii) NEGAR las pretensiones del amparo, con base en las razones jurídicas expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de este fallo, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Sentencia del 15 de octubre de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander.
Folio 2.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 4 de febrero de 2016. C.P. Rocío Araujo Oñate, número único de radicación: 11001-03-15-000-2015-02538-01
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.”
Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 2016. Magistrado ponente: Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Corte Constitucional, Sentencia T-281 de 2014. Magistrado ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de septiembre de 2017. C.P Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación número: 11001-03-24-000-2010-00512-00
Se reiteran en este punto las consideraciones efectuadas por la Subsección, mediante sentencias de 18 de julio de 2012, expedientes 20.079 y 19.205 y de 16 de agosto de 2012, expediente 21.985, entre otras providencias.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección A, sentencia de 22 de marzo de 2018, C.P Mauricio Fajardo Gómez, radicación número: 520012331000199708582 01 (26.611).
Con ponencia del magistrado Alberto Yepes Barreiro.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
Corte Constitucional. Sentencia T- 619 de 2009, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.
“Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”
La Sala encuentra acreditado dentro del expediente, que la providencia fue notificada el 9 de agosto de 2017, y la presente acción de tutela fue presentada el 6 de diciembre de 2017.
Corte Constitucional, Sentencias SU-159 de 2002, T-295 de 2005 y T-743 de 2008 todas con ponencia del magistrado Manuel José Cepeda Espinosa, T-043 de 2005, T-657 de 2006 ambas con ponencia del magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 de 2007, Magistrado ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño, T-033 de 2010, y T-792 de 2010 ambas con ponencia del Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio.
Corte Constitucional, Sentencia T-189 de 2005, Magistrado ponente: Dr. Manuel José cepeda Espinosa.
Corte Constitucional, Sentencia T-205 de 2004, Magistrada ponente: Dra. Clara Inés Vargas Hernández
Corte Constitucional, Sentencia T-800 de 2006, Magistrado ponente: Dr. Jaime Araujo Rentería
Corte Constitucional, Sentencia T-522 de 2001, Magistrado ponente: Dr.Manuel José Cepeda Espinosa
Corte Constitucional, Sentencia SU-159 de 2002, Magistrado ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
Corte Constitucional, Sentencias T-051 de 2009, magistrado ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa y T-1101 de 2005, Magistrado ponente: Dr. Rodrigo Escobar Gil.
Corte Constitucional, Sentencias T-462 de 2003, magistrado ponente: Dr. Eduardo Montealegre Lynnett, T-842 de 2001.
Corte Constitucional, Sentencia T-018 de 2008, Magistrado ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño.
Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 2016. Magistrado ponente: Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub Sentencia T-086 de 2007, Magistrado ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 2016. Magistrado ponente: Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub Sentencia T-231 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 2016. Magistrado ponente: Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub Sentencia T-807 de 2004, magistrada ponente: Dra. Clara Inés Vargas.
Corte Constitucional, Sentencia SU-195 de 2012, Magistrado ponente: Dr.Jorge Iván Palacio Palacio.
Corte Constitucional, Sentencias SU-159 de 2002, magistrado ponente: Dr. Manuel José Espinosa, T-043 de 2005, magistrado ponente: Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 de 2005, Magistrado ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa, T-657 de 2006, Magistrado ponente: Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31 de 2007, Magistrado ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño, T-743 de 2008, Magistrado ponente: Dr.. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 de 2010, Magistrado ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio, T-792 de 2010, Magistrado ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio, entre otras.
“Sobre reformas judiciales”. (Doctrina probable).
“se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009”.
Corte Constitucional, sentencia C – 836 de 2001, Magistrado ponente: Dr. Rodrigo Escobar Gil.
Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 2011, Magistrado ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.
Corte Constitucional, sentencia C – 179 de 2016, Magistrado ponente: Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. (Antecedente jurisprudencial).
Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 2011, Magistrado ponente: Dr. Luis Ernesto Vargas Silva
Sentencia T- 760A de 2011, Magistrado ponente: Dr. Juan Carlos Henao Pérez.
Sentencia del 13 de mayo de 2008 con ponencia del magistrado Humberto Antonio Sierra Porto.
Ver Corte Constitucional, sentencias C-083 de 1995, Magistrado ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz, C-037 de 1996, Magistrado ponente: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa y SU-640 de 1998, Magistrado ponente: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 13 de marzo de 2013, C.P. Guillermo Vargas Ayala, radicación número: 11001-03-15-000-2012-02074-00.
Ibídem.
Corte Constitucional, Sentencias T-1625 de 2000, Magistrada ponente: Dra. Martha Victoria Sáchica Méndez y T-161 de 2010, magistrado ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de mayo de 2018. C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001 03 15 000 2018 00824 00
Frente al tema de la configuración del precedente judicial ver Corte Constitucional, sentencia T-292 de 2006. Magistrado ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A providencia de 27 de junio de 2014 C.P. Gustavo Gómez Aranguren, número único de radicación: 68001 23 33 000 2013 01043 01
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 7 de septiembre de 2015 C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, número único de radicación:11001-03-15-000-2015-00463-01
Resolución Nº 000402 del 28 de mayo de 2009.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 21 de enero de 2016 C.P. Luis Rafael Vergara Quintero, número único de radicación:11001-03-15-000-2015-03151-00
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 8 de septiembre de 2016 C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, número único de radicación: 11001-03-15-000-2016-01723-00.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 20 de septiembre de 2017 C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, número único de radicación:11001-03-15-000-2016-03152-00
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