Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01569-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-42-000-2019-01569-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01569-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2019-01569-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
11 de agosto de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D.C., once (11) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01569-01 (4290-2022)
Demandante: José Roberto Chacón Peñarette
Demandado: Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio1
Temas: Compatibilidad entre la pensión de jubilación y el salario para
el caso de los docentes
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia proferida el 1° de junio de 2022 por la Subsección F de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
José Roberto Chacón Peñarette, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 2, presentó
demanda en orden a que se declare la nulidad de la Resolución 3464 del 24 de abril
de 2019, proferida por el director de Talento Humano de la Secretaría de Educación
del distrito de Bogotá, por la cual le reconoció una pensión de vejez.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó
i) reliquidar la pensión de conformidad con lo dispuesto en las leyes 91 de 1989, 33
y 62 de 1985, esto es, con el 75% del promedio de lo devengado en el último año
anterior a la adquisición del estatus pensional; ii) pagar de manera indexada las
diferencias a partir de la fecha en que adquirió el estatus; iii) reconocer la
compatibilidad entre pensión y sueldo a que tienen derecho los docentes; iv) dar
1 En lo sucesivo FOMAG.
2 En adelante CPACA.
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01569-01 (4290-2022)
Demandante: José Roberto Chacón Peñarette
cumplimiento a la sentencia de acuerdo con lo dispuesto en los artículo 189 y 192
del CPACA; v) condenar al pago de intereses de mora y en costas.
1.1.2. Fundamentos fácticos
Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:
• José Roberto Chacón Peñarette laboró como docente entre el 21 de julio de 1971
y el 31 de julio de 1976, en el Ministerio de Educación Nacional; desde el 11 de
febrero de 1977 hasta el 1º de febrero de 1991 en la Secretaría de Educación del
Huila; y del 21 de septiembre de 2005 al 14 de agosto de 2019 en la Secretaría de
Educación del distrito de Bogotá
• Comoquiera que ingresó al servicio docente antes del 27 de junio de 2003, es
decir, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 su pensión
de jubilación debe ser reconocida según lo establecido en las leyes 33 y 62 de 1985
y 91 de 1989, es decir, con 55 años de edad y 20 años de servicio, tomando como
base de liquidación el 75% del promedio de lo devengado en el último año de
servicio anterior a la adquisición del estatus pensional, y con la inclusión de la
totalidad de los respectivos factores salariales devengados. Además, esta es
compatible con el sueldo.
• La entidad demandada reconoció la pensión, pero bajo el régimen de la Ley 100
de 1993.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 13, 25, 29, 53 y 58 de la
Constitución Política; las leyes 33 y 62 de 1985, 91 de 1989, 60 y 100 de 1993, 715
de 2001 y 812 de 2003; y los decretos 2285 de 1955, 224 de 1972, 1042 y 1045 de
1978 y 2277 de 1979.
En cuanto al concepto de violación, expuso3 que los actos administrativos
demandados desconocen que su vinculación a la docencia oficial se dio con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, lo que le permite
beneficiarse del régimen anterior, tal y como lo ha dispuesto la jurisprudencia del
Consejo de Estado y de la Corte Constitucional.
1.2. Contestación de la demanda
El FOMAG se opuso a las pretensiones de la demanda con fundamento en que el
demandante tuvo una vinculación en la Secretaría de Educación del Huila que
finalizó el 1º de febrero de 1991 y que posteriormente tuvo otra con la Secretaría de
3 Folios 1 a 11.
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01569-01 (4290-2022)
Demandante: José Roberto Chacón Peñarette
Educación Distrital desde el 21 de septiembre de 2005, es decir, 14 años después,
por lo que perdió la continuidad en la prestación del servicio, lo cual, «determina
una NUEVA relación laboral y por ende la aplicación de los preceptos legales
vigentes para la fecha de la nueva vinculación», esto es las leyes 100 de 1993 y
797 de 2003, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 812 de 2003 4.
Como excepciones propuso las siguientes: i) inexistencia de la obligación o cobro
de lo no debido, ii) legalidad del acto administrativo expedido y iii) la genérica.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, en
sentencia del 1° de junio de 20225, declaró la nulidad parcial del acto demandado y
ordenó al FOMAG, a través de la Secretaría de Educación del distrito de Bogotá,
reconocer la pensión de jubilación de José Roberto Chacón Peñarette «con el 75%
del promedio de los factores salariales sobre los cuales efectuó o debió efectuar aportes al
Sistema de Seguridad Social entre el 7 de julio de 2007 y el 6 de julio de 2008, a saber, la
asignación básica […] la cual estará condicionada al retiro definitivo del servicio».
Para tal efecto, se pronunció en estos términos:
• José Roberto Chacón Peñarette se vinculó como docente antes de la Ley 812 de
2003 en el Ministerio de Educación Nacional en el IED José Acevedo y Gómez, esto
es, del 21 de julio de 1971 al 30 de abril de 1975. Luego, en la Secretaría de
Educación del departamento del Huila desde el 11 de febrero de 1977 hasta el 1º
de febrero de 1991; posteriormente, en la Secretaría de Educación del distrito de
Bogotá entre el 21 de septiembre de 2005 y el 11 de julio de 2010, en
provisionalidad, y a partir del 12 de julio de 2010 su vinculación con dicha entidad
fue en propiedad hasta la fecha, la cual sigue vigente.
• De acuerdo con la postura del Consejo de Estado, la vinculación del demandante
con anterioridad a aquella en propiedad en la Secretaría de Educación debe ser
tenida en cuenta para efectos de ser beneficiario del régimen de transición de la Ley
812 de 2003, comoquiera que lo que exige la norma es que antes de su entrada en
vigencia haya estado vinculado como docente nacional, nacionalizado o territorial,
sin importar que al momento de entrar en vigor esa ley no se encontrara trabajando
como docente oficial. En consecuencia, le resultan aplicables las normas anteriores
a la Ley 812 de 2003, de tal manera que, de acuerdo con lo previsto en el literal b)
del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, el régimen pensional es el establecido en las
leyes 33 y 62 de 1985.
• El FOMAG a través de la Resolución 3464 del 24 de abril de 2019, le reconoció
una pensión de vejez con fundamento en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003,
4 Folios 54 a 58.
5 Folios 92 a 101.
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01569-01 (4290-2022)
Demandante: José Roberto Chacón Peñarette
condicionada al retiro del servicio, con una tasa del 64 %, calculada sobre los
factores salariales que devengó durante sus últimos 10 años anteriores al estatus
pensional, es decir, al 27 de agosto de 2013; sin embargo, el estatus jurídico lo
adquirió el 6 de julio de 2008, cuando cumplió 20 años de servicio, ya que para
entonces había cumplido con la edad requerida, es decir, 55 años.
• Si bien tiene derecho a acceder a la pensión con aplicación de la Ley 33 de 1985,
el IBL comprende los factores salariales sobre los cuales realizó o debió realizar
aportes. En ese contexto, se debe reconocer la pensión de jubilación equivalente al
75% del promedio de salarios que percibió durante el último año de servicios
anterior al 6 de julio de 2008 y los factores salariales que deben integrar el IBL de
la pensión son aquellos sobre los cuales efectuó o debió efectuar aportes al Sistema
de Seguridad Social y que se encuentren enlistados en la Ley 62 de 1985 y demás
normas que la modifican o adicionan, en este caso únicamente la asignación básica.
Sin embargo, dicha pensión quedará supeditada al retiro definitivo del servicio, por
cuanto su última y actual vinculación como docente oficial fue a partir del 21 de
septiembre de 2005 (primero en provisionalidad y luego en propiedad) en la
Secretaría de Educación de distrito de Bogotá, razón por la cual se encuentra
sometido a lo previsto en el Decreto 1278 de 2002, Estatuto de Profesionalización
Docente.
• De acuerdo con lo dispuesto en la sentencia SU-226 del 23 de mayo de 2019
proferida por la Corte Constitucional «el incumplimiento de las obligaciones del
empleador o de las entidades administradoras en materia de pensiones no es
imputable ni oponible al trabajador, por lo cual las consecuencias negativas de estas
omisiones no podrán serle adversas y nunca serán razón suficiente para enervar el
acceso a una prestación pensional»; de manera que si las cotizaciones del
demandante frente a varios factores salariales no se efectuaron, tal omisión no le
es imputable, toda vez que la obligación de realizar los descuentos por concepto de
aportes y pagar la cotización correspondiente no estaba a su cargo.
• En atención a que no se ha acreditado el retiro del servicio que permita el disfrute
de la pensión, no existen valores sobre los cuales opere la prescripción, razón por
la cual no hay lugar a declararla sobre mesada pensional alguna.
• No hay lugar a condenar en costas toda vez que no se encuentra que la parte
demandada haya observado una conducta temeraria ni desplegado maniobras
dilatorias.
1.4. El recurso de apelación
José Roberto Chacón Peñarette interpuso recurso de apelación parcial en contra de
la sentencia anterior y expuso que si es beneficiario de lo dispuesto en la Ley 812
de 2003, implica entender que esto aplica a todas las prerrogativas del régimen
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01569-01 (4290-2022)
Demandante: José Roberto Chacón Peñarette
pensional anterior, en particular, la compatibilidad entre el salario y la pensión
reconocida, así exista una vinculación posterior a la expedición del Decreto 1278 de
2002, pues ya tenía un derecho adquirido. Además, esta norma fue declarada
inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-1157 de 20036.
1.6. El Ministerio Público
El procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado presentó concepto en el
cual solicitó que se confirme la sentencia apelada, pero se modifique lo referente a
la condición de retiro definitivo del servicio para el reconocimiento pensional. Como
fundamento de lo anterior, expuso lo siguiente7:
• La Constitución Política de 1991 dispuso en el artículo 128 la prohibición de percibir
más de una asignación proveniente del tesoro público, la cual incluye no solo más
de una asignación proveniente de varios empleos públicos sino de otras
remuneraciones, en las que se encuentran las pensiones; sin embargo, la Ley 4ª de
1992 exceptuó de tal prohibición las asignaciones que a la fecha de entrar en
vigencia esa ley, beneficien a los servidores oficiales docentes pensionados.
• El Consejo de Estado8 ha señalado que la excepción prevista en el artículo 19 de
la Ley 4ª de 1992 no sólo cobija a los docentes pensionados con anterioridad a su
entrada en vigencia sino también a los que accedan a la pensión con posterioridad,
«dado que es precisamente su condición de pensionados la que les permite acceder
a los beneficios consagrados en normas anteriores como el contemplado por el
artículo 5 del Decreto 224 según el cual “el ejercicio de la docencia no sería
incompatible con el goce de la pensión de jubilación”»; de manera que la excepción
no está condicionada en el tiempo a los pensionados con anterioridad a la entrada
en vigencia de la norma referida, sino que debe entenderse con respecto a los
beneficios que, para la fecha de su entrada en vigencia, esto es, el 18 de mayo de
1992, cobijan a los docentes que adquieran la calidad de pensionados.
• En igual sentido se ha pronunciado la Sala de Consulta y Servicio Civil al señalar
que si bien la Ley 4ª estableció como criterio para fijar el régimen salarial y
prestacional de los servidores aludidos, el respeto a los derechos adquiridos por los
servidores del Estado tanto de régimen general como de los regímenes especiales,
también lo es que «el literal g) no estableció una excepción a la prohibición, atendiendo
un criterio subjetivo, derivado de la locución "beneficien a los servidores oficiales docentes
pensionados", sino uno de carácter objetivo supeditado a la expresión "exceptuanse las
siguientes asignaciones", que remite a las disposiciones de la legislación anterior que
consagraban las excepciones ya mencionadas, esto es, la compatibilidad de devengar
pensión y sueldo, o dos pensiones -ordinaria y gracia. Así, las locuciones citadas entre
6 Folios 112 a 114.
7 Folio 404.
8 Citó: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B sentencia del 14 de agosto de 2009,
radicado 050012331000200403824 01
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01569-01 (4290-2022)
Demandante: José Roberto Chacón Peñarette
comillas se remiten a las normas que beneficiaban a los docentes pensionados, es decir,
aquéllas que permiten al docente que disfruta de una pensión recibir otra asignación del
tesoro público, y no a los docentes que se hallaban pensionados al momento de la vigencia
de la ley 4ª de 1992, pues la excepción apunta es a las "asignaciones" y no a los sujetos
"docentes pensionados"»9.
2. Consideraciones
2.1. Problemas jurídicos
Se circunscribe a resolver el siguiente interrogante: ¿José Roberto Chacón
Peñarette tiene derecho a disfrutar del salario y de la pensión reconocida como
beneficiario de las leyes 33 y 62 de 1985 y 812 de 2003?
2.2. Compatibilidad entre la pensión de jubilación y el salario para el caso de
los docentes
El artículo 64 de la Constitución Política de 1886 disponía que nadie podía recibir
dos sueldos del tesoro público, salvo lo que para casos especiales determinaran
las leyes. En efecto el artículo 5 del Decreto 224 de 1972 señalaba que «el ejercicio
de la docencia no ser[ía] incompatible con el goce de la pensión de jubilación siempre y
cuando el beneficiario est[uviera] mental y físicamente apto para la tarea docente, pero se
decretar[ía el] retiro forzoso del servicio al cumplir sesenta y cinco (65) años de edad»
Con la expedición de la Constitución Política de 1991, la disposición contenida en
el artículo 64 se mantuvo en los siguientes términos:
Artículo 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni
recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos
expresamente determinados por la ley.
Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las
descentralizadas [Resalta la Sala].
En atención a lo anterior, la Ley 4ª de 1992 en su artículo 19, dispuso lo siguiente:
Artículo 19. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni
recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las siguientes
asignaciones:
a) Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como asesores de
la Rama Legislativa;
b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o policial de
la Fuerza Pública;
9 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 1.305 del 23 de noviembre de 2000,
M.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01569-01 (4290-2022)
Demandante: José Roberto Chacón Peñarette
c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional;
d) Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra;
e) Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud;
f) Los honorarios percibidos por los miembros de las Juntas Directivas, en razón de su
asistencia a las mismas, siempre que no se trate de más de dos juntas;
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los
servidores oficiales docentes pensionados.
Parágrafo. No se podrán recibir honorarios que sumados correspondan a más de ocho
(8) horas diarias de trabajo a varias entidades [Resalta la Sala].
Esta disposición fue analizada por la Subsección B de la Sección Segunda de esta
Corporación, que respecto de la excepción a la que alude el literal g) del artículo 19
de la Ley 4ª de 1992 concluyó lo siguiente10:
«Al establecer la excepción, no se estaba señalando a los docentes que ya estaban
pensionados, sino a las disposiciones que en esa fecha beneficiaban a los docentes
pensionados, pues se trataba era de establecer excepciones a la prohibición, no de
aclarar situaciones ya definidas como eran los docentes pensionados.
Es la lectura que debe darse a la disposición, pues no resultaría comprensible que el
legislador, en vez de establecer excepciones, como lo anuncia, derogue las existentes.
En esas condiciones, entendiendo que la Ley 4ª de 1992, art. 19, literal g) al establecer
las excepciones en examen, contempló las disposiciones que al entrar en vigencia dicha
ley, beneficiaban a los docentes pensionados, una de ellas, es el artículo 5º del Decreto
224 de 1972 […]
Las razones antes expuestas permiten a la Sala concluir que los docentes oficiales
siguen gozando de la prerrogativa de acceder a la pensión y seguir percibiendo
sueldo, por permitirlo así expresamente la normatividad antes citada». [Resalta la Sala].
De acuerdo con lo anterior, es claro que la voluntad del legislador con el referido
artículo 19 era mantener vigente la excepción contenida en el Decreto 224 de 1972
que beneficiaba a los docentes que se encontraban pensionados y a aquellos que
en un futuro cumpliesen los requisitos para ser acreedores de una pensión de
jubilación.
En esa misma línea, la Ley 100 de 1993 en su artículo 279 exceptuó del Sistema
Integral de Seguridad Social contenido en esa norma (hasta la entrada en vigencia
de la Ley 812 de 2003) «a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles
con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será responsable de la
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de marzo de 2003, radicado
05001-23-31-000-1995-01799-01 (1577-2001), M.P. Alejandro Ordóñez Maldonado.
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01569-01 (4290-2022)
Demandante: José Roberto Chacón Peñarette
expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que se retiren del servicio,
de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida.» [Resalta la Sala].
En la disposición transcrita se lee que el legislador preservó la compatibilidad de la
pensión de jubilación con el salario devengado por el docente, compatibilidad de la
cual pueden ser beneficiarios aquellas personas que acrediten los requisitos para
que les sea reconocida una pensión y presten o llegasen a prestar sus servicios
como docentes oficiales, teniendo en cuenta que son estos últimos quienes deben
ser afiliados al FOMAG.
Valga precisar que esa disposición expresa que las prestaciones a cargo del
FOMAG serán compatibles «con pensiones o cualquier clase de remuneración», es
decir, no establece como requisito que la pensión haya sido reconocida bajo los
requisitos de un régimen determinado.
Ahora bien, de la lectura de las disposiciones contenidas en la Ley 344 de 1996 se
puede evidenciar que la voluntad del legislador fue mantener vigente la
compatibilidad referida y de la cual son beneficiarios los docentes, toda vez que en
su artículo 19 dispuso:
«Artículo 19. Sin perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115
de 1994, el servidor público que adquiera el derecho a disfrutar de su pensión de vejez
o jubilación podrá optar por dicho beneficio o continuar vinculado al servicio, hasta que
cumpla la edad de retiro forzoso».
Es decir, mediante dicha disposición, dio a los servidores públicos, una vez
adquieran el derecho a disfrutar su pensión de vejez o jubilación, la posibilidad de
optar por una de las dos opciones a saber: i) retirarse del servicio y comenzar a
disfrutar de la pensión de la cual es acreedor o ii) continuar vinculado al servicio
hasta que cumpla la edad de retiro forzoso. Esto es, los servidores públicos podrán
disfrutar de la pensión solo hasta cuando acrediten el retiro del servicio. Sin
embargo, nuevamente, de manera expresa excluyó a los docentes oficiales. En ese
sentido, se refirió la Corte Constitucional en sentencia C-584 de 1997:
«No obstante, antes de la expedición de la ley parcialmente demandada [Ley 344 de
1996], el único régimen general que permitía el goce simultáneo de la pensión de
jubilación y la estabilidad en el cargo era el aplicable a los docentes afiliados al fondo
nacional de prestaciones sociales del magisterio, el que permanece incólume en la
nueva normativa. En efecto, la primera parte del artículo 19 demandado, exceptúa,
expresamente, de su ámbito de aplicación, a los docentes afiliados al fondo nacional de
prestaciones sociales del magisterio y sometidos a las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y
115 de 1994.
[…]
La Corte ya ha puesto de manifiesto la protección especial que la Constitución confiere
a la educación superior. Al respecto, el artículo 68 de la C.P., señala que la enseñanza
estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. Adicionalmente,
la Carta impone al legislador la obligación de garantizar la profesionalización y
dignificación de la actividad docente. En estas condiciones, es claro el interés
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01569-01 (4290-2022)
Demandante: José Roberto Chacón Peñarette
constitucional por mantener, en sus puestos de trabajo, a quienes han cumplido
con las condiciones de idoneidad suficientes para poder servir a la mejor
formación de los educandos. Así, advierte la Corporación que existe una razón
constitucional, tan fuerte como la que ampara la definición de la edad de retiro forzoso,
para establecer, a favor de los profesores universitarios, la excepción que se estudia, y
que la misma es útil y necesaria para alcanzar el objetivo perseguido» [Resalta la Sala].
Con posterioridad, el Gobierno nacional expidió el Decreto 1278 de 200211 en cuyos
artículos 45 y 63, literal b) dispuso i) que el ejercicio de cargos en el sector educativo
estatal sería incompatible con «el goce de la pensión de jubilación, vejez, gracia o
similares» y ii) que la cesación definitiva de las funciones docentes o directivos
docentes de los educadores estatales se produciría, entre otros, por obtención de
la jubilación o pensión de vejez, gracia o invalidez.
Sin embargo, el artículo 45 del decreto aludido fue declarado inexequible por la
Corte Constitucional mediante sentencia C-1157 de 2003, y si bien el artículo 63
literal b) fue declarado exequible mediante la sentencia C-734 de 2003, allí se
precisó que «la norma acusada no estaba modificando el régimen propio de las pensiones
de vejez, gracia o invalidez, ni mucho menos establece objetivos y criterios a los cuales
deba sujetarse el gobierno para fijar el régimen prestacional de los docentes - los cuales
como ya se explicó se encuentran establecidos en la Ley 4 de 1992 y a ellos debe
remitirse el Gobierno» [Resalta la Sala].
En igual sentido, los decretos anuales por los cuales se modifica la remuneración
de los servidores públicos y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles
de preescolar, básica y media y se dictan otras disposiciones de carácter salarial
para el sector educativo estatal, prevén que «Nadie podrá desempeñar
simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga
del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el
Estado. Exceptúanse las asignaciones de que trata el artículo decimonoveno de la ley
4ª de 1992»12.
En consecuencia, la prerrogativa contenida en el literal g) del artículo 19 de la Ley
4ª de 1992 relativa a la compatibilidad entre el salario y la pensión para el caso de
los docentes, se mantiene vigente, interpretación que guarda armonía con la
regulación expedida con posterioridad y las interpretaciones jurisprudenciales
expuestas.
2.3. Lo probado dentro del proceso
En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
• José Roberto Chacón Peñarette nació el 22 de noviembre de 1951, según consta
en la copia de su cédula de ciudadanía13.
11 «Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente»
12 Al efecto ver, entre otros, los decretos 319 de 2020, 965 de 2021, 449 de 2022, 0887 de 2023.
13 Folio 14.
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01569-01 (4290-2022)
Demandante: José Roberto Chacón Peñarette
• Prestó sus servicios como docente en la institución educativa José Acevedo
Gómez, en el departamento del Huila del 21 de julio de 1971 al 30 de abril de 1975,
de acuerdo con lo certificado por el rector de esa institución en el Formato 1,
Certificado de Información Laboral14.
• Se desempeñó como docente de la Secretaría de Educación Departamental del
Huila entre el 11 de febrero de 1977 y el 1° de febrero de 199115.
• Ingresó a la Secretaría de Educación de Bogotá como docente en provisionalidad
entre el 21 de septiembre de 2005 y el 12 de julio de 2010, a partir de allí se vinculó
en propiedad y, de acuerdo con lo certificado por esa entidad, a la fecha de
expedición de tal documento (8 de agosto de 2019), se encontraba activo en el
servicio16.
• Mediante la Resolución 3464 del 24 de abril de 2019, el director de Talento
Humano de la Secretaría de Educación del distrito de Bogotá reconoció a José
Roberto Chacón Peñarette una pensión de vejez, de conformidad con lo dispuesto
en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, efectiva a partir de la fecha de retiro del
servicio. Para el reconocimiento anterior, tuvo en cuenta los tiempos de servicio
como docente en el Ministerio de Educación Nacional y las secretarías de educación
del Huila y de Bogotá, lo que le permitió completar 1250 semanas de cotización al
27 de agosto de 2013. El IBL lo calculó conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de
la Ley 10017.
2.4. Análisis de la situación pensional del demandante
La Sala encuentra necesario señalar que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda con
fundamento en que era viable que la pensión se liquidara en el equivalente al 75%
del promedio de los factores salariales sobre los cuales efectuó o debió efectuar
aportes al Sistema de Seguridad Social entre el 7 de julio de 2007 y el 6 de julio de
2008, por ser beneficiario de la Ley 33 de 1985, toda vez que se vinculó a la
docencia oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003; sin
embargo, dispuso que la efectividad de la prestación estaba condicionada al retiro
definitivo del servicio.
Al respecto, José Roberto Chacón Peñarette expuso, en el recurso de apelación,
que al ser beneficiario de lo dispuesto en la Ley 812 de 2003, debe entenderse que
puede acceder a todas las prerrogativas del régimen pensional anterior, en
particular, la compatibilidad entre el salario y la pensión reconocida, pues con
14 Folio 19.
15 Folio 24.
16 Folios 35 a 37.
17 Folios 15 a 18.
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01569-01 (4290-2022)
Demandante: José Roberto Chacón Peñarette
independencia del contenido del Decreto 1278 de 2002, lo cierto es que ya tenía un
derecho adquirido. Además, aludió a la declaratoria de inexequibilidad de esa norma
por parte de la Corte Constitucional.
Al respecto, la Sala se permite reiterar que el propósito del legislador ha sido permitir
que aquellas personas con derecho a una pensión de vejez y que se desempeñen
como docentes oficiales, puedan seguir ejerciendo el empleo, sin que por ello deba
restringirse la efectividad de la pensión. Por tal razón no es dable condicional el
reconocimiento de la prestación a la desvinculación del servicio.
A tal conclusión ha llegado esta Subsección en asuntos similares en los que ha
señalado18 que «si bien la letra g del artículo 19 de la mencionada Ley 4ª se refiere a las
asignaciones que a la fecha de su entrada en vigor beneficiarían a los docentes oficiales
pensionados, no quiere decir que se excluya de esa prerrogativa a quienes se jubilen con
posterioridad, habida cuenta de que la norma hace alusión a las disposiciones que para esa
época favorecían a los profesores jubilados, interpretación que guarda armonía con la
regulación vigente a la promulgación de la Ley 4ª de 1992, razón por la cual no es dable
condicionar la pensión de jubilación del demandante a la desvinculación del servicio,
máxime cuando le es reconocida su prestación en virtud de la Ley 91 de 1989 y demás
normas concordantes»19.
En efecto, esta interpretación se ha estructurado en antecedentes de esta
corporación en los que se ha concluido que la excepción prevista en el literal g) del
artículo 19 de la Ley 4.ª de 1992 «no sólo cobija a los docentes pensionados con
anterioridad a su entrada en vigencia sino también a los que accedan a la pensión ordinaria
y/o gracia con posterioridad»20. Lo cual guarda correspondencia con el reconocimiento
efectuado en la sentencia apelada, según la cual, José Roberto Chacón Peñarette
es beneficiario de la Ley 812 de 2003, por vincularse con anterioridad a su entrada
en vigencia, por lo que puede acceder a la prestación en las condiciones señaladas
en los regímenes anteriores. De manera que el disfrute de la prestación no debe
condicionarse al retiro del servicio «dado que es precisamente su condición de
pensionados la que les permite acceder a los beneficios consagrados en normas anteriores
como el contemplado por el artículo 5 del Decreto 224 según el cual ‘el ejercicio de la
docencia no sería incompatible con el goce de la pensión de jubilación’»21.
Ahora bien, en atención a que el a quo no efectuó pronunciamiento en relación con
la prescripción por considerar que no se había consolidado el derecho en tanto
18 En igual sentido, ver las siguientes sentencias de esta Subsección: i) del 8 de agosto de 2019,
expediente 05001-23-33-000-2013-01456-01 (1499-2015), M. P. Carmelo Perdomo Cuéter; y ii) del
25 de septiembre de 2020, expediente 25000-23-42-000-2013-01579-01 (3862-2014), M. P. César
Palomino Cortés.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de mayo de 2023, radicado
05001-23-33-000-2021-01482-01 (3388-2022), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 14 de agosto de 2009,
radicado 05001-23-31-000-2004-03824-01 (2170-08), M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 15 de marzo de 2018, radicado
05001-23-33-000-2014-00331-01(0509-16), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01569-01 (4290-2022)
Demandante: José Roberto Chacón Peñarette
estaba supeditado al retiro del servicio, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 187 del CPACA22 corresponde a la Sala abordar el análisis de la prescripción
en el caso concreto:
Al respecto se advierte que José Roberto Chacón Peñarette consolidó el estatus de
pensionado el 6 de julio de 2008, sin embargo, la solicitud de reconocimiento
pensional la presentó el 10 de marzo de 2017 23, por lo que las mesadas causadas
con anterioridad al 10 de marzo de 2014 se encuentran afectadas por el fenómeno
de la prescripción.
En consecuencia, se impone modificar la sentencia apelada, por las razones
expuestas en precedencia.
2.5. Costas
La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA, la cual dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.».
Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez
de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
22 «Artículo 187. Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará
un breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los
razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las
conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales que se apliquen.
En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el
fallador encuentre probada. El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida
todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus.
Para restablecer el derecho particular, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo podrá estatuir
disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar estas.
Las condenas al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero se ajustarán tomando como
base el Índice de Precios al Consumidor» [Resalta la Sala].
23 Así se indica en la Resolución 3464 del 24 de abril de 2019. Folio 15.
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01569-01 (4290-2022)
Demandante: José Roberto Chacón Peñarette
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma.24
Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte
demandante.
3. Conclusión
Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que José Roberto Chacón
Peñarette tiene derecho a disfrutar de la pensión que le fue reconocida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, desde
que adquirió el estatus de pensionado, por no ser incompatible con el ejercicio de la
docencia; de forma que se modificará la sentencia apelada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Modificar el ordinal segundo de la sentencia proferida el 1° de junio de
2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda
presentada por José Roberto Chacón Peñarette, el cual quedará así:
«Segundo. Como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento
del derecho, CONDENAR al Ministerio de Educación - Fondo de Prestaciones Sociales
del Magisterio, a través de la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, a reconocer
la pensión de jubilación de la señor José Roberto Chacón Peñarette con el 75% del
promedio de los factores salariales sobre los cuales efectuó o debió efectuar aportes al
Sistema de Seguridad Social entre el 7 de julio de 2007 y el 6 de julio de 2008, a saber,
la asignación básica, conforme lo expuesto en esta providencia, a partir del 6 de julio
de 2008, pero con efectos a partir del 10 de marzo de 2014 por prescripción.
En ningún caso el cumplimiento de esta sentencia dará lugar a la disminución del valor
de la pensión que le fue reconocida mediante el acto demandado o la que esté
percibiendo el demandante, en caso de que a la fecha de acatar este fallo ya estuviere
devengando la prestación».
24 En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 1 de diciembre de 2016,
C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicado 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01569-01 (4290-2022)
Demandante: José Roberto Chacón Peñarette
Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia apelada.
Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.
Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala
en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.