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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2019-00757-01

Fecha
17 de julio de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2019-00757-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 9 de diciembre de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena por medio de la cual se declaró no probada la excepción de pago, pero por las razones expuestas en la parte motiva. SEGUNDO: Sin condena en costas en segunda instancia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 16 www.consejodeestado.gov.co Radicado: 47001-23-33-000-2019-00757-01 (3890-2021) Demandante: Cleotilde Cantillo de Castro TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 47001-23-33-000-2019-00757-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

17 de julio de 2025

Radicado: 47001-23-33-000-2019-00757-01 (3890-2021)
Demandante: Cleotilde Cantillo de Castro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C. diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 47001-23-33-000-2019-00757-01 (3890-2021)
Demandante: Cleotilde Cantillo de Castro
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

Tema: Apelación de sentencia que ordena seguir adelante con la
ejecución- intereses moratorios - imputación de pagos

Decisión: Confirma sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el
recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada contra la sentencia de 9
de diciembre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena que
declaró no probada la excepción de pago, y ordenó seguir adelante con la
ejecución a favor de la señora Cleotilde Cantillo de Castro.

I. ANTECEDENTES1

1.1. Pretensiones de la demanda

2. La señora Cleotilde Cantillo de Castro, formuló demanda ejecutiva con el fin
de lograr el cumplimiento de las sentencias del 20 de febrero de 2013 proferida
por el Tribunal Administrativo del Magdalena, confirmada el 20 de agosto de 2015
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento radicado 25000-23-25-000-2002-11464-00
instaurado contra la Caja Nacional de Previsión Social.

1 Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado-SAMAI.
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Radicado: 47001-23-33-000-2019-00757-01 (3890-2021)
Demandante: Cleotilde Cantillo de Castro

3.Las decisiones invocadas como título ejecutivo ordenaron a la Caja Nacional
de Previsión Social el reconocimiento y pago de la pensión gracia de la interesada
con la inclusión de todos los factores salariales percibidos en el año anterior a la
adquisición del estatus pensional, efectiva a partir del 10 de junio de 2010.

4. La ejecutante consideró que el pago ordenado en el fallo se realizó de forma
parcial en tanto no se canceló a cabalidad el retroactivo, la indexación y los
intereses moratorios, ya que en el desprendible de pago únicamente se reconoció
el capital, a pesar de que la norma civil contempló que los pagos se imputan
primero a intereses y luego a capital, así, como el valor total de la obligación
ascendió a la suma de $193.756.887,46 y la entidad canceló $159.386.772,11 se
generó la diferencia de $34.370.115,35.

5. Por lo anterior, solicitó que se librara mandamiento de pago contra la UGPP
por la suma $34.370.115,35 correspondiente al retroactivo pensional y por los
intereses moratorios causados en el período de 1° de noviembre de 2016 hasta
que se realice el pago, de la misma manera, reclamó que se condene en costas
y agencias en derecho a la UGPP.

1.2. Mandamiento de pago

6.El tribunal por auto del 13 de marzo de 2020 libró mandamiento ejecutivo en
contra de la UGPP y a favor de Cleotilde Cantillo de Castro por la suma de
$31.023.336 por concepto de capital adeudado, así como por los intereses
moratorios causados.

7. Explicó que la liquidación de las mesadas pensionales realizada por la entidad
ejecutada era coincidente con la realizada por la Corporación, pues en la
Resolución RDP 030631 de 22 de agosto de 2016 consignó como IBL el valor de
$1.747.018 y en la certificación signada por el FOPEP se indicó que para la
anualidad de 2016 la cuantía de la mesada fue de $2.160.875,94.

8. De tal modo estableció que el monto del retroactivo pensional debidamente
indexado a partir del 11 de junio de 2010 hasta la fecha de ejecutoria de la
sentencia, 2 de septiembre de 2015, era de $124.266.657 menos el porcentaje a
salud (12%).

9. No obstante, como a la fecha de ejecutoria del fallo no se realizó el pago total
de la obligación, indicó que se continuaron causando unas diferencias de
mesadas hasta la inclusión en nómina que acaeció en el mes de octubre de 2016,
sumas sobre las que era procedente calcular intereses moratorios en los términos
del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 y el numeral 4° del artículo 195 de la
misma codificación procesal, aclarándose que a pesar de que en la sentencia
invocada como título ejecutivo la condena no ordenó el reconocimiento de

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intereses moratorios, los mismos debían calcularse dado que operaban por
ministerio de ley.

10. En ese sentido, explicó que durante los primeros 10 meses los intereses se

establecían con fundamento a la tasa DTF y a partir de allí con base a la tasa
comercial hasta octubre de 2016, que fue el mes en el que se pagó a la
beneficiaria el monto de $141.619.372.

11. De otro lado, especificó que el pago comentado de acuerdo con el artículo

1653 del Código Civil debía imputarse primero a los intereses y luego a capital,
de ahí que, en resumen, las sumas corresponderían a lo siguiente:

12. Total capital: $152.374.867
13. Total intereses: $20.267.841
14. Obligación: $172.642.708
15. Abono: $141.619.372
16. Capital adeudado: $31.023.336

17. Por lo anterior, advirtió que la entidad no dio cumplimiento total a la sentencia,

lo cual pudo obedecer a la falta de reconocimiento de las diferencias de mesadas
que se causaron con posterioridad a la ejecutoria del fallo y de los intereses
moratorios.

1.3. Contestación de la demanda

18. La UGPP presentó escrito de defensa formulando la excepción de pago, razón

por la que mencionó los siguientes argumentos:

19. La ejecutante adquirió el estatus pensional el 10 de junio de 2010, de ahí que,

de acuerdo con lo ordenado por la autoridad judicial se realizó la siguiente
liquidación, tomando meses de 30 días y años de 360 días, así:

FACTORES AÑO VALOR TOTAL
Asignación básica mes 2009 $13.492.360
Auxilio de movilización 2009 $153.667
Prima navidad 2009 $1.184.017
Prima vacaciones 2009 $562.182
Asignación básica mes 2010 $11.009.771
Auxilio de movilización 2010 $125.392
Prima navidad 2010 $966.159
Prima vacaciones 2010 $458.740
TOTAL $27.952.288
20. Promedio: $27.952.288 / 12 X 75%=$1.747.018.

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21. En virtud de ello, a través del acto administrativo RDP 030361 de 22 de agosto

de 2016 se dio cumplimiento a las sentencias, ordenando reconocer y pagar a la
demandante la pensión gracia por el valor de $1.747.018, efectiva a partir del 10
de junio de 2010.

22. El cumplimiento que la UGPP dio a la condena se detalló en la siguiente

liquidación que incluyó los extremos correspondientes del título ejecutivo y cuya
suma se calculó hasta la fecha de inclusión en nómina, así:

VALORES LIQUIDACIÓN
Salario Mesada Mesada Diferencia Retroactivo Mesada % Descuentos
Período Días %
Mínimo Anterior Actual Mesadas por período adicional Salud de ley

10/06/2010-31/12/2010 201 515.000 100 0.00 1.747.018 1.747.018 11.705.020,060 1.747.018 12 1.404.602,47

01/01/2011-31/12/2011 360 535.600 100 0.00 1.802.398,47 1.802.398,47 21.628.781,65 1.802.398,47 12 2.595.453,80

01/01/2012-31/12/2012 360 566.700 100 0.00 1.869.627,93 1.869.627,93 22.435.535,20 1.869.627,93 12 2.692.264,22

01/01/2013-31/12/2013 360 589.500 100 0.00 1.915.246,86 1.915.246,86 22.982.962,26 1.915.246,86 12 2.757.955,47

01/01/2014-31/12/2014 360 616.000 100 0.00 1.952.402,64 1.952.402,64 23.428.831,73 1.952.402,64 12 2.811.459,81

01/01/2015-31/12/2015 360 644.350 100 0.00 2.023.860.56 2.023.860.56 24.286.326,97 2.023.860.56 12 2.914.359,24

01/01/2016-30/09/2016 270 689.455 100 0.00 2.160.875,94 2.160.875,94 19.447.883,48 0,00 12 2.333.746,02

23. Ahora,respecto a los intereses moratorios reclamados resaltó que no se
señalaron en el fallo objeto de ejecución y si bien se indicó que operan de pleno
derecho y el deber de indemnizar lo impone la ley, en principio se entendería que
se generaría un perjuicio por el deterioro del poder adquisitivo del dinero, sin
embargo, no es el caso porque se dio cumplimiento expreso a la condena.

II. SENTENCIA APELADA

24. Eltribunal dictó sentencia el 9 de diciembre de 2020, ordenando seguir
adelante con la ejecución contra la UGPP por la suma de $31.023.036 por
concepto de capital y por el valor de $32.681.404 derivada de los intereses
moratorios, de igual manera, declaró no probada la excepción de pago, dispuso
que las partes presentaran la liquidación del crédito y no condenó en costas.

25. Respecto al memorial de 27 de octubre de 2020 radicado por el órgano de

previsión social en el que pone en conocimiento el auto ADP 005107 del día 24
de los mismos, a través del cual indicó que el valor a reconocer por intereses
moratorios era de $11.889.920,73; el tribunal sostuvo que el capital liquidado
hasta la ejecutoria de la decisión no puede mantenerse constante, dado que,
hasta ese momento la entidad no ha cumplido la sentencia, por lo tanto, se
continuaron causando diferencias de mesadas hasta la inclusión en nómina de
la ejecutante ocurrida en octubre de 2016.

26. La tasa de liquidación de intereses moratorios utilizada por la UGPP fue la

misma que sirvió de fundamento a la Corporación durante los meses de
septiembre a diciembre de 2015, pues la institución determinó períodos muertos
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a partir del 2 de diciembre de 2015 y hasta el 24 de abril de 2016 con fundamento
a que la interesada no presentó la documentación completa en la solicitud de
cumplimiento de sentencia, liquidando de nuevo los intereses desde abril de
2016.

27. Sin embargo, se observó que con la solicitud de cumplimiento se aportaron los

fallos de primer y segundo grado, así como, la certificación de ejecutoria de estos,
pero la entidad a través de la Resolución de 19 de abril de 2016 requirió
certificado de factores salariales como requisito de pago de la obligación, lo cual
cumplió la interesada el día 24 del mismo mes y año.

28. La causación de intereses moratorios operó por el capital adeudado en el mes

anterior, es decir enero, comenzándose a causar a partir de febrero y así
sucesivamente, en ese sentido, los intereses generados en el mes de pago
efectivo (octubre de 2016) fueron los causados por el capital debido en
septiembre.

29. Los parámetros atendidos por el órgano de previsión social fueron los
establecidos en la circular externa 10 expedida el 13 de noviembre de 2014 por
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, concepto que no es
vinculante, el cual difiere de la posición de la Corporación que se fundamentó en
la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 20 de octubre de 2014.

30. Explicadolo anterior, se actualizó la obligación a cargo de la UGPP,
determinándose que la suma adeudada era de $63.704.740 discriminada así:
$31.023.336 por concepto de capital y $32.681.404 por concepto de intereses.

1.6. Recurso de apelación

31. La parte ejecutada presentó escrito de apelación contra la sentencia de
primera instancia, solicitando que fuera revocada; reiterando los argumentos de
la contestación de la demanda, así mismo, replicó que en la sentencia se aplicó
el artículo 1653 del Código Civil siendo prohibida la imputación de pagos en
temas de seguridad social.

32. Aseveró que, si bien en la sentencia invocada como título ejecutivo no se

ordenó el reconocimiento de los intereses moratorios, el auto ADP005107 de 24
de septiembre de 2020 verificó el concepto y teniendo en cuenta que ocurrió la
cesación de intereses el valor a reconocer correspondió a $11.889.920, 73, así:

FECHA DE PRESCRIPCIÓN 10 de junio de 2010
FECHA DE EJECUTORIA 2 de septiembre de 2015
FECHA DE SOLICITUD* 25 de abril de 2016
FECHA DE PAGO Octubre de 2016
CAPITAL $127.793.634,03

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INICIO PERÍODOS MUERTOS** 2 de diciembre de 2015
FINAL PERÍODOS MUERTOS*** 24 de abril de 2016
MESES DE PLAZO PARA INICIO DE 3
PERÍODOS MUERTOS
TIPO DE INTERÉS 192 CPACA
VALOR ESTIMADO INTERÉS $11.889.920,73
Observación:
• Se toma como fecha de solicitud la de radicación, en debida forma, de la
totalidad de documentos requeridos para el pago, por parte del demandante.

** A partir del mes cuarto, contado desde la fecha de ejecutoria de la sentencia
declarativa, se empiezan a contar períodos muertos, si no se evidencia el
cumplimiento del requisito anterior en los primeros 3 meses.

*** Los períodos muertos se interrumpen, a partir de la radicación, en debida
forma, de la declaración extrajuicio de no cobro por vía ejecutiva, o de la
totalidad de documentos requeridos para el pago, según corresponda o lo
disponga el respectivo acto administrativo.

33. Por lo tanto, reiteró que los intereses moratorios no fueron reconocidos en la

condena y si bien se indicó que operan de pleno derecho y el deber de indemnizar
lo impone la ley, en principio se entendería que se generaría un perjuicio por el
deterioro del poder adquisitivo del dinero, sin embargo, no es el caso porque se
dio cumplimiento total a las órdenes judiciales.

1.7. Trámite de segunda instancia

34. El 26 de noviembre de 2021 se admitió el recurso de apelación2 y se dispuso

que, de no presentarse solicitud probatoria en esta instancia, el proceso
regresaría al despacho para fallo.

35. Encontrándose el expediente en la Secretaría de la Sección Segunda, el
procurador tercero delegado ante esta Corporación emitió concepto 3 en el que
solicitó confirmar la sentencia que ordenó seguir adelante con la ejecución, no
obstante, sobre los extremos temporales de la liquidación de los intereses
moratorios indicó que la fecha hasta que se causaron estos es el día anterior al
pago, sin embargo, no resultaba claro si los intereses podían abarcar hasta el 31
de octubre de 2016 como lo determinó el a quo. Adicionalmente, señaló que era
improcedente imputar el pago realizado por la UGPP en primer lugar a intereses
y luego a capital, por lo que deben modificarse las reglas de liquidación.

Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no observando
la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se resuelve la
alzada, previas las siguientes,

2 Índice 4 de Samai.
3 Índice 9, ídem.

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II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

36. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación

interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo4, y 322 del CGP.

37. De tal modo que, como en este asunto solamente recurrió la decisión proferida

en primera instancia la parte ejecutada, la competencia se limitará a los reparos
efectuados en su recurso.

2.2. Problema jurídico

38. Le corresponde a la Sala resolver los siguientes interrogantes:

39. ¿procede el reconocimiento de los intereses moratorios, aunque no hubiesen

sido ordenados expresamente en la sentencia objeto de ejecución?

40. ¿los abonos efectuados por la entidad deudora se deben o no imputar primero

al capital y luego a los intereses moratorios adeudados al acreedor?

2.3. Generalidades del proceso ejecutivo y los requisitos del título ejecutivo

41. El proceso ejecutivo ha sido definido como el medio procesal para que un

acreedor, de modo coercitivo, haga efectiva una obligación o un derecho del que
es titular ante un deudor que se rehúsa a su cumplimiento. Es decir, «es el medio
para que el acreedor haga valer el derecho (que conste en un documento
denominado título ejecutivo) mediante la ejecución forzada»5.

42. En esta clase de procesos no se busca el reconocimiento de un derecho
subjetivo, sino que está dirigido a obtener el cumplimiento de una obligación que
consta en un documento que da plena fe de su existencia, siendo el título «el
documento principal a partir del cual se desarrolla el proceso ejecutivo».6 Su
definición y requisitos se encuentran en el artículo 422 del CGP, antes 488 7 del
CPC, en los siguientes términos:

4 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
5 Consejo de Estado, Sección Cuarta, providencia del 15 de noviembre de 2017, radicado 54001 23 33 000

2013 00140 01(22065), M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. Ver también Consejo de Estado, Sección
Primera, providencia del 12 de julio de 2018, radicado 81001 23 33 003 2017 00042 01, M.P. María Elizabeth
García González.
6 Sentencia T-704 de 2013. Igual concepto está en la sentencia T-996 de 2012.
7 «Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en

documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, o las que
emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra
providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos
contencioso - administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares
de la justicia.
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Demandante: Cleotilde Cantillo de Castro

«TÍTULO EJECUTIVO. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones
expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor
o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una
sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de
otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben
liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás
documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no
constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el
artículo 184».
43. La norma consagra los requisitos del título ejecutivo: formales y sustanciales.

Los primeros hacen referencia a la prueba de la existencia de la obligación y
exigen que el título ejecutivo sea auténtico y que provenga del deudor, su
causante o de una providencia judicial.8 La autenticidad se refiere a la plena
identificación del creador del documento para que no haya duda del deudor y el
juez tenga certeza de quién lo suscribió9.

44. Los segundos exigen que en el título ejecutivo se refleje en favor del ejecutante

una obligación clara, expresa y exigible. Es expresa si se encuentra especificada
en el título y no es el resultado de una presunción legal o de una interpretación;
clara si sus elementos aparecen inequívocamente señalados y no hay duda con
respecto al objeto o sujetos de la obligación, esto es fácilmente inteligible y se
entiende en un solo sentido; y, exigible si la ejecución no depende del
cumplimiento de un plazo o condición o siempre que estos se hubiesen
cumplido10.

45. Estos requisitos deben cumplirse en su totalidad y en los términos enunciados,

de modo que del título se concluya sin duda alguna la existencia de la obligación,
su claridad y que ya es exigible. Así entonces cuando el juez verifica que el
documento cumple con los requisitos enunciados debe emitir la orden de pago

La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el
interrogatorio previsto en el artículo 294.»
8 Sobre los requisitos formales del título se puede consultar la siguiente jurisprudencia: Consejo de Estado,

Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 27 de agosto de 2015. Radicado: 200012331000 2011-
00548 01 (2586 – 2013). Consejera ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez. «[…] que se trate de documentos
que tengan autenticidad, que emanen de autoridad judicial, o de otra clase si la ley lo autoriza, o del propio
ejecutado o causante cuando aquel sea heredero de este y los segundos, que de esos documentos aparezca
a favor del ejecutante o de su causante y a cargo del ejecutado o de su causante, una obligación clara
expresa, exigible y además líquida o liquidable por simple operación aritmética si se trata de pagar una suma
de dinero». Ver también: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia de 31 de mayo de 2018, Consejera ponente María Elizabeth García González, Radicación: 11001
03 15 000 2018 00824 00. A su vez la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló: «Que además de
esos requisitos el documento debe reunir dos condiciones formales: i) la autenticidad y ii) que proceda del
deudor o de su causante, o de una sentencia judicial condenatoria, o de cualquier otra providencia judicial
que tenga fuerza ejecutiva». Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, providencia de 8 de junio
de 2016, radicado 27001 23 31 000 2012 00086 01(47539), M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa (E).
9 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 14 de mayo de 2014, radicado 33.586.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, consejera ponente Carmen

Teresa Ortiz de Rodríguez, auto de 26 de febrero de 2014, Radicado: 25000 23 27 000 2011 00178 01
(19250), actor: Clínica del Country S.A. En esta providencia se citó la siguiente doctrina: Velásquez G., Juan
Guillermo. Los procesos ejecutivos. (2006). Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. Ltda.
También puede consultarse la siguiente jurisprudencia: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, 26 de julio de 2018, radicado 41001 23 31 000 2010 00139 01(0490-16), M.P. Rafael Francisco Suarez
Vargas.
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Demandante: Cleotilde Cantillo de Castro

en contra de la parte ejecutada, pues así lo dispone el artículo 430 del CGP 11,
antes 497 del CPC12.

46. De acuerdo con lo anterior, el título ejecutivo es el documento necesario para

que pueda incoarse y darse trámite al proceso ejecutivo. Además, conforme lo
dispone el artículo 422 del CGP13, antes 488 del CPC, i) es la prueba de la
existencia de la obligación, la cual debe ser expresa, clara y exigible; y ii) señala
con certeza el obligado a cumplirla, por lo que constituye plena prueba contra el
adeudado, por provenir de él o de su causante o de cualquiera de las
providencias enunciadas en dicha norma. En tal sentido, debe entenderse que
las sentencias ejecutoriadas que condenen a una entidad al pago de suma de
dinero constituyen un título ejecutivo.

2.4. Intereses moratorios

47. Los intereses por mora constituyen la sanción en cabeza del deudor que
incumple la obligación de pagar a tiempo una suma de dinero y se reconoce a
título indemnizatorio, bajo la modalidad de lucro cesante, a favor del acreedor de
esta, por lo anterior, su carácter es punitivo y resarcitorio, de ahí que, se
entienden como la indemnización de perjuicios por la demora en el cumplimiento
de la prestación y se causan por ministerio de la ley, sin ser necesario pago
alguno y tampoco se requiere prueba del perjuicio más allá del retardo.

48. Igualmente, otro elemento distintivo de dicho concepto es su exigibilidad junto

con la obligación principal y se adeudan mientras no se reconozca loe debido, en

11«Artículo 430. Mandamiento ejecutivo. Presentada la demanda acompañada de documento que preste

mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma
pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal.
Los requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el
mandamiento ejecutivo. No se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no haya sido
planteada por medio de dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del título ejecutivo no podrán
reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución,
según fuere el caso.
Cuando como consecuencia del recurso de reposición el juez revoque el mandamiento de pago por ausencia
de los requisitos del título ejecutivo, el demandante, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria
del auto, podrá presentar demanda ante el juez para que se adelante proceso declarativo dentro del mismo
expediente, sin que haya lugar a nuevo reparto. El juez se pronunciará sobre la demanda declarativa y, si la
admite, ordenará notificar por estado a quien ya estuviese vinculado en el proceso ejecutivo.
Vencido el plazo previsto en el inciso anterior, la demanda podrá formularse en proceso separado.
De presentarse en tiempo la demanda declarativa, en el nuevo proceso seguirá teniendo vigencia la
interrupción de la prescripción y la inoperancia de la caducidad generados en el proceso ejecutivo.
El trámite de la demanda declarativa no impedirá formular y tramitar el incidente de liquidación de perjuicios
en contra del demandante, si a ello hubiere lugar».
12 «Presentada la demanda con arreglo a la ley, acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el

juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida si fuere
procedente, o en la que aquél considere legal».
13 «Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y

exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena
prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier
jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben
liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale
la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en
el interrogatorio previsto en el artículo 184».
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consecuencia, tienen un propósito compensatorio del daño generado por el
acreedor a través de la fijación de una tarifa consagrada por el legislador.

49. De otro lado, la Sección Segunda a través de sus subsecciones ha señalado

que14 «[…] en aplicación del artículo 177 del C.C.A. y del artículo 16 de la ley 446
de 1998 se impone que se deban intereses moratorios a partir de la ejecutoria de
la sentencia condenatoria, así no se haya dispuesto explícitamente en el texto de
la sentencia , pues “operan de pleno derecho y el deber de indemnizar lo impone
la ley”; una conclusión contraria sería en perjuicio del accionante, quien vería
deteriorado el poder adquisitivo de su dinero».

50. En similar sentido, la Subsección B15 determinó que los intereses se deben a

partir de la ejecutoria de la sentencia y operan en virtud de la ley, así no se hayan
ordenado en el texto de la sentencia, expresando lo siguiente:

«[…] viable colegir que se deban intereses moratorios a partir de la ejecutoria
de la sentencia condenatoria , así no se haya dispuesto explícitamente en el
texto de la sentencia, pues operan de pleno derecho y el deber de indemnizar lo
impone la ley, una conclusión contraria sería en perjuicio de la accionante, quien
vería deteriorado el poder adquisitivo de su dinero; tanto es así que en palabras
de la Corte Constitucional, no se justifica un trato desigual entre el pago de
intereses moratorios que le compete a los particulares y al Estado, pues el daño
económico que sufre el acreedor por causa de la mora es idéntico; y las
obligaciones asumidas por las entidades públicas no tienen alcance jurídico
diverso de las que están a cargo de las personas privadas […]».

[Negrilla de la Sala]

51. Así
mismo, a través de providencia de 7 de noviembre de 201916, la
Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación indicó:

«[…] Al respecto, resulta indiferente si la obligación no se encuentra expresa
en la parte decisoria de la sentencia, pues el título ejecutivo lo constituye el
documento en su integridad, de tal manera que también debe consultarse lo
ordenado en la parte motiva. Además, como se expuso previamente la generación
de intereses opera por mandato legal, de tal manera que constituyen una
obligación exigible a las entidades condenadas por esta jurisdicción al pago de
sumas dinerarias, aún si no se hace mención explícita de tal fenómeno en la
respectiva providencia. […]»

[Negrilla de la Sala]

52. Esa tesis fue aplicada por esta Subsección, a través de sentencia de 1° de

septiembre de 2022 dentro del proceso radicado 05001-23-33-000-2017-02073-

14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia

de 28 de junio de 2018, expediente: 25000-23-42-000-2014-03440-01 (4313-2017) CP Sandra Lisset Ibarra
Vélez.
15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B, Sentencia

del 14 de marzo de 2019, radicado: 25000-23-42-000-2015-02729-01 CP Sandra Lisset Ibarra Vélez.
16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Expediente

76001-23-33-000-2016-01714-01 (3979-2017) CP Carmelo Perdomo Cuéter.
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0117 que en la parte resolutiva solo se hizo alusión al inciso 1° del artículo 177 18
ídem sin referirse al inciso 5° de dicho artículo que contempla el pago de los
intereses moratorios. Allí la Sala estableció lo siguiente:

«[…] 74. Tal como se indicó, en este caso la sentencia que constituye el título
ejecutivo resolvió la solicitud de reliquidación de la pensión de jubilación de la
señora María Beatriz Posada Rentería, controversia jurídica que finalizó a través
de la citada decisión de 17 de abril de 2013, donde además de declarar la nulidad
parcial de las resoluciones demandadas, ordenó la reliquidación pensional y con
ello, dispuso de forma taxativa en la parte resolutiva:

«5° Dése cumplimiento a lo establecido en el inciso 1° del artículo 177 del CCA.»

75. Como se aprecia, si bien el citado aparte se refiere solamente al inciso primero
del artículo 177, sin embargo, en la parte considerativa el Tribunal estableció: «Lo
anterior, sin perjuicio de lo estipulado en los artículos 176 y 177 del CCA cuya
observancia por parte de la Administración debe darse sin necesidad de mandato
judicial.» En consecuencia, debe entenderse que la sentencia de 17 de abril de
2013 contempló la orden de imponer intereses moratorios en caso de tardanza en
el pago de las sumas otorgadas a título de restablecimiento en la sentencia».

53. Finalmente, es de destacar que en sentencia de unificación de 28 de julio de

2022 proferida por la Sección Segunda de esta Corporación en el proceso
radicado 25000-23-42-000-2013-02380-01 (2656-2014)19 referente a la pensión
de jubilación del régimen especial de los servidores del Departamento
Administrativo de Seguridad-DAS, se indicó que no era necesaria la inclusión de
los intereses moratorios en la sentencia, dado que se causan por ministerio de la
Ley:

«[…] 148. De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante, se advierte que pretende que expresamente se ordene a la UGPP
reconocer y pagar los intereses moratorios que se generan por la tardanza
generalizada de las entidades administrativas en el pago de las condenas
impuestas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

149. Frente a dicho argumento, que también fue objeto de solicitud de adición al
dictarse el fallo de primera instancia, el tribunal consideró innecesario un
pronunciamiento expreso al sostener que ellos se causan automáticamente por
ministerio de la ley, en virtud de los artículos 192 y 195 del CPACA. Según estas
normas las sumas resultantes de la condena devengarán intereses moratorios a
partir de la ejecutoria de la sentencia. Esta Sala comparte el criterio de no incluir
expresamente dicha orden, por cuanto la entidad administrativa condenada al dar
cumplimiento a la sentencia judicial ejecutoriada está obligada legalmente a
reconocer, liquidar y pagar los intereses moratorios en la forma regulada por el
CPACA.
[…]

17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Expediente

05001-23-33-000-2017-02073-01 (6610-2019) CP Gabriel Valbuena Hernández.
18 «Cuando se condene a la Nación, a una entidad territorial o descentralizada al pago o devolución de una

cantidad líquida de dinero, se enviará inmediatamente copia de la sentencia a quien sea competente para
ejercer las funciones del ministerio público frente a la entidad condenada».
19 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Expediente

25000-23-42-000-2013-02380-01 (2656-2014) CP William Hernández Gómez.
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151. Así las cosas, se advierte que fue el mismo legislador quien dispuso que, en
caso de sentencia condenatoria dictada con fundamento en lo dispuesto por la Ley
1437 de 2011, habrá por imperativo legal de reconocerse y pagarse intereses
moratorios a partir del momento en que la decisión judicial quede ejecutoriada, con
la única salvedad de que los beneficiarios no acudan en el término de 3 meses
contados a partir de la ejecutoria para hacer efectiva la condena, caso en el cual
cesa la causación de intereses, pero solo hasta que se eleve la respectiva
solicitud».

54. De lo anterior se concluye que se deben intereses moratorios a partir de la

ejecutoria de la sentencia condenatoria, así no se haya dispuesto explícitamente
en el texto de la sentencia, pues operan de pleno derecho.

2.5. Imputación de pagos en la ejecución de sentencias judiciales

55. La Sala de Decisión en los procesos ejecutivos en la que el título objeto de

ejecución es una sentencia judicial que dispuso el pago de acreencias
pensionales ha interpretado lo siguiente:

«En ese escenario, la Sala advierte que no existe una norma jurídica especial que
permita determinar cómo deben distribuirse los pagos que realiza el Estado para
satisfacer las obligaciones que están a su cargo, consignadas en documentos que
presten mérito ejecutivo, si primero a capital y luego a intereses o viceversa.
Por lo anterior, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 153 de 1887, «cuando no
hay ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que
regulen casos o materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y
las reglas generales de derecho». Así las cosas, a falta de una norma que regule
de manera especial la imputación de pagos cuando la parte deudora es una
entidad del Estado, resulta procedente acudir al artículo 1653 del Código Civil, ya
citado, según el cual, «[s]i se deben capital e intereses, el pago se imputará
primeramente a los intereses, salvo que el acreedor consienta expresamente que
se impute al capital».
[…]
En este punto, vale la pena precisar que, para la Sala, la regla señalada por el
artículo 1653 del Código Civil no viabiliza, per se, el anatocismo, ya que, una vez
imputado el pago a intereses y a capital, en ese orden, podrían seguirse causando
intereses de mora sobre el excedente que quede por concepto de capital, mas no
se trataría de intereses calculados sobre intereses. Además, considerar la eventual
inconveniencia de aplicar la norma mencionada, por la razón aludida, implicaría
asumir que el Código Civil incurre en contradicción, pues prohíbe el anatocismo y,
a la vez, lo permite a través del procedimiento de imputación de pagos, lo cual no
es acertado»20.

56. Igualmente, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
concluyó que, si las administradoras de fondos pensionales efectúan la
imputación de pagos a los particulares a intereses y a capital, no había ninguna
justificación de no aplicar la regla en las oportunidades en que la obligación
debiera satisfacerse por la institución, dando alcance al artículo 53 del Decreto

20 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Expediente

25000-23-42-000-2015-01326-02 (0618-2021) CP Rafael Francisco Suárez Vargas.
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1406 de 199921 que señala como la norma que de manera expresa consagra la
imputación de pagos en materia pensional, en los siguientes términos:

«[…] si las administradoras de pensiones tienen la facultad de imputar el pago de
un determinado período, en primer lugar, «al interés de mora por los aportes no
pagados oportunamente y correspondientes al período declarado», no hay
fundamento válido para no asumir que cuando esa misma entidad no ha procedido
con la diligencia y el cuidado que le impone su condición de administradora de un
sistema que involucra en muchos casos derechos fundamentales, deba impartirse
la misma solución, de suerte que si, como en el caso actual, se presenta una
tardanza aproximada de 3 años, los intereses moratorios que, como ya se dijo, se
causan una vez vencido el plazo de 4 meses contados desde la petición, deben
cubrirse antes de proceder al abono del retroactivo pensional, y en ese sentido
abona a la definición lo establecido en el artículo 1659 [1653] del Código Civil,
según el cual «Si se deben capital e intereses, el pago se imputará primeramente
a los intereses, salvo que el acreedor consienta expresamente que se impute al
capital»22.

57. En consecuencia, los pagos deben aplicarse primero a intereses y luego a

capital, cuando la entidad obligada efectúa algún abono en cumplimiento de la
obligación reclamada; los que una vez satisfechos dan paso a que se considere
el capital.

58. En dichos términos, la aplicación del artículo 1653 del Código Civil no
constituye una decisión arbitraria ni extralimitación judicial, por el contrario, es el
efecto de la estructura legal de las obligaciones dinerarias que guarda
correspondencia con lo dispuesto en el artículo 53 del Decreto 1406 de 1999 en
materia pensional.

2.7. Análisis de la Sala frente al primer problema jurídico

59. La Sala frente al reparo de la UGPP relacionado con que no pueden
reconocerse intereses moratorios porque no hacen parte de la condena de la
sentencia que se ejecuta; considera que no le asiste razón, pues si bien es cierto
de manera expresa en ella no se estipuló tal derecho, no es menos cierto que la
generación de intereses opera por ministerio de la Ley; por consiguiente, si la
providencia judicial contiene la obligación de pagar una suma determinada de
dinero la entidad deudora debe satisfacer el capital más el interés causado por la
mora en el pago, pues los artículos que disponen la manera en que se debe

21 “Por el cual se adoptan unas disposiciones reglamentarias de la Ley 100 de 1993, se reglamenta
parcialmente el artículo 91 de la Ley 488 de diciembre 24 de 1998, se dictan disposiciones para la
puesta en operación del Registro Único de Aportantes al Sistema de Seguridad Social Integral, se
establece el régimen de recaudación de aportes que financian dicho Sistema y se dictan otras
disposiciones.”
22 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia SL9854-2014 de 16 de julio de 2014,

Radicado 41756. MP Elsy del Pilar Cuello Calderón. Tesis reiterada en la Sentencia SL4104-2018 proferida
el 15 de agosto de 2018 dentro del radicado 66214, M.P., Donald José Dix Ponnefz.
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cumplir una sentencia judicial son mandatos legales23 cuya observancia es de
obligatorio acatamiento para las entidades públicas.

2.8. Análisis de la Sala frente al segundo problema jurídico

60. La entidad ejecutada controvirtió la aplicación del artículo 1653 del Código

Civil en la determinación del orden del pago de la condena a la ejecutada.

61. En primer lugar, el Tribunal advirtió que el cálculo de los intereses moratorios

se establecería de acuerdo con el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 y el
numeral 4° del artículo 195 de la misma codificación procesal, por ello, indicó
que durante los primeros 10 meses se determinarían con base a la tasa DTF y a
partir de allí con la tasa comercial hasta el mes de octubre de 2016, ya que,
según el cupón de pago expedido por el Fondo de Pensiones Públicas del nivel
nacional en dicho mes se canceló a la señora Cleotilde Cantillo de Castro la
suma de $141.619.372.

62. Después, indicó que para el citado pago se tendría en cuenta lo preceptuado

en el artículo 1653 del Código Civil que dispuso la imputación de pagos a
intereses y luego a capital, resumiéndolo de la siguiente manera:

TOTAL CAPITAL $152.374.867
TOTAL INTERESES $20.267.841
OBLIGACIÓN $172.642.708
ABONO $141.619.372
CAPITAL ADEUDADO $31.023.336

63. En la decisión recurrida se llevó a cabo el cálculo que a continuación se

señala, actualizándose la obligación así:

CÁLCULO INTERESES MORATORIOS ART 192 CPACA
INTERESES
SALUD TOTAL TASA TASA VALOR
DESDE HASTA DÍAS POSTERIORES TASA DIARIA
12% MESADAS DTF/IBC MORATORIA INTERESES
MESADAS
03-sep-15 30-sep-15 28 $1.888.936 $226.672 $125.928.921 4.41% 0.000118291 $411.588
01-oct-15 31-oct-15 31 $2.023.861 $242.863 $127.709.918 4.72% 0.000126376 $500,325
01-nov-15 30-nov15 30 $4.047.721 $242.863 $131.514.776 4.92% 0.000131594 $529.197
01-dic-15 31-dic-15 31 $2.023.861 $242.863 $133.295.773 5.24% 0.000140049 $578.702
01-ene-16 31-ene-16 31 $2.160.876 $259.305 $135.197.344 5.74% 0.000152804 $640.438
01-feb-16 29-feb-16 29 $2.160.876 $259.305 $137.098.915 6.25% 0.000166199 $660.785
01-mar-16 31-mar-16 31 $2.160.876 $259.305 $139.000.485 6.35% 0.000168795 $727.341
01-abr-16 30-abr-16 30 $2.160.876 $259.305 $140.902.056 6.65% 0.000176459 $745.901
01-may-16 31-may-16 31 $2.160.876 $259.305 $142.803.627 6.83% 0.000181046 $801.475
01-jun-16 30-jun-16 30 $2.160.876 $259.305 $144.831.969 6.91% 0.000183104 $794.685
01-jul-16 02-jul-16 2 $144.058 $17.287 $144.831.969 7.26% 0.000192075 $55.637
03-jul-16 31-jul-16 29 $2.088.847 $250.662 $146.670.154 32.01% 2.34% 0.000759052 $3.228.576
01-ago-16 31-ago-16 31 $2.160.876 $259.305 $148.571.725 32.01% 2.34% 0.000759052 $3.495.982
01-sep-16 30-sep-16 30 $2.160.876 $259.305 $150.473.296 32.01% 2.34% 0.000759052 $3.426.510
01-oct-16 31-oct-16 31 $2.160.876 $259.305 $152.374.867 32.99% 2.40% 0.000779173 $3.680.516
TOTAL CAPITAL $152.374.867
TOTAL INTERESES $20.267.841
ABONO ART. 1653 CC $141.619.372
Total capital $31.023.336
01-nov-16 30-nov-16 30 $ $ $31.023.336 21.99% 2.40% 0.000779173 $725.176
01-dic-16 31-dic-16 31 $ $ $31.023.336 21.99% 2.40% 0.000779173 $749.349
01-ene-17 31-ene-17 31 $ $ $31.023.336 22.44% 2.44% 0.000792111 $761.792
01-feb-17 28-feb-17 28 $ $ $31.023.336 22.34% 2.44% 0.000792111 $688.070
01-mar-17 31-mar-17 31 $ $ $31.023.336 22.34% 2.44% 0.000792111 $761.792
01-abr-17 30-abr-17 30 $ $ $31.023.336 22.34% 2.44% 0.000791803 $688.070
01-may-17 31-may-17 31 $ $ $31.023.336 22.33% 2.44% 0.000791803 $761.792
01-jun-17 30-jun-17 30 $ $ $31.023.336 22.33% 2.44% 0.000791803 $736.931
01-jul-17 31-jul-17 31 $ $ $31.023.336 21.96% 2.40% 0.000780999 $751.105

23 Artículos 176, 177 y 178 del C.C.A. y 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011

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Demandante: Cleotilde Cantillo de Castro

01-ago-17 31-ago-17 31 $ $ $31.023.336 21.96% 2.40% 0.000780997 $751.105
01-sep-17 30-sep-17 30 $ $ $31.023.336 21.48% 2.35% 0.000076547 $712.442
01-oct-17 31-oct-17 31 $ $ $31.023.336 21.15% 2.32% 0.000755205 $726.299
01-nov-17 30-nov-17 30 $ $ $31.023.336 20.96% 2.30% 0.000749263 $697.343
01-dic-17 31-dic-17 31 $ $ $31.023.336 20.77% 2.29% 0.000743316 $714.865
01-ene-18 31-ene-18 31 $ $ $31.023.336 20.69% 2.28% 0.000740807 $712.451
01-feb-18 28-feb-18 28 $ $ $31.023.336 21.019% 2.31% 0.000750832 $652.212
01-mar-18 31-mar-18 31 $ $ $31.023.336 20.68% 2.28% 0.000740493 $712.149
01-abr-18 30-abr-18 30 $ $ $31.023.336 20.48% 2.26% 0.000734208 $683.327
01-may-18 31-may-18 31 $ $ $31.023.336 20.44% 2.25% 0.000732949 $704.894
01-jun-18 30-jun-18 30 $ $ $31.023.336 20.28% 2.24% 0.000727908 $677.464
01-jul-18 31-jul-18 31 $ $ $31.023.336 20.03% 2.21% 0.000720013 $692.454
01-ago-18 31-ago-18 31 $ $ $31.023.336 19.94% 2.20% 0.000717165 $689.715
01-sep-18 30-sep-18 30 $ $ $31.023.336 19.81% 2.19% 0.000713047 $663.633
01-oct-18 31-oct-18 31 $ $ $31.023.336 19.63% 2.17% 0.000707335 $680.260
01-nov-18 30-nov-18 30 $ $ $31.023.336 19.49% 2.16% 0.000702883 $654.173
01-dic-18 31-dic-18 31 $ $ $31.023.336 19.40% 2.15% 0.000700018 $673.224
01-ene-19 31-ene-19 31 $ $ $31.023.336 19.16% 2.13% 0.000692362 $665.861
01-feb-19 28-feb-19 28 $ $ $31.023.336 19.70% 2.18% 0.000709558 $616.360
01-mar-19 31-mar-19 31 $ $ $31.023.336 19.37% 2.15% 0.000699062 $672.304
01-abr-19 30-abr-19 30 $ $ $31.023.336 19.32% 2.14% 0.000697468 $649.134
01-may-19 31-may-19 31 $ $ $31.023.336 19.34% 2.15% 0.000698106 $671.385
01-jun-19 30-jun-19 30 $ $ $31.023.336 19.30% 2.14% 0.00069683 $648.540
01-jul-19 31-jul-19 31 $ $ $31.023.336 19.28% 2.14% 0.000696193 $669.545
01-ago-19 31-ago-19 31 $ $ $31.023.336 19.32% 2.14% 0.000697468 $670.772
01-sep-19 30-sep-19 30 $ $ $31.023.336 19.32% 2.14% 0.000697468 $649.134
01-oct-19 31-oct-19 31 $ $ $31.023.336 19.10% 2.12% 0.000690445 $664.017
01-nov-19 30-nov-19 30 $ $ $31.023.336 19.03% 2.11% 0.000688206 $640.514
01-dic-19 31-dic-19 31 $ $ $31.023.336 18.91% 2.10% 0.000684364 $658.169
01-ene-20 31-ene-20 31 $ $ $31.023.336 18.77% 2.09% 0.000678017 $652.065
01-feb-20 29-feb-20 29 $ $ $31.023.336 19.06% 2.12% 0.000687282 $618.332
01-mar-20 31-mar-20 31 $ $ $31.023.336 18.95% 2.11% 0.000685646 $659.401
01-abr-20 30-abr-20 30 $ $ $31.023.336 18.69% 2.08% 0.000677307 $630.370
01-may-20 31-may-20 31 $ $ $31.023.336 18.19% 2.03% 0.000661201 $635.892
01-jun-20 30-jun-20 30 $ $ $31.023.336 18.17% 2.02% 0.000658938 $613.274
01-jul-20 31-jul-20 31 $ $ $31.023.336 18.12% 2.02% 0.000658938 $633.716
01-ago-20 31-ago-20 31 $ $ $31.023.336 18.29% 2.04% 0.000664443 $638.997
01-sep-20 30-sep-20 30 $ $ $31.023.336 18.35% 2.05% 0.000666365 $620.186
01-oct-20 31-oct-20 31 $ $ $31.023.336 18.09% 2.02% 0.000657568 $632.783
TOTAL INTERESES $32.681.404

64. El a quo liquidó los intereses moratorios, para lo cual tomó como capital indexado
adeudado a la fecha de ejecutoria de la sentencia menos el porcentaje
correspondiente a salud (12%) el valor de $152.374.867 que es la base sobre la
que liquidó los intereses moratorios durante el período comprendido entre el 3
de septiembre de 2015 y el 31 de octubre de 2016, para un valor de $20.267.841,
de ahí que, la suma de la obligación correspondió a $172.642.708. La ejecutada
efectuó un pago de $141.619.372, que en primera instancia se aplicó primero a
intereses y luego a capital, quedando un saldo de $31.023.336.

65. En síntesis, se estableció que la obligación a cargo de la UGPP y por la que

se continuaría adelante con la ejecución ascendió a la cuantía de 63.704.740,
así:

TOTAL CAPITAL $31.023.336
TOTAL INTERESES $32.681.404
OBLIGACIÓN $63.704.740

66. Sin embargo, el apelante argumenta que en la sentencia base de ejecución

no se determinó el orden en que se llevaría a cabo la imputación de pagos, no
siendo aplicable lo establecido en el artículo 1653 del Código Civil; empero, como
se mencionó previamente; para la Sala, esta norma, en consonancia con lo
estipulado en el artículo 53 del Decreto 1406 de 1999, permite que, en caso de
mesadas atrasadas, el pago se impute primero a intereses. Razón por la cual,
no hubo yerro alguno en la forma como el a quo imputó el pago efectuado por la
entidad ejecutada al ejecutante.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 15
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Radicado: 47001-23-33-000-2019-00757-01 (3890-2021)
Demandante: Cleotilde Cantillo de Castro

67. En consecuencia, el Tribunal procedió correctamente a aplicar el abono de

manera sucesiva a intereses y luego a capital, conforme al orden legal supletorio,
por lo tanto, no prospera este reparo.

68. De otro lado, se observa que la ejecutada aseveró que el monto correcto de

los intereses moratorios era de $11.889.920,73 según el auto ADP 005107 de
24 de septiembre de 2020, sin embargo, no refutó la liquidación efectuada por el
juez de primer grado ni dio argumentos con relación a ello; tampoco especificó
información concreta que replicara lo determinado en primera instancia, es decir,
no controvirtió ni allegó algún elemento probatorio que permita llegar a una
conclusión distinta a la del Tribunal, razón por la cual no hay lugar a variar lo
resuelto.

69. Así
las cosas, se confirmará la sentencia recurrida, pero por las razones
expuestas en la providencia.

2.9. De la condena en costas en segunda instancia

70. En anteriores oportunidades esta Sala de Subsección realizaba una valoración

objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar en costas, no obstante,
actualmente, con la entrada en vigor de la Ley 2080 de 2021, es procedente
verificar la carencia de fundamento legal.

71. En ese orden, pese a que se confirmará la sentencia apelada, no se condenará

en costas en esta instancia, toda vez que las premisas plasmadas en el recurso
de alzada se esgrimieron en defensa de los intereses de la parte recurrente, sin
que se avizore una carencia de fundamento legal.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 9 de diciembre de 2020 proferida por
el Tribunal Administrativo del Magdalena por medio de la cual se declaró no
probada la excepción de pago, pero por las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: Sin condena en costas en segunda instancia.

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Radicado: 47001-23-33-000-2019-00757-01 (3890-2021)
Demandante: Cleotilde Cantillo de Castro

TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA

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