Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-01162-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-01162-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2019-01162-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
8 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D.C., ocho (08) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación : 05001-23-33-000-2019-01162-01 (1050-2023)
Demandante : Teresa de Jesús Pérez Montoya
Demandado : Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y
Municipio de Medellín
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Compatibilidad entre pensión de jubilación y salario
docente – el disfrute no se encuentra condicionado al
retiro.
Decisión : Sentencia de segunda instancia.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia de 30 de noviembre de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, que accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1. Pretensiones1
Teresa de Jesús Pérez Montoya mediante apoderado judicial, acudió a la
jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para solicitar la nulidad de
los siguientes actos administrativos:
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Interno: 1050-2023
Demandante: Teresa de Jesús Pérez Montoya
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y Municipio de Medellín
Resoluciones 201850054022 de 1 de agosto de 2018 y 201950005904 de 29
de enero de 2019, expedidas por la Secretaría de Educación del Municipio de
Medellín en representación de la Nación – Ministerio de Educación – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por medio de las cuales
reconoció y ordenó el pago de la pensión de jubilación a la accionante a
partir de la acreditación del retiro definitivo del servicio, y negó el reajuste
prestacional desde la adquisición del status pensional, respectivamente.
A título de restablecimiento del derecho la parte actora solicitó que (i) se
condene a la demandada a reconocer y pagar la pensión de jubilación desde
la adquisición del estatus; esto es, desde el 18 de noviembre de 2016; (ii) se
condene a la accionada al pago del retroactivo; y (iv) se indexen las sumas
reconocidas.
Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda son los
siguientes:
Teresa de Jesús Pérez Montoya nació el 18 de noviembre de 1961.
Destacó que, se desempeñó como docente en el Municipio de Medellín, y al
cumplir con los requisitos de ley, las accionadas le reconocieron la pensión
de jubilación por Resolución 201850054022 de 1 de agosto de 2018,
condicionada al retiro definitivo del servicio.
Indicó que, interpuso recurso de reposición contra el acto administrativo
anterior, para que la pensión de jubilación le fuera reconocida a partir de la
adquisición del status pensional; es decir, a partir del 18 de noviembre de
2016.
Refirió que, el anterior pedimento fue resuelto por las demandadas a través
de la Resolución 201950005904 de 29 de enero de 2019 al no existir
compatibilidad entre salario y pensión.
1.2. Normas violadas y concepto de violación
De la Constitución Política los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 25, 48, 53 y 58; el
Acuerdo 82 de 1959; el artículo 5 del Decreto 224 de 1972; los artículos 36 y
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Demandante: Teresa de Jesús Pérez Montoya
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y Municipio de Medellín
70 del Decreto Ley 2277 de 1979; el Acuerdo 20 de 1985; el numeral 2 del
artículo 15 de la Ley 91 de 1989; el artículo 19 de la Ley 4 de 1992; el
artículo 5 del Decreto 14 de 1992; el inciso 3 del artículo 6 de la Ley 60 de
1993; el Decreto 1285 de 1995 y el Decreto 196 de 1995.
Posteriormente, transcribió los siguientes artículos: 27 del Decreto 3135 de
1968, 68 del Decreto 1848 de 1969, 2 del Decreto 224 de 1972, 42 del
Decreto 1042 de 1978, 3 del Decreto 2277 de 1979, 1 de la Ley 33 de 1985,
15 de la Ley 91 de 1989, 19 de la Ley 4 de 1992, 6 de la Ley 60 de 1993, 279
de la Ley 100 de 199, 115 de la Ley 115 de 1994, 29 del Decreto 1406 de
1999 y 81 de la Ley 812 de 2003 los cuales considera vulnerados; dado que,
los actos administrativos demandados están viciados de nulidad por falsa
motivación y desviación del poder.
Como concepto de violación indicó que, a pesar de ser funcionarios
competentes para proferir los actos enjuiciados, desconocen normas legales
precisas que tienen incidencia directa en el menoscabo de los intereses de la
actora, desconociendo la “obligación de reconocer la pensión de jubilación
desde la fecha en que adquirió el estatus de pensionado omitiendo reconocer
la compatibilidad de la pensión y el salario”.
2. Contestación de la demanda
La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio guardó silencio2.
El Municipio de Medellín se opuso a las súplicas de la demanda, al considerar
que3:
La entidad territorial demandada acepta como cierto que a la actora le fue
reconocida la pensión de jubilación condicionada al retiro definitivo del
servicio.
Precisó que, debe absolverse al Municipio de las pretensiones elevadas en
contra de la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
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Prestaciones es Sociales del Magisterio; dado que, la docente no tiene
derecho a recibir simultáneamente la pensión y el salario por no ser
destinataria de las disposiciones previstas en el Decreto 224 de 1972, pues
fue nombrada por la entidad territorial con cargo a su propio presupuesto; es
decir, se le aplican las disposiciones en materia prestacional que rigen a los
empleados públicos de la Rama Ejecutiva del sector nacional según lo
previsto en el Decreto 1919 de 2002 reglamentario de la Ley 4ª de 1992.
Señaló que, los docentes vinculados por nombramiento territorial no se
encuentran cobijados por lo dispuesto en la Ley 91 de 1989: Luego, el
régimen prestacional de estos es el determinado por cada ente territorial bajo
el amparo de lo normado en el Decreto 196 de 1995 “norma se refiere
expresamente a los docentes territoriales financiados por recursos propios de
la entidad”. Por consiguiente, a la demandante no le asiste derecho a
obtener el pago de la mesada pensional sin el retiro definitivo del servicio
docente.
Propuso los medios exceptivos que denominó “falta de legitimación en la
causa por pasiva”; “inexistencia de la obligación”; “buena fe”; “prescripción” y
“declaración de oficio de excepciones no alegadas que resulten demostradas
en el proceso”.
3. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Antioquia por sentencia de 30 de noviembre de
2022, accedió a las pretensiones de la demanda4.
Destacó que, Teresa de Jesús Pérez Montoya prestó los servicios como
docente al servicio oficial del Municipio de Medellín, bajo vinculación
territorial recursos propios pagado por el Sistema General de Participaciones
desde el 26 de junio de 1991. Luego, tiene derecho a disfrutar de la pensión
de jubilación por haber laborado en el sector público por más de 20 años y
cumplir con la edad; por lo que, mediante Resolución 201850054022 de 1 de
agosto de 2018 la entidad demandada le reconoció tal derecho, pero lo
condicionó al retiro definitivo del servicio.
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Demandante: Teresa de Jesús Pérez Montoya
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Indicó que, la actora interpuso recurso de reposición contra el acto
administrativo anterior, y pidió que la prestación pensional le fuera
reconocida a partir de la adquisición del estatus pensional, sin condicionarla
al retiro definitivo del servicio.
Precisó que, acogiendo la postura de esta Colegiatura5 se entiende
parcialmente desvirtuada la presunción de legalidad de los actos acusados,
toda vez que no podía someterse el reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación de Teresa de Jesús Pérez Montoya, a la acreditación del retiro
definitivo del servicio oficial docente, por traducirse en el desconocimiento del
derecho que por tal calidad le asiste.
Por consiguiente, accedió a las súplicas de la demanda y declaró la nulidad
parcial de las Resoluciones 201850054022 de 1 de agosto de 2018 y
201950005904 de 29 de enero de 2019 expedidas por la Secretaría de
Educación del Municipio de Medellín; y, por ende, ordenó al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, a reconocer y pagar la pensión de
jubilación a la actora a partir del día siguiente a la fecha en que adquirió el
estatus de pensionada.
Sostuvo que, en el sub examine no operó el fenómeno de la prescripción, y
en tal sentido, declaró no probada la excepción propuesta por el Municipio de
Medellín.
No condenó en costas a la parte vencida.
4. Recurso de apelación
La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, interpuso recurso de alzada contra la
5
El suscrito Magistrado Ponente precisa que con reservas acoge el criterio del H. Consejo de Estado, y eso en
tanto se trate de docentes vinculados a este sector antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, toda vez
que respecto de los docentes que se vinculen a dicho sector luego del aludido hito temporal, mantenemos incólume
nuestro criterio consistente en que a los docentes que accedan a este sector del funcionariado oficial después de
haber entrado en vigencia la norma antes mencionada, como lo determina el artículo 81 de la Ley 812 se les aplica
la Ley 100 de 1993 en toda su extensión con la sola salvedad de la edad para entrar a disfrutar de la mesada
pensional que, como se sabe, para los maestros es de 57 años.
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Demandante: Teresa de Jesús Pérez Montoya
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y Municipio de Medellín
sentencia de primera instancia, y solicitó que se nieguen las súplicas de la
demanda en cuanto a la compatibilidad concedida:6
Por cuanto es claro que los docentes no disfrutan de un régimen especial en
materia pensional, sino que se someten a las disposiciones que regían la
materia pensional con vigencia para el universo de los demás servidores
públicos del régimen común; por lo cual, según su criterio se aplica la
exigencia “atinente a que para entrar a disfrutar de la pensión, deben
acreditar el retiro del servicio, a riesgo de encontrarse incursos en la
prohibición de estirpe constitucional según la cual se proscribe la percepción
de más de una asignación que provenga del Tesoro Público, prohibición que
tan sólo admite una excepción en el caso de los maestros, cual es la
consistente en que el docente puede disfrutar de la pensión y al mismo
tiempo de la pensión gracia, por lo demás, para disfrutar de la pensión de
vejez les correspondía como al resto de los servidores públicos acreditar su
retiro definitivo del servicio.”
Refirió que “se observa que sin ningún juicio crítico se pasó por alto, como lo
advirtió reiteradamente la entidad territorial, que el docente accionante era un
empleado de carácter territorial, (…) el cual nunca ha gozado del derecho a
disfrutar de la pensión al mismo tiempo que del sueldo por su vinculación
laboral (…), así las cosas, se mantendría vigente hasta la edad de retiro
forzoso del empleado”.
En suma, que “ni la Ley 91 de 1989 ni la Ley 60 de 1993 ni la Ley 115 de
1994, habían establecido, antes de la expedición de la Ley 344 de 1996, el
derecho en favor de los docentes a disfrutar simultáneamente de la mesada
pensional y del sueldo por el ejercicio del cargo. La única previsión en tal
sentido que es posible deducir de la Ley 91 de 1989 es la atinente a la
compatibilidad del disfrute de la “pensión gracia” y del sueldo, aspecto que
tiene todo el sentido del mundo tanto desde el punto de vista legal como
jurisprudencial, toda vez que la pensión gracia es una dádiva del Gobierno
Nacional, y siendo ello así no hubiera sido coherente que a los docentes más
pobres, que fue en favor de quienes se estableció dicha prestación, tuvieran
que renunciar a sus cargos impidiéndoseles con ello que llegaran a
6
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Demandante: Teresa de Jesús Pérez Montoya
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completar los requisitos necesarios para hacerse acreedores a la pensión
derecho, que exigía el cumplimiento de una serie de requisitos de mucha
mayor complejidad.”
5. Trámite del recurso Ley 2080 de 2021
Por auto de 30 de junio de 20237, el consejero sustanciador admitió el recurso
de apelación conforme a lo previsto en el numeral 3° del artículo 67 de la Ley
2080 de 2021; sin embargo, por no existir pruebas que decretar en segunda
instancia, se prescindió del periodo para que las partes alegaran de conclusión.
6. Concepto del Ministerio público.
El agente del Ministerio público no rindió concepto8.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA.
2.2. Problema jurídico
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la entidad
demandada, le corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia del
Tribunal Administrativo de Antioquia que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
Para el efecto se analizará si (i) Teresa de Jesús Pérez Montoya tiene
derecho al reconocimiento y pago de una pensión de jubilación a partir de la
fecha en la que consolidó el estatus pensional, y no desde el retiro del
servicio, como lo dispuso la demandada en el acto de reconocimiento
pensional, y (ii) establecer si resulta compatible la pensión de jubilación con
el salario como docente oficial.
7 Samai índice 007.
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Demandante: Teresa de Jesús Pérez Montoya
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Con el fin de desatar el problema jurídico se abordarán los siguientes
aspectos: 2.2.1. Hechos relevantes probados; y 2.3 Caso concreto.
2.2.1. Hechos relevantes probados
Teresa de Jesús Pérez Montoya nació el 18 de noviembre de 19619.
Adquirió el estatus de pensionado el 18 de noviembre de 201610.
Ingresó al servicio educativo oficial antes de la expedición de la Ley 812 de
2003, pues se vinculó con el municipio de Medellín desde el 26 de junio de
1991 y al 26 de junio de 2003 se encontraba vinculada 11.
Por Resolución 201850054022 de 1 de agosto de 201812 proferida por el
Secretario de Educación del Municipio de Medellín, se ordenó reconocer y
pagar a Teresa de Jesús Pérez Montoya la pensión de jubilación en cuantía
de $3.843.120, efectiva a partir del “momento que acredite el retiro definitivo
del servicio (…)”.
Resolución 201950005904 de 29 enero de 201913 emitida por la Secretaría
de Medellín, que al resolver un recurso de reposición contra el acto
administrativo anterior, lo confirma en todas y cada una de sus partes.
2.3. Caso concreto
La accionante solicita la nulidad de los actos administrativos demandados,
por medio de los cuales el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio - Secretaría de Educación de Medellín, le concedió la prestación
pensional condicionada al retiro del servicio, y no desde la adquisición del
estatus pensional; es decir, a partir del 18 de noviembre de 2016.
El Tribunal Administrativo de Antioquia, consideró parcialmente desvirtuada
la presunción de legalidad de los actos acusados, pues no podía someterse
el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de Teresa de Jesús
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Samai-expediente digital-índice 003. El régimen pensional aplicable es el de la pensión ordinaria para los
servidores públicos del orden nacional dispuesto en la Ley 33 de 1985, que exige 55 años y 20 años de servicios y
los factores enlistados en el artículo 1 de la ley 62 de 1985.
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Demandante: Teresa de Jesús Pérez Montoya
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Pérez Montoya a la acreditación del retiro definitivo del servicio oficial
docente, por traducirse en el desconocimiento del derecho que por tal calidad
le asiste; y, por ende, ordenó a la entidad demandada reconocer la
prestación pensional a partir del día siguiente en que adquirió el estatus de
pensionada.
Inconforme la demandada interpuso recurso de apelación contra la anterior
decisión, y solicitó que se revoque, por cuanto es claro que los docentes no
disfrutan de un régimen especial en materia pensional, sino que se someten
a las disposiciones que regían la materia pensional con vigencia para el
universo de los demás servidores públicos del régimen común; es decir, “que
para entrar a disfrutar de la pensión, deben acreditar el retiro del servicio, a
riesgo de encontrarse incursos en la prohibición de estirpe constitucional
(…).”
En primer lugar, para dilucidar el problema jurídico planteado, la Sala
advierte que el artículo 5 del Decreto 224 de 197214 estableció que el
ejercicio de la docencia no sería incompatible con el goce de la pensión de
jubilación, en los siguientes términos:
“Artículo 5. El ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la
pensión de jubilación siempre y cuando el beneficiario esté mental y físicamente
apto para la tarea docente, pero se decretará retiro forzoso del servicio al
cumplir sesenta y cinco (65) años de edad”.
Por su parte, el Decreto 2277 de 1979 -Estatuto Docente- en su artículo 3,
dispuso que los educadores que prestan sus servicios a entidades del orden
Nacional, Departamental, Distrital y Municipal son empleados oficiales de
régimen especial en lo que tiene que ver con la administración de personal y
algunos temas salariales y prestacionales, así:
“Artículo 3. Los educadores que prestan sus servicios en entidades oficiales de
orden nacional, departamental, distrital, intendencial, comisarial y municipal, son
empleados oficiales de régimen especial que, una vez posesionados, quedan
vinculados a la administración por las normas previstas en este decreto”.
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“Por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente”.
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La especialidad del régimen a que se refiere esta disposición, comprende
aspectos de administración de personal, situaciones administrativas, ascenso
de los educadores, entre otros. Sin embargo, los docentes han sido
beneficiarios de algunas prerrogativas, como la posibilidad de recibir
simultáneamente pensión y sueldo, y algunos gozan de la denominada
pensión gracia.
El artículo 128 de la Constitución Política de 1991 prevé la prohibición de
desempeñar simultáneamente más de un empleo público y recibir más de
una asignación que provenga del tesoro público, al señalar que:
“Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir
más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos
expresamente determinados por la ley.
Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el
de las descentralizadas”.
La Ley 4 de 1992, por medio de la cual se establecieron las normas,
objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación
del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, entre otros, en
su artículo 19 dispuso:
“Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir
más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las
siguientes asignaciones:
a) Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como
asesores de la Rama Legislativa;
b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o
policial de la Fuerza Pública;
c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional;
d) Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra;
e) Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud;
f) Los honorarios percibidos por los miembros de las Juntas Directivas, en razón
de su asistencia a las mismas, siempre que no se trate de más de dos juntas;
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los
servidores oficiales docentes pensionados”. (Resaltado por la Sala)
Esta disposición fue analizada por la Subsección B de la Sección Segunda
de esta Corporación, que respecto de la excepción a la que alude el literal g)
del artículo 19 de la Ley 4ª de 1992 concluyó lo siguiente15:
15
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de marzo de 2003, radicado 05001-23-31-
000-1995-01799-01 (1577-2001), M.P. Alejandro Ordóñez Maldonado.
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“Al establecer la excepción, no se estaba señalando a los docentes que ya
estaban pensionados, sino a las disposiciones que en esa fecha beneficiaban a
los docentes pensionados, pues se trataba era de establecer excepciones a la
prohibición, no de aclarar situaciones ya definidas como eran los docentes
pensionados.
Es la lectura que debe darse a la disposición, pues no resultaría comprensible que
el legislador, en vez de establecer excepciones, como lo anuncia, derogue las
existentes.
En esas condiciones, entendiendo que la Ley 4ª de 1992, art. 19, literal g) al
establecer las excepciones en examen, contempló las disposiciones que al entrar
en vigencia dicha ley, beneficiaban a los docentes pensionados, una de ellas, es el
artículo 5º del Decreto 224 de 1972 (…)
Las razones antes expuestas permiten a la Sala concluir que los docentes
oficiales siguen gozando de la prerrogativa de acceder a la pensión y seguir
percibiendo sueldo, por permitirlo así expresamente la normatividad antes
citada”. (Sombreado fuera del texto).
Puestas, así las cosas, es claro que la voluntad del legislador con el referido
artículo 19 era mantener vigente la excepción contenida en el Decreto 224 de
1972 que beneficiaba a los docentes que se encontraban pensionados y a
aquellos que en un futuro cumpliesen los requisitos para ser acreedores de
una pensión de jubilación.
En esa misma dirección debemos recordar entonces que, la Ley 100 de 1993
en su artículo 279 exceptuó del Sistema Integral de Seguridad Social
contenido en esa norma (hasta la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003)
“a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán
compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este
Fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en
favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la
reglamentación que para el efecto se expida”. (Resalta la Sala).
En la disposición transcrita se lee que el legislador preservó la compatibilidad
de la pensión de jubilación con el salario devengado por el docente,
compatibilidad de la cual pueden ser beneficiarios aquellas personas que
acrediten los requisitos para que les sea reconocida una pensión y presten o
llegasen a prestar sus servicios como docentes oficiales, teniendo en cuenta
que son estos últimos quienes deben ser afiliados al FOMAG.
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Como ya se dijo, esa disposición expresa que las prestaciones a cargo del
FOMAG serán compatibles “con pensiones o cualquier clase de
remuneración”; es decir, no establece como requisito que la pensión haya
sido reconocida bajo los requisitos de un régimen determinado.
Ahora bien, de la lectura de las disposiciones contenidas en la Ley 344 de
1996 se puede evidenciar que la voluntad del legislador fue mantener vigente
la compatibilidad referida y de la cual son beneficiarios los docentes, toda vez
que en su artículo 19 dispuso:
“Artículo 19. Sin perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y
115 de 1994, el servidor público que adquiera el derecho a disfrutar de su pensión
de vejez o jubilación podrá optar por dicho beneficio o continuar vinculado al
servicio, hasta que cumpla la edad de retiro forzoso”.
Acorde con esto, dicha disposición, dio a los servidores públicos, una vez
adquieran el derecho a disfrutar su pensión de vejez o jubilación, la
posibilidad de optar por una de las dos opciones a saber: i) retirarse del
servicio y comenzar a disfrutar de la pensión de la cual es acreedor o ii)
continuar vinculado al servicio hasta que cumpla la edad de retiro forzoso.
Esto es, los servidores públicos podrán disfrutar de la pensión solo hasta
cuando acrediten el retiro del servicio. Sin embargo, nuevamente, de manera
expresa excluyó a los docentes oficiales.
En ese sentido, se refirió la Corte Constitucional en sentencia C-584 de 1997:
“No obstante, antes de la expedición de la ley parcialmente demandada [Ley 344
de 1996], el único régimen general que permitía el goce simultáneo de la pensión
de jubilación y la estabilidad en el cargo era el aplicable a los docentes afiliados al
fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio, el que permanece
incólume en la nueva normativa. En efecto, la primera parte del artículo 19
demandado, exceptúa, expresamente, de su ámbito de aplicación, a los docentes
afiliados al fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio y sometidos a
las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994.
(…)
La Corte ya ha puesto de manifiesto la protección especial que la Constitución
confiere a la educación superior. Al respecto, el artículo 68 de la C.P., señala que
la enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y
pedagógica. Adicionalmente, la Carta impone al legislador la obligación de
garantizar la profesionalización y dignificación de la actividad docente. En estas
condiciones, es claro el interés constitucional por mantener, en sus puestos
de trabajo, a quienes han cumplido con las condiciones de idoneidad
suficientes para poder servir a la mejor formación de los educandos. Así,
advierte la Corporación que existe una razón constitucional, tan fuerte como la que
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Demandante: Teresa de Jesús Pérez Montoya
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ampara la definición de la edad de retiro forzoso, para establecer, a favor de los
profesores universitarios, la excepción que se estudia, y que la misma es útil y
necesaria para alcanzar el objetivo perseguido” (Resalta la Sala).
Con posterioridad, el Gobierno nacional expidió el Decreto 1278 de 200216 en
cuyos artículos 45 y 63, literal b) dispuso i) que el ejercicio de cargos en el
sector educativo estatal sería incompatible con “el goce de la pensión de
jubilación, vejez, gracia o similares” y ii) que la cesación definitiva de las
funciones docentes o directivos docentes de los educadores estatales se
produciría, entre otros, por obtención de la jubilación o pensión de vejez,
gracia o invalidez.
Sin embargo, el artículo 45 del decreto aludido fue declarado inexequible por
la Corte Constitucional mediante sentencia C-1157 de 2003, y si bien el
artículo 63 literal b) fue declarado exequible mediante la sentencia C-734 de
2003, allí se precisó que “la norma acusada no estaba modificando el
régimen propio de las pensiones de vejez, gracia o invalidez, ni mucho
menos establece objetivos y criterios a los cuales deba sujetarse el gobierno
para fijar el régimen prestacional de los docentes – “los cuales como ya se
explicó se encuentran establecidos en la Ley 4 de 1992 y a ellos debe
remitirse el Gobierno” (Sombreado fuera de texto).
De ahí que también, los decretos anuales por los cuales se modifica la
remuneración de los servidores públicos y directivos docentes al servicio del
Estado en los niveles de preescolar, básica y media y se dictan otras
disposiciones de carácter salarial para el sector educativo estatal, prevén que
“Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni
recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de
empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado.
Exceptúanse las asignaciones de que trata el artículo decimonoveno de
la ley 4ª de 1992”17.
En consecuencia, la prerrogativa contenida en el literal g) del artículo 19 de
la Ley 4ª de 1992 relativa a la compatibilidad entre el salario y la pensión
para el caso de los docentes, se mantiene vigente, interpretación que guarda
16
“Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente”.
17
Ver, entre otros, los decretos 319 de 2020, 965 de 2021, 449 de 2022, 0887 de 2023.
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armonía con la regulación expedida con posterioridad y las interpretaciones
jurisprudenciales expuestas.
También, sobre la compatibilidad entre sueldo y pensión de jubilación para
docentes, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado,
concluyó lo siguiente18:
“(…) Teniendo en cuenta este antecedente, así como la legislación expedida con
posterioridad a la Ley 4ª de 1992, la Sala considera que si bien es cierto ella
estableció como criterio para fijar el régimen salarial y prestacional de los
servidores aludidos, el respeto a los derechos adquiridos por los servidores del
Estado tanto de régimen general «como de los regímenes especiales» 8, como era
natural, también lo es que el literal g) no estableció una excepción a la prohibición,
atendiendo un criterio subjetivo, derivado de la locución «beneficien a los
servidores oficiales docentes pensionados», sino uno de carácter objetivo
supeditado a la expresión «exceptúanse las siguientes asignaciones», que remite
a las disposiciones de la legislación anterior que consagraban las excepciones ya
mencionadas, esto es, la compatibilidad de devengar pensión y sueldo, o dos
pensiones -ordinaria y gracia-.
Así, las locuciones citadas entre comillas se remiten a las normas que
beneficiaban a los docentes pensionados, es decir, aquellas que permiten al
docente que disfruta de una pensión recibir otra asignación del tesoro público, y no
a los docentes que se hallaban pensionados al momento de la vigencia de la ley 4ª
de 1992, pues la excepción apunta es a las «asignaciones» y no a los sujetos
«docentes pensionados».
De esta manera, un docente se beneficia de la excepción dicha, cuando al cumplir
las exigencias legales accede a la pensión y simultáneamente tiene la posibilidad
jurídica de devengar sueldo u otra pensión, en los términos ya señalados (…)”.
Ahora bien, descendiendo al caso particular, se señala que conforme resultó
probado en el proceso, la accionante cumplió 55 años de edad el 18 de
noviembre de 2016 (nació el 18 de noviembre de 1961), y acreditó 20 años
de servicio como docente oficial, de conformidad con lo establecido en el
artículo 1 de la Ley 33 de 1985.
Luego, la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio debe pagarle la pensión de jubilación
reconocida a Teresa de Jesús Pérez Montoya a partir de la fecha de
consolidación del estatus; esto es, 18 de noviembre de 2016.
Lo anterior, toda vez que el reconocimiento de la pensión de jubilación se
debe efectuar sin necesidad de demostrar el retiro definitivo del servicio,
18
Concepto 1305 del 23 de noviembre de 2000, C.P. Flavio Augusto Rodriguez Arce, reiterado en concepto 1459 de
29 de agosto de 2002.
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teniendo en cuenta que: i) el régimen especial docente lo permite; y ii) el
artículo 19 de la Ley 4 de 1992 no restringe tal compatibilidad, antes bien,
mantiene los beneficios otorgados a los docentes pensionados.
En lo referente a la excepción prevista en el artículo 19 de la Ley 4 de
199219, se precisa que cobija a los docentes pensionados con anterioridad a
su entrada en vigencia y a los que accedan a la pensión ordinaria y/o gracia
con posterioridad, dado que es precisamente su condición de pensionados la
que les permite acceder a los beneficios consagrados en normas anteriores
como lo previsto en el artículo 5 del Decreto 224 de 1972, conforme el cual
“el ejercicio de la docencia no sería incompatible con el goce de la pensión de
jubilación”.
La excepción no está condicionada en el tiempo, sino que debe entenderse
con respecto a los beneficios que, para la fecha de su entrada en vigencia,
18 de mayo de 1992, cobijan a los docentes que adquieran la calidad de
pensionados.
En un caso que guarda similitud con el aquí abordado, la Subsección ha
dicho que20:
“A tal conclusión ha llegado esta Subsección en asuntos similares en los que ha
señalado21 que «si bien la letra g del artículo 19 de la mencionada Ley 4ª se refiere
a las asignaciones que a la fecha de su entrada en vigor beneficiarían a los
docentes oficiales pensionados, no quiere decir que se excluya de esa
prerrogativa a quienes se jubilen con posterioridad, habida cuenta de que la norma
hace alusión a las disposiciones que para esa época favorecían a los profesores
jubilados, interpretación que guarda armonía con la regulación vigente a la
promulgación de la Ley 4ª de 1992, razón por la cual no es dable condicionar la
pensión de jubilación del demandante a la desvinculación del servicio, máxime
cuando le es reconocida su prestación en virtud de la Ley 91 de 1989 y demás
normas concordantes»22.
En efecto, esta interpretación se ha estructurado en antecedentes de esta
corporación en los que se ha concluido que la excepción prevista en el literal g) del
artículo 19 de la Ley 4.ª de 1992 «no sólo cobija a los docentes pensionados con
anterioridad a su entrada en vigencia sino también a los que accedan a la pensión
ordinaria y/o gracia con posterioridad»23. Lo cual guarda correspondencia con el
19
Declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-133 de 1993.
20
25000-23-42-000-2019-01569-01 (4290-2022), de 11 de agosto de 2023. MP Juan Enrique Bedoya Escobar.
21
En igual sentido, ver las siguientes sentencias de esta Subsección: i) del 8 de agosto de 2019, expediente 05001-
23-33-000-2013-01456-01 (1499-2015), M. P. Carmelo Perdomo Cuéter; y ii) del 25 de septiembre de 2020,
expediente 25000-23-42-000-2013-01579-01 (3862-2014), M. P. César Palomino Cortés.
22
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de mayo de 2023, radicado 05001-23-33-
000-2021-01482-01 (3388-2022), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
23
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 14 de agosto de 2009, radicado 05001-23-31-
000-2004-03824-01 (2170-08), M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez. 21 Consejo de Estado, Sección Segunda,
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reconocimiento efectuado en la sentencia apelada, según la cual, José Roberto
Chacón Peñarette es beneficiario de la Ley 812 de 2003, por vincularse con
anterioridad a su entrada en vigencia, por lo que puede acceder a la prestación en
las condiciones señaladas en los regímenes anteriores. De manera que el disfrute
de la prestación no debe condicionarse al retiro del servicio «dado que es
precisamente su condición de pensionados la que les permite acceder a los
beneficios consagrados en normas anteriores como el contemplado por el artículo
5 del Decreto 224 según el cual ‘el ejercicio de la docencia no sería incompatible
con el goce de la pensión de jubilación’» 21.
Puestas, así las cosas, la Sala precisa que la decisión del a quo fue
acertada, toda vez que la demandante tiene derecho a que la pensión de
jubilación le sea reconocida desde el momento en que adquirió el estatus
pensional y no al retiro; y en tal sentido, la sentencia apelada se confirma.
Condena en costas
Frente a la condena en costas, la Sala hace las siguientes manifestaciones:
El artículo 361, del Código General del proceso, estipula:
“Composición. Las costas están integradas por la totalidad de las expensas y
gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho.
Las costas serán tasadas y liquidadas con criterios objetivos y verificables en el
expediente, de conformidad con lo señalado en los artículos siguientes.” (Resaltado
por la Sala).
A su vez, el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011:
“Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil”
No obstante, esta Sala ha sido del criterio que la norma transcrita deja a
disposición del juez valorar la procedencia o no de la condena en costas, ya
que para ello debe examinar la actuación procesal de la parte vencida,
tenerse certeza de su causación y que la conducta desplegada adolezca de
temeridad y mala fe, no basta el simple hecho de los resultados del
proceso24.
Subsección A, sentencia del 15 de marzo de 2018, radicado 05001-23-33-000-2014-00331-01(0509-16), M.P.
Rafael Francisco Suárez Vargas.
24
Radicado 15001-23-33-000-2013-00072, de 27 de enero de 2017 MP. Carmelo Perdomo Cuéter; Radicado:
13000-33-33-000-2014-00390 (1327-16), de 8 de septiembre de 2017, M.P. Sandra Lissett Ibarra Vélez.
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Demandante: Teresa de Jesús Pérez Montoya
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En el caso concreto, revisado el actuar de las partes a lo largo del proceso no
se evidencia temeridad o mala fe; y en tal sentido, la Sala no condena en
costas en esta instancia.
III. DECISIÓN
Vistas las anteriores consideraciones, la Sala confirma la sentencia de 30 de
noviembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia que
accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, en cuanto a la fecha a
partir de la cual se debe hacer efectivo el reconocimiento pensional a favor
de Teresa de Jesús Pérez Montoya.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia de 30 de noviembre de 2022
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. - Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO. - Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
(Firmada electrónicamente)
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JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
(Firmada electrónicamente)
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma
del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
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