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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2021-00327-01

Fecha
3 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2021-00327-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia proferida el 3 de agosto de 2023 por el Tribunal Administrativo del Tolima, así como la condena en costas que en esta se impuso, de conformidad con lo previsto en la parte resolutiva de la providencia, y en su lugar se dispone lo siguiente: Segundo. Declarar la nulidad parcial del Oficio TOL2021EE018970 del 2 de junio de 2021, expedido por la Secretaría de Educación del departamento del Tolima, en cuanto aplicó la Ley 100 de 1993 como régimen jurídico para negar la pensión de jubilación solicitada por Luz Libia Cárdenas. Tercero. A título de restablecimiento del derecho, se dispone: - Declarar que Luz Libia cárdenas es beneficiaria del régimen pensional previsto en la Ley 91 de 1989 en concordancia con las leyes 33 de 1985 o 71 de 1988, según sea el caso. - Ordenar al Fomag y a la Secretaría de Educación del departamento del Tolima, en el marco de sus competencias y una vez en firme esta providencia, adelanten las actuaciones administrativas necesarias para verificar si Luz Libia Cárdenas acredita los requisitos exigidos en la Ley 33 de 1985 o 71 de 1988, según corresponda, para el reconocimiento de la pensión de jubilación, en los términos señalados. - En caso de encontrarse acreditados tales requisitos, el Fomag deberá reconocer y pagar a favor de Luz Libia Cárdenas la pensión de jubilación desde la fecha en que adquirió el derecho, debidamente actualizada en los términos del artículo 187 del CPACA, en consideración a los índices de precios al consumidor (IPC) certificados por el Departamento Administrativo Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 26 Radicado: 73001-23-33-000-2021-00327-01 (1122-2024) Demandante: Luz Libia Cárdenas Nacional de Estadística (DANE) y mediante la aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, sin que se pueda entender que operó la prescripción de mesadas. Cuarto. No condenar en costas en las dos instancias. Quinto. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en el artículo 192 del CPACA. Sexto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 73001-23-33-000-2021-00327-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

3 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., tres (3) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 73001-23-33-000-2021-00327-01 (1122-2024)
Demandante: Luz Libia Cárdenas
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio1 y departamento del
Tolima

Tema: Reconocimiento pensión de jubilación docente, Ley 33 de 1985.
Docente vinculada antes de la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003. Vinculación a través de contratos de prestación de
servicios

Sentencia de segunda instancia
_________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 3 de agosto de 2023 por el Tribunal Administrativo del
Tolima, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Luz Libia Cárdenas presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en orden a que
se declarara la nulidad del Oficio TOL2021EE018970 del 2 de junio de 2021, por
medio del cual la Secretaría de Educación del departamento del Tolima le negó el
reconocimiento de la pensión de jubilación.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho

1 En adelante Fomag.
2 En adelante CPACA.

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Demandante: Luz Libia Cárdenas

solicitó i) el reconocimiento de la pensión de jubilación de conformidad con lo
previsto en las leyes 33 y 62 de 1985, esto es, con el 75% de todos los factores de
salario devengados en el año anterior a la adquisición del estatus pensional; ii) la
declaratoria de la compatibilidad entre la prestación y el salario; iii) la indexación y
el ajuste de las sumas que llegaren a reconocerse; iv) el pago de los intereses
moratorios a los que haya lugar; v) el cumplimiento del fallo en los términos de los
artículos 189 y 192 del CPACA; y vi) la condena en costas a la parte demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. La Sala sintetiza como hechos relevantes los siguientes:

3.1. Luz Libia Cárdenas laboró como docente de la siguiente manera:

Entidad Desde Hasta
20-05-1992 30-11-1992
23-03-1993 22-04-1993
23-04-1993 22-05-1993
28-07-1993 30-11-1993
14-03-1994 30-11-1994
Municipio del Líbano OPS (docente) 02-05-1995 30-11-1995
01-03-1996 30-11-1996
01-03-1997 30-11-1997
01-03-1998 30-11-1998
22-02-1999 31-05-1999
01-06-1999 30-11-1998
02-08-2000 02-11-2000
Departamento del Tolima (docente) 30-12-2003 A la fecha

3.2. Ingresó al servicio público de educación el 20 de mayo de 1992, esto es, con
anterioridad al «27» de junio de 2003, fecha de entrada en vigor de la Ley 812 de
2003.

3.3. El 4 de mayo de 2018 adquirió el estatus pensional.

3.4. Ha contado con el derecho a ser pensionada de acuerdo con lo establecido en
las leyes 33 y 62 de 1985, toda vez que ha pertenecido al régimen especial docente
y contó con un derecho adquirido al haber trabajado con anterioridad a la
expedición de la Ley 812 de 2003.

3.5. La entidad demandada le negó el reconocimiento pensional según las normas
pretendidas, pues el régimen aplicable era el previsto en la Ley 100 de 1993, toda
vez que su ingreso al servicio oficial docente se dio con posterioridad a la
expedición de la Ley 812 de 2003.

3.6. Para el cálculo de la pensión se omitió tener en cuenta los tiempos laborados
como docente mediante órdenes de prestación de servicios con el municipio del
Líbano, esto es, los comprendidos entre el 20 de mayo de 1992 y el 2 de noviembre

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Demandante: Luz Libia Cárdenas

de 2000.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 1 a 4, 6, 13, 25, 29, 53 y 58 de la
Constitución Política; y 279 de la Ley 100 de 1993; el Acto Legislativo 01 de 2005;
las leyes 33 y 62 de 1985; 91 de 1989; y 812 de 2003; y los decretos 2285 de 1955;
224 de 1972; 1042 y 1045 de 1978; y 2277 de 1979.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente3:

5.1. La vinculación por primera vez es la que ha determinado el régimen pensional
de los docentes, de manera que, si su vinculación se hizo con anterioridad al «27»
de junio de 2003, fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2002, la norma
aplicable para ello era la Ley 91 de 1989, que remitió a las leyes 33 y 62 de 1985
y sus decretos reglamentarios para el reconocimiento de la pensión de jubilación,
que establecieron que la prestación debía liquidarse con el 75% del promedio
salarial devengado en el último año de servicio y con la inclusión de la totalidad de
los factores salariales percibidos en el periodo.

5.2. La demandante inició su labor como docente oficial a partir del 20 de mayo de
1992, es decir antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, de manera que
resultaba excluida de los presupuestos previstos en el régimen general de
pensiones, por lo que, le eran aplicables las leyes 33 y 62 de 1985, en
concordancia con la Ley 91 de 1989.

5.3. El tiempo de labores como docente con ocasión de órdenes de prestación de
servicios debía ser contabilizado para efectos del reconocimiento pensional, es
decir, el laborado entre los años 1992 y 2000.

1.2. Contestaciones de la demanda

6. El Fomag se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, con
fundamento en los siguientes argumentos4:

6.1. La Ley 812 de 2003 en su artículo 81 dispuso que el régimen prestacional de
los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encontraran
vinculados al servicio público educativo oficial correspondería al establecido para
el magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor
de la ley.

3 Samai Tribunal Administrativo del Tolima, «Gestionar documentos», archivo
«3_EXPEDIENTEDIGITAL_7300123330002021(.rar) NroActua 28», carpeta «73001 2333 000
2021 00327 00», archivo «005_Demanda.pdf», folios 4 a 10.
4 Samai Tribunal Administrativo del Tolima, «Gestionar documentos», archivo
«3_EXPEDIENTEDIGITAL_7300123330002021(.rar) NroActua 28», carpeta «73001 2333 000
2021 00327 00», archivo «021_MIN EDUCACION FOMAG FIDUPREVISORA CONTESTA
DEMANDA-fusionado.pdf», folios 3 a 10.

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6.2. A su vez, estableció que quienes se vincularan a partir de su entrada en
vigencia serían afiliados al Fomag con los derechos pensionales del régimen de
prima media señalado en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos
previstos en ellas, con excepción de la edad de pensión que sería de 57 años para
hombres y mujeres. Es decir, la incorporación de este sector de servidores al
sistema general de pensiones surgió a partir de la expedición de la Ley 812 de
2003.

6.3. De conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992, «(n)adie
podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una
asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las que
tenga parte mayoritaria el Estado», con excepción de las siguientes asignaciones:

«a) Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como asesores
de la Rama Legislativa;

b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o policial de
la Fuerza Pública;

c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional;

d) Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra;

e) Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud;

f) Los honorarios percibidos por los miembros de las Juntas Directivas, en razón de su
asistencia a las mismas, siempre que no se trate de más de dos juntas;

g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los servidores
oficiales docentes pensionados».

6.4. Por último, propuso las excepciones de: i) inexistencia de la obligación; y ii)
genérica.

7. El departamento del Tolima se opuso a la prosperidad de las pretensiones de
la demanda, con fundamento en los siguientes argumentos5:

7.1. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 962 de 2005, en el Decreto 2831 de
2005 y demás normas propias del régimen especial docente, le correspondía al
Fomag atender las prestaciones sociales de los docentes nacionales y
nacionalizados y no a la entidad territorial.

7.2. Los actos proferidos por la administración fueron producto de la delegación que
se encontraba en cabeza del secretario de educación del departamento del Tolima

5 Samai Tribunal Administrativo del Tolima, «Gestionar documentos», archivo
«3_EXPEDIENTEDIGITAL_7300123330002021(.rar) NroActua 28», carpeta «73001 2333 000
2021 00327 00», archivo «022_CONTESTACION DE DEMANDA APODERADO DEPTO DEL
TOLIMA.pdf», folios 2 a 8.

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por parte del Ministerio de Educación Nacional, por tanto, el ente territorial no tenía
la obligación legal de liquidar y/o reliquidar la pensión de jubilación de Luz Libia
Cárdenas.

7.3. Se configuraron las excepciones de: i) cobro de lo no debido; y ii) prescripción.

1.3. La sentencia apelada

8. El Tribunal Administrativo del Tolima en sentencia proferida el 3 de agosto de
2023 negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte
demandante. Luego de realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable al
asunto, fundamentó su decisión en lo siguiente6:

8.1. Eraviable que se computara para el reconocimiento pensional de la
demandante el tiempo docente laborado con el municipio del Líbano entre los años
1992 y 1999 a través de órdenes de prestación de servicios. Por tanto, se podía
establecer que su vinculación fue anterior a la vigencia de la Ley 812 de 2003 y
que prestó sus servicios únicamente a entidades públicas, lo que le daba derecho
a gozar del régimen de pensión ordinaria de jubilación de los servidores públicos
del orden nacional previsto en la Ley 91 de 1989, en concordancia con la Ley 33
de 1985.

8.2. La actora se vinculó como docente del departamento del Tolima a través de una
relación legal y reglamentaria y prestó sus servicios así: entre el 30 de diciembre
de 2003 y el 16 de junio de 2005; del 11 de julio de 2006 al 4 de mayo de 2010 y
desde el 4 de julio de 2014 hasta el 24 de marzo de 2021, para un tiempo total de
6 años 8 meses y 20 días.

8.3. La anterior relación de tiempo laboral como docente arrojaba un total de «17
años, 4 meses y 28 días», el cual resultaba insuficiente para el reconocimiento
pensional solicitado, por cuanto se debía acreditar un mínimo de 20 años de
servicios en tal cargo. En consecuencia, se debían denegar las pretensiones de la
demanda.

8.4. Ahora bien, ni para el momento en que la actora radicó la solicitud de
reconocimiento pensional ante la entidad demandada ni para la fecha en la que
presentó la demanda, ni siquiera para la época en la que se profirió la sentencia,
acreditaba el tiempo mínimo exigido para el reconocimiento pensional pretendido.
Por ende, el acto administrativo demandado mantenía incólume su presunción de
legalidad.

8.5. Acorde con lo previsto en los artículos 188 del CPACA y 365 del Código General

6 Samai Tribunal Administrativo del Tolima, índice 48, actuación «Sentencia Primera Instancia»,

documento «35_SENTENCIAPRIMERAINSTANCIA(.pdf) NroActua 48».

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del Proceso7, había lugar a condenar en costas a la parte demandante, pues se
comprobó su causación.

1.4. El recurso de apelación

9. La demandante interpuso recurso de apelación bajo los siguientes argumentos8:

9.1. El régimen pensional aplicable a los docentes oficiales se ha determinado en
atención a la fecha de su ingreso al servicio educativo, pues si su vinculación fue
antes del 27 de junio de 2003, cuando entró en vigor la Ley 812 de 2003, se
aplicaría la Ley 91 de 1989, la cual estableció que los docentes para efectos
prestacionales mantendrían el régimen que han venido gozando en cada entidad
territorial de conformidad con las normas vigentes, para este asunto, las leyes 33
y 62 de 1985. En cambio, si el docente fue vinculado a partir de esa fecha, le eran
aplicables las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

9.2. En el caso concreto se cumplía con los requisitos para ser destinataria del
régimen pensional contenido en la Ley 91 de 1989, que remitía a las leyes 33 y 62
para el reconocimiento de la pensión de jubilación, ya que la incorporación como
docente se dio el 20 de mayo de 1992, es decir, antes del 27 de junio de 2003,
fecha de entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.

9.3. Aunque en la primera instancia solo se reconocieron 17 años, 4 meses y 28
días de servicio, la docente continuó con sus labores de manera ininterrumpida
después de la fecha de corte fijada por el a quo. Ese tiempo adicional ascendía a
2 años, 4 meses y 10 días, lo que sumado al periodo previamente reconocido arroja
un total de 20 años y 7 días. En consecuencia, sí se encontraba acreditado el
requisito mínimo exigido por la Ley 33 de 1985 para el reconocimiento de la
pensión de jubilación.

1.5. Pronunciamientos en segunda instancia

10. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar9.

1.6. Concepto del Ministerio Público

11. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.

7 En lo que sigue CGP.
8 Samai Tribunal Administrativo del Tolima, índice 52, actuación «RECIBE MEMORIALES
ONLINE», documento «38_MemorialWeb_Recurso(.pdf) NroActua 52».
9 Tal y como se indicó en el auto del 22 de marzo de 2024. Samai, índice 4, actuación «Auto que

admite recurso de apelación», documento
«5AUTOQUEADMITE_11222024ADMITERECURS(.pdf) NroActua 4».

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2. Consideraciones

2.1. Competencia

12. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente para
conocer del recurso de apelación, de conformidad con los artículos 125 y 150 del
CPACA, según los cuales «[l]as salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias»
y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos [...]».

2.2. El problema jurídico

13. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación 10, el
problema jurídico consiste en determinar ¿si Luz Libia Cárdenas cumple con el
requisito de acreditar 20 años de servicios como docente oficial para que se le
reconozca la pensión de jubilación en los términos de la Ley 33 de 1985?

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Sobre el sistema de seguridad social creado por la Ley 100 de 1993 y el
régimen exceptuado de los docentes afiliados al Fomag

14. El Sistema General de Pensiones reglado en la Ley 100 de 1993 rige en su
integridad todo lo relacionado con el reconocimiento pensional y las entidades que
lo administran. Es así porque su finalidad fue unificar todos los regímenes
pensionales que existían antes de su expedición, lo que consiguió al disponer que
todos los trabajadores públicos, privados e independientes deben cotizar a sus
subsistemas.

15. No obstante, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó del sistema integral
de seguridad social contenido en esa norma, entre otros, a los afiliados al Fomag,
para lo cual dispuso:

«Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel
que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no
remunerados de las Corporaciones Públicas.

Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán
compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será
responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que
se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se
expida» [resalta la Sala].

10 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el

artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.

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16. Los denominados «regímenes exceptuados» de la aplicación de la Ley 100 de
1993, cuentan con normativa propia que fijan los requisitos que los trabajadores
beneficiarios deben cumplir para obtener la pensión y reglan las distintas
modalidades de la prestación.

17. En el sector docente oficial, la Ley 91 de 1989 «[p]or la cual se crea el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio» distinguió entre el personal docente nacional,
nacionalizado y territorial y distribuyó las obligaciones prestacionales de los
docentes (artículos 1 y 2), según se resume a continuación:

Personal Tipo de Prestaciones sociales a
Entidad responsable
docente vinculación cargo
Las causadas hasta
29/12/1989 y en adelante, los La extinta Cajanal y el Fondo Nacional
Vinculados por reajustes y la sustitución de del Ahorro o las que hicieren sus veces.
nombramiento pensiones
Nacional
del gobierno
Las causadas a partir del
nacional La nación y pagadas por el Fomag
29/12/1989

Las causadas hasta el Las respectivas entidades territoriales
31/12/1975 y en adelante, los o las cajas de previsión, o las entidades
reajustes y la sustitución de que hicieren sus veces, a las cuales
pensiones venía vinculado este personal

La nación o las respectivas entidades
Las causadas en el período territoriales o las cajas de previsión, o
de nacionalización (1/1/1976 las entidades que hicieren sus veces
Nacionalizado – 31/12/1980), los reajustes y (estas entidades deben contribuir en
la sustitución de pensiones los porcentajes establecidos en el art. 3
Vinculados por de la Ley 43/75).
nombramiento
de entidad
territorial antes Las respectivas entidades territoriales
y después del o las cajas de previsión social, o las
1/1/1976 (Ley Las causadas y no pagadas entidades que hicieren sus veces, a las
43/75) entre el 1/1/1981 y el cuales estaba vinculado ese personal.
29/12/1989 La nación debe hacer los aportes
correspondientes, en virtud de lo
pactado en los convenios respectivos.

Las causadas a partir del
La nación y pagadas por el Fomag
29/12/1989

18. Uno de los componentes que regula la Ley 91 de 1989 es el régimen
prestacional con el ánimo de lograr cierta unidad e igualdad frente a la disparidad
anterior, por lo que el artículo 15 ibidem prevé que a partir de su entrada en vigor,
los docentes nacionales y aquellos que ingresen del 1.° de enero de 1990 en
adelante, estarán regulados por las normas vigentes aplicables a los empleados
públicos del orden nacional, entre ellas, los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969
y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, verbigracia, la Ley 344 de 1996.

19. En materia pensional, el citado artículo 15, numeral 3, literal b), dispone que i)
los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen
prestacional que habían gozado en cada entidad territorial, de conformidad con las
normas vigentes; y ii) aquellos que ingresaron a partir del 1.° de enero de 1990,

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nacionales y nacionalizados, tienen derecho a una pensión de jubilación bajo el
régimen general y ordinario de pensiones del sector público nacional, de acuerdo
con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este
último derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.

20. La Ley 60 de 199311 asignó la administración de los servicios educativos
estatales a los municipios, financiados con recursos propios y con los provenientes
de su participación del situado fiscal, en conjunto con los departamentos. En el
artículo 6 ibidem dispuso la incorporación del personal docente de los órdenes
departamental, distrital y municipal al Fomag, así como la conservación del
régimen prestacional anterior, mientras que a las nuevas vinculaciones se les
aplicaría la Ley 91 de 1989. En consecuencia, las prestaciones sociales causadas
antes de la afiliación al señalado fondo y sus reajustes, reliquidaciones y
sustituciones serían cubiertas por la respectiva entidad territorial o el ente de
previsión social al cual se hubieren realizado los aportes; a diferencia de las que
se hicieran exigibles con posterioridad, que estarán a cargo del indicado fondo.

21. Sobre el particular, el Consejo de Estado, en sentencia del 23 de febrero de
2006, expediente 2002 – 0594, con ponencia del magistrado Tarsicio Cáceres
Toro, sobre el tema objeto de análisis, precisó:

«[…]
De lo anterior resalta que los docentes nacionales y nacionalizados que se incorporen
a las plantas departamentales y distritales de educación en las condiciones señaladas
en la Ley 60 de 1993 quedan sometidos en cuanto a la pensión de jubilación – ordinaria
o derecho prevista en la Ley 91 de 1989, la cual es de régimen ‘ordinario’, como ya se
dijo. Y los docentes territoriales en cuanto a la citada pensión tenían que estar
sometidos a la ley pensional ‘ordinaria’ pertinente (salvo situaciones especiales que se
deben demostrar) debido a que las autoridades locales no tenían facultad constitucional
para regular esa materia; por eso algunas disposiciones dictadas en materia pensional
para los empleados territoriales por autoridades locales resultan contrarias al régimen
constitucional; claro está que las situaciones definidas y consolidadas en aplicación de
un régimen local gozan de protección conforme al Art. 146-1 de la Ley 100/93.
[…]

La Ley 115 de 1994, en la parte final del inciso 1º del artículo 115 claramente dispone:
‘El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido en la Ley 91 de
1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente Ley’. Pues bien, como ya se vio, en materia
de pensión de jubilación – ordinaria o derecho, ni la Ley 91 de 1989, ni la Ley 60 de
1993 consagraron un régimen ‘especial’; ahora, la actual ley, tampoco lo hace. Y se
aclara que el hecho que esta Ley disponga lo dicho sobre el régimen pensional en su
artículo 115 que se intitula ‘Régimen Especial de los Educadores Estatales’, dado el

11 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad

con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos
356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y
los distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365
de la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».

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contenido de la norma, como ya se vio, realmente no consagra un régimen especial en
materia de pensión de jubilación – derecho de los docentes. Así, esta ley no hizo otra
cosa que ratificar el régimen de jubilación establecido en el momento, lo que indica que
la Ley 33 de 1985, seguía siendo la norma aplicable para los docentes nacionales.
Además, las pensiones de jubilación de los docentes reconocidas en su tiempo al
amparo de la Ley 6ª/45 o el D.L. 3135/68 (antecesoras de la Ley 33/85) lo fueron bajo
disposiciones ‘generales’ de pensiones del sector administrativo, que no tuvieron el
carácter de ‘especiales’.»

22. Por tanto, la Ley 33 de 1985 unificó el régimen de la pensión de jubilación de
los servidores públicos, aplicable a todos los niveles que no estuviesen
exceptuados por ley, tal como sucede para la pensión de jubilación ordinaria de los
docentes nacionales y nacionalizados respecto de quienes no se prevé un régimen
legal especial.

23. En razón a que los docentes no gozan de régimen especial en materia
pensional, en principio, la norma aplicable es la Ley 33 de 1985, la cual dispone
que los empleados oficiales que sirvan o hayan servido 20 años continuos o
discontinuos y lleguen a la edad de 55 años tendrán derecho a pensionarse con el
equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante
el último año de servicio.

2.3.2. Entrada en vigor del Acto Legislativo 1 de 2005 y sus efectos sobre el
régimen pensional de los docentes oficiales

24. El Acto legislativo 1 de 2005, en lo atinente al régimen pensional aplicable a los
docentes oficiales, prescribió que «[e]l régimen pensional de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el
establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los
docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley,
tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de
Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003» (parágrafo transitorio
1.º).

25. El mencionado artículo 81 de la Ley 812 de 200312, al que hace alusión el Acto
legislativo 1 de 2005, en lo concerniente al tema bajo estudio, previó:

«Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al
servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las
disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.

Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley,
serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los
derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100

12 «Artículo 137. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga el

artículo 8º de la Ley 160 de 1994, el artículo 14 de la Ley 373 de 1997 y todas las disposiciones
que le sean contrarias». Decreto publicado en el diario oficial núm. 45.231 de 27 de junio de 2003.

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de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de
pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.
[…]

El valor total de la tasa de cotización por los docentes afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio corresponderá a la suma de aportes que para salud
y pensiones establezcan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, manteniendo la misma
distribución que exista para empleadores y trabajadores. La distribución del monto de
estos recursos la hará el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, en lo correspondiente a las cuentas de salud y pensiones.
[…]».

26. Respecto de las anteriores normas, la Sección Segunda de esta corporación,
en sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de 201913, precisó:

«[…] De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, son dos
los regímenes pensionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez
para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio
público educativo oficial. La aplicación de cada uno de estos regímenes está
condicionada a la fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial de
cada docente, así:

I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público
educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se vincularon a
partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos docentes, también
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el
régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003,
con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57
años para hombres y mujeres».

27. En relación con el primer grupo de docentes, esto es, los vinculados al servicio
público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003, determinó:

«[…] La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los principios
constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de interpretación
sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para la liquidación de la
mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los factores que se deben
tener en cuenta para la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
del servicio público oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando la siguiente
regla:

• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados
antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de
pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional
previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son
solo los factores sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de

13 Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino

Cortés.

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acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede
incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.

Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la Sección
Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual, en la base de
liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los docentes se incluían todos los
factores salariales devengados durante el último año de servicios.

De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 “Para la liquidación de las pensiones
sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado
las cotizaciones”. Los docentes no están exceptuados de esta disposición para el goce
de la pensión ordinaria de jubilación. Por lo que, en el ingreso base de liquidación de
esta pensión solo pueden ser tenidos en cuenta los factores sobre los que se aporta y
que están contenidos en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.
[…]

En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir
del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados a partir del 1
de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige por las
siguientes reglas:

✓ Edad: 55 años

✓ Tiempo de servicios: 20 años

✓ Tasa de remplazo: 75%

✓ Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del
último año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de base
para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación
básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica,
ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras;
bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado
en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio. […]». [Se resalta]

28. En cuanto a las reglas anteriores, en particular sobre los factores que se deben
tener en cuenta, es necesario precisar que esta Sala ha sostenido 14 que además
de los previstos en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, deben incluirse todos aquellos
que han sido señalados en las normas expedidas por el gobierno nacional para los
docentes en los que se establezca otro emolumento con carácter salarial, siempre
que se hubiere devengado por el docente, los que, entonces, deben integrar la
base de la liquidación pensional.

29. En lo correspondiente al segundo grupo de maestros oficiales, conformado por
quienes ingresaron al servicio educativo a partir de la Ley 812 de 2003, en el mismo
fallo se sostuvo:

«[…] 68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, y son beneficiarios del régimen pensional de prima
media en las condiciones previstas en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003,

14 Entre otras, puede consultarse la sentencia del 12 de septiembre de 2024, radicado 05001-23-

33-000-2021-00447-01 (0140-2023), MP Juan Enrique Bedoya Escobar.

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salvo en lo que tiene que ver con la edad, la que, según el artículo 81 de la
citada Ley 812 de 2003 se unificó para hombres y mujeres en 57 años15. Esto
quiere decir, que para el ingreso base de liquidación de este grupo de
docentes debe tenerse en cuenta lo previsto en la Ley 100 de 1993 y el
Decreto 1158 de 1994.

69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de
pensiones y no la regulación prevista en la Ley 91 de 1989. Los factores que
se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el
Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas
cotizaciones […]».

30. Así las cosas, tal y como se consideró en la sentencia proferida de manera
reciente por esta Subsección16, de acuerdo con el parágrafo transitorio 1.° del Acto
legislativo 1 de 2005, del régimen pensional de los docentes al servicio educativo
depende de si la fecha de vinculación es anterior o posterior a la entrada en vigor
de la Ley 812 del 2003.

2.3.3. Los docentes vinculados a través de órdenes o contratos de prestación
de servicios. Tiempo de servicio útil para efectos del reconocimiento
pensional

31. A partir de la vigencia de la Constitución de 1991, en el modelo de Estado Social
de Derecho y de acuerdo con la evolución de la normativa de este grupo de
servidores públicos, el alcance de los derechos laborales se define a partir de
principios y valores superiores17. Bajo esos parámetros, la aplicación e
interpretación de las normas debe propender a la garantía de los derechos
laborales mínimos que la docencia en el sector educativo oficial otorga a quien la
ejerce y, por ende, los principios de favorabilidad, prevalencia del derecho
sustancial, primacía de la realidad sobre las formalidades y pro homine, entre otros,
que deben atenderse como criterios de interpretación y de corrección.

32. En tal sentido, la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional ha considerado que los derechos en materia laboral en favor del
docente contratista surgen con independencia del tipo de vínculo en virtud del cual
se prestó el servicio, pues el solo hecho de hacerlo con la anuencia del Estado da
lugar a una verdadera relación laboral con él.

33. Así, la jurisprudencia ha aceptado que cuando se trata de la labor docente la
contratación por prestación de servicios se desnaturaliza y deja de tener el carácter
de excepcional para suplir actividades de la entidad que no puede realizar con su

15 La Ley 1151 de 2007 en el artículo 160 conservó la vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de 2003

y derogó el artículo 3 del Decreto 3752 de 2003.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. sentencia del 15 de junio de 2023,

radicación 47001-23-33-000-2019-00449-01 (3521-2022), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
17 Así fue expuesto en la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de

Estado el 29 de mayo de 2024, radicado 41001-23-33-000-2015-00256-01 (0473-2018).

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personal de planta, tal como lo define el artículo 32 de la Ley 80 de 199318, y que,
por lo tanto, a la luz del principio de «primacía de la realidad sobre las formalidades»
establecido en el artículo 53 Constitucional y por configurarse los elementos
propios de esta vinculación19 da lugar al reconocimiento de una relación laboral.

34. En efecto, esta Sección en sentencia de unificación CE-SUJ2-005-1620
concluyó, luego de examinar la labor de la docencia a partir de su definición
contenida en los artículos 2 del Decreto Ley 2277 de 1979 y 104 de la Ley 115 de
1994, que la prestación del servicio por parte del docente contratista no es
independiente y, por el contrario, que es personal y subordinada a las instrucciones
de las autoridades educativas y a los reglamentos del servicio público de
educación. En tal virtud, se indicó que al existir una relación laboral le asistía el
derecho al reconocimiento de sus derechos como trabajador, incluido el pago de
las prestaciones sociales.

35. Ahora bien, el parágrafo del artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el parágrafo 3 del
artículo 105 de la Ley 115 de 199421 dispusieron la incorporación gradual de los
docentes contratistas a las plantas de personal de las entidades territoriales y
fijaban un plazo para ello durante el cual seguirían vinculados por prestación de
servicios. La constitucionalidad de estas normas fue analizada por la Corte
Constitucional en la sentencia C-555 de 1994. La providencia afirmó que el
legislador no podía, so pretexto de hacer una incorporación gradual de los
docentes contratistas a las plantas de personal, disponer en el periodo de
transición (6 años) la coexistencia en aquella de docentes vinculados como
empleados públicos y otros contratados por prestación de servicios.

36. Además, la Corte precisó que tal diferenciación no tenía justificación
constitucional porque i) ambos grupos realizaban igual actividad; ii) el menor costo
laboral de los contratos por prestación de servicios no permitía desconocer
derechos laborales irrenunciables; iii) quien define el régimen de los docentes es
la ley y no el contrato; iv) la voluntad del docente contratista no enerva el carácter
de irrenunciables de los derechos laborales; y v) las medidas graduales en la ley
solo se aplican para corregir desigualdades creadas por la sociedad y no cuando
el causante es el legislador, como lo hacía al diferenciar los docentes.

18 Su numeral 3 dispone «Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades

estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades
no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún
caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término
estrictamente indispensable».
19 Prestación personal del servicio, remuneración y la continuada subordinación.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado: 23001-23-

33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16.
21 «Parágrafo tercero. A los docentes vinculados por contrato contemplados en el parágrafo primero

del artículo 6o de la Ley 60 de 1993 se les seguirá contratando sucesivamente para el periodo
académico siguiente, hasta cuando puedan ser vinculados a la planta de personal docente
territorial».

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37. De acuerdo con lo señalado por esa Corporación, las entidades territoriales no
estaban autorizadas para contratar docentes de manera diferente de la legal y
reglamentaria, pues ello fomentaba un trato discriminatorio que vulneraba los
derechos laborales de quienes ejercen la docencia mediante otra forma de
vinculación que no tiene justificación constitucional. Esta prohibición, además de
lo expuesto en la sentencia citada, se estableció en un principio en el artículo 6 de
la Ley 60 de 199322 y luego en el artículo 105 de la Ley 115 de 199423; y el hecho
de que los docentes contratistas no hayan sido nombrados con las formalidades
de los empleados públicos en manera alguna implicaba que debieran
desconocerse los derechos laborales propios de esta labor y mantener las
desigualdades materiales que históricamente se han pretendido eliminar24. Por el
contrario, estos debían ser protegidos y garantizados.

38. En aquella providencia se resaltó que las razones presupuestales que llevaron
a las entidades territoriales a optar por la prestación del servicio educativo con
personal docente contratado no podían menoscabar los derechos fundamentales
de las personas vinculadas bajo esa modalidad, así lo sostuvo:

«Los menores costos laborales del servicio público educativo, representan quizá
posibilidades de conservar o ampliar la cobertura existente. La función
administrativa y la atención de los servicios públicos, se desarrollan con
fundamento en el principio de economía (CP art. 209). Sin embargo, el ahorro y la
economía, de suyo loables, no lo son cuando su condición de posibilidad se
deduce simplemente del sacrificio de los derechos fundamentales de unas pocas
personas que deben soportar injustificadamente una carga social desigual e
inequitativa. La economía en la función administrativa a la que se refiere la
Constitución no es aquélla que se produce a expensas de la dignidad humana.

Una administración eficiente y eficaz, sin reducir la calidad del servicio y expoliar
el recurso humano - el más valioso de todos -, fácilmente encontrará rubros y
posibilidades para disminuir, hasta donde sea posible, el costo de la prestación de
un servicio público. Es evidente que no consulta el interés general, pese a su
aparente ventaja, la modalidad contractual como opción complementaria de la
estatutaria. Definitivamente, no es ésta la forma de servir al interés general. Por el
contrario, se lo sacrifica, al cifrar la obtención de un ahorro en la plusvalía que el
Estado, con manifiesta violación de los derechos fundamentales, extrae a un
grupo de maestros y profesores.»

39. Así las cosas, la forma de vinculación de los docentes no puede ser un obstáculo
para que accedan a los derechos mínimos irrenunciables que las normas prevén.
Una interpretación contraria conllevaría a mantener las condiciones de desigualdad
e inequidad y detrimento de la dignidad humana, como principio fundante del

22 El inciso segundo dice: «Ningún departamento, distrito o municipio podrá vincular docentes y

administrativos sin el lleno de los requisitos del estatuto docente y la carrera administrativa,
respectivamente, ni por fuera de las plantas de personal que cada entidad territorial adopte». La
norma fue derogada por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001.
23 «La vinculación de personal docente, directivo y administrativo al servicio público educativo
estatal, sólo podrá efectuarse mediante nombramiento hecho por decreto y dentro de la planta de
personal aprobada por la respectiva entidad territorial»
24 En este sentido se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de

mayo de 2024, radicado: 41001-23-33-000-2015-00256-01 (0473-2018).

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Estado social de derecho, de un grupo importante de la población, que desarrolla
una labor trascendental para la sociedad.

40. Lo expuesto también se deriva del criterio que ha mantenido esta Sección, en
el sentido de considerar que no es el acto por el cual se vincula a una persona lo
que define su relación con el Estado25, sino lo que se evidencia de esa relación, en
armonía con las reglas de interpretación normativa que impone la Constitución
Política en los artículos 53 «situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho»; 228, sobre la prevalencia
del derecho sustancial; y de integración normativa derivado de los artículos 53
«Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la
legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden
menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores» y 93 «[l]os
tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos
humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden
interno».

41. Lo anterior, se acompasa también con el principio pro homine que, si bien se
estableció como un criterio para examinar el alcance de los derechos humanos, la
jurisprudencia le ha dado plena aplicación en materia laboral y, específicamente,
en asuntos de la seguridad social por tratarse de un derecho fundamental. Sobre
su trascendencia, ha señalado que implica que «las normas han de ser interpretadas
en favor de la protección y goce efectivo de los derechos de los individuos, en procura de
que los preceptos legales se conviertan en instrumentos que respeten en la mayor medida
posible, las garantías y prerrogativas esenciales para la materialización de la mejor calidad
de vida de las personas»26. En ese orden «impone aquella interpretación de las normas
jurídicas que sea más favorable al hombre y sus derechos, esto es, la prevalencia de
aquella interpretación que propenda por el respeto de la dignidad humana y
consecuentemente por la protección, garantía y promoción de los derechos humanos y de
los derechos fundamentales consagrados a nivel constitucional»27.

25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de abril de 1999, radicado:

16829. En dicha providencia, se sostuvo: «Ha sostenido la Sala reiteradamente que no es la
modalidad o el acto de vinculación el que determina la condición en la cual se prestan los servicios.
Así, en sentencia del 15 de junio de 1992, Magistrado Ponente Doctor Álvaro Lecompte Luna,
Expediente No. 4058, expresó:
"... La calificación de la naturaleza jurídica del vínculo laboral que une a un funcionario con la
administración no puede ser establecida por la voluntad de las partes o modalidades del acto a
través del cual se llevó a cabo la vinculación, sino por las normas legales. Por ende, puede haberse
vinculado a un funcionario a un establecimiento público por contrato de trabajo, pero si las normas
que regulan al organismo no permiten que la actividad que va a realizar el empleado, pueda ser
cumplida mediante esta modalidad contractual, este no puede ser calificado como trabajador
oficial... "
La demandante se desempeñaba como docente, vale decir, no realizaba labores propias de los
trabajadores oficiales. Por consiguiente, al ser sus funciones las propias de un empleado público
departamental, ineludible resulta su asimilación al orden legal y reglamentario» (sic)
26 Sentencia T-121 de 2015. Reiterada en la sentencia T-536 de 2017 y T-088 de 2018.
27 Consejo de Estado. Sección Segunda, sentencia de unificación del 4 de octubre de 2018 radiado:

05001-23-33-000-2013-00741-01(4648-15) CE-SUJ2-013-18. Ver también Sentencia C-438 de
2013.

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Demandante: Luz Libia Cárdenas

42. Bajo estos parámetros el ejercicio de la función docente a través de la
vinculación por contratos de prestación de servicios, por virtud de los principios de
la primacía de la realidad sobre las formalidades, de favorabilidad y pro homine y
por las características de la labor desempeñada en estos casos, permite su
cómputo para efectos pensionales. Lo anterior porque la falta de vinculación como
empleados públicos obedeció a un incumplimiento de un deber legal por parte del
Estado que no puede afectar sus derechos laborales.

43. Ciertamente, la situación descrita impone que las formalidades omitidas por la
administración no sean un obstáculo para el goce de derechos laborales y que aun
con la ausencia en el proceso de la entidad territorial que se benefició de los
servicios del docente-contratista se permita suprimir las condiciones de
desigualdad material que afectan a un sector de la población sin justificación
constitucional.

44. Esta interpretación se acompasa con los principios de celeridad y eficacia que
deben guiar la labor judicial y otorgan vigencia a los derechos fundamentales a la
seguridad social y al mínimo vital que se ven amenazados con la omisión de
vincular al proceso a la secretaría de educación respectiva, que valga insistir,
desconoció las disposiciones legales y jurisprudenciales de vincular en sus plantas
de personal a aquellos docentes que ejercían la labor, sin derecho a las
prestaciones sociales propias de los empleados públicos.

45. Valga precisar que esta interpretación no desconoce la necesidad de contar con
los recursos necesarios para la financiación de la prestación, una vez esta sea
reconocida; pues lo cierto es que, tal y como lo ha señalado esta corporación28, en
caso de que la administradora de pensiones observe que los valores no se ajustan
a la ley, bien sea porque se omite el pago oportuno o el monto consignado es
inferior, el ordenamiento jurídico colombiano prevé los mecanismos para asegurar
su cumplimiento.

46. Al respecto, debe tenerse en cuenta que de acuerdo con lo señalado en el
artículo 2 del Decreto 3752 de 200329 las prestaciones sociales de los docentes
causadas con anterioridad a la afiliación al Fomag, así como sus reajustes,
reliquidaciones y sustituciones están a cargo de la respectiva entidad territorial o
de la entidad de previsión social a la cual se hubieren realizado los aportes; de
manera que la omisión en el pago de los aportes por los lapsos en los que los
docentes estuvieron vinculados mediante relaciones contractuales, es
responsabilidad de la entidad que se benefició de los servicios del docente o de la
administradora a la cual se efectuaron las cotización. No obstante, tal situación

28 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de julio de 2022, radicado 25000-23-42-

000-2013-02380-01(2656-2014), M.P. William Hernández Gómez.
29 «Por el cual se reglamentan los artículos 81 parcial de la Ley 812 de 2003, 18 parcial de la Ley

715 de 2001 y la Ley 91 de 1989 en relación con el proceso de afiliación de los docentes al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones.»

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Demandante: Luz Libia Cárdenas

impone al fondo la obligación de hacer uso de los mecanismos establecidos en la
norma para adelantar los procesos de cobro coactivo o requerir el bono pensional.

47. En efecto, el artículo 2330 de la Ley 100 de 1993 establece que el empleador
que no realice las consignaciones de los aportes tendrá a su cargo un interés
moratorio igual al que rige para el impuesto a la renta. Asimismo, la normativa
establece consecuencias disciplinarias para quienes desarrollan la función pública
de ordenador del gasto, que sin justa causa se abstengan de efectuar la
consignación oportuna de estos conceptos. Pero, especialmente, con el fin de
asegurar el cumplimiento de la ley, los artículos 2431 y 5732 ibidem permitieron que
la entidad administradora de pensiones acudiera a las acciones de cobro de los
aportes adeudados, para hacer efectivos sus créditos.

48. En igual sentido, el artículo 2 de la Ley 33 de 1985 señalaba que la caja de
previsión obligada al pago de pensión tenía «derecho a repetir contra los organismos
no afiliados a ellas, o contra las respectivas Cajas de Previsión, a prorrata del tiempo que
el pensionado hubiere servido o aportado a ellos».

2.4. Caso en concreto

49. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

49.1. Luz Libia Cárdenas nació el 2 de octubre de 1955, según su documento de
identidad33.

49.2. Por medio de la Resolución 1168 del 2 de agosto de 2000 34, expedida por el

30 «Artículo 23. Sanción Moratoria. Los aportes que no se consignen dentro de los plazos señalados

para el efecto, generarán un interés moratorio a cargo del empleador, igual al que rige para el
impuesto sobre la renta y complementarios. Estos intereses se abonarán en el fondo de reparto
correspondiente o en las cuentas individuales de ahorro pensional de los respectivos afiliados,
según sea el caso.
Los ordenadores del gasto de las entidades del sector público que sin justa causa no dispongan la
consignación oportuna de los aportes, incurrirán en causal de mala conducta, que será sancionada
con arreglo al régimen disciplinario vigente.
En todas las entidades del sector público será obligatorio incluir en el presupuesto las partidas
necesarias para el pago del aporte patronal a la Seguridad Social, como requisito para la
presentación, trámite y estudio por parte de la autoridad correspondiente».
31«Artículo 24. Acciones de Cobro. Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes

regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del
empleador de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto,
la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor adeudado, prestará mérito
ejecutivo.
32«Artículo 57. Cobro Coactivo. De conformidad con el artículo 79 del Código Contencioso

Administrativo y el artículo 112 de la Ley 6a. de 1992, las entidades administradoras del Régimen
de Prima Media con prestación definida podrán establecer el cobro coactivo, para hacer efectivos
sus créditos».
33. Samai Tribunal Administrativo del Tolima, «Gestionar documentos», archivo
«3_EXPEDIENTEDIGITAL_7300123330002021(.rar) NroActua 28», carpeta «73001 2333 000
2021 00327 00», archivo «005_Demanda.pdf», folio 15.
34 Samai Tribunal Administrativo del Tolima, «Gestionar documentos», archivo
«3_EXPEDIENTEDIGITAL_7300123330002021(.rar) NroActua 28», carpeta «73001 2333 000
2021 00327 00», archivo «005_Demanda.pdf», folios 25 a 30.

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Demandante: Luz Libia Cárdenas

secretario de Educación y de la Juventud del Tolima, se autorizó su prestación del
servicio en forma temporal por el término de 3 meses en el cargo de docente en la
Escuela Rural Mixta Tierradentro del municipio del Líbano.

49.3. A través de la constancia laboral del 23 de enero de 2003 35, el jefe de la
Sección de Educación y Cultura del municipio del Líbano informó lo siguiente:

«Que la Señora LUZ LIBIA CARDENAS, identificada con la cédula de ciudadanía
número 28.813.956 de Líbano, laboro con el municipio del Líbano por contrato así:

1992: Laboro en la Escuela Rural Mixta Tapias, en el periodo comprendido del 20 de
mayo al 30 de noviembre, según constancia expedida por el secretario de Educación
de esa fecha, Licenciado Humberto Santamaria Sánchez.

1993: Laboro en la Escuela Rural Mixta California, del periodo comprendido entre el 23
de marzo al 22 de abril, según Orden de Prestación de Servicios número 151 de marzo
23 de 1993. Labora del periodo comprendido entre el 23 de abril al 22 mayo en la misma
escuela, según Orden de Prestación de Servicios número 338 de fecha abril 23 de
1993. Del periodo comprendido entre julio 28 al 30 de noviembre en la Escuela El
Aguador Los Naranjos, según Orden de Prestación de Servicios número 617 de 1993.

1994: Laboro en la Escuela El Aguador Los Naranjos, durante el tiempo comprendido
del 14 de marzo al 30 de noviembre de 1994, según orden de prestación de servicios
número 167 de 1994.

1995: Laboro en la Escuela Rural Mixta Tierradentro, durante el tiempo comprendido
del 2 de mayo al 30 de noviembre de 1995, según Orden de Prestación de servicios
número 089 de 1995.

1996: Laboro en la Escuela Rural Mixta de Tierradentro, durante el tiempo comprendido
del 1 de marzo al 30 de noviembre de 1996.

1997: Laboro en la Escuela Rural Mixta de Tierradentro, durante el tiempo comprendido
de marzo al 30 de noviembre de 1997, según orden de prestación de servicios número
066 de 1997.

1998: Laboro en la Escuela Rural Mixta de Tierradentro, durante el tempo comprendido
del 1 de marzo al 30 de noviembre de 1998.

1999: Laboro en la Escuela Rural Mixta La Plata, durante el tiempo comprendido entre
el 22 de febrero al 31 de mayo de 1999 y se le canceló por reconocimiento según
constancia expedida por el Licenciado Humberto Santamaria Sánchez, secretario de
Educación de este tiempo. Y del 1 de junio al 30 de noviembre, en la misma escuela
según Contrato Prestación de servicios número 018 de 1999» (sic).

49.4. Por medio del formato único para la expedición de certificado de salarios del
12 de febrero de 202136, expedido por el Fomag, se relacionaron los factores
salariales que devengó entre los años 2006, 2010, 2014 y 2021.

35 Samai Tribunal Administrativo del Tolima, «Gestionar documentos», archivo
«3_EXPEDIENTEDIGITAL_7300123330002021(.rar) NroActua 28», carpeta «73001 2333 000
2021 00327 00», archivo «005_Demanda.pdf», folios 23 y 24.
36 Samai Tribunal Administrativo del Tolima, «Gestionar documentos», archivo
«3_EXPEDIENTEDIGITAL_7300123330002021(.rar) NroActua 28», carpeta «73001 2333 000
2021 00327 00», archivo «005_Demanda.pdf», folio 16.

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Demandante: Luz Libia Cárdenas

49.5. Según el reporte de semanas cotizadas en pensiones actualizado al 24 de
febrero de 202137, expedido por Colpensiones, presentaba la siguiente
información:

Nombre o razón social Desde Hasta Semanas
Alcaldía municipal L 01-05-1995 31-12-1995 34.29
Alcaldía municipal 01-03-1996 28-02-1997 51.43
Municipio de Líbano 01-03-1997 28-02-1998 48.86
Alcaldía municipal 01-03-1998 31-07-1998 21.43
Alcaldía municipal 01-08-1998 31-10-1998 12.86
Alcaldía municipal D 01-11-1998 30-11-1998 3.43
Alcaldía municipal 01-03-1999 31-03-1999 4.29
Alcaldía municipal 01-04-1999 30-11-1999 18.71
Asociemos Cooperativa 01-02-2003 30-03-2003 5.00
Asociemos 01-05-2003 31-05-2003 0.14
Cop de Trabajo Asoc 01-06-2003 30-11-2003 25.71
Cop de Trabajo Asoc 01-12-2003 31-12-2003 2.29
Cárdenas Luz Libia 01-07-2013 31-07-2013 4.29

49.6. De conformidad con el formato único para la expedición de certificado de
historia laboral expedido por el Fomag el 24 de marzo de 202138, prestó sus
servicios a través de una relación legal y reglamentaria como docente en el
departamento del Tolima en los siguientes períodos: entre el 30 de diciembre de
2003 y el 16 de junio de 2005; del 11 de julio de 2006 al 4 de mayo de 2010; y
desde el 4 de julio de 2014 hasta el 24 de marzo de 202139. El tiempo total por
estos periodos fue de 12 años, 11 meses y 25 días.

49.7. Por medio del Oficio TOL2021EE018970 del 2 de junio de 2021 40, expedido
por la Secretaría de Educación del departamento del Tolima, al resolver una
solicitud de la actora se indicó lo siguiente:

«Que la solicitud con radicado SAC TOL2021ER017800, no procede el estudio de
liquidación de Pensión de Jubilación debido a que el Certificado de Historia Laboral
Anexo al expediente, el docente presenta como fecha de vinculación el 04 de julio de
2014, con régimen de pensión Vigencia Ley 812 de 2003; por medio del cual se ordena
liquidar los docentes oficiales mediante el régimen de prima media, se debe de cumplir
con los requisitos consagrados en el Artículo 33 de la Ley 100 de 1993. Se solicita
radicar por Plataforma NURF II como Pensión de Vejez Ley 100 de 1993 y anexar los
tiempos de servicios o certificado de aportes a otras entidades del sector público, por
lo tanto debe radicar como se le explica anteriormente y diligenciar formato de solicitud
de pensión de vejez» (sic).

37 Samai Tribunal Administrativo del Tolima, «Gestionar documentos», archivo
«3_EXPEDIENTEDIGITAL_7300123330002021(.rar) NroActua 28», carpeta «73001 2333 000
2021 00327 00», archivo «005_Demanda.pdf», folios 17 a 22.
38 Samai Tribunal Administrativo del Tolima, «Gestionar documentos», archivo
«3_EXPEDIENTEDIGITAL_7300123330002021(.rar) NroActua 28», carpeta «73001 2333 000
2021 00327 00», archivo «005_Demanda.pdf», folios 31 a 39.
39 Fecha de expedición del formato único para la expedición de certificado de historia laboral.
40 Samai Tribunal Administrativo del Tolima, «Gestionar documentos», archivo
«3_EXPEDIENTEDIGITAL_7300123330002021(.rar) NroActua 28», carpeta «73001 2333 000
2021 00327 00», archivo «005_Demanda.pdf», folio 16.

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2.4. Análisis sustancial del caso concreto

50. En el presente asunto, el Tribunal Administrativo del Tolima mediante sentencia
del 3 de agosto de 2023 negó las pretensiones de la demanda, pues consideró que
la demandante no había acreditado el requisito de los 20 años de servicios como
docente oficial que exige la Ley 33 de 1985.

51. En el recurso de apelación, la demandante sostuvo que, si bien en primera
instancia se reconoció un tiempo de servicios de 17 años, 4 meses y 28 días, lo
cierto es que continuó con sus labores como docente de manera ininterrumpida
desde la fecha de corte del cómputo efectuado por el a quo. El lapso adicional
correspondía a 2 años, 4 meses y 10 días, que al sumarse al tiempo previamente
reconocido arroja un total de 20 años y 7 días, con lo cual se acreditaba el requisito
mínimo de 20 años exigido por la Ley 33 de 1985 para el reconocimiento de la
pensión de jubilación.

52. De las pruebas aportadas al expediente, se advierte que Luz Libia Cárdenas
prestó sus servicios en el municipio del Líbano como docente a través de órdenes
de prestación de servicios así:

Institución educativa Fecha inicial Fecha final Tiempo
Escuela Rural Mixta Tapias 20-05-1992 30-11-1992 6 meses y 10 días
Escuela Rural Mixta California 23-03-1993 22-04-1993 1 mes
Escuela Rural Mixta California 23-04-1993 22-05-1993 1 mes
Escuela el Aguador Los 28-07-1993 30-11-1993 4 meses y 2 días
Naranjos
Escuela el Aguador Los 14-03-1994 30-11-1994 8 meses y 16 días
Naranjos
Escuela Rural Mixta de 02-05-1995 30-11-1995 6 meses y 28 días
Tierradentro
Escuela Rural Mixta de 01-03-1996 30-11-1996 8 meses y 29 días
Tierradentro
Escuela Rural Mixta de 01-03-1997 30-11-1997 8 meses y 29 días
Tierradentro
Escuela Rural Mixta de 01-03-1998 30-11-1998 8 meses y 29 días
Tierradentro
Escuela Rural Mixta La Plata 22-02-1999 31-05-1999 3 meses y 9 días
Escuela Rural Mixta La Plata 01-06-1999 30-11-1999 5 meses y 29 días
Total tiempo = 5 años, 4 meses y 1 día

52.1. A través de la Resolución 1168 del 2 de agosto de 2000, expedida por el
secretario de Educación y de la Juventud del Tolima, se autorizó su prestación del
servicio en forma temporal por el término de 3 meses en el cargo de docente en la
Escuela Rural Mixta Tierradentro del municipio del Líbano.

53. Se vinculó como docente del departamento del Tolima a través de una relación
legal y reglamentaria y prestó sus servicios entre los periodos comprendidos entre:
i) el 30 de diciembre de 2003 y el 16 de junio de 2005; ii) el 11 de julio de 2006 y
el 4 de mayo de 2010; y iii) el 4 de julio de 2014 y el 24 de marzo de 2021. El tiempo
por estos periodos fue de 12 años y 2 días.

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54. En estas condiciones, se encuentra acreditada la vinculación de la demandante
al servicio oficial docente con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003, pues se vinculó al servicio docente el 20 de mayo de 1992 a través de
órdenes de prestación de servicios, el cual como quedó expuesto es válido para el
reconocimiento pensional.

55. En consecuencia, la demandante tiene derecho al reconocimiento de la pensión
de jubilación conforme con lo previsto en la Ley 91 de 1989, disposición que remitió
para tales efectos a lo dispuesto en las leyes 33 de 1985 o 71 de 198841 y sus
decretos reglamentarios. Por tanto, resulta procedente acceder a la pretensión de
la demanda, en el sentido de declarar que la actora es titular del derecho a la
referida prestación bajo los términos establecidos en las normas ibidem, según sea
el caso. En contraste, los actos administrativos demandados incurrieron en un
yerro al aplicar la Ley 100 de 1993 como régimen jurídico pertinente para el caso
sub judice.

56. En esas condiciones, se tiene que las leyes 33 de 1985 y 71 de 1988 exigen
como requisito para el reconocimiento de la pensión de jubilación una edad de 55
años para las mujeres y un tiempo de servicio oficial de 20 años, para que la
respectiva caja de previsión pague la prestación equivalente al 75% del salario
promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.

57. En lo que respecta al requisito de edad, se advierte que Luz Libia Cárdenas
nació el 2 de octubre de 1955, motivo por el cual alcanzó los 55 años en igual día
y mes de 2010. De conformidad con las normas ibidem, dicha edad constituye un
presupuesto indispensable para acceder a la pensión de jubilación de los
servidores públicos, incluidos los docentes oficiales amparados por este régimen
especial en virtud de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989.

58. En cuanto al tiempo de servicio, el material probatorio obrante en el expediente
demuestra que la demandante desempeñó labores docentes en diferentes
periodos, bajo órdenes de prestación de servicios y una relación legal y
reglamentaria, con un total de 17 años, 7 meses y 3 días. El artículo 1 de la Ley 33
de 1985 exige de manera expresa un mínimo de 20 años de servicios continuos o
discontinuos para acceder a la pensión de jubilación. En consecuencia, la actora
no cumplió con el requisito temporal exigido, lo cual impide reconocer la pensión
bajo el régimen invocado.

59. Ahora, se observa que la demandante también acumuló tiempos de servicios en
la Cooperativa de Trabajo Asociado Asociemos y como independiente, los que al

41Sobre la procedencia de la Ley 71 de 1988 se pueden consultar las sentencias de esta
Subsección del 13 de febrero de 2025 con radicación 76001-23-33-000-2019-00636-01 (5132-
2022), 05001-23-33-000-2019-03176-01 (0048-2023) y 25000-23-42-000-2021-00978-01 (6624-
2022).

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Demandante: Luz Libia Cárdenas

sumarlos arrojan un total de 8 meses y 22 días. Bajo tal panorama, tampoco es
procedente el reconocimiento de la pensión de jubilación por acumulación de
tiempos privados y públicos de conformidad con las leyes 91 de 1989 y 71 de 1988,
que exige 20 años de servicios y la demandante en estos 2 sectores acredita solo
18 años, 3 meses y 25 días.

60. En consecuencia, los actos administrativos acusados resultan nulos
parcialmente en cuanto negaron el derecho pensional de la demandante bajo el
entendido de que le era aplicable el régimen previsto en la Ley 100 de 1993, pues
tal conclusión desconoce que, de conformidad con lo dispuesto en las leyes 33 de
1985 y 71 de 1988, en concordancia con la Ley 91 de 1989, el régimen aplicable
al caso era el especial de los docentes oficiales, que remite a la normativa de 1985
o 1988 y no al Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993. De
esta manera, la administración incurrió en un error de derecho al aplicar un régimen
jurídico improcedente.

61. En esas condiciones, es procedente declarar la nulidad parcial de los actos
administrativos demandados, en cuanto al régimen pensional que aplicaron para
resolver la petición de la demandante. A título de restablecimiento del derecho, la
parte demandada, una vez en firme esta providencia, debe adelantar las
actuaciones administrativas necesarias para verificar si Luz Libia Cárdenas
acredita los requisitos exigidos en la Ley 33 de 1985 o en la Ley 71 de 1988, según
corresponda, para el reconocimiento de la pensión de jubilación, a partir de que
adquirió el estatus.

62. En caso de encontrarse acreditados dichos requisitos, la entidad demandada
deberá reconocer y pagar a favor de aquella la pensión de jubilación, junto con las
mesadas causadas desde la fecha en que adquirió el derecho, debidamente
actualizadas en los términos del artículo 187 del CPACA.

63. Valga indicar, que no es viable el reconocimiento de la pensión pretendida bajo
el régimen previsto en la Ley 100 de 1993 por el incumplimiento de sus requisitos,
pues la actora solo demostró 955 semanas de cotización aproximadamente
cuando lo requerido son, según su caso, un mínimo de 1225, para el año 2012,
cuando cumplió la edad de 57 años, que son alrededor de 23 años y 6 meses42.

64. Así entonces, la Sala revocará la sentencia proferida el 3 de agosto de 2023 por
el Tribunal Administrativo del Tolima, que negó las pretensiones de la demanda.

2.4. Costas

65. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

42
Este cálculo se efectúa con el parámetro de 365 días al año.

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«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

66. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

67. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma43.

68. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.

69. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas y
revocará la condena impuesta en primera instancia, por no haberse efectuado el
análisis aquí expuesto.

3. Conclusión

70. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que los actos administrativos
demandados son nulos parcialmente, en cuanto aplicaron de manera indebida la
Ley 100 de 1993 para negar la pensión solicitada, cuando en realidad era aplicable
el régimen especial de los docentes oficiales previsto en las leyes 33 de 1985 o 71
de 1988, según corresponda, en concordancia con el artículo 15 de la Ley 91 de
1989.

71. En consecuencia, se declarará la nulidad parcial de los actos acusados, se
señalará que la demandante era beneficiaria del régimen pensional previsto en la
Ley 91 de 1989 en concordancia con la Ley 33 de 1985 o 71 de 1988, según sea
el caso, y ordenará a la entidad demandada que verifique nuevamente el
cumplimiento de los requisitos pensionales bajo las exigencias de estas normas.

43En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Radicado: 73001-23-33-000-2021-00327-01 (1122-2024)
Demandante: Luz Libia Cárdenas

De encontrarse acreditados, deberá reconocer y pagar la pensión de jubilación,
con las mesadas causadas y debidamente actualizadas, a partir de la fecha en la
que adquirió el estatus pensional, sin que se pueda entender que operó la
prescripción de mesadas.

72. No procede el reconocimiento de la pensión en aplicación de la Ley 100 de
1993, por cuanto la actora no cumplió con las semanas requeridas de cotización.

73. Por lo anterior, la Sala revocará la sentencia proferida el 3 de agosto de 2023
por el Tribunal Administrativo del Tolima, en tanto negó las pretensiones de la
demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia proferida el 3 de agosto de 2023 por el Tribunal
Administrativo del Tolima, así como la condena en costas que en esta se impuso,
de conformidad con lo previsto en la parte resolutiva de la providencia, y en su
lugar se dispone lo siguiente:

Segundo. Declarar la nulidad parcial del Oficio TOL2021EE018970 del 2 de junio
de 2021, expedido por la Secretaría de Educación del departamento del Tolima,
en cuanto aplicó la Ley 100 de 1993 como régimen jurídico para negar la pensión
de jubilación solicitada por Luz Libia Cárdenas.

Tercero. A título de restablecimiento del derecho, se dispone:

• Declarar que Luz Libia cárdenas es beneficiaria del régimen pensional
previsto en la Ley 91 de 1989 en concordancia con las leyes 33 de 1985 o
71 de 1988, según sea el caso.

• Ordenar al Fomag y a la Secretaría de Educación del departamento del
Tolima, en el marco de sus competencias y una vez en firme esta
providencia, adelanten las actuaciones administrativas necesarias para
verificar si Luz Libia Cárdenas acredita los requisitos exigidos en la Ley 33
de 1985 o 71 de 1988, según corresponda, para el reconocimiento de la
pensión de jubilación, en los términos señalados.

• En caso de encontrarse acreditados tales requisitos, el Fomag deberá
reconocer y pagar a favor de Luz Libia Cárdenas la pensión de jubilación
desde la fecha en que adquirió el derecho, debidamente actualizada en los
términos del artículo 187 del CPACA, en consideración a los índices de
precios al consumidor (IPC) certificados por el Departamento Administrativo

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Radicado: 73001-23-33-000-2021-00327-01 (1122-2024)
Demandante: Luz Libia Cárdenas

Nacional de Estadística (DANE) y mediante la aplicación de la fórmula
matemática adoptada por el Consejo de Estado, sin que se pueda entender
que operó la prescripción de mesadas.

Cuarto. No condenar en costas en las dos instancias.

Quinto. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en
el artículo 192 del CPACA.

Sexto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.

Séptimo. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Aclara voto Cfr. AV Rad. 05001-23-
33-000-2020-00472-01 (1251-2024)

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

LAVM

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