Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00978-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00978-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2021-00978-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
13 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D. C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00978-01 (6624-2022)
Demandante: José Miguel Pinto Ruiz
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio1
Tema: Reconocimiento pensión de jubilación. Régimen docente, Ley 71
de 1988
Sentencia de segunda instancia
________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 11 de octubre de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, mediante la cual se denegaron
las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. José Miguel Pinto Ruiz presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en orden a que
se declarara la nulidad de la Resolución 5070 del 22 de julio de 2021, por la cual el
secretario de educación de Bogotá, en nombre y representación del Fomag, le negó
el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes de conformidad
con la Ley 71 de 1988.
2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó: i) el reconocimiento de la prestación solicitada en cuantía equivalente al
1 En lo que sigue Fomag.
2 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: José Miguel Pinto Ruiz
75% del ingreso base de liquidación de todos los factores salariales devengados
durante el último año de servicio, a partir del 17 de enero de 2017, «momento en el
que cumplió los 60 años de edad y los 1.000 semanas de cotización» (sic), y sin que sea
exigible el retiro del servicio para su disfrute; ii) la inclusión en nómina de la
prestación; iii) el ajuste de las sumas que resultaren de lo que en esta instancia
llegare a resolverse; iv) el pago de las mesadas atrasadas y de los intereses
moratorios a los que haya lugar; v) el cumplimiento de la sentencia en los términos
de los artículos 192 y 195 del CPACA; y vi) la condena en costas a la entidad
demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. La Sala sintetiza como hechos relevantes los siguientes:
3.1. José Miguel Pinto Ruiz nació el 17 de enero de 1957, por tanto, al momento de
la presentación de la demanda contaba con más de 60 años de edad.
3.2. Prestó servicios en el sector privado y cotizó al Instituto de Seguro Social3, hoy
Administradora Colombiana de Pensiones4, 533.29 semanas.
3.3. Fue vinculado como docente oficial en el año 2001, cargo que ha desempeñado
desde ese entonces.
3.4. Pormedio de la Resolución 5070 del 22 de julio de 2021, suscrita por el
secretario de educación de Bogotá, en nombre y representación del Fomag, se le
negó el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes según lo previsto en
la Ley 71 de 1988, toda vez que el régimen aplicable al asunto era el dispuesto en
las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 7 de la Ley 71 de 1988; 15, numerales 1 y
2, de la Ley 91 de 1989; 6 de la Ley 60 de 1993; 115 de la Ley 115 de 1993; 279 de
la Ley 100 de 1993; 81 de la Ley 812 de 2003; y 1 y 2 del Decreto 3752 de 2003.
5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos 5:
3 En lo sucesivo ISS.
4 En adelante Colpensiones.
5 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_25000234200020210097(.zip) NroActua 2», carpeta «25000234200020210097800», archivo
«2_250002342000202100978002EXPEDIENTEDIGI20211119092456.pdf», folios 5 a 24.
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Demandante: José Miguel Pinto Ruiz
5.1. De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, los docentes que se
vincularan después de 1990, para efectos de las prestaciones económicas y
sociales, se regirían por las disposiciones de las que eran beneficiarios los
servidores públicos del orden nacional, lo cual también era extensivo a los docentes
que realizaran aportes al ISS y en el sector público.
5.2. Lo anterior, permitió concluir que «para los servidores públicos docentes vinculadas
después de 1990, SE UNIFICÓ EL RÉGIMEN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y
SOCIALES, con el resto de empleados públicos del orden nacional, aplicando así mismo
todas aquellas disposiciones aplicables a los empleados públicos de esta denominación,
completando, de ser necesario las semanas exigidas en el antiguo ISS, como lo estableció
el artículo 7 de la ley 71 de 1988» (sic).
5.3. El artículo 81 de la Ley 812 de 2003 estableció que el « [e]l régimen prestacional
de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculad[o]s
al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones
vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley»; disposición que
debe ser entendida en el sentido de que «los docentes vinculadas con anterioridad al
año 2003, se le aplican las normas anteriores a la expedición de la Ley 812, es decir la Ley
71 de 1988 como trabajadores privados, o prestando el servicio público o privado con
aportes al antiguo ISS, pues si trataba de proteger a los docentes que con alguna edad
se vinculaban al sector público después del 26 de junio de 2003, y que lograban acreditar
trabajo antes de menciona fecha, TODAS LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES
ANTERIORES A LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA PRESENTE, le son aplicables» (sic).
5.4. Así las cosas, si el docente laboraba con anterioridad al «26» de junio de 2003 y
había tenido aportes a alguna entidad de previsión del sector público o al ISS, se le
debía respetar el régimen de transición previsto en el artículo 81 de la Ley 812 de
2003.
5.5. En ese orden y en consideración a que antes de la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003 efectuó aportes al ISS, se le debía respetar el régimen contenido en la
Ley 71 de 1988, puesto que, la «expresión vinculadas, desarrollada expresamente en la
norma, se refiere como lo contemplo el Honorable Consejo de estado, a estar laborando o
haber realizado aportes al ISS, como normatividad aplicable a los servidores públicos del
estado, antes del 23 de junio de 2003» [sic].
5.6. Haber reconocido la pensión de jubilación con aplicación de la Ley 100 de 1993
vulneró las disposiciones establecidas en la normativa docente y en especial el
contenido de la Ley 812 de 2003, que permitió acogerse a las prerrogativas
establecidas en la Ley 71 de 1988, «norma anterior aplicable para los docentes que
demuestran actividad laboral, realizando aportes al antiguo ISS, antes del 26 de junio de
2003» (sic).
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Demandante: José Miguel Pinto Ruiz
1.2. Contestación de la demanda
6. El Fomag se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en los
siguientes argumentos6:
6.1. El régimen pensional de los docentes oficiales se determinaría de acuerdo con
la fecha de vinculación i) si es anterior al 27 de junio de 2003 [cuando entró en
vigencia la Ley 812 de 2003], correspondería al establecido en la Ley 91 de 1989 y
las demás normas aplicables hasta ese momento; y ii) si es posterior a la referida
fecha, el régimen pensional sería el de prima media con prestación definida previsto
en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción de la edad que sería de 57
años para hombres y mujeres.
6.2. De acuerdo con el material probatorio que obra en el expediente, el régimen
pensional del demandante era el contenido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003,
puesto que se vinculó como docente oficial con posterioridad al 27 de junio de 2003.
6.3. Aunado a lo anterior, el actor no era beneficiario del régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que para el 1 de abril de
1994, fecha de entrada en vigencia de la norma, no contaba con 40 años de edad
ni 15 de servicio.
6.4. Propuso la excepción que denominó «(l)egalidad del Acto Administrativo
demandado».
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
mediante sentencia proferida el 11 de octubre de 2022 denegó las pretensiones de
la demanda y se abstuvo de condenar en costas a la parte vencida. Para tal efecto,
luego de realizar un recuento de los preceptos legales y jurisprudenciales aplicables
al asunto concluyó lo siguiente7:
7.1. Los docentes vinculados al servicio educativo a partir del 27 de junio de 2003,
fecha de entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, estaban cobijados por el régimen
pensional de prima media con prestación definida establecido en las leyes 100 de
1993 y 797 de 2003.
7.2. En el caso concreto, José Miguel Pinto Ruiz fue nombrado en provisionalidad
6 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_25000234200020210097(.zip) NroActua 2», carpeta «25000234200020210097800», archivo
«15_250002342000202100978003RECIBEMEMORIAL20220314092515.pdf».
7 Índice 23 del proceso de primera instancia, SAMAI.
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desde el 28 de enero de 2004 y en propiedad a partir del 31 de mayo de 2007,
vinculaciones posteriores a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, razón por
la cual no se encontraba cobijado por el régimen de transición previsto en esa norma
y su mesada pensional debía ser analizada con fundamento en las leyes 100 de
1993 y 797 de 2003, para cuyo régimen eran computables tiempos servidos en el
sector privado, sin compatibilidad con el sueldo en servicio activo, que era exclusivo
para el sector docente.
7.3. Si alguna persona docente, como el actor, prestó sus servicios en calidad de
interino con anterioridad, pero a la fecha de expedición de la Ley 812 de 2003, no
tenía vinculación alguna, no era destinataria de la transición.
7.4. No había lugar a la condena en costas a la parte demandante, toda vez que
planteó una discusión de buena fe y no incurrió en conductas dilatorias o temerarias.
1.4. El recurso de apelación
8. José Miguel Pinto Ruiz interpuso recurso de apelación con fundamento en los
siguientes argumentos8:
8.1. A los docentes que ingresaron al servicio del Estado antes del año 2003 se les
aplicaría la norma anterior a la expedición de la Ley 812 del 2003, es decir, la Ley
71 de 1988. Por lo tanto, si laboraban antes del 27 de junio del 2003, fecha de
entrada en vigencia de esa ley, o aportaban a alguna caja del sector público como
el ISS, se les debía respetar el régimen de transición dispuesto en la primera
normativa.
8.2. Comoquiera que fue vinculado como docente interino a través de la Resolución
5445 del 22 de agosto de 2001 tenía derecho a la aplicación de la Ley 71 de 1988,
según la cual los empleados oficiales y los trabajadores particulares que acreditaran
55 años, si es mujer, y sesenta 60 años, si es hombre, y 20 años o más de
cotizaciones o aportes continuos o discontinuos en el ISS, hoy Colpensiones, y en
una o varias de las entidades de previsión social del sector público, tendrían derecho
a recibir la pensión de jubilación por efectos de la acumulación de aportes derivados
de la relación de trabajo de carácter particular y oficial.
8.3. Enconsecuencia, le resultaban aplicables los postulados que regulaban la
pensión por aportes prevista en la Ley 71 de 1988, prestación que no podía ser
condicionada al retiro definitivo del servicio para su disfrute.
8Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_25000234200020210097(.zip) NroActua 2», carpeta «25000234200020210097800», archivo
«32_250002342000202100978001RECIBEMEMORIAL20221026165757.pdf».
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Demandante: José Miguel Pinto Ruiz
1.5. Intervenciones en segunda instancia
9. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, modificado
por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar9.
1.6. El Ministerio Público
10. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
11. De acuerdo con el artículo 328 del Código General del Proceso10, la competencia
del juez de segunda instancia está enmarcada por los argumentos expuestos en el
recurso de apelación, en esas condiciones, el problema jurídico que se debe
resolver en esta instancia se contrae a determinar ¿si José Miguel Pinto Ruiz tenía
derecho a obtener la pensión de jubilación de conformidad con lo previsto en la Ley
71 de 1988, en virtud del régimen de transición previsto en el artículo 81 de la Ley
812 de 2003?
2.2. Marco normativo
2.2.1. Sobre el sistema de seguridad social creado por la Ley 100 de 1993 y el
régimen exceptuado de los docentes afiliados al Fomag
12. La Constitución Política previó la seguridad social en su artículo 48 como «un
servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y
control del Estado». Tiene esta connotación porque su finalidad es satisfacer, de
forma continua, una necesidad de carácter general consistente en amparar las
contingencias que se presenten para las personas derivadas de la vejez, invalidez,
enfermedad o muerte11. La norma le otorgó en su inciso segundo la calidad de
«derecho irrenunciable», por lo que es considerado un derecho fundamental al
repercutir directamente en la vida y dignidad de las personas12.
9 Tal y como se indicó en el auto del 4 de marzo de 2024. Samai, índice 4, actuación «Auto que
admite recurso de apelación», documento «AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION(.pdf)
NroActua 4».
10 En lo que sigue CGP.
11 Sobre el particular se puede leer la providencia C-623 de 2004.
12 Al respecto se pueden consultar las siguientes sentencias. Sentencia T-019 de 2009, T-395 de
1998, T-076 de 1999, T-321 de 1999 y T-101 de 2001
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13. En virtud de lo anterior, el Estado asumió la obligación de diseñar e implementar
el sistema de seguridad social que conlleva la integración de normas que, de
manera conjunta y coordinada, sirvan para regular la prestación de ese servicio
público y lograr su satisfacción13. Este mandato lo cumplió con la expedición de la
Ley 100 de 1993 que creó «el sistema de seguridad social integral» con el fin de «unificar
la normatividad y la planeación de la seguridad social […]»14. El sistema quedó
conformado por cuatro componentes o subsistemas: el Sistema General de
Pensiones, el Sistema General de Salud, el Sistema General de Riesgos
Profesionales y los Servicios Sociales Complementarios.
14. La ley reguló el Sistema General de Pensiones en su libro primero y con él unificó
los regímenes que existían con antelación, así lo señaló de forma expresa y fue
expuesto en sus antecedentes legislativos15. Está integrado por dos regímenes
específicos, autónomos e independientes, denominados: « Régimen Solidario de
Prima Media con Prestación Definida» y «Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad».
Para cada uno dispuso las instituciones encargadas de administrarlos, la afiliación,
su financiación a través de cotizaciones obligatorias y subsidios del Estado, los
requisitos para obtener la prestación social, las diferentes pensiones que reconocen,
los beneficiarios y el monto pensional.
15. El Sistema General de Pensiones reglado en la Ley 100 de 1993 rige en su
integridad todo lo relacionado con el reconocimiento pensional y las entidades que
lo administran. Es así porque su finalidad fue unificar todos los regímenes
pensionales que existían antes de su expedición, lo que consiguió al disponer que
todos los trabajadores públicos, privados e independientes deben cotizar a sus
subsistemas.
13 El término «sistema lo define la RAE como un «Conjunto de reglas o principios sobre una materia
racionalmente enlazados entre sí».
14 Preámbulo y artículo 6.
15 Ibidem. En la exposición de motivos de la ley se explicó lo siguiente: «[l]a dispersión de regímenes
pensiónales dentro del sector público se corresponde con gran multiplicidad, de entidades, lo cual
se refleja en la existencia de cerca de un millar de cajas, y en una tendencia a la deserción de
entidades y afiliados de Cajanal, que se suponía debía haber sido la entidad para centralizar y
homogenizar la previsión del nivel nacional. (…) Por último, se unificarán los sistemas pensionales
vigentes para el sector público y el sector privado. Los trabajadores del sector público tendrían un
régimen de beneficios y contribuciones idéntico al del sector privado, que se realizaría a través de
los mismos fondos. (…) A la larga, se eliminará la multiplicidad de regímenes e instituciones
previsionales del sector público así como las inequidades dentro del mismo, y respecto a las
pensiones del sector privado. Como en el sector privado, los beneficios extraordinarios en el sector
público tendrán que ser complementarios voluntarios y a cargo de los trabajadores y los recursos
propios de las entidades; en ningún caso estarán a cargo del fisco o de terceros, y tendrán que:
constituirse efectivamente las reservas necesarias». Congreso de la República Gaceta No. 087 -
1992 páginas 11 y 12.
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16. No obstante, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó del sistema integral
de seguridad social contenido en esa norma, entre otros, a los afiliados al Fomag,
para lo cual dispuso:
«Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel
que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no
remunerados de las Corporaciones Públicas.
Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán
compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será
responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que
se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se
expida» [resalta la Sala].
17. Dentro de los denominados «regímenes exceptuados» de la aplicación de la Ley
100 de 1993, están comprendidos (i) los integrantes de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional; (ii) el personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, excepto al
vinculado en vigencia de la referida ley; (iii) los miembros no remunerados de las
corporaciones públicas; (iv) los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio; y (v) los servidores de la Empresa Colombiana de Petróleos
vinculados antes de la vigencia de la Ley 797 de 200316.
18. Estos cuentan con normativa propia que fijan los requisitos que los trabajadores
beneficiarios deben cumplir para obtener la pensión y reglan sus distintas
modalidades de pensión.
19. En el sector docente oficial, la Ley 91 de 1989 «[p]or la cual se crea el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio» distinguió entre el personal docente nacional,
nacionalizado y territorial y distribuyó las obligaciones prestacionales de los docentes
(artículos 1 y 2), según se resume a continuación:
Personal Tipo de vinculación Prestaciones sociales a Entidad responsable
docente cargo
Vinculados por Las causadas hasta 29 de La extinta Cajanal y el Fondo
nombramiento del diciembre de 1989 y en Nacional del Ahorro o las que
gobierno nacional adelante, los reajustes y la hicieren sus veces.
Nacional sustitución de pensiones
Las causadas a partir del 29 La nación y pagadas por el
de diciembre de 1989 Fomag
Las causadas hasta el 31 de Las respectivas entidades
diciembre de 1975 y en territoriales o las cajas de
Nacionalizado adelante, los reajustes y la previsión, o las entidades que
sustitución de pensiones hicieren sus veces, a las cuales
venía vinculado este personal
16 Artículo 3 que modificó el 15 de la Ley 100 de 1993.
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Vinculados por Las causadas en el período La Nación o las respectivas
nombramiento de de nacionalización (1 de entidades territoriales o las
entidad territorial enero de 1976 – 31 de cajas de previsión, o las
antes y después del diciembre de 1980), los entidades que hicieren sus
1/1/1976 (Ley 43/75) reajustes y la sustitución de veces (estas entidades deben
pensiones contribuir en los porcentajes
establecidos en el artículo 3 de
la Ley 43 de 1975).
Las causadas y no pagadas Las respectivas entidades
entre el 1 de enero de 1981 y territoriales o las cajas de
el 29 de diciembre de 1989 previsión social, o las
entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba
vinculado dicho personal.
La nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
Las causadas a partir del 29 La nación y pagadas por el
de diciembre de 1989 Fomag
20. Uno de los componentes que regula la Ley 91 de 1989 es el régimen prestacional
con el ánimo de lograr cierta unidad e igualdad frente a la disparidad anterior, por lo
que el artículo 15 ibidem prevé que a partir de su entrada en vigor, los docentes
nacionales y aquellos que ingresen del 1° de enero de 1990 en adelante, estarán
regulados por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden
nacional, entre ellas, los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o
que se expidan en el futuro, verbigracia, la Ley 344 de 1996.
21. En materia pensional, el citado artículo 15, numeral 3, literal b), dispone que i) a
los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen
prestacional que habían gozado en cada entidad territorial, de conformidad con las
normas vigentes; y ii) aquellos que ingresaron a partir del 1° de enero de 1990,
nacionales y nacionalizados, tienen derecho a una pensión de jubilación bajo el
régimen general y ordinario de pensiones del sector público nacional, de acuerdo
con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último
derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.
22. La Ley 60 de 199317 asignó la administración de los servicios educativos
estatales a los municipios, financiados con recursos propios y con los provenientes
de su participación del situado fiscal, en conjunto con los departamentos. En el
17 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con
los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».
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Demandante: José Miguel Pinto Ruiz
artículo 6 ibidem dispuso la incorporación del personal docente de los órdenes
departamental, distrital y municipal al Fomag, así como la conservación del régimen
prestacional anterior, mientras que a las nuevas vinculaciones se les aplicaría la Ley
91 de 1989. En consecuencia, las prestaciones sociales causadas antes de la
afiliación al señalado fondo y sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones serían
cubiertas por la respectiva entidad territorial o el ente de previsión social a la cual
se hubieren realizado los aportes; a diferencia de las que se hicieran exigibles con
posterioridad, que estarán a cargo del indicado fondo.
23. Sobre el particular, el Consejo de Estado, en sentencia del 23 de febrero de 2006,
expediente 2002 – 0594, con ponencia del magistrado Tarsicio Cáceres Toro, sobre
el tema objeto de análisis, precisó:
«De lo anterior resalta que los docentes nacionales y nacionalizados que se incorporen
a las plantas departamentales y distritales de educación en las condiciones señaladas
en la Ley 60 de 1993 quedan sometidos en cuanto a la pensión de jubilación – ordinaria
o derecho prevista en la Ley 91 de 1989, la cual es de régimen ‘ordinario’, como ya se
dijo. Y los docentes territoriales en cuanto a la citada pensión tenían que estar sometidos
a la ley pensional ‘ordinaria’ pertinente (salvo situaciones especiales que se deben
demostrar) debido a que las autoridades locales no tenían facultad constitucional para
regular esa materia; por eso algunas disposiciones dictadas en materia pensional para
los empleados territoriales por autoridades locales resultan contrarias al régimen
constitucional; claro está que las situaciones definidas y consolidadas en aplicación de
un régimen local gozan de protección conforme al Art. 146-1 de la Ley 100/93.
[…]
La Ley 115 de 1994, en la parte final del inciso 1º del artículo 115 claramente dispone:
‘El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido en la Ley 91 de
1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente Ley’. Pues bien, como ya se vio, en materia
de pensión de jubilación – ordinaria o derecho, ni la Ley 91 de 1989, ni la Ley 60 de 1993
consagraron un régimen ‘especial’; ahora, la actual ley, tampoco lo hace. Y se aclara
que el hecho que esta Ley disponga lo dicho sobre el régimen pensional en su artículo
115 que se intitula ‘Régimen Especial de los Educadores Estatales’, dado el contenido
de la norma, como ya se vio, realmente no consagra un régimen especial en materia de
pensión de jubilación – derecho de los docentes. Así, esta ley no hizo otra cosa que
ratificar el régimen de jubilación establecido en el momento, lo que indica que la Ley 33
de 1985, seguía siendo la norma aplicable para los docentes nacionales. Además, las
pensiones de jubilación de los docentes reconocidas en su tiempo al amparo de la Ley
6ª/45 o el D.L. 3135/68 (antecesoras de la Ley 33/85) lo fueron bajo disposiciones
‘generales’ de pensiones del sector administrativo, que no tuvieron el carácter de
‘especiales’».
24. Por tanto, la Ley 33 de 1985 unificó el régimen de la pensión de jubilación de los
servidores públicos, aplicable a todos los niveles que no estuviesen exceptuados
por ley, tal como sucede para la pensión de jubilación ordinaria de los docentes
nacionales y nacionalizados respecto de quienes no se prevé un régimen legal
especial.
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25. En razón a que los docentes no gozan de régimen especial en materia pensional,
en principio, la norma aplicable es la Ley 33 de 1985, la cual dispone que los
empleados oficiales que sirvan o hayan servido 20 años continuos o discontinuos y
lleguen a la edad de 55 años tendrán derecho a pensionarse con el equivalente al
75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año
de servicio.
2.2.2. Interpretación del artículo 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989
en concordancia con lo regulado en las leyes 33 de 1985 y 71 de 1988
26. En cuanto a la posibilidad de aplicar la Ley 71 de 1988 a los docentes oficiales,
de conformidad con lo previsto en los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y 15,
numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989. La Sala considera que es procedente su
aplicación, por las razones que se presentan a continuación y cuyo fundamento es
lo hasta ahora expuesto:
27. La primera razón tiene que ver con la intención que tuvo el legislador al
establecer en el numeral 2, literal b), del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 que los
docentes «gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional»
la cual permite concluir que la expresión también incluyó el régimen previsto en la
Ley 71 de 1988. Es así por cuanto en el debate legislativo del proyecto que condujo
a la expedición de la Ley 91 de 1989, al explicar el sentido del artículo 15, señaló:
«[e]l principio de iniciación prestacional o de régimen único es relativo y se entiende de
la siguiente manera: Todos los maestros colombianos, con excepción de los del nivel
superior o universitario, vinculados a la nación, de conformidad con las leyes vigentes, a
partir del 1 de enero de 1990, quedarán sometidos al sistema prestacional y de cesantías
aplicable a los empleados públicos del orden nacional […] [a]cerca del articulo 15
habría que referirse finalmente a dos aspectos: La Ley 71 de 1988 sobre pensiones de
jubilación; recoge amplias aspiraciones del movimiento pensional que al
beneficiar al Magisterio exonera de la repetición en este texto. El Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, recibe la autorización legal de extender los
servicios asistenciales a las familias de los docentes, cuando su situación financiera lo
permite»18 (se destaca).
28. De la sustentación en cita se infiere que para el legislador era innecesario
«repetir» de forma taxativa las disposiciones de la Ley 71 de 1988 o señalar la
remisión directa a esta dentro del texto de la Ley 91 de 1989, pues consideró que
aquellas se entendían incluidas dentro «del régimen vigente para los pensionados del
sector público nacional» al cual remite la segunda. En ese orden, es inviable
interpretar que al régimen pensional al que se refiere esta última es solo el de la Ley
33 de 1985. Aceptar ello equivaldría a restringir el campo de aplicación que el
18 Ponencia para primer debate proyecto de Ley 49 de 1989 Senado «por la cual se crea el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio», página 5, Anal 103 del Congreso de la República
del 17 de octubre de 1989.
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legislador quiso darle al enunciado, máxime cuando no especificó, ni en la
exposición de motivos del proyecto de ley ni en su texto, qué parte de la Ley 71 de
1988 era aplicable y cuál no. Por ende, debe deducirse que se refería a toda.
29. Lo anterior concuerda con la segunda razón que permite asegurar que la Ley
71 de 1988 sí gobierna a los docentes por remisión del artículo 15.2 literal b) de la
Ley 91 de 1989. Este otro motivo se refiere a que aquella (incluido su artículo 7) de
manera explícita señaló que regula las pensiones de todos los servidores públicos,
sin excepción. En ese orden, también es un régimen aplicable a los empleados de
carácter nacional, por lo que encaja en el supuesto normativo contenido en la última
ley mencionada que remite para efectos pensionales de los docentes al «régimen
vigente para los pensionados del sector público nacional». El que la ley se aplique
también a trabajadores particulares no le quita este alcance y descifrarlo de este
modo desconoce su propio campo de reglamentación.
19
30. Ciertamente, el contenido de la Ley 71 de 1988 modificó las leyes que regían a
todos los servidores públicos en lo relacionado con el reajuste de las pensiones, su
monto máximo, las reglas de su sustitución, el momento a partir del cual puede
disfrutarse su pago y el derecho a la reliquidación de quien continuó en el servicio.
Lo anterior significa que sus postulados abarcaron a todos los trabajadores que
encajan en la categoría de servidores públicos.
31. Esto último también se predica del contenido de su artículo 7, puesto que el
nuevo régimen de pensión de jubilación por aportes no lo enfocó a un sector
determinado de los servidores públicos y, por el contrario, los incluyó a todos, al
prescribir que se aplicaría a los «empleados oficiales». Ello se refuerza con lo
explicado en los debates parlamentarios examinados con anterioridad y que dan
cuenta de que la norma buscó beneficiar a todos los trabajadores de los sectores
público y privado. Entonces, si legislador no señaló en la disposición normativa que
una parte de estos sería excluida del beneficio pensional, el intérprete no puede
darle ese alcance, pues del artículo no se desprende regla alguna que así permita
inferirlo.
32. Para la Sala, interpretar que el artículo 15.2 literal b), de la Ley 91 de 1989 no
remitió también al 7 de la Ley 71 de 1988 implicaría aceptar que los docentes no
hacen parte de la categoría de «empleados oficiales»20 a los que esta última norma
gobierna. Tal entendimiento conllevaría a aseverar, sin ser cierto, (i) que esta última
ley no contiene un régimen pensional aplicable a los empleados «del sector público
nacional» cuando los cobija a todos; y (ii) que la Ley 33 de 1985 es la única aplicable
a esta clase de trabajadores, cuando no es así.
19 Leyes 4 de 1976, 33 de 1973, 12 de 1975, 44 de 1980 y 113 de 1985.
20El Decreto 2277 de 1979 «Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión
docente» los clasificó en su artículo 3 como «empleados oficiales de régimen especial».
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33. Si bien la última expresión entre comillas puede dar lugar a la confusión referida,
en su entendimiento armónico con el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 debe prevalecer
la interpretación que más garantice los derechos de los docentes en virtud del
principio de favorabilidad en materia laboral, según el cual cuando exista más de
una posible interpretación de una norma debe escogerse aquella que mayor
provecho otorgue al trabajador21. En ese orden, la que más se ajusta a la protección
de su derecho pensional es la que se afirma en esta providencia, pues amplía su
grado de protección pensional. Por consiguiente, debe inferirse que el texto
normativo también remite al artículo 7 de la Ley 71 de 1988.
34. Este último argumento se relaciona directamente con la tercera razón que avala
la tesis de aplicabilidad de la Ley 71 de 1988 a los docentes vinculados con
anterioridad a la expedición de la Ley 812 de 2003 y que consiste en afirmar que la
ley fijó unos derechos pensionales que no pueden ser desconocidos a ningún
servidor público o trabajador privado. En efecto, en su artículo 11, analizado antes
en esta providencia y que debe ser interpretado de manera sistemática con el 7 por
ser parte de un mismo texto legal y referirse a igual materia, determinó que su
contenido y las disposiciones que quedaron vigentes de las leyes 4 de 1976, 33 de
1973, 12 de 1975, 44 de 1980 y 113 de 1985, junto con la Ley 33 de 1985,
comprenden los «derechos mínimos» en materia de pensiones y sustituciones
pensionales aplicables «al sector público en general y en todos los niveles».
35. En este sentido, se debe destacar que la expresión « derechos mínimos» prevista
en este artículo fijó una base de protección de las garantías pensionales en favor
de todos los servidores públicos que no pueden ser desconocidas a un sector de
estos so pena de afectar su posibilidad de acceder a la pensión, lograr su reajuste
y sustitución. Por consiguiente, dejar de aplicar a los docentes el artículo 7 de la Ley
71 de 1988 suprimiría uno de esos derechos esenciales a los que se refiere el
artículo 11 ibidem, por cuanto se les impediría completar el requisito de aportes o
tiempo de servicios con la acumulación de los prestados en el sector privado y en
el público sin justificación constitucional o legal alguna.
36. Aunque puede afirmarse que ese derecho se garantiza con el régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, puesto que si el docente
21 «[…]el principio de favorabilidad se utiliza en las situaciones en las que se presenta duda sobre
cuál es la disposición jurídica aplicable al momento de resolver un asunto concreto. La existencia de
este conflicto se da cuando dos o más textos legislativos que se encuentran vigentes al momento de
causarse el derecho que se reclama, son aplicables para su solución. En virtud del principio de
favorabilidad se debe escoger, en su integridad, el texto normativo que le represente mayor provecho
al trabajador, afiliado o beneficiario del Sistema de Seguridad Social (…) Igualmente, puede aplicarse
este principio cuando una norma admite más de una interpretación, caso en el cual siempre habrá
de escogerse aquella que es más favorable al trabajador». Consejo de Estado, Sección Segunda,
sentencia de unificación del 12 de abril de 2018, radicado 81001-23-33-000-2014-00012-01(1321-
15) CE-SUJ2-010-18.
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cumple con los requisitos allí establecidos, como cualquier servidor público, accede
a los beneficios de la Ley 71 de 1988, lo cierto es que una exégesis en esa dirección
va en contravía del querer del legislador de darle un tratamiento diferenciado y más
favorable en materia pensional a los docentes oficiales cuya razón de ser radica en
la naturaleza de la labor que desempeñan, que es única y que consiste en enseñar
en los planteles oficiales de educación22.
37. En esa línea, someterlos a que se rijan por el régimen transicional aludido
conlleva los siguientes efectos:
38. (i) desconoce que el hecho de ser «docente oficial» otorga por sí mismo el derecho
a regirse por el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 porque esta categoría hace parte de
los «empleados oficiales» a los que gobierna, incluidos los «del sector público nacional»
a los que se refiere el artículo 15.2 literal b), de la Ley 91 de 1989;
39. (ii) contradice el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y el parágrafo transitorio 1 del
Acto Legislativo 01 de 2005 que exoneraron de la aplicación de la Ley 100 de 1993
a tales docentes con el único requisito de ser vinculados antes del 27 de junio de
2003 sin supeditarlo al cumplimiento de otros, como puede ser que hubiesen
cotizado de manera exclusiva en el sector público;
40. (iii) impone a los docentes cargas adicionales para acceder a la pensión por
aportes que el legislador no previó y que pone en riesgo su derecho en caso de no
completarlas; y
41. (iv) desmejora su monto pensional al someter la pensión a una liquidación con el
IBL previsto en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993, pues el régimen de
transición excluyó este aspecto como beneficio al aplicar el régimen anterior23.
42. Lo anterior lleva a la cuarta razón que sustenta la tesis de esta providencia y
que hace referencia a que no hay un mandato legal que disponga que los docentes
oficiales deben ejercer durante toda su vida laboral la enseñanza en el sector
público para que se les aplique el numeral 2 literal b), del artículo 15 de la Ley 91
de 1989, esto es, para tener derecho a pensionarse con las normas del régimen
22 En efecto, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 2277 de 1979 «Por el cual se adoptan normas
sobre el ejercicio de la profesión docente» señala que es docente quien ejerce «[…]la enseñanza en
planteles oficiales y no oficiales de educación». La Ley 115 de 1994 en su artículo 104 los define
como «[…]el orientador en los establecimientos educativos, de un proceso de formación, enseñanza
y aprendizaje de los educandos, acorde con las expectativas sociales, culturales, éticas y morales
de la familia y la sociedad». Y el Decreto 1278 de 2002 Por el cual se expide el Estatuto de
Profesionalización Docente» en el artículo 4 como quienes «[…] desarrollan labores académicas
directa y personalmente con los alumnos de los establecimientos educativos en su proceso
enseñanza aprendizaje […]».
23 Ver Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación del
28 de agosto de 2018, radicado 52001-23-33-000-2012-00143-0 y C-258 de 2013.
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pensional de los empleados del sector público nacional. En efecto, el numeral
referido trae como única condición la de ser docente oficial nacional o nacionalizado
vinculado a partir del 1.° de enero de 1981 o del 1.° de enero de 1990. En ninguno
de sus apartes exige que deba ejercerse durante un determinado tiempo la docencia
oficial.
43. Si bien el numeral aludido indicó que « cuando se cumplan los requisitos de Ley, se
reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio
del último año», lo cierto es que no especificó que la noma que contenía tales
requisitos era solo la Ley 33 de 1985. Esta expresión debe ser entendida en conjunto
con la que señala a continuación la norma y que reza que « [e]stos pensionados
gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional», que,
según se ha expuesto, comprendió también a la Ley 71 de 1988 por quererlo el
legislador y porque se aplica a todos los servidores públicos sin excepción y, por lo
tanto, encaja en el supuesto de ser un régimen aplicable a los empleados del sector
nacional, además de contener los derechos mínimos pensionales en su favor .
44. Así las cosas, el cumplimiento de «los requisitos de Ley» no puede limitarse a los
fijados en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 que exige 20 años de servicio en el
sector oficial, por cuanto no es la única ley a la que remite el numeral citado. En
consecuencia, exigir que el docente debió, para ser beneficiario de las disposiciones
del artículo 15.2 literal b) de la Ley 91 de 1989, ejercer durante ese periodo mínimo
la docencia en el sector público es un requerimiento ajeno al entendimiento integral
que debe hacerse de esta norma. Una interpretación en esa dirección se reitera, va
en contravía del principio de favorabilidad al elegirse una comprensión más gravosa
para el docente y, además, se adiciona la norma con un requisito que no fue fijado
por el legislador.
45. Bajo estos parámetros, el artículo 15 numeral 2 literal b), de la Ley 91 de 1989
es aplicable a un docente oficial vinculado a partir del 1° de enero de 1981 hasta
antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003), que
acumuló cotizaciones en otros empleos tanto del sector público como del privado,
pues la prerrogativa surge del hecho de ser docente oficial en tales circunstancias
y no existen otros requisitos en la ley para tal efecto.
46. La quinta razón que sustenta la tesis aquí planteada se refiere a que, si bien la
Ley 33 de 1985 en su artículo 1 dispuso que quedaban cobijados por sus reglas
todos los empleados públicos salvo «los empleados oficiales que trabajan en actividades
que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente,
ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones», lo cierto es que
tal enunciado normativo que establece una excepción tan estricta no implica que a
los docentes no los pueda gobernar otra norma en temas pensionales porque las
leyes 71 de 1988 y 91 de 1989 se expidieron con posterioridad.
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47. Ciertamente, si bien la naturaleza de la función docente no se exceptuó
expresamente del régimen general de pensiones ni se les impusieron condiciones
especiales distintas de las de la Ley 33 de 1985, fue el propio legislador el que
permitió que también se rigieran en materia pensional por esta última norma, al
prescribir que esta se aplicaba a todos los empleados oficiales, a través de la Ley
71 de 1988. En ese sentido, se fijó otra salvedad que permitió que los docentes no
se rigieran exclusivamente por la Ley 33 de 1985 y es aquella en la que se pretenda
acumular tiempos privados y públicos de servicio. Afirmar lo contrario conllevaría a
aceptar que ningún empleado público puede ser regido por la Ley 71 de 1988 y que
solo tendrían derecho a ello los que el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 exceptuó de
su aplicación, conclusión que desconoce el contenido de la primera ley mencionada.
48. Las cinco razones presentadas permiten concluir que la regulación prevista en
los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de
1989 sí permite la aplicación de la Ley 71 de 1988 a los docentes oficiales, incluido
su artículo 7.
2.2.3. Régimen jurídico aplicable a los docentes para el reconocimiento y pago
de una pensión de jubilación según la Ley 71 de 1988
49. En el evento en que los docentes hayan prestado sus servicios en entidades
públicas y privadas, la Ley 71 de 1988 estableció, en su artículo 7, los requisitos de
la pensión de jubilación por aportes en los siguientes términos:
«Artículo 7. A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y
trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo
y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces,
del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el
Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre
que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años
o más si es mujer.
El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el reconocimiento y
pago de esta prestación y determinará las cuotas partes que correspondan a las
entidades involucradas».
50. De acuerdo con la norma transcrita, tienen derecho a una pensión mensual
vitalicia de jubilación, los empleados oficiales y trabajadores al haber acumulado 20
años continuos o discontinuos cotizados en una o varias entidades de previsión de
cualquier orden y en el ISS, cuando cumplan la edad de 55 años si es mujer y 60 si
es hombre.
51. La anterior disposición (artículo 7° de la Ley 71 de 1988) fue reglamentada por el
Decreto 2709 del 13 de diciembre de 1994, así:
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«Artículo 1°. Pensión de jubilación por aportes. La pensión que se refiere el artículo 7o.
de la Ley 71 de 1988, se denomina pensión de jubilación por aportes.
Tendrán derecho a la pensión de jubilación por aportes quienes al cumplir 60 años o más
de edad si es varón, o 55 años o más si se es mujer, acrediten en cualquier tiempo, 20
años o más de cotizaciones o aportes continuos o discontinuos en el Instituto de Seguros
Sociales y en una o varias de las entidades de previsión social del sector público.
Artículo 2°. Efectividad y pago de la pensión de jubilación por aportes. La pensión de
jubilación por aportes, para los servidores públicos se hará efectiva una vez se retiren
del servicio. Para los demás trabajadores, se requiere la desafiliación de los seguros de
invalidez, vejez o muerte y accidente de trabajo y enfermedad profesional, salvo las
excepciones previstas en la ley.
Artículo 3°. Incompatibilidad de la pensión de jubilación por aportes. La pensión de
jubilación por aportes es incompatible con las pensiones de jubilación, invalidez, vejez y
retiro por vejez. El empleado o trabajador podrá optar por la más favorable cuando haya
concurrencia entre ellas.
Artículo 4°. Entidad de previsión. Para efectos de la pensión de jubilación por aportes,
se tendrá como entidad de previsión social a cualquiera de las cajas de previsión social,
fondos de previsión, o las que hagan sus veces del orden nacional, departamental,
intendencial, comisarial, municipal o distrital y al Instituto de los Seguros Sociales.
[…]
Artículo 6º. Salario base para la liquidación de la pensión de jubilación por aportes. El
salario base para la liquidación de esta pensión, será el salario promedio que sirvió de
base para los aportes durante el último año de servicios, salvo las excepciones
contenidas en la ley.
Si la entidad de previsión es el ISS se tendrá en cuenta el promedio del salario base
sobre el cual se efectuaron los aportes durante el último año y dicho instituto deberá
certificar lo pagado por los citados conceptos durante el período correspondiente.
Artículo 8o. Monto de la pensión de jubilación por aportes. El monto de la pensión de
jubilación por aportes será equivalente al 75 % del salario base de liquidación. El valor
de la pensión de jubilación por aportes, no podrá ser inferior al salario mínimo legal
mensual vigente ni superior a quince (15) veces dicho salario, salvo lo previsto en la ley».
52. En lo que se refiere al monto de la denominada pensión de jubilación por aportes,
los precitados artículos 624 y 8 del Decreto 2709 de 1994 lo establecieron en un 75%
24 La citada disposición fue derogada por el artículo 24 del Decreto 1474 de 1997, el cual, en su
artículo 22, preceptuó que: «El bono pensional para los trabajadores cobijados por el régimen de
transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se calculará tomando en cuenta la edad,
el tiempo de servicio y el monto porcentual de la pensión aplicable a dichos trabajadores. El ingreso
base de liquidación se establecerá de acuerdo con el tercer inciso del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 […]». No obstante, esta sección, en sentencia de 15 de mayo de 2014, consejero ponente
Gerardo Arenas Monsalve, expediente 11001-03-25-000-2011-00620 de -00 (2427-11), declaró la
nulidad parcial del aludido artículo 24 el Decreto 1474 de 1997, en cuanto había derogado el artículo
6° del Decreto 2709 de 1994.
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del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de
servicios.
2.2.4. Entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2005 y sus efectos sobre
el régimen pensional de los docentes oficiales
53. El Acto legislativo 1 de 2005, en lo atinente al régimen pensional aplicable a los
docentes oficiales, prescribió que «[e]l régimen pensional de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el
establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los
docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley,
tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de
Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003» (parágrafo transitorio
1).
25
54. El mencionado artículo 81 de la Ley 812 de 2003 , al que hace alusión el Acto
legislativo 1 de 2005, en lo concerniente al tema bajo estudio, previó:
«Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al
servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones
vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.
Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos
pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993
y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de
vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.
[…]
El valor total de la tasa de cotización por los docentes afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio corresponderá a la suma de aportes que para salud
y pensiones establezcan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, manteniendo la misma
distribución que exista para empleadores y trabajadores. La distribución del monto de estos
recursos la hará el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, en lo correspondiente a las cuentas de salud y pensiones».
55. Respecto de las anteriores normas, la Sección Segunda de esta corporación, en
sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de 201926, precisó:
«De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, son dos los
regímenes pensionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para
25 «Artículo 137. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga el
artículo 8º de la Ley 160 de 1994, el artículo 14 de la Ley 373 de 1997 y todas las disposiciones que
le sean contrarias». Decreto publicado en el diario oficial núm. 45.231 de 27 de junio de 2003.
26 Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino
Cortés.
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Demandante: José Miguel Pinto Ruiz
los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial. La aplicación de cada uno de estos regímenes está condicionada a la
fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial de cada docente, así:
I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público educativo oficial
con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se vincularon a
partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos docentes, también
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen
pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los
requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años
para hombres y mujeres».
56. En relación con el primer grupo de docentes, esto es, los vinculados al servicio
público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003, determinó:
«La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los principios
constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de interpretación
sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para la liquidación de la
mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los factores que se deben
tener en cuenta para la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes del servicio público oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando
la siguiente regla:
• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del
mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores
públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que
se deben tener en cuenta son solo los factores sobre los que se hayan
efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley
62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los
enlistados en el mencionado artículo.
Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la
Sección Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual, en
la base de liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los docentes se incluían
todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.
De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 “Para la liquidación de las pensiones
sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere
efectuado las cotizaciones”. Los docentes no están exceptuados de esta disposición
para el goce de la pensión ordinaria de jubilación. Por lo que, en el ingreso base de
liquidación de esta pensión solo pueden ser tenidos en cuenta los factores sobre los
que se aporta y que están contenidos en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.
[…]
En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir
19
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del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados a partir del 1
de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige por las
siguientes reglas:
✓ Edad: 55 años
✓ Tiempo de servicios: 20 años
✓ Tasa de remplazo: 75%
✓ Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del último
año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de base para
calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica,
gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de
capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por
servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada
nocturna o en día de descanso obligatorio» [se resalta].
57. En lo correspondiente al segundo grupo de maestros oficiales, conformado por
quienes ingresaron al servicio educativo a partir de la Ley 812 de 2003, en el mismo
fallo se sostuvo:
«68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, y son beneficiarios del régimen pensional de prima media en las
condiciones previstas en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo en lo que tiene que
ver con la edad, la que, según el artículo 81 de la citada Ley 812 de 2003 se unificó para
hombres y mujeres en 57 años27. Esto quiere decir, que para el ingreso base de
liquidación de este grupo de docentes debe tenerse en cuenta lo previsto en la Ley 100
de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.
69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de pensiones
y no la regulación prevista en la Ley 91 de 1989. Los factores que se deben incluir en el
ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que
se efectuaron las respectivas cotizaciones».
58. Así las cosas, tal como se consideró en la sentencia proferida de manera reciente
por esta Subsección28, de acuerdo con el parágrafo transitorio 1º. del Acto legislativo
1 de 2005, del régimen pensional de los docentes al servicio educativo depende de
si la fecha de vinculación es anterior o posterior a la entrada en vigencia de la Ley
812 del 2003, así:
58.1. Los docentes que ingresaron con anterioridad al 27 de junio de 2003 vinculados
como docentes nacionales, nacionalizados y territoriales tendrán derecho a adquirir
27 La Ley 1151 de 2007 en el artículo 160 conservó la vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de 2003
y derogó el artículo 3 del Decreto 3752 de 2003.
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. sentencia del 15 de junio del 2023,
radicación 47001-23-33-000-2019-00449-01 (3521-2022), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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Demandante: José Miguel Pinto Ruiz
la pensión de jubilación de que trata la Ley 33 de 1985, al cumplir 55 años de edad29
y 20 de servicios, o según lo establecido en la Ley 71 de 1988 que la otorga con 60
años si es hombre o 55 si es mujer, cuando se acrediten 20 años o más de
cotizaciones continuas o discontinuas en el Instituto de Seguros Sociales (hoy
Administradora Colombiana de Pensiones) y en una o varias de las entidades de
previsión social del sector público. En ambos casos, con una tasa de reemplazo del
75% y sobre lo aportado durante el último año de servicios; y
58.2. Los educadores que ingresaron con posterioridad a dicha fecha podrán acceder
a la pensión de vejez prevista en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 (modificado
por el 9 de la Ley 797 de 2003), al colmar el número de semanas de cotización
establecido en esta última norma y llegar a la edad de 57 años de edad (sin importar
el género, pues la Ley 812 de 2003 unificó el requisito de edad para hombres y
mujeres), por lo que su liquidación será con el promedio de los salarios o rentas
sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los últimos 10 años de labores
(artículo 21 de la Ley 100) y en atención a los factores enunciados en el Decreto
1158 de 199430.
59. En suma, es procedente la aplicación de la Ley 71 de 1988, disposición que
también regla a los servidores públicos que tengan tiempos privados para alcanzar
una pensión de jubilación, sin que la Ley 91 de 1989 haya restringido la aplicación
del régimen general de pensiones de los empleados oficiales únicamente a la Ley
33 de 1985.
60. En ese sentido, los docentes que acumulen aportes por servicios prestados en
los sectores oficial y privado e ingresaron al servicio docente estatal con anterioridad
a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, también les son aplicables las
disposiciones de la Ley 71 de 1988, norma que regula la pensión por aportes de los
servidores públicos inmersos en esa situación.
2.2.5. Sobre la viabilidad de constituir como modalidad válida de vinculación
a la interinidad para el reconocimiento de las pensiones. Jurisprudencia del
Consejo de Estado
29 A menos que el maestro sea beneficiario del régimen de transición establecido en la Ley 33 de
1985, pues en tal caso le será aplicable la edad pensional prevista en la Ley 6ª de 1945 (50 años,
para los educadores territoriales y nacionalizados) y el Decreto 3135 de 1968 (50 años si son mujeres
y 55 si son hombres, para los del orden nacional).
30 Que previó los siguientes factores sobre los que se debe efectuar aportes: a) asignación básica
mensual, b) gastos de representación; c) prima técnica, cuando sea factor de salario; d) primas de
antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor salarial; e) remuneración por trabajo
dominical o festivo; f) remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en
jornada nocturna; y g) bonificación por servicios prestados.
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61. El Consejo de Estado a través de su jurisprudencia ha desarrollado el concepto
de servicio docente bajo la modalidad de la interinidad, «como una forma de proveer
cargos docentes, que esta se utiliza en general por razones justificadas de necesidad y
urgencia para desarrollar funciones retribuidas por las Administraciones Públicas, en tanto
no fuera posible su desempeño por funcionarios de carrera y permanezcan las razones de
necesidad o urgencia»31 [sic].
62. Asimismo, ha indicado que los docentes interinos pueden entenderse vinculados
al Fomag, toda vez que la Ley 91 de 1989 no exigía para su vinculación que el
nombramiento haya sido en propiedad.
63. Así lo ha señalado la Corporación32:
«(…) en ninguna parte la Ley 91 en cita exige la condición de estar nombrado en
propiedad para determinar quiénes son o no afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio.
Nótese que la norma siempre se refirió a que la afiliación dependía única y
exclusivamente de que los docentes se encontraran “vinculados”, calificativo cuyo
significado está estrechamente relacionado con el verbo “vincular” que según la Real
Academia de la Lengua traduce, en derecho, Sujetar o gravar los bienes a vínculo para
perpetuarlos en empleo o familia determinados por el fundador. Y según la publicación
de Gerard Cornu “Vocabulario Jurídico” de 1995, “vincular” es “Hacer nacer una relación
de derecho”.
En esas condiciones, y si se tiene en cuenta que una de las formas de vincularse a la
administración pública es la legal y reglamentaria que está precedida de un
nombramiento y una posesión, bastaba con que al momento de la promulgación de la
Ley 91 de 1989, el docente tuviera una relación laboral con la Administración, precedida
de las formalidades antes descritas para poder considerarse afiliado al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio.
No puede ser de recibo la interpretación que le da la entidad demandada al término
“vinculados” que trae la Ley 91 de 1989, según la cual debe entenderse como tal al
docente cuyo nombramiento se haya efectuado en propiedad, por así establecerlo el
artículo 27 del Decreto 2277 de 1979, puesto que tal interpretación desfigura y
descontextualiza el vocablo “vinculado” al que ya se hizo referencia. Además, la
normativa que a su juicio dispone esta condición, regula es el ingreso a la Carrera
Docente
Una cosa es la forma en que el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio atiende
las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados que se
encontraban vinculados, entendiéndose tal acepción en la forma que se dejó establecida
en párrafos anteriores, y otra, es qué tipo de docentes puedan gozar de los derechos y
garantías propias de la Carrera Docente, que son, a voces del artículo 27 del Estatuto
Docente “los educadores oficiales que estén inscritos en el Escalafón Docente, sean
designados para un cargo docente en propiedad y tomen posesión del mismo”.
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 17 de agosto de 2011,
radicado 25000- 23-25-000-2004-00269-01 (1446-06), MP Luis Rafael Vergara Quintero.
32 Ibidem.
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Confunde entonces el ente demandado los requisitos y condiciones que debe acreditar
un empleado público para reclamar unos derechos que devienen de toda relación
laboral, con las exigencias que debe cumplir un docente para gozar de las prerrogativas
que da un sistema de méritos como lo es la Carrera Docente, entre las cuales está el ser
designado en un cargo docente en propiedad».
64. Así las cosas, la interinidad debía ser concebida como una forma de proveer
empleos docentes por lo que resultaba admisible la procedencia de su cómputo para
efectos de determinar el régimen pensional aplicable.
65. A su vez, el Consejo de Estado en sentencia de 27 de enero de 2017 dentro del
procedo radiado 76001-23-33-000-2013-00406-01 con ponencia del consejero
César Palomino Cortés, indicó:
«Así las cosas, la Sala estima que ante la ausencia temporal del titular de un empleo
docente, esto, verbi gratia con ocasión de cualquiera de las situaciones administrativas
previstas en la ley, entre ellas, la licencia, comisión o vacaciones6 , la administración
cuenta con la posibilidad de proveer dicho empleo en forma transitoria, a través de un
nombramiento interino con el fin, como quedó dicho en precedencia, de evitar cualquier
tipo de traumatismo en la prestación normal del servicio educativo oficial.
Una interpretación en contrario, como la propone la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, en los
actos acusados, prohijaría un trato abiertamente discriminatorio y, en consecuencia,
violatorio del principio a la igualdad, frente a quienes, como la demandante, prestaron
sus servicios como docente en virtud a un nombramiento en interinidad, sin tener en
cuenta que estos, en desarrollo de dicha actividad, cumplen idénticas funciones a los
designados en propiedad.
Sobre este mismo particular, esta Sección del Consejo de Estado en sentencia de 13 de
febrero de 2014. Rad. 2022-2013. M.P. Alfonso Vargas Rincón, en un asunto con
identidad de supuestos fácticos y jurídicos, al que hoy ocupa su atención, sostuvo que:
“[…] En este punto, vale la pena aclarar que no le asiste razón a la entidad demanda al
señalar que los tiempos que la demandante pretende hacer valer, en los que laboró por
los periodos arriba mencionados como docente interina para cubrir licencias de otros
docentes, no pueden ser tenidos en cuenta como quiera que no se generó relación
laboral alguna y ningún tipo de vinculación, [lo anterior toda vez que] como lo ha señalado
la jurisprudencia en ningún caso, los parámetros de [nombramiento] son imputables al
docente quien, sin importar la forma como ha de ser vinculado, cumple funciones
similares en el campo educativo y, en consecuencia, está obligado a acreditar iguales
condiciones de formación y experiencia. Ello, por supuesto, descarta que la ley y las
propias instituciones, dentro de la autonomía de que gozan para darse sus propios
estatutos, puedan establecer regímenes restrictivos que desconozcan el derecho de los
docentes [interinos] ocasionales y hora cátedra, a percibir las prestaciones sociales
reconocidas por el orden jurídico para todos los trabajadores públicos o privados, las
cuales deben otorgarse en proporción al tiempo laborado. […]”»
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66. Igualmente, el Consejo de Estado, ha validado los tiempos prestados como
docente interino para el reconocimiento de otras prestaciones, como es el caso de
la pensión gracia; así lo expuso en sentencia del 27 de junio de 2018 33:
«En lo que atañe a la vinculación a la docencia en interinidad, se debe tener presente
que para reconocer la pensión gracia únicamente se exige la acreditación de 20 años de
servicios, sin que importe la modalidad del vínculo, es decir, sin que sea necesario tener
en cuenta la forma en la que fue provisto el empleo de docente, si lo fue en carrera o en
forma transitoria.
Es así como esta Corporación determinó que:
[...] Respecto de la vinculación del demandante como docente interino, debe reiterarse
que las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928 concibieron la prestación gracia de jubilación
como una dádiva o recompensa a favor de quienes ejercieran la actividad docente en el
nivel territorial, razón por la cual, y conforme lo disponen las normas en cita y la
jurisprudencia de esta Corporación, la única exigencia válida para efectos de reconocer
la prestación pensional en cita es haber acreditado 20 años al servicio de la docencia
oficial sin importar la modalidad de la vinculación, siempre que esta responda a
cualquiera de las previstas en la ley34.
En efecto, si bien el ordenamiento jurídico no define expresamente la naturaleza de la
interinidad, como una forma de proveer cargos docentes, esta Corporación ha precisado
que dicha figura debe entenderse como el mecanismo mediante el cual la administración,
ante la imposibilidad de contar con docentes de carrera, designa con carácter transitorio
a personas instruidas en el ejercicio de la referida actividad, en atención a la necesidad
y urgencia de garantizar la efectiva prestación de los servicios educativos .
Lo anterior, en todo caso, constituye una forma de vinculación a la administración, en
cumplimiento de las formalidades previstas en la ley, esto es, a través de la toma de
posesión de un cargo docente dando lugar, en consecuencia, a la configuración de una
relación legal y reglamentaria con carácter autónomo, tal y como ocurrió en el caso del
señor Arcos Gómez"35».
2.2.6. Compatibilidad entre la pensión de jubilación y el salario para el caso de
los docentes
67. El artículo 64 de la Constitución Política de 1886 disponía que nadie podía recibir
dos sueldos del tesoro público, salvo lo que para casos especiales determinaran las
leyes. De esta manera, el constituyente previó la posibilidad de que se establecieran
excepciones a la prohibición, las cuales inicialmente fueron « determinadas» por el
presidente de la República, quien en ejercicio de facultades extraordinarias expidió
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de junio de 2018, radicado
68001-23-33-000-2014-00812-01 (3597-2015), MP Gabriel Valbuena Hernández.
34 «Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia de 30 de julio de 2015.
Radicación 0951- 2014. Consejero Ponente: Gerardo Arenas Monsalve».
35 «Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia de 14 de noviembre de 2015.
Radicación: 2636-2014. Consejero Gerardo Arenas Monsalve».
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el Decreto-ley 1317 de 196036, dentro de las cuales incluyó «[l]as asignaciones que
provengan de establecimientos docentes de carácter oficial, siempre que no se trata de
profesorado de tiempo completo37». Asimismo, el artículo 5 del Decreto 224 de 197238
señalaba que «el ejercicio de la docencia no ser[ía] incompatible con el goce de la pensión
de jubilación siempre y cuando el beneficiario est[uviera] mental y físicamente apto para la
tarea docente, pero se decretar[ía el] retiro forzoso del servicio al cumplir sesenta y cinco
(65) años de edad».
68. Con la expedición de la Constitución Política de 1991, la disposición contenida
en el artículo 64 se mantuvo en los siguientes términos:
«Artículo 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni
recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos
expresamente determinados por la ley.
Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las
descentralizadas» [se resalta].
69. La anterior norma constitucional fue desarrollada por el legislador a través de la
Ley 4ª de 1992, que en su artículo 19, dispuso lo siguiente:
«Artículo 19. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni
recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las siguientes
asignaciones:
[…]
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los
servidores oficiales docentes pensionados […]» [se resalta].
70. De acuerdo con lo anterior, se observa que la voluntad del legislador fue
mantener vigentes las excepciones que, con anterioridad a la expedición de la
Constitución de 1991, frente a la referida prohibición constitucional beneficiaban a
los docentes. En ese sentido, la Subsección B de la Sección Segunda de esta
Corporación, al referirse al alcance del literal g) transcrito concluyó39:
«Al establecer la excepción, no se estaba señalando a los docentes que ya estaban
pensionados, sino a las disposiciones que en esa fecha beneficiaban a los docentes
pensionados, pues se trataba era de establecer excepciones a la prohibición, no de
aclarar situaciones ya definidas como eran los docentes pensionados.
36 Por el cual se determinan algunas excepciones a las incompatibilidades establecidas en el artículo
64 de la Constitución.
37 Artículo 1 del Decreto-ley 1317 de 1960.
38 Por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente.
39 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de marzo de 2003, radicado
05001-23-31-000-1995-01799-01 (1577-2001), MP Alejandro Ordóñez Maldonado.
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Es la lectura que debe darse a la disposición, pues no resultaría comprensible que el
legislador, en vez de establecer excepciones, como lo anuncia, derogue las
existentes.
En esas condiciones, entendiendo que la Ley 4ª de 1992, art. 19, literal g) al establecer
las excepciones en examen, contempló las disposiciones que al entrar en vigencia dicha
ley, beneficiaban a los docentes pensionados, una de ellas, es el artículo 5º del Decreto
224 de 1972 […]
Las razones antes expuestas permiten a la Sala concluir que los docentes oficiales
siguen gozando de la prerrogativa de acceder a la pensión y seguir percibiendo
sueldo, por permitirlo así expresamente la normatividad antes citada». [Se resalta].
71. De otra parte, se advierte que las normas que con posterioridad regularon el
régimen pensional de los docentes fueron consistentes en ese sentido, al respecto
se destacan las siguientes disposiciones:
71.1. El artículo 279 de la Ley 100 de 1993, que exceptuó a los maestros del Sistema
Integral de Seguridad Social contenido en esa norma [hasta la entrada en vigor de
la Ley 812 de 2003] reiteró la excepción al señalar: « a los afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas
prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de
remuneración» [se resalta].
71.2. El artículo 6 de la Ley 60 de 1993 precisó que « [e]l régimen prestacional aplicable
a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas
departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el
reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán
compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones»; y
71.3. El artículo 19 de Ley 344 de 199640 dispuso:
«Artículo 19. Sin perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y
115 de 1994, el servidor público que adquiera el derecho a disfrutar de su pensión de
vejez o jubilación podrá optar por dicho beneficio o continuar vinculado al servicio, hasta
que cumpla la edad de retiro forzoso. Los docentes universitarios podrán hacerlo hasta
por diez años más. La asignación pensional se empezará a pagar solamente después
de haberse producido la terminación de sus servicios en dichas instituciones».
72. Así pues, la disposición contenida en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, se
advierte que el legislador preservó la compatibilidad de la pensión de jubilación con
el salario devengado por el docente, compatibilidad de la cual pueden ser
beneficiarios aquellas personas que acrediten los requisitos para que les sea
40 Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas
facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
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Demandante: José Miguel Pinto Ruiz
reconocida una pensión y presten o llegasen a prestar sus servicios como docentes
oficiales, teniendo en cuenta que son estos últimos quienes deben ser afiliados al
Fomag.
73. Valga precisar que esa disposición expresa que las prestaciones a cargo del
Fomag serían compatibles «con pensiones o cualquier clase de remuneración», es
decir, no establece como requisito que la pensión haya sido reconocida bajo los
requisitos de un régimen determinado.
74. Ahora bien, de la lectura de las disposiciones contenidas en la Ley 344 de 1996
se puede evidenciar que la voluntad del legislador fue mantener vigente la
compatibilidad referida y de la cual son beneficiarios los docentes. Es decir,
mediante dicha disposición señaló que una vez los servidores públicos adquieran el
derecho a disfrutar su pensión de vejez o jubilación, tendrían la posibilidad de optar
por una de 2 opciones a saber: i) retirarse del servicio y comenzar a disfrutar de la
pensión de la cual es acreedor o ii) continuar vinculado al servicio hasta que cumpla
la edad de retiro forzoso. Esto es que podrían disfrutar de la pensión, pero solo
hasta cuando acrediten el retiro del servicio. Sin embargo, nuevamente, de manera
expresa excluyó a los docentes oficiales. En ese sentido, se refirió la Corte
Constitucional en sentencia C-584 de 1997:
«No obstante, antes de la expedición de la ley parcialmente demandada [Ley 344 de
1996], el único régimen general que permitía el goce simultáneo de la pensión de
jubilación y la estabilidad en el cargo era el aplicable a los docentes afiliados al fondo
nacional de prestaciones sociales del magisterio, el que permanece incólume en la
nueva normativa. En efecto, la primera parte del artículo 19 demandado, exceptúa,
expresamente, de su ámbito de aplicación, a los docentes afiliados al fondo nacional de
prestaciones sociales del magisterio y sometidos a las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y
115 de 1994.
[…]
La Corte ya ha puesto de manifiesto la protección especial que la Constitución confiere
a la educación superior. Al respecto, el artículo 68 de la C.P., señala que la enseñanza
estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. Adicionalmente,
la Carta impone al legislador la obligación de garantizar la profesionalización y
dignificación de la actividad docente. En estas condiciones, es claro el interés
constitucional por mantener, en sus puestos de trabajo, a quienes han cumplido
con las condiciones de idoneidad suficientes para poder servir a la mejor
formación de los educandos. Así, advierte la Corporación que existe una razón
constitucional, tan fuerte como la que ampara la definición de la edad de retiro forzoso,
para establecer, a favor de los profesores universitarios, la excepción que se estudia, y
que la misma es útil y necesaria para alcanzar el objetivo perseguido» [se resalta].
75. Resulta claro entonces que los servidores públicos podrán disfrutar de la pensión
solo hasta cuando acrediten el retiro del servicio; no obstante, la Ley 344 de 1996
dejó a salvo lo dispuesto en las leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994,
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disposiciones de las que se desprende la compatibilidad entre la pensión y el salario
percibido con ocasión del ejercicio docente.
76. Esta Sala no desconoce que el gobierno nacional expidió el Decreto 1278 de
200241 en cuyos artículos 45 y 63, literal b) dispuso i) que el ejercicio de cargos en
el sector educativo estatal sería incompatible con «el goce de la pensión de jubilación,
vejez, gracia o similares» y ii) que la cesación definitiva de las funciones docentes o
directivos docentes de los educadores estatales se produciría, entre otros, por
obtención de la jubilación o pensión de vejez, gracia o invalidez.
77. Sin embargo, el artículo 45 del decreto aludido fue declarado inexequible por la
Corte Constitucional mediante sentencia C-1157 de 2003, y si bien el artículo 63
literal b) fue declarado exequible mediante la sentencia C-734 de 2003, allí se
precisó que «la norma acusada no estaba modificando el régimen propio de las pensiones
de vejez, gracia o invalidez, ni mucho menos establece objetivos y criterios a los cuales
deba sujetarse el gobierno para fijar el régimen prestacional de los docentes - los cuales
como ya se explicó se encuentran establecidos en la Ley 4 de 1992 y a ellos debe
remitirse el Gobierno» [se resalta].
78. En igual sentido, los decretos anuales por los cuales se modifica la remuneración
de los servidores públicos y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles
de preescolar, básica y media y se dictan otras disposiciones de carácter salarial
para el sector educativo estatal, prevén que «[n]adie podrá desempeñar
simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga
del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el
Estado. Exceptúanse las asignaciones de que trata el artículo decimonoveno de la ley
4ª de 1992»42.
79. En consecuencia, la prerrogativa contenida en el literal g) del artículo 19 de la
Ley 4ª de 1992 relativa a la compatibilidad entre el salario y la pensión para el caso
de los docentes, se mantiene vigente, interpretación que guarda armonía con la
regulación expedida con posterioridad a ella y las interpretaciones jurisprudenciales
expuestas.
2.3. Caso concreto
2.3.1. Lo probado dentro del proceso
80. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
41 «Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente»
42 Al efecto ver, entre otros, los decretos 319 de 2020, 965 de 2021, 449 de 2022, 0887 de 2023.
28
Radicado: 25000-23-42-000-2021-00978-01 (6624-2022)
Demandante: José Miguel Pinto Ruiz
80.1. José Miguel Pinto Ruiz nació el 17 de enero de 195743.
80.2. De acuerdo con el reporte de semanas cotizadas en pensiones, actualizado al
24 de marzo de 2021, cotizó un total de 533.29 semanas a Colpensiones,
efectuadas en el periodo comprendido entre el 29 de septiembre de 1986 y el 31 de
diciembre de 1996. De acuerdo con la información contenida en este documento,
no se evidencia que dichos aportes se hayan efectuado con ocasión de la prestación
del servicio público educativo oficial44.
80.3. Según consta en el formato único para la expedición de certificado de historia
laboral expedido el 17 de enero de 2021 por la Secretaría de Educación de Bogotá,
acreditó el siguiente tiempo de servicios como docente de carácter territorial de
primaria así45:
Novedad Tipo de A.A. Desde Hasta
Resolución 5445 del
Tiempo laborado como interino 22 de agosto de 26-07-2001 12-10-2001
2001
Resolución 6656 del
Tiempo laborado como interino 29 de noviembre de 16-10-2001 30-11-2001
2001
Resolución 1469 del
Tiempo laborado como interino 09-04-2002 01-05-2002
2 de mayo de 2002
Resolución 1674 del
Tiempo laborado como interino 02-05-2002 21-05-2002
28 de mayo de 2002
Resolución 1778 del
Tiempo laborado como interino 10-06-2003 27-06-2003
25 de junio de 2003
Resolución 2146 del
Tiempo laborado como interino 17-07-2003 12-12-2003
30 de julio de 2003
Nombramiento provisional Resolución 120 del
28-01-2004 14-07-2005
23 de enero de 2004
Nombramiento en periodo de Resolución 2641 del
15-07-2005 30-05-2007
prueba 20 de junio de 2005
43 Según cédula de ciudadanía y registro civil de nacimiento. Samai, índice 2, actuación
«EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_25000234200020210097(.zip) NroActua 2», carpeta
«25000234200020210097800», archivo
«2_250002342000202100978002EXPEDIENTEDIGI20211119092456.pdf», folios 35 y 25,
respectivamente.
44 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_25000234200020210097(.zip) NroActua 2», carpeta «25000234200020210097800», archivo
«2_250002342000202100978002EXPEDIENTEDIGI20211119092456.pdf», folios 27 a 31.
45 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_25000234200020210097(.zip) NroActua 2», carpeta «25000234200020210097800», archivo
«2_250002342000202100978002EXPEDIENTEDIGI20211119092456.pdf», folios 32 a 34.
29
Radicado: 25000-23-42-000-2021-00978-01 (6624-2022)
Demandante: José Miguel Pinto Ruiz
Nombramiento en propiedad Decreto 2221 del 31
31-05-2007 17-01-202146
de mayo de 2007
80.4. El 13 de julio de 2020, solicitó a la Secretaría de Educación de Bogotá el
reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes de conformidad con lo
previsto en la Ley 71 de 198847.
48
80.5. Mediante la Resolución 5070 del 22 de julio de 2021 , suscrita por el director
de Talento Humano de la Secretaría de Educación de Bogotá, en nombre y
representación del Fomag, se le negó el reconocimiento de la pensión de jubilación
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 71 de 1988, toda vez que su ingreso a la
docencia oficial se produjo con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003, razón por la cual su derecho pensional debía ser analizado con
fundamento en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.
2.3.2. Análisis sustancial del caso concreto
81. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
negó las pretensiones de la demanda al concluir que el régimen pensional que
aplicaba al demandante era el contenido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003,
puesto que ingresó al servicio educativo oficial con posterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 812 de 2003, por tanto, era improcedente el reconocimiento de la
pensión de jubilación por aportes en compatibilidad con el salario mensual
devengado como docente.
82. Contra la sentencia de primera instancia, el actor presentó recurso de apelación
con el fin de que se revocara y en su lugar le fuera reconocida la pensión de
conformidad con la Ley 71 de 1988, a la cual tenía derecho con ocasión de la
transición prevista en la Ley 812 de 2003.
83. Al respecto, como se explicó en el marco normativo y jurisprudencial de esta
providencia, el legislador a través de la Ley 100 de 1993 creó «el sistema de seguridad
social integral» con el fin de «[…] unificar la normatividad y la planeación de la seguridad
46 Fecha del formato para la expedición de certificado de historia laboral, para la cual la vinculación
que se encontraba vigente.
47 Según la Resolución 5070 del 22 de julio de 2021, expedida por la Secretaría de Educacion de
Bogotá, «(p)or la cual se niega una Pensión de Jubilación por Aportes». Samai, índice 2, actuación
«EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_25000234200020210097(.zip) NroActua 2», carpeta
«25000234200020210097800», archivo
«2_250002342000202100978002EXPEDIENTEDIGI20211119092456.pdf», folios 36 a 38.
48 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_25000234200020210097(.zip) NroActua 2», carpeta «25000234200020210097800», archivo
«2_250002342000202100978002EXPEDIENTEDIGI20211119092456.pdf», folios 36 a 38.
30
Radicado: 25000-23-42-000-2021-00978-01 (6624-2022)
Demandante: José Miguel Pinto Ruiz
social […]» el cual se aplicaría a «todos los habitantes del territorio nacional»49, con
excepción de, entre otros, los afiliados al Fomag, esto es los docentes oficiales.
84. La anterior excepción se mantuvo hasta la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003, con la cual los maestros oficiales fueron incorporados al sistema de régimen
pensional de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003; sin
embargo, el legislador, con el fin de proteger las expectativas de quienes hasta ese
momento habían prestado sus servicios al magisterio, estableció un régimen de
transición, según el cual, esta reforma solo les sería aplicable a quienes a partir del
27 de junio de 2003 se vincularan al servicio público educativo oficial.
85. El anterior régimen de transición fue reiterado por el constituyente derivado, a
través del Acto legislativo 1 de 2005, al señalar que «[e]l régimen pensional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo
81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia
de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema
General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003» [se resalta].
86. Así las cosas, se advierte que el querer del legislador y el constituyente derivado
fue incorporar a los docentes oficiales al sistema regulado en las leyes 100 de 1993
y 797 de 2003, quienes, hasta ese momento, se encontraban excluidos por
disposición expresa. Por lo que debe entenderse que el régimen de transición
referido solo estaba dirigido a los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley
812 de 2003.
87. En esa misma línea, la Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia SUJ-
014 -CE-S2 de 25 de abril de 201950, precisó que para efectos de establecer el
régimen prestacional aplicable a los docentes se debía tener en cuenta la fecha de
vinculación al servicio público educativo oficial, en el entendido de que: i)
quienes se hubiesen vinculado «antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003» [27 de
junio de 2003] se les aplicaría aquellas disposiciones que regían a los servidores
públicos del orden nacional; y ii) quienes se vincularan con posterioridad a la entrada
en vigor de la Ley 812, se les aplicaría el régimen pensional de prima media
establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción del requisito de
la edad.
88. Ahora bien, de acuerdo con lo probado en el proceso, se encuentra que el
demandante se vinculó como docente interino de carácter territorial el 26 de julio de
49 Artículo 11 de la Ley 100 de 1993.
50 Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino
Cortés.
31
Radicado: 25000-23-42-000-2021-00978-01 (6624-2022)
Demandante: José Miguel Pinto Ruiz
2001, modalidad válida de vinculación para el reconocimiento de las pensiones
según esta Corporación como se vio con anterioridad.
89. Así las cosas, se tiene que la vinculación inicial del demandante como docente
ocurrió con anterioridad a la Ley 812 de 2003, esto es el 26 de julio de 2001, por
tanto, el régimen prestacional aplicable a su caso es el de la Ley 71 de 1988 y el
Decreto 2709 de 1994, debido a la acumulación de tiempos públicos y privados.
90. Al efecto, según el artículo 7 de la citada ley, por ser hombre debía acreditar 60
años de edad y 20 años de cotizaciones continuas o discontinuas en el ISS (hoy
Colpensiones) y en una o varias de las entidades de previsión social del sector
público; en ambos casos, con una tasa de reemplazo del 75% y sobre lo aportado
durante el último año de servicio.
91. En ese sentido se observa que:
92. En cuanto al requisito de la edad: José Miguel Pinto Ruíz nació el 17 de enero
de 195751, por lo que en la fecha en la que presentó ante la entidad demandada la
solicitud de reconocimiento pensional (13 de julio de 2020), contaba con más de 60
años de edad, los cuales cumplió el 17 de enero de 2017.
93. En cuanto a las semanas cotizadas: en el expediente se observa que cotizó: i)
a Colpensiones, de acuerdo con el reporte de semanas cotizadas52: 533.29
semanas; y ii) al Fomag, por los siguientes tiempos53.
Total tiempo
Entidad Modalidad Cargo Desde Hasta Años Meses Días
de servicios
Resolución
5445 del 22 26 de julio de 12 de octubre 0 años 2 meses
0 2 16
de agosto de 2001 de 2001 16 días
2001
Resolución
Docente 30 de
6656 del 29 16 de octubre 0 años 1 meses
interino noviembre de 0 1 14
de noviembre de 2001 14 días
Secretaría 2001
de 2001
de
Educación Resolución
de Bogotá 1469 del 2 de 9 de abril de 1 de mayo de 0 años 0 meses
0 0 22
mayo de 2002 2002 22 días
2002
51 Según cédula de ciudadanía y registro civil de nacimiento. Samai, índice 2, actuación
«EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_25000234200020210097(.zip) NroActua 2», carpeta
«25000234200020210097800», archivo
«2_250002342000202100978002EXPEDIENTEDIGI20211119092456.pdf», folios 35 y 25,
respectivamente.
52 Actualizado al 24 de marzo de 2021.
53 Según formato único para la expedición de certificado de historia laboral del 17 de enero de 2021.
32
Radicado: 25000-23-42-000-2021-00978-01 (6624-2022)
Demandante: José Miguel Pinto Ruiz
Resolución
1674 del 28 2 de mayo de 21 de mayo de 0 años 0 meses
0 0 19
de mayo de 2002 2002 19 días
2002
Resolución
1778 del 25 10 de junio de 27 de junio de 0 años 0 meses
0 0 17
de junio de 2003 2003 17 días
2003
Resolución
12 de
2146 del 30 17 de julio de 0 años 4 meses
diciembre de 0 4 25
de julio de 2003 25 días
2003
2003
Resolución
120 del 23 de Docente 28 de enero 14 de julio de 1 años 5 meses
1 5 16
enero de provisional de 2004 2005 16 días
2004
Resolución
Docente
2641 del 20 15 de julio de 30 de mayo de 1 años 10
periodo de 1 10 15
de junio de 2005 2007 meses 15 días
prueba
2005
Decreto 2221
del 31 de Docente 31 de mayo 17 de enero de 13 años 7
13 7 17
mayo de propiedad de 2007 202154 meses 17 días
2007
15 29 161
2 5 /30
17 34 5,37
/12 11
2,8
10
94. Por tanto, entre la fecha en la cual el actor inició con sus cotizaciones al Fomag
(26 de julio de 2001) y la fecha en la que cumplió 60 años de edad (17 de enero de
2017), contaba con 15 años, 5 meses y 22 días de servicio, lo que equivale a: 723.16
semanas aproximadamente. En consecuencia, a la fecha en la que cumplió esa
edad acreditaba, sumadas las 533.29 semanas de aportes a Colpensiones,
alrededor de 1340.3 semanas, las que resultan en más de 25 años.
95. Así las cosas, contrario a lo determinado por el a quo, el demandante tiene
derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes con inclusión de
los factores sobre los cuales efectuó cotizaciones durante el último año de servicio,
en aplicación de lo previsto en los artículos 6 y 8 del Decreto 2709 de 1994. El
estatus pensional lo adquirió el 17 de enero de 2017, fecha en la que acreditó los
requisitos de edad -60 años o más- (pues nació el 17 de enero de 1957) y 20 años
de aportes acumulados en las diferentes entidades de previsión social, de
conformidad con el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 y el Decreto 2709 de 1994.
54 Fecha del formato único para la expedición de certificado de historia laboral, para la cual la
vinculación se encontraba vigente.
33
Radicado: 25000-23-42-000-2021-00978-01 (6624-2022)
Demandante: José Miguel Pinto Ruiz
96. Por otro lado, resulta oportuno precisar que el derecho pensional es de carácter
imprescriptible, más no en cuanto a las mesadas pensionales adeudadas, así
comoquiera que entre la adquisición del estatus pensional del demandante (17 de
enero de 2017) y la petición de reconocimiento pensional (13 de julio de 2020)
trascurrieron más de 3 años, según el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, las
causadas con anterioridad al 13 de julio de 2017 se encuentran prescritas.
97. Ahora bien, como se explicó en el marco normativo y jurisprudencial de esta
providencia, el personal docente se encuentra exceptuado de la prohibición de
devengar doble asignación del erario, en el entendido de que el reconocimiento y
disfrute de la pensión no se encuentra supeditado al retiro del servicio, es decir,
están habilitados para percibir la mesada pensional y continuar ejerciendo el cargo
de docente hasta que llegue a la edad de retiro forzoso.
98. En ese orden, en el caso en estudio, José Miguel Pinto Ruiz tenía derecho al
reconocimiento y pago de la pensión de acuerdo con las disposiciones contenidas
en la Ley 71 de 1988, a partir de la fecha en la que adquirió el estatus pensional,
esto es el 17 de enero de 2017, pero con efectos fiscales a partir del 13 de julio de
2017 por prescripción. La prestación es compatible con el salario que devengue
mientras continúe en el ejercicio de la docencia oficial. No lo será en otro tipo de
empleos.
99. Así las cosas, se impone revocar la sentencia apelada y en su lugar se anulará
la Resolución 5070 del 22 de julio de 2021, por la cual se denegó el reconocimiento
de la pensión de jubilación por aportes de conformidad con la Ley 71 de 1988. A
título de restablecimiento del derecho se condenará al Fomag al reconocimiento y
pago de la pensión de jubilación por aportes a partir del 17 de enero de 2017, con
el 75% de los factores sobre los cuales efectuó cotizaciones durante el último año
de servicio anterior a esa fecha, por virtud de la Ley 71 de 1988 y en los artículos 6
y 8 del Decreto 2709 de 1994. No obstante, los efectos fiscales de la prestación por
prescripción son desde el 13 de julio de 2017.
100. En este punto, esta Sala debe precisar que el Fomag podrá reclamar la cuota
parte a las demás entidades de previsión social o fondos pensionales en los que
José Miguel Pinto Ruiz realizó cotizaciones de conformidad con el artículo 11 del
Decreto 2709 de 199455.
55 «Artículo 11. Cuotas partes. Todas las entidades de previsión social a las que un empleado haya
efectuado aportes para obtener esta pensión, tienen la obligación de contribuirle a la entidad de
previsión pagadora de la pensión con la cuota parte correspondiente.
Para el efecto de las cuotas partes a cargo de las demás entidades de previsión, la entidad pagadora
notificará el proyecto de liquidación de la pensión a los organismos concurrentes en el pago de la
pensión, quienes dispondrán del término de quince (15) días hábiles para aceptarla u objetarla,
vencido el cual, si no se ha recibido respuesta, se entenderá aceptada y se procederá a expedir la
resolución definitiva de reconocimiento de la pensión.
34
Radicado: 25000-23-42-000-2021-00978-01 (6624-2022)
Demandante: José Miguel Pinto Ruiz
2.4. Costas
101. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
102. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
103. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma56.
104. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.
105. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte
vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en
costas a la parte demandada.
3. Conclusión
106. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que José Miguel Pinto Ruiz
tenía derecho al reconocimiento y pago de la pensión de acuerdo con las
disposiciones contenidas en la Ley 71 de 1988, a partir de la fecha en la que adquirió
La cuota parte a cargo de cada entidad de previsión será el valor de la pensión por el tiempo aportado
a esta entidad, dividido por el tiempo total de aportación».
56 En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
35
Radicado: 25000-23-42-000-2021-00978-01 (6624-2022)
Demandante: José Miguel Pinto Ruiz
el estatus pensional, esto es el 17 de enero de 2017, pero con efectos fiscales por
prescripción desde el 13 de julio de 2017. La prestación es compatible con el salario
que devengue mientras continúe en el ejercicio de la docencia oficial. No lo será en
otro tipo de empleos.
107. Así las cosas, se impone revocar la sentencia apelada y en su lugar se anulará
la Resolución 5070 del 22 de julio de 2021, por la cual se denegó el reconocimiento
de la pensión de jubilación por aportes de conformidad con la Ley 71 de 1988. A
título de restablecimiento del derecho se condenará al Fomag al reconocimiento y
pago de la pensión de jubilación por aportes a partir del 17 de enero de 2017, con
el 75% de los factores sobre los cuales efectuó cotizaciones durante el último año
de servicio anterior a esa fecha, por virtud de la Ley 71 de 1988 y en los artículos 6
y 8 del Decreto 2709 de 1994. No obstante, los efectos fiscales por prescripción son
desde el 13 de julio de 2017.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia proferida el 11 de octubre de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que denegó las
pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia, y en su lugar se dispone:
Segundo. Declarar la nulidad de la Resolución 5070 del 22 de julio de 2021, por la
cual se negó el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes de
conformidad con la Ley 71 de 1988.
Tercero. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de
restablecimiento del derecho, condenar al Fomag al reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación por aportes a partir del 17 de enero de 2017, con el 75% de
los factores sobre los cuales efectuó cotizaciones durante el último año de servicio
anterior a esa fecha, por virtud de la Ley 71 de 1988 y en los artículos 6 y 8 del
Decreto 2709 de 1994. No obstante, los efectos fiscales de la prestación por
prescripción son desde el 13 de julio de 2017.
Quinto. La entidad demandada hará la actualización sobre las sumas adeudadas,
de conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, en
consideración a los índices de precios al consumidor (IPC) certificados por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y mediante la
aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:
36
Radicado: 25000-23-42-000-2021-00978-01 (6624-2022)
Demandante: José Miguel Pinto Ruiz
R = Rh. índice final__
índice inicial
Sexto. El Fomag, podrá reclamar la cuota parte a las demás entidades de previsión
social o fondos pensionales en los que José Miguel Pinto Ruiz realizó cotizaciones
de conformidad con el artículo 11 del Decreto 2709 de 1994.
Séptimo. La pensión por aportes reconocida es compatible con el salario que
devengue José Miguel Pinto Ruiz mientras continúe en el ejercicio de la docencia
oficial. No lo será en otro tipo de empleos.
Octavo. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en
el artículo 192 del CPACA.
Noveno. Sin condena en costas en esta instancia.
Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto Cfr. Rad. AV.05001-23-
33-000-2020-00472-01 (1251-2024)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
LAVM
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