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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-00155-01

Fecha
13 de abril de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-00155-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia proferida el 12 de febrero de 2026 por el Consejo de Estado, Sección Primera. En su lugar, amparar los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia de Nidia María Flórez Arias. Segundo. Dejar sin efectos la sentencia proferida el 20 de octubre de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 76001-33-33-008-2023- 00184-01. Tercero. Ordenar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, en el término de 20 días siguientes, contados a partir de la notificación de la presente providencia, emita un pronunciamiento de reemplazo. Cuarto. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-00155-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

13 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., trece (13) de abril del dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00155-01
Demandante: Nidia María Flórez Arias
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho / Reconocimiento pensión de jubilación por aportes
docente / Decreto 1278 de 2002 / Compatibilidad entre pensión y
salario / Defecto sustantivo y desconocimiento del precedente
judicial
Decisión: Revocar la decisión del a quo y acceder al amparo

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

La Sala decide la impugnación interpuesta Nidia María Flórez Arias en contra de la
sentencia proferida el 12 de febrero de 2026 por el Consejo de Estado, Sección
Primera, mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la referencia.

1. Antecedentes
1.1. La solicitud1

1. Nidia María Flórez Arias promovió solicitud de tutela con el fin de que se ampararan
sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia, a la igualdad, a la seguridad social y al mínimo vital en conexión con el
principio de confianza legítima, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la
sentencia proferida el 20 de octubre de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el
radicado 76001-33-33-008-2023-00184-01.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

2.1. Enejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
presentó demanda en contra de la Nación, el Ministerio de Educación Nacional y el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio2, con la finalidad de
cuestionar la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales se le negó el
reconocimiento, reliquidación y pago de la pensión por aportes.

1 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «4ED_Demanda(.pdf) NroActua 2.pdf».
2 En adelante FOMAG.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00155-01
Demandante: Nidia María Flórez Arias

2.2. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Cali en sentencia del 16
de enero de 2025 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda en el
sentido de reconocer el pago de la pensión por aportes y tomar como ingreso base
de liquidación3 la totalidad de los factores devengados en el último año de servicio,
de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 2019, por cuanto se vinculó antes de la
fecha de entrada en vigor de la Ley 812 de 2003. Sin embargo, precisó que, el
reconocimiento tendría efectos fiscales a partir del 1° de febrero de 2022, de
conformidad con el retiro definitivo del servicio. En contra de esta decisión ambas
partes interpusieron recurso de apelación.

2.3. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia del 20 de octubre de
2025 modificó la decisión del a quo en el sentido de precisar que los factores para
calcular el IBL serían la asignación básica, la bonificación mensual docente y la
bonificación pedagógica. Asimismo, reiteró que el reconocimiento tendría efectos
fiscales a partir del 1° de febrero de 2022, de conformidad con el retiro definitivo del
servicio, comoquiera que la pensión resultaba incompatible con el salario del docente.

2.4. La autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al incurrir
en desconocimiento del precedente del Consejo de Estado4 según el cual el régimen
aplicable a los docentes oficiales se determina a partir de la primera vinculación al
servicio, específicamente si esta ocurrió antes o después de la entrada en vigor de la
Ley 812 de 2003, sin que la modalidad de vinculación o la discontinuidad en el
servicio alteren dicha condición.

2.5. Así como el desarrollado en relación con la compatibilidad entre salario y pensión,
toda vez que, los tiempos laborados con anterioridad a la vigencia de la Ley 812 de
2003 eran suficientes para acreditar el derecho, los cuales fueron debidamente
aportados en la demanda y reconocidos en las consideraciones de la sentencia de
segunda instancia.

2.6. En defecto sustantivo por cuanto negó la compatibilidad entre pensión y salario
bajo la exigencia de demostrar haber estado vinculada antes del Decreto 1278 de
2002, con lo cual ignoró por completo que su artículo 45 fue declarado inexequible
por la Corte Constitucional (sentencia C-1157 de 2003).

1.1.1 Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] PRIMERO: Que se tutelen mis derechos fundamentales al ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, SEGURIDAD
SOCIAL EN PENSIÓN, MINIMO VITAL EN CONEXIÓN CON EL PRINCIPIO DE
CONFIANZA LEGITIMA vulnerados por el TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA.

3 En adelante IBL.
4 Al respecto citó la SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019.

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Demandante: Nidia María Flórez Arias

SEGUNDO: Que se ordene al TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
VALLE DEL CAUCA, revocar parcialmente la Sentencia No. 254 del 20 de octubre de
2025.

TERCERO: Que, en consecuencia, con lo anterior, se ordene al TRIBUNAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, proferir una nueva
Sentencia donde se ordene el reconocimiento y pago de la Pensión de Jubilación con la
compatibilidad del salario. […]» [sic].

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca5 precisó que no existió
vulneración de derechos fundamentales por cuanto se analizó la totalidad de pruebas
que obraban en el expediente y se concluyó que no existía compatibilidad entre
pensión y salario, pues la vinculación fue posterior a la entrada en vigencia del
Decreto 1278 de 2002. Máxime, cuando la verdadera intención de la demandante era
utilizar la solicitud de amparo para reabrir un debate procesal ya resuelto.

5. El Ministerio de Educación Nacional6 solicitó que se declarara improcedente el
amparo pretendido por no acreditar el requisito general de la relevancia constitucional
ante la inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales invocados por la
demandante.

6. Los demás terceros con interés en el resultado del proceso guardaron silencio.

1.3 Sentencia de primera instancia7

7. El Consejo de Estado, Sección Primera, en sentencia del 12 de febrero de 2026
declaró improcedente la petición de amparo al considerar que no se acreditó el
requisito general de relevancia constitucional, toda vez que la decisión enjuiciada no
resultaba arbitraria ni desbordaba el principio de autonomía judicial. Máxime cuando
la verdadera intención de la demandante era convertir el amparo en una instancia
adicional del medio de control.

1.4. Escrito de impugnación8

8. Nidia María Flórez Arias impugnó la sentencia de primera instancia, para lo cual,
además de reiterar los argumentos expuestos en el escrito inicial, precisó que sí
acreditó el requisito general de la relevancia constitucional.

2. Consideraciones

5 Ver índice 11 de Samai. Archivo denominado
«10RECIBEMEMORIAL_Memorial_INFORMEDETUTELA20260(.pdf) NroActua 11.pdf».
6 Ver índice 12 de Samai. Archivo denominado
«12RECIBEMEMORIAL_2026EE031571Comunica(.pdf) NroActua 12.pdf».
7 Ver índice 16 de Samai. Archivo denominado «*18Sentencia_20260015500NIDIAMARI(.pdf)

NroActua 16.pdf ».
8 Ver índice 20 de Samai. Archivo denominado «20_MemorialWeb_Recurso-
IMPUGNACIONTUTELAN(.pdf) NroActua 20.pdf».

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00155-01
Demandante: Nidia María Flórez Arias

9. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

10. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 20009 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 201910, esta Sala es
competente para conocer de la impugnación contra la sentencia de tutela proferida
por el Consejo de Estado, Sección Primera.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

11. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado11 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema12. Al respecto señaló lo
siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto
los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».

12. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

13. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo13, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como

9 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
10 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-

01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
12 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
13 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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Demandante: Nidia María Flórez Arias

mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.

14. Ahora bien, la Corte Constitucional14 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea relevante
constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya
presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y
iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

15. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos 15, el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de
la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de
los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea
de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales16.

16. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

17. De acuerdo con el escrito de impugnación, la Sala deberá definir: ¿si el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca vulneró los derechos fundamentales Nidia María
Flórez Arias con ocasión de la sentencia proferida el 20 de octubre de 2025, mediante
la cual negó la compatibilidad entre la pensión y el salario, tras considerar que el
ingreso al servicio oficial ocurrió en vigencia del Decreto 1278 de 2002, con la que
incurrió, presuntamente en defecto sustantivo y desconocimiento del precedente
judicial?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva

18. En relación con el requisito de relevancia constitucional, contrario a lo señalado

14 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y

C-590 de 2005.
15 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
16 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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por el a quo, se entiende superado, toda vez que los defectos alegados puede llevar
consigo una violación de derechos fundamentales, los cuales constituyen bienes
jurídicos constitucionalmente amparados.

19. Aclarado lo anterior, la Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad
de la solicitud de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que
invalide lo actuado, efectuará el estudio del fondo del asunto planteado.

2.4.2. Defecto sustantivo

20. En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte Constitucional
ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta una decisión que desborda
del marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable
al caso concreto. En su jurisprudencia, la corporación ha resaltado que este defecto
encuentra su origen en el hecho de que, si bien los jueces gozan de autonomía e
independencia judicial para interpretar y aplicar normas jurídicas, esta no es una
facultad absoluta, para lo cual precisó que los límites se encuentran en el orden
jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y garantías que identifican
al actual Estado Social de Derecho.

21. El alto tribunal de lo constitucional ha identificado una serie de situaciones en las
que se detecta el defecto sustantivo, a saber: (i) la sentencia se fundamenta en una
norma que no es aplicable; (ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de razonabilidad,
es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses legítimos de las
partes o es manifiestamente errada; (iii) no se toman en cuenta sentencias que hayan
definido el alcance de la norma aplicada; (iv) la disposición aplicada se torna
regresiva o contraria a la Constitución; (v) no se efectúa una interpretación sistémica
de la norma y (vi) se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso.

22. A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación en
que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal entidad
debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa.
Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión
proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos
fundamentales de los sujetos procesales.

2.4.3. Desconocimiento del precedente judicial

23. En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se recuerda
que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política permite afirmar
que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes relevantes como un
imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para promover la seguridad
jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la predictibilidad de las
decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas.
Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo adecuado de estos, como
medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones judiciales, presupuesto

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esencial del Estado Social de Derecho.

24. La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión previa
adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes jurisdicciones
que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o semejantes
desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el juez, debe
ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad. El
adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de seguir el curso
de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias previas, salvo si
existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan modificarlo.

25. Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de la
modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de cosas
actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de
decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos,
no existe un precedente claro que lo vincule.

26. En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia, identificando
los precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las razones que en su
concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué esa
modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello reporta
mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad que se
derivara de la desobediencia al precedente.

2.4.4. Sobre el caso concreto

27. Nidia María Flórez Arias acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan
sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la sentencia
proferida el 20 de octubre de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
por medio de la cual negó la compatibilidad entre pensión y salario al considerar que
la vinculación oficial fue posterior a la entrada en vigencia del Decreto 1278 de 2002.

28. Lo anterior, según insistió en el escrito de impugnación, al considerar que se
incurrió en desconocimiento del precedente del Consejo de Estado17, según el cual
el régimen aplicable a los docentes oficiales se define a partir de la primera
vinculación al servicio, en particular si esta tuvo lugar antes o después de la entrada
en vigencia de la Ley 812 de 2003, sin que la modalidad de vinculación o la
interrupción del servicio modifiquen esa condición.

29. De la misma manera, en lo relativo a la compatibilidad entre salario y pensión, ya
que los tiempos de servicio prestados antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de

17 Al respecto citó la SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019.

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2003 resultaban suficientes para acreditar el derecho, ya que fueron debidamente
allegados con la demanda y reconocidos en la motivación de la sentencia de segunda
instancia.

30. En defecto sustantivo puesto que se negó la compatibilidad entre la pensión y el
salario al exigir la demostración de una vinculación previa al Decreto 1278 de 2002,
y se omitió considerar que su artículo 45 fue declarado inexequible por la Corte
Constitucional mediante la sentencia C-1157 de 2003.

31. En este punto, la Sala aclara que el análisis de los mencionados defectos se hará
en conjunto, por cuanto ambos están dirigidos a cuestionar la decisión de la autoridad
judicial demandada de fundamentar su negativa con base a la incompatibilidad entre
la pensión de jubilación y el salario.

32. De acuerdo con la controversia a decidir para la Sala es importante referir el
análisis normativo y jurisprudencial realizado por la autoridad judicial demandada,
respecto a la compatibilidad de la pensión de jubilación y el salario de docente:

«[…] IV.III En cuanto a la compatibilidad de la pensión de jubilación y el sueldo en el caso
de los docentes, cabe destacar:

53. La Constitución de 1991, artículo 128, incorporó la prohibición de percibir más de una
asignación proveniente del tesoro público y prohibió el desempeño dos cargos públicos
simultáneamente. El artículo 19 de la Ley 4 de 1992 desarrolló esta prohibición, pero
exceptuó a:

“Exceptúense las siguientes asignaciones: (…)
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los servidores
oficiales docentes pensionados”.

54. El Consejo de Estado precisó que dicha excepción “es aplicable tanto a los docentes
pensionados como a los que posteriormente adquieran la calidad de pensionados”:

“Lo expuesto permite concluir que la excepción consagrada en el artículo 19 de la Ley
4 de 1992 8 no sólo cobija a los docentes pensionados con anterioridad a su entrada
en vigencia sino también a los que accedan a la pensión ordinaria y/o gracia con
posterioridad, dado que es precisamente su condición de pensionados la que les permite
acceder a los beneficios consagrados en normas anteriores como el contemplado por el
artículo 5 del Decreto 224 según el cual ‘el ejercicio de la docencia no sería incompatible
con el goce de la pensión de jubilación’. (Se destaca en negrilla).

55. El artículo 5 del Decreto 224 de 1972 señaló:

“El ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la pensión de
jubilación siempre y cuando el beneficiario de esté mental y físicamente apto para la tarea
docente, pero no se decretará retiro forzoso del servicio al cumplir sesenta y cinco (65)
años de edad”.

56. El beneficio de percibir pensión de jubilación y salario estuvo vigente hasta la expedición

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del Decreto 1278 de 2002:

“A este punto se arriba en la medida en que precisamente, la condición especial de los
educadores estatales, implicaba que éstos podían percibir dos asignaciones del tesoro
público como eran específicamente el salario y la pensión ordinaria de jubilación, tal como
lo contemplaba el artículo 19, literal g) de la Ley 4.ª de 1992. Lo expuesto al menos para
los docentes vinculados antes del 19 de junio de 2002 cuando entró en vigencia el
Decreto 1278 de 2002, debido a que con posterioridad a esa fecha se consolidó para
aquellos servidores la prohibición del artículo 128 Superior”. […]» [sic].

33. Con fundamento en la anterior normativa, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca concluyó lo siguiente:

«[…] 67. La demandante nació el 20 de octubre de 1955 y cumplió 55 años el 20 de
octubre de 2010, fecha en la que cumplió el requisito de la edad, fecha en la cual contaba
con 19 años y 29 días de cotizaciones por servicio público y privado.

68. La actora cumplió los 20 años de servicio acumulados en los diferentes tipos de
vinculación el 21 de septiembre de 2011, fecha de estatus pensional.

69. Así las cosas, al cumplimiento del requisito de semanas, 21 de septiembre de 2011,
la actora contaba con 55 años de edad, por tanto, es la fecha en la que consolido el
derecho a la pensión de jubilación por aportes establecida en la Ley 71 de 1988.

70. La labor bajo órdenes de prestación de servicios de ninguna manera altera el hecho
de que su vinculación al servicio de docente ocurrió el 07 de enero de 2003.

71. El Consejo de Estado en sentencia de unificación de la sección segunda de fecha 25
de agosto de 2016 indicó que frente a los aportes para pensión no opera el fenómeno de
prescripción y, por ende, se pueden solicitar en cualquier tiempo.

[…]

[…] 74. Ahora, la demandante no tiene derecho a la compatibilidad entre pensión y salario,
porque su vinculación a la docencia oficial (07 de enero de 2003) se dio en vigencia del
Decreto 1278 de 2002 (19 de junio de 2002), por lo que para el disfrute de la prestación si
era obligatorio exigir el retiro del servicio.

75. Teniendo en cuenta que el Fomag reconoció la pensión de vejez al demandante de
conformidad con la Ley 100 de 1993 mediante resolución del 03 de septiembre de 2021,
se ordenará a la entidad descontar de la liquidación de la presente condena, los valores
pagados en atención a dicho reconocimiento pensional. […]» [sic].

34. En este punto, en razón a la controversia a decidir y los defectos alegados, llama
la atención de la Sala la argumentación ofrecida por la autoridad judicial demandada
a efectos de determinar que no era posible la compatibilidad entre la pensión y el
salario docente, pues concluyó que el beneficio de percibir la pensión de jubilación y
salario estuvo vigente hasta la expedición del Decreto 1278 de 2002, pues, al revisar
dicha disposición, si bien en su artículo 45 refirió como incompatibilidad el ejercicio
de cargos en el sector educativo estatal con el goce de la pensión de jubilación, vejez,

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Demandante: Nidia María Flórez Arias

gracia o similares, lo cierto es que el mismo fue declarado inexequible por la Corte
Constitucional en la sentencia C-1157 de 200318.

35. Lo anterior, por cuanto, si bien en la sentencia no se hizo una mención expresa al
referido artículo, lo cierto es que este constituye aquel que «avalaría» su tesis de
incompatibilidad, comoquiera que su argumento para desestimar la compatibilidad se
enfatizó únicamente en que la vinculación a la docencia oficial de la demandante se
dio en vigencia del Decreto 1278 de 2002, por lo que para el disfrute de la prestación
si era obligatorio exigir el retiro del servicio.

36. En concordancia con lo anterior, cabe recordar que esta Sala19 en sentencia de 11
de agosto de 2023 frente a la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el salario
para el caso de los docentes de cara a lo contenido en el Decreto 1278 de 2002,
explicó:

«[…] Con posterioridad, el Gobierno nacional expidió el Decreto 1278 de 2002 en cuyos
artículos 45 y 63, literal b) dispuso i) que el ejercicio de cargos en el sector educativo
estatal sería incompatible con «el goce de la pensión de jubilación, vejez, gracia o
similares» y ii) que la cesación definitiva de las funciones docentes o directivos docentes
de los educadores estatales se produciría, entre otros, por obtención de la jubilación o
pensión de vejez, gracia o invalidez.

Sin embargo, el artículo 45 del decreto aludido fue declarado inexequible por la Corte
Constitucional mediante sentencia C-1157 de 2003, y si bien el artículo 63 literal b) fue
declarado exequible mediante la sentencia C-734 de 2003, allí se precisó que «la norma
acusada no estaba modificando el régimen propio de las pensiones de vejez, gracia o
invalidez, ni mucho menos establece objetivos y criterios a los cuales deba sujetarse el
gobierno para fijar el régimen prestacional de los docentes - los cuales como ya se
explicó se encuentran establecidos en la Ley 4 de 1992 y a ellos debe remitirse el
Gobierno» [Resalta la Sala].

En igual sentido, los decretos anuales por los cuales se modifica la remuneración de los
servidores públicos y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de
preescolar, básica y media y se dictan otras disposiciones de carácter salarial para el
sector educativo estatal, prevén que «Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de
un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o
de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse
las asignaciones de que trata el artículo decimonoveno de la ley 4ª de 1992»

En consecuencia, la prerrogativa contenida en el literal g) del artículo 19 de la Ley 4ª de
1992 relativa a la compatibilidad entre el salario y la pensión para el caso de los docentes,
se mantiene vigente, interpretación que guarda armonía con la regulación expedida con
posterioridad y las interpretaciones jurisprudenciales expuestas. […]» [sic].

37. En la misma línea, en sentencia del 13 de febrero de 202520 precisó:

18 3 de diciembre de 2003, Referencia: expediente D-4677. Demanda de inconstitucionalidad contra

los artículos 37, 41, 42, 43, 44, 45, 62 y 64 del Decreto Ley 1278 de 2002 “por el cual se expide el
Estatuto de Profesionalización Docente", demandante: David Guillermo Zafra Calderón, M.P.
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT.
19 Nulidad y restablecimiento del derecho, radicado: 25000-23-42-000-2019-01569-01 (4290-2022).

C.P: Juan Enrique Bedoya Escobar.
20
Nulidad y restablecimiento del derecho, radicado: 05001-23-33-000-2019-03176-01 (0048-2023).
C.P: Juan Enrique Bedoya Escobar.

10

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00155-01
Demandante: Nidia María Flórez Arias

«[…] 2.2.5. Compatibilidad entre la pensión de jubilación y el salario para el caso de los
docentes […]

70. Esta Sala no desconoce que el gobierno nacional expidió el Decreto 1278 de 2002 en
cuyos artículos 45 y 63, literal b) dispuso i) que el ejercicio de cargos en el sector educativo
estatal sería incompatible con «el goce de la pensión de jubilación, vejez, gracia o
similares» y ii) que la cesación definitiva de las funciones docentes o directivos docentes
de los educadores estatales se produciría, entre otros, por obtención de la jubilación o
pensión de vejez, gracia o invalidez.

71. Sin embargo, el artículo 45 del decreto aludido fue declarado inexequible por la Corte
Constitucional mediante sentencia C-1157 de 2003, y si bien el artículo 63 literal b) fue
declarado exequible mediante la sentencia C-734 de 2003, allí se precisó que «la norma
acusada no estaba modificando el régimen propio de las pensiones de vejez, gracia o
invalidez, ni mucho menos establece objetivos y criterios a los cuales deba sujetarse el
gobierno para fijar el régimen prestacional de los docentes - los cuales como ya se
explicó se encuentran establecidos en la Ley 4 de 1992 y a ellos debe remitirse el
Gobierno» [se resalta].

72. En igual sentido, los decretos anuales por los cuales se modifica la remuneración de
los servidores públicos y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de
preescolar, básica y media y se dictan otras disposiciones de carácter salarial para el
sector educativo estatal, prevén que «[n]adie podrá desempeñar simultáneamente más de
un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o
de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse
las asignaciones de que trata el artículo decimonoveno de la ley 4ª de 1992».

73. En consecuencia, la prerrogativa contenida en el literal g) del artículo 19 de la Ley 4ª
de 1992 relativa a la compatibilidad entre el salario y la pensión para el caso de los
docentes, se mantiene vigente, interpretación que guarda armonía con la regulación
expedida con posterioridad a ella y las interpretaciones jurisprudenciales expuestas. […]»
[sic].

38. Posición que fue reiterada en sentencia de la misma fecha [13 de febrero de
2025]21:

«[…] 76. Esta Sala no desconoce que el gobierno nacional expidió el Decreto 1278 de
2002 en cuyos artículos 45 y 63, literal b) dispuso i) que el ejercicio de cargos en el sector
educativo estatal sería incompatible con «el goce de la pensión de jubilación, vejez, gracia
o similares» y ii) que la cesación definitiva de las funciones docentes o directivos docentes
de los educadores estatales se produciría, entre otros, por obtención de la jubilación o
pensión de vejez, gracia o invalidez.

77. Sin embargo, el artículo 45 del decreto aludido fue declarado inexequible por la Corte
Constitucional mediante sentencia C-1157 de 2003, y si bien el artículo 63 literal b) fue
declarado exequible mediante la sentencia C-734 de 2003, allí se precisó que «la norma
acusada no estaba modificando el régimen propio de las pensiones de vejez, gracia o
invalidez, ni mucho menos establece objetivos y criterios a los cuales deba sujetarse el
gobierno para fijar el régimen prestacional de los docentes - los cuales como ya se
explicó se encuentran establecidos en la Ley 4 de 1992 y a ellos debe remitirse el
Gobierno» [se resalta].
[…]
79. En consecuencia, la prerrogativa contenida en el literal g) del artículo 19 de la Ley 4ª
de 1992 relativa a la compatibilidad entre el salario y la pensión para el caso de los

21
Nulidad y restablecimiento del derecho, radicado: 25000-23-42-000-2021-00978-01 (6624-2022).
C.P: Juan Enrique Bedoya Escobar.

11

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00155-01
Demandante: Nidia María Flórez Arias

docentes, se mantiene vigente, interpretación que guarda armonía con la regulación
expedida con posterioridad a ella y las interpretaciones jurisprudenciales expuestas. […]»
[sic].

39. Asimismo, la Subsección A en sentencia del 21 de junio de 202522 enfatizó:

«[…] i) El artículo 128 de la Constitución Política establece que nadie puede devengar
más de una asignación que provenga del tesoro público; sin embargo, el artículo 19 de la
Ley 4.ª de 1992 previó algunas excepciones a esa regla, entre las cuales están las
asignaciones «que a la fecha de entrar en vigencia [dicha] ley beneficien a los servidores
oficiales docentes pensionados».
[…]

En ese contexto, el artículo 5 del Decreto 224 de 1972 dispone que el ejercicio de la
docencia es compatible con el goce de la pensión de jubilación. Por lo tanto, los maestros
vinculados al servicio educativo oficial antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003, cuyo régimen pensional no es el consagrado en las Leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, pueden recibir al mismo tiempo la pensión de jubilación y el salario que surge del
ejercicio de la labor docente.

Además, aunque el literal k) del artículo 42 del Decreto 1278 de 2002 prohibía a los
maestros oficiales devengar simultáneamente más de una asignación proveniente
del tesoro público, esta norma fue declarada inexequible por la Corte Constitucional
en Sentencia C-734 de 2003.

De igual manera, el artículo 45 del Decreto 1278 de 2002, que preveía la
incompatibilidad entre el ejercicio de cargos en el sector educativo oficial y el goce
de las pensiones de jubilación, vejez, gracia o similares, fue declarado inexequible
mediante Sentencia C-1157 de 2003, proferida por la Corte Constitucional. […]» [sic].
[subrayado por la Sala]

40. En el mismo sentido, en sentencia del 25 de septiembre de 202523 indicó:

«[…] 47. Es decir, para los docentes la pensión de jubilación es compatible con el ejercicio
de la docencia de tal manera que pueden recibir la prestación social y el salario, en
consecuencia, la pensión no debe estar sujeta al retiro del servicio.

48. Lo anterior no obsta para señalar que, en su momento, con la entrada en vigencia del
Decreto 1278 de 2002, el Gobierno Nacional consideró necesario contemplar un régimen
de incompatibilidades para los educadores oficiales, el cual se desarrolló a través del
artículo 45 de la siguiente forma:

«Artículo 45. Incompatibilidades. Además de las establecidas en la Constitución y en
las leyes para todos los servidores públicos, el ejercicio de cargos en el sector
educativo estatal es incompatible con:

a) El desempeño de cualquier otro cargo o servicio público retribuido;

b) El goce de la pensión de jubilación, vejez, gracia o similares».

49. No obstante, la Corte Constitucional a través de sentencia C-1157 de 2003 declaró
inexequible dicha norma al indicar que el legislador en el marco de sus potestades había
contemplado una clara excepción a la prohibición del artículo 128 Superior en cabeza de

22
Nulidad y restablecimiento del derecho, radicado: 15001-23-33-000-2021-00136-01 (5701-2022).
C.P: Juan Camilo Morales Trujillo.
23
Nulidad y restablecimiento del derecho, radicado: 05001233300020190101201 (0483-2023). C.P:
Luis Eduardo Mesa Nieves.

12

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00155-01
Demandante: Nidia María Flórez Arias

los docentes estatales, la cual no podía ser modificada por el Ejecutivo, en razón a que
claramente, desde la concepción de la Ley 4ª de 1992, se pretendió eliminar la
incompatibilidad para tales servidores de percibir el salario y la pensión de jubilación de
manera concomitante, ello para nivelar sus condiciones remunerativas y la especialidad
diferenciadora de su labor dentro de la Función Pública.
[…]

59. Es de precisar también que la incompatibilidad entre pensión y salario no la da la
vinculación anterior o posterior al Decreto 1278 de 2002, en la medida en que este derecho
sí es compatible con el salario de docente de conformidad con los artículos 19, literal g)
de la Ley 4.ª de 1992 y 5 del Decreto 224 de 1972, aplicables a su caso particular por
vincularse a la docencia oficial antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
[…]» [sic].

41. Como se evidencia, la jurisprudencia del Consejo de Estado, Sección Segunda,
ha reconocido que el legislador preservó la compatibilidad entre la pensión de
jubilación y el salario devengado por los docentes oficiales, con lo que permitió que
quienes acrediten los requisitos para obtener la pensión puedan continuar en
servicio sin que ello afecte la efectividad del derecho pensional. Máxime, cuando la
vinculación de la demandante en calidad de docente se dio antes del 27 de junio del
2003, fecha de entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.

42. Lo anterior, por cuanto la Corte Constitucional dejó claro que las disposiciones del
Decreto 1278 de 2002 no podían interpretarse como una alteración del régimen
prestacional docente, sino que debían armonizarse con los criterios fijados por el
legislador en la Ley 4ª de 1992, particularmente en lo relativo a las excepciones al
principio de incompatibilidad entre asignaciones provenientes del tesoro público.

43. A juicio de la Sala, la autoridad judicial demandada incurrió en defecto sustantivo
y desconocimiento del precedente al inaplicar la línea jurisprudencial del Consejo de
Estado que reconoce la compatibilidad entre salario y pensión para los docentes
oficiales, máxime cuando lo hizo con fundamento en una norma inexequible pues, de
manera automática desestimó la posibilidad de percibir simultáneamente la mesada
pensional y el salario. Con ello ignoró que, el derecho a la pensión no depende del
retiro del servicio sino de la actividad docente y que los decretos salariales reafirman
la vigencia de la compatibilidad, razones por las cuales se concederá el amparo
solicitado.

3. Conclusión

44. En este orden de ideas, las inconformidades en las que la demandante centró sus
esfuerzos tienen vocación de prosperidad, de forma que la Sala revocará la decisión
del a quo para, en su lugar, amparar los derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia de Nidia María
Flórez Arias.

45. En consecuencia, i) se dejará sin efectos la sentencia proferida el 20 de octubre de
2025 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 76001-33-33-008-

13

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00155-01
Demandante: Nidia María Flórez Arias

2023-00184-01, y ii) se le ordenará a dicha autoridad judicial que, en el término de
20 días siguientes, contados a partir de la notificación de la presente providencia,
emita un pronunciamiento de reemplazo, de conformidad con los argumentos
expuestos en precedencia.

46. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia proferida el 12 de febrero de 2026 por el Consejo de
Estado, Sección Primera. En su lugar, amparar los derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia de Nidia
María Flórez Arias.

Segundo. Dejar sin efectos la sentencia proferida el 20 de octubre de 2025 por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 76001-33-33-008-2023-
00184-01.

Tercero. Ordenar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, en el término
de 20 días siguientes, contados a partir de la notificación de la presente providencia,
emita un pronunciamiento de reemplazo.

Cuarto. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

SS/LVLQ

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

14

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