Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-00789-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-00789-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2021-00789-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
3 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D. C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2021-00789-01 (6157-2024)
Demandante: Luis Fernando Ceballos Palacios
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio1 y Departamento del Valle
del Cauca, Secretaría de Educación
Temas: Reconocimiento de pensión de jubilación. Régimen docente.
Vinculación anterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el Fomag contra la sentencia
proferida el 1 de agosto de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Luis Fernando Ceballos Palacios presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-administrativo2, en
orden a que se declarara la nulidad del acto administrativo ficto generado frente a
1 En lo que sigue Fomag.
2 En lo que sigue CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 76001-23-33-000-2021-00789-01 (6157-2024)
Demandante: Luis Fernando Ceballos Palacios
la petición del 27 de abril de 2021, por medio de la cual la Secretaría Municipal de
Palmira le negó el reconocimiento de la pensión por aportes bajo la condición del
retiro definitivo del cargo de docente.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) el reconocimiento de la pensión de jubilación «equivalente al 75% de los
salarios y las primas recibidas, anteriores al cumplimiento del status jurídico de
pensionado(a), es decir a partir del 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 por haber completado
las 1.000 semanas de aportes y los 60 años de edad, sin exigir el retiro definitivo del cargo,
para proceder a su cancelación, en compatibilidad con el salario en la docencia oficial»
(sic); ii) la inclusión en nómina y el pago de las mesadas adeudadas desde la fecha
en la que adquirió el estatus pensional y hasta su pago, con los reajustes anuales
de ley; iii) el pago de los intereses moratorios a partir del día siguiente de la fecha
de ejecutoria de la sentencia y hasta el pago efectivo; iv) la indexación de las sumas
adeudadas; v) el cumplimiento del fallo en los términos de los artículos 192 y 195
del CPACA; y vi) la condena en costas a las entidades demandadas.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Luis Fernando Ceballos Palacios nació el «7 de septiembre de 1960».
3.2. Efectuó aportes «al antiguo ISS, hoy liquidado, y del cual sus semanas de cotización
se encuentran en COLPENSIONES y cuyos aportes como semanas de cotización se
encuentran en 542.86 semanas de las cuales para este proceso serán contabilizadas
368.43 semanas en virtud que, por el periodo comprendido entre 19 de abril de 1988 al 30
de junio de 2001 se encontraba cotizando al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio. Lo anterior de conformidad con los arts. 18 de la Ley 100/93, 20 del Decreto
692/94 y posteriormente con el art. 30 del Decreto 1406/99, en los cuales se establece que
no es posible sumar semanas de cotización que se hubiesen hecho de manera simultánea
en la doble calidad de afiliado dependiente e independiente, toda vez que dichas
disposiciones consagran, la sumatoria de salarios para efectos de incrementar el monto de
la pensión, no para acumular semanas» (sic).
3.3. Trabajó en la Contraloría Departamental del Valle del Cauca como revisor fiscal
del 14 de septiembre de 1987 al 30 de junio de 1995 y como técnico desde el 7 de
julio de 1995 hasta el 29 de junio de 2001.
3.4. Laboró «en el sector público ejerciendo la labor de DOCENTE desde el año 2000, antes
de la entrada en vigencia de la ley 812 de 2003 por medio de contrato de orden de
prestación de servicio», así:
Entidad Contrato/ orden Desde Hasta Duración
2
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Demandante: Luis Fernando Ceballos Palacios
de prestación de
servicio
Secretaría de OPS (sin número) 1 de septiembre 15 de 105 días
Educación de 2000 noviembre de
Departamental 2000
del Valle del OPS 900 1 de octubre de 15 de diciembre 75 días
Cauca 2001 de 2001
OPS 900 8 de enero de 5 de julio de 179 días
2002 2002
OPS 900 26 de agosto de 22 de 89 días
2002 noviembre de
2002
OPS 3425 1 de octubre de 22 de 53 días
2002 noviembre de
2002
3.5. Por medio de la Resolución 2407 del 26 de diciembre de 2002, el gobernador
del Valle del Cauca lo nombró en provisionalidad en el cargo de docente del
municipio de Buga Grupo de Apoyo a la Gestión Educativa Municipal, en donde se
desempeñó hasta el 24 de agosto de 2005.
3.6. El 11 de enero de 2008 fue vinculado a la docencia oficial al servicio de la
Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca en propiedad y «hasta
la fecha de presentación de esta respetuosa demanda» (sic).
3.7. El 27 de abril de 2021 solicitó al Fomag el reconocimiento de la pensión de
jubilación por aportes de conformidad con lo establecido en las leyes 71 de 1988,
91 de 1989 y 812 de 2003 y demás normas concordantes; «[p]or medio del acto
administrativo ficto demandado configurado el 27 DE JULIO DE 2021 se niega a mi
representado, la pensión de jubilación por aportes a la edad de 60 años para gozar de su
merecida pensión de jubilación por aportes como lo determina el contenido de la ley 71 de
1988» (sic).
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 7 de la Ley 71 de 1988; 15, numerales 1 y
2, de la Ley 91 de 1989; 6 de la Ley 60 de 1993; 115 de la Ley 115 de 1993; 279 de
la Ley 100 de 1993; 81 de la Ley 812 de 2003; y 1 y 2 del Decreto 3752 de 2003.
5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente3:
5.1. La pensión ordinaria de jubilación de los servidores públicos tuvo origen en la
Ley 6ª de 1945, posteriormente fue regulada por la Ley 33 de 1985 y más adelante
3 Índice 3 de Samai de Tribunales y Juzgados, expediente digital, archivo
«1_EXPEDIENTEDIGITAL_01DEMANDAANEXOSY(.PDF) NroActua 3».
3
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Demandante: Luis Fernando Ceballos Palacios
complementada por el artículo 7 de la Ley 71 de 1988, disposición que permitió
acumular aportes efectuados tanto al ISS como a entidades públicas de previsión
social para consolidar la denominada pensión por aportes. La posibilidad de sumar
tiempos públicos y privados también cobijó a los docentes oficiales, especialmente
a partir del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, además los educadores que acreditaron
una vinculación al servicio público antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003 conservaron la posibilidad de pensionarse bajo ese marco normativo anterior,
sin quedar automáticamente sometidos a la Ley 100 de 1993.
5.2. La entidad demandada desconoció el régimen pensional de transición aplicable
a docentes vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
requisitos que deben entenderse satisfechos incluso en la modalidad de prestación
de servicios. El artículo 1 de la citada norma protegió la expectativa legítima de los
docentes vinculados antes del 26 de junio de ese año, sin que sea necesario
acreditar que para esa fecha el educador estuviera necesariamente prestando sus
servicios.
5.3. Acreditó los tiempos de servicio necesarios y la edad requerida por la norma
para que se le reconociera la pensión de vejez por aportes en los términos de la Ley
71 de 1988, la cual además era compatible con el salario de modo que no era
correcto que se le exigiera el retiro definitivo del servicio público.
1.2. Contestaciones de la demanda
6. El Fomag se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, con
fundamento en lo siguiente4:
6.1. Los derechos laborales del demandante no se vulneraron ni se incurrió en el
desconocimiento de las disposiciones legales aplicables, toda vez que no resultaba
procedente el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes, porque aquel
no reunió con los requisitos legales para acceder a la prestación en atención a la
fecha de vinculación y a la pérdida de continuidad de la relación laboral con la
entidad.
6.2. El régimen aplicable al demandante se determinó a partir de la fecha de su
vinculación, así pues «teniendo en cuenta la historia laboral de la demandante, y que (…)
se vinculó como docente en propiedad a partir del año 2008» (sic), es decir, con
posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, le eran aplicables las
leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.
4 Índice 16 de Samai de Tribunales y Juzgados, archivo
«19_CONTESTACIONDEDEMANDA_CONTESTACIONLUISFE(.pdf) NroActua 16».
4
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Demandante: Luis Fernando Ceballos Palacios
6.3. En atención a lo anterior, propuso las siguientes excepciones: i) Inexistencia de
la obligación o cobro de lo no debió; ii) legalidad del acto administrativo expedido;
iii) «de la condena en costas» (sic); y iv) genérica.
7. El Departamento del Valle del Cauca contestó la demanda en los siguientes
términos5:
7.1. La entidad carecía de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que esta
recaía exclusivamente en el Fomag, administrado por la Fiduciaria La Previsora
S.A., de conformidad con la Ley 91 de 1989. En consecuencia, no tenía
competencia para satisfacer las pretensiones de la demanda, pues su intervención,
a través de la Secretaría de Educación Departamental, se limitó al trámite
administrativo de recepción, proyección y suscripción de los actos
correspondientes, previa aprobación del fondo.
7.2. Con fundamento en lo anterior, propuso como excepciones las de: i) falta de
legitimación en la causa por pasiva; ii) cobro de lo no debido; y iii) innominada.
1.3. La sentencia apelada
8. En sentencia del 1 de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca accedió a las pretensiones de la demanda. En ese sentido, dispuso:
«PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva alegada por el DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del acto presunto negativo producto de la solicitud
radicada el 27 abril de 2021, mediante el cual se negó el reconocimiento de una pensión
de jubilación por aportes al señor LUIS FERNANDO CEBALLOS PALACIOS, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Como restablecimiento del derecho, se CONDENA a la NACIÓN-
MINISTERIO DE EDUCACIÓN- FOMAG, que reconozca al actor una pensión de
jubilación por aportes de que trata la Ley 71 de 1988, en cuantía del 75% de los factores
salariales cotizados en el año anterior a la adquisición del estatus jurídico de pensionado
-30 de septiembre de 2015 al 30 de septiembre de 2016-, incluyendo la asignación básica
y la bonificación mensual docente, sin que se le exija el retiro definitivo del servicio para
devengar la mesada pensional por ser compatible con el salario, pagadera a partir del
27 de abril de 2018 por haber operado la prescripción trienal como se explicó en la parte
motiva.
CUARTO: ORDENAR a la NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN- FONDO
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, que cumpla esta
sentencia aplicando los artículos 187 y 192 del CPACA como se expuso en la parte
motiva de esta providencia.
5 Índice 14 de Samai de Tribunales y Juzgados, archivo
«13_CONTESTACIONDEDEMANDA_05CONTESTACIONDEMAN(.PDF) NroActua 14».
5
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Demandante: Luis Fernando Ceballos Palacios
QUINTO: Sin condena en costas.» (sic).
9. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos6:
9.1. Luis Fernando Ceballos Palacios nació el 30 de septiembre de 1956 y cotizó
542,86 semanas de forma discontinua al extinto ISS, desde el 15 de enero de 1979
hasta el 30 de junio de 2001. Asimismo, el 30 de agosto de 2000, el 1 de octubre de
2001, el 8 de enero y el 26 de agosto 2002, suscribió contratos de prestación de
servicios con la Secretaría de Educación del Departamento del Valle del Cauca para
ejercer la labor docente; se vinculó en provisionalidad a la docencia oficial el 26 de
diciembre de 2002 y en propiedad el 11 de enero de 2008.
9.2. Si bien el tiempo de servicio prestado mediante contratos de prestación de
servicios podía ser computado para efectos del reconocimiento de la pensión de
jubilación, era necesario que respecto de tal periodo se hubiesen realizado los
respectivos aportes a la seguridad social, circunstancia que no se acreditó. Sin
embargo, se demostró que se había vinculado a la docencia oficial en
provisionalidad el 26 de diciembre de 2002, es decir, antes de la entrada en vigencia
de la Ley 812 de 2003, razón por la cual le era aplicable la Ley 71 de 1988 sin que
le fuera exigible acreditar la condición de beneficiario del régimen de transición del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
9.3. Toda vez que contaba con 60 años de edad al 30 de septiembre de 2016 y había
acreditado más de 20 años de servicios cumplió con los requisitos previstos en la
Ley 71 de 1988, sumados entre la docencia oficial y lo cotizado al extinto ISS. En
consecuencia, tenía derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación por
aportes, sin que le fuese exigido el retiro definitivo del servicio para devengar la
mesada pensional, porque esta prestación era compatible con el salario. Tal
garantía que le asistía por haberse vinculado al magisterio antes de la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003.
9.4. Respecto de las mesadas pensionales anteriores al 27 de abril de 2018, operó
la prescripción porque el derecho pensional se había consolidado a partir del 30 de
septiembre de 2016 y la correspondiente reclamación administrativa se presentó el
27 de abril de 2021.
9.5. La falta de legitimación en la causa por pasiva alegada por el Departamento del
Valle de Cauca se configuró porque, aunque las entidades territoriales intervienen
a través de sus secretarías de educación en la expedición de los actos
administrativos que resuelven las solicitudes pensionales de los docentes oficiales
afiliados al Fomag, lo hacen de acuerdo con el procedimiento establecido en el
6 Índice 42 de Samai de Tribunales y Juzgados.
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Demandante: Luis Fernando Ceballos Palacios
artículo 57 de la Ley 1955 de 2019. Sin embargo, el reconocimiento y pago de la
pensión está a cargo del Fomag.
1.4. El recurso de apelación
10. El Fomag presentó recurso de apelación con fundamento en lo siguiente 7:
10.1. El
tiempo de servicio acreditado por el demandante mediante órdenes de
prestación de servicios no podía ser computado para efectos pensionales, en la
medida en que esa modalidad de vinculación correspondió a una civil y no laboral.
10.2. Si bien el a quo invocó el principio de primacía de la realidad sobre las formas,
era improcedente su aplicación al presente asunto, porque no existió un proceso en
el que se hubiese encontrado acreditado los elementos de la relación laboral. En
todo caso, la aplicación del referido principio podría generar un detrimento
patrimonial de la entidad, toda vez que era necesario que se hubiesen realizado los
aportes a pensión por el periodo ejecutado bajo órdenes de prestación de servicios
y, en caso de haberse efectuado, debía responder por estos la entidad a la cual se
realizaron las cotizaciones.
10.3. Comoquiera que el actor se vinculó «legal y reglamentaria sólo en fecha posterior
a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, el régimen pensional aplicable resulta ser
el contenido en la Ley 100 de 1993, y no el régimen que se alega a través del medio de
control» [Ley 71 de 1989].
10.4. Tampoco le era aplicable la Ley 71 de 1989 por virtud del régimen de transición
de la Ley 100 de 1993, porque contaba con 38 años al 1 de abril de 1994 y con
538,86 semanas o 10,32 años.
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
11. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar8.
12. Sin embargo, la entidad solicitó que se revocara la sentencia con fundamento en
que Luis Fernando Ceballos Palacios había ingresado al servicio docente en el año
2008, es decir, con posterioridad a la Ley 812 de 2003 y tampoco era beneficiario
del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, razones por las que no le era
aplicable la Ley 71 de 1988. Además, los tiempos laborados mediante órdenes de
7 Índice 46 de Samai de Tribunales y Juzgados, archivo «42_MemorialWeb_Recurso-
RecApeLUISFERNANDO(.pdf) NroActua 4».
8 Tal y como se indicó en el auto del 29 de noviembre de 2024. Índice 4 de Samai.
7
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Demandante: Luis Fernando Ceballos Palacios
prestación de servicios no podían computarse por falta de declaración judicial de la
relación laboral y de acreditación de los aportes pensionales. Asimismo, comoquiera
que la situación laboral del actor se regía por la «Ley 100 de 1993 y la Ley 812 de 2003,
y no por el Decreto 2277 de 1979. En consecuencia, debido a que su vinculación es
posterior a la entrada en vigor del Decreto 1278 de 2002, le aplica la incompatibilidad entre
salario y pensión.» (sic)9.
13. Por su parte, «DORA ALBA BOLIVAR en calidad de cónyuge Supérstite del docente
LUIS FERNANDO CEBALLOS PALACIO (Q.E.PD.) se presentó en la oficina en el mes de
diciembre de 2025 e indicó que el docente había fallecido y aportó la resolución 1.210-03-
01-00633 del 25 de abril de 2024 mediante la cual, la Secretaría de Educación
Departamental realizó el retiro del docente de su planta de personal por fallecimiento. Ahora
bien, de conformidad con lo expuesto en las pruebas y en el libelo demandatorio, que [Luis
Fernando Ceballos Palacios] en vida tuvo vinculaciones como servidor público, mediante
órdenes y/o contratos de prestación de servicios, la vinculación oficial y los aportes
realizados al antiguo ISS, hoy liquidado y del cual sus semanas de cotización se encuentran
en COLPENSIONES, tal y como se manifestó en el libelo demandatorio; es decir, que el
señor LUIS FERNANDO CEBALLOS PALACIOS (Q.E.P.D.) cotizó sus aportes al antiguo
ISS, hoy liquidado y del cual sus semanas de cotización se encuentran en COLPENSIONES
además de las vinculación bajo la modalidad de orden y/o contrato de prestación de
servicios, además de las vinculaciones con nombramiento en Provisionalidad desde el
antes de la entrada en vigencia de la ley 812 de 2003» (sic)10.
14. Además, existía compatibilidad entre el salario que recibe el docente oficial y el
disfrute de la pensión sin distinción de la ley pensional aplicable. En ese sentido, se
ha pronunciado en varias oportunidades el Consejo de Estado11.
1.6. El Ministerio Público
15. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto12.
2. Consideraciones
2.1. Cuestión previa
16. En el pronunciamiento de segunda instancia, la parte demandante puso de
presente el fallecimiento de Luis Fernando Ceballos Palacios. Al respecto se
encuentra que, tal circunstancia, por sí sola, no impone la interrupción del proceso
ni la necesidad de disponer la comparecencia previa de los eventuales sucesores
9 Índice 21 de Samai.
10 Índice 22 de Samai.
11 25000-23-42-000-2020-00549-01 (3118 2022); 17001-23-33-000-2019-00338-01 (2944-2022);
17001-23-33-000-2021-00305-01 (2674-2023); 76001-23-33-000-2021-00994-01 (3530-2023), entre
otras.
12 Así se advierte del informe secretarial del 6 de mayo de 2026. Índice 23 de Samai.
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Demandante: Luis Fernando Ceballos Palacios
del causante.
17. Asimismo, la Sala recuerda que el fallecimiento del demandante no implica la
terminación del poder judicial previamente otorgado ni afecta, por sí solo, la
continuidad del proceso. Es decir, una vez presentada la demanda, la muerte del
«mandante» no extingue el mandato conferido, sin perjuicio de la facultad de los
herederos o sucesores para revocarlo. En ese sentido, el abogado reconocido
conservaría sus facultades para continuar con el trámite normal del proceso en
defensa de los intereses jurídicos y patrimoniales del causante, en los términos del
poder otorgado, de conformidad con los artículos 76 y 159 del Código General del
Proceso.
18. En tales términos, todas las actuaciones procesales adelantadas con
posterioridad al fallecimiento del causante se encontrarían amparadas por las
garantías procesales correspondientes. Lo anterior de manera alguna desconocería
los derechos que se pudieran generar a favor de los herederos, cónyuge supérstite,
compañero permanente, albacea o demás interesados que pudieran acreditar
legitimación sobre la masa sucesoral del fallecido13.
19. Ahora bien, aunque en el pronunciamiento de la entidad demandada en esta
instancia se planteó la incompatibilidad entre la pensión y el salario, este aspecto
no fue propuesto como motivo de inconformidad en el recurso de apelación. En
consecuencia, no es posible abordar su estudio en esta oportunidad, pues ello
implicaría desconocer el principio de preclusión procesal y la finalidad de los
alegatos de conclusión, los cuales permiten desarrollar los argumentos
oportunamente expuestos de cara a las pruebas aportadas y las consideraciones
de la contraparte, sin que sea posible agregar nuevos planteamientos.
2.2. Los problemas jurídicos
20. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia, se circunscriben a establecer
lo siguiente:
20.1. ¿Si el tiempo laborado por Luis Fernando Ceballos Palacios con ocasión de
órdenes y contratos de prestación de servicios podía ser computado para efectos
del reconocimiento de la pensión de conformidad con la Ley 71 de 1988 o si para
ello debía existir una decisión judicial que reconociera la existencia de una relación
laboral?
13 En igual sentido se pronunció esta Sala con anterioridad en la sentencia del 12 de junio de 2026,
radicado: 7000-23-33-000-2019-00166-01 (0238-2025), C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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Radicado: 76001-23-33-000-2021-00789-01 (6157-2024)
Demandante: Luis Fernando Ceballos Palacios
20.2. ¿Si constituía un requisito para acceder al reconocimiento pensional que Luis
Fernando Ceballos Palacios hubiera realizado los aportes al sistema de pensiones
correspondientes al periodo durante el cual estuvo vinculado bajo órdenes y
contratos de prestación de servicios? y
20.3. ¿Si era beneficiario de las prerrogativas dispuestas en el artículo 81 de la Ley
812 de 2003 por tener una vinculación a la docencia oficial con anterioridad a la
fecha de su entrada en vigencia y, en consecuencia, podía acceder a la pensión de
jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de 1988?
2.3. Marco normativo
2.3.1. Sobre el sistema de seguridad social creado por la Ley 100 de 1993 y el
régimen exceptuado de los docentes afiliados al Fomag
21. La Constitución Política previó la seguridad social en su artículo 48 como «un
servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y
control del Estado». Tiene esta connotación porque su finalidad es satisfacer, de
forma continua, una necesidad de carácter general consistente en amparar las
contingencias que se presenten para las personas derivadas de la vejez, invalidez,
enfermedad o muerte14. La norma le otorgó en su inciso segundo la calidad de
«derecho irrenunciable», por lo que es considerado un derecho fundamental al
repercutir directamente en la vida y dignidad de las personas15.
22. En virtud de lo anterior, el Estado asumió la obligación de diseñar e implementar
el sistema de seguridad social que conlleva la integración de normas que, de
manera conjunta y coordinada, sirvan para regular la prestación de ese servicio
público y lograr su satisfacción16. Este mandato lo cumplió con la expedición de la
Ley 100 de 1993 que creó «el sistema de seguridad social integral» con el fin de «unificar
la normatividad y la planeación de la seguridad social […]»17. El sistema quedó
conformado por cuatro componentes o subsistemas: el Sistema General de
Pensiones, el Sistema General de Salud, el Sistema General de Riesgos
Profesionales y los Servicios Sociales Complementarios.
23. La ley reguló el Sistema General de Pensiones en su libro primero y con él unificó
los regímenes que existían con antelación, así lo señaló de forma expresa y fue
14 Sobre el particular se puede leer la providencia C-623 de 2004.
15 Al respecto se pueden consultar las siguientes sentencias. Sentencia T-019 de 2009, T-395 de
1998, T-076 de 1999, T-321 de 1999 y T-101 de 2001
16 El término «sistema lo define la RAE como un «Conjunto de reglas o principios sobre una materia
racionalmente enlazados entre sí».
17 Preámbulo y artículo 6.
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expuesto en sus antecedentes legislativos18. Está integrado por dos regímenes
específicos, autónomos e independientes, denominados: « Régimen Solidario de
Prima Media con Prestación Definida» y «Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad».
Para cada uno dispuso las instituciones encargadas de administrarlos, la afiliación,
su financiación a través de cotizaciones obligatorias y subsidios del Estado, los
requisitos para obtener la prestación social, las diferentes pensiones que reconocen,
los beneficiarios y el monto pensional.
24. El Sistema General de Pensiones reglado en la Ley 100 de 1993 rige en su
integridad todo lo relacionado con el reconocimiento pensional y las entidades que
lo administran. Es así porque su finalidad fue unificar todos los regímenes
pensionales que existían antes de su expedición, lo que consiguió al disponer que
todos los trabajadores públicos, privados e independientes deben cotizar a sus
subsistemas.
25. No obstante, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó del sistema integral
de seguridad social contenido en esa norma, entre otros, a los afiliados al Fomag,
para lo cual dispuso:
«Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel
que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no
remunerados de las Corporaciones Públicas.
Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán
compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será
responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que
se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se
expida». [Resalta la Sala].
26. Dentro de los denominados «regímenes exceptuados» de la aplicación de la Ley
100 de 1993, están comprendidos (i) los integrantes de las Fuerzas Militares y de la
18 Ibidem. En la exposición de motivos de la ley se explicó lo siguiente: «[l]a dispersión de regímenes
pensiónales dentro del sector público se corresponde con gran multiplicidad, de entidades, lo cual
se refleja en la existencia de cerca de un millar de cajas, y en una tendencia a la deserción de
entidades y afiliados de Cajanal, que se suponía debía haber sido la entidad para centralizar y
homogenizar la previsión del nivel nacional. (…) Por último, se unificarán los sistemas pensionales
vigentes para el sector público y el sector privado. Los trabajadores del sector público tendrían un
régimen de beneficios y contribuciones idéntico al del sector privado, que se realizaría a través de
los mismos fondos. (…) A la larga, se eliminará la multiplicidad de regímenes e instituciones
previsionales del sector público así como las inequidades dentro del mismo, y respecto a las
pensiones del sector privado. Como en el sector privado, los beneficios extraordinarios en el sector
público tendrán que ser complementarios voluntarios y a cargo de los trabajadores y los recursos
propios de las entidades; en ningún caso estarán a cargo del fisco o de terceros, y tendrán que:
constituirse efectivamente las reservas necesarias». Congreso de la República Gaceta No. 087 -
1992 páginas 11 y 12.
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Policía Nacional; (ii) el personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, excepto al
vinculado en vigencia de la referida ley; (iii) los miembros no remunerados de las
corporaciones públicas; (iv) los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio; y (v) los servidores de la Empresa Colombiana de Petróleos
vinculados antes de la vigencia de la Ley 797 de 200319.
27. Estos cuentan con normativa propia que fijan los requisitos que los trabajadores
beneficiarios deben cumplir para obtener la pensión y reglan sus distintas
modalidades de pensión.
28. En el sector docente oficial, la Ley 91 de 1989 «[p]or la cual se crea el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio» distinguió entre el personal docente nacional,
nacionalizado y territorial y distribuyó las obligaciones prestacionales de los docentes
(artículos 1 y 2), según se resume a continuación:
Personal Tipo de vinculación Prestaciones sociales a Entidad responsable
docente cargo
Vinculados por Las causadas hasta 29 de La extinta Cajanal y el Fondo
nombramiento del diciembre de 1989 y en Nacional del Ahorro o las que
gobierno nacional adelante, los reajustes y la hicieren sus veces.
Nacional sustitución de pensiones
Las causadas a partir del 29 La nación y pagadas por el
de diciembre de 1989 Fomag
Las causadas hasta el 31 de Las respectivas entidades
diciembre de 1975 y en territoriales o las cajas de
adelante, los reajustes y la previsión, o las entidades que
sustitución de pensiones hicieren sus veces, a las cuales
Vinculados por venía vinculado este personal
nombramiento de Las causadas en el período La Nación o las respectivas
entidad territorial de nacionalización (1 de entidades territoriales o las
antes y después del enero de 1976 – 31 de cajas de previsión, o las
1/1/1976 (Ley 43/75) diciembre de 1980), los entidades que hicieren sus
reajustes y la sustitución de veces (estas entidades deben
pensiones contribuir en los porcentajes
establecidos en el artículo 3 de
Nacionalizado la Ley 43 de 1975).
Las causadas y no pagadas Las respectivas entidades
entre el 1 de enero de 1981 y territoriales o las cajas de
el 29 de diciembre de 1989 previsión social, o las
entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba
vinculado dicho personal.
La nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
Las causadas a partir del 29 La nación y pagadas por el
de diciembre de 1989 Fomag
29. Uno de los componentes que regula la Ley 91 de 1989 es el régimen prestacional
con el ánimo de lograr cierta unidad e igualdad frente a la disparidad anterior, por lo
19 Artículo 3 que modificó el 15 de la Ley 100 de 1993.
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que el artículo 15 ibidem prevé que a partir de su entrada en vigor, los docentes
nacionales y aquellos que ingresen del 1° de enero de 1990 en adelante, estarán
regulados por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden
nacional, entre ellas, los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o
que se expidan en el futuro, verbigracia, la Ley 344 de 1996.
30. En materia pensional, el citado artículo 15, numeral 3, literal b), dispone que i) a
los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen
prestacional que habían gozado en cada entidad territorial, de conformidad con las
normas vigentes; y ii) aquellos que ingresaron a partir del 1° de enero de 1990,
nacionales y nacionalizados, tienen derecho a una pensión de jubilación bajo el
régimen general y ordinario de pensiones del sector público nacional, de acuerdo
con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último
derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.
31. La Ley 60 de 199320, derogada por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001, asignó
la administración de los servicios educativos estatales a los municipios, financiados
con recursos propios y con los provenientes de su participación del situado fiscal,
en conjunto con los departamentos. En el artículo 6 ibidem dispuso la incorporación
del personal docente de los órdenes departamental, distrital y municipal al Fomag,
así como la conservación del régimen prestacional anterior, mientras que a las
nuevas vinculaciones se les aplicaría la Ley 91 de 1989. En consecuencia, las
prestaciones sociales causadas antes de la afiliación al señalado fondo y sus
reajustes, reliquidaciones y sustituciones serían cubiertas por la respectiva entidad
territorial o el ente de previsión social a la cual se hubieren realizado los aportes; a
diferencia de las que se hicieran exigibles con posterioridad, que estarán a cargo
del indicado fondo.
32. Sobre el particular, el Consejo de Estado, en sentencia del 23 de febrero de 2006,
expediente 2002 – 0594, con ponencia del magistrado Tarsicio Cáceres Toro, sobre
el tema objeto de análisis, precisó:
«De lo anterior resalta que los docentes nacionales y nacionalizados que se
incorporen a las plantas departamentales y distritales de educación en las
condiciones señaladas en la Ley 60 de 1993 quedan sometidos en cuanto a la
20 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con
los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».
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pensión de jubilación – ordinaria o derecho prevista en la Ley 91 de 1989, la
cual es de régimen ‘ordinario’, como ya se dijo. Y los docentes territoriales en
cuanto a la citada pensión tenían que estar sometidos a la ley pensional
‘ordinaria’ pertinente (salvo situaciones especiales que se deben demostrar)
debido a que las autoridades locales no tenían facultad constitucional para
regular esa materia; por eso algunas disposiciones dictadas en materia
pensional para los empleados territoriales por autoridades locales resultan
contrarias al régimen constitucional; claro está que las situaciones definidas y
consolidadas en aplicación de un régimen local gozan de protección conforme
al Art. 146-1 de la Ley 100/93.
[…]
La Ley 115 de 1994, en la parte final del inciso 1º del artículo 115 claramente
dispone: ‘El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido
en la Ley 91 de 1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente Ley’. Pues bien,
como ya se vio, en materia de pensión de jubilación – ordinaria o derecho, ni la
Ley 91 de 1989, ni la Ley 60 de 1993 consagraron un régimen ‘especial’; ahora,
la actual ley, tampoco lo hace. Y se aclara que el hecho que esta Ley disponga
lo dicho sobre el régimen pensional en su artículo 115 que se intitula ‘Régimen
Especial de los Educadores Estatales’, dado el contenido de la norma, como
ya se vio, realmente no consagra un régimen especial en materia de pensión
de jubilación – derecho de los docentes. Así, esta ley no hizo otra cosa que
ratificar el régimen de jubilación establecido en el momento, lo que indica que
la Ley 33 de 1985, seguía siendo la norma aplicable para los docentes
nacionales. Además, las pensiones de jubilación de los docentes reconocidas
en su tiempo al amparo de la Ley 6ª/45 o el D.L. 3135/68 (antecesoras de la
Ley 33/85) lo fueron bajo disposiciones ‘generales’ de pensiones del sector
administrativo, que no tuvieron el carácter de ‘especiales’.»
33. Por tanto, la Ley 33 de 1985 unificó el régimen de la pensión de jubilación de los
servidores públicos, aplicable a todos los niveles que no estuviesen exceptuados
por ley, tal como sucede para la pensión de jubilación ordinaria de los docentes
nacionales y nacionalizados respecto de quienes no se prevé un régimen legal
especial.
34. En razón a que los docentes no gozan de régimen especial en materia pensional,
en principio, la norma aplicable es la Ley 33 de 1985, la cual dispone que los
empleados oficiales que sirvan o hayan servido 20 años continuos o discontinuos y
lleguen a la edad de 55 años tendrán derecho a pensionarse con el equivalente al
75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año
de servicio.
2.3.2. Interpretación del artículo 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989
en concordancia con lo regulado en las leyes 33 de 1985 y 71 de 1988
35. En cuanto a la posibilidad de aplicar la Ley 71 de 1988 a los docentes oficiales,
de conformidad con lo previsto en los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y 15,
numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989. La Sala considera que es procedente su
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aplicación, por las razones que se presentan a continuación y cuyo fundamento es
lo hasta ahora expuesto:
36. La primera razón tiene que ver con la intención que tuvo el legislador al
establecer en el numeral 2, literal b), del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 que los
docentes «gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional»
la cual permite concluir que la expresión también incluyó el régimen previsto en la
Ley 71 de 1988. Es así por cuanto en el debate legislativo del proyecto que condujo
a la expedición de la Ley 91 de 1989, al explicar el sentido del artículo 15, señaló:
«[e]l principio de iniciación prestacional o de régimen único es relativo y se entiende de
la siguiente manera: Todos los maestros colombianos, con excepción de los del nivel
superior o universitario, vinculados a la nación, de conformidad con las leyes vigentes, a
partir del 1 de enero de 1990, quedarán sometidos al sistema prestacional y de cesantías
aplicable a los empleados públicos del orden nacional […] [a]cerca del articulo 15
habría que referirse finalmente a dos aspectos: La Ley 71 de 1988 sobre pensiones de
jubilación; recoge amplias aspiraciones del movimiento pensional que al
beneficiar al Magisterio exonera de la repetición en este texto. El Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, recibe la autorización legal de extender los
servicios asistenciales a las familias de los docentes, cuando su situación financiera lo
permite»21 (se destaca).
37. De la sustentación en cita se infiere que para el legislador era innecesario
«repetir» de forma taxativa las disposiciones de la Ley 71 de 1988 o señalar la
remisión directa a esta dentro del texto de la Ley 91 de 1989, pues consideró que
aquellas se entendían incluidas dentro «del régimen vigente para los pensionados del
sector público nacional» al cual remite la segunda. En ese orden, es inviable
interpretar que al régimen pensional al que se refiere esta última es solo el de la Ley
33 de 1985. Aceptar ello equivaldría a restringir el campo de aplicación que el
legislador quiso darle al enunciado, máxime cuando no especificó, ni en la
exposición de motivos del proyecto de ley ni en su texto, qué parte de la Ley 71 de
1988 era aplicable y cuál no. Por ende, debe deducirse que se refería a toda.
38. Lo anterior concuerda con la segunda razón que permite asegurar que la Ley
71 de 1988 sí gobierna a los docentes por remisión del artículo 15.2 literal b) de la
Ley 91 de 1989. Este otro motivo se refiere a que aquella (incluido su artículo 7) de
manera explícita señaló que regula las pensiones de todos los servidores públicos,
sin excepción. En ese orden, también es un régimen aplicable a los empleados de
carácter nacional, por lo que encaja en el supuesto normativo contenido en la última
ley mencionada que remite para efectos pensionales de los docentes al «régimen
vigente para los pensionados del sector público nacional». El que la ley se aplique
21 Ponencia para primer debate proyecto de Ley 49 de 1989 Senado «por la cual se crea el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio», página 5, Anal 103 del Congreso de la República
del 17 de octubre de 1989.
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también a trabajadores particulares no le quita este alcance y descifrarlo de este
modo desconoce su propio campo de reglamentación.
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39. Ciertamente, el contenido de la Ley 71 de 1988 modificó las leyes que regían a
todos los servidores públicos en lo relacionado con el reajuste de las pensiones, su
monto máximo, las reglas de su sustitución, el momento a partir del cual puede
disfrutarse su pago y el derecho a la reliquidación de quien continuó en el servicio.
Lo anterior significa que sus postulados abarcaron a todos los trabajadores que
encajan en la categoría de servidores públicos.
40. Esto último también se predica del contenido de su artículo 7, puesto que el
nuevo régimen de pensión de jubilación por aportes no lo enfocó a un sector
determinado de los servidores públicos y, por el contrario, los incluyó a todos, al
prescribir que se aplicaría a los «empleados oficiales». Ello se refuerza con lo
explicado en los debates parlamentarios examinados con anterioridad y que dan
cuenta de que la norma buscó beneficiar a todos los trabajadores de los sectores
público y privado. Entonces, si legislador no señaló en la disposición normativa que
una parte de estos sería excluida del beneficio pensional, el intérprete no puede
darle ese alcance, pues del artículo no se desprende regla alguna que así permita
inferirlo.
41. Para la Sala, interpretar que el artículo 15.2 literal b), de la Ley 91 de 1989 no
remitió también al 7 de la Ley 71 de 1988 implicaría aceptar que los docentes no
hacen parte de la categoría de «empleados oficiales»23 a los que esta última norma
gobierna. Tal entendimiento conllevaría a aseverar, sin ser cierto, (i) que esta última
ley no contiene un régimen pensional aplicable a los empleados «del sector público
nacional» cuando los cobija a todos; y (ii) que la Ley 33 de 1985 es la única aplicable
a esta clase de trabajadores, cuando no es así.
42. Si bien la última expresión entre comillas puede dar lugar a la confusión referida,
en su entendimiento armónico con el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 debe prevalecer
la interpretación que más garantice los derechos de los docentes en virtud del
principio de favorabilidad en materia laboral, según el cual cuando exista más de
una posible interpretación de una norma debe escogerse aquella que mayor
provecho otorgue al trabajador24. En ese orden, la que más se ajusta a la protección
22 Leyes 4 de 1976, 33 de 1973, 12 de 1975, 44 de 1980 y 113 de 1985.
23 El Decreto 2277 de 1979 «Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión
docente» los clasificó en su artículo 3 como «empleados oficiales de régimen especial».
24 «[…]el principio de favorabilidad se utiliza en las situaciones en las que se presenta duda sobre
cuál es la disposición jurídica aplicable al momento de resolver un asunto concreto. La existencia de
este conflicto se da cuando dos o más textos legislativos que se encuentran vigentes al momento de
causarse el derecho que se reclama, son aplicables para su solución. En virtud del principio de
favorabilidad se debe escoger, en su integridad, el texto normativo que le represente mayor provecho
al trabajador, afiliado o beneficiario del Sistema de Seguridad Social (…) Igualmente, puede aplicarse
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de su derecho pensional es la que se afirma en esta providencia, pues amplía su
grado de protección pensional. Por consiguiente, debe inferirse que el texto
normativo también remite al artículo 7 de la Ley 71 de 1988.
43. Este último argumento se relaciona directamente con la tercera razón que avala
la tesis de aplicabilidad de la Ley 71 de 1988 a los docentes vinculados con
anterioridad a la expedición de la Ley 812 de 2003 y que consiste en afirmar que la
ley fijó unos derechos pensionales que no pueden ser desconocidos a ningún
servidor público o trabajador privado. En efecto, en su artículo 11, analizado antes
en esta providencia y que debe ser interpretado de manera sistemática con el 7 por
ser parte de un mismo texto legal y referirse a igual materia, determinó que su
contenido y las disposiciones que quedaron vigentes de las leyes 4 de 1976, 33 de
1973, 12 de 1975, 44 de 1980 y 113 de 1985, junto con la Ley 33 de 1985,
comprenden los «derechos mínimos» en materia de pensiones y sustituciones
pensionales aplicables «al sector público en general y en todos los niveles».
44. En este sentido, se debe destacar que la expresión « derechos mínimos» prevista
en este artículo fijó una base de protección de las garantías pensionales en favor
de todos los servidores públicos que no pueden ser desconocidas a un sector de
estos so pena de afectar su posibilidad de acceder a la pensión, lograr su reajuste
y sustitución. Por consiguiente, dejar de aplicar a los docentes el artículo 7 de la Ley
71 de 1988 suprimiría uno de esos derechos esenciales a los que se refiere el
artículo 11 ibidem, por cuanto se les impediría completar el requisito de aportes o
tiempo de servicios con la acumulación de los prestados en el sector privado y en
el público sin justificación constitucional o legal alguna.
45. Aunque puede afirmarse que ese derecho se garantiza con el régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, puesto que si el docente
cumple con los requisitos allí establecidos, como cualquier servidor público, accede
a los beneficios de la Ley 71 de 1988, lo cierto es que una exégesis en esa dirección
va en contravía del querer del legislador de darle un tratamiento diferenciado y más
favorable en materia pensional a los docentes oficiales cuya razón de ser radica en
la naturaleza de la labor que desempeñan, que es única y que consiste en enseñar
en los planteles oficiales de educación25.
este principio cuando una norma admite más de una interpretación, caso en el cual siempre habrá
de escogerse aquella que es más favorable al trabajador». Consejo de Estado, Sección Segunda,
sentencia de unificación del 12 de abril de 2018, radicado 81001-23-33-000-2014-00012-01(1321-
15) CE-SUJ2-010-18.
25 En efecto, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 2277 de 1979 «Por el cual se adoptan normas
sobre el ejercicio de la profesión docente» señala que es docente quien ejerce «[…]la enseñanza en
planteles oficiales y no oficiales de educación». La Ley 115 de 1994 en su artículo 104 los define
como «[…]el orientador en los establecimientos educativos, de un proceso de formación, enseñanza
y aprendizaje de los educandos, acorde con las expectativas sociales, culturales, éticas y morales
de la familia y la sociedad». Y el Decreto 1278 de 2002 Por el cual se expide el Estatuto de
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46. En esa línea, someterlos a que se rijan por el régimen transicional aludido
conlleva los siguientes efectos:
47. (i) desconoce que el hecho de ser «docente oficial» otorga por sí mismo el derecho
a regirse por el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 porque esta categoría hace parte de
los «empleados oficiales» a los que gobierna, incluidos los «del sector público nacional»
a los que se refiere el artículo 15.2 literal b), de la Ley 91 de 1989;
48. (ii) contradice el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y el parágrafo transitorio 1 del
Acto Legislativo 01 de 2005 que exoneraron de la aplicación de la Ley 100 de 1993
a tales docentes con el único requisito de ser vinculados antes del 27 de junio de
2003 sin supeditarlo al cumplimiento de otros, como puede ser que hubiesen
cotizado de manera exclusiva en el sector público;
49. (iii) impone a los docentes cargas adicionales para acceder a la pensión por
aportes que el legislador no previó y que pone en riesgo su derecho en caso de no
completarlas; y
50. (iv) desmejora su monto pensional al someter la pensión a una liquidación con el
IBL previsto en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993, pues el régimen de
transición excluyó este aspecto como beneficio al aplicar el régimen anterior26.
51. Lo anterior lleva a la cuarta razón que sustenta la tesis de esta providencia y
que hace referencia a que no hay un mandato legal que disponga que los docentes
oficiales deben ejercer durante toda su vida laboral la enseñanza en el sector
público para que se les aplique el numeral 2 literal b), del artículo 15 de la Ley 91
de 1989, esto es, para tener derecho a pensionarse con las normas del régimen
pensional de los empleados del sector público nacional. En efecto, el numeral
referido trae como única condición la de ser docente oficial nacional o nacionalizado
vinculado a partir del 1.° de enero de 1981 o del 1.° de enero de 1990. En ninguno
de sus apartes exige que deba ejercerse durante un determinado tiempo la docencia
oficial.
52. Si bien el numeral aludido indicó que « cuando se cumplan los requisitos de Ley, se
reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio
del último año», lo cierto es que no especificó que la norma que contenía tales
requisitos era solo la Ley 33 de 1985. Esta expresión debe ser entendida en conjunto
Profesionalización Docente» en el artículo 4 como quienes «[…] desarrollan labores académicas
directa y personalmente con los alumnos de los establecimientos educativos en su proceso
enseñanza aprendizaje […]».
26 Ver Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación del
28 de agosto de 2018, radicado 52001-23-33-000-2012-00143-0 y C-258 de 2013.
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con la que señala a continuación la norma y que reza que « [e]stos pensionados
gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional», que,
según se ha expuesto, comprendió también a la Ley 71 de 1988 por quererlo el
legislador y porque se aplica a todos los servidores públicos sin excepción y, por lo
tanto, encaja en el supuesto de ser un régimen aplicable a los empleados del sector
nacional, además de contener los derechos mínimos pensionales en su favor .
53. Así las cosas, el cumplimiento de «los requisitos de Ley» no puede limitarse a los
fijados en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 que exige 20 años de servicio en el
sector oficial, por cuanto no es la única ley a la que remite el numeral citado. En
consecuencia, exigir que el docente debió, para ser beneficiario de las disposiciones
del artículo 15.2 literal b) de la Ley 91 de 1989, ejercer durante ese periodo mínimo
la docencia en el sector público es un requerimiento ajeno al entendimiento integral
que debe hacerse de esta norma. Una interpretación en esa dirección se reitera, va
en contravía del principio de favorabilidad al elegirse una comprensión más gravosa
para el docente y, además, se adiciona la norma con un requisito que no fue fijado
por el legislador.
54. Bajo estos parámetros, el artículo 15 numeral 2 literal b), de la Ley 91 de 1989
es aplicable a un docente oficial vinculado a partir del 1° de enero de 1981 hasta
antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003), que
acumuló cotizaciones en otros empleos tanto del sector público como del privado,
pues la prerrogativa surge del hecho de ser docente oficial en tales circunstancias
y no existen otros requisitos en la ley para tal efecto.
55. La quinta razón que sustenta la tesis aquí planteada se refiere a que, si bien la
Ley 33 de 1985 en su artículo 1 dispuso que quedaban cobijados por sus reglas
todos los empleados públicos salvo «los empleados oficiales que trabajan en actividades
que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente,
ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones», lo cierto es que
tal enunciado normativo que establece una excepción tan estricta no implica que a
los docentes no los pueda gobernar otra norma en temas pensionales porque las
leyes 71 de 1988 y 91 de 1989 se expidieron con posterioridad.
56. Ciertamente, si bien la naturaleza de la función docente no se exceptuó
expresamente del régimen general de pensiones ni se les impusieron condiciones
especiales distintas de las de la Ley 33 de 1985, fue el propio legislador el que
permitió que también se rigieran en materia pensional por esta última norma, al
prescribir que esta se aplicaba a todos los empleados oficiales, a través de la Ley
71 de 1988. En ese sentido, se fijó otra salvedad que permitió que los docentes no
se rigieran exclusivamente por la Ley 33 de 1985 y es aquella en la que se pretenda
acumular tiempos privados y públicos de servicio. Afirmar lo contrario conllevaría a
aceptar que ningún empleado público puede ser regido por la Ley 71 de 1988 y que
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solo tendrían derecho a ello los que el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 exceptuó de
su aplicación, conclusión que desconoce el contenido de la primera ley mencionada.
57. Las cinco razones presentadas permiten concluir que la regulación prevista en
los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de
1989 sí permite la aplicación de la Ley 71 de 1988 a los docentes oficiales, incluido
su artículo 7.
2.3.3. Entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2005 y sus efectos sobre
el régimen pensional de los docentes oficiales
58. El Acto legislativo 1 de 2005, en lo atinente al régimen pensional aplicable a los
docentes oficiales, prescribió que «[e]l régimen pensional de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el
establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los
docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley,
tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de
Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003» (parágrafo transitorio
1).
27
59. El mencionado artículo 81 de la Ley 812 de 2003 , al que hace alusión el Acto
legislativo 1 de 2005, en lo concerniente al tema bajo estudio, previó:
«Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al
servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones
vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.
Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos
pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993
y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de
vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.
[…]
El valor total de la tasa de cotización por los docentes afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio corresponderá a la suma de aportes que para salud
y pensiones establezcan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, manteniendo la misma
distribución que exista para empleadores y trabajadores. La distribución del monto de estos
recursos la hará el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, en lo correspondiente a las cuentas de salud y pensiones».
27 «Artículo 137. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga el
artículo 8º de la Ley 160 de 1994, el artículo 14 de la Ley 373 de 1997 y todas las disposiciones que
le sean contrarias». Decreto publicado en el diario oficial núm. 45.231 de 27 de junio de 2003.
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60. Respecto de las anteriores normas, la Sección Segunda de esta corporación, en
sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de 201928, precisó:
«De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, son dos los
regímenes pensionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para
los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial. La aplicación de cada uno de estos regímenes está condicionada a la
fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial de cada docente, así:
I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público educativo oficial
con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se vincularon a
partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos docentes, también
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen
pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los
requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años
para hombres y mujeres».
61. En relación con el primer grupo de docentes, esto es, los vinculados al servicio
público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003, determinó:
«La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los principios
constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de interpretación
sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para la liquidación de la
mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los factores que se deben
tener en cuenta para la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes del servicio público oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando
la siguiente regla:
• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del
mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores
públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que
se deben tener en cuenta son solo los factores sobre los que se hayan
efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley
62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los
enlistados en el mencionado artículo.
Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la
Sección Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual, en
la base de liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los docentes se incluían
todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.
28 Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino
Cortés.
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De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 “Para la liquidación de las pensiones
sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere
efectuado las cotizaciones”. Los docentes no están exceptuados de esta disposición
para el goce de la pensión ordinaria de jubilación. Por lo que, en el ingreso base de
liquidación de esta pensión solo pueden ser tenidos en cuenta los factores sobre los
que se aporta y que están contenidos en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.
[…]
En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir
del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados a partir del 1
de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige por las
siguientes reglas:
✓ Edad: 55 años
✓ Tiempo de servicios: 20 años
✓ Tasa de remplazo: 75%
✓ Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del último
año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de base para
calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica,
gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de
capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por
servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada
nocturna o en día de descanso obligatorio». [Se resalta]
62. En lo correspondiente al segundo grupo de maestros oficiales, conformado por
quienes ingresaron al servicio educativo a partir de la Ley 812 de 2003, en el mismo
fallo se sostuvo:
«68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, y son beneficiarios del régimen pensional de prima media en las
condiciones previstas en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo en lo que tiene que
ver con la edad, la que, según el artículo 81 de la citada Ley 812 de 2003 se unificó para
hombres y mujeres en 57 años29. Esto quiere decir, que para el ingreso base de
liquidación de este grupo de docentes debe tenerse en cuenta lo previsto en la Ley 100
de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.
69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de pensiones
y no la regulación prevista en la Ley 91 de 1989. Los factores que se deben incluir en el
ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que
se efectuaron las respectivas cotizaciones».
63. Así las cosas, tal como se consideró en la sentencia proferida de manera reciente
por esta Subsección30, de acuerdo con el parágrafo transitorio 1º. del Acto legislativo
29 La Ley 1151 de 2007 en el artículo 160 conservó la vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de 2003
y derogó el artículo 3 del Decreto 3752 de 2003.
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. sentencia del 15 de junio del 2023,
radicación 47001-23-33-000-2019-00449-01 (3521-2022), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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1 de 2005, del régimen pensional de los docentes al servicio educativo depende de
si la fecha de vinculación es anterior o posterior a la entrada en vigencia de la Ley
812 del 2003, así:
63.1. Los docentes que ingresaron con anterioridad al 27 de junio de 2003 vinculados
como docentes nacionales, nacionalizados y territoriales tendrán derecho a adquirir
la pensión de jubilación de que trata la Ley 33 de 1985, al cumplir 55 años de edad31
y 20 de servicios, o según lo establecido en la Ley 71 de 1988 que la otorga con 60
años si es hombre o 55 si es mujer, cuando se acrediten 20 años o más de
cotizaciones continuas o discontinuas en el Instituto de Seguros Sociales (hoy
Administradora Colombiana de Pensiones) y en una o varias de las entidades de
previsión social del sector público. En ambos casos, con una tasa de reemplazo del
75% y sobre lo aportado durante el último año de servicios; y
63.2. Los educadores que ingresaron con posterioridad a dicha fecha podrán acceder
a la pensión de vejez prevista en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 (modificado
por el 9 de la Ley 797 de 2003), al colmar el número de semanas de cotización
establecido en esta última norma y llegar a la edad de 57 años de edad (sin importar
el género, pues la Ley 812 de 2003 unificó el requisito de edad para hombres y
mujeres), por lo que su liquidación será con el promedio de los salarios o rentas
sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los últimos 10 años de labores
(artículo 21 de la Ley 100) y en atención a los factores enunciados en el Decreto
1158 de 199432 y los previstos en normas especiales proferidas por la autoridad
competente.
64. En suma, es procedente la aplicación de la Ley 71 de 1988, disposición que
también regla a los servidores públicos que tengan tiempos privados para alcanzar
una pensión de jubilación, sin que la Ley 91 de 1989 haya restringido la aplicación
del régimen general de pensiones de los empleados oficiales únicamente a la Ley
33 de 1985.
65. En ese sentido, los docentes que acumulen aportes por servicios prestados en
los sectores oficial y privado e ingresaron al servicio docente estatal con anterioridad
a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, también les son aplicables las
disposiciones de la Ley 71 de 1988, norma que regula la pensión por aportes de los
31 A menos que el maestro sea beneficiario del régimen de transición establecido en la Ley 33 de
1985, pues en tal caso le será aplicable la edad pensional prevista en la Ley 6ª de 1945 (50 años,
para los educadores territoriales y nacionalizados) y el Decreto 3135 de 1968 (50 años si son mujeres
y 55 si son hombres, para los del orden nacional).
32 Que previó los siguientes factores sobre los que se debe efectuar aportes: a) asignación básica
mensual, b) gastos de representación; c) prima técnica, cuando sea factor de salario; d) primas de
antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor salarial; e) remuneración por trabajo
dominical o festivo; f) remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en
jornada nocturna; y g) bonificación por servicios prestados.
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servidores públicos inmersos en esa situación.
2.3.4. Los docentes vinculados a través de órdenes o contratos de prestación
de servicios. Tiempo de servicio útil para efectos del reconocimiento
pensional
66. A partir de la vigencia de la Constitución de 1991, en el modelo de Estado Social
de Derecho y de acuerdo con la evolución de la normativa de este grupo de
servidores públicos, el alcance de los derechos laborales se define a partir de
principios y valores superiores33. Bajo esos parámetros, la aplicación e
interpretación de las normas debe propender por la garantía de los derechos
laborales mínimos que la docencia en el sector educativo oficial otorga a quien la
ejerce y, por ende, los principios de favorabilidad, prevalencia del derecho
sustancial, primacía de la realidad sobre las formalidades y pro homine, entre otros,
que deben atenderse como criterios de interpretación y de corrección.
67. En tal sentido, la jurisprudencia de esta corporación y de la Corte Constitucional
ha considerado que los derechos en materia laboral en favor del docente contratista
surgen con independencia del tipo de vínculo en virtud del cual se prestó el servicio,
pues el solo hecho de hacerlo con la anuencia del Estado da lugar a una verdadera
relación laboral con él.
68. Así, la jurisprudencia ha aceptado que cuando se trata de la labor docente la
contratación por prestación de servicios se desnaturaliza y deja de tener el carácter
de excepcional para suplir actividades de la entidad que no puede realizar con su
personal de planta, tal como lo define el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 34, y que,
por lo tanto, a la luz del principio de «primacía de la realidad sobre las formalidades»
establecido en el artículo 53 Constitucional y por configurarse los elementos propios
de esta vinculación35 da lugar al reconocimiento de una relación laboral.
69. En efecto, esta Sección en sentencia de unificación CE-SUJ2-005-1636 concluyó,
luego de examinar la labor de la docencia a partir de su definición contenida en los
artículos 2 del Decreto Ley 2277 de 1979 y 104 de la Ley 115 de 1994, que la
prestación del servicio por parte del docente contratista no es independiente y, por
33 Así fue expuesto en la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de
Estado el 29 de mayo de 2024, radicado 41001-23-33-000-2015-00256-01 (0473-2018).
34 Su numeral 3 dispone «Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades
no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún
caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término
estrictamente indispensable».
35 Prestación personal del servicio, remuneración y la continuada subordinación.
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado: 23001-23-
33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16.
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el contrario, que es personal y subordinada a las instrucciones de las autoridades
educativas y a los reglamentos del servicio público de educación. En tal virtud, se
indicó que al existir una relación laboral le asistía el derecho al reconocimiento de
sus derechos como trabajador, incluido el pago de las prestaciones sociales.
70. Ahora bien, el parágrafo del artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el parágrafo 3 del
artículo 105 de la Ley 115 de 199437 disponían la incorporación gradual de los
docentes contratistas a las plantas de personal de las entidades territoriales y fijaban
un plazo para ello durante el cual seguirían vinculados por prestación de servicios.
La constitucionalidad de estas normas fue analizada por la Corte Constitucional en
la sentencia C-555 de 1994; en ella se afirmó que el legislador no podía, so pretexto
de hacer una incorporación gradual de los docentes contratistas a las plantas de
personal, disponer en el periodo de transición (6 años) la coexistencia en aquella de
docentes vinculados como empleados públicos y otros contratados por prestación
de servicios.
71. Además, la Corte precisó que tal diferenciación no tenía justificación
constitucional porque i) ambos grupos realizaban igual actividad; ii) el menor costo
laboral de los contratos por prestación de servicios no permitía desconocer
derechos laborales irrenunciables; iii) quien define el régimen de los docentes es la
ley y no el contrato; iv) la voluntad del docente contratista no enerva el carácter de
irrenunciables de los derechos laborales; y v) las medidas graduales en la ley solo
se aplican para corregir desigualdades creadas por la sociedad y no cuando el
causante es el legislador, como lo hacía al diferenciar los docentes.
72. De acuerdo con lo señalado por la Corte, las entidades territoriales no estaban
autorizadas para contratar docentes de manera diferente de la legal y reglamentaria,
pues ello fomentaba un trato discriminatorio que vulneraba los derechos laborales
de quienes ejercen la docencia mediante otra forma de vinculación que no tiene
justificación constitucional. Esta prohibición, además de lo expuesto en la sentencia
citada, se estableció en un principio en el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 38 y luego
en el artículo 105 de la Ley 115 de 199439; y el hecho de que los docentes
contratistas no hayan sido nombrados con las formalidades de los empleados
37 «Parágrafo tercero. A los docentes vinculados por contrato contemplados en el parágrafo primero
del artículo 6o de la Ley 60 de 1993 se les seguirá contratando sucesivamente para el periodo
académico siguiente, hasta cuando puedan ser vinculados a la planta de personal docente
territorial».
38 El inciso segundo dice: «Ningún departamento, distrito o municipio podrá vincular docentes y
administrativos sin el lleno de los requisitos del estatuto docente y la carrera administrativa,
respectivamente, ni por fuera de las plantas de personal que cada entidad territorial adopte». La
norma fue derogada por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001.
39 «La vinculación de personal docente, directivo y administrativo al servicio público educativo
estatal, sólo podrá efectuarse mediante nombramiento hecho por decreto y dentro de la planta de
personal aprobada por la respectiva entidad territorial»
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públicos en manera alguna implicaba que debieran desconocerse los derechos
laborales propios de esta labor y mantener las desigualdades materiales que
históricamente se han pretendido eliminar40. Por el contrario, estos debían ser
protegidos y garantizados.
73. En aquella providencia se resaltó que las razones presupuestales que llevaron a
las entidades territoriales a optar por la prestación del servicio educativo con
personal docente contratado no podían menoscabar los derechos fundamentales
de las personas vinculadas bajo esa modalidad, así lo sostuvo:
«Los menores costos laborales del servicio público educativo, representan quizá
posibilidades de conservar o ampliar la cobertura existente. La función administrativa y
la atención de los servicios públicos, se desarrollan con fundamento en el principio de
economía (CP art. 209). Sin embargo, el ahorro y la economía, de suyo loables, no lo
son cuando su condición de posibilidad se deduce simplemente del sacrificio de los
derechos fundamentales de unas pocas personas que deben soportar injustificadamente
una carga social desigual e inequitativa. La economía en la función administrativa a la
que se refiere la Constitución no es aquélla que se produce a expensas de la dignidad
humana.
Una administración eficiente y eficaz, sin reducir la calidad del servicio y expoliar el
recurso humano - el más valioso de todos -, fácilmente encontrará rubros y posibilidades
para disminuir, hasta donde sea posible, el costo de la prestación de un servicio público.
Es evidente que no consulta el interés general, pese a su aparente ventaja, la modalidad
contractual como opción complementaria de la estatutaria. Definitivamente, no es ésta
la forma de servir al interés general. Por el contrario, se lo sacrifica, al cifrar la obtención
de un ahorro en la plusvalía que el Estado, con manifiesta violación de los derechos
fundamentales, extrae a un grupo de maestros y profesores.»
74. Así las cosas, la forma de vinculación de los docentes no puede ser un obstáculo
para que accedan a los derechos mínimos irrenunciables que las normas prevén.
Una interpretación contraria conllevaría a mantener las condiciones de desigualdad
e inequidad y detrimento de la dignidad humana, como principio fundante del Estado
social de derecho, de un grupo importante de la población, que desarrolla una labor
trascendental para la sociedad.
75. Lo expuesto también se deriva del criterio que ha mantenido esta Sección, en el
sentido de considerar que no es el acto por el cual se vincula a una persona lo que
define su relación con el Estado41, sino lo que se evidencia de esa relación, en
40 En este sentido se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de
mayo de 2024, radicado: 41001-23-33-000-2015-00256-01 (0473-2018).
41 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de abril de 1999, radicado:
16829. En dicha providencia, se sostuvo: «Ha sostenido la Sala reiteradamente que no es la
modalidad o el acto de vinculación el que determina la condición en la cual se prestan los servicios.
Así, en sentencia del 15 de junio de 1992, Magistrado Ponente Doctor Alvaro Lecompte Luna,
Expediente No. 4058, expresó:
"... La calificación de la naturaleza jurídica del vínculo laboral que une a un funcionario con la
administración no puede ser establecida por la voluntad de las partes o modalidades del acto a través
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armonía con las reglas de interpretación normativa que impone la Constitución
Política en los artículos 53 «situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho»; 228, sobre la prevalencia
del derecho sustancial; y de integración normativa derivado de los artículos 53
«Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la
legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden
menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores» y 93 «[l]os
tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos
humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden
interno».
76. Lo anterior, se acompasa también con el principio pro homine que, si bien se
estableció como un criterio para examinar el alcance de los derechos humanos, la
jurisprudencia le ha dado plena aplicación en materia laboral y, específicamente, en
asuntos de la seguridad social por tratarse de un derecho fundamental. Sobre su
trascendencia, ha señalado que implica que «las normas han de ser interpretadas en
favor de la protección y goce efectivo de los derechos de los individuos, en procura de que
los preceptos legales se conviertan en instrumentos que respeten en la mayor medida
posible, las garantías y prerrogativas esenciales para la materialización de la mejor calidad
de vida de las personas»42. En ese orden «impone aquella interpretación de las normas
jurídicas que sea más favorable al hombre y sus derechos, esto es, la prevalencia de
aquella interpretación que propenda por el respeto de la dignidad humana y
consecuentemente por la protección, garantía y promoción de los derechos humanos y de
los derechos fundamentales consagrados a nivel constitucional»43.
77. Bajo estos parámetros el ejercicio de la función docente a través de la vinculación
por contratos de prestación de servicios, por virtud de los principios de la primacía
de la realidad sobre las formalidades, de favorabilidad y pro homine y por las
características de la labor desempeñada en estos casos, permite su cómputo para
efectos pensionales. Lo anterior porque la falta de vinculación como empleados
públicos obedeció a un incumplimiento de un deber legal por parte del Estado que
no puede afectar sus derechos laborales.
78. Ciertamente, la situación descrita impone que las formalidades omitidas por la
del cual se llevó a cabo la vinculación, sino por las normas legales. Por ende, puede haberse
vinculado a un funcionario a un establecimiento público por contrato de trabajo, pero si las normas
que regulan al organismo no permiten que la actividad que va a realizar el empleado, pueda ser
cumplida mediante esta modalidad contractual, este no puede ser calificado como trabajador oficial...
"
La demandante se desempeñaba como docente, vale decir, no realizaba labores propias de los
trabajadores oficiales. Por consiguiente, al ser sus funciones las propias de un empleado público
departamental, ineludible resulta su asimilación al orden legal y reglamentario» (sic)
42 Sentencia T-121 de 2015. Reiterada en la sentencia T-536 de 2017 y T-088 de 2018.
43 Consejo de Estado. Sección Segunda, sentencia de unificación del 4 de octubre de 2018 radiado:
05001-23-33-000-2013-00741-01(4648-15) CE-SUJ2-013-18. Ver también Sentencia C-438 de
2013.
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administración no sean un obstáculo para el goce de derechos laborales y que aun
con la ausencia en el proceso de la entidad territorial que se benefició de los
servicios del docente-contratista se permita suprimir las condiciones de desigualdad
material que afectan a un sector de la población sin justificación constitucional.
79. Esta interpretación se acompasa con los principios de celeridad y eficacia que
deben guiar la labor judicial y otorgan vigencia a los derechos fundamentales a la
seguridad social y al mínimo vital que se ven amenazados con la omisión de vincular
al proceso a la secretaría de educación respectiva, que valga insistir, desconoció
las disposiciones legales y jurisprudenciales de vincular en sus plantas de personal
a aquellos docentes que ejercían la labor, sin derecho a las prestaciones sociales
propias de los empleados públicos.
80. Valga precisar que esta interpretación no desconoce la necesidad de contar con
los recursos necesarios para la financiación de la prestación, una vez esta sea
reconocida; pues lo cierto es que, tal y como lo ha señalado esta corporación 44, en
caso de que la administradora de pensiones observe que los valores no se ajustan
a la ley, bien sea porque se omite el pago oportuno o el monto consignado es
inferior, el ordenamiento jurídico colombiano prevé los mecanismos para asegurar
su cumplimiento.
81. Al respecto, debe tenerse en cuenta que de acuerdo con lo señalado en el
artículo 2 del Decreto 3752 de 200345 las prestaciones sociales de los docentes
causadas con anterioridad a la afiliación al Fomag, así como sus reajustes,
reliquidaciones y sustituciones están a cargo de la respectiva entidad territorial o de
la entidad de previsión social a la cual se hubieren realizado los aportes; de manera
que la omisión en el pago de los aportes por los lapsos en los que los docentes
estuvieron vinculados mediante relaciones contractuales, es responsabilidad de la
entidad que se benefició de los servicios del docente o de la administradora a la
cual se efectuaron las cotización. No obstante, tal situación impone al fondo la
obligación de hacer uso de los mecanismos establecidos en la norma para adelantar
los procesos de cobro coactivo o requerir el bono pensional.
82. En efecto, el artículo 2346 de la Ley 100 de 1993 establece que el empleador que
44 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de julio de 2022, radicado 25000-23-42-
000-2013-02380-01(2656-2014), M.P. William Hernández Gómez.
45 «Por el cual se reglamentan los artículos 81 parcial de la Ley 812 de 2003, 18 parcial de la Ley
715 de 2001 y la Ley 91 de 1989 en relación con el proceso de afiliación de los docentes al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones.»
46 «Artículo 23. Sanción Moratoria. Los aportes que no se consignen dentro de los plazos señalados
para el efecto, generarán un interés moratorio a cargo del empleador, igual al que rige para el
impuesto sobre la renta y complementarios. Estos intereses se abonarán en el fondo de reparto
correspondiente o en las cuentas individuales de ahorro pensional de los respectivos afiliados, según
sea el caso.
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Demandante: Luis Fernando Ceballos Palacios
no realice las consignaciones de los aportes tendrá a su cargo un interés moratorio
igual al que rige para el impuesto a la renta. Asimismo, la normativa establece
consecuencias disciplinarias para quienes desarrollan la función pública de
ordenador del gasto, que sin justa causa se abstengan de efectuar la consignación
oportuna de estos conceptos. Pero, especialmente, con el fin de asegurar el
cumplimiento de la ley, los artículos 2447 y 5748 ibidem permitieron que la entidad
administradora de pensiones acudiera a las acciones de cobro de los aportes
adeudados, para hacer efectivos sus créditos.
83. En igual sentido, el artículo 2 de la Ley 33 de 1985 señalaba que la caja de
previsión obligada al pago de pensión tenía «derecho a repetir contra los organismos
no afiliados a ellas, o contra las respectivas Cajas de Previsión, a prorrata del tiempo que
el pensionado hubiere servido o aportado a ellos».
2.4. Caso en concreto
2.4.1. Hechos probados
84. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
84.1. Luis Fernando Ceballos Palacios nació el 30 de septiembre de 195649.
84.2. En la certificación electrónica de tiempos laborados (Cetil)
202003800090735000510011 del 31 de marzo de 2021 consta que laboró en los
cargos de revisor fiscal desde el 14 de septiembre de 1987 hasta el 30 de junio de
1995 y técnico desde el 1 de julio de 1995 hasta el 29 de junio de 2001 en la
Contraloría Departamental del Valle del Cauca y devengó asignación básica
Los ordenadores del gasto de las entidades del sector público que sin justa causa no dispongan la
consignación oportuna de los aportes, incurrirán en causal de mala conducta, que será sancionada
con arreglo al régimen disciplinario vigente.
En todas las entidades del sector público será obligatorio incluir en el presupuesto las partidas
necesarias para el pago del aporte patronal a la Seguridad Social, como requisito para la
presentación, trámite y estudio por parte de la autoridad correspondiente».
47 «Artículo 24. Acciones de Cobro. Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes
regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del
empleador de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto,
la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor adeudado, prestará mérito
ejecutivo.
48 «Artículo 57. Cobro Coactivo. De conformidad con el artículo 79 del Código Contencioso
Administrativo y el artículo 112 de la Ley 6a. de 1992, las entidades administradoras del Régimen de
Prima Media con prestación definida podrán establecer el cobro coactivo, para hacer efectivos sus
créditos».
49 Según consta en el registro civil de nacimiento y en su cédula de ciudadanía. Índice 3 de Samai
de Tribunales y Juzgados, expediente digital, archivo
«1_EXPEDIENTEDIGITAL_01DEMANDAANEXOSY(.PDF) NroActua 3», páginas 28 y 29,
respectivamente.
29
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mensual50.
84.3. De acuerdo con el reporte de semanas cotizadas en pensiones, actualizado al
19 de abril de 2021, entre el 15 de enero de 1979 y el 30 de junio de 2001, cotizó
un total de 542,86 semanas a Colpensiones51, en resumen, así:
Empleador Fecha inicial Fecha final semanas
Agroavicola El Place 15 de enero de 1979 30 de noviembre de 45,71
1979
Arrocera San Gerardo 16 de mayo de 1981 22 de julio de 1987 322,71
Vedescol SA 19 de abril de 1988 12 de julio de 1988 12,14
Colegio C Juan López 22 de marzo de 1991 30 de abril de 1994 162,29
Contraloría Deptal 1 de julio de 1995 30 de junio de 2001 0,00
Total semanas cotizadas 542,86
84.4. Suscribió con la Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca
las siguientes órdenes de servicio:
Orden de servicio Objeto Institución Duración
S/N del 30 de agosto 105 días contados a
de 200052 partir del 1 de
septiembre al 15 de
diciembre de 2000
900 del 1 de octubre Colegio Alfonso 75 días contados a
de 200153 La prestación oportuna Zawasdry del partir del 1 de octubre
y permanente del municipio de al 15 de diciembre de
servicio educativo Yotoco 2001
900 del 8 de febrero 179 días contados a
de 200254 partir del 8 de enero al
5 de julio de 2002
900 del 26 de agosto 89 días contados a
de 200255 partir del 26 de agosto
hasta el 22 de
noviembre de 2002
3425 del 1 de octubre Centro docente No. 53 días contados a
de 2002 12 Joaquin Torres partir del 1 de octubre
en el municipio de hasta el 22 de
Buga noviembre de 2002
50 Índice 3 de Samai de Tribunales y Juzgados, expediente digital, archivo
«1_EXPEDIENTEDIGITAL_01DEMANDAANEXOSY(.PDF) NroActua 3», Páginas 43 a 47.
51 Índice 3 de Samai de Tribunales y Juzgados, expediente digital, archivo
«1_EXPEDIENTEDIGITAL_01DEMANDAANEXOSY(.PDF) NroActua 3», Páginas 48 a 53.
52 Índice 3 de Samai de Tribunales y Juzgados, expediente digital, archivo
«1_EXPEDIENTEDIGITAL_01DEMANDAANEXOSY(.PDF) NroActua 3», Página 37.
53 Índice 3 de Samai de Tribunales y Juzgados, expediente digital, archivo
«1_EXPEDIENTEDIGITAL_01DEMANDAANEXOSY(.PDF) NroActua 3», Página 38.
54 Índice 3 de Samai de Tribunales y Juzgados, expediente digital, archivo
«1_EXPEDIENTEDIGITAL_01DEMANDAANEXOSY(.PDF) NroActua 3», Página 39.
55 Índice 3 de Samai de Tribunales y Juzgados, expediente digital, archivo
«1_EXPEDIENTEDIGITAL_01DEMANDAANEXOSY(.PDF) NroActua 3», Página 40.
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84.5. Según consta en el formato único para la expedición de certificado de historia
laboral consecutivo 1230, expedido el 17 de marzo de 2021 por la Secretaría de
Educación Municipal del Guadalajara de Buga, el docente acreditó el siguiente
tiempo de servicio en el magisterio oficial con nombramiento en provisionalidad56:
Novedad Tipo de A.A. No de A.A. Desde Hasta
Ing. y Reing. Decreto 240757 26/12/2002 24/08/2005
84.6. A
través del Decreto 858 del 21 de diciembre de 2007 expedido por la
Gobernación del Valle del Cauca, Secretaría de Educación, se nombró a Luis
Fernando Ceballos Palacios en el cargo de docente en periodo de prueba58. Tomó
posesión mediante acta 2008-173, el 11 de enero de 200859.
84.7. Según consta en el formato único para la expedición de certificado de historia
laboral consecutivo 442, expedido el 13 de abril de 2021 por la Secretaría de
Educación del Valle del Cauca, el docente acreditó el siguiente tiempo de servicio
en el magisterio oficial con nombramiento en propiedad60:
Novedad Tipo de A.A. No de A.A. Desde Hasta
Ing. y Reing. - 2008-1731 11/01/2008 31/12/2008
Prom. Propiedad Decreto 1019 07/10/2008 31/12/2008
Cambios de sueldo Decreto 1238 01/01/2009 28/02/2009
Ascensos Otro S/N 01/03/2009 31/12/2009
Cambios de sueldo Decreto 2940 01/01/2010 28/02/2010
Continuidad Otro S/N 01/03/2010 31/12/2010
Cambios de sueldo Decreto 1027 01/01/2011 31/01/2011
Cambios de sueldo Decreto 1055 01/01/2012 31/12/2012
Cambios de sueldo Decreto 1001-1002 0101/2013 31/12/2013
Cambios de sueldo Decreto 171-172 01/01/2014 31/12/2014
Cambios de sueldo Decreto 1116-1092 01/01/2015 04/10/2015
Cambios de sueldo Decreto 122-120 01/01/2016 29/08/2016
Ascenso Resolución 3419 30/08/2016 31/12/2016
Cambios de sueldo Decreto 980-982 01/01/2017 31/12/2017
Cambios de sueldo Decreto 316-317 01/01/2018 31/12/2018
Cambios de sueldo Decreto 1016-1017 01/01/2019 26/06/2019
Traslado Decreto 0927 27/06/2019 07/08/2019
Traslado Decreto 1164 08/08/2019 31/12/2019
Cambios de sueldo Decreto 319 01/01/2020 -
Tiempo total 3-3-13
56 Índice 3 de Samai de Tribunales y Juzgados, expediente digital, archivo
«1_EXPEDIENTEDIGITAL_01DEMANDAANEXOSY(.PDF) NroActua 3», páginas 33 a 35.
57 Índice 3 de Samai de Tribunales y Juzgados, expediente digital, archivo
«1_EXPEDIENTEDIGITAL_01DEMANDAANEXOSY(.PDF) NroActua 3», páginas 58 a 61.
58 Índice 3 de Samai de Tribunales y Juzgados, expediente digital, archivo
«1_EXPEDIENTEDIGITAL_01DEMANDAANEXOSY(.PDF) NroActua 3», páginas 64 a 66.
59 Índice 3 de Samai de Tribunales y Juzgados, expediente digital, archivo
«1_EXPEDIENTEDIGITAL_01DEMANDAANEXOSY(.PDF) NroActua 3», página 67.
60 Índice 3 de Samai de Tribunales y Juzgados, expediente digital, archivo
«1_EXPEDIENTEDIGITAL_01DEMANDAANEXOSY(.PDF) NroActua 3», páginas 30 a 32.
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84.8. El 13 de abril de 2021, la Secretaría de Educación del Valle del Cauca emitió el
certificado de salarios, en el que constan los factores salariales que Luis Fernando
Ceballos Palacios percibió del 1 de enero de 2011 al 13 de abril de 2021, esto es
asignación básica, «sueldo de vacaciones», prima de navidad, bonificaciones
mensual «1junio/14 -31 diciembre/15» y pedagógica61.
84.9. El 27 de abril de 2021, solicitó al Fomag el reconocimiento de la pensión de
jubilación por aportes de conformidad con lo establecido en las leyes 71 de 1988,
91 de 1989 y 812 de 2003 y demás normas concordantes62. sin embargo, «[p]or
medio del acto administrativo ficto demandado configurado el 27 DE JULIO DE 2021 se
niega a mi representado, la pensión de jubilación por aportes a la edad de 60 años para
gozar de su merecida pensión de jubilación por aportes como lo determina el contenido de
la ley 71 de 1988» (sic).
2.4.2. Análisis sustancial
2.4.2.1. En cuanto a la posibilidad de computar para el reconocimiento
pensional el tiempo de servicio que los docentes prestaron a través de
órdenes o contratos de prestación de servicios
85. De acuerdo con lo expuesto en el marco normativo y jurisprudencial de esta
providencia, para esta Subsección es claro que, por virtud de los principios de la
primacía de la realidad sobre las formalidades, de favorabilidad y pro homine, el
tiempo de servicio que los docentes prestaron con ocasión de una vinculación
contractual debe ser computado para efectos del reconocimiento de la pensión de
jubilación, sin diferenciar el régimen pensional que rija su situación.
86. Lo anterior porque, como lo ha sostenido esta Corporación, en aquellos casos en
los que los docentes prestaron sus servicios con ocasión de una vinculación
diferente de la legal y reglamentaria, fueron desconocidas las disposiciones que
regulaban ese tipo de relación, así como los derechos mínimos e irrenunciables de
estos trabajadores, pues no se les reconocieron las prestaciones propias de los
empleados públicos.
87. En línea con lo anterior, se encuentra pertinente recordar lo expuesto por la Corte
Constitucional en la sentencia con la que declaró inexequibles las normas que
autorizaban la vinculación de los docentes a través de contratos de prestación de
61 Índice 3 de Samai de Tribunales y Juzgados, expediente digital, archivo
«1_EXPEDIENTEDIGITAL_01DEMANDAANEXOSY(.PDF) NroActua 3», páginas 54 a 56.
62 Índice 3 de Samai de Tribunales y Juzgados, expediente digital, archivo
«1_EXPEDIENTEDIGITAL_01DEMANDAANEXOSY(.PDF) NroActua 3», páginas 74 a 80.
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servicios63:
«No sería extraño que el criterio diferenciador pudiera inferirse de la discrecionalidad del
Estado. Ni la forma contractual ni la estatutaria, tendrían carácter forzoso. El Estado de
acuerdo con las necesidades por atender y las condiciones financieras, variables en
cada momento histórico, tendría la facultad de acudir libremente a una cualquiera de las
dos formas.
A esta posibilidad se oponen varias consideraciones. El ejercicio permanente de una
función pública, como ocurre con los "docentes temporales", no sólo se revela en el afán
del legislador de regularizar su situación en un término de seis años mediante su
incorporación a la planta de personal, sino que, constitucionalmente, exige que sea la
ley - que no el contrato - la que determine y regule su régimen, funciones y
responsabilidades (CP art. 123).
A lo anterior se agrega que, por regla general, los empleos en los órganos y entidades
del Estado son de carrera, lo que consulta la eficiencia y la estabilidad propias de la
función pública (CP art. 125).
Por lo visto, los requerimientos institucionales inmanentes a la función pública, no
confieren una dilatada libertad al legislador para otorgar a una misma función pública
permanente, un tratamiento que se traduzca en condiciones abiertamente dispares en lo
que atañe al ingreso y régimen que la gobierna. Pero, si ello fuera así, la discrecionalidad
no podría ejercitarse con menoscabo de la Constitución. El ejercicio de cualquier
competencia discrecional que degenere en tratamientos discriminatorios (CP art. 13),
frente a sujetos que se encuentren colocados en una misma situación, se torna arbitraria
y pierde sustento constitucional. Por estas razones, no puede fundarse en la mera
discrecionalidad la diferenciación de supuestos que, descontada ésta, comparten una
misma naturaleza y características64.» (sic).
88. En consonancia, se concluye que existe una «prohibición constitucional» de
vincular a docentes al servicio público educativo oficial a través de contratos de
prestación de servicios. Por lo que, esta Subsección65 al resolver asuntos en los que
se ha discutido la exclusión de la transición prevista en la Ley 812 de 2003 respecto
de quienes prestaron sus servicios al magisterio con ocasión de una relación
contractual, ha sostenido que tal conclusión es a todas luces inconstitucional, puesto
que conllevaría a una interpretación desfavorable con sustento en una situación
que, como se explicó anteriormente, se aparta de las normas constitucionales, esto
es, la vinculación de docentes a través de una relación contractual.
89. En consecuencia, se ha precisado que las vinculaciones contractuales que han
ostentado docentes con anterioridad al 27 de junio de 2003 deben ser tenidas en
cuenta para verificar el cumplimiento de las exigencias para el reconocimiento de la
prestación de jubilación. Lo anterior, porque la falta de vinculación como empleados
63 Artículos 6 de la Ley 60 de 1993 y 105 de la Ley 115 de 1994.
64 Corte Constitucional sentencia C-555 de 1994.
65 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de septiembre de 2025,
radicado:63001-23-33-000-2020-00025-01 (2608-2022).
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públicos a través de una relación legal y reglamentaria obedeció al incumplimiento
de un deber legal por parte del Estado, que no puede ser utilizado como argumento
para afectar sus derechos laborales mínimos e irrenunciables.
90. Ahora bien, esta corporación también ha señalado que el pronunciamiento que
se efectúe en el proceso ordinario de reconocimiento pensional que involucre la
inclusión de tiempos laborados a través de contratos de prestación de servicios
puede darse en dos escenarios diferentes, el primero, donde se persiga la
declaración de existencia del contrato realidad con todas sus connotaciones
laborales y prestacionales, y el segundo, en los casos en que únicamente se
persigue el cómputo de los periodos laborados a través de contratos de prestación
de servicios para el reconocimiento de la pensión de jubilación. Este último es el
evento en el que se enmarca el presente asunto. En consecuencia, comoquiera que
en este proceso no se está debatiendo la existencia de una relación laboral
encubierta, no resulta exigible una decisión judicial anterior en tal sentido para que
los periodos durante los cuales el demandante prestó sus servicios mediante
contratos de prestación de servicios sean considerados como tiempo útil para
efectos pensionales.
91. Así las cosas, de conformidad con el marco normativo y jurisprudencial expuesto,
esta corporación ha reconocido que las vinculaciones efectuadas mediante
contratos de prestación de servicios constituyen tiempo de servicio útil para efectos
pensionales, de manera que tales periodos deben ser tenidos en cuenta tanto para
determinar la condición de beneficiario del régimen de transición previsto en la Ley
812 de 2003 como para acreditar los 20 años de servicios exigidos por la Ley 33 de
1985. En ese sentido, la modalidad de vinculación utilizada por la administración no
puede erigirse en un obstáculo para el reconocimiento de derechos laborales y
pensionales derivados del servicio efectivamente prestado, ni puede condicionarse
tal cómputo a la existencia de una decisión judicial que declare previamente la
configuración de una relación laboral66.
2.4.2.2. En relación con la acreditación de los aportes al sistema pensional
durante el periodo de vinculación mediante contrato de prestación de
servicios
92. No le asiste razón a la entidad recurrente cuando sostuvo que era necesario que
se hubiesen realizado los aportes a pensión por el periodo ejecutado bajo órdenes
de prestación de servicios para que pudiera tenerse en cuenta ese tiempo para
efectos pensionales. Al respecto, tal y como se expuso en el marco normativo y
jurisprudencial, la forma de vinculación utilizada por la administración no podía
66 En igual sentido, consultar la sentencia del 25 de junio de 2026, radicado: 23001-23-33-000-2016-
00380-01 (1513-2025), C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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emplearse para restringir el acceso a los derechos pensionales mínimos e
irrenunciables, pues ello implicaría perpetuar condiciones de desigualdad.
93. En efecto, en virtud de los principios de primacía de realidad sobre las formas,
favorabilidad y pro homine, el tiempo servido por el docente mediante contratos de
prestación de servicios resulta computable para efectos pensionales, toda vez que
la ausencia de vinculación legal y reglamentaria fue un incumplimiento del Estado y
los efectos adversos no pueden trasladarse al trabajador ni afectar el goce a su
derecho a la seguridad social.
94. Bajo ese contexto, la omisión en el pago de los aportes no tiene la virtualidad de
privar al docente de los tiempos de servicios efectivamente laborados ni de impedir
el reconocimiento de la prestación cuando se acreditan los requisitos legales. Lo
anterior, pues el artículo 81 de la Ley 812 de 2013 señala que el «régimen prestacional
de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al
servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones
vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley», es decir, lo que
determina quiénes son beneficiarios de esta prerrogativa es el ejercicio de la
docencia oficial y no la realización de aportes.
95. Sin embargo, como tal y como se indicó en el marco normativo y jurisprudencial
de esta providencia [párrafo 76], la decisión de computar ese tiempo de servicio no
desconoce la necesidad de contar con los recursos necesarios para la financiación
de la prestación, por lo que, de conformidad con las leyes 71 de 1988, 100 de 1993
y el Decreto 3752 de 2003, el Fomag tiene «derecho a repetir contra los organismos no
afiliados a ellas, o contra las respectivas Cajas de Previsión, a prorrata del tiempo que el
pensionado hubiere servido o aportado a ellos», por lo que se exhortará a esta
entidad con el fin de que, ante el departamento del Valle del Cauca y Colpensiones,
adelante las gestiones necesarias para que la prestación sea financiada con los
aportes que se efectuaron y debieron efectuarse durante toda la vida laboral de la
docente.
96. En conclusión, la ausencia de aportes durante los periodos en que el demandante
laboró como docente mediante contratos de prestación de servicios no constituía un
requisito que impidiera el reconocimiento de la pensión reclamada, ni podía
constituirse en una carga que desnaturalice el principio constitucional a la seguridad
social.
2.4.2.3. En torno al régimen de transición de la Ley 812 de 2003 y el
cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley 71 de 1988. Tiempos útiles
de vinculación
97. Antes de resolver el último problema jurídico, resulta necesario efectuar una
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Demandante: Luis Fernando Ceballos Palacios
precisión respecto de la historia laboral del demandante. En efecto, aunque en el
reporte de semanas cotizadas expedido por Colpensiones se indicó que acumuló
un total de 542,86 semanas y se relacionaron los empleadores para los cuales
prestó el servicio, entre ellos la contraloría departamental, lo cierto es que dentro de
la sumatoria no se incluyeron las semanas correspondientes al periodo del 1 de julio
de 1995 y el 30 de junio de 2001. Al respecto, el Cetil da cuenta de que prestó sus
servicios a esa entidad como revisor fiscal entre el 14 de septiembre de 1987 y el
30 de junio de 1995, sin afiliación a un fondo de pensiones, y como técnico desde
el 1 de julio de 1995 hasta el 29 de junio de 2001, con aportes al ISS/Colpensiones.
98. Sin embargo, de la comparación entre el Cetil y el reporte de semanas de
Colpensiones se advierte que el lapso comprendido entre el 14 de septiembre de
1987 y el 30 de junio de 1995 no fue incluido en este último. Asimismo, se observa
que ese periodo coincide en algunos extremos temporales con las semanas
cotizadas en Colpensiones del 19 de abril de 1988 al 12 de julio de 1988, cuyo
empleador fue Vedescol SA, y del 22 de junio de 1991 al 30 de abril de 1994,
laborado en el «Colegio C Juan López».
99. En esa medida, si bien no obra prueba que permita establecer la naturaleza de
la vinculación del periodo certificado en el Cetil, documento en el que además se
indicó que durante ese lapso no existió afiliación a un fondo de pensiones, lo cierto
es que esa certificación resulta más favorable para el demandante, en la medida en
que acredita un tiempo de servicios continuo. No obstante, comoquiera que no es
posible computar de forma doble un mismo periodo, de las 542,86 semanas
reportadas por Colpensiones se descontaran aquellas correspondientes a las
semanas concurrentes, esto es, 12,14 [reportadas del 19 de abril de 1988 al 12 de
julio de 1988, cuyo empleador fue Vedescol SA] y 162,29 [ reportadas del 22 de
junio de 1991 al 30 de abril de 1994, laborado en el «Colegio C Juan López»].
100. En consecuencia, para efectos del cómputo del tiempo de servicios se tendrá
en cuenta el periodo certificado en el Cetil por ser continuo y estar acreditado.
Además, porque, como se expuso en el acápite anterior, la ausencia de aportes a
pensiones durante periodos efectivamente laborados no puede constituirse en una
carga que desnaturalice el principio constitucional a la seguridad social.
101. En relación con el tiempo laborado entre el 1 de julio de 1995 y el 29 de junio de
200167, se observa que este periodo fue relacionado por Colpensiones; sin
embargo, las semanas correspondientes no fueron incluidas en la sumatoria total
del reporte. No obstante, esta Sala las tendrá en cuenta, toda vez que ese tiempo
de servicios también se encuentra acreditado en el Cetil. Las anteriores precisiones
son necesarias, porque inciden en la determinación de la fecha en la que el
67
según el Cetil, y el 30 de igual mes y año, según el reporte de semanas de Colpensiones.
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Radicado: 76001-23-33-000-2021-00789-01 (6157-2024)
Demandante: Luis Fernando Ceballos Palacios
demandante adquirió el estatus de pensionado.
102. Porlo anterior, se conmina al Fomag para que adelante las actuaciones
administrativas necesarias a fin de recibir, acreditar y registrar las cotizaciones
correspondientes a favor del demandante, de manera que estas coincidan con el
número de semanas cotizadas de acuerdo con su historial laboral, pues lo cierto es
que se constituye en un deber de la entidad acudir a los mecanismos legales para
recaudar esas sumas de dinero necesarias para financiar la pensión, pues así se
desprende de la lectura de los artículos 2 de la Ley 33 de 1985 y 24 y 57 de la Ley
100 de 1993, en armonía con lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 3752 de 2003.
103. No obstante, y sin perjuicio de lo anterior, para efectos de establecer el
cumplimiento del tiempo de servicio exigido para acceder a la prestación reclamada,
la Sala tendrá en cuenta los periodos comprendidos entre el 14 de septiembre de
1987 y el 30 de junio de 1995 y entre el 1 de julio de 1995 y el 30 de junio de 2001,
con fundamento en lo anteriormente planteado.
104. De acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior y lo probado en el proceso,
se advierte que Luis Fernando Ceballos Palacios acumuló un total de 368,43
semanas en Colpensiones [resultado de restarle a 542,86 semanas totales
reportadas, 12,14 del periodo entre el 19 de abril de 1988 y el 12 de julio de 1988,
y 162,29, del 22 de junio de 1991 al 30 de abril de 1994, por ser tiempos dobles],
más 368,42 semanas correspondiente a 7 años, 1 mes y 29 días laborados en la
Contraloría Departamental como revisor fiscal y 308,28 semanas trabajados en la
misma entidad como técnico, que sumados con el tiempo que prestó sus servicios
como docente oficial, acreditó:
Total tiempo
Modalidad Cargo Desde Hasta Años Meses Días
de servicios
368,43
colpensiones 7 1 29
semanas
14 de
contraloría revisor 30 de junio 7 años 1 mes
septiembre 7 1 29
departamental fiscal de 1995 29 días
de 1987
5 años 11
contraloría 1 de julio de 30 de junio
técnico meses 29 5 11 29
departamental 1995 de 2001 días
ops S/N del 30
de agosto de docente 105 días 0 0 105
2000
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Radicado: 76001-23-33-000-2021-00789-01 (6157-2024)
Demandante: Luis Fernando Ceballos Palacios
ops 900 del 1
de octubre de docente 75 días 0 0 75
2001
ops 900 del 8
de febero de docente 179 días 0 0 179
2002
ops 900 del 26
de agosto de docente 89 días 0 0 89
2002
ops 3425 del 1
de octubre de docente 53 días 0 0 0
2002
nombramiento
26 de 24 de 2 años 7
en
docente diciembre agosto de meses 29 2 7 29
provisionaldad dias
de 2002 2005
Decreto 2407
nombramiento
11 de enero 13 de abril 13 años 3
en propiedad docente 13 3 2
de 2008 de 2021 meses 2 dias
Decreto 1019
34 23 566
3 18 /30
37 41 18,87
/12 26
3,4
5
105. De acuerdo con lo anterior, acreditó 37 años, 5 meses y 26 días de servicio.
Además, cumplió con los requisitos enunciados en el artículo 81 de la Ley 812 de
2003, por cuanto estuvo vinculado al servicio público educativo oficial con
anterioridad a la entrada en vigencia de esa ley, inicialmente mediante órdenes de
prestación de servicios (1 de septiembre de 2000) e, incluso, en provisionalidad
desde el 26 de diciembre de 2002. De manera que, tenía derecho al reconocimiento
pensional de conformidad con el régimen que beneficiaba a los servidores públicos
del orden nacional antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993.
106. En tal medida, Luis Fernando Ceballos Palacios era beneficiario de las
prerrogativas previstas en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, toda vez que se
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Radicado: 76001-23-33-000-2021-00789-01 (6157-2024)
Demandante: Luis Fernando Ceballos Palacios
encontraba vinculado a la docencia oficial con anterioridad a la entrada en vigencia
de la referida disposición. En consecuencia, podía acceder, previo cumplimiento de
los requisitos, a la pensión de jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de 1988
y el Decreto 2709 de 1994 debido a la acumulación de tiempos públicos y privados,
sin necesidad de acreditar los requisitos exigidos por el régimen de transición de la
Ley 100 de 1993, como lo pretendió el recurrente. Exigir tales requisitos, como se
expuso en el marco normativo, desconoce lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley
812 de 2003 y en el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 1 de 2005, normas
que exceptuaron de la aplicación de la Ley 100 de 1993 a los docentes vinculados
antes del 27 de junio de 2003, caso del demandante, sin que le fuera exigible una
condición adicional a la vinculación anterior a esa fecha.
107. Al respecto, es necesario precisar que, es irrelevante que el periodo anterior a
la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 hubiera sido en virtud de una
vinculación temporal o en interinidad o por contratos de prestación de servicios y no
a través de una vinculación legal y reglamentaria o, se insiste, que no se hubiesen
acreditado los aportes a pensión, por cuanto el beneficio del régimen de transición
de la norma antes mencionada no establece alguna condición adicional al de haber
tenido un vínculo al servicio público educativo oficial, bien sea como docente
nacional, nacionalizada o territorial68.
2.4.2.4. Sobre el derecho a la pensión de jubilación por aportes reclamada
108. De acuerdo con el material probatorio allegado al expediente se tiene que
comoquiera que la vinculación inicial del demandante como docente ocurrió con
anterioridad a la Ley 812 de 2003, el régimen prestacional aplicable a su caso era
el de la Ley 71 de 1988 y el Decreto 2709 de 1994, debido a la acumulación de
tiempos públicos y privados.
109. Al efecto, según el artículo 7 de la citada ley, por ser hombre debía acreditar 60
años de edad y 20 años de cotizaciones continuas o discontinuas en el Instituto de
Seguros Sociales (hoy Administradora Colombiana de Pensiones) y en una o varias
de las entidades de previsión social del sector público; en ambos casos, con una
tasa de reemplazo del 75% y sobre lo aportado durante el último año de servicio.
110. Así las cosas, tal y como lo encontró el a quo, el demandante tenía derecho al
reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes con inclusión de los factores
sobre los cuales hubiese efectuado cotizaciones durante el último año de servicio,
en aplicación de lo previsto en los artículos 6 y 8 del Decreto 2709, esto es, a la
68 En ese sentido puede consultarse la sentencia del 19 de enero de 2017, radicado 54001-23-33-
000-2012-00180-01 (1706-2015), proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B.
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Radicado: 76001-23-33-000-2021-00789-01 (6157-2024)
Demandante: Luis Fernando Ceballos Palacios
reliquidación de la prestación en los términos de la norma aplicada en esta decisión.
El estatus pensional lo adquirió el 30 de septiembre de 2016, fecha en la que
acreditó los requisitos de edad -60 años o más- (pues nació el 30 de septiembre de
1956) y 20 años de aportes acumulados en las diferentes entidades de previsión
social, de conformidad con el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 y el Decreto 2709 de
1994.
111. De conformidad con lo hasta aquí expuesto, se impone adicionar el ordinal 6
para disponer que el Fomag deberá adelantar las acciones necesarias a fin de
recibir, acreditar y registrar las cotizaciones correspondientes a favor del actor, de
manera que estas coincidan con el tiempo de servicio laborado de acuerdo con su
historial laboral. Asimismo, la entidad podrá reclamar la cuota parte a las demás
entidades de previsión social o fondos pensionales en los que Luis Fernando
Ceballos Palacios hubiese realizado cotizaciones, de conformidad con el artículo 11
del Decreto 2709 de 1994; y confirmar en lo demás la primera instancia.
2.5. Costas
112. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
113. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
114. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma69.
69En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Radicado: 76001-23-33-000-2021-00789-01 (6157-2024)
Demandante: Luis Fernando Ceballos Palacios
115. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.
116. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte
vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en
costas.
3. Conclusión
117. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que, en tanto el demandante
se vinculó al servicio público educativo con anterioridad de la entrada en vigor de la
Ley 812 de 2003, era beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo
81 de esta ley, por lo que tenía derecho al reconocimiento a la prestación prevista
en la Ley 71 de 1988. En consecuencia, se adicionará el ordinal 6 para disponer
que el Fomag deberá adelantar las acciones necesarias a fin de recibir, acreditar y
registrar las cotizaciones correspondientes a favor del demandante, de manera que
estas coincidan con el tiempo de servicio laborado de acuerdo con su historial
laboral y se confirmará en lo demás la sentencia proferida el 1 de agosto de 2024
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de acuerdo con lo expuesto en la
parte motiva.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Adicionar el ordinal 6 de la sentencia proferida el 1° de agosto de 2024
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, para disponer:
Sexto. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (Fomag) deberá adelantar las acciones necesarias a fin de
recibir, acreditar y registrar las cotizaciones correspondientes a favor del demandante,
de manera que estas coincidan con el tiempo de servicio laborado de acuerdo con su
historial laboral. Asimismo, la entidad podrá reclamar la cuota parte a las demás
entidades de previsión social o fondos pensionales en los que Luis Fernando Ceballos
Palacios hubiese realizado cotizaciones, de conformidad con el artículo 11 del Decreto
2709 de 1994.
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Demandante: Luis Fernando Ceballos Palacios
Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia del 1 de agosto de 2024 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MAG
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