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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-00137-01

Fecha
30 de mayo de 2024
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-00137-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia de 16 de septiembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, salvo la condena en costas que se revoca. SEGUNDO. - Sin condena en costas en las dos instancias TERCERO. - Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2019-00137-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

30 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “B”

Consejero de Estado: Jorge Portocarrero Banguera

Bogotá, D.C., treinta (30) de mayo de dos mil veinticuatro (2024).

Radicación : 05001-23-33-000-2019-00137-01
Interno : 0314-2023
Demandante : VICTOR MANUEL VEGA VALLEJO
Demandado : NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL –
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES
DEL MAGISTERIO y OTRO

TEMA: COMPATIBILIDAD ENTRE PENSIÓN DE JUBILACIÓN Y SALARIO
DOCENTE – EL DISFRUTE NO SE ENCUENTRA CONDICIONADO AL
RETIRO

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia de 16 de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, que accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. Pretensiones1

Víctor Manuel Vega Vallejo mediante apoderado judicial, acudió a la
jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para solicitar la nulidad del
siguiente acto administrativo:

Resolución 201850075697 de 22 de octubre de 2018 proferida por la
Secretaría de Educación de Medellín, por medio de la cual la entidad
demandada reconoció pensión de jubilación a favor del accionante a partir
del retiro definitivo del servicio.

1
Folio 3 a 20.

2

Interno: 0314-2023
Demandante: Víctor Manuel Vega Vallejo
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y Otros.

A título de restablecimiento del derecho la parte actora solicitó que, (i) se
declare que el demandante tiene derecho a la compatibilidad de percibir el
salario y la pensión de jubilación sin estar condicionado al retiro del servicio;
(ii) se condene a la demandada a reconocer y pagar a favor del actor la
pensión de jubilación desde el 11 de agosto de 2017 hasta la fecha en que
se profiera sentencia; (iii) se condene a la accionada al pago de intereses
moratorios; y (iv) se condene en costas y agencias en derecho.

Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda son los
siguientes:

Víctor Manuel Vega Vallejo nació el 16 de julio de 1955.

El demandante es docente municipal al servicio del municipio de Medellín y,
para la fecha de presentación de la demanda, tenía 63 años, estatus de
pensionado y continuaba activo en el servicio docente.

La accionada por Resolución 20180075697 de 22 de octubre de 2018, le
reconoció el estatus de pensionado a partir del 11 de agosto de 2017 y
ordenó el pago de la pensión de jubilación a partir del retiro efectivo del
servicio. Luego, negó el derecho a la compatibilidad de la pensión con los
salarios que devengaba por los servicios prestados.

Señaló que, el demandante está cobijado por el Decreto 2277 de 1979
(Estatuto Docente), y puede disfrutar de la compatibilidad entre salario y
pensión. Por consiguiente, la administración hizo mal en condicionar el
disfrute de la pensión al retiro del servicio.

1.2. Normas violadas y concepto de violación

De la Constitución Política los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 25, 48, 53 y 58; el
artículo 15 (numeral 1, inciso 1) de la Ley 91 de 1989; el artículo 4 del
Decreto ley 2277 de 1979; el artículo 115 de la Ley 115 de 1994; el literal g
del artículo 19 de la Ley 4 de 1992; el artículo 279 de la Ley 100 de 1993; el
artículo 81 de la Ley 812 de 2003, y el artículo 5 del Decreto ley 224 de 1972.

Como concepto de violación indicó que, el docente se vinculó al servicio
del Estado antes de la entrada en vigor del Decreto 1278 de 2002; por lo que,

3

Interno: 0314-2023
Demandante: Víctor Manuel Vega Vallejo
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y Otros.

se encuentra amparado por el Decreto 2277 de 1979 y que continúa adscrito
al estatuto docente; por lo que, en su sentir, le son aplicables las normas que
regulan los derechos laborales y prestacionales anteriores a la entrada en
vigencia del artículo 81 de la ley 812 de 2003.

Destacó que, hay falsa motivación del acto administrativo acusado en cuanto
negó al demandante el derecho a percibir la pensión de manera simultánea
con el salario; dado que, continúa vinculado al servicio docente,
desconociendo los precedentes jurisprudenciales proferidos por el Consejo
de Estado frente al tema.

De manera que, el cambio jurisprudencial adoptado por el Consejo de Estado
en sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018 no afecta a los
docentes.

2. Contestación de la demanda

La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio guardó silencio2.

3. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Antioquia por sentencia de 16 de septiembre de
2022, accedió a las pretensiones de la demanda3.

Advirtió que, en el sub lite, si bien, la prohibición de doble asignación del
Tesoro Público consagrada en la Constitución Política fue regulada por el
artículo 19 de la Ley 4ª de 1992 al indicar expresamente “Nadie podrá
desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de
una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado”; lo cierto es que,
tal artículo contempla unas excepciones a dicha prohibición.

Señaló que, el literal g) conservó las compatibilidades que existían en el
sector de los docentes (pensión y salario), artículos 5 del Decreto 224 de
1972 y 279 de la Ley 100 de 1993, razón por la cual para disfrutar de dicha

2
Folio 46 vuelta.
3
Samai-gestión otros despachos-índice 48.

4

Interno: 0314-2023
Demandante: Víctor Manuel Vega Vallejo
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y Otros.

prestación económica no se requiere del retiro del servicio; dado que, existe
compatibilidad de las prestaciones reconocidas por el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio con otras pensiones o salario.

Destacó que, Víctor Manuel Vega Vallejo se vinculó a la docencia antes de la
entrada en vigencia del Decreto 1278 de 2002; por lo que, se encuentra
exceptuado de la prohibición de recibir doble asignación del tesoro público,
toda vez que su situación se encuentra inmersa dentro de la excepción
consagrado en el artículo 6 de la Ley 60 de 1993.

Consideró que, la calidad del actor como docente territorial remunerado con
recursos del municipio, no lo excluye del derecho a la compatibilidad entre la
pensión de jubilación y salario; ya que, las normas que rigen el asunto no lo
disponen; y en tal sentido, no le corresponde al juez crear una exclusión que
no fue expresamente consagrada por el legislador.

Luego, declaró la nulidad parcial de la Resolución 2018500075697 de 22 de
octubre de 2018, “Por medio de la cual se reconoce una Pensión de
Jubilación”, proferida por el secretario de Educación del Municipio de
Medellín, en lo atinente a la expresión “a partir del momento que acredite el
retiro definitivo del servicio”, contenida en el artículo primero de dicho acto
administrativo.

Frente a la prescripción indicó que, (i) al demandante le fue reconocida la
pensión de jubilación por Resolución de 22 de octubre de 2018 a partir del 11
de agosto de 2017 (estatus pensional) momento a partir del cual contaba con
tres años para interrumpir la prescripción por un lapso igual; y (ii) la demanda
se radicó el 18 de diciembre de 2018; esto es, con anterioridad al
vencimiento de los tres años; por lo que, se interrumpió la prescripción por
una sola vez. Luego, no operó dicho fenómeno; y por tanto, el actor tiene
derecho a cada una de las mesadas causadas desde que adquirió el estatus
de pensionado.

Respecto al reconocimiento de los intereses moratorios (artículo 141 de la
Ley 100 de 1993), negó tal pedimento, toda vez que son pretensiones
excluyentes; dado que, en esta sentencia se ordenó reconocer las mesadas
causadas debidamente indexadas.

5

Interno: 0314-2023
Demandante: Víctor Manuel Vega Vallejo
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y Otros.

Condenó en costas a la parte vencida.

4. Recurso de apelación

La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, interpuso recurso de alzada contra la
sentencia de primera instancia, y solicitó que se nieguen las súplicas de la
demanda en cuanto a la compatibilidad concedida:4

Por cuanto es claro que los docentes no disfrutan de un régimen especial en
materia pensional, sino que se someten a las disposiciones que regían la
materia pensional con vigencia para el universo de los demás servidores
públicos del régimen común; por lo cual, según su criterio se aplica la
exigencia “atinente a que para entrar a disfrutar de la pensión, deben
acreditar el retiro del servicio, a riesgo de encontrarse incursos en la
prohibición de estirpe constitucional según la cual se proscribe la percepción
de más de una asignación que provenga del Tesoro Público, prohibición que
tan sólo admite una excepción en el caso de los maestros, cual es la
consistente en que el docente puede disfrutar de la pensión y al mismo
tiempo de la pensión gracia, por lo demás, para disfrutar de la pensión de
vejez les correspondía como al resto de los servidores públicos acreditar su
retiro definitivo del servicio.”

Refirió que “se observa que sin ningún juicio crítico se pasó por alto, como lo
advirtió reiteradamente la entidad territorial, que el docente accionante era un
empleado de carácter territorial, (…) el cual nunca ha gozado del derecho a
disfrutar de la pensión al mismo tiempo que del sueldo por su vinculación
laboral (…), así las cosas, se mantendría vigente hasta la edad de retiro
forzoso del empleado”.

En suma, que “ni la Ley 91 de 1989 ni la Ley 60 de 1993 ni la Ley 115 de
1994, habían establecido, antes de la expedición de la Ley 344 de 1996, el
derecho en favor de los docentes a disfrutar simultáneamente de la mesada
pensional y del sueldo por el ejercicio del cargo. La única previsión en tal
sentido que es posible deducir de la Ley 91 de 1989 es la atinente a la
compatibilidad del disfrute de la “pensión gracia” y del sueldo, aspecto que

4
Samai-gestión otros despachos-índice 49.

6

Interno: 0314-2023
Demandante: Víctor Manuel Vega Vallejo
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y Otros.

tiene todo el sentido del mundo tanto desde el punto de vista legal como
jurisprudencial, toda vez que la pensión gracia es una dádiva del Gobierno
Nacional, y siendo ello así no hubiera sido coherente que a los docentes más
pobres, que fue en favor de quienes se estableció dicha prestación, tuvieran
que renunciar a sus cargos impidiéndoseles con ello que llegaran a
completar los requisitos necesarios para hacerse acreedores a la pensión
derecho, que exigía el cumplimiento de una serie de requisitos de mucha
mayor complejidad.”

5. Alegatos de conclusión

Por auto de 1 de marzo de 2024, el despacho sustanciador admitió el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandada y, en virtud del numeral 5
del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no se corrió traslado a las partes para
alegar; sin embargo, por no existir pruebas que decretar en segunda
instancia, se prescindió del periodo para que las partes alegaran de
conclusión.

6. Concepto del Ministerio público5.

El agente del Ministerio público no rindió concepto.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA.

2.2. Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la entidad
demandada, le corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia del
Tribunal Administrativo de Antioquia que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

5
Folio 77.

7

Interno: 0314-2023
Demandante: Víctor Manuel Vega Vallejo
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y Otros.

Para el efecto se analizará si (i) Víctor Manuel Vega Vallejo tiene derecho al
reconocimiento y pago de una pensión de jubilación a partir de la fecha en la
que consolidó el estatus pensional, y no desde el retiro del servicio, como lo
dispuso la demandada en el acto de reconocimiento pensional, y (ii)
establecer si resulta compatible la pensión de jubilación con el salario como
docente oficial.

Con el fin de desatar el problema jurídico se abordarán los siguientes
aspectos: 2.2.1. Hechos relevantes probados; y 2.3 Caso concreto.

2.2.1. Hechos relevantes probados

Víctor Manuel Vega Vallejo nació el 16 de julio de 19556.

Adquirió el estatus de pensionado el 11 de agosto de 20177.

Ingresó al servicio educativo oficial antes de la expedición de la Ley 812 de
2003, pues se vinculó con el municipio de Medellín desde el 31 de marzo de
1997 y al 26 de junio de 2003 se encontraba vinculado 8.

Por Resolución 2018500075697 de 22 de octubre de 2018 “Por medio de la
cual se reconoce una Pensión de Jubilación”, proferida por el secretario de
Educación del Municipio de Medellín9, se ordenó reconocer y pagar a Víctor
Manuel Vega Vallejo una pensión de jubilación en cuantía de $3.710.033,
efectiva a partir del “momento que acredite el retiro definitivo del servicio, de
acuerdo a la parte motiva de la presente resolución, por su vinculación como
docente Municipal Recursos Propios”.

2.3. Caso Concreto

El accionante solicitó la nulidad del acto administrativo demandado, por
medio del cual el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -
Secretaría de Educación de Medellín, le concedió la prestación pensional

6
Folio 21 vuelta.
7
Folio 21 vuelta.
8
Folio 21 vuelta. El régimen pensional aplicable es el de la pensión ordinaria para los servidores públicos del orden
nacional dispuesto en la Ley 33 de 1985, que exige 55 años y 20 años de servicios y los factores enlistados en el
artículo 1 de la ley 62 de 1985.
9
Folio 21 a 23.

8

Interno: 0314-2023
Demandante: Víctor Manuel Vega Vallejo
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y Otros.

condicionada al retiro del servicio, y no desde la adquisición del estatus
pensional; es decir, a partir del 11 de agosto de 2017.

El Tribunal Administrativo de Antioquia, consideró parcialmente desvirtuada
la presunción de legalidad del acto acusado, pues no podía someterse el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de Víctor Manuel Vega
Vallejo a la acreditación del retiro definitivo del servicio oficial docente, por
traducirse en el desconocimiento del derecho que por tal calidad le asiste; y,
por ende, ordenó a la entidad demandada reconocer la prestación pensional
desde que adquirió el estatus de pensionado.

Inconforme la accionada interpuso recurso de apelación contra la anterior
decisión, y solicitó que se revoque, por cuanto es claro que los docentes no
disfrutan de un régimen especial en materia pensional, sino que se someten
a las disposiciones que regían la materia pensional con vigencia para el
universo de los demás servidores públicos del régimen común; es decir, “que
para entrar a disfrutar de la pensión, deben acreditar el retiro del servicio, a
riesgo de encontrarse incursos en la prohibición de estirpe constitucional
(…).”

En primer lugar, para dilucidar el problema jurídico planteado, la Sala
advierte que el artículo 5 del Decreto 224 de 197210 estableció que el
ejercicio de la docencia no sería incompatible con el goce de la pensión de
jubilación, en los siguientes términos:

“Artículo 5. El ejercicio de la docencia no será incompatible con el
goce de la pensión de jubilación siempre y cuando el beneficiario
esté mental y físicamente apto para la tarea docente, pero se
decretará retiro forzoso del servicio al cumplir sesenta y cinco (65)
años de edad”.

Por su parte, el Decreto 2277 de 1979 -Estatuto Docente- en su artículo 3,
dispuso que los educadores que prestan sus servicios a entidades del orden
Nacional, Departamental, Distrital y Municipal son empleados oficiales de
régimen especial en lo que tiene que ver con la administración de personal y
algunos temas salariales y prestacionales, así:

10
“Por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente”.

9

Interno: 0314-2023
Demandante: Víctor Manuel Vega Vallejo
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y Otros.

“Artículo 3. Los educadores que prestan sus servicios en entidades
oficiales de orden nacional, departamental, distrital, intendencial,
comisarial y municipal, son empleados oficiales de régimen especial
que, una vez posesionados, quedan vinculados a la administración
por las normas previstas en este decreto”.

La especialidad del régimen a que se refiere esta disposición, comprende
aspectos de administración de personal, situaciones administrativas, ascenso
de los educadores, entre otros. Sin embargo, aunque en lo relacionado con la
pensión ordinaria de jubilación los docentes no disfrutan de ninguna
especialidad que les otorgue determinados privilegios, sí han sido
beneficiarios de algunas prerrogativas, como la posibilidad de recibir
simultáneamente pensión y sueldo, y algunos gozan de la denominada
pensión gracia.

El artículo 128 de la Constitución Política de 1991 prevé la prohibición de
desempeñar simultáneamente más de un empleo público y recibir más de
una asignación que provenga del tesoro público, al señalar que:

“Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo
público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro
público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte
mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados
por la ley.
Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades
territoriales y el de las descentralizadas”.

La Ley 4 de 1992, por medio de la cual se establecieron las normas,
objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación
del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, entre otros, en
su artículo 19 dispuso:

“Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo
público, ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro
Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte
mayoritaria el Estado. Exceptúanse las siguientes asignaciones:
a) Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen
como asesores de la Rama Legislativa;
b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión
militar o policial de la Fuerza Pública;
c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional;
d) Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra;

10

Interno: 0314-2023
Demandante: Víctor Manuel Vega Vallejo
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y Otros.

e) Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales
de salud;
f) Los honorarios percibidos por los miembros de las Juntas
Directivas, en razón de su asistencia a las mismas, siempre que no
se trate de más de dos juntas;
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley
beneficien a los servidores oficiales docentes pensionados”.
(Resaltado por la Sala)

Esta disposición fue analizada por la Subsección B de la Sección Segunda
de esta Corporación, que respecto de la excepción a la que alude el literal g)
del artículo 19 de la Ley 4ª de 1992 concluyó lo siguiente11:

“Al establecer la excepción, no se estaba señalando a los docentes
que ya estaban pensionados, sino a las disposiciones que en esa
fecha beneficiaban a los docentes pensionados, pues se trataba era
de establecer excepciones a la prohibición, no de aclarar situaciones
ya definidas como eran los docentes pensionados.

Es la lectura que debe darse a la disposición, pues no resultaría
comprensible que el legislador, en vez de establecer excepciones,
como lo anuncia, derogue las existentes.

En esas condiciones, entendiendo que la Ley 4ª de 1992, art. 19,
literal g) al establecer las excepciones en examen, contempló las
disposiciones que al entrar en vigencia dicha ley, beneficiaban a los
docentes pensionados, una de ellas, es el artículo 5º del Decreto
224 de 1972 (…)

Las razones antes expuestas permiten a la Sala concluir que los
docentes oficiales siguen gozando de la prerrogativa de
acceder a la pensión y seguir percibiendo sueldo, por permitirlo
así expresamente la normatividad antes citada”. (Sombreado fuera
del texto).

Puestas, así las cosas, es claro que la voluntad del legislador con el referido
artículo 19 era mantener vigente la excepción contenida en el Decreto 224 de
1972 que beneficiaba a los docentes que se encontraban pensionados y a
aquellos que en un futuro cumpliesen los requisitos para ser acreedores de
una pensión de jubilación.

En esa misma dirección debemos recordar entonces que, la Ley 100 de 1993
en su artículo 279 exceptuó del Sistema Integral de Seguridad Social

11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de marzo de 2003, radicado

05001-23-31-000-1995-01799-01 (1577-2001), M.P. Alejandro Ordóñez Maldonado.

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Interno: 0314-2023
Demandante: Víctor Manuel Vega Vallejo
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y Otros.

contenido en esa norma (hasta la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003)
“a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán
compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este
Fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en
favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la
reglamentación que para el efecto se expida”. (Resalta la Sala).

En la disposición transcrita se lee que el legislador preservó la compatibilidad
de la pensión de jubilación con el salario devengado por el docente,
compatibilidad de la cual pueden ser beneficiarios aquellas personas que
acrediten los requisitos para que les sea reconocida una pensión y presten o
llegasen a prestar sus servicios como docentes oficiales, teniendo en cuenta
que son estos últimos quienes deben ser afiliados al FOMAG.

Como ya se dijo, esa disposición expresa que las prestaciones a cargo del
FOMAG serán compatibles “con pensiones o cualquier clase de
remuneración”; es decir, no establece como requisito que la pensión haya
sido reconocida bajo los requisitos de un régimen determinado.

Ahora bien, de la lectura de las disposiciones contenidas en la Ley 344 de
1996 se puede evidenciar que la voluntad del legislador fue mantener vigente
la compatibilidad referida y de la cual son beneficiarios los docentes, toda vez
que en su artículo 19 dispuso:

“Artículo 19. Sin perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989,
60 de 1993 y 115 de 1994, el servidor público que adquiera el
derecho a disfrutar de su pensión de vejez o jubilación podrá optar
por dicho beneficio o continuar vinculado al servicio, hasta que
cumpla la edad de retiro forzoso”.

Acorde con esto, dicha disposición, dio a los servidores públicos, una vez
adquieran el derecho a disfrutar su pensión de vejez o jubilación, la
posibilidad de optar por una de las dos opciones a saber: i) retirarse del
servicio y comenzar a disfrutar de la pensión de la cual es acreedor o ii)
continuar vinculado al servicio hasta que cumpla la edad de retiro forzoso.
Esto es, los servidores públicos podrán disfrutar de la pensión solo hasta

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Interno: 0314-2023
Demandante: Víctor Manuel Vega Vallejo
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y Otros.

cuando acrediten el retiro del servicio. Sin embargo, nuevamente, de manera
expresa excluyó a los docentes oficiales.

En ese sentido, se refirió la Corte Constitucional en sentencia C-584 de 1997:

“No obstante, antes de la expedición de la ley parcialmente
demandada [Ley 344 de 1996], el único régimen general que
permitía el goce simultáneo de la pensión de jubilación y la
estabilidad en el cargo era el aplicable a los docentes afiliados al
fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio, el que
permanece incólume en la nueva normativa. En efecto, la primera
parte del artículo 19 demandado, exceptúa, expresamente, de su
ámbito de aplicación, a los docentes afiliados al fondo nacional de
prestaciones sociales del magisterio y sometidos a las Leyes 91 de
1989, 60 de 1993 y 115 de 1994.

(…)

La Corte ya ha puesto de manifiesto la protección especial que la
Constitución confiere a la educación superior. Al respecto, el artículo
68 de la C.P., señala que la enseñanza estará a cargo de personas
de reconocida idoneidad ética y pedagógica. Adicionalmente, la
Carta impone al legislador la obligación de garantizar la
profesionalización y dignificación de la actividad docente. En estas
condiciones, es claro el interés constitucional por mantener, en
sus puestos de trabajo, a quienes han cumplido con las
condiciones de idoneidad suficientes para poder servir a la
mejor formación de los educandos. Así, advierte la Corporación
que existe una razón constitucional, tan fuerte como la que ampara
la definición de la edad de retiro forzoso, para establecer, a favor de
los profesores universitarios, la excepción que se estudia, y que la
misma es útil y necesaria para alcanzar el objetivo perseguido”
(Resalta la Sala).

Con posterioridad, el Gobierno nacional expidió el Decreto 1278 de 200212 en
cuyos artículos 45 y 63, literal b) dispuso i) que el ejercicio de cargos en el
sector educativo estatal sería incompatible con “el goce de la pensión de
jubilación, vejez, gracia o similares” y ii) que la cesación definitiva de las
funciones docentes o directivos docentes de los educadores estatales se
produciría, entre otros, por obtención de la jubilación o pensión de vejez,
gracia o invalidez.

Sin embargo, el artículo 45 del decreto aludido fue declarado inexequible por
la Corte Constitucional mediante sentencia C-1157 de 2003, y si bien el
12
“Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente”.

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Interno: 0314-2023
Demandante: Víctor Manuel Vega Vallejo
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y Otros.

artículo 63 literal b) fue declarado exequible mediante la sentencia C-734 de
2003, allí se precisó que “la norma acusada no estaba modificando el
régimen propio de las pensiones de vejez, gracia o invalidez, ni mucho
menos establece objetivos y criterios a los cuales deba sujetarse el gobierno
para fijar el régimen prestacional de los docentes – “los cuales como ya se
explicó se encuentran establecidos en la Ley 4 de 1992 y a ellos debe
remitirse el Gobierno” (Sombreado fuera de texto).

De ahí que también, los decretos anuales por los cuales se modifica la
remuneración de los servidores públicos y directivos docentes al servicio del
Estado en los niveles de preescolar, básica y media y se dictan otras
disposiciones de carácter salarial para el sector educativo estatal, prevén que
“Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni
recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de
empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado.
Exceptúanse las asignaciones de que trata el artículo decimonoveno de
la ley 4ª de 1992”13.

En consecuencia, la prerrogativa contenida en el literal g) del artículo 19 de
la Ley 4ª de 1992 relativa a la compatibilidad entre el salario y la pensión
para el caso de los docentes, se mantiene vigente, interpretación que guarda
armonía con la regulación expedida con posterioridad y las interpretaciones
jurisprudenciales expuestas.

También, sobre la compatibilidad entre sueldo y pensión de jubilación para
docentes, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado,
concluyó lo siguiente14:

“(…) Teniendo en cuenta este antecedente, así como la legislación
expedida con posterioridad a la Ley 4ª de 1992, la Sala considera
que si bien es cierto ella estableció como criterio para fijar el régimen
salarial y prestacional de los servidores aludidos, el respeto a los
derechos adquiridos por los servidores del Estado tanto de régimen
general «como de los regímenes especiales»8, como era natural,
también lo es que el literal g) no estableció una excepción a la
prohibición, atendiendo un criterio subjetivo, derivado de la locución
13
Ver, entre otros, los decretos 319 de 2020, 965 de 2021, 449 de 2022, 0887 de 2023.
14
Concepto 1305 del 23 de noviembre de 2000, C.P. Flavio Augusto Rodriguez Arce, reiterado en concepto 1459 de
29 de agosto de 2002.

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Interno: 0314-2023
Demandante: Víctor Manuel Vega Vallejo
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y Otros.

«beneficien a los servidores oficiales docentes pensionados», sino
uno de carácter objetivo supeditado a la expresión «exceptúanse las
siguientes asignaciones», que remite a las disposiciones de la
legislación anterior que consagraban las excepciones ya
mencionadas, esto es, la compatibilidad de devengar pensión y
sueldo, o dos pensiones -ordinaria y gracia-.
Así, las locuciones citadas entre comillas se remiten a las normas
que beneficiaban a los docentes pensionados, es decir, aquellas que
permiten al docente que disfruta de una pensión recibir otra
asignación del tesoro público, y no a los docentes que se hallaban
pensionados al momento de la vigencia de la ley 4ª de 1992, pues la
excepción apunta es a las «asignaciones» y no a los sujetos
«docentes pensionados».
De esta manera, un docente se beneficia de la excepción dicha,
cuando al cumplir las exigencias legales accede a la pensión y
simultáneamente tiene la posibilidad jurídica de devengar sueldo u
otra pensión, en los términos ya señalados (…)”.

Ahora bien, descendiendo al caso particular, se señala que conforme resultó
probado en el proceso, el accionante cumplió 55 años de edad el 16 de julio
de 2010 (nació el 16 de julio de 1955), y acreditó 20 años de servicio como
docente oficial el 11 de agosto de 2017, fecha en la que consolidó el estatus
pensional, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 33 de
1985.

Luego, la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio debe pagarle la pensión de jubilación
reconocida a Víctor Manuel Vega Vallejo a partir de la fecha de consolidación
del estatus; esto es, el 11 de agosto de 2017.

Lo anterior, toda vez que el reconocimiento de la pensión de jubilación se
debe efectuar sin necesidad de demostrar el retiro definitivo del servicio,
teniendo en cuenta que: i) el régimen especial docente lo permite; y ii) el
artículo 19 de la Ley 4 de 1992 no restringe tal compatibilidad, antes bien,
mantiene los beneficios otorgados a los docentes pensionados.

En lo referente a la excepción prevista en el artículo 19 de la Ley 4 de
199215, se precisa que cobija a los docentes pensionados con anterioridad a
su entrada en vigencia y a los que accedan a la pensión ordinaria y/o gracia

15
Declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-133 de 1993.

15

Interno: 0314-2023
Demandante: Víctor Manuel Vega Vallejo
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y Otros.

con posterioridad, dado que es precisamente su condición de pensionados la
que les permite acceder a los beneficios consagrados en normas anteriores
como lo previsto en el artículo 5 del Decreto 224 de 1972, conforme el cual
“el ejercicio de la docencia no sería incompatible con el goce de la pensión de
jubilación”.

La excepción no está condicionada en el tiempo, sino que debe entenderse
con respecto a los beneficios que, para la fecha de su entrada en vigencia,
18 de mayo de 1992, cobijan a los docentes que adquieran la calidad de
pensionados.

En un caso que guarda similitud con el aquí abordado, la Subsección ha
dicho que16:

“A tal conclusión ha llegado esta Subsección en asuntos similares en
los que ha señalado17 que «si bien la letra g del artículo 19 de la
mencionada Ley 4ª se refiere a las asignaciones que a la fecha de
su entrada en vigor beneficiarían a los docentes oficiales
pensionados, no quiere decir que se excluya de esa prerrogativa a
quienes se jubilen con posterioridad, habida cuenta de que la norma
hace alusión a las disposiciones que para esa época favorecían a
los profesores jubilados, interpretación que guarda armonía con la
regulación vigente a la promulgación de la Ley 4ª de 1992, razón por
la cual no es dable condicionar la pensión de jubilación del
demandante a la desvinculación del servicio, máxime cuando le es
reconocida su prestación en virtud de la Ley 91 de 1989 y demás
normas concordantes»18.

En efecto, esta interpretación se ha estructurado en antecedentes de
esta corporación en los que se ha concluido que la excepción
prevista en el literal g) del artículo 19 de la Ley 4.ª de 1992 «no sólo
cobija a los docentes pensionados con anterioridad a su entrada en
vigencia sino también a los que accedan a la pensión ordinaria y/o
gracia con posterioridad»19. Lo cual guarda correspondencia con el
reconocimiento efectuado en la sentencia apelada, según la cual,
José Roberto Chacón Peñarette es beneficiario de la Ley 812 de
2003, por vincularse con anterioridad a su entrada en vigencia, por lo

16
25000-23-42-000-2019-01569-01 (4290-2022), de 11 de agosto de 2023. MP Juan Enrique Bedoya Escobar.
17
En igual sentido, ver las siguientes sentencias de esta Subsección: i) del 8 de agosto de 2019, expediente 05001-
23-33-000-2013-01456-01 (1499-2015), M. P. Carmelo Perdomo Cuéter; y ii) del 25 de septiembre de 2020,
expediente 25000-23-42-000-2013-01579-01 (3862-2014), M. P. César Palomino Cortés.
18
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de mayo de 2023, radicado 05001-23-33-
000-2021-01482-01 (3388-2022), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
19
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 14 de agosto de 2009, radicado 05001-23-31-
000-2004-03824-01 (2170-08), M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez. 21 Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 15 de marzo de 2018, radicado 05001-23-33-000-2014-00331-01(0509-16), M.P.
Rafael Francisco Suárez Vargas.

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Interno: 0314-2023
Demandante: Víctor Manuel Vega Vallejo
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y Otros.

que puede acceder a la prestación en las condiciones señaladas en
los regímenes anteriores. De manera que el disfrute de la prestación
no debe condicionarse al retiro del servicio «dado que es
precisamente su condición de pensionados la que les permite
acceder a los beneficios consagrados en normas anteriores como el
contemplado por el artículo 5 del Decreto 224 según el cual ‘el
ejercicio de la docencia no sería incompatible con el goce de la
pensión de jubilación’»21.

Puestas, así las cosas, la Sala precisa que la decisión del a quo fue
acertada, toda vez que el demandante tiene derecho a que la pensión de
jubilación le sea reconocida desde el momento en que adquirió el estatus
pensional y no al retiro; y en tal sentido, la sentencia apelada se confirma,
salvo la condena en costas que se revoca.

Condena en costas

Frente a la condena en costas, la Sala hace las siguientes manifestaciones:

El artículo 361, del Código General del proceso, estipula:

“Composición. Las costas están integradas por la totalidad de las
expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las
agencias en derecho.
Las costas serán tasadas y liquidadas con criterios objetivos y
verificables en el expediente, de conformidad con lo señalado en los
artículos siguientes.” (Resaltado por la Sala).

A su vez, el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011:

“Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que
se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil”

No obstante, esta Sala ha sido del criterio que la norma transcrita deja a
disposición del juez valorar la procedencia o no de la condena en costas, ya
que para ello debe examinar la actuación procesal de la parte vencida,
tenerse certeza de su causación y que la conducta desplegada adolezca de
temeridad y mala fe, no basta el simple hecho de los resultados del
proceso20.

20
Radicado 15001-23-33-000-2013-00072, de 27 de enero de 2017 MP. Carmelo Perdomo Cuéter; Radicado:
13000-33-33-000-2014-00390 (1327-16), de 8 de septiembre de 2017, M.P. Sandra Lissett Ibarra Vélez.

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Interno: 0314-2023
Demandante: Víctor Manuel Vega Vallejo
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y Otros.

En el caso concreto, revisado el actuar de las partes a lo largo del proceso no
se evidencia temeridad o mala fe; y en tal sentido, la Sala revoca la condena
en costas.
III. DECISIÓN

Vistas las anteriores consideraciones, la Sala confirma la sentencia de 16 de
septiembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia que
accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, en cuanto a la fecha a
partir de la cual se debe hacer efectivo el reconocimiento pensional a favor
de Víctor Manuel Vega Vallejo, salvo la condena en costas que se revoca.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia de 16 de septiembre de 2022
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia, salvo la condena en costas
que se revoca.

SEGUNDO. - Sin condena en costas en las dos instancias

TERCERO. - Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JORGE PORTOCARRERO BANGUERA
(Firmada electrónicamente)

18

Interno: 0314-2023
Demandante: Víctor Manuel Vega Vallejo
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y Otros.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
(Firmada electrónicamente)

CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmada electrónicamente)

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