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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2013-00741-01

Pensión de sobrevivientes

Fecha
4 de octubre de 2018
Consejero ponente
William Hernandez Gomez
Citada por
114 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2013-00741-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Problema jurídico

  1. ¿Los demandantes, en su calidad de madre y padre del soldado voluntario fallecido en combate, tienen derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes que no está prevista en el Decreto 2728 de 1968?

  2. ¿Se debe ordenar el descuento de los valores pagados por la entidad demandada en virtud de la Resolución 001663 del 12 de mayo de 1999, que reconoció prestaciones por la muerte del soldado en los términos del Decreto 2728 de 1968?

  3. ¿Si la liquidación de la pensión de sobrevivientes con el régimen aplicable es mayor a la que correspondería con la Ley 100 de 1993, se vulneraría el principio de non reformatio in pejus teniendo en cuenta que la entidad es apelante único?

Reglas

  1. En aplicación del principio de especialidad, la norma aplicable a los soldados voluntarios fallecidos en combate antes del 7 de agosto de 2002 es el Decreto 95 de 1989 o el Decreto 1211 de 1990, según la fecha de fallecimiento.

    «conduce a que sea el Decreto 95 de 1989 o el Decreto 1211 de 1990, según»
  2. Los beneficiarios de soldados voluntarios fallecidos en combate tienen derecho a la pensión de sobrevivientes del artículo 189, literal d), del Decreto 1211 de 1990, o del artículo 184, literal d), del Decreto 95 de 1989, según la fecha del deceso, si acreditan el parentesco con el causante.

    «beneficiarios de los soldados voluntarios fallecidos en combate, la pensión de»
  3. Al reconocer la pensión de sobrevivientes de soldados voluntarios fallecidos en combate no hay lugar a descuentos de lo pagado por compensación y cesantías dobles en virtud del Decreto 2728 de 1968.

    «voluntarios fallecidos en combate, no habrá lugar a descuentos de lo»
  4. Para las mesadas de la pensión de sobrevivientes de soldados voluntarios fallecidos antes del 7 de agosto de 2002 el término de prescripción es el cuatrienal del régimen propio de las Fuerzas Militares.

    «relación con las mesadas pensionales, es el cuatrienal de»
  5. En materia pensional, el juez contencioso administrativo no está limitado por el régimen que invoque la parte y debe aplicar el régimen que corresponda a los supuestos fácticos del litigio.

    «no está limitado para conocer del fondo del asunto a la luz del régimen»
  6. La presente sentencia de unificación es extendible, en virtud de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, a quienes acrediten la misma situación fáctica y jurídica.

    «presente sentencia de unificación jurisprudencial es extendible en virtud de»

Decisión

Unificó la jurisprudencia: a los beneficiarios de soldados voluntarios muertos en combate antes del 7 de agosto de 2002 se aplican las prestaciones del Decreto 95 de 1989 o del Decreto 1211 de 1990, sin descuentos y con prescripción cuatrienal. Confirmó la sentencia que reconoció la pensión de sobrevivientes a los padres.

Parte resolutiva

FALLA Primero: Unificar la jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido de precisar lo siguiente: - Con fundamento en el principio de especialidad, los beneficiarios de los soldados voluntarios fallecidos antes del 7 de agosto de 2002158, por causa de heridas o accidente aéreo en combate o por acción directa del enemigo, bien sea en conflicto internacional o en mantenimiento del orden público, pueden beneficiarse del régimen de prestaciones por muerte contenido en el artículo 184 del Decreto 095 de 1989 o en el artículo 189 del Decreto 1211 de 1990, según la fecha de muerte, por ser el régimen especial que regula de manera particular el supuesto de hecho a que se refiere la norma, pues tal medida se armoniza con los principios 158En atención a que el Decreto 4433 de 2004, en el artículo 22, entendió por soldados profesionales los soldados voluntarios que hubieren fallecido entre el 7 de agosto de 2002 y el 31 de diciembre de 2003, con lo que cambió su situación jurídica en lo atinente a las prestaciones por muerte en combate. protectorio, pro homine, de justicia y de igualdad que encauzan el derecho laboral. - Al reconocer el derecho a la pensión de sobrevivientes de soldados voluntarios fallecidos en combate, no habrá lugar a descuentos de lo pagado por concepto de compensación y cesantías dobles a sus beneficiarios en virtud del Decreto 2728 de 1968. - Al hacer extensivo el régimen especial para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a los beneficiarios de los soldados voluntarios fallecidos antes del 7 de agosto de 2002159, por causa de heridas o accidente aéreo en combate o por acción directa del enemigo, bien sea en conflicto internacional o en mantenimiento del orden público, el término prescriptivo que debe atenderse en relación con las mesadas pensionales, es el cuatrienal de acuerdo con lo señalado en el régimen propio de las Fuerzas Militares (artículo 169 del Decreto 095 de 1989 y artículo 174 del Decreto 1211 de 1990). Segundo: Confirmar la sentencia de primera instancia, proferida el 21 de agosto de 2015 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Decisión Oral, que accedió parcialmente a las pretensiones de los […]

Ficha elaborada por RuleX: cada regla va con el pasaje literal de la providencia que la sostiene.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2013-00741-01

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

4 de octubre de 2018

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
Sentencia de unificación por importancia jurídica
SU- CE-SUJ-SII-013-2018

SUJ-013-S2

Bogotá D.C., 4 de octubre del dos mil dieciocho

Expediente: 050012333000201300741-01
Número Interno: 4648-2015
Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Dora Alicia Campo Correa y Luis Ángel Correa
Quintero
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional
Asunto: Sentencia de unificación de jurisprudencia.
Pensión de sobrevivientes de soldados voluntarios
fallecidos antes del 7 de agosto de 2002/ Régimen
aplicable/ Compatibilidad de los emolumentos
percibidos en virtud de la muerte con la pensión de
sobrevivientes reclamada. Procedencia o no de
descuentos/ Término de prescripción.

Ley 1437 de 2011

I. ASUNTO

1. La Sección Segunda del Consejo de Estado en ejercicio de sus
atribuciones constitucionales, como tribunal supremo de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo1, con fundamento en los artículos 270 y 271 del
CPACA y el artículo 13A numeral 2 del Reglamento del Consejo de Estado,
profiere sentencia de unificación jurisprudencial en la que decide el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 21
de agosto de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Segunda de Oralidad.

II. ANTECEDENTES

2. Los señores Dora Alicia Campo Correa y Luis Ángel Correa Quintero, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, demandaron a la Nación, Ministerio de
Defensa, Ejército Nacional.

Pretensiones2

a. Se declare la nulidad de la Resolución 5383 del 27 de julio de 2012
proferida por la Coordinación de Talento Humano encargada de las funciones
de la Dirección Administrativa y la Coordinadora Grupo de Prestaciones
Sociales del Ministerio de Defensa Nacional, por la cual se negó el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a los demandantes.

1 Numeral 1.º del artículo 237 de la Constitución Política.
2 Folio 103.

b. A título de restablecimiento del derecho pretenden se condene al
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en su favor en calidad de
padres del soldado Ever Alonso Correa Campo (QEPD) y al pago de las
mesadas pensionales atrasadas, adicionales y actualizadas desde el 3 de
agosto de 1998 y hacia el futuro.

c. Igualmente, solicitaron el pago de los intereses de mora de que trata el
artículo 141 de la Ley 100 de 1993 o en su defecto la indexación de las
condenas impuestas.

d. Que todas las sumas líquidas que se determinen como cargo de la
entidad demandada se reajusten conforme al IPC.

3. Las anteriores pretensiones se sustentan en los siguientes hechos
relevantes3:

Los hechos

a. El señor Ever Alonso Correa Campo prestó sus servicios al Ejército
Nacional por 3 años, 1 mes y 6 días, incluido el servicio militar obligatorio.
Desde el 17 de enero de 1997 fue dado de alta como soldado voluntario
hasta el 3 de agosto de 1998, cuando ocurrió su fallecimiento.

b. El Ejército Nacional calificó la muerte del señor Ever Alonso Correa
Campo como consecuencia de combate con el enemigo, razón por la cual se
le liquidaron las prestaciones sociales con base en la asignación de un
suboficial del Ejército mediante la Resolución 001663 del 12 de mayo de
1999.

c. Los valores que resultaron de la resolución anterior fueron cancelados
con fundamento en el artículo 8 del Decreto 2728 de 1968, que para efectos
prestacionales correspondían a los de cabo segundo.

3 Ver folios 4 a 7

d. Los señores Dora Alicia Campo Correa y Luis Ángel Correa Quintero,
solicitaron al Ministerio de Defensa Nacional el reconocimiento y pago de la
pensión de sobrevivencia, la cual les fue negada por medio de la Resolución
5383 del 27 de julio de 2012, con fundamento en el artículo 8 del Decreto
2728 de 1968, la Ley 131 de 1985 y el artículo 22 del Decreto 4433 de 2004,
en consideración a que no se causó el derecho a tal prestación.

e. El señor Ever Alonso Correa Campo, en vida, no contrajo matrimonio ni
convivió de forma permanente e ininterrumpida con pareja alguna; tampoco
tuvo hijos y vivió de manera continua con sus padres.

DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL

4. En el marco de la parte oral del proceso, bajo la Ley 1437 de 2011, la
función principal de la audiencia inicial es la de establecer el objeto del
proceso y de la prueba4. En esta etapa se revelan los extremos de la
demanda o de su reforma, así como de la contestación o de la reconvención.

5. Con fundamento en lo anterior, se realiza el siguiente resumen de la
audiencia inicial en el presente caso, a modo de antecedentes:

6. En primer término, se difirió la decisión de las excepciones que se
formularon5, para el momento de resolver de fondo la controversia, ya que no
tenían el carácter de previas6.

4 Hernández Gómez William, Consejero de Estado, Sección Segunda. Módulo Audiencia
inicial y audiencia de pruebas. EJRLB.
5 «ausencia de dependencia económica», «legalidad del acto administrativo demandado»,

«inexistencia de la obligación» y «genéricas»
6 Folio 103 y en el CD que obra en el folio 108.

7. Por su parte, la fijación del litigio7se realizó en los siguientes términos8:

«HECHOS INCONTROVERTIDOS Y/O PROBADOS.

Frente a los hechos las partes están de acuerdo en que:

1. El señor EVER ALONSO CORREA CAMPO completó un
tiempo de servicios de tres (3) años, un (1) mes y seis (6) días (ff. 13 a
15 y 95 a 97) en el Ejército Nacional y que falleció el 3 de agosto de
1998 en combate como consta en el registro civil de defunción obrante a
folio 16.
2. Mediante resolución No. (sic) 5385 del 27 de julio de 2012
suscrita por la Coordinadora de Talento Humano y encargada de las
funciones de la Dirección Administrativa y por la Coordinadora de Grupo
de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa se negó la solicitud
de pensión de sobreviviente presentada por Luis Ángel Correa Quintero
y Dora Alicia Campo (ff. 13-15 y 95 a 97).
3. Los demandantes presentaron solicitud de conciliación
extrajudicial el día 23 de enero de 2013 la cual fue declarada fallida
ente(sic) la imposibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio (Fl. 23)

[…] DIFERENCIAS.

a). La diferencia fundamental se presenta en cuanto a la aplicación del
régimen general de la ley 100 de 1993 el cual según la demandada no
aplica dada la existencia de un régimen especial de prestación social
dirigido exclusivamente a los miembros de la fuerza pública, en este
caso el previsto en el Decreto 2728/1968, norma que se encontraba
vigente para la época de la muerte del soldado.

7 «La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias; la relación entre ella y la
sentencia es la de “tuerca y tornillo”, porque es guía y ajuste de esta última.» Hernández
Gómez William, Consejero de Estado, Sección Segunda (2015). Módulo Audiencia inicial y
audiencia de pruebas. EJRLB.
8 Folio 103 y en el CD que obra en el folio 108.

b) La parte demandante considera que en virtud de los principios
constitucionales de igualdad, favorabilidad, primacía de la realidad sobre
las formalidades se debe conceder la prestación solicitada, en la forma
descrita en la ley (sic) 100 de 1993 modificada por la Ley 797 de 2003.

c) Según la parte demandada, no está acreditada la dependencia
económica de los padres frente al hijo fallecido, por lo tanto, no es
procedente el reconocimiento de la pensión de sobreviviente.

d) en el evento que se establezca que la norma aplicable sea la ley (sic)
100 de 1993 y no el régimen especial, se aplique ésta (sic) en su
integridad».

Problemas jurídicos fijados en el litigio9

«[…]
i) Si los demandantes tienen derecho a que se les reconozca y pague la
pensión de sobreviviente que reclaman en los términos previstos por la
Ley 100 de 1993; o teniendo en cuenta que el causante era miembro de
la Fuerza Pública y en consecuencia beneficiario de un régimen especial
que se rige por normas propias si el régimen general no le es aplicable.

ii) Una vez determinado lo anterior, se establecerá si se cumplen
los requisitos para el reconocimiento de la prestación, entre ellos la
dependencia económica de los señores Dora Alicia y Luis Ángel
respecto del hijo fallecido.

iii) En el evento de ordenarse el reconocimiento de la prestación
solicitada, deberá establecerse si es procedente disponer el descuento
de la suma que la entidad demandada canceló por concepto de
compensación por la muerte de Ever Alonso Correa Campo. […]»

9 Ibidem

III. SENTENCIA APELADA10

8. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, profirió
sentencia escrita el 21 de agosto de 2015, en la cual accedió parcialmente a
las pretensiones de los demandantes.

9. En síntesis, el tribunal indicó que el Régimen General de Seguridad Social
exige como requisito para tener derecho a la pensión de sobrevivientes que
el causante hubiere cotizado mínimo 26 semanas para el momento de la
muerte o, durante el año inmediatamente anterior al del deceso si ha dejado
de efectuar cotizaciones al sistema.

10. Seguidamente, expuso, con sustento en jurisprudencia del Consejo de
Estado11 y de la Corte Constitucional12, que cuando el régimen especial
vigente establece beneficios inferiores a los previstos por el general sin una
causa válida para ese tratamiento diferencial, debe darse aplicación a este
último con fundamento en el principio de favorabilidad y del derecho a la
igualdad, pues de lo contrario, se incurre en una discriminación injusta,
contraria a los principios que fundamentan el Estado Social de Derecho, y
vulneradora de los mandatos de los artículos 13, 48 y 53 de la Constitución
Política.

11. De acuerdo con lo anterior, concluyó que en el caso particular, respecto
de las prestaciones que se generan por causa de muerte para los
beneficiarios del señor Ever Alonso Correa Campo, quien estuvo vinculado al
Ejército Nacional por 3 años, 1 mes y 6 días, resulta más benéfico el régimen
general que el especial.

10 Folios 158 a 168.
11 En la sentencia se citó: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
del 6 de marzo de 2003, radicación: 13001233100020000093-01(1707), actora: Hermilda
Centeno Mier.
12 En la sentencia se citó: la sentencia C-461de 1995.

12. Ello por cuanto razonó que la Ley 100 de 1993 exige una cotización
mínima de 26 semanas para acceder a una pensión de sobrevivientes,
mientras que el Decreto 1211 de 1990 aplicable a las Fuerzas Militares,
solamente concede el ascenso póstumo al grado de cabo segundo al
soldado muerto en combate y a sus beneficiarios el reconocimiento a 48
meses de los haberes correspondientes al mismo grado y al pago doble de
cesantías, y para el reconocimiento pensional equivalente al 50% de las
partidas de que trata el artículo 158 del mismo decreto el literal d) del artículo
189 impone haber cumplido 12 años de servicio.

13. Así las cosas, verificó que los demandantes cumplen los requisitos para
obtener el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes liquidada sobre
un 45% del salario de acuerdo con el artículo 48 de la Ley 100 de 1993, pues
demostraron la calidad de padres de Ever Alonso Correa Campo e
igualmente que dependían económicamente de él, motivo por el cual la
pensión se causa a partir del 3 de agosto de 1998, fecha en la que falleció
aquel, con efectos desde el 29 de mayo de 2009 por prescripción trienal,
teniendo en cuenta que la petición se presentó el 27 de julio de 2012. En lo
que respecta al término de prescripción, aplicó el contenido en el régimen
general, al considerar que este debe aplicarse en su integridad, en virtud del
principio de inescindibilidad de las leyes.

14. En consecuencia, i) declaró la nulidad de la Resolución 5383 del 27 de
julio de 2012; ii) condenó a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército
Nacional a pagar a favor de los señores Dora Alicia Campo y Luis Ángel
Correa Quintero la pensión de sobrevivientes en la forma establecida por los
artículos 46 y 48 de la Ley 100 de 1993, a partir del 29 de marzo de 2009; iii)
ordenó dar aplicación a los artículos 192 a 195 del CPACA y; iv) condenó a la
entidad demandada en costas.

IV. RECURSO DE APELACIÓN13

13 Folios 117 a 133.

15. La entidad demandada apeló la sentencia de primera instancia bajo el
argumento de que no es posible reconocer a los demandantes el derecho a
la pensión de sobrevivientes toda vez que la normativa aplicable al caso del
señor Correa Campo es el Decreto 2728 de 1968, por remisión de la Ley 131
de 1985, el cual no incluye dicha prestación.

16. En ese sentido, indicó que no se puede aplicar el régimen general de
pensiones, como lo ordenó la providencia apelada, por cuanto el artículo 279
de la Ley 100 de 1993 exceptuó de su aplicación a los miembros de las
Fuerzas Militares.

17. Adicionalmente, sostuvo que no se acreditó la dependencia económica
de los demandantes, habida cuenta de que solicitaron el reconocimiento
pensional 17 años después del fallecimiento de su hijo.

18. De otra parte, expresó su inconformidad con la decisión de condena en
costas y agencias en derecho, pues en su sentir la suma de $1.250.000 no
está en consonancia con el criterio de grado de dificultad del proceso que se
debe atender de acuerdo con el artículo 3 del Acuerdo 1887 de 2003 del
Consejo Superior de la Judicatura.

V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA

19. Ninguna de las partes presentó alegatos de conclusión en segunda
instancia, tal como se observa en el folio 217 del expediente.

20. Concepto del Ministerio Público: No rindió concepto en esta
oportunidad procesal14.

14 Folio 217 del expediente.

VI. CONSIDERACIONES

1. Competencia

21. De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo15, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

22. Adicionalmente, la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para proferir sentencia de unificación dentro del asunto de la
referencia, en atención a lo previsto en el artículo 271 de la Ley 1437 de
201116, en armonía con lo señalado en los artículos 13A17 y 1418 del

15 El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda

instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de
impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por
parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se
concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
16 Por razones de importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de

sentar jurisprudencia, que ameriten la expedición de una sentencia de unificación
jurisprudencial, el Consejo de Estado podrá asumir conocimiento de los asuntos pendientes
de fallo, de oficio o a solicitud de parte, o por remisión de las secciones o subsecciones o de
los tribunales, o a petición del Ministerio Público. En estos casos corresponde a la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dictar sentencias de
unificación jurisprudencial sobre los asuntos que provengan de las secciones. Las secciones
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dictarán sentencias de
unificación en esos mismos eventos en relación con los asuntos que provengan de las
subsecciones de la corporación o de los tribunales, según el caso.
Para asumir el trámite a solicitud de parte, la petición deberá formularse mediante una
exposición sobre las circunstancias que imponen el conocimiento del proceso y las razones
que determinan la importancia jurídica o trascendencia económica o social o a necesidad de
unificar o sentar jurisprudencia.
Los procesos susceptibles de este mecanismo que se tramiten ante los tribunales
administrativos deben ser de única o de segunda instancia. En este caso, la solicitud que
eleve una de las partes o el Ministerio Público para que el Consejo de Estado asuma el

reglamento interno de esta Corporación (Acuerdo 58 de 1999).

23. Ahora bien, tal y como se indicó en el auto del 1 de febrero de 201819, en el
presente asunto se dan los supuestos y los requisitos de orden legal y
reglamentario para que la Sección Segunda del Consejo de Estado profiera
una sentencia de unificación, en razón a la disparidad de criterios que se han
presentado al interior de las Subsecciones de la Corporación respecto del
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes para los beneficiarios
de los soldados voluntarios.

24. En efecto, en reiterados pronunciamientos la Sección Segunda de esta
Corporación, en casos en los que se debatía la pretensión de reconocimiento
de la pensión de sobrevivientes por la muerte de un soldado voluntario en
combate, concedió la prestación contenida en el Decreto 1211 de 1990
aplicable a los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, con sustento
en el siguiente argumento expuesto en sentencia del 1 de abril de 200420:

conocimiento del proceso no suspenderá su trámite, salvo que el Consejo de Estado adopte
dicha decisión.
La instancia competente decidirá si avoca o no el conocimiento del asunto, mediante auto no
susceptible de recursos.
17 «[…] Artículo 13A . Otros asuntos asignados a las secciones según su especialidad. Cada

una de las Secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo, atendiendo al criterio de
especialidad, también tendrá competencia para:
[…]
2. Dictar las sentencias de unificación jurisprudencial por razones de importancia jurídica,
trascendencia económica o social o necesidad de sentar jurisprudencia, en relación con los
asuntos que provengan de las Subsecciones o de los Tribunales Administrativos. Las
Secciones podrán asumir conocimiento a solicitud de parte, de oficio, por petición del
Ministerio Público o por remisión de las Subsecciones o de los Tribunales Administrativos.
[…]»
18 «Artículo 14. División y funcionamiento de la sección segunda. La Sección Segunda se

dividirá en dos (2) Subsecciones, que se denominarán A y B, cada una de las cuales estará
integrada por tres (3) Consejeros. En caso de retiro de un Consejero, quien lo reemplace
ocupará su lugar en la respectiva Subsección.
PARÁGRAFO 1o. Cada Subsección decidirá, los procesos a su cargo en forma autónoma.
Sin embargo, las Subsecciones sesionarán conjuntamente:
1. Para unificar, adoptar o modificar la jurisprudencia de la Sección, con el fin de evitar
decisiones contradictorias sobre el mismo punto de derecho, a petición de cualquiera de sus
miembros. […]»
19 Por medio del cual la Sala Plena de la Sección Segunda avocó el conocimiento del

presente proceso para proferir sentencia de unificación de jurisprudencia.
20
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1 de abril de 2004,
radicación 07001-23-31-000-2001-1619-01(1994-03), Actor: Concepción Gómez.

«[…] la Sala estima que es un contrasentido que la ley ordene ascender
a los soldados que mueren en misiones de orden público, en combate o
por acción directa del enemigo al grado de Cabo Segundo, les conceda
la misma compensación, en cuantía de 48 meses de los haberes
correspondientes y doble la cesantía, como en el caso de los Oficiales y
Suboficiales, pero en cambio no les otorgue a sus beneficiarios la
pensión que sí concede tratándose de estos últimos militares y, por ello,
no ve tan claro que a aquellos solo se les aplique el decreto 2728 de
1968 y no el 1211 de 1990. Tal duda evidente, solo puede resolverse en
los términos del artículo 53 constitucional, con aplicación de la más
favorable, o sea el último estatuto.
Además, desde otro ángulo, al no existir una razón suficiente que
explique y menos justifique que los beneficiarios legales de los soldados
muertos como se dijo, no tengan el mismo derecho que los de los
oficiales y suboficiales, la estricta aplicación del decreto 2728 de 1968,
conduciría a la violación del derecho a la igualdad de los primeros, por lo
que la Sala, ante tal vacío legal, y en aplicación del artículo 8º de la ley
153 de 1887, tendrá en cuenta al caso el artículo 189 letra d) del decreto
ley 1211 de 1990 y ordenará el reconocimiento y pago de la pensión allí
establecida, que corresponde al 50% de las partidas previstas en el
artículo 158 ibídem, a partir del 5 de mayo de 1991, cuyos valores serán
ajustados, con la fórmula matemática ya dicha, que deberá liquidarse
mes a mes, con índice inicial de la fecha en que debió pagarse la
mesada pensional.
[…]»

25. En sentencia del 7 de julio de 201121, en un asunto en el que un soldado
voluntario falleció el 1 de marzo de 1998 en actos propios del servicio, se
concedió la prestación concebida para oficiales y suboficiales, inaplicando el
artículo 8 del Decreto 2728 de 1968, para lo cual expuso lo siguiente:

«Bajo estos supuestos, resulta evidente la existencia de un trato
diferenciado entre las prestaciones que le son reconocidas, por el
Decreto 2728 de 1968 a los familiares de los soldados muertos en

21
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de julio de 2011,
radicado: 70001-23-31-000-2004-00832-01(2161-09), Actor: Evadias Pérez Villalba

desarrollo de actos propios del servicio y las previstas por el Decreto
1211 de 1990, para los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares
muertos en las mismas circunstancias.

A juicio de la Sala tal discriminación tiene lugar debido a que las citadas
disposiciones fueron expedidas con anterioridad a la entrada en vigencia
de la Constitución Política de 1991, sólo a partir de la cual, se reivindican
como principio y derecho constitucionales la igualdad material y la
seguridad social, respectivamente. En efecto, una interpretación
armónica de los artículos 13 y 48 de la Constitución Política, y de los
principios que orientan el desarrollo del derecho a la seguridad social,
entre ellos la universalidad y la solidaridad, no admiten la existencia
dentro del ordenamiento jurídico de disposiciones que conlleven el
desmedro de las condiciones dignas de vida de un ser humano y en
especial la imposibilidad de acceder a los beneficios derivados del citado
derecho, entre ellos los que buscan amparar las contingencias derivadas
por muerte.
[…]
No resulta razonable que el Decreto 2728 de 1968 al igual que Decreto
1211 de 1990 ordene el ascenso póstumo del soldado regular muerto
por causas imputables al servicio al grado inmediatamente superior, así
como el reconocimiento y pago de unas prestaciones económicas a
favor de sus beneficiarios, pero se abstenga de reconocer el pago de
una pensión de sobreviviente a favor de quienes con el hecho de la
muerte de un miembro de la Fuerza Pública pierden el sustento y apoyo
económico que este les brindaba.

Lo anterior, si se tiene en cuenta que los soldados al igual que los
suboficiales y oficiales no sólo hacen parte de las Fuerzas Militares, sino
que contribuyen al desarrollo de su misión constitucional y legal, esto es,
la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio
nacional y el orden constitucional.

A lo anterior se suma el hecho de que, con posterioridad a la expedición
de los Decretos 2728 de 1968 y 1211 de 1990 el legislador mediante la
Ley 447 de 21 de julio de 1998 finalmente, en aplicación de los principios
y derechos constitucionales a la igualdad material, dignidad humana y a
la seguridad social, dispuso el reconocimiento de una pensión de

sobreviviente a favor de los beneficiarios de los soldados que no
ostentaban el grado de suboficial de las Fuerzas Militares.»

26. Esta tesis fue reiterada en sentencias del 2 de agosto de 201222, 18 de
febrero de 201623, 8 de septiembre de 201624, 22 de septiembre de 201625,
28 de octubre de 201626, 1 de diciembre de 201627, 26 de enero de 201728,
16 de febrero de 201729, 23 de febrero de 201730, 25 de mayo de 201731 en
procesos en los que se debatió la pensión de sobrevivientes de soldados
voluntarios muertos antes de la entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004 y
el Decreto 4433 de 2004 que consagraron expresamente tal prestación.

22
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 2 de agosto de 2012,
Radicación: 05001-23-31-000-2002-00672-01(1020-10), Actor: Alicia Usuga Valderrama.
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de febrero de 2016,
Radicación: 66001233300020120006001 (2681-2013), Actora: María Elena Cabal de
Valencia.
24
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de septiembre de
2016, Radicación: 13001-23-33-000-2013-00299-01(1085-14), Actor: Herminda Castellanos
De Arias y Joaquín Arias Gómez.
25
Consejo de Estado Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de septiembre de
2016, radicado: 41001-23-31-000-2010-00308-01(4373-14), Actor: Pedro Nel Perdomo
Vargas y otro.
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 28 de octubre de
2016, Radicación: 66001-23-33-000-2013-00432-01(4826-14), Actor: Luz Angélica Yande y
Delio Rodriguez Cometa.
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1 de diciembre de

2016, radicado: 81001-23-33-000-2014-00036-01(2405-15), Actor: Oliva Silva.
28 Consejo de Estado Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 26 de enero de 2017,

radicado: 68001-23-33-000-2014-00278-01(2801-15), Actor: Ligia Sánchez de Contreras -
Alonso Contreras Gómez.
29
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 16 de febrero de
2017, radicado: 68001-23-33-000-2013-00564-01(2114-14), Actor: Jesús Elías Silva Leiva,
Ana Isabel Parra Contreras y radicado: 47001-2333-000-2013-00006-01(2708-14), Actor:
Aida Leonor Mercado Bocanegra y José Encarnación Díaz Silvera.
30
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 23 de febrero de
2017, radicado: 68001-23-33-000-2013-00534-01(2146-15), Actor: Hipólito Dávila Sierra, y,
radicado: 68-001-23-33-000-2014-00209-01 (4980-2014), Actor: Clelia Ropero Niño.
31
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 25 de mayo de 2017,
radicado: 540012333000201300166-01 (0642-2015), Actor: Ana Rita Melgarejo de Galvis.

27. Analizados los antecedentes, también se observan situaciones en las
que se estudió la posibilidad de hacer el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes a la luz de la Ley 100 de 1993, tal y como se advierte en
pronunciamiento del 20 de abril de 201732, así como otros, en los cuales se
extendieron los efectos de la Ley 447 de 1998 33 para el caso de la muerte de
un soldado voluntario ocurrida el día 19 de marzo de 199934.

28. A su vez, la Corte Constitucional, en la sentencia T-484 de 2012, ordenó
reconocer al padre de un soldado voluntario fallecido el 14 de agosto de
1998, la pensión de sobrevivientes de que trata la Ley 447 de 1998, sin hacer
precisión acerca de las razones por las cuales le aplicó el régimen
particularmente previsto para quienes se encuentran en servicio militar
obligatorio.

29. En sentencia T-393 de 2013, en un asunto en el que se debatió la
prestación en referencia por la muerte de un soldado voluntario acaecida el
14 de agosto de 1998, se concluyó:

«[…] si bien la existencia de regímenes especiales en materia de
seguridad social no vulnera el derecho fundamental a la igualdad,
pueden presentarse casos específicos en que las disposiciones de los
mismos resulten menos favorables que el régimen general, y las demás
prestaciones contempladas no tienen la potencialidad de compensar tal
afectación, razón por la cual, en aplicación del principio de favorabilidad,
se debe recurrir al régimen general, establecido en la Ley 100 de 1993.
[…]».

30. Así las cosas, la Corte reiteró que existe la posibilidad de aplicar el
régimen general a los destinatarios de regímenes especiales, cuando se
verifique que las normas que regulan una prestación específica vulneran el
32
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de abril de 2017,
radicado: Radicación número: 19001-23-33-000-2013-00557-01(3318-14), Actor: María Olfa
Castillo.
33 Por la cual se establece pensión vitalicia y otros beneficios a favor de parientes de
personas fallecidas durante la prestación del servicio militar obligatorio y se dictan otras
disposiciones.
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de septiembre de

2016, radicado: 41001-23-31-000-2010-00308-01(4373-14), Actor: Pedro Nel Perdomo
Vargas y otro.

derecho a la igualdad, imponiendo una diferenciación arbitraria con
desmejora de las condiciones previstas para el común de las personas sin
justificación aparente, caso en el cual deben examinarse los requisitos
impuestos por la jurisprudencia35. No obstante, en aquella oportunidad
sostuvo que resultaba más favorable el contenido del artículo 189 literal d.)
del Decreto 1211 de 1990, norma que finalmente sirvió de sustento para el
reconocimiento pensional36.

31. Evidentemente, la jurisprudencia ha sido uniforme en relación con el
derecho al reconocimiento de una pensión de sobrevivientes de los soldados
voluntarios muertos en combate, la cual no se encontraba contenida en el
Decreto 2728 de 1968, pero no ocurre lo mismo en relación con el régimen
aplicable para el efecto, pues como se advierte se ha optado por 3
normativas distintas:

(i) El Decreto 1211 de 1990, artículo 189, cuyos destinatarios son los
oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares.

(ii) La Ley 447 de 1998, que cobija a quienes prestan el servicio militar
obligatorio.

(iii) La Ley 100 de 1993, artículo 46, contentiva del régimen general.

32. Igualmente, se observa que la Sección Segunda no ha tenido una
posición unánime en relación con la compatibilidad de la pensión de
sobrevivientes y la indemnización por muerte reconocida a los beneficiarios
de los soldados voluntarios fallecidos en combate. Es así como en unos
casos consideró que el reconocimiento pensional concedido es incompatible
con las prestaciones contempladas por el Decreto 2728 de 1968, máxime si
se tiene en cuenta que la Ley 447 de 1998, en el artículo 1, parágrafo 1

35En este sentido citó la sentencia T-167 de 2011.
36 En dicha providencia no se indicó la razón por la que se afirmó que la norma aplicable a
quien falleció siendo soldado voluntario fue el Decreto 1211 de 1990, sin embargo se infiere
que lo hizo a partir del ascenso póstumo a Cabo Segundo, como se observa del siguiente
aparte: «Teniendo en cuenta que el Cabo Segundo Luis Carlos Miranda Ibáñez estuvo
vinculado al Ejército Nacional hasta el 14 de agosto de 1998, momento en el que muere en
combate, el régimen pensional que en principio lo rige es el establecido en el Decreto 1211
de 1990,por el cual se reforma el estatuto del personal de oficiales y suboficiales de las
fuerzas militares, norma vigente al momento de ocurrir los hechos.»

dispuso «suprímese la indemnización por muerte, que actualmente se causa, de
conformidad al Estatuto Militar, cuando se apliquen estos casos de pensiones.»37.

33. En otras situaciones, estimó que no se debían ordenar descuentos
comoquiera que tanto el Decreto 2728 de 1968 como el Decreto 1211 de
1990 establecen el derecho a una indemnización que equivale al
reconocimiento de cuatro años de haberes correspondientes al grado del
fallecido y pago doble de las cesantías causadas38.

34. En ese orden, la Sala considera necesario unificar la posición en relación
con ese punto, con la finalidad de fijar una regla aplicable a los casos que se
encuentren en similar situación fáctica de manera uniforme y en condiciones
de igualdad, para luego resolver los problemas jurídicos correspondientes al
caso objeto del recurso de alzada.

35. Para tales efectos, la Sala abordará el estudio de los siguientes temas: i)
la pensión de sobrevivientes; ii) los soldados voluntarios. Régimen normativo;
iii) régimen de prestaciones por muerte para los beneficiarios de miembros
de las Fuerzas Militares muertos en combate; iv) La pensión de

37
En este sentido ver sentencias de la Sección Segunda Subsección A del 22 de septiembre
de 2016, radicado: 41001-23-31-000-2010-00308-01(4373-14), Actor: Pedro Nel Perdomo
Vargas y otro; del 1 de diciembre de 2016, radicado: 81001-23-33-000-2014-00036-01(2405-
15), Actor: Oliva Silva; Consejo de Estado; del 16 de febrero de 2017, radicado: 68001-23-
33-000-2013-00564-01(2114-14), Actor: Jesús Elías Silva Leiva, Ana Isabel Parra Contreras;
del 23 de febrero de 2017, radicado: 68001-23-33-000-2013-00534-01(2146-15), Actor:
Hipólito Dávila Sierra; y de la Subsección B del 30 de octubre de 2008, radicado:
050012331000200001274 01 (8626-2005), Actor: Hernando de Jesús Olarte y otra.; del 7 de
julio de 2011, radicado: 70001-23-31-000-2004-00832-01(2161-09), Actor: Evadias Pérez
Villalba; del 2 de agosto de 2012, radicación: 05001-23-31-000-2002-00672-01(1020-10),
Actor: Alicia Usuga Valderrama; del 18 de febrero de 2016, Radicación:
66001233300020120006001 (2681-2013), Actora: María Elena Cabal de Valencia.
38En este sentido ver sentencias de la Sección Segunda, Subsección B del 8 de septiembre
de 2016, Radicación: 13001-23-33-000-2013-00299-01(1085-14), Actor: Herminda
Castellanos de Arias y Joaquín Arias Gómez; del 28 de octubre de 2016, Radicación: 66001-
23-33-000-2013-00432-01(4826-14), Actor: Luz Angélica Yande y Delio Rodríguez Cometa;
del 26 de enero de 2017, radicado: 68001-23-33-000-2014-00278-01(2801-15), Actor: Ligia
Sánchez de Contreras - Alonso Contreras Gómez y de la Subsección A, del 16 de febrero de
2017, radicado: 47001-2333-000-2013-00006-01(2708-14), Actor: Aida Leonor Mercado
Bocanegra y José Encarnación Díaz Silvera.

sobrevivientes en el régimen general; v) principios rectores en materia
laboral, protectorio, favorabilidad, pro homine, igualdad, inescindibilidad y
especialidad; vi) determinación de la regla aplicable a la pensión de
sobrevivientes de los soldados voluntarios muertos en combate; vii) efectos
del reconocimiento; y vii) recapitulación de las reglas de unificación.

2. La pensión de sobrevivientes

36. El Estado Colombiano ha sido parte en varios instrumentos
internacionales que se han ocupado de la seguridad social como derecho
que procura el bienestar general de una sociedad a través de normas,
instituciones y procedimientos en materia de salud y de medios económicos
ante riesgos y contingencias que se presentan en la vida de las personas.

37. Para señalar algunos de tales instrumentos internacionales, la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 22, consagró
que «Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad
social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional,
habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de
los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al
libre desarrollo de su personalidad».

38. Asimismo, en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Sociales y
Culturales los Estados Partes reconocieron «el derecho de toda persona a la
seguridad social, incluso al seguro social» y, en este mismo sentido, la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en el artículo
16, estipuló que «Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja
contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que,
proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o
mentalmente para obtener los medios de subsistencia».

39. En el mismo sentido, el preámbulo de la Constitución de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT)39 señaló la importancia de las pensiones de
vejez y de invalidez como una de las condiciones laborales que deben
garantizarse a fin de alcanzar la paz. Posteriormente, en 1952, suscribió el
Convenio 102 de la OIT sobre la seguridad norma mínima, que contempló
las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes como una garantía mínima
para las pensiones protegidas40. En desarrollo de tal convenio, luego, se
suscribió el Convenio 128 sobre las prestaciones de vejez, invalidez y muerte
(1967), que resalta la importancia de estas prestaciones sociales41.

40. Es de anotar que aunque tales convenios no han sido ratificados por
Colombia, aquellos hacen parte del denominado soft law o derecho blando
internacional y tienen utilidad interpretativa al armonizarlos con la
Constitución y las normas que han consagrado el carácter esencial de la
seguridad social.

39 Preámbulo de la Constitución de la OIT: «Considerando que la paz universal y permanente

sólo puede basarse en la justicia social; considerando que existen condiciones de trabajo
que entrañan tal grado de injusticia, miseria y privaciones para gran número de seres
humanos, que el descontento causado constituye una amenaza para la paz y armonía
universales; y considerando que es urgente mejorar dichas condiciones, por ejemplo, en lo
concerniente a reglamentación de las horas de trabajo, fijación de la duración máxima de la
jornada y de la semana de trabajo, contratación de la mano de obra, lucha contra el
desempleo, garantía de un salario vital adecuado, protección del trabajador contra las
enfermedades, sean o no profesionales, y contra los accidentes del trabajo, protección de los
niños, de los adolescentes y de las mujeres, pensiones de vejez y de invalidez, protección de
los intereses de los trabajadores ocupados en el extranjero, reconocimiento del principio de
salario igual por un trabajo de igual valor y del principio de libertad sindical, organización de
la enseñanza profesional y técnica y otras medidas análogas; Considerando que si cualquier
nación no adoptare un régimen de trabajo realmente humano, esta omisión constituiría un
obstáculo a los esfuerzos de otras naciones que deseen mejorar la suerte de los
trabajadores en sus propios países: Las Altas Partes Contratantes, movidas por sentimientos
de justicia y de humanidad y por el deseo de asegurar la paz permanente en el mundo, y a
los efectos de alcanzar los objetivos expuestos en este preámbulo, convienen en la siguiente
Constitución de la Organización Internacional del Trabajo»
40 Artículo 59 del Convenio 102 de 1952.
41 Los Convenios 102 de 1952 y 128 de 1967 no han sido ratificados por Colombia. Ver

página web de la OIT:
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11210:0::NO:11210:P11210_COUNTRY_ID:102
595

41. En efecto, por medio de la Ley 516 de 1999 se aprobó el Código
Iberoamericano de Seguridad Social42, el cual en su parte primera sobre
principios fundamentales consagra la seguridad social como un derecho
inalienable del ser humano (artículo 1), asumiendo los Estados un
compromiso de progresividad en la materia.

42. A su vez, el artículo 48 de la Constitución Política dispuso que la
seguridad social es un derecho irrenunciable y un servicio público de carácter
obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del
Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad
en los términos en que lo establezca la ley.

43. En ese orden y bajo esos principios, la Ley 100 de 1993 organizó el
Sistema de Seguridad Social Integral como un conjunto de obligaciones del
Estado y la sociedad, instituciones y recursos destinados a garantizar la
cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios
complementarios, y las demás que se incorporen normativamente en el
futuro, con el objeto de garantizar esos derechos irrenunciables de las
personas, en condiciones que les permitan tener una calidad de vida acorde
con la dignidad humana, a través de la protección de las contingencias que
las puedan afectar43.

44. Dentro de las prestaciones económicas que se incluyen en el Sistema
General de Seguridad Social, el legislador, con la finalidad de atender la
contingencia derivada de la muerte, previó la pensión de sobrevivientes y la
sustitución pensional, como mecanismos de protección a la familia como
núcleo básico de la sociedad, con el propósito de suplir la ausencia repentina
del apoyo económico que brindaba una persona a su grupo familiar y, por
ende, evitar que su deceso se traduzca en un cambio sustancial de las
condiciones mínimas de subsistencia de quienes se beneficiaban de sus

42 Acordado por unanimidad en la «Reunión de Ministros - Máximos Responsables de
Seguridad Social de los Países Iberoamericanos», celebrada en Madrid (España) los días
dieciocho (18) y diecinueve (19) de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (1995),
declarado exequible por la Corte en sentencia C- 125 de 2000.
43 Artículo 1 de la Ley 100 de 1993.

ingresos. Es decir, que su reconocimiento se fundamenta en normas de
carácter público y constituye un desarrollo del principio de solidaridad.

45. Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-1094 de 2003,
manifestó:

«Por su parte, el legislador ha dispuesto que el sistema general de
pensiones tiene por objeto garantizar a la población, el amparo contra
las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte,
mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se
determinan en ley, así como propender por la ampliación progresiva de
cobertura a los segmentos de población no cubiertos con un sistema de
pensiones.

La pensión de sobrevivientes constituye entonces uno de los
mecanismos instituidos por el legislador para la consecución del objetivo
de la seguridad social antes mencionado. La finalidad esencial de esta
prestación social es la protección de la familia como núcleo fundamental
de la sociedad, de tal suerte que las personas que dependían
económicamente del causante puedan seguir atendiendo sus
necesidades de subsistencia, sin que vean alterada la situación social y
económica con que contaban en vida del pensionado o afiliado que ha
fallecido. Por ello, la ley prevé que, en aplicación de un determinado
orden de prelación, las personas más cercanas y que más dependían
del causante y compartía con él su vida, reciban una pensión para
satisfacer sus necesidades.».

3. Los soldados voluntarios

46. El 31 de diciembre de 1985, el Congreso de la República expidió la Ley
131, a través de la cual se reguló el servicio militar voluntario, la que en su
artículo 2 dispuso lo siguiente:

«Artículo 2. Podrán prestar el servicio militar voluntario quienes,
habiendo prestado el servicio militar obligatorio, manifiesten ese deseo
al respectivo Comandante de Fuerza y sean aceptados por él. Las

autoridades militares podrán organizar otras modalidades de servicio
militar voluntario, cuando las circunstancias lo permitan.

Parágrafo 1. El servicio militar voluntario, se prestará por un lapso no
menor de doce (12) meses.

Parágrafo 2. La Planta de Personal de soldados que preste el servicio
militar voluntario será establecida por el Gobierno».

47. Por su parte, el artículo 3 señaló el régimen legal de dichos soldados
voluntarios, así:

«Artículo 3º. Las personas a que se refiere el artículo 2º. de la presente
Ley, quedarán sujetas, a partir de su vinculación como soldados
voluntarios, al Código de Justicia Penal Militar, al Reglamento de
Régimen Disciplinario, al Régimen Prestacional y a las normas relativas
a la capacidad psicofísica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones
para los soldados de las Fuerzas Militares y los reglamentos especiales
que se expidan para el desarrollo de esta Ley».

48. Conforme a tal normativa, los soldados voluntarios eran aquellas
personas que, habiendo prestado servicio militar obligatorio, decidían
vincularse a las Fuerzas Armadas como soldados y, en tal condición,
quedaban sujetos al Código de Justicia Penal Militar, al reglamento de
régimen disciplinario, al régimen prestacional y a las normas relativas a la
capacidad psicofísica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones para los
soldados de las Fuerzas Militares y los reglamentos especiales que se
expidieran para el desarrollo de aquella ley.

49. Posteriormente, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le
confirió la Ley 578 de 200044, el presidente de la República expidió el Decreto
1793 del 14 de septiembre de 2000 contentivo del régimen de carrera y

44 Por medio de la cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias
para expedir normas relacionadas con las fuerzas militares y de policía nacional.

estatuto militar del personal de soldados profesionales de las Fuerzas
Militares.

50. En el capítulo II se reguló lo relacionado con la incorporación de soldados
profesionales, y en el parágrafo del artículo 5, se previó que quienes venían
desempeñándose como soldados voluntarios podrían solicitar su
incorporación como soldados profesionales. Para el efecto dispuso lo
siguiente:

«PARAGRAFO. Los soldados vinculados mediante la Ley 131 de 1985
con anterioridad al 31 de diciembre de 2000, que expresen su intención
de incorporarse como soldados profesionales y sean aprobados por los
Comandantes de Fuerza, serán incorporados el 1 de enero de 2001, con
la antigüedad que certifique cada fuerza expresada en número de
meses. A estos soldados les será aplicable íntegramente lo dispuesto en
este decreto, respetando el porcentaje de la prima de antigüedad que
tuviere al momento de la incorporación al nuevo régimen.»

51. En lo que respecta al régimen salarial y prestacional del soldado
profesional, el artículo 38 ejusdem señaló que el Gobierno Nacional debería
expedirlo con base en lo dispuesto en la Ley 4 de 1992, sin desmejorar los
derechos adquiridos, lo cual se efectuó a través del Decreto 1794 del 14 de
septiembre de 200045.

52. Por último, y en lo referido al ámbito de aplicación, el artículo 42 previó
que dicha norma se aplicaría tanto a los soldados voluntarios que se
incorporaron de conformidad con lo establecido por la Ley 131 de 1985,
como a los nuevos soldados profesionales.

53. Ahora bien, a fin de precisar el ámbito de aplicación de la presente
sentencia de unificación, es importante diferenciar a los soldados voluntarios,
de los soldados regulares, bachilleres y campesinos, e igualmente de los
suboficiales y oficiales de la Fuerza Pública.

54. Los soldados regulares, bachilleres y campesinos corresponden a
modalidades de prestación del servicio militar obligatorio de conformidad con

45Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional para el personal de soldados
profesionales de las Fuerzas Militares.

la Ley 48 de 1993, los cuales han sido denominados de manera genérica
como conscriptos. Al respecto, el artículo 13 ibidem distinguió las
modalidades de prestación del servicio militar obligatorio y los tiempos de
duración de cada uno de ellos, así:

«Artículo 13. Modalidades prestación servicio militar obligatorio. El
Gobierno podrá establecer diferentes modalidades para atender la
obligación de la prestación del servicio militar obligatorio. Continuarán
rigiendo las modalidades actuales sobre la prestación del servicio militar:

a) Como soldado regular, de 18 a 24 meses;

b) Como soldado bachiller durante 12 meses;

c) Como auxiliar de policía bachiller, durante 12 meses;

d) Como soldado campesino, de 12 hasta 18 meses.»

55. Es de anotar que en el caso de los soldados voluntarios y profesionales,
el vínculo con la administración nace de una relación legal y reglamentaria a
través de un acto administrativo de nombramiento y la posterior posesión del
servidor. Mientras que en tratándose de los conscriptos, el vínculo surge
como cumplimiento del deber constitucional de prestar el servicio militar para
defender la independencia nacional y las instituciones públicas.

56. Por otra parte, también deben diferenciarse los soldados voluntarios y
profesionales de los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares. En
efecto, el artículo 5 del Decreto 1211 de 1990, al definir la jerarquía militar,
clasificó a los oficiales y suboficiales en diferentes grados y categorías según
su vinculación al Ejército Nacional, a la Armada Nacional o a la Fuerza
Aérea.

57. Conforme a lo anterior, dentro del cuerpo de oficiales de las Fuerzas
Militares se ubican los siguientes:

1. Oficiales Oficiales generales General
Ejército Nacional Mayor general
Brigadier general
Oficiales superiores Coronel
Teniente coronel
Mayor
Oficiales subalternos Capitán
Teniente
Subteniente

2. Oficiales Oficiales de insignia Almirante
Armada Nacional Vicealmirante
Contraalmirante
Oficiales superiores Capitán de navío
Capitán de fragata
Capitán de corbeta
Oficiales subalternos Teniente de navío
Teniente de fragata
Teniente de corbeta

Oficiales generales General
3. Oficiales Mayor general
Fuerza Aérea Brigadier general
Oficiales superiores Coronel
Teniente coronel
Mayor
Oficiales subalternos Capitán
Teniente
Subteniente

58. Por su parte, y en lo relativo a los suboficiales, el artículo referido los
clasificó así:

1. Suboficiales Sargento mayor

Ejército Nacional Sargento primero
Sargento viceprimero
Sargento segundo
Cabo primero
Cabo segundo

2. Suboficiales Suboficial jefe técnico
Armada Nacional Suboficial jefe
Suboficial primero
Suboficial segundo
Suboficial tercero
Marinero

3. Suboficiales Suboficial técnico jefe
Fuerza Aérea Suboficial técnico subjefe
Suboficial técnico primero
Suboficial técnico segundo
Suboficial técnico tercero
Suboficial técnico cuarto

4. El régimen de prestaciones por muerte para los beneficiarios de
miembros de las Fuerzas Militares muertos en combate

59. El artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó a las Fuerzas Militares de
la aplicación del Sistema Integral de Seguridad Social y, por su parte,
los artículos 150, ordinal 19, literal e)46 y 21747 de la Constitución Política

46 El artículo 150 de la Constitución Política de Colombia, establece: «Corresponde al
Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: […] 19. Dictar
las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse
el Gobierno para los siguientes efectos: […] e. Fijar el régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública.»
47 El artículo 217 de la Constitución Política, consagra: «La Nación tendrá para su defensa

unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza
Aérea.

establecieron que la ley debía fijar el régimen salarial y prestacional especial
para los miembros de las Fuerzas Militares. Tal consideración encontró
justificación en el riesgo latente que envuelve la función pública que prestan
y desarrollan48.

60. El régimen especial de las Fuerzas Militares reguló de diferente manera
el tema de las prestaciones por muerte de sus miembros, en atención a las
particularidades de cada una de las vinculaciones. En efecto, se previó un
régimen para los soldados voluntarios y otro para los oficiales y suboficiales
de las Fuerzas Militares y uno adicional para quienes prestaran el servicio
militar obligatorio, como se expone a continuación.

61. El Decreto 2728 de 1968, «por el cual se modifica el régimen de prestaciones
sociales por retiro o fallecimiento del personal de soldados y grumetes de las
Fuerzas Militares», en el artículo 8, señaló algunas prestaciones de carácter
económico a favor de los beneficiarios de aquellos soldados o grumetes que
mueren en servicio activo, en los siguientes términos:

«Artículo 8. El Soldado o Grumete en servicio activo, que fallezca por
causa de heridas o accidente aéreo en combate o por acción directa del
enemigo, bien sea en conflicto internacional o en mantenimiento del
orden público, será ascendido en forma póstuma al grado de Cabo
Segundo o Marinero y sus beneficiarios tendrán derecho al
reconocimiento y pago de cuarenta y ocho (48) meses de los haberes
correspondientes a dicho grado y el pago doble de la cesantía.

A la muerte del Soldado o Grumete en servicio activo, causada por
accidente en misión del servicio, sus beneficiarios tendrán derecho al
reconocimiento y pago de treinta y seis (36) meses del sueldo básico
que en todo tiempo corresponda a un Cabo Segundo o Marinero.

A la muerte de un Soldado o Grumete en servicio activo o por causas
diferentes a las enunciadas anteriores a sus beneficiarios tendrá
derecho al reconocimiento y pago de veinticuatro (24) meses de sueldo

Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la
independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional.
La Ley determinará el sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares, así como los
ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen especial de carrera,
prestacional y disciplinario, que les es propio.»
48 En este sentido ver las sentencias C-432 de mayo 6 de 2004, T-372 de 2007 y T-894 de

2010, entre otras.

básico que en todo tiempo corresponda a un Cabo Segundo o Marinero.
[…]»

62. Tal norma se refirió de manera genérica a los soldados y grumetes por lo
que no hay razón alguna para que la misma no pueda ser aplicada a los
soldados voluntarios, como quiera que donde el legislador no distinguió, el
intérprete se debe abstener de hacerlo.

63. Como se puede observar, la anterior disposición consagró diferentes
prestaciones en atención a la forma en la que haya ocurrido la muerte del
soldado o grumete, sin embargo, dentro de tales prestaciones no se
encuentra la pensión de sobrevivientes.

64. Para efectos del estudio es conviene señalar que, en uso de las
facultades extraordinarias conferidas por la Ley 19 de 198349, se profirió el
Decreto 89 de 198450, a través del que se reorganizó la carrera de oficiales y
suboficiales de las Fuerzas Militares. El capítulo V de la aludida norma previó
lo relativo a las prestaciones por muerte, y específicamente para la muerte en
combate, señaló:

«Artículo 181. Muerte en combate. Durante la vigencia del presente
Estatuto, a la Muerte de un Oficial o Suboficial de las Fuerzas Militares
en servicio activo, por hechos inherentes al combate o -por acción del
enemigo, bien sea en conflicto internacional o en el mantenimiento o
restablecimiento del orden público, será ascendido en forma póstuma al
grado inmediatamente superior, cualquiera que fuere el tiempo de
servicio en su grado. Además sus beneficiarios, en el orden establecido
en este Estatuto, tendrán derecho a las siguientes prestaciones:

49 «por la cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias para
reorganizar el Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Militares y las entidades
descentralizadas del sector, y para modificar las normas que regulan las carreras del
personal al servicio de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional».
50 Es de anotar que no se incluyen prestaciones anteriores al Decreto 89 de 1984, como

quiera que era la norma vigente para el momento en el que se expidió la Ley 131 de 1985,
que previó la incorporación a las Fuerzas Militares de los soldados voluntarios.

a) A que el Tesoro Público les pague por un sola vez, una compensación
equivalente a cuatro (4) años de los haberes correspondientes al grado
conferido al causante, tomando como base las partidas señaladas en el
Artículo 151 de este Estatuto.

b) Al pago doble de la cesantía por el tiempo servido por el causante; y

c) Si el Oficial o Suboficial hubiere cumplido doce (12) o más años de
servicio, a que el Tesoro Público les pague una pensión mensual, la cual
será liquidada y cubierta en la misma forma de la asignación de retiro,
de acuerdo con el grado y el tiempo de servicio del causante».

65. El citado artículo, señaló una serie de prestaciones a favor de los
beneficiarios de los oficiales o suboficiales de las Fuerzas Militares muertos
en combate, entre las que se encuentran el ascenso póstumo y el derecho a
la asignación de retiro por muerte en combate, cuando el oficial o suboficial
fallecido llevare como mínimo doce años en servicio.

66. El 11 de enero de 1989 se expidió el Decreto 9551, por el cual se reformó
nuevamente el Estatuto de Carrera de los oficiales y suboficiales de las
Fuerzas Militares, normativa que en lo que respecta a las prestaciones por
muerte incluyó el derecho a la asignación de retiro para todos los miembros
de la Fuerza Pública fallecidos en combate, independientemente del tiempo
que llevaren en servicio y tan solo con diferencias en la cuantía de la
prestación, como pasa a evidenciarse:

«Artículo 184. MUERTE EN COMBATE. A partir de la vigencia del
presente Estatuto, a la muerte de un Oficial o Suboficial de las Fuerzas
Militares en servicio activo, en combate o como consecuencia de la
acción de enemigo, bien sea en conflicto internacional o en el
mantenimiento o restablecimiento del orden público, será ascendido en
forma póstuma al grado inmediatamente superior, cualquiera que fuere
el tiempo de servicio en su grado. Además sus beneficiarios, en el orden

51 Expedido en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 5 de 1988,
«Por la cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias
relacionadas con las Fuerzas Militares y de Policía y se dictan otras disposiciones».

establecido en este Estatuto, tendrán derecho a las siguientes
prestaciones:

a) A que el Tesoro Público les pague por una sola vez una
compensación equivalente a cuatro (4) años de los haberes
correspondientes al grado conferido al causante, tomando como base
las partidas señaladas en el artículo 153 de este Decreto;

b) Al pago doble de la cesantía por el tiempo servido por el causante;

c) Si el Oficial o Suboficial hubiere cumplido doce (12) o más años de
servicio, a que el Tesoro Público les pague una pensión mensual, la cual
será liquidada y cubierta en la misma forma de la asignación de retiro,
de acuerdo con el grado y tiempo de servicio del causante.

d) Si el Oficial o Suboficial no hubiere cumplido doce (12) años de
servicio su cónyuge e hijos tendrán derecho a que el Tesoro Público les
pague una pensión mensual equivalente al cincuenta por ciento (50%)
de las partidas de que trata el artículo 15352 de este Decreto. […]».

67. Las anteriores prestaciones, se mantuvieron en el Decreto 1211 del 8 de
junio de 1990, por el cual se reformó el estatuto del personal de oficiales y
suboficiales de las Fuerzas Militares, en su artículo 189, contenido en la
Sección de Prestaciones por Muerte en Actividad, indicó lo siguiente:

52«-Sueldo básico, -prima de actividad en los porcentajes previstos en ese Estatuto; -prima
de antigüedad; -prima de Estado Mayor en las condiciones previstas en este estatuto; -
doceava parte de la prima de navidad; -prima de vuelo en las condiciones indicadas en este
estatuto; - gastos de representación para oficiales generales o de insignia y; - subsidio
familiar liquidado atendiendo a lo previsto por el artículo 77 ibidem, sin que el total por ese
concepto sobrepase el 47% del respectivo sueldo básico.
Parágrafo. Fuera de las partidas específicamente señaladas en este artículo ninguna de las
demás primas, subsidios, auxilios, bonificaciones y compensaciones consagradas en este
Estatuto, será computable para efectos de cesantías, asignaciones de retiro, pensiones,
sustituciones pensionales y demás prestaciones sociales».

«ARTÍCULO 189. MUERTE EN COMBATE. A partir de la vigencia del
presente Estatuto, a la muerte de un Oficial o Suboficial de las Fuerzas
Militares en servicio activo, en combate o como consecuencia de la
acción de enemigo, bien sea en conflicto internacional o en el
mantenimiento o restablecimiento del orden público, ser ascendido en
forma póstuma al grado inmediatamente superior, cualquiera que fuere
el tiempo de servicio en su grado. Además sus beneficiarios, en el orden
establecido en este Estatuto, tendrán derecho a las siguientes
prestaciones:

a. A que el Tesoro Público les pague por una sola vez, una
compensación equivalente a cuatro (4) años de los haberes
correspondientes al grado conferido al causante, tomando como base
las partidas señaladas en el artículo 158 de este Decreto.

b. Al pago doble de la cesantía por el tiempo servido por el
causante.

c. Si el Oficial o Suboficial hubiere cumplido doce (12) o más años
de servicio, a que el Tesoro Público les pague una pensión mensual, la
cual será liquidada y cubierta en la misma forma de la asignación de
retiro, de acuerdo con el grado y tiempo de servicio del causante.

d. Si el Oficial o Suboficial no hubiere cumplido doce (12) años de
servicio, sus beneficiarios en el orden establecido en este estatuto, con
excepción de los hermanos, tendrán derecho a que el Tesoro Público les
pague una pensión mensual equivalente al cincuenta por ciento (50%)
de las partidas de que trata el artículo 158 de este Decreto53. […]»

53 «- Sueldo básico. - Prima de actividad en los porcentajes previstos en este estatuto. -
Prima de antigüedad. - Prima de Estado Mayor, en las condiciones previstas en este
estatuto. - Duodécima parte de la prima de Navidad. - Prima de vuelo en las condiciones
establecidas en este Decreto. - Gastos de representación para Oficiales Generales o de
Insignia. - Subsidio familiar. En el caso de las asignaciones de retiro y pensiones, se liquidar
conforme a lo dispuesto en el artículo 79 de este estatuto, sin que el total por este concepto
sobrepase el cuarenta y siete por ciento (47%) del respectivo sueldo básico.
PARAGRAFO. Fuera de las partidas específicamente señaladas en este artículo ninguna de
las demás primas, subsidios, auxilios, bonificaciones y compensaciones consagradas en
este estatuto, ser computable para efectos de cesantías, asignaciones de retiro, pensiones,
sustituciones pensionales y demás prestaciones sociales».

68. De otra parte, en cuanto a las personas que prestan el servicio militar
obligatorio conviene precisar que la Ley 447 del 21 de julio de 1998, por la
cual se estableció una pensión vitalicia y otros beneficios a favor de parientes
de personas fallecidas durante la prestación del servicio militar obligatorio,
confirió a los beneficiarios de los muertos en combate una prestación en los
siguientes términos:

«Artículo 1. MUERTE EN COMBATE. A partir de la vigencia de la
presente ley, a la muerte de la persona vinculada a las F.F.M.M. y de
Policía por razón constitucional y legal de la prestación del servicio
militar obligatorio, ocurrida en combate o como consecuencia de la
acción del enemigo, en conflicto internacional o participando en
operaciones de conservación o restablecimiento del orden público, sus
beneficiarios en el orden establecido en esta ley, o los beneficiarios que
designe la persona prestataria del servicio militar al incorporarse,
tendrán derecho a una pensión vitalicia equivalente a un salario y medio
(11/2) mínimo mensuales y vigentes.»

69. Posteriormente, se expidió el Decreto 1794 del 14 de septiembre de
200054, por el cual se establece el régimen salarial y prestacional para el
personal de soldados profesionales de las Fuerzas Militares, en el cual
tampoco se previó una pensión de sobrevivientes para este personal55.

70. Más adelante, la Ley 923 del 30 de diciembre de 2004 56 señaló normas,
objetivos y criterios a los cuales debía sujetarse el Gobierno Nacional para la
fijación del régimen pensional de los miembros de la Fuerza Pública y en
cuanto a la pensión de sobrevivientes la señaló como uno de los elementos
mínimos del marco pensional de dicho personal, y en el artículo 3, fijó para
dicha prestación los siguientes elementos:

54 Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional para el personal de soldados
profesionales de las Fuerzas Militares.
55 Sobre este tema ver Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de

2016, radicación: 85001-33-33-002-2013-00060-01(3420-15) CE-SUJ2-003-16, actor:
Benicio Antonio Cruz.
56 Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el

Gobierno Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los
miembros de la Fuerza Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral
19, literal e) de la Constitución Política.

«3.6. El derecho para acceder a la pensión de sobrevivientes, así como
su monto, será fijado teniendo en cuenta criterios diferenciales de
acuerdo con las circunstancias en que se origine la muerte del miembro
de la Fuerza Pública y el monto de la pensión en ningún caso podrá ser
inferior al cincuenta por ciento (50%) de las partidas computables para la
asignación de retiro en el evento de la muerte en combate, en actos
meritorios del servicio o en misión del servicio.
En el caso de muerte simplemente en actividad el monto de la pensión
no podrá ser inferior al cincuenta por ciento (50%) cuando el miembro de
la Fuerza Pública tenga quince (15) o más años de servicio al momento
de la muerte, ni al cuarenta por ciento (40%) cuando el tiempo de
servicio sea inferior.
Solo en el caso de muerte simplemente en actividad se podrá exigir
como requisito para acceder al derecho, un tiempo de servicio que no
sea superior a un (1) año a partir de la fecha en que se termine el
respectivo curso de formación y sea dado de alta en la respectiva
carrera como miembro de la Fuerza Pública.»

71. Uno de los aspectos más importantes que se consagraron en la aludida
ley en relación con la pensión de sobrevivientes por muerte en combate es
que el monto de la prestación, en ningún caso, podrá ser inferior al 50% de
las partidas computables para la asignación de retiro, sin importar el tiempo
de servicios que llevare el miembro de la Fuerza Pública al momento del
fallecimiento.

72. Ahora, en desarrollo de lo anterior, el Decreto 4433 del 31 de diciembre
de 2004 fijó el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros
de la Fuerza Pública y, en el artículo 19, plasmó las directrices que serían
aplicables en materia de pensión de sobrevivientes por muerte en combate,
diferenciando entre los oficiales y suboficiales y los soldados profesionales,
así:

«Artículo 19. Muerte en combate. A la muerte de un Oficial, Suboficial, o
Soldado Profesional de las Fuerzas Militares en servicio activo, en
combate o como consecuencia de la acción del enemigo, bien sea en
conflicto internacional o en el mantenimiento o restablecimiento del
orden público, sus beneficiarios en el orden y proporción establecidos en

el artículo 11 del presente Decreto, tendrán derecho, a partir de la fecha
del fallecimiento, a que por el Tesoro Público se les pague una pensión
mensual reconocida por el Ministerio de Defensa Nacional, la cual será
liquidada como a continuación se señala:

19.1. Para Oficiales y Suboficiales:
19.1.1. El cincuenta por ciento (50%) de las partidas computables para
la asignación de retiro, en el grado conferido póstumamente, cuando el
causante tuviere quince (15) o menos años de servicio.
19.1.2. El cincuenta por ciento (50%) se incrementará en un cuatro por
ciento (4%) adicional, por cada año que exceda los quince (15), sin
sobrepasar el ochenta y cinco por ciento (85%) por los primeros
veinticuatro (24) años.
19.1.3. A su vez, el ochenta y cinco por ciento (85%) de que trata el
numeral anterior se incrementará en un dos por ciento (2%) por cada
año adicional, sin que en ningún caso, el total pueda exceder el noventa
y cinco por ciento (95%) de dichas partidas.

19.2. Para Soldados Profesionales:
19.2.1. El cincuenta por ciento (50%) de las partidas computables para
la asignación de retiro, si al momento de la muerte el Soldado tiene
menos de veinte (20) años de servicios.
19.2.2. Un monto equivalente al que habrían recibido como asignación
de retiro liquidada conforme a lo establecido por el artículo 1657 del
presente decreto».

73. Por su parte, en el artículo 22 se reguló lo relativo a las pensiones de
sobrevivientes de los soldados profesionales que se incorporaron a partir de

57 «Artículo 16. Asignación de retiro para soldados profesionales. Los soldados
profesionales que se retiren o sean retirados del servicio activo con veinte (20) años de
servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta a
que por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, se les pague una asignación mensual de
retiro, equivalente al setenta por ciento (70%) del salario mensual indicado en el numeral
13.2.1, adicionado con un treinta y ocho punto cinco por ciento (38.5%) de la prima de
antigüedad. En todo caso, la asignación mensual de retiro no será inferior a uno punto dos
(1.2) salarios mínimos legales mensuales vigentes».

la entrada en vigencia del Decreto ley 1793 de 2000, entendiendo por
soldados profesionales los soldados voluntarios que hubieren fallecido entre
el 7 de agosto de 2002 y el 31 de diciembre de 2003, en combate, o actos
meritorios del servicio, o por acción directa del enemigo, o en tareas de
mantenimiento o restablecimiento del orden público o en conflicto
internacional, o en accidente ocurrido durante la ejecución de un acto propio
del servicio.

74. La norma en cita, indicó:

«ARTICULO 22. Pensiones de sobrevivencia de soldados profesionales.
Los beneficiarios de los Soldados Profesionales incorporados a partir de
la entrada en vigencia del Decreto-ley 1793 de 2000, tendrán derecho a
que por el Tesoro Público se les pague una pensión mensual de
sobrevivientes reconocida por el Ministerio de Defensa Nacional en las
condiciones y con los requisitos previstos en el presente decreto.
Igualmente, para los solos efectos previstos en el presente artículo, se
entienden como Soldados Profesionales, los Soldados Voluntarios que
hubieren fallecido entre el 7 de agosto de 2002 y el 31 de diciembre de
2003, en las circunstancias señaladas en el artículo 3258 del presente
decreto.»

58 «ARTICULO 32. Reconocimiento y liquidación de la incapacidad permanente parcial en
combate o actos meritorios del servicio. El personal de Oficiales, Suboficiales y Soldados de
las Fuerzas Militares, y de Oficiales, Suboficiales, Miembros del Nivel Ejecutivo y Agentes de
la Policía Nacional, que adquieran una incapacidad permanente parcial igual o superior al
cincuenta por ciento (50%) e inferior al setenta y cinco por ciento (75%) ocurrida en combate,
o actos meritorios del servicio, o por acción directa del enemigo, o en tareas de
mantenimiento o restablecimiento del orden público o en conflicto internacional, o en
accidente ocurrido durante la ejecución de un acto propio del servicio, tendrá derecho a partir
de la fecha del retiro o del vencimiento de los tres meses de alta cuando se compute como
tiempo de servicio y mientras subsista la incapacidad a que el Tesoro Público les pague una
pensión mensual, que será reconocida por el Ministerio de Defensa Nacional o por la
Dirección General de la Policía Nacional, según el caso, equivalente al cincuenta por ciento
(50%) de las partidas dispuestas en el presente decreto, siempre y cuando exista
declaración médica de no aptitud para el servicio y no tenga derecho a la asignación de
retiro.
PARÁGRAFO 1.º Para los efectos previstos en el presente artículo se entiende por
accidente ocurrido durante la ejecución de un acto propio del servicio o aquel que se
produce durante la ejecución de una orden de operaciones.
PARÁGRAFO 2.º Para el reconocimiento de la pensión establecida en este artículo, la Junta
Médico Laboral o Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, solo calificará la

75. De otro lado, en el artículo 34 consagró una pensión de sobrevivientes
para los beneficiarios de quienes fallecieron en la prestación del servicio
militar obligatorio:

«Artículo 34. Muerte en combate del personal vinculado para la
prestación del servicio militar obligatorio. A la muerte de la persona
vinculada a las Fuerzas Militares o a la Policía Nacional por razón
constitucional y legal de la prestación del servicio militar obligatorio,
ocurrida en combate o como consecuencia de la acción del enemigo, en
conflicto internacional o participando en operaciones de conservación o
restablecimiento del orden público, sus ascendientes en primer grado de
consanguinidad o civil, tendrán derecho a que por el Tesoro Público se
les pague una pensión vitalicia, que será reconocida por el Ministerio de
Defensa Nacional o la Dirección General de la Policía Nacional según el
caso, equivalente a un salario y medio (1.1/2) mínimo legal mensual
vigente, en los términos de la Ley 447 de 1998».

76. Conforme a lo expuesto, se observa que el artículo 8 del Decreto 2728 de
1968 no contempló una pensión de sobrevivientes para los
beneficiarios de los soldados voluntarios muertos en combate, y que no
fue sino hasta la expedición de la Ley 923 de 2004 y el Decreto 4433 de
2004 que se consagró, de manera expresa, tal derecho a favor de los
beneficiarios de los soldados que para ese momento habían sido
incorporados como profesionales por virtud del Decreto 1793 de 2000.

77. De acuerdo con lo anterior, las prestaciones por muerte en combate para
los miembros de las Fuerzas Militares se resumen en el siguiente cuadro:

Ámbito de
Norma Prestaciones por muerte en combate
aplicación

pérdida o anomalía funcional, fisiológica o anatómica, la cual debe ser de carácter
permanente y adquirida solo en las circunstancias aquí previstas».

Ascenso en forma póstuma al grado de cabo
segundo o marinero.

Decreto 2728 de 1968 soldados y Reconocimiento y pago de cuarenta y ocho (48)
(Artículo 8) grumetes meses de los haberes correspondientes a dicho
grado.

El pago doble de la cesantía.

Ascenso póstumo

Una compensación equivalente a cuatro (4) años
de los haberes correspondientes al grado conferido
al causante, tomando como base las partidas
señaladas en el artículo 151 de este Decreto.
Decreto 89 de 1984 oficiales y Al pago doble de la cesantía por el tiempo servido
(Artículo 181) suboficiales por el causante

Una pensión mensual liquidada y cubierta en la
misma forma de la asignación de retiro, de acuerdo
con el grado y tiempo de servicio del causante, si el
oficial o suboficial hubiere cumplido doce (12) o
más años de servicio.

Ascenso póstumo

Una compensación equivalente a cuatro (4) años
de los haberes correspondientes al grado conferido
al causante, tomando como base las partidas
señaladas en el artículo 153 de este Decreto 95 de
1989

Al pago doble de la cesantía por el tiempo servido
Decreto 95 de 1989 por el causante
oficiales y
(Artículo 184) suboficiales Una pensión mensual liquidada y cubierta en la
misma forma de la asignación de retiro, de acuerdo
con el grado y tiempo de servicio del causante, si el
oficial o suboficial hubiere cumplido doce (12) o
más años de servicio

Una pensión mensual equivalente al 50% de las
partidas computables para las prestaciones por
retiro, si el oficial o suboficial no hubiere cumplido
doce (12) años de servicio.

Decreto 1211 de 1990 oficiales y Ascenso póstumo

(Artículo 189) suboficiales Una compensación equivalente a cuatro (4) años
de los haberes correspondientes al grado conferido
al causante, tomando como base las partidas
señaladas en el artículo 158 del Decreto 1211 de
1990

Al pago doble de la cesantía por el tiempo servido
por el causante.

Una pensión mensual liquidada y cubierta en la
misma forma de la asignación de retiro, de acuerdo
con el grado y el tiempo de servicio del causante, si
el oficial o suboficial hubiere cumplido doce (12) o
más años de servicio.

Una pensión mensual equivalente al 50% de las
partidas computables para las prestaciones por
retiro, si el oficial o suboficial no hubiere cumplido
doce (12) años de servicio.

Ley 447 de 1998 Pensión vitalicia equivalente a un salario y medio
Conscriptos
(Artículo 1) (11/2) mínimo mensual y vigente.

Pensión mensual reconocida por el Ministerio de
Defensa Nacional, la cual será liquidada como a
continuación se señala:

El cincuenta por ciento (50%) de las partidas
computables para la asignación de retiro, en el
grado conferido póstumamente, cuando el causante
tuviere quince (15) o menos años de servicio.

Decreto 4433 de 2004 oficiales y El cincuenta por ciento (50%) se incrementará en
(Art. 19.1) suboficiales un cuatro por ciento (4%) adicional, por cada año
que exceda los quince (15), sin sobrepasar el
ochenta y cinco por ciento (85%) por los primeros
veinticuatro (24) años.

A su vez, el ochenta y cinco por ciento (85%) de
que trata el numeral anterior se incrementará en un
dos por ciento (2%) por cada año adicional, sin que
en ningún caso, el total pueda exceder el noventa y
cinco por ciento (95%) de dichas partidas.

Si tiene menos de 20 años de servicios, una
pensión mensual equivalente al 50% de las
partidas computables.

Si tiene más de 20 años de servicios, una pensión
Decreto 4433 de 2004 soldados mensual equivalente al 70% del salario mensual en
(Artículo 19.2) profesionales los términos del artículo 1 del Decreto-Ley 1794 de
2000, adicionado en un 35,5% de la prima de
antigüedad. En todo caso, la asignación mensual
de retiro no puede ser inferior a 1,2 salarios
mínimos legales mensuales.

soldados
voluntarios
Pensión mensual de sobrevivientes reconocida
fallecidos entre
Decreto 4433 de 2004 por el Ministerio de Defensa Nacional en las
el 7 de agosto
(Artículo 22) condiciones y con los requisitos previstos en el
de 2002 y el 31
decreto.
de diciembre de
2003

Pensión vitalicia, que será reconocida por el
Ministerio de Defensa Nacional o la Dirección
Decreto 4433 de 2004 General de la Policía Nacional según el caso,
conscriptos
(Artículo 34) equivalente a un salario y medio (1.1/2) mínimo
legal mensual vigente, en los términos de la Ley
447 de 1998.

78. Así las cosas, y como solo hasta la expedición del Decreto 4433 de 2004
se consagró de manera expresa el derecho a la pensión de sobrevivientes
para los soldados voluntarios que se hubieren incorporado como
profesionales, con anterioridad a dicha normativa se presentaba un vacío en
relación con tal derecho.

79. Igualmente, conviene aclarar que el Decreto 4433 de 2004, en el artículo
22, incluyó como destinatarios a los beneficiarios de los soldados fallecidos
entre el 7 de agosto de 2002 y el 31 de diciembre de 2003, y teniendo en
cuenta que dicha norma fue expedida el 31 de diciembre de 2004, se

generaría el interrogante de cuál es la preceptiva que rige a dicho personal
entre el 1 de enero y el 30 de diciembre de 2004, duda que se disipa al
corroborar que el proceso de incorporación de los soldados voluntarios al
régimen de carrera de soldados profesionales instaurado por el Decreto 1793
de 2000, se adelantó de manera generalizada a través de las Órdenes
Administrativas de Personal 1241 de 20 de enero de 2001 y 1175 de 20 de
octubre de 2003, por medio de las cuales el Ministerio de Defensa dispuso la
conversión obligatoria59, situación que conllevó a que todos los soldados
fueran ya profesionales, lo cual los ubica en el primer inciso del referido
artículo 22.

5. Pensión de sobrevivientes en el régimen general

80. El Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993
contempló distintos tipos de prestaciones para las contingencias de vejez,
invalidez y muerte. Así, en el artículo 46 consagró la pensión de
sobrevivientes de la siguiente manera:

«[…] Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:

1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez, o invalidez
por riesgo común, que fallezca.

2. Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre que
éste hubiere cumplido alguno de los siguientes requisitos:

a) Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado
por lo menos veintiséis (26) semanas al momento de la muerte, y

59Así lo señaló la sentencia de unificación de la Sección Segunda, del 25 de agosto de 2016,
radicación: 85001-33-33-002-2013-00060-01(3420-15) CE-SUJ2-003-16, actor: Benicio
Antonio Cruz.

b) Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado
aportes durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año
inmediatamente anterior al momento en que se produzca la muerte.
[…]»

81. Por su parte, el artículo 49 previó el derecho a la indemnización
sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, en los casos en los cuales para el
momento de la muerte del afiliado, este no había cumplido con el requisito de
las semanas de cotización.

82. Los requisitos para obtener la aludida prestación, fueron modificados por
el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, al disponer:

«Artículo 12. El artículo 46 de la ley 100 de 1993 quedará así:

Artículo 46. Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes.
Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:

1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez
por riesgo común que fallezca y,

2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca,
siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de
los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento y se
acrediten las siguientes condiciones:

a) Muerte causada por enfermedad: si es mayor de 20 años de edad,
haya cotizado el veinticinco por ciento (25%) del tiempo transcurrido
entre el momento en que cumplió veinte años de edad y la fecha del
fallecimiento;

b) Muerte causada por accidente: si es mayor de 20 años de edad, haya
cotizado el veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el
momento en que cumplió veinte años de edad y la fecha del
fallecimiento.

Parágrafo 1°. Cuando un afiliado haya cotizado el número de semanas
mínimo requerido en el régimen de prima en tiempo anterior a su
fallecimiento, sin que haya tramitado o recibido una indemnización
sustitutiva de la pensión de vejez o la devolución de saldos de que trata
el artículo 66 de esta ley, los beneficiarios a que se refiere el numeral 2
de este artículo tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes, en los
términos de esta ley.

El monto de la pensión para aquellos beneficiarios que a partir de la
vigencia de la Ley, cumplan con los requisitos establecidos en este
parágrafo será del 80% del monto que le hubiera correspondido en una
pensión de vejez.

Parágrafo 2°. Declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-1094 de 200360.» (Negrillas fuera de texto)

83. Respecto a este artículo, es importante destacar que prevé dos
supuestos de hecho claramente diferenciables, como se ilustra a
continuación:

84. El primero hace alusión a la prestación que se deriva de la muerte de
quien ya está pensionado sea por vejez o invalidez, la cual podría
denominarse como la sustitución pensional propiamente dicha, toda vez que
no se genera una prestación nueva, sino que se trata de la misma prestación
que se pagaba al fallecido. Este supuesto está contemplado en el ordinal 1.º
de la norma en comento.

60 El texto declarado inexequible regulaba que, si la causa del fallecimiento es homicidio, se

aplicará lo prescrito para accidente, y si es suicidio, se aplicará lo prescrito para enfermedad.

85. El segundo, se refiere a la prestación que reciben los beneficiarios con
ocasión del deceso del afiliado, que encaja de manera más propia en la
definición de pensión de sobrevivientes, y en la que se trata de una nueva
prestación, supuesto que se subsume en la previsión del ordinal 2.º del
artículo 46 de la Ley 100 de 1993.

86. A su turno, el artículo 77 de la Ley 100 de 1993 explica la forma de
financiación de la pensión de sobrevivientes en los siguientes términos:

«La pensión de sobrevivientes originada por la muerte del afiliado, se
financiará con los recursos de la cuenta individual de ahorro pensional
generados por cotizaciones obligatorias, el bono pensional si a ello
hubiere lugar, y con la suma adicional que sea necesaria para completar
el capital que financie el monto de la pensión. Dicha suma adicional
estará a cargo de la aseguradora.

El monto acumulado en las cuentas individuales de ahorro pensional, en
razón de cotizaciones voluntarias, no integrará el capital para financiar
las pensiones de sobrevivientes generadas por muerte de un afiliado,
salvo cuando ello sea necesario para acceder a la pensión mínima de
sobrevivientes. Dicho monto podrá utilizarse para incrementar el valor de
la pensión. Si el afiliado así lo hubiere estipulado o los beneficiarios lo
acuerdan. En caso contrario hará parte la masa sucesoral del causante.

Las pensiones de sobrevivientes causadas por la muerte de un
pensionado, se financian con los recursos previstos para el pago de la
pensión de vejez o invalidez, según el caso, que estuviese recibiendo el
causante al momento de su fallecimiento.

Cuando la pensión de sobrevivientes sea generada por muerte de un
pensionado acogido a la modalidad de retiro programado o retiro
programado con renta vitalicia diferida, el exceso del saldo de la cuenta
individual de ahorro pensional sobre el capital necesario para financiar la
pensión de sobrevivientes, podrá utilizarse para incrementar el valor de
la pensión, si el afiliado así lo hubiere estipulado o los beneficiarios lo
acuerdan. En caso contrario hará parte la masa sucesoral del causante.

87. Por su parte, y en desarrollo del principio de solidaridad, el artículo 75
ejusdem contempla la garantía estatal de pensión mínima de sobrevivientes,

en virtud de la cual el Estado debe garantizar el complemento para que los
sobrevivientes tengan acceso a tal prestación mínima, la que será
equivalente al 100% del salario mínimo mensual vigente.

88. Conforme a lo expuesto, los recursos de la financiación de la sustitución
pensional son los previstos para el pago de la pensión de vejez o invalidez,
según el caso, que estuviere recibiendo el causante al momento de su
fallecimiento. Por su parte, la pensión de sobrevivientes se financia con los
recursos de la cuenta individual de ahorro pensional, el bono pensional y con
la suma adicional que sea necesaria completar, la cual está a cargo de la
aseguradora correspondiente.

89. En relación con este último aspecto, es importante precisar como los
dineros para sufragar esta prestación no provienen de la acumulación de un
capital suficiente para financiarla, como en principio sucede, por ejemplo, con
la pensión de vejez, sino que se derivan de un sistema de aseguramiento del
riesgo por fallecimiento del afiliado, el legislador previó un tiempo mínimo de
cotización, con la expectativa de que las sumas recibidas para cubrir el
riesgo de muerte de todos los afiliados cotizantes resultaran suficientes para
generar un fondo común en el caso del régimen de prima media, o una
cuenta separada para este efecto, en el caso del régimen de ahorro
individual, a través de una compañía de seguros. Así se deduce del artículo
20 de la Ley 100 de 1993, en armonía con los principios de solidaridad y
universalidad consagrados en la Constitución Política en esta materia.

90. En ese orden, el costo de la prima de aseguramiento se incluye en la
cotización al sistema general de seguridad social, aspecto frente al cual la
Corte Constitucional, en la sentencia C-617 de 2001, aclaró:

«[e]n la pensión de sobrevivientes hay entonces “un elemento de
seguro”61, por lo que quien paga la prima anual está cubierto, mientras
que quien no la ha cancelado, no puede gozar de cobertura. Empero el

61 Se remitió al concepto que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público remitió rindió en

dicho proceso.

legislador en todo caso otorgó a quien haya estado afiliado pero no
cotiza actualmente, un período de cobertura adicional, pues exige
solamente 2662 semanas de cotización en el año inmediatamente
anterior al fallecimiento.»

91. En resumen, las diferencias entre la sustitución pensional y la pensión de
sobrevivientes se explican en el siguiente cuadro:

Tipología Fundamento Definición Recursos Identidad en
normativo la
prestación

Sustitución Ordinal 1.º del Prestación que Se financia Es la misma
pensional artículo 46 de la se deriva de la con los prestación
Ley 100 de muerte de quien recursos que se
1993 ya está previstos para pagaba al
pensionado. el pago de la pensionado
pensión de fallecido. Se
vejez o trata del
invalidez, cambio de
según el caso, titular de la
que estuviese prestación
recibiendo el
causante al
momento de
su
fallecimiento

Pensión de Ordinal 2.º del Prestación que Se trata del Es una
sobrevivientes artículo 46 de la se genera en cubrimiento de nueva
Ley 100 de razón de la un riesgo. prestación
1993 muerte del de la que no
Se financia
afiliado, previo gozaba el
con los
el cumplimiento causante
recursos de la
de unos

62 Posteriormente la Ley 797 de 2003, en el artículo 12, amplió este requisito de 26 a 50

semanas.

requisitos cuenta
determinados individual de
por el legislador ahorro
pensional
generados por
cotizaciones
obligatorias, el
bono
pensional si a
ello hubiere
lugar, y con la
suma adicional
que sea
necesaria para
completar el
capital que
financie el
monto de la
pensión.

Por su parte,
en prima
media se
financian con
los recursos
del fondo
común, de
naturaleza
pública, en
donde los
recursos se
distribuyen
para pagar las
pensiones de
todos los
afiliados

6. Principios rectores en materia laboral.

6.1. Principio protector o protectorio

92. El principio más importante en materia laboral es el principio protector o
protectorio como también se le ha denominado. En virtud de este principio se
protege a la parte más vulnerable de la relación laboral, que es el trabajador,
y por ende hay desigualdad o discriminación positiva en su favor a fin de
equipararlo con la otra.

93. La trascendencia de este principio «radica en que diferencia el derecho
laboral del derecho civil, en el cual se predica igualdad de las partes y no
discriminación».63 Y su fundamento está ligado con la propia razón de ser del
derecho del trabajo, en virtud de la cual «El legislador no pudo mantener más la
ficción de una igualdad existente entre las partes del contrato de trabajo y tendió a
compensar esa desigualdad económica desfavorable al trabajador con una
protección jurídica favorable al trabajador»64.

94. Dentro de las manifestaciones de este principio se encuentran el principio
de favorabilidad, el in dubio pro operario, el de la condición más beneficiosa,
el de la irrenunciabilidad de los derechos y el de la primacía de la realidad
sobre las formas.

95. Desde el punto de vista legislativo tal principio ha tenido su desarrollo en
los artículos 25 y 53 de la Constitución Política y en el artículo 9 del Código
Sustantivo del Trabajo65.

63 Plá Rodríguez, Américo. Los principios del Derecho del Trabajo, ediciones De la Palma,

Buenos Aires 1990, segunda edición, p. 23
64 Ibidem p. 25
65 Artículo 9. Protección al trabajo. El trabajo goza de la protección del Estado, en la forma

prevista en la Constitución Nacional y las leyes. Los funcionarios públicos están obligados a
prestar a los trabajadores una debida y oportuna protección para la garantía y eficacia de
sus derechos, de acuerdo con sus atribuciones.

6.2. Principio de favorabilidad en la aplicación de las fuentes del
derecho en materia pensional. Expresión del principio
protectorio

96. El principio de favorabilidad es una de las expresiones del principio
protector, como se dijo en precedencia, y uno de los principios mínimos
fundamentales del trabajo consagrado en la Constitución Política.

97. En la jurisprudencia constitucional el aludido principio, ha sido utilizado
como criterio de interpretación para determinar el compendio normativo o el
sentido de una regla jurídica que debe cobijar una situación particular frente a
una determinada prestación.

98. En lo que es relevante para el asunto bajo examen, el principio de
favorabilidad se utiliza en las situaciones en las que se presenta duda sobre
cuál es la fuente formal de derecho aplicable al momento de resolver un
asunto concreto. La existencia de este conflicto se da cuando dos o más
textos legislativos que se encuentran vigentes al momento de causarse el
derecho que se reclama, son aplicables para su solución. En virtud del
principio de favorabilidad se debe escoger, en su integridad, el texto
normativo que le represente mayor provecho al trabajador, afiliado o
beneficiario del Sistema de Seguridad Social, estando proscrita la posibilidad
de aplicar parcialmente uno y otro texto para elegir de cada uno lo que
resulta más beneficioso, condición que se conoce como el principio de
inescindibilidad o conglobamento66.

99. No está de más aclarar que de la aplicación del principio de favorabilidad
se derivó la prohibición de menoscabar los derechos de los trabajadores, el
cual jurisprudencialmente se denominó: «La salvaguarda de las expectativas
legítimas mediante la aplicación del criterio de la condición más beneficiosa al
trabajador».

66 Entre otras, ver sentencias de la Corte Constitucional T-001 de 1999, T-290 de 2005, T-

599 de 2011, T- 350 de 2012, T-831 de 2014.

100. De acuerdo con lo expuesto en precedencia, es plausible concluir que,
para la aplicación de este principio, es necesario que se cumplan las
siguientes condiciones:

• La existencia de varias fuentes formales de derecho que regulen la
misma situación fáctica.
-Que dichas fuentes se encuentren vigentes al momento de causarse el
derecho.
-Que exista duda sobre cuál de ellas se debe aplicar.
-La fuente formal elegida debe aplicarse en su integridad.

101. Igualmente, puede aplicarse este principio cuando una norma admite
más de una interpretación, caso en el cual siempre habrá de escogerse
aquella que es más favorable al trabajador.

6.3. Principio pro homine o pro persona

102. El principio pro homine es un principio que irradia a todos los derechos
humanos, al ser connatural a la existencia misma del sistema de protección
de tales derechos. En palabras de la Corte Constitucional, «el principio de
interpretación pro homine, impone aquella interpretación de las normas jurídicas que
sea más favorable al hombre y sus derechos, esto es, la prevalencia de aquella
interpretación que propenda por el respeto de la dignidad humana y
consecuentemente por la protección, garantía y promoción de los derechos
humanos y de los derechos fundamentales consagrados a nivel constitucional»67.

103. Tal principio tiene su consagración normativa en los artículos 1 y 2 de la
Carta Política y en el artículo 93 ejusdem, en virtud del cual, los derechos y

67 Sentencia C-438 de 2013

deberes contenidos en la Constitución deben interpretarse de conformidad
con los tratados sobre derechos humanos ratificados por Colombia.

104. En ese sentido, el artículo 5 del Pacto Internacional de los Derechos
Civiles y Políticos previó lo siguiente:

«Artículo 5:

1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el
sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para
emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de
cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en el Pacto o a su
limitación en mayor medida que la prevista en él.

2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los
derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado
Parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so
pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en
menor grado».

105. Por su parte, el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, dispuso:

«Artículo 29. Normas de Interpretación: Ninguna disposición de la
presente Convención puede ser interpretada en el sentido de:
a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el
goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la
Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella;
b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda
estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados
Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de
dichos Estados;
c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o
que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y
d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración
Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos
internacionales de la misma naturaleza.»

106. El pro homine se ha considerado como un principio general del derecho
internacional de los derechos humanos, que tiene aplicación en materia
laboral y de derecho a la seguridad social, al ser considerado este como un
derecho fundamental.

6.4. Principio de igualdad en los regímenes pensionales

107. Es importante precisar que los regímenes pensionales especiales
encuentran limitantes impuestas en virtud de la aplicación de principios
superiores como la igualdad y la favorabilidad, tal y como pasa a exponerse.

108. En materia pensional, la jurisprudencia Constitucional y del Consejo de
Estado ha admitido que la existencia de regímenes especiales que ofrezcan
un nivel de protección igual o superior al previsto por el general no vulnera el
derecho a la igualdad y que dicho tratamiento diferenciado no resulta
discriminatorio sino que favorece a sus destinatarios68.

109. Adicionalmente, ha indicado que quienes se encuentran beneficiados
por aquellos regímenes especiales, en principio, deben acogerse en su
totalidad a aquellos pues, aunque existan algunas prestaciones que no
resulten tan favorables, es posible que estén contempladas otras
disposiciones que permitan compensar ese tratamiento con otros
beneficios69.

110. No obstante, es viable que frente a una prestación en particular sea
procedente el análisis de la transgresión del derecho a la igualdad por
establecer un trato diferenciado que conlleve una desmejora evidente, de
manera arbitraria y sin razón aparente, frente a quienes están afiliados al
68 Ver, entre otras, sentencia de la Corte Constitucional C-461 de 1995 y providencia de la

Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 17 de febrero de 2017, radicación:
170012333000201300133 01 (0274-2014), actor: Mía Gladys Toro de Ramírez.
69 Sentencia C-956 de 2001.

régimen general70, pues la creación de dichas condiciones especiales busca
ofrecer protección específica a algunos sujetos que desarrollan determinada
labor, lo cual implica que no pueda ser menos beneficiosa que la prevista
para el resto de la población. Tal discriminación se configura si se dan los
siguientes presupuestos:

«(i) si la prestación es separable y (ii) la ley prevé un beneficio inferior
para el régimen especial, sin que (iii) aparezca otro beneficio superior en
ese régimen especial que compense la desigualdad frente al sistema
general de seguridad social.

Sin embargo, en virtud de la especialidad de cada régimen de seguridad
social, en principio éste es aplicable en su totalidad al usuario, por lo
cual la Corte considera que estos requisitos deben cumplirse de manera
manifiesta para que puede (sic) concluirse que existe una violación a la
igualdad. Por consiguiente, (i) la autonomía y separabilidad de la
prestación deben ser muy claras, (ii) la inferioridad del régimen especial
debe ser indudable y (iii) la carencia de compensación debe ser
evidente»71.

6.5. Principio de inescindibilidad de la norma

111. Para definir el contenido del concepto inescindibilidad, es necesario
hacer referencia a su origen etimológico. La palabra inescindibilidad se forma
con el prefijo «in», del latín in: de valor negativo o privativo 72 y el sufijo
«bilidad», que significa «cualidad en sustantivos abstractos derivados de
adjetivos». Por su parte, el vocablo «escindir»73 significa «cortar, dividir,
separar». De lo cual se concluye que el principio en cuestión hace referencia
a algo que carece de la cualidad de ser escindido, es decir, refiere a lo que
no puede ser cortado, separado o dividido.

70 Ibidem.
71 Sentencia T-167 de 2011.
72 http://dle.rae.es/?id=L9vLorj|L9vXSzQ.
73 http://dle.rae.es/?id=GEBq7jT.

112. El aludido principio en materia laboral se encuentra consagrado en el
artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo que señala:

«[…] NORMAS MAS FAVORABLES. En caso de conflicto o duda sobre
la aplicación de normas vigentes de trabajo, prevalece la más favorable
al trabajador. La norma que se adopte debe aplicarse en su integridad.
[…]» (Se subraya)

113. Por su parte, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado74 se refirió a este principio para señalar que consiste en entender que
las normas jurídicas bajo las cuales ha de regirse un asunto concreto, deben
ser aplicadas en su integridad, es decir, no pueden ser divididas para
resolver con parte de ellas y parte de otras el caso de que se trate.

114. A su vez, esta Sección75 en reiterada jurisprudencia sostuvo que la
inescindibilidad se estructura con fundamento en el principio de favorabilidad,
según el cual, no es viable desmembrar las normas legales, de manera que
quien resulte beneficiario de un régimen debe aplicársele en su integridad y
no parcialmente tomando partes de uno y otro ordenamiento. Textualmente
previó:

«[…] El principio de favorabilidad se aplica en aquellos casos en que
surge duda demostrada y fehaciente en el operador jurídico sobre cuál
es la disposición jurídica aplicable al momento de resolver un asunto
sometido a su conocimiento, al encontrar que dos o más textos
legislativos vigentes al momento de causarse el derecho, gobiernan la
solución del caso concreto. En estos eventos los cánones protectores de
los derechos del trabajador y la seguridad social ordenan la elección de
la disposición jurídica que mayor provecho otorgue al trabajador, al

74 Ver, entre otros: i) Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, conflicto de 13 de

junio de 2017, radicación 11001-03-06-000-2017-00021-00; ii) Consejo de Estado, Sala de
Consulta y Servicio Civil, concepto de 31 de julio de 1997, radicación 0992.
75 Ver entre otras: i) Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Segunda, sentencia de unificación jurisprudencial de 25 de agosto de 2016, número interno
3420-2015 ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 8 de mayo de 2008, número interno 1371-2007; iii) Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
de 9 de octubre de 2008, número interno 3021-2004.

afiliado o beneficiario del sistema de seguridad social. El texto legal así
escogido debe emplearse respetando el principio de inescindibilidad o
conglobamento, es decir, aplicarse de manera íntegra en su relación con
la totalidad del cuerpo normativo al que pertenece, sin que sea admisible
escisiones o fragmentaciones tomando lo más favorable de las
disposiciones en conflicto, o utilizando disposiciones jurídicas contenidas
en un régimen normativo distinto al elegido […]»

115. Esta postura concuerda con lo considerado por la Corte Constitucional 76
tal y como se observa en el siguiente aparte:

«[…] La condición más beneficiosa para el trabajador, se encuentra
plenamente garantizada mediante la aplicación del principio de
favorabilidad que se consagra en materia laboral, no sólo a nivel
constitucional sino también legal, y a quien corresponde determinar en
cada caso concreto cuál norma es más ventajosa o benéfica para el
trabajador es a quien ha de aplicarla o interpretarla. De conformidad con
este mandato, cuando una misma situación jurídica se halla regulada en
distintas fuentes formales del derecho (ley, costumbre, convención
colectiva, etc.), o en una misma, es deber de quien ha de aplicar o
interpretar las normas escoger aquella que resulte más beneficiosa o
favorezca al trabajador. La favorabilidad opera, entonces, no sólo
cuando existe conflicto entre dos normas de distinta fuente formal, o
entre dos normas de idéntica fuente, sino también cuando existe una
sola norma que admite varias interpretaciones; la norma así escogida
debe ser aplicada en su integridad, ya que no le está permitido al juez
elegir de cada norma lo más ventajoso y crear una tercera, pues se
estaría convirtiendo en legislador. […]» (Se subraya)

116. Finalmente, frente a este principio la doctrina77 ha manifestado lo
siguiente:

«[…] Se ha llamado inescindibilidad, es decir, la consideración global o
de conjunto, es decir, el criterio orgánico porque tiene en cuenta el

76 Ver entre otras: i) Sentencia C 168 de 1995; ii) Sentencia T-832 A de 2013.
77 López Fajardo Alberto, Elementos del Derecho del Trabajo, Bogotá, Universidad Sergio

Arboleda, 1999, página 96.

carácter unitario de cada régimen. Consiste en que se elige la norma
más favorable al trabajador, pero en su totalidad, sin aplicarlos
parcialmente o escindirla.

Se debe aplicar en su integridad, no se debe fraccionar y aplicar
disposiciones de uno y otro al caso controvertido, de tal forma que al
aplicar un texto legal se debe excluir al otro, de lo contrario se está
quebrantando este principio y se asumiría la teoría acumulista o
atomista, que sostiene que pueden extraerse de cada norma las
disposiciones que sean más favorables. […]»

117. De lo anterior, se colige que el denominado principio de derecho laboral
de inescindibilidad o indivisibilidad tradicionalmente ha sido consagrado en la
legislación legal laboral colombiana como complemento del de favorabilidad,
según el cual, cuando en un asunto se encuentran dos o más textos
aplicables a la solución del caso concreto, la norma que se adopte: i) debe
ser la más favorable al trabajador y ii) debe ser aplicada en su integridad, con
lo cual, se evita el desmembramiento de las disposiciones legales para tomar
aspectos favorables que uno y otro régimen ofrezca.

118. De manera que no podría predicarse una tensión de principios entre la
favorabilidad y la inescindibilidad, toda vez que el primero tiene un mayor
peso en atención a las normas constitucionales y convencionales que lo
consagran como un principio rector en materia laboral, del cual se deriva
incluso, el de la inescindibilidad.

119. Por otra parte, la condición más beneficiosa se presenta cuando hay
tránsito legislativo y, en ese sentido, se debe escoger entre una norma
derogada y otra vigente, y propende por la salvaguarda de las expectativas
legítimas, que es aquella que otorga a sus beneficiarios una particular
protección frente a cambios normativos que menoscaban las fundadas
aspiraciones de quienes están próximos a reunir los requisitos de
reconocimiento de un derecho subjetivo. De esta manera, quien invoca un
ordenamiento que le beneficia y quien en efecto lo aplica no puede recoger

las prebendas contenidas en el uno para incrustarlas en la aplicación del
otro.

6.6. Principio de especialidad

120. La especialidad es un principio general del derecho y su referente
normativo en el ámbito Colombiano se ubica en el artículo 3 de la Ley 153 de
1887 que dispone «Estímase insubsistente una disposición legal por declaración
expresa del legislador, ó por incompatibilidad con disposiciones especiales
posteriores, ó por existir una ley nueva que regula íntegramente la materia á que la
anterior disposición se refería», contenido del que se extrae que la disposición
que regula un asunto especial prevalece sobre aquella de carácter general,
de ahí que se identifique con el aforismo latino lex specialis derogat generali.

121. La utilidad de este principio como criterio interpretativo para resolver los
casos en los que se presenta incompatibilidad entre fuentes formales del
derecho de igual jerarquía, ha sido resaltado por la Corte Constitucional en
varias oportunidades78, dentro de las cuales conviene tener presente lo
expuesto en la sentencia C-439 de 2016, que al respecto sostuvo:

«Sobre el criterio de especialidad, se destacó en la Sentencia C-451 de
2015, que el mismo “permite reconocer la vigencia de una norma sobre
la base de que regula de manera particular y específica una situación,
supuesto o materia, excluyendo la aplicación de las disposiciones
generales”. Respecto al alcance del criterio de especialidad, en el
mismo fallo se trajo a colación lo dicho por la Corporación en la
Sentencia C-078 de 1997, al referirse esta al carácter especial de las
normas tributarias y su aplicación preferente sobre las normas del
anterior Código Contencioso Administrativo. Esta última sentencia dijo
sobe el particular:

78 Ver las sentencias C-005 de 1996, C-451 de 2015 y C-2015, entre otras.

“Ahora bien, con el objeto de contribuir a la solución de las
contradicciones o antinomias que puedan presentarse entre las
diferentes normas legales, las leyes 57 y 153 de 1887 fijaron diversos
principios de interpretación de la ley, que en este caso pueden ser de
recibo.

Entre los principios contemplados por las dos leyes mencionadas se
encuentra el de que cuando en los códigos adoptados se halle
disposiciones incompatibles entre sí ‘la disposición relativa a un asunto
especial prefiere a la que tenga carácter general’ (numeral 1° del
artículo 5° de la Ley 57 de 1887). Esta máxima es la que debe aplicarse
a la situación bajo análisis: el Código Contencioso Administrativo regula
de manera general el instituto de la revocación directa de los actos
administrativos y el Estatuto Tributario se refiere a ella para el caso
específico de los actos de carácter impositivo”[35].

6.5. Así las cosas, frente a este último criterio, el de especialidad, cabe
entonces entender que el mismo opera con un propósito de ordenación
legislativa entre normas de igual jerarquía, en el sentido que, ante dos
disposiciones incompatibles, una general y una especial, permite darle
prevalencia a la segunda, en razón a que se entiende que la norma
general se aplica a todos los campos con excepción de aquél que es
regulado por la norma especial. Ello, sobre la base de que la norma
especial sustrae o excluye una parte de la materia gobernada por la ley
de mayor amplitud regulatoria, para someterla a una regulación
diferente y específica, sea esta contraria o contradictoria, que prevalece
sobre la otra.

6.6. En relación con este último punto, la propia jurisprudencia
constitucional ha destacado que el principio de especialidad se aplica
entre normas de igual jerarquía, sin que dicho principio tenga cabida
entre preceptos de distinta jerarquía, como ocurre entre una la ley
ordinaria y una ley estatutaria, o entre la Constitución y la ley en
general, pues en tales eventos es claro que prevalece y se aplica
siempre la norma superior79»

79 Se citó la sentencia C-339 de 2002

122. Por su parte, la doctrina explica la dinámica de este principio señalando
que «se aplicará la norma general, a menos que, en el supuesto de hecho de la
vida real, se den las circunstancias más específicas y en parte divergentes del
supuesto de hecho de la norma especial, en cuyo caso se aplicará esta última»80,
situación que se desprende de la mayor aptitud que tiene la regla específica
para regular determinados supuestos de hecho que la que presenta la ley
general.

123. Otro aspecto a destacar del principio en mención es su relación con los
principios de justicia e igualdad al ofrecer un trato igual a sujetos que
pertenecen a la misma categoría «precisamente porque el ideal del
ordenamiento justo es aquel en el que se da a cada uno lo que le corresponde, por
la singularidad que le distingue como persona frente a las demás personas»81,
entonces será viable la aplicación de normas específicas a situaciones que
objetivamente merezcan una regulación diferenciada.

124. Adicionalmente, en cuanto al derecho de igualdad es necesario recordar
que aquel se concreta en los siguientes mandatos (i) brindar un trato idéntico
a personas que se encuentren en idénticas circunstancias (ii) ofrecer un trato
enteramente diferenciado a personas cuyas situaciones no tienen ningún
elemento en común (iii) otorgar trato paritario a quienes presenten similitudes
y diferencias, cuando las similitudes sean más relevantes que las diferencias,
y (iv) dispensar trato diferenciado a aquellos que se encuentran en una
posición en parte similar y en parte distinta, en donde las diferencias sean
más relevantes82.

125. Así, resulta claro que de conformidad con el primero de los anteriores
puntos, esto es, el que obliga a dar trato idéntico a las personas que se
encuentran en la misma circunstancia es necesario inferir que existe una
relación íntima del principio de especialidad con el de igualdad, pues el
primero permitirá la realización y materialización del segundo.

80 TARDÍO PATO, José Antonio: Artículo El Principio de Especialidad Normativa (Lex
Specialis) y sus Aplicaciones Jurisprudenciales.
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/784932.pdf .,, 2003, p.192.
81 BOBBIO, Norberto: Contribución a la Teoría del Derecho, Ed. Debate, 1990, Madrid,

España, pág. 347
82 En este sentido ver, entre otras, la sentencia de la Corte Constitucional C- 535 de 2017.

126. Finalmente, en este apartado debe atenderse de igual manera el
principio de inescindibilidad cuando se acuda a la aplicación de normas de
regímenes especiales.

7. Determinación de la regla aplicable a la pensión de sobrevivientes
para los beneficiarios de los soldados voluntarios muertos en
combate

127. Como antes se anotó, para efectos de reconocer la pensión de
sobrevivientes a los soldados voluntarios se tiene, por una parte, el Decreto
2728 de 1968, norma que venía rigiendo a este tipo de personal en virtud del
carácter genérico de la expresión «soldados» con la que se refiere a sus
destinatarios y que dentro de las prestaciones que consagra como
consecuencia de la muerte en combate están:

• Ascenso póstumo al grado de cabo segundo o marinero.
• Reconocimiento y pago de 48 meses de los haberes
correspondientes a dicho grado.
• Pago doble de la cesantía.

128. Por virtud del ascenso póstumo contenido en el artículo 8 del Decreto
2728 de 1968, el soldado voluntario muerto asciende a la categoría de
suboficial como cabo segundo o marinero, según el caso, por lo cual sus
prestaciones se liquidan conforme la asignación que corresponde a dicho
grado.

129. Por otra parte, la Ley 100 de 1993 exceptuó a las Fuerzas Militares de
la aplicación del Sistema Integral de Seguridad Social según el artículo 279
ibidem, y a su vez, los artículos 150, ordinal 19.º, literal e.)83 y 21784 de la

83El artículo 150 de la Constitución Política de Colombia, establece: «Corresponde al
Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: […] 19. Dictar

Constitución Política, establecieron que la ley debía fijar el régimen salarial y
prestacional especial para los miembros de las Fuerzas Militares, el cual se
encuentra justificado en el riesgo latente que envuelve la función pública que
prestan y desarrollan85.

130. Sin embargo, en el artículo 288 de la Ley 100 de 199386 permitió que
todo trabajador se beneficie de ella si ante la comparación con leyes
anteriores sobre la misma materia, esta le resulta más favorable, siempre
que se someta a la totalidad de sus disposiciones, lo cual genera duda sobre
cuál es la que debe regular la situación de los beneficiarios del soldado
voluntario frente a las prestaciones por muerte de aquel.

131. Ante el panorama normativo expuesto, se tienen, en principio, dos
fuentes formales del derecho que regulan la misma situación y frente a las
cuales se presenta duda en su aplicación, es decir que se cumplen los
supuestos que permiten emplear el principio de favorabilidad para identificar
cuál regla resulta más benefactora.

132. Se evidencia entonces la existencia de dos regímenes vigentes hasta
antes del 7 de agosto de 200287, fecha a partir de la cual los beneficiarios

las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse
el Gobierno para los siguientes efectos: […] e. Fijar el régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública.»
84 El artículo 217 de la Constitución Política, consagra: «La Nación tendrá para su defensa

unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza
Aérea. // Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía,
la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional. // La
Ley determinará el sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares, así como los ascensos,
derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen especial de carrera, prestacional y
disciplinario, que les es propio.»
85 En este sentido ver las sentencias C-432 de mayo 6 de 2004, T-372 de 2007 y T-894 de

2010, entre otras.
86 ARTÍCULO 288. APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA

PRESENTE LEY Y EN LEYES ANTERIORES. Todo trabajador privado u oficial, funcionario
público, empleado público y servidor público tiene derecho a la vigencia de la presente Ley le
sea aplicable cualquier norma en ella contenida que estime favorable ante el cotejo con lo
dispuesto en leyes anteriores sobre la misma materia, siempre que se someta a la totalidad
de disposiciones de esta Ley.
87 De conformidad con lo dispuesto por el Decreto 4433 de 2004, en el artículo 22 cuando

prevé: «[…] Igualmente, para los solos efectos previstos en el presente artículo, se entienden

de los soldados voluntarios tendrían derecho a la pensión de sobrevivientes,
en los términos del artículo 22 del Decreto 4433 de 2004.

133. A efectos de determinar cuál sería el régimen más favorable, es
menester realizar un comparativo de las prestaciones, así:

Decreto 2728 de 1968 Ley 100 de 1993

• Ascenso póstumo al grado de Pensión de sobrevivientes
cabo segundo o marinero.
• Reconocimiento y pago de 48
meses de los haberes correspondientes
a dicho grado.
• Pago doble de la cesantía.

134. De acuerdo con lo anterior, es evidente la divergencia que se presenta
entre las prestaciones que conceden ambos regímenes, especialmente en
relación con el ascenso póstumo, el cual si bien no tiene un carácter
económico sí sirve como base para el reconocimiento de las prestaciones
que se expresan en sumas líquidas, motivo por el cual la Sala se detendrá en
este particular.

7.1. Ascenso póstumo. Naturaleza y finalidad

como Soldados Profesionales, los Soldados Voluntarios que hubieren fallecido entre el 7 de
agosto de 2002 y el 31 de diciembre de 2003, en las circunstancias señaladas en el artículo
32 del presente decreto.»

135. Para el cumplimiento de la finalidad que la Constitución Política le
encomendó a las Fuerzas Militares en el artículo 217, esto es, la defensa de
la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden
constitucional, la actividad castrense está enmarcada en unos principios que
permitan su desarrollo, algunos de ellos son: disciplina, honor, patriotismo,
responsabilidad, valor, lealtad, obediencia y subordinación, entre otros que
han sido puestos de presente por las normas que recogen el código de
conducta de este personal y el régimen disciplinario, para señalar las más
recientes, la Ley 1862 de 201788, Ley 836 de 200389 y el Decreto Ley 1791 de
200090.

136. Dentro de los principios que caracterizan la actividad militar se destaca
el de honor, que ha sido definido como: «Característica del militar que lo hace
consistente con la esencia de su ser y de los principios, valores y virtudes que ha
prometido defender, respetar y acatar»91 y también como «Uno de sus pilares
fundamentales es el Honor Militar, el cual es el conjunto de cualidades morales y
profesionales que sustentan las virtudes castrenses del valor, lealtad, rectitud y
decoro y que colocan al militar en condiciones de aprecio dentro de la institución y la
sociedad a que pertenece»92 y que se exalta con reconocimientos especiales,
tales como las menciones honoríficas de que trata el artículo 30 de la Ley
1862 de 2017.

137. Aclarado lo anterior, el ascenso póstumo es un reconocimiento con
carácter honorifico para aquellos miembros de las Fuerzas Armadas que han
desplegado acciones de excepcional altruismo al servicio de la patria, y es
que, precisamente, por definición gramatical, una de las acepciones de
vocablo póstumo se refiere a «[…] Dicho de un acto, especialmente de un
homenaje: Que se realiza después de la muerte de la persona a quien va
dirigido»93, de allí que lo pretendido por esta figura es enaltecer el mayor

88 «Por la cual se establecen las normas de conducta del militar colombiano y se expide el
Código Disciplinario Militar.»
89 «Por la cual se expide el reglamento del régimen disciplinario para las fuerzas militares.»
90«Por el cual se expide el Reglamento de Régimen Disciplinario para las Fuerzas Militares.»
91 Artículo 6, ordinal 9 de la Ley 1862 de 2017.
92 Artículo 24 de la Ley 836 de 2003.
93 http://dle.rae.es/?id=TqjIDCn.

sacrificio que un miembro de la Fuerza puede hacer, esto es, el de entregar
su vida durante el combate o como consecuencia de la acción del enemigo,
en cumplimiento de los deberes constitucionales y legales que se
comprometió a observar, situación que no se predica de la generalidad de las
personas, sino que es propia de los miembros de aquellas instituciones.

138. En ese orden, es claro que este tipo de ascenso no tiene la connotación
de una prestación social que busque amparar alguna contingencia o riesgo
del servidor, de manera que se enmarque en el concepto que esta Sección
ha tenido de prestación social, como se desprende del siguiente aparte:

«[…]
Las prestaciones sociales, por su parte, han sido establecidas por el
Legislador para cubrir los riesgos o necesidades del trabajador que se
originan durante la relación de trabajo. Estas pueden estar representadas
por dinero, servicios u otros beneficios con los cuales se busca amparar
las contingencias a que suele verse sometida la persona que labora al
servicio de un empleador.
La Corte Suprema de Justicia las ha definido como aquello que debe el
patrono al trabajador en dinero, especie, servicios u otros beneficios, por
ministerio de la ley, por haberse pactado en convenciones colectivas, en
pactos colectivos, en el contrato de trabajo, establecida en el reglamento
interno de trabajo, en fallos arbitrales o en cualquier acto unilateral del
patrono; para cubrir los riesgos o necesidades del trabajador que se
originan durante la relación de trabajo o con motivo de la misma94.
[…]»95

139. Lo anterior, no obsta para los efectos económicos que el Decreto 1211
de 1990 le imprimió en materia de prestaciones por muerte en combate las
cuales deben liquidarse con base en la asignación salarial que correspondía
al grado superior, para los beneficiarios de quien perteneciendo a las

94 Ver, entre otras, las sentencias 8347 del 30 de mayo de 1996, 30745 del 19 de agosto de
2009, 36108 del 25 de junio de 2009.
95 Consejo de Estado, Sección, Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de octubre de

2011, radicación: 52001-23-31-000-2003-00451-01(1016-09), actor: Serafín Rombo Burbano
y otros.

Fuerzas Armadas pereció en combate o como consecuencia de la acción del
enemigo.

7.2. Régimen pensional aplicable

140. De acuerdo con lo hasta ahora expuesto, el estudio del ascenso
póstumo deja en evidencia que este es un reconocimiento propio de los
miembros de las Fuerzas Militares, pues son precisamente quienes están
sometidos al riesgo que supone el combate, dentro de las funciones que les
fueron asignadas para el cumplimiento de los fines del Estado.

141. De esta manera se tiene que en tratándose de soldados voluntarios
fallecidos en combate, estos tienen el derecho a las prestaciones
económicas que concede el Decreto 2728 de 1968, el cual contempla el
ascenso póstumo. Ahora por virtud de ese ascenso póstumo, el fallecido
pasa a ser suboficial de las Fuerzas Militares y por ende a ser destinatario de
las prestaciones contenidas en los regímenes prestacionales de ese
personal, que en su orden serían los Decretos 89 de 198496, 85 de 1989 y
1211 de 1990 y posteriormente, la Ley 923 de 2004 y el Decreto 4433 del
mismo año, los cuales consagraron de manera expresa la pensión de
sobrevivientes para ese personal.

142. Las diferencias entre las normas anteriores a la Ley 923 de 2004 se
evidencian en el siguiente cuadro:

Decreto 2728 de 1968 Decreto 89 de 1984 Decreto 95 de 1989 Decreto 1211 de 1990

Ascenso póstumo al grado Ascenso póstumo al Ascenso póstumo al grado Ascenso póstumo al grado

96 Es de anotar que no se incluyen prestaciones anteriores al Decreto 89 de 1984, como
quiera que fue la Ley 131 de 1985, la que previó la incorporación a las Fuerzas Militares de
los soldados voluntarios.

de Cabo Segundo o grado inmediatamente inmediatamente superior inmediatamente superior
Marinero superior

-compensación - compensación equivalente a - compensación equivalente a
equivalente a 4 años de 4 años de los haberes 4 años de los haberes
• 48 meses de los haberes los haberes correspondientes al grado correspondientes al grado
correspondientes a dicho correspondientes al conferido al causante. conferido al causante.
grado grado conferido al
causante.
• pago doble de la cesantía - pago doble de la cesantía
• pago doble de la por el tiempo servido por el por el tiempo servido por el
cesantía. - pago doble de la causante. causante.
cesantía por el tiempo
servido por el causante.

• Si hubiere cumplido 12 o - Si hubiere cumplido 12 o
más años de servicio, el pago más años de servicio, el pago
• Si hubiere cumplido 12 de una pensión mensual, de una pensión mensual,
o más años de servicio, liquidada y cubierta en la liquidada y cubierta en la
el pago de una pensión misma forma de la asignación misma forma de la asignación
mensual, liquidada y de retiro, de acuerdo con el de retiro, de acuerdo con el
cubierta en la misma grado y tiempo de servicio del grado y tiempo de servicio del
forma de la asignación causante. causante.
de retiro, de acuerdo
con el grado y tiempo de
servicio del causante.
• Si no hubiere cumplido doce - Si no hubiere cumplido doce
(12) años de servicio, sus (12) años de servicio, sus
beneficiarios en el orden beneficiarios en el orden
establecido en este estatuto, establecido en este estatuto,
con excepción de los con excepción de los
hermanos, tendrán derecho al hermanos, tendrán derecho al
pago de una pensión mensual pago de una pensión mensual
equivalente al 50% de las equivalente al 50% de las
partidas de que trata el partidas de que trata el
artículo 153 del Decreto. artículo 158 de este Decreto.

143. El anterior cuadro permite concluir que si bien por virtud del Decreto
2728 de 1968, los soldados voluntarios fallecidos en combate, ascendían a
suboficiales y por ende eran destinatarios del Decreto 89 de 1984, tal
regulación solo contemplaba la pensión de sobrevivientes para aquellos
miembros de la Fuerza Pública que hubieren fallecido en combate, y tuvieren
12 o más años de servicios, lo que no les permitía acceder a la aludida
prestación por muerte, como quiera que al haberse incorporado en esa
calidad a las Fuerzas Militares por virtud de la Ley 131 de 1985, no les era
dable reunir el requisito temporal que la norma exigía toda vez que ningún
soldado voluntario habría podido prestar sus servicios durante 12 años en
vigencia del decreto en mención.

144. Así las cosas, fue solo con la entrada en vigencia del Decreto 95 de
1989, que obtuvieron el derecho a tal prestación, toda vez que la aludida
disposición la preveía con independencia del tiempo de servicio, lo cual se
mantuvo con el Decreto 1211 de 1990, normas que mejor regulan el
supuesto de hecho consistente en la muerte de un miembro de las Fuerzas
Militares en servicio activo, en combate o como consecuencia de la acción de
enemigo, bien sea en conflicto internacional o en el mantenimiento o
restablecimiento del orden público, pues son precisamente estos servidores
los que están sometidos al riesgo especial que la defensa de la soberanía, la
independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional,
comprometen.

145. De acuerdo con lo anterior y en atención al contenido del principio de
especialidad explicado en precedencia97, se debe dar prevalencia al régimen
especial98 que regula de manera particular el supuesto de hecho a que se
refiere la norma, pues tal medida se armoniza con los principios protectorio,
pro homine, de justicia y de igualdad que encauzan el derecho laboral.

146. La identidad fáctica anotada ha sido el referente para que el Consejo de
Estado99 haya encontrado que no es razonable ni existe justificación válida
para que tanto el Decreto 2728 de 1968 como el Decreto 1211 de 1990 100
ordenen un ascenso póstumo, así como el reconocimiento de unas
prestaciones económicas en favor de sus beneficiarios, pero no el pago de la
pensión de sobreviviente a favor de quienes con el hecho de la muerte de un
miembro de la Fuerzas Militares pierden el sustento y apoyo económico que
este les brindaba, por ello, en aras de efectivizar el derecho a la igualdad y
proteger el núcleo familiar del soldado que fallece en combate, ha reparado
en la viabilidad de inaplicar el Decreto 2728 de 1968 y tener en cuenta el
Decreto 95 de 1989 o el Decreto 1211 de 1990, dependiendo de la fecha de

97 Ver acápite 6.6. de esta providencia.
98 Tan solo a partir de la entrada en vigencia del Decreto 95 de 1989.
99 En la providencia se citan: Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección B, sentencia

del 7 de julio de 2011, radicación: 2161-2009 ii) Consejo de Estado, Sección Segunda
Subsección A, sentencia del 19 de enero de 2015, radicación: 4353-2013; iii) Consejo de
Estado, Sección Segunda Subsección B, sentencia del 26 de enero de 2017, radicación:
2801-2015.
100 Argumento que resulta igualmente válido frente al Decreto 95 de 1989.

la muerte del causante, con el objetivo de reconocer la prestación
periódica101.

147. Debe considerarse además, que dado que el principio de
inescindibilidad impediría que el reconocimiento de las prestaciones por
muerte bajo las condiciones del régimen general se liquidaran con
fundamento en los haberes percibidos por el grado superior, la aplicación de
un criterio basado en los principios de igualdad material y justicia lleva a que
sea el principio de especialidad el que oriente la selección del régimen
contenido en el Decreto 95 de 1989 o en el Decreto 1211 de 1990, según la
fecha de fallecimiento, pues tal medida se acompasa de mejor manera con el
principio pro homine y la dignidad humana de quienes entregaron su vida
para el cumplimiento de los fines del Estado, acto meritorio que da lugar al
ascenso póstumo.

148. Por otra parte, en relación con la aplicación de la Ley 447 de 1998 a los
soldados voluntarios en materia de pensión de sobrevivientes, conviene
referirse a las consideraciones expuestas por la Corte Constitucional en la
sentencia C-101 de 2003, al analizar la exequibilidad del artículo 189 del
Decreto 1211 de 1990, por el cargo de vulneración del derecho a la igualdad,
frente a quienes prestaban servicio militar que estaban amparados por dicha
ley, providencia en la que se concluyó:

«Por otro lado, y en cuanto al argumento del demandante, consistente
en que existe un trato desigual para los beneficiarios de los oficiales y
suboficiales de las Fuerzas Militares frente al trato que reciben los
beneficiarios de quienes mueren en combate prestando el servicio militar
obligatorio en las Fuerzas Militares y en la Policía Nacional, toda vez que
estos últimos, independientemente del tiempo de servicio, reciben una
pensión vitalicia equivalente a un salario y medio mínimo mensual
vigente (Ley 447 de 1998), a juicio de la Corte tampoco se desconoce el
artículo 13 por cuanto se trata de supuestos de hecho distintos que
hacen imposible una comparación. Mientras el servicio militar tiene una
duración máxima de 24 meses, la carrera de los oficiales o suboficiales
es aproximadamente de 36 años para los primeros y de 23 para los

101Ver, entre otras, la providencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 25 mayo de 2017, radicación: 680012333000201400209-01 (4980-2014),
actor: Clelia Ropero Niño.

segundos. Así mismo, mientras la prestación del servicio militar es
obligatoria, el ingreso a las Fuerzas Militares para iniciar la carrera de
oficial o suboficial es un acto voluntario del individuo. El tiempo de
permanencia en las instituciones es distinto. De tal manera que no
pueden compararse las dos situaciones, por lo menos en el aspecto que
ahora ocupa la atención de la Corte, y toda vez que vistos los artículos
impugnados en conjunto con el resto de las disposiciones del Decreto
1211 de 1990, del cual hacen parte, se encuentra que los beneficios que
reciben los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, así como los
que reciben sus beneficiarios, luego de su muerte, son mayores.»

149. En efecto, la situación del conscripto en las Fuerzas Militares resulta
distinta a la del soldado voluntario, pues mientras el primero se encuentra
vinculado por la obligación constitucional de tipo temporal que se le ha
impuesto, el segundo, al igual que los oficiales y suboficiales, deviene de su
incorporación voluntaria a la institución, lo cual expone la diferencia entre los
supuestos de hecho que se regulan.

150. Así pues, se concluye que el criterio hermenéutico de especialidad
conduce a que sea el Decreto 95 de 1989 o el Decreto 1211 de 1990, según
la fecha de fallecimiento, la norma aplicable para los soldados voluntarios
fallecidos en combate desde la entrada en vigencia del Decreto 95 de 1989102
hasta el 7 de agosto de 2002, fecha a partir de la cual se aplican las reglas
contenidas en el Decreto 4433 de 2004.

7.3. Efectos del reconocimiento

7.3.1. Compatibilidad de prestaciones y descuentos

151. Establecido como está que el régimen al cual puede darse aplicación en
virtud del principio de especialidad es el contenido en el Decreto 95 de 1989

102 El cual contempló la prestación.

o en el Decreto ley 1211 de 1990, según la fecha de fallecimiento, es preciso
referirse a la consecuencia que de ello se desprende ante una eventual
sentencia favorable.

152. Al respecto, se advierte que una de las consecuencias de beneficiarse
de determinado régimen pensional es precisamente el hecho de que tiene
que someterse a este en la totalidad de sus disposiciones, condición
conocida como principio de inescindibilidad o conglobamento, sin que le esté
dado fragmentar las normas, tomando lo más favorable de las disposiciones
en conflicto.

153. Para dar cumplimiento a lo anterior, vistos los emolumentos que ofrece
el Decreto 2728 de 1968 y los contenidos en los Decretos 95 de 1989 y 1211
de 1990, se advierte que existe identidad entre ambas regulaciones y
solamente existe disparidad en cuanto al reconocimiento pensional que
permiten estos. Así las cosas, no surge incompatibilidad entre las
prestaciones que se hubieren reconocido a los beneficiarios del soldado
voluntario con sustento en el decreto citado, solamente deberían adicionarse
aquellas relativas a la pensión de sobrevivientes, por lo tanto, no es
necesario considerar descuento alguno.

154. Se aclara que esta regla es diferente a la fijada en las sentencias de
unificación SUJ-09-02 y SUJ-010-02, proferidas por la Sección Segunda de
esta Corporación los días 1.º de marzo de 2018 y 12 de abril de 2018, por las
siguientes razones: i) toda vez que en las providencias referidas se definieron
las reglas aplicables cuando la muerte acaecía en simple actividad y no en
combate como ocurre en el presente caso; ii) por cuanto en las aludidas
sentencias la pensión de sobrevivientes se reconoció con base en el régimen
general contenido en la Ley 100 de 1993, el cual no contempla como
prestación por muerte la indemnización o compensación por muerte, como sí
lo hace el régimen especial de las Fuerzas Militares, norma que rige la
prestación que acá se reconoce; iii) en atención a que la indemnización o
compensación por muerte reconocida en las sentencias de unificación
referidas no resultaba compatible con la pensión de sobrevivientes prevista
en la Ley 100 de 1993, mientras que en el presente caso sí resulta
compatible con las prestaciones consagradas en el Decreto 2728 de 1968.

7.3.2. Orden de beneficiarios

155. En cuanto al orden de beneficiarios de las prestaciones derivadas de la
muerte en combate, deberá atenderse la preceptiva que trae el Decreto 95
de 1989 o el Decreto 1211 de 1990, dependiendo de la fecha de fallecimiento
del soldado voluntario, que de manera general se equipara al Decreto 2728
de 1968, pero en lo atinente a la pensión de sobrevivientes exceptúa a los
hermanos del causante, tal y como se expone a continuación:

Decreto 95 de 1989 Decreto 1211 de 1990 Decreto 2728 de 1968

a. La mitad al cónyuge a. La mitad al cónyuge 1. La mitad a la esposa y
sobreviviente y la otra mitad sobreviviente y la otra mitad la otra mitad a los hijos
a los hijos del causante, en a los hijos del causante, en legítimos si hubiere
concurrencia estos últimos concurrencia estos últimos también hijos naturales
en las proporciones de ley en las proporciones de ley. estos concurren en esta
parte en las
proporciones de la Ley.
Si no hubiere hijos
legítimos la proporción
de estos corresponde a
los hijos naturales
b. Si no hubiere cónyuge b. Si no hubiere cónyuge 2. Si la esposa hubiere
sobreviviente, las sobreviviente, las muerto y no hubiere hijos
prestaciones corresponden prestaciones corresponden naturales, la prestación
íntegramente a los hijos en íntegramente a los hijos en corresponde
las proporciones de ley las proporciones de ley. integralmente a los hijos
legítimos.
c. Si no hubiere hijos, el c. Si no hubiere hijos la 3. A falta de hijos
cónyuge sobreviviente lleva prestación se divide así: - El legítimos y de hijos
toda la prestación. cincuenta por ciento (50%) naturales la prestación
para el cónyuge. - El corresponde a la esposa
cincuenta por ciento (50%) y a los padres legítimos
para los padres en partes o naturales del Soldado
o Grumete. A falta de

iguales. estos lleva toda la
prestación la esposa.
d. Si no hubiere cónyuge d. Si no hubiere cónyuge 4. Si la esposa hubiere
sobreviviente ni hijos, la sobreviviente ni hijos, la muerto y no hubiere hijos
prestación se dividirá entre prestación se dividir entre los legítimos el monto de la
los padres así: - Si el padres así: - Si el causante prestación se divide
causante es hijo legítimo es hijo legítimo llevan toda la entre los padres
llevan toda la prestación los prestación a los padres. - Si legítimos y los hijos
padres. -Si el causante es el causante es hijo adoptivo naturales del causante.
hijo adoptivo pleno, la la totalidad de la prestación A falta de los padres
totalidad de la prestación corresponde a los padres legítimos llevan la
corresponde a los padres adoptantes en igual prestación los hijos
adoptantes en igual proporción. - Si el causante naturales y el derecho de
proporción. -Si el causante es hijo extramatrimonial, la estos, los padres
es adoptivo simple, la prestación se divide en naturales
prestación se divide partes iguales entre los
proporcionalmente entre los padres. - Si el causante es
padres adoptantes y los hijo extramatrimonial con
padres de sangre. -Si el adopción, la totalidad de la
causante es hijo prestación corresponde a sus
extramatrimonial, la padres adoptivos en igual
prestación se divide en proporción. - Si no
partes iguales entre los concurriere ninguna de las
padres. -Si el causante es personas indicadas en este
hijo extramatrimonial con artículo llamadas en el orden
adopción plena, la totalidad preferencial en él
de la prestación corresponde establecido, la prestación se
a sus padres adoptivos en paga, previa comprobación
igual proporción. -Si no de que el extinto era su único
concurriere ninguna de las sostén a los hermanos
personas indicadas en este menores de 18 años. - Los
artículo llamadas en el orden hermanos carnales recibirán
preferencial en él doble porción de los que
establecido, la prestación se sean simplemente maternos
paga, previa comprobación o paternos. - A falta de
de que el extinto era su único descendientes, ascendientes,
sostén, a los hermanos hijos adoptivos, padres
menores de edad del Oficial adoptivos, hermanos y
o Suboficial. -Los hermanos cónyuges, la prestación
carnales recibirán doble corresponder a la Caja de
porción de los que sean Retiro de las Fuerzas
simplemente maternos o Militares.
paternos. -A falta de

descendientes,
ascendientes, hijos
adoptivos, padres adoptivos,
hermanos y cónyuges, la
prestación corresponderá a
la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares.

5o. A falta del personal
enumerado
anteriormente, la
prestación se pagará
proporcionalmente a los
hermanos menores de
edad y las hermanas
célibes del Soldado o
Grumete, previa
comprobación de que
dependerían
económicamente de él.

7.3.3. Prescripción

156. En relación con la prescripción, se debe atender el término cuatrienal
del régimen especial contenido en el régimen especial, esto es el cuatrienal
contemplado tanto en el artículo 169 del Decreto 095 de 1989 como en el
artículo 174 del Decreto 1211 de 1990. En efecto, las normas en citas
disponen lo siguiente:

«ARTÍCULO 169. PRESCRIPCIÓN. Los derechos consagrados en este
Estatuto prescriben en cuatro (4) años, que se contarán desde la fecha
en que se hicieron exigibles. El reclamo escrito recibido por autoridad
competente sobre un derecho, interrumpe la prescripción, pero sólo por

un lapso igual. El derecho al pago de los valores reconocidos prescribe
en dos (2) años contados a partir de la ejecutoria del respectivo acto
administrativo y pasarán a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.»

«ARTÍCULO 174. PRESCRIPCIÓN. Los derechos consagrados en este
Estatuto prescriben en cuatro (4) años, que se contarán desde la fecha
en que se hicieron exigibles. El reclamo escrito recibido por autoridad
competente sobre un derecho, interrumpe la prescripción, pero sólo por
un lapso igual. El derecho al pago de los valores reconocidos prescribe
en dos (2) años contados a partir de la ejecutoria del respectivo acto
administrativo y pasarán a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.»

7.4. Recapitulación de las reglas de unificación

157. De todo lo expuesto se extraen las siguientes reglas de unificación de la
jurisprudencia en el tema puesto a consideración:

1. Con fundamento en el principio de especialidad, los beneficiarios de
los soldados voluntarios fallecidos antes del 7 de agosto de 2002 103,
por causa de heridas o accidente aéreo en combate o por acción
directa del enemigo, bien sea en conflicto internacional o en
mantenimiento del orden público, pueden beneficiarse del régimen de
prestaciones por muerte contenido en el artículo 184 del Decreto 095
de 1989 o en el artículo 189 del Decreto 1211 de 1990, según la fecha
de muerte, por ser el régimen especial que regula de manera
particular el supuesto de hecho a que se refiere la norma, pues tal
medida se armoniza con los principios protectorio, pro homine, de
justicia y de igualdad que encauzan el derecho laboral.

103En atención a que el Decreto 4433 de 2004, en el artículo 22, entendió por soldados
profesionales los soldados voluntarios que hubieren fallecido entre el 7 de agosto de 2002 y
el 31 de diciembre de 2003, con lo que cambió su situación jurídica en lo atinente a las
prestaciones por muerte en combate.

2. Al reconocer el derecho a la pensión de sobrevivientes de soldados
voluntarios fallecidos en combate, no habrá lugar a descuentos de lo
pagado por concepto de compensación y cesantías dobles a sus
beneficiarios en virtud del Decreto 2728 de 1968.

3. Al hacer extensivo el régimen especial para el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes a los beneficiarios de los soldados
voluntarios fallecidos antes del 7 de agosto de 2002104, por causa de
heridas o accidente aéreo en combate o por acción directa del
enemigo, bien sea en conflicto internacional o en mantenimiento del
orden público, el término prescriptivo que debe atenderse en relación
con las mesadas pensionales, es el cuatrienal de acuerdo con lo
señalado en el régimen propio de las Fuerzas Militares (artículo 169
del Decreto 095 de 1989 y artículo 174 del Decreto 1211 de 1990).

8. Efectos en el tiempo de las sentencias de unificación. Precedente
y su vinculatoriedad.

158. La importancia del precedente en el ordenamiento jurídico colombiano
cobra cada día más trascendencia, sobre todo en vigencia de las Leyes 1437
de 2011 y 1564 de 2012. Si bien se trata de una figura más propia del
Common Law que de ordenamientos jurídicos de tradición romano-germana
el precedente ha ido consolidándose en el sistema de fuentes e incluso lo ha
transformado.

159. En ese sentido, la función unificadora del Consejo de Estado otorga
efectos relevantes y reconoce el carácter vinculante a la jurisprudencia de

104En atención a que el Decreto 4433 de 2004, en el artículo 22, entendió por soldados
profesionales los soldados voluntarios que hubieren fallecido entre el 7 de agosto de 2002 y
el 31 de diciembre de 2003, con lo que cambió su situación jurídica en lo atinente a las
prestaciones por muerte en combate.

unificación dentro de la estructura normativa.105 Estas decisiones se
constituyen en norma nueva que pasa a integrar el ordenamiento jurídico, ya
que se ocupa de la interpretación de la ley formalmente considerada con
miras a su aplicación obligatoria o vinculante. Así las cosas, la función de
expedirlas y sus efectos legales,106 se convierten en su propia «regla de
reconocimiento».107

160. Lo anterior, no implica desconocer la prevalencia de la ley108 en su
categoría de fuente principal de las decisiones judiciales (artículo 230 de la
Constitución Política). Al contrario, esta opción fue adoptada por el legislador
quien le otorgó a la jurisprudencia la categoría de fuente del derecho,109
creadora de norma integrante del ordenamiento jurídico. Sobre este
particular, la Corte Constitucional precisó lo siguiente:

«[…] 11. El reconocimiento de la jurisprudencia como fuente formal
de derecho, opción adoptada por el legislador en la norma demandada,
se funda en una postura teórica del Derecho que parte de considerar
que los textos normativos, bien sea constitucionales, legales o
reglamentarios, carecen de un único sentido, obvio o evidente, sino que
solo dan lugar a reglas o disposiciones normativas, estas sí dotadas de

105 Sentencia citada del 27-07-2017, Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00060-00.
106 Ver los artículos 10, 102, 258, 269 y 273 del CPACA.
107 A través de la regla de reconocimiento de las razones, el individuo que aplica una norma

tiene una razón de primer orden para hacerlo. En este caso específico, esta razón es el
nuevo orden jurídico que le otorga carácter vinculante a este tipo de sentencias, cuyo
desconocimiento acarrea consecuencias legales. Al respecto, Rolanto Tamayo y Salmorán
señalan que «[…] Las normas pueden ser “convertidas” en razones (como cualquier cosa) si
satisfacen la regla de reconocimiento de razones, esto es si son “convertidas” en razones
por A [el agente]. […]» . Razonamiento y argumentación jurídica. El paradigma de la
racionalidad y la ciencia del derecho. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de
Investigaciones Jurídicas. Serie Doctrinaria Jurídica. Núm. 121. 2003. página 204.
Recuperado de https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/2/757/12.pdf el 27 de
octubre de 2017.
108 Entendida como todo acto de carácter general y obligatorio, dictada por los órganos

estatales a los que el ordenamiento jurídicos les otorga carácter legislativo. Ver Garrido
Falla, F., Tratado de Derecho Administrativo T. I., Madrid 1958. P. 218 y Sayagués Laso,
Tratado de Derecho Administrativo, T. I. Montevideo 1953, p. 428. Ambos citados por Díez,
Manuel María. Derecho Administrativo T. I. Buenos Aires. Plus Ultra. 1972-2014 página 399.
109 Orozco Muñoz, Martín, en «La Creación Judicial del Derecho y el Precedente Vinculante»

define las fuentes del derecho como «[…] actos, hechos o valores con vocación normativa
establecidos por un determinado sistema como elementos de los que derivan las normas
jurídicas, siendo éstas, por tanto, un productor o resultado derivado de las fuentes. […]»
Aranzadi. Thomson Reuters, The Gloval Law Collection Legal Studies Series. 2011. P. 27.

significado concreto, previo un proceso de interpretación del
precepto.110 Esta interpretación, cuando es realizada por
autoridades investidas de facultades constitucionales de
unificación de jurisprudencia, como sucede con las altas cortes de
justicia, adquiere carácter vinculante.»111

161. En reciente providencia, la misma alta corporación refirió al respecto
que:

«[…] Si bien se ha dicho que los jueces en sus providencias sólo están
sometidos al imperio de la ley, es claro que en su labor no se limitan a
una mera aplicación mecánica de esta última, sino que realizan un
ejercicio permanente de interpretación del ordenamiento jurídico que
implica esencial-mente(sic) la determinación de cuál es la regla de
derecho aplicable al caso y los efectos que de ella se derivan. Incluso se
ha entendido que los jueces desarrollan un complejo proceso de
creación e integración del derecho que trasciende la clásica tarea de la
subsunción y elaboración de silogismos jurídicos. Precisamente, la
actividad judicial supone la realización de un determinado grado de
abstracción o de concreción de las disposiciones previstas en el
ordenamiento jurídico, para darle integridad al conjunto del sistema
normativo y atribuirle, a manera de subregla, a los textos previstos en la
Constitución o en la ley un significado coherente, concreto y útil. […]»112

110 Esta conclusión es evidente, incluso desde el positivismo jurídico, que para el caso
colombiano es recurrentemente asimilado, de manera errónea, al formalismo o a la
exégesis. Así, en términos de Hans Kelsen, “… el tribunal hace algo más que declarar o
constatar el Derecho y contenido en la ley, en la norma general. Por el contrario, la función
de la jurisdicción es más bien constitutiva: es creación de Derecho, en el sentido auténtico
de la palabra. Pues la sentencia judicial crea por completo una nueva relación: determina
que existe un hecho concreto, señala la consecuencia jurídica que debe enlazarse a él, y
verifica en concreto dicho enlace. Así como los dos hechos –condición y consecuencia- van
unidos por la ley en el dominio de lo general, tienen que ir enlazados en el ámbito individual
por las sentencias judicial es norma jurídica individual: individualización o concreción de la
norma jurídica general o abstracta, continuación del proceso de creación jurídica, de lo
general en lo individual; sólo el prejuicio según el cual todo Derecho se agota en la norma
general, sólo la errónea identificación del Derecho con ley pueden obscurecer una idea tan
evidente. Vid. KELSEN, Hans. (2009) El método y los conceptos fundamentales de la Teoría
Pura del Derecho. Editorial Reus. Zaragoza, pp. 69-70.
111 Corte Constitucional sentencia C- 634 de 2011.
112 Corte Constitucional sentencia C-179 de 2016.

162. Este razonamiento no es nuevo, puesto que desde la Sentencia C-486
de 1993 la Corte Constitucional ya avalaba esta interpretación del concepto
«ley» contenido en primer inciso del artículo 230 constitucional. Veamos:

«[…] Podría continuarse la enumeración de consecuencias irrazonables
que se derivarían de dar curso favorable a la tesis formulada. Sin
embargo, las esbozadas son suficientes para concluir que el cometido
propio de los jueces está referido a la aplicación del ordenamiento
jurídico, el cual no se compone de una norma aislada - la "ley" captada
en su acepción puramente formal - sino que se integra por poderes
organizados que ejercen un tipo específico de control social a través de
un conjunto integrado y armónico de normas jurídicas. El ordenamiento
jurídico, desde el punto de vista normativo, no puede reducirse a la ley.
De ahí que la palabra "ley" que emplea el primer inciso del artículo 230
de la C.P. necesariamente designe "ordenamiento jurídico". En este
mismo sentido se utilizan en la Constitución las expresiones "Marco
Jurídico" (Preámbulo) y "orden jurídico (Cart. 16). […]»

163. Como se observa la categoría normativa de la jurisprudencia se explica
porque cuando un órgano judicial dicta sentencia «[…] no juega un papel
pasivo, no es una máquina de subsunciones. […] la sentencia que declara ser dado
el hecho legal en el caso concreto, y falla que debe aplicarse la consecuencia
jurídica concreta, no es otra cosa que una norma jurídica individual, la
individualización o concreción de normas generales o abstractas […]».113 Por ello,
la aplicación de esa norma jurídica individual a nuevos casos, convierte a la
jurisprudencia en «fuente viva del derecho».114

164. Así las cosas, el juez, al interpretar un texto o fuente normativa,
determina el significado general del mismo para resolver la pretensión
enjuiciada a través de una decisión concreta en relación con un objeto o unos
sujetos específicos, sin que por esto deje de ser norma general vinculante
para casos posteriores115 ya que la premisa normativa extraída de la

113 Díez, Manuel María. Derecho Administrativo T. I. Buenos Aires. Plus Ultra. 1972-2014

página 502.
114 Díez, Manuel María, refiere que la historia de un pueblo se refleja mejor en la

jurisprudencia que en los textos legales. Lo anterior, en la obra citada T. I., p. 504 en la cual
cita a Vid. Pacchioni, “I potere creativi della giurisprudenza” en Rivista di Diritto Commerciale,
Roma, 1912, t. I, p. 40, quien hace alusión a Luder, J. A., («El estudio crítico de la
jurisprudencia», en La Ley, t. 46, p. 1044).
115 Orozco Muñoz, Martín, obra citada, 2011. P. 32.

interpretación realizada, adquiere la condición de «norma universal» con
proyección hacia el futuro.116

165. Esta categorización no significa que el juez se convierta en un legislador
originario e invada la órbita del órgano constitucionalmente establecido para
crear las leyes. Se niega esta calidad, porque la labor «creativa-normativa»
del juez no es libre, sino que se encuentra limitada o condicionada por el
propio sistema de fuentes que rige en el ordenamiento jurídico «[…] al que,
precisamente, dicha actividad judicial se encamina a depurar, integrar e interpretar;
lo que determina que en la depuración, integración e interpretación de las fuentes
del Derecho, los jueces encuentren delimitados o circunscritos por tal sistema de
fuentes […]».117

166. Este reconocimiento normativo de la jurisprudencia y su influencia sobre
otro tipo de decisiones judiciales se enmarca en el nuevo enfoque del Estado
Constitucional de Derecho, con el cual se superan las concepciones
tradicionales que limitaban el papel del juez respecto de la aplicación e
interpretación de la ley,118 basadas en el principio de separación de poderes
que imperó en época de la revolución francesa y que originó la escuela de la
exégesis, que no concebían al juez como creador del derecho. Esta nueva
concepción, aceptada incluso por Kelsen,119 es la que origina la
vinculatoriedad del precedente para la decisión de nuevos casos con
patrones fácticos y jurídicos similares.

116 Aguiló Regla, J. Teoría General de las fuentes del Derecho (y del orden jurídico), Ariel,

2000. pp. 110-111, citado por Orozco Muñoz, Martín, obra citada, 2011. P. 32.
117 Orozco Muñoz, Martín, obra citada, 2011. P. 152.
118 Entre cuyos expositores la Corte Constitucional menciona en la sentencia C-820 de 2006

a Juan Jacobo Rousseau (El Contrato Social. Libro II, capítulos VI y VII. Editorial Porrúa,
S.A. México. 1992. Páginas 19 a 24), Montesquieu (Del Espíritu de las Leyes. Traducción de
Nicolás Estévanez. Editorial Claridad. Buenos Aires. 1971. Páginas 187 y siguientes) y
Cesare Beccaria. (De los Delitos y de las Penas. Editorial Temis. Bogotá. Tercera Edición.
2000. Página 13).
119 Hans Kelsen habló de las «normas generales creadas por actos judiciales», «función

legislativa del poder judicial» y que la decisión del tribunal «en un caso concreto, se
convierte en precedente para la resolución de otros similares» en cuyo caso, el tribunal
«crea, mediante su decisión, una norma general que se encuentra en el mismo nivel de las
leyes que proceden del llamado órgano legislativo» Teoría General del Derecho y del
Estado, traducción de Eduardo García Máynez, Universidad Nacional Autónoma de México,
páginas 157 y, 177 y 322 citadas por Orozco Muñoz, Martín, obra citada, 2011. P. 31.

167. La Corte Constitucional, en sentencia C-816 de 2011, estableció con
claridad que las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de
Estado, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura -
autoridades de cierre de las correspondientes jurisdicciones- y la Corte
Constitucional - como guardiana de la Constitución -, tienen valor
vinculante por emanar de órganos diseñados para la unificación de la
jurisprudencia, y en virtud de los principios de igualdad, buena fe y seguridad
jurídica contenidos en los artículos 13 y 83 de la Carta Política.120 Por lo
tanto, su contenido y la regla o norma jurídica que exponen, tienen
características de permanencia, identidad y carácter vinculante y obligatorio.

168. Efectivamente, tal como lo indica la jurisprudencia constitucional, la
garantía del derecho a la igualdad en el ámbito judicial se materializa a través
de la coherencia de las decisiones judiciales. Para tal efecto, los jueces
deben resolver los casos nuevos en la misma forma en que se han resuelto
otros anteriores que presentaban un patrón fáctico y jurídico similar al nuevo
proceso. De esta forma, los funcionarios judiciales quedan sujetos tanto al
propio precedente –horizontal-, como al fijado por sus superiores funcionales
–vertical-.121

120 La Corte Constitucional ha reconocido la gran responsabilidad que tienen los órganos
situados en el vértice de las respectivas especialidades de la rama judicial, puesto que la
labor de unificación de la jurisprudencia nacional implica una forma de realización del
principio de igualdad. Sentencia T-123/95 citada en la Sentencia T-321/98.
En la sentencia C-179 de 2016 reafirmó dicha tesis al exponer lo siguiente: «[…] la función
de unificación jurisprudencial la cumplen en sus diferentes especialidades y en su condición
de órganos de cierre, según el Texto Superior, (i) la Corte Constitucional en materia de
derechos fundamentales y de examen de validez constitucional de las reformas a la Carta
como de las normas con fuerza de ley (CP arts. 86 y 241); (ii) el Consejo de Estado en
relación con su rol de Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativos (CP arts. 236 y
237); y (iii) la Corte Suprema de Justicia en su calidad de tribunal de casación y máxima
autoridad de la jurisdicción ordinaria (CP art. 235). […]»
121 SU-050-2017. Ver también sentencia T-123 de 1995. Respecto de estos precedentes, en

Sentencia C-179 de 2016 explicó la alta corporación que «[…] mientras el precedente
horizontal supone que, en principio, un juez –individual o colegiado– no puede separarse de
la ratio que ha fijado en sus propias sentencias al momento de resolver casos con idénticas
características; el precedente vertical implica que, como regla general, los jueces no pueden
apartarse de la regla de derecho dictada por las autoridades superiores en cada jurisdicción,
como previamente se dijo, encargadas de unificar la jurisprudencia. […]»

169. En relación con este último precedente, la doctrina internacional,122 lo
sub clasifica en dos vertientes: a) por supremacía y b) por jerarquía. El
primero que emana de los órganos configurados como intérpretes supremos
de un determinado ordenamiento o disposición normativa, y que está dotado
de supremacía o prevalencia sobre los restantes órganos jurisdiccionales, en
el caso colombiano se asimila a las sentencias de unificación, como se
expuso en precedencia. El segundo, «por jerarquía», que proviene de los
órganos superiores en la estructura judicial y se impone sobre los jueces de
inferior jerarquía, valga decir, el que dictan los tribunales administrativos
respecto de lo que deben decidir los jueces en el mismo distrito, o que dicta
el Consejo de Estado frente a los tribunales y jueces administrativos del país.

170. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
vinculado la noción de precedente con la existencia de un caso análogo, en
los siguientes términos: «Para que un caso sea análogo a otro, es necesario
acreditar que existe una semejanza entre los hechos del primero y los hechos del
segundo, en virtud de que ambos comparten las mismas propiedades relevantes
esenciales lo cual permite aplicar la misma consecuencia jurídica en ambos
casos».123

171. A su turno, la Corte Constitucional ha sostenido que el precedente
jurisprudencial aparece como un mecanismo realizador de la igualdad
jurídica «pues los ciudadanos pueden contar con que el derecho ya
reconocido a una persona habrá de serle reconocido a otra u otras que se
hallaren en la misma situación fáctica y jurídica inicialmente decidida» 124. Así
mismo, en la sentencia C-634 de 2011, la Corte precisó que la fuerza
vinculante de la jurisprudencia de unificación de los órganos de cierre,
proviene de los siguientes principios del Estado Social de Derecho,
deseables de los sistemas jurídicos en los estados democráticos:125

Igualdad. Obligación de los jueces de aplicar la igualdad frente a la ley
y de brindar la igualdad de trato (art. 13 CP.), es decir, que los casos

122 Orozco Muñoz, Martín, obra citada, 2011. P. 207
123 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Castañeda Gutman contra México,

sentencia del 6 de agosto de 2008, Serie C Núm. 184 párrafo 170.
124 Corte Constitucional sentencia C-811 de 2011.
125 Corte Constitucional sentencia C- 634 de 2011.

iguales deben ser resueltos en forma semejante a como se resolvieron
casos anteriores,126 salvo que existan motivos razonables para
apartarse del precedente.127

Buena fe (art. 83 CP), entendido como la confianza legítima128 en el
respeto del acto propio129 de las autoridades judiciales, a las cuales,
«[…] les están vedadas –salvo en los casos y previa satisfacción de las
exigencias y cargas a las cuales se hará referencia más adelante–
actuaciones que desconozcan la máxima latina venire contra factum proprium
non valet; desde este punto de vista, el derecho de acceso a la administración
de justicia implica también la garantía de la confianza legítima en la actividad
del Estado como administrador de justicia […]».130

Seguridad jurídica131 del ciudadano respecto de la protección de sus
derechos, entendida como la predictibilidad razonable de las decisiones

126 Orozco Muñoz, Martín, obra citada, 2011. P. 232
127 La sujeción del juez al ordenamiento jurídico le impone el deber de tratar explícitamente

casos iguales de la misma manera, y los casos diferentes de manera distinta. Sentencia C-
836 de 2001, Corte Constitucional.
128 La Corte Constitucional ha definido el principio de la confianza legítima de la siguiente

manera: «[…]Este principio pretende proteger al administrado y al ciudadano frente a
cambios bruscos e intempestivos efectuados por las autoridades. Se trata entonces de
situaciones en las cuales el administrado no tiene realmente un derecho adquirido, pues su
posición jurídica es modificable por las autoridades. Sin embargo, si la persona tiene razones
objetivas para confiar en la durabilidad de la regulación, y el cambio súbito de la misma
altera de manera sensible su situación, entonces el principio de la confianza legítima la
protege. […]» Sentencia C-478/98.
129 En relación con la teoría del acto propio, es importante señalar que la misma tiene su

origen en el principio general del derecho «Venire contra pactum proprium nellí conceditur»,
en virtud del cual es inadmisible actuar contra los actos propios hechos con anterioridad, en
razón de la confianza despertada en otro sujeto de buena fe con ocasión de una primera
conducta realizada. Su sustento normativo se encuentra en el artículo 83 de la Carta Política
que contempla el principio de buena fe. La Corte Constitucional se ha referido a la
prohibición de venirse contra el acto propio de la administración en sentencias T-475/92, T-
578/94, entre otras.
130 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

Bogotá, 04-03-2008, Radicación número: 25000-23-26-000-1999-02724-01(31120), Actor:
Red de Solidaridad Social, Demandado: Aseguradora de Fianzas S.A.-CONFIANZA-
131 Este principio propugna por la identidad de interpretación en pronunciamientos frente a un

mismo tema. Ver Sentencia citada del 27-07-2017, Radicación: 11001-03-28-000-2016-
00060-00. Chamberlain, citado por la Corte Constitucional en sentencia C-335 de 2008,
sostiene que el respeto por los precedentes se funda en un tríptico: protección de las
expectativas patrimoniales, seguridad jurídica y necesidad de uniformidad de los fallos. Sin
embargo, la alta corte refiere que, en últimas, «[…] todas ellas se subsumen tanto en el

judiciales en la resolución de conflictos132 o de coherencia de las
decisiones judiciales133 y «[…] por la necesidad de realizar lo que la doctrina
denomina la regla de la universalidad […]».134

Este principio aplica también en favor de la propia administración
pública en la medida en que los operadores jurídicos, cuando planifican
su actuación con relevancia jurídica, «[…] confían en que sus actos van a
ser regidos y juzgados bajo el mismo parámetro de la misma norma jurídica
(una misma fuente y una misma interpretación de dicha fuente), que para
actos y hechos semejantes, ha sido derivada por la jurisprudencia o por
precedentes en casos anteriores semejantes. […]».135

Interdicción de la arbitrariedad y la garantía de la imparcialidad y
objetividad. En la medida en que si el juez se encuentra motivado a
decidir con base en reglas normativas derivadas del precedente, pese
a que en un momento dado se aparte fundadamente de este, ello
permite que el ciudadano y la administración sujetos a su juicio, confíen
plenamente en que aquel lo hizo dentro del marco jurídico vigente y no
movido por sus propias e irracionales convicciones, o por la calidad de
alguno o algunos de los sujetos que intervienen en el proceso.

172. Así las cosas, uno de los aspectos más importantes del precedente es
su efecto vinculante, toda vez que a través de este se materializan los
derechos constitucionales de igualdad, seguridad jurídica y confianza
legítima.

principio de seguridad jurídica como en aquel de igualdad: casos iguales deben ser resueltos
de la misma forma […]».
132 Véanse, entre otras, las Sentencias C-836 de 2001, C-335 de 2008, C-539 de 2011, C-

816 de 2011 y C-588 de 2012.
133 Todo tribunal debe ser consistente con sus decisiones previas, pues las normas, si se

quiere que gobiernen la conducta de los seres humanos, deben tener un significado estable,
por lo cual las decisiones de los jueces deben ser razonablemente previsibles (Sentencia
SU-047 de 1999 Corte Constitucional).
134 Sentencia C-179 de 2016. Además, en la Sentencia T-775 de 2014, , se expuso que «[…]

la regla de la universalidad implica que la decisión del juez debe estar fundada no en
criterios coyunturales o ad-hoc, sino en principios generales que hayan sido formulados o
tenidos en cuenta para la resolución de casos anteriores o se construyan para fallar un
supuesto específico, pero con la posibilidad de poder aplicarlo a una hipótesis semejante en
el futuro […]» .
135 Orozco Muñoz, Martín, obra citada, 2011. P. 231

173. Por otra parte, en la teoría del discurso de Alexy, el fundamento del
valor del precedente radica en el principio de universalidad
(Universalisierbarkeitsprinzip), el cual a su vez tiene sus orígenes en el stare
decisis expresión que viene del latin «stare decisis et non quieta movere»136.
El mismo tratadista ha definido el principio de universalidad de la siguiente
manera: (x)Fx Orx, es decir, una norma según la cual para toda situación
similar a F se dará la consecuencia OR.

174. En tal virtud, y para efectos del cambio de precedente, Alexy planteó la
regla de «la carga de argumentación» (Argumentationslastregel)137, según la
cual quien quiera apartarse de un precedente está obligado a justificar sus
razones. Ello a fin de garantizar los principios constitucionales fundamentales
de igualdad de trato ante las autoridades y seguridad jurídica.

175. La regla de universalidad contenida en la decisión es esencial en
materia de vinculatoriedad del precedente, pues a través de ella, se
garantizan los principios de certeza, seguridad y objetividad, y se limita la
arbitrariedad de la decisión judicial, toda vez que se asegura que los jueces
decidan casos similares de manera similar a como se resolvieron en el
pasado. En ese sentido, para Aarnio «los tribunales tienen que comportarse de
manera tal que los ciudadanos puedan planificar su propia actividad sobre bases
racionales»138.

176. Teniendo en cuenta lo anterior, se torna indispensable señalar si los
efectos de las reglas de unificación aquí contempladas serán retrospectivos o
prospectivos.

136 Estar a lo decidido y no perturbar a lo establecido.
137 Robert Alexy «Teoría de la Argumentación Jurídica, la teoría del discurso racional como

teoría de la fundamentación jurídica», Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007,
p. 335.
138 Aulis Aarnio, «Lo racional como razonable», Centro de Estudios Constitucionales, Madrid,

1991, p. 126.

177. El efecto retrospectivo implica «la aplicación del nuevo criterio al caso
actual enjuiciado y a cualquier otro caso que haya de ser resuelto con posterioridad
donde resultara aplicable la misma fuente del Derecho seleccionada o interpretada
con el nuevo criterio jurisprudencial»139.

178. Por su parte, en el efecto prospectivo el caso actual enjuiciado debe
ser resuelto conforme al antiguo criterio jurisprudencial «anunciándose en la
misma sentencia el nuevo criterio jurisprudencial, que sólo sería aplicable para
casos posteriores, variando, no obstante los criterios para la aplicación de la nueva
doctrina, ya que puede circunscribirse a cualquier caso que se resuelva con
posterioridad a la emanación de la sentencia, o solo a los hechos enjuiciados en
procesos que se inicien con posterioridad a la sentencia, o solo a los hechos que se
produzcan con posterioridad a la sentencia».140

179. En ese sentido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE, ha
seguido el criterio de la retrospective overrulling, con base fundamentalmente
en los siguientes argumentos: «la interpretación dada por el Tribunal a un
determinado precepto comunitario tiene efectos retroactivos a la fecha de entrada
en vigor del precepto interpretado, lo que permite la invocación del nuevo criterio
interpretativo a cualquier proceso en que resulte aplicable la disposición
interpretada, abstracción hecha de la fecha de iniciación del proceso o de
producción de los hechos enjuiciados»141. Lo anterior, sin perjuicio de que en la
misma sentencia, el TJUE pueda establecer con carácter excepcional
limitaciones a tales efectos, por virtud de motivos de seguridad jurídica y
buena fe y el riesgo de trastornos graves.

180. Por su parte, en los países del Common Law «existe una general
reticencia al prospective overrulling142, aplicándose, con carácter general, el
efecto retrospectivo –regular retroaction»143. Como excepción a la regla, en
Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia ha admitido que como la

139 Martín Orozco Muñoz. «La creación judicial del derecho y el precedente vinculante».
Editorial Aranzadi, 2011. P. 248
140 Ibidem.
141 Ibidem.
142 Sobre estado de la cuestión en Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda y Canadá, ver

Juratovich, B,m 2008, pp 200-208
143 Martín Orozco Muñoz. «La creación judicial del derecho y el precedente vinculante».

Editorial Aranzadi, 2011. P. 257

Constitución no prohíbe ni impone el prospective overruling, el Tribunal
Supremo puede considerar, según las circunstancias del caso, la
procedencia o no del efecto prospectivo.

181. A su turno, la Sala Plena de esta Corporación por regla general ha dado
aplicación al cambio jurisprudencial en forma retroactiva. Y tan solo al
analizar el caso de la acción procedente para reclamar el pago de la sanción
moratoria de las cesantías, la Sala Plena de esta Corporación consideró que
la regla jurisprudencial allí definida debía tener efectos hacia el futuro, por
cuanto restringía el derecho a la administración de justicia. En dicha
providencia se indicó lo siguiente144:

«Como fue reseñado, en ocasiones anteriores se ha acudido ante esta
jurisdicción, mediante la acción de reparación directa, con el fin de
obtener el pago de la indemnización moratoria ante la falta de pago
oportuno de las cesantías definitivas, prevista en la Ley 244 de 1995,
instrumento que ahora se considera improcedente.

Sin embargo, por razones de seguridad jurídica y por respeto al derecho
de acceso a la administración de justicia, los procesos emprendidos a
través de la acción de reparación directa, que no requiere agotamiento
de la vía gubernativa, deben continuar con el trámite iniciado hasta su
culminación, conforme a las tesis jurisprudenciales correspondientes.
Por lo tanto la presente sentencia ha de ser criterio jurisprudencial a
partir de su ejecutoria.»

182. Así mismo, las diferentes Salas de esta Corporación han dado
aplicación al cambio jurisprudencial de forma retrospectiva. Y solo en
algunos casos, se determinó que la nueva regla aplicaba hacia el futuro, de
manera que los casos anteriores debían definirse por los criterios vigentes.
Estos son entre otros: i) en materia de comparecencia al proceso por parte
de la Fiscalía General de la Nación a través del director ejecutivo de

144 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de
unificación de 27 de marzo de 2007 (IJ). Rad. 76001-23-31-0002000-02513-01.

administración judicial o de la propia fiscalía145; ii) la definición del extremo
temporal inicial de la incompatibilidad prevista, para alcaldes y
gobernadores, en los artículos 31.7 y 32 y.7 y 39 de la Ley 617 de 2000, el
alcance de la aplicación de los principios pro homine y pro electoratem en
materia electoral y los efectos de la declaratoria de nulidades electorales por
vicios subjetivos146.

183. Así las cosas, se concluye que la regla general es la retrospectividad de
la jurisprudencia (retrospective overruling, adjudicative retroactivity) y que la
excepción es la prospectividad (prospective overruling). Esta última hipótesis
presupone la aplicación de un juicio de ponderación, que permita determinar
cuál es la decisión que más efectiviza los principios constitucionales.

184. Ahora bien, a efectos de definir cuándo es procedente tener en cuenta
el caso «Desist v. United States147, donde la Corte recuerda que desde “Linkletter”,
quedó establecido que la Constitución no prohíbe ni exige el efecto retrospectivo
para decisiones que contengan nuevas reglas constitucionales en materia de juicios
criminales, siempre ha considerado la retroactividad o irretroactividad de tales
decisiones en función de tres factores, “recientemente reseñados en Stovall v.
Denno, 388 U.S. 293”, que importan tener en cuenta: a) el fin al cual sirven los
nuevos standards, b) el grado de confianza sobre los viejos standards, y c) el efecto
sobre la administración de justicia de la aplicación retroactiva de los nuevos
standards»148.

185. Por su parte, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B 149,
al analizar el tema, consideró que «la nueva regla jurisprudencial resultante del
ejercicio argumentativo reforzado que requiere el cambio de un precedente debería

145 Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Tercera. Auto del 25 de septiembre de

2013. Radicación: 25000-23-26-000-1997-05033-01(20420).
146 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 7 de junio de 2016. Rad. 11001-03-28-

000-2015-00051-00 (2015-00051).
147 394 U. S. 244 (1969). Citada por Eduardo Sodero. «Sobre el cambio de los precedentes».
148 Eduardo Sodero. «Sobre el cambio de los precedentes», Alicante: Biblioteca Virtual

Miguel de Cervantes, 2005, en http://www.cervantesvirtual.com/obra/sobre-el-cambio-de-los-
precedentes-0/.
149 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B. Rad. 08001233300020130044-01.

Auto del 25 de septiembre de 2017.

aplicarse de manera inmediata150, salvo que dicha aplicación afecte de modo tal el
derecho a la igualdad, el debido proceso, a la defensa o principios como el de la
seguridad jurídica u otros consagrados por el mismo ordenamiento, que el costo
resulte abiertamente desproporcionado en relación con las razones que justificaron
el cambio, caso en el cual sería necesario optar por fijarle efectos prospectivos que,
establecidos para cada situación, eviten las consecuencias indeseables desde el
punto de vista jurídico». Dentro de los eventos en los cuales se planteó la
posibilidad de aplicar el precedente de manera retrospectiva se encuentran
los siguientes: i) cuando se restringa el derecho de acceso a la
administración de justicia; ii) cuando las partes en un litigio hayan fundado
sus pretensiones o defensa, según el caso, única y exclusivamente en el
precedente vigente al momento de su actuación ante la jurisdicción; iii)
cuando lo bien fundado de dicho precedente no haya sido cuestionado en el
trámite del proceso; y iv) cuando el cambio opere en un estadio procesal en
el que resulte imposible reconducir las pretensiones o replantear la defensa
pues, en esas circunstancias, la aplicación de la nueva regla jurisprudencial
no sólo sorprendería a las partes sino que, de facto y sin posibilidades de
reformular los términos del litigio, dejaría sin sustento la posición jurídica
defendida por una de ellas.

186. Ahora bien, en el sub examine, es importante anotar que la tesis aquí
expuesta implica la unificación de jurisprudencia, en atención a las varias
posiciones expuestas sobre la materia objeto de debate, en la cual se adopta
la posición más ventajosa para los beneficiarios de los soldados muertos en
combate, que es la que corresponde en aplicación del principio de
especialidad, y se acompasa con los principios protectorio, pro homine, de
justicia y de igualdad que encauzan el derecho laboral, adicionalmente, no se
observa que con las reglas acá establecidas se esté restringiendo el acceso
a la administración de justicia, o se configure alguna de las hipótesis
referidas anteriormente, por lo que no se advierte la necesidad de dar efectos
prospectivos al precedente que constituye esta decisión.

187. Por lo anterior, se considera que las reglas de unificación contenidas en
esta sentencia deben aplicarse de manera retrospectiva a todos los casos
pendientes de discusión tanto en vía administrativa como en vía judicial.

150 Esto es de manera retrospectiva.

188. De igual manera, debe precisarse que aquellos respecto de los cuales
ya ha operado la cosa juzgada, en virtud del principio de seguridad jurídica,
resultan inmodificables.

9. Análisis de la Sala del caso particular

9.1. Cuestión previa

189. Previo a resolver sobre los problemas jurídicos que se plantean, estima
la Sala que es importante hacer algunas precisiones en relación con la
situación que se presenta cuando una persona acude a la administración de
justicia a reclamar un derecho pensional, pero no invoca las normas precisas
que contienen el régimen que lo consagra. Lo anterior en consideración a
que el fundamento jurídico que se invocó en la demanda está referido a las
normas del sistema general de seguridad social, de manera que se hace
necesario aclarar si ello es óbice para analizar el caso bajo la perspectiva del
régimen especial del Decreto 1211 de 1990, toda vez que esa era la
normativa que regía al momento de su fallecimiento, esto es, el 3 de agosto
de 1998.

190. Sobre tal cuestionamiento, esta Sección151, en reciente sentencia de
unificación, sostuvo que este es un escenario que no se puede constituir en
un límite para el estudio de su caso particular a la luz de las normas que le
resultan aplicables y sobre el punto extrajo la siguiente regla jurisprudencial:

151Consejo de Estado, Sección Segunda, radicación: 810012333000201400012-01 (1321-
2015) CE-SUJ-SII-010-2018, Demandante: Pastora Ochoa Osorio.

«En materia pensional, por tratarse de un derecho fundamental,
irrenunciable y de aplicación inmediata, el juez contencioso administrativo
no está limitado para conocer del fondo del asunto a la luz del régimen
pensional que invoque la parte que reclama el reconocimiento de la
prestación, sino que tiene la obligación de aplicar el derecho y de resolver
los conflictos sometidos a su conocimiento conforme la normativa
pensional que corresponda y a los supuestos fácticos de la litis, de
conformidad con el artículo 103 de la Ley 1437 de 2011.»

191. Lo anterior implica que el juez de lo contencioso administrativo, cuando
conoce de un caso en materia pensional, está habilitado para aplicar la
norma contentiva del régimen que considere aplicable, sin que el principio de
la justicia rogada sea un obstáculo para ello.

192. De esta manera, el hecho de que en la demanda se haya invocado la
Ley 100 de 1993 no impide que esta corporación efectúe el estudio bajo las
disposiciones contenidas en el régimen especial contenido en el Decreto
1211 de 1990 teniendo en cuenta la regla anunciada.

193. Adicionalmente, es pertinente aclarar que no se vulnera el debido
proceso de la entidad apelante, puesto que tanto en sede administrativa
como en la judicial, lo pretendido por los demandantes consiste en el
reconocimiento de una pensión de sobreviviente por la muerte en combate
de su hijo, el soldado voluntario Ever Alonso Correa Campo, prestación que
no está contenida en el Decreto 2728 de 1968.

194. Así se desprende de las pretensiones del libelo introductor al solicitar:
«3.1 El reconocimiento y pago de la prestación económica de pensión de
sobrevivencia. 3.2 Las mesadas pensionales atrasadas, adicionales y actualizadas
contadas desde el 03 de agosto de 1998 y hacia futuro. […]»152; del escrito de
petición inicial presentado a la entidad al requerir: «Se reconozca y pague a los
Señores Dora Alicia Campo De Correa y Luis Ángel Correa Quintero […], la
prestación económica de Pensión de sobrevivientes, causada con ocasión de la

152 Folio 3.

muerte de su hijo Ever Alonso Correa Campo, sus mesadas pensionales atrasadas
y actualizadas […]»153.

9.2. Problemas jurídicos

195. Los problemas jurídicos a resolver en esta instancia se resumen en las
siguientes preguntas:

1. ¿Los demandantes, en su calidad de madre y padre del soldado
voluntario Ever Alonso Correa Campo, ascendido de forma póstuma al
grado de cabo segundo, quién falleció en combate el 3 de agosto de
1998, tienen derecho al reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes que no está prevista en el Decreto 2728 de 1968 que
contiene el régimen de prestaciones por retiro o fallecimiento de los
soldados y grumetes de las Fuerzas Militares?

196. En caso de que la respuesta al anterior interrogante sea positiva se
deberá establecer:

2. ¿Se debe ordenar el descuento de los valores pagados por la entidad
demandada en virtud de la Resolución 001663 del 12 de mayo de
1999 que reconoció unas prestaciones sociales por la muerte de Ever
Alonso Correa Campo en los términos del Decreto 2728 de 1968?

197. En caso de que el régimen aplicable sea distinto al contenido en la Ley
100 de 1993, se deberá verificar:

3. ¿Si la liquidación de la pensión de sobrevivientes con el régimen
aplicable es mayor a la que le hubiera correspondido con la liquidación
de la Ley 100 de 1993, se vulneraría el principio de la non reformatio
in pejus teniendo en cuenta que la entidad es apelante único?

153 Folio 70.

9.3. Primero, segundo y tercer problemas jurídicos

198. Frente al primer problema jurídico, la Sala sostiene la siguiente tesis:
Los señores Dora Alicia Campo de Correa y Luis Angel Correa Quintero
tienen derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes
prevista en el artículo 189, literal d.), del Decreto 1211 de 1990, con base en
las razones que proceden a explicarse.

199. En el presente caso se tiene probado lo siguiente:

1.- De acuerdo con la certificación de la Notaría Única del Circuito de
Cañasgordas, Antioquia, en el Libro de Registro Civil de nacimientos, folio
1-0522404, Ever Alonso Correa Campo es hijo de Luis Ángel Correa y
Dora Alicia Campo154.

2.- Conforme la parte motiva de las Resoluciones 1663 del 12 de mayo de
1999 y 5383 del 27 de julio de 2012, expedidas por el director de
Prestaciones Sociales del Ejército Nacional y por la directora
administrativa del Ministerio de Defensa Nacional, respectivamente, el
soldado voluntario Ever Alfonso Correa Campos fue dado de alta el 17 de
enero de 1997 y de baja el 3 de agosto de 1998 (ff. 13 y 21).

3.- En el folio 78 reposa el informe administrativo por muerte 0031
expedido por el comandante del Batallón de Contraguerrilla 42, en el cual
se indica:

«[…] Teniendo como Base el informe rendido por el señor SS. ASMAZA
CUPACAN CARLOS ALBERTO Comandante de La Contraguerrilla Siria,
el día 04 de Agosto de Agosto (sic) de 1.998 el SLV. CORRERA

154 Folio 80.

CAMPOS EVER ALOSNSO CM. 89002942, quien era orgánico de esta
Unidad desde el 14-Marzo-95.

Mencionado(sic) Soldado Voluntario se encontraba en operaciones de
registro, control y apoyo en el área del Municipio de san Carlos
Hidroeléctricas de Calderas, al mando del SS. ASMAZA CUPACAN
CARLOS ALBERTO, el día 04-Agosto-98 se encontraban descansando
en el vivac de la Contraguerrilla, siendo aproximadamente las 21:30
horas fueron atacados por subversivos del Noveno frente de las ONT
FARC, recibiendo esquirlas de granadas en todo el cuerpo, causándole
la muerte en forma instantánea por SHOCK TRAUMÁTICO.

Por lo antes expuesto y analizadas las circunstancias de tiempo, modo y
lugar de los hechos el suscrito Mayor del Batallón de Contraguerrillas No
42 “HEROES DE BARBACOAS” conceptúa que (sic) el Extinto SLV.
CORREA CAMPO EVER ALONSO CM. 89002942 que de acuerdo al
Decreto 2728/68 Art. 68, fue muerto en combate.»

4.- Se allegó certificado de la Notaría Única del Circuito de San Carlos en
el que consta la muerte violenta de Ever Alonso Correa Campo, el 3 de
agosto de 1998 (f. 79).

5.- Se aportó acta de recepción de declaraciones juramentadas de fecha
20 de agosto de 1998 ante el notario único del Círculo de Cañasgordas,
Antioquia, en el que los señores Luis Ángel Correa y Dora Alicia Campo
de Correa manifestaron que eran los legítimos padres de Ever Alonso
Correa, que murió en el municipio de San Carlos del mismo departamento
y «Que el mencionado hijo fallecido, era quien velaba por la subsistencia de los
comparecientes, ya que éstos no tienen ingresos de ninguna clase» (f. 86).

6.- Mediante Resolución 01663 del 12 de mayo de 1999 expedida por el
director de Prestaciones Sociales y el subjefe de Estado Mayor del Ejército
Nacional (f. 90) se le reconoció a los señores Luis Ángel Correa Quintero y
Dora Alicia Campo de Correa en proporción del 50% para cada uno, las

siguientes prestaciones sociales con ocasión de la muerte del soldado
voluntario Ever Alonso Correa Campo (q.e.p.d.):

«[…] Artículo 1.- Reconocer y ordenar el pago con cargo al presupuesto
del Ejército Nacional, la suma de VEINTICINCO MILLONES
SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA
Y SEIS PESOS M/CTE., ($25,764.696.00) por los siguientes conceptos:
a) Cesantías Definitiva(sic) doble: DOS MILLONES OCHOCIENTOS
SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS
M/CTE., (2,865.744.00).
b) Compensación por muerte. VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS UN
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE.,
(22,907.952.00)[…]»

7.- A través de la petición presentada el 30 de marzo de 2012, los
demandantes por medio de apoderada, solicitaron el reconocimiento y
pago de la pensión de sobrevivientes en calidad de beneficiarios del
fallecido soldado Ever Alonso Correa Campo (f. 39).

8.- Esta petición fue denegada por la entidad demandada mediante la
Resolución 5383 del 27 de julio de 2012 (ff. 95 a 97) con base en los
siguientes argumentos:

«[…] Que la Ley 131 de 1985, en concordancia con el artículo 8º del
Decreto 2728 de 1968, normas de carácter especial, de obligatorio
cumplimiento y aplicable para la época de ocurrencia de los hechos,
consagra: “El Soldado o Grumete en servicio activo, que fallezca por
causa de heridas o accidente aéreo en combate o por acción directa del
enemigo, bien sea en conflicto internacional o en el mantenimiento del
orden público será ascendido en forma póstuma al grado de Cabo
Segundo o Marinero y sus beneficiarios tendrán derecho al
reconocimiento y pago de cuarenta y ocho (48 meses de los haberes
correspondientes a dicho grado y al pago doble de la cesantía.

Que el artículo 22 del Decreto 4433 de 2004, consagra: “PENSIONES
DE SOBREVIVENCIA DE SOLDADOS PROFESIONALES. Los
beneficiarios de los Soldados Profesionales incorporados a partir de la
entrada en vigencia del Decreto Ley 1793 de 2000, tendrán derecho a
que por el Tesoro Público se les pague una pensión mensual de
sobrevivientes reconocida por el Ministerio de Defensa Nacional en las
condiciones y con los requisitos previsto en el presente decreto.
Igualmente, para los solos efectos previsto en el presente artículo,
se entiendes como Soldados Profesionales, los Soldados
Voluntarios que hubieren fallecido entre el 07 de agosto de 2002 y
el 31 de diciembre de 2003, en las circunstancias señaladas en el
artículo 32 del presente decreto”, (subrayado y negrilla fuera del texto)

Que teniendo en cuenta las normas antes citadas, se puede concluir en
forma clara, que por el fallecimiento del Cabo Segundo (póstumo)
CORREA CAMPOS EVER ALFONSO, no se generó el derecho a
pensión a favor de LUIS ANGEL CORREA QUINTERO y DORA ALICIA
CAMPO, toda vez que su fallecimiento ocurrió el 13 de agosto de
1998[…]»

9.- Formato de prestaciones sociales por muerte de personal soltero,
suscrito por los padres del señor Correa Campo, en el que se indica que
aquel era soltero y que no tuvo hijos «extramatrimoniales» (f. 85).

10.- En las declaraciones recibidas en la audiencia de pruebas llevada a
cabo el 20 de enero de 2014, se registran las siguientes manifestaciones
en relación con la dependencia económica de los actores frente a su hijo:

• Interrogatorio de parte

(i) Dora Alicia Campo de Correa: Indicó que es ama de casa, que tuvo en
total 8 hijos y que antes del fallecimiento de su hijo Ever Alonso era él
quien sufragaba los gastos del hogar, pues su esposo laboraba como
jornalero y sus ingresos son ocasionales, situación que se mantiene
hasta la actualidad y no recibe ayuda de sus otros hijos pues ninguno
tiene la posibilidad de hacerlo.

(ii) Luis Ángel Correa Quintero: Sostuvo que su hijo Ever Alonso no tuvo
hijos ni esposa, que su sustento lo devenga de su labor en una «tierrita» y
de trabajos ocasionales que consigue, en relación con sus ingresos
textualmente señaló: «Digamos que subiría al mes $100.000 cien mil pesos,
siempre y cuando haya café. Preguntado: Manifieste cuantos(sic) son sus
gastos mensuales y los de su señora: Responde: Mensualmente así de tienda
150.000 o 200.000 fuera de la legumbre y la carne. Pregunta: Si se gana
100.000 y gasta 150.000 esa diferencia como la compensa. Responde: Me toca
hacer préstamo que pagaría con la cosecha. La cosecha viene a ser cada 7
meses y son por ahí 2 meses de café.[…]».

• Testimonios

(i) María Victoria Correa, quien convive con uno de los hijos de los
demandantes y conoció al señor Ever Alonso, manifestó: «usted sabe de
qué derivaban el sustento los demandantes: Contestó: Económicamente
dependían de él y don Luis dependía del jornal que le resultaba de vez en
cuando. Preguntado: Para cuando falleció Ever Alonso de qué devengaba su
sustento los demandantes? Responde: Del jornalito y la gente del pueblo les
colaboraba con mercado. Preguntado: Qué actividad económica desarrollaba
doña Dora Alicia y don Luis? Responde Doña Alicia es ama de casa y don Luis
jornalero. Preguntado: Porque(sic) le consta que ellos dependía
económicamente de Ever Alonso? Porque(sic) él cada mes les hacía llegar la
mesada para que ellos pudieran ir a mercar al pueblo. Preguntado: Usted sabe
si Ever Alonso tenía compañera o hijos? Responde (sic) No tenía hijos, no sé si
tenía esposa.[…]» (f. 110 y 108 CD.).

(ii) Marta Ligia Montoya de Quiceno, quien conoce a los demandantes
porque uno de sus hijos estuvo casado con una de las hijas del
matrimonio Correa Campo: «Preguntado: de quién dependían la señora Dora
Alicia y don Luis? Dependían de él y él se fue al Ejército para poderlos ayudar.
Preguntado: Porqué asegura que doña Alicia y don Luis dependían de Ever
Alonso: Contestó: Porque yo los visitaba cada 8 días y cuando iba a pasear nos
encontrábamos en el pueblo para ir a mercar y soy sabedora de que él los
ayudaba. Preguntado: De qué derivaban el sustento don Luis y doña Alicia una
vez fallecido Ever Alonso? Responde: Del jornal que le daban una que otra vez
y las ayudas de las buenas personas.[…]»

(iii) John Alexander Gaviria Borja que convive con una de las hijas de los
demandantes, indicó que conoce a los hijos de los esposos Correa
Campo, además que «Dependían económicamente de Ever Alonso.
Preguntado: Qué hacía don Luis? Responde: mendigar que le dieran un día de
trabajo. Preguntado: Qué hacía para entonces doña Dora? Ama de casa.
Preguntado: Por qué le consta que doña Dora y don Luis dependían
económicamente de Ever Alonso: Contestó Porque le mandaban la plata y yo le
preguntaba y decía que sí que ha (sic) había llegado y él iba fiaba y cuando
llegaba la plata él iba y pagaba. Preguntado: con qué frecuencia era el envío de
plata? Era una obligación como del esposo con la esposa.[…]» (ff. 112)

• Régimen aplicable

200. Con fundamento en el principio de especialidad, los beneficiarios de los
soldados voluntarios y los soldados profesionales fallecidos antes del 7
de agosto de 2002155, por causa de heridas o accidente aéreo en combate o
por acción directa del enemigo, bien sea en conflicto internacional o en
mantenimiento del orden público, pueden beneficiarse del régimen de
prestaciones por muerte contenido en el Decreto 1211 de 1990, por ser el
régimen especial vigente a la fecha de su fallecimiento y el que regula de
manera particular el supuesto de hecho a que se refiere la norma, pues tal
medida se armoniza con los principios protectorio, pro homine, de justicia y
de igualdad que encauzan el derecho laboral.

201. De lo anterior se colige que, en el presente caso y, en virtud de los
principios de especialidad, protectorio, pro homine, igualdad y justicia, es
procedente inaplicar el artículo 8 del Decreto 2728 de 1968, con fundamento

155En atención a que el Decreto 4433 de 2004, en el artículo 22, entendió por soldados
profesionales los soldados voluntarios que hubieren fallecido entre el 7 de agosto de 2002 y
el 31 de diciembre de 2003, con lo que cambió su situación jurídica en lo atinente a las
prestaciones por muerte en combate.

en el artículo 4 de la Constitución Política156, en cuanto no señala el
reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente a favor de los
familiares de los soldados voluntarios muertos en combate para en su lugar,
aplicar el artículo 189 del Decreto 1211 de 1990, que sí reconoce la citada
prestación pensional a favor de los beneficiarios de que trata el artículo 185
de la misma que dispone «d.) Si no hubiere cónyuge sobreviviente ni hijos, la
prestación se dividir entre los padres así: - Si el causante es hijo legítimo llevan toda
la prestación a los padres.[…] », en porcentaje liquidado de conformidad con el
artículo 189, literal d.) ibidem, en cuanto prevé: «tendrán derecho a que el
Tesoro Público les pague una pensión mensual equivalente al cincuenta por ciento
(50%) de las partidas de que trata el artículo 158 de este Decreto […]»,

Verificación de requisitos

• Muerte en combate

202. En el plenario se encuentra acreditado con el informe administrativo por
muerte 0031, expedido por el comandante del Batallón de Contraguerrilla 42,
que Ever Alonso Correa Campos falleció en combate (f. 78).

• Condición de beneficiarios

156
Artículo 4º.- La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre
la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.

Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las
leyes, y respetar y obedecer a las autoridades.

203. De acuerdo con las pruebas antes relacionadas y no controvertidas por
la entidad demandada se tiene que los señores Dora Alicia Campo de Correa
y Luis Ángel Correa Quintero acreditaron ser los padres del señor Ever
Alonso Correa Campos, con la certificación del registro civil de nacimiento (f.
72) quien estuvo vinculado al Ejército Nacional durante 3 años, 1 mes y 6
días, condición que los habilita como beneficiarios de las prestaciones por
muerte de su fallecido hijo.

• Ausencia de otros beneficiarios

204. De conformidad con el documento que obra en el folio 85, lo indicado en
el interrogatorio de parte y los testimonios, el señor Ever Alonso Correa
Campos no tuvo hijos, no contrajo matrimonio ni tenía compañera
permanente, información que no controvirtió la parte demandada.

205. Ahora bien, en relación con la dependencia económica de los
beneficiarios frente al causante, aspecto que cuestiona la parte demandada
es pertinente señalar que este no se constituye en una exigencia incluida en
el Decreto 1211 de 1990 para el reconocimiento de prestaciones por muerte
en combate, no obstante, frente al particular es oportuno hacer las siguientes
precisiones:

206. La Sección Segunda de esta Corporación157 entendió la dependencia
económica «[…] como aquella situación de subordinación a que se halla sujeta
una persona respecto de otra en relación con su “modus vivendi”. Relación de
dependencia dentro de la cual deberá observarse, por parte del beneficiado o
amparado, una conducta sensata, eso sí, acorde con la dignidad humana pero
desprendida de ostentación o suntuosidad alguna. […]».

157
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 22 de noviembre de
2012. Radicación: 05001-23-31-000-2006-03456-01 (0448-2012), Actor: Piedad del Socorro
Mejía González.

207. Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C-066 de 2016
señaló: «[…]: (i) la falta de condiciones materiales mínimas en cabeza de los
beneficiarios del causante de la pensión de sobrevivientes, para auto-
proporcionarse o mantener su subsistencia; (ii) la presencia de ciertos ingresos no
constituye la falta de la misma, ya que tan solo se es independiente cuando el
solicitante puede por sus propios medios mantener su mínimo existencial en
condiciones dignas».

208. En estos términos, es claro que la dependencia económica no puede
asumirse desde la óptica de la carencia total de recursos económicos, sino
en la falta de condiciones materiales mínimas para la subsistencia. Es de
anotar que dicho concepto debe ser analizado en armonía con los postulados
constitucionales y legales que enmarcan la seguridad social, tales como la
protección especial a las personas que por su condición económica, física o
mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta.

209. En el asunto bajo estudio la apoderada del Ministerio de Defensa
cuestiona la dependencia económica que tenían los demandantes respecto
de su hijo, al considerar que han trascurrido más de 17 años desde el
fallecimiento del causante durante los cuales no han recibido ayuda
económica de su fallecido hijo.

210. En relación con dicho aspecto, en primer lugar, es necesario precisar
que el hecho del paso del tiempo, luego de la muerte del causante, no
implica que en vida no hubiere sido el soporte económico de su hogar, del
cual, lógicamente, se vieron privados luego de su deceso, situación que
como antes se dejó claro es precisamente la que pretende amparar la
prestación en discusión.

211. En segundo lugar, se advierte que el requisito de dependencia se
encuentra plenamente acreditado con la prueba documental que obra en el
folio 86 y con los testimonios de las personas que los conocen desde antes
de la muerte de Ever Alfonso Correa Campo y que afirmaron de manera
coincidente que él era el soporte económico de sus padres, pruebas que no
fueron controvertidas por la demandada, empero, como se dijo, tal exigencia

no resulta trascendencia para el reconocimiento pensional en los términos
del Decreto 1211 de 1990.

Salario base de liquidación

212. En consecuencia, dado que el señor Ever Alonso Correa Campo prestó
sus servicios al Ejército Nacional, por un lapso inferior a 12 años, la
liquidación de la mesada, en aplicación del Decreto 1211 de 1990, artículo
189, debe realizarse debe realizarse teniendo como base los haberes
correspondientes al grado conferido, esto es de cabo segundo, sobre el
equivalente al 50% de las partidas de que trata el artículo 158 de la misma
normativa, que textualmente prescribe:

«ARTICULO 158. LIQUIDACIÓN PRESTACIONES. Al personal de
Oficiales y Suboficiales que sea retirado del servicio activo bajo la
vigencia de este estatuto, se le liquidarán las prestaciones sociales
unitarias y periódicas sobre las siguientes partidas así:

• Sueldo básico.

• Prima de actividad en los porcentajes previstos en este estatuto.

• Prima de antigüedad.

• Prima de Estado Mayor, en las condiciones previstas en este estatuto.

• Duodécima parte de la prima de Navidad.

• Prima de vuelo en las condiciones establecidas en este Decreto.

• Gastos de representación para Oficiales Generales o de Insignia.

• Subsidio familiar. En el caso de las asignaciones de retiro y pensiones,
se liquidará conforme a lo dispuesto en el artículo 79 de este estatuto,
sin que el total por este concepto sobrepase el cuarenta y siete por
ciento (47%) del respectivo sueldo básico.

PARÁGRAFO. Fuera de las partidas específicamente señaladas en este
artículo ninguna de las demás primas, subsidios, auxilios, bonificaciones
y compensaciones consagradas en este estatuto, ser computable para
efectos de cesantías, asignaciones de retiro, pensiones, sustituciones
pensionales y demás prestaciones sociales.»

213. De acuerdo con lo anterior, debe tenerse en cuenta que según la
Resolución 001663 del 12 de 1999, los haberes que corresponden al grado
de cabo segundo son: Sueldo básico ($382976.00), prima de actividad
($57446.00) y una doceava de la prima de navidad ($36702), valores que
deberán ser indexados.

214. Ahora bien, como quiera que ya se encuentran establecidos los criterios
para la liquidación de la prestación en comento, es necesario verificar si tal
medida resulta más desfavorable al Ministerio de Defensa, Ejército Nacional.
Ello, en atención a que el artículo 328 del Código General del Proceso
impone al juez de segunda instancia la limitación de hacer más desventajosa
la situación del apelante único.

215. Para lo anterior, se observa que la liquidación de la pensión con base en
el régimen general, se liquida de acuerdo a lo preceptuado por la Ley 100 de
1993 en el artículo 48, que ordena que sea equivalente al 45% del ingreso
base de liquidación, el cual según lo dispuesto por el artículo 21 ibidem
corresponde al «promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el
afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en
todo el tiempo si este fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez o
sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación del índice de
precios al consumidor, según certificación que expida el DANE», es decir, que se
debe tener en cuenta la asignación salarial que devengaba un soldado
voluntario, que para lo que interesa al preste caso será el sueldo básico
($326122.00) y la prima de antigüedad ($63593.79), certificados en el folio 88
del expediente.

216. En esas condiciones, es evidente la diferencia entre una y otra
mesadas, pues resulta más elevada la liquidada conforme el régimen
especial. No obstante, dada la condición de apelante único del Ministerio de

Defensa, Ejército Nacional, no es viable modificar la decisión del a quo en
este sentido sin desconocer la limitante impuesta por el principio de la non
reformatio in pejus.

Prescripción

217. Adicionalmente, en lo que se refiere al término de prescripción, debe
decirse que al hacer extensivo el régimen general para el reconocimiento de
la pensión de sobrevivientes, el cual como se dijo, debe atenderse en su
integridad en virtud del principio de inescindibilidad de las leyes, el término
prescriptivo que debe atenderse en relación con las mesadas pensionales es
el cuatrienal, de acuerdo con lo previsto por el artículo 174 del Decreto 1211
de 1990, cuyo tenor literal es el siguiente:

«ARTICULO 174. PRESCRIPCIÓN. Los derechos consagrados en este
Estatuto prescriben en cuatro (4) años, que se contarán desde la fecha
en que se hicieron exigibles. El reclamo escrito recibido por autoridad
competente sobre un derecho, interrumpe la prescripción, pero sólo por
un lapso igual. El derecho al pago de los valores reconocidos prescribe
en dos (2) años contados a partir de la ejecutoria del respectivo acto
administrativo y pasarán a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares»

218. Lo expuesto en precedencia implica que el reconocimiento debería tener
efectos a partir del 29 de marzo de 2008 por prescripción cuatrienal, no
obstante, dado que en el sub examine el apelante único es el Ministerio de
Defensa, una modificación de la decisión en tal sentido, vulneraría el principio
de la non reformatio in pejus.

Descuentos

219. De otra parte, no se ordenará descuento alguno por concepto de
compensación y cesantías dobles, comoquiera que no existe incompatibilidad
entre las prestaciones por muerte en combate reconocidas en la Resolución
001663 del 12 de mayo de 1999 y las que se ordena reconocer en virtud del
Decreto 1211 de 1990, sino que contrario a ello, se presenta identidad entre
aquellas. Tal como se explicó en las reglas de unificación, al señalarse que
por tratarse de una muerte en combate, y de la aplicación del régimen propio
de las Fuerzas Militares y no el régimen general contenido en la Ley 100 de
1993, no es dable la realización de los descuentos.

220. Sin embargo, como la sentencia de primera instancia no se pronunció
en relación con los descuentos tampoco hay lugar a efectuar una declaración
en tal sentido.

En conclusión:

221. Los demandantes, en su calidad de madre y padre del soldado
voluntario Ever Alonso Correa Campo, ascendido de forma póstuma al grado
de cabo segundo, quien falleció en combate el 3 de agosto de 1998, tienen
derecho, al reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente prevista en
el régimen contenido en el Decreto 1112 de 1990, en aplicación del principio
de especialidad, en armonía con los principios protectorio, pro homine, de
justicia y de igualdad que encauzan el derecho laboral, en consideración a
que acreditaron los requisitos establecidos por este. Tal prestación se
reconocerá a partir del 29 de marzo de 2009 por prescripción trienal, para no
hacer más desfavorable la situación del apelante único.

222. La liquidación de la pensión de sobrevivientes con el régimen especial
aplicable para el reconocimiento pensional de los señores Dora Alicia Campo
Correa y Luis Ángel Correa Quintero, en calidad de beneficiarios del señor

Ever Alonso Correa Campo, es mayor a la que le hubiera correspondido con
la liquidación de la Ley 100 de 1993, sin embargo, no es viable modificar la
orden impartida en la sentencia de primera instancia, en atención a que
resulta desfavorable para la Nación, Ministerio de Defensa Nacional.

223. De otra parte, de los valores reconocidos por concepto de pensión de
sobrevivientes no se debe ordenar el descuento de lo pagados por la entidad
demandada por virtud de la Resolución 001663 del 12 de mayo de 1999 que
reconoció unas prestaciones sociales por la muerte de Ever Alonso Correa
Campo, en los términos del Decreto 2728 de 1968, toda vez que las
prestaciones que concede dicha normativa guardan identidad con las que
contiene el Decreto 1211 de 1990, excepto por el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes. En efecto, recuérdese que por tratarse de la
muerte en combate de un soldado voluntario se da aplicación al régimen
especial de las Fuerzas Militares y no al régimen general de la Ley 100 de
1993, por lo que no es dable predicar la incompatibilidad de las prestaciones.

10. Extensión de la decisión que aquí se adopta

224. El artículo 10 de la Ley 1437 de 2011 tiene como finalidad garantizar en
el ámbito administrativo el principio de igualdad, por tal razón consagra el
deber de las autoridades administrativas de aplicar de manera uniforme las
normas y la jurisprudencia a situaciones que tengan similares supuestos
fácticos y jurídicos. Por su parte, y en consonancia con el aludido principio, el
artículo 102 ibidem establece que es obligación de las autoridades extender
los efectos de una sentencia de unificación jurisprudencial dictada por el
Consejo de Estado en la que se haya reconocido un derecho, a quienes lo
soliciten y acrediten los mismos supuestos.

225. A su turno, el artículo 270 ejusdem señaló que son sentencias de
unificación jurisprudencial las siguientes: i) las que profiera el Consejo de
Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o por necesidad
de unificar o sentar jurisprudencia, esto es, las dictadas en virtud del artículo
271; ii) las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y; iii) las relativas

al mecanismo eventual de revisión previstas en el artículo 36A de la Ley 270
de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009.

226. Así las cosas y teniendo en cuenta que esta sentencia se profiere por la
necesidad de unificar jurisprudencia, causal prevista en el artículo 271 de la
Ley 1437 de 2011, y que además en ella se reconoce un derecho, la
presente sentencia de unificación jurisprudencial es extendible en virtud de
los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, a todas las personas que
acrediten encontrarse en la misma situación fáctica y jurídica.

227. Por lo anterior, la autoridad administrativa deberá reconocer a los
beneficiarios de los soldados voluntarios fallecidos en combate, la pensión de
sobrevivientes consagrada en el artículo 189, literal d.) del Decreto 1211 de
1990, o 184, literal d) del Decreto 95 de 1989, según la fecha del deceso,
siempre y cuando se acrediten los requisitos exigidos por el régimen general
para efectos del reconocimiento de dicha prestación, esto es, acreditar el
parentesco con el causante. El reconocimiento de tal prestación se sujetará a
las siguientes reglas:

1) Deberá atender el orden de beneficiarios de que trata el artículo 185
del Decreto 1211 de 1990 o el del Decreto 95 de 1989, según la fecha
de fallecimiento.
2) Para efectos de calcular el monto de la pensión habrá de tener en
cuenta los haberes correspondientes al grado conferido como
consecuencia del ascenso póstumo.
3) El ingreso base de liquidación deberá establecerse conforme las
partidas computables previstas en el artículo 158 del Decreto 1211 de
1990 o las del artículo 153 del Decreto 95 de 1989.
4) No deberá efectuar descuento alguno por concepto de la
compensación por muerte que hubiere recibido de conformidad con
las reglas de unificación señaladas en esta providencia.

Decisión de segunda instancia

228. Por las razones que anteceden se confirmará la sentencia de primera
instancia, proferida el 21 de agosto de 2015 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Segunda de Decisión Oral, que accedió parcialmente a las
pretensiones de los demandantes.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Unificar la jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido de
precisar lo siguiente:

• Con fundamento en el principio de especialidad, los beneficiarios
de los soldados voluntarios fallecidos antes del 7 de agosto de
2002158, por causa de heridas o accidente aéreo en combate o por
acción directa del enemigo, bien sea en conflicto internacional o
en mantenimiento del orden público, pueden beneficiarse del
régimen de prestaciones por muerte contenido en el artículo 184
del Decreto 095 de 1989 o en el artículo 189 del Decreto 1211 de
1990, según la fecha de muerte, por ser el régimen especial que
regula de manera particular el supuesto de hecho a que se refiere
la norma, pues tal medida se armoniza con los principios

158En atención a que el Decreto 4433 de 2004, en el artículo 22, entendió por soldados
profesionales los soldados voluntarios que hubieren fallecido entre el 7 de agosto de 2002 y
el 31 de diciembre de 2003, con lo que cambió su situación jurídica en lo atinente a las
prestaciones por muerte en combate.

protectorio, pro homine, de justicia y de igualdad que encauzan el
derecho laboral.

• Al reconocer el derecho a la pensión de sobrevivientes de
soldados voluntarios fallecidos en combate, no habrá lugar a
descuentos de lo pagado por concepto de compensación y
cesantías dobles a sus beneficiarios en virtud del Decreto 2728
de 1968.

• Al hacer extensivo el régimen especial para el reconocimiento de
la pensión de sobrevivientes a los beneficiarios de los soldados
voluntarios fallecidos antes del 7 de agosto de 2002159, por causa
de heridas o accidente aéreo en combate o por acción directa del
enemigo, bien sea en conflicto internacional o en mantenimiento
del orden público, el término prescriptivo que debe atenderse en
relación con las mesadas pensionales, es el cuatrienal de
acuerdo con lo señalado en el régimen propio de las Fuerzas
Militares (artículo 169 del Decreto 095 de 1989 y artículo 174 del
Decreto 1211 de 1990).

Segundo: Confirmar la sentencia de primera instancia, proferida el 21 de
agosto de 2015 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de
Decisión Oral, que accedió parcialmente a las pretensiones de los
demandantes, por las razones expuestas en esta providencia.

Tercero: Advertir a la comunidad en general que las consideraciones
expuestas en esta providencia en relación con los temas objeto de
unificación, constituyen precedente obligatorio en los términos de los
artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, para todos los casos en discusión
tanto en vía administrativa como judicial, toda vez que los efectos de la

159En atención a que el Decreto 4433 de 2004, en el artículo 22, entendió por soldados
profesionales los soldados voluntarios que hubieren fallecido entre el 7 de agosto de 2002 y
el 31 de diciembre de 2003, con lo que cambió su situación jurídica en lo atinente a las
prestaciones por muerte en combate.

presente sentencia de unificación son retroactivos, en atención a lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.

Cuarto: De igual manera, debe precisarse que los casos respecto de los
cuales ya ha operado la cosa juzgada, en virtud del principio de seguridad
jurídica, resultan inmodificables.

Quinto: Por tratarse de una sentencia de unificación que reconoce un
derecho, esta sentencia debe ser extendida por las autoridades
administrativas en virtud de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, a
quienes acrediten encontrarse en los mismos supuestos fácticos y jurídicos,
de conformidad con las reglas señaladas en la parte motiva de esta
providencia.

Sexto: Efectuar las anotaciones correspondientes en el programa « Justicia
Siglo XXI» y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal
de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente
sesión.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

CÉSAR PALOMINO CORTÉS CARMELO PERDOMO CUÉTER

RAFAEL SUÁREZ VARGAS GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

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