Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00527-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00527-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2021-00527-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
13 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D.C., Trece (13) de agosto de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado : 25000-23-42-000-2021-00527-01 (3562-2025)
Demandante : Lie-tse Jaramillo Castelblanco1
Demandada : Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Reconocimiento pensión de jubilación
Decisión : Sentencia de segunda instancia
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por los extremos de la litis, contra
la sentencia del Siete (7) de febrero de Dos Mil Veinticinco (2025)2, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que concedió parcialmente las pretensiones de
la demanda, sin condena en costas.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda3
1.1. Pretensiones4
1. El señor Lie-tse Jaramillo Castelblanco, a través de apoderado judicial, promovió
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la Nación – Ministerio de
Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), por medio
de la cual, solicita la nulidad de la Resolución No. 9343 del Veintisiete (27) de septiembre
de Dos Mil Diecinueve (2019), en razón a que, le negó el reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación bajo el marco de la Ley 33 de 1985, en condición de docente oficial
del Magisterio.
2. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, pretende
que, se ordene a la parte demandada, reconocer, liquidar y pagar la pensión de jubilación,
equivalente al 75% del promedio mensual, de la totalidad de los factores salariales
devengados en el año inmediatamente anterior a la fecha en que adquirió el estatus
pensional, es decir, el comprendido entre el Veintisiete (27) de abril de Dos Mil Diecisiete
(2017) y el Veintiocho (28) de abril de Dos Mil Dieciocho (2018).
1 Cfr. Cédula de ciudadanía visible en Sistema Samai, gestión otros despachos, índice 1, folios 10
2
Expediente digital – Sistema Samai, gestión en otros despachos, índice 030
3
Expediente digital – Sistema Samai, gestión en otros despachos, índice 1
4
Expediente digital – Sistema Samai, gestión en otros despachos, índice 1, demanda, folio 2
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Número interno: 3562-2025
Demandante: Lie-tse Jaramillo Castelblanco
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
3. Asimismo, solicita que, para efectos del reconocimiento pensional, se tengan en
cuenta la totalidad de los periodos laborados, a su vez, se condene a la parte demandada
a: i) pagarle todas las mesadas pensionales dejadas de cancelar desde la fecha de
constitución del derecho -Veintiocho (28) de abril de Dos Mil Dieciocho (2018)- hasta el día
que se haga efectivo el pago, incluidas las primas y los aumentos anuales automáticos que
ordena la Ley 71 de 1988, con la actualización de los valores objeto de la condena de
acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor (IPC), tal como, lo autoriza el
artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
ii) al pago de los intereses moratorios que se devengaran desde la ejecutoria de la sentencia,
conforme al artículo 192 y numeral 4 del artículo 195 de igual norma, iii) a dar cumplimiento
al fallo dentro del término previsto en los artículos 189, 192 ibidem y iv) al pago de costas,
según lo previsto en el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo en armonía con lo establecido en el Código General del
Proceso.
4. Los hechos en que se fundamentan las pretensiones de la demanda, son los
siguientes5.
5. El señor Lie-Tse Jaramillo Castelblanco, nació el Ocho (8) de noviembre de Mil
novecientos Cincuenta y Nueve (1959), razón por la cual, cumplió 55 años el Ocho (8) de
noviembre de Dos Mil Catorce (2014), y ha laborado durante más de 20 años como
docente del sector oficial a través de nombramientos en interinidad, provisional, periodo
de prueba y propiedad.
6. A tono con lo anterior, indica que cumple con los requisitos para acceder a la
pensión de jubilación, motivo por el cual, el Primero (1) de marzo de Dos Mil Diecinueve
(2019), bajo el No. E-2019-42020, radicó ante la Secretaría de Educación de Bogotá D.C,
solicitud de reconocimiento de la pensión de jubilación bajo el marco legal contenido en
la Ley 33 de 1985, por su condición de docente oficial.
7. Mediante oficio S-2019-161032 del Cuatro (4) de septiembre de Dos Mil Diecinueve
(2019), la Secretaría de Educación de Bogotá, lo requirió para que entregara certificado
de no pensionado expedido por la UGPP, para proceder con el estudio de la solicitud de
pensión de jubilación.
8. Por medio del oficio adiado Trece (13) de septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019),
bajo el radicado No. E-2019-148243, aportó la documentación solicitada por la Secretaría
de Educación de Bogotá D.C.
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Expediente digital – Sistema Samai, gestión en otros despachos, índice 001, folios 2-4
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Número interno: 3562-2025
Demandante: Lie-tse Jaramillo Castelblanco
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
9. Por medio de la Resolución No. 9343 del Veintisiete (27) de septiembre de Dos Mil
Diecinueve (2019), la Secretaría de Educación de Bogotá D.C., negó el reconocimiento y
pago de la pensión de jubilación, bajo el argumento que, la última vinculación fue en
vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo tanto, los derechos pensionales se rigen por el
régimen de prima media establecido en la Ley 100 de 1993, con los requisitos previstos
para su goce, a excepción de la edad, razón por la cual, al docente no le era aplicable la
Ley 33 de 1985, que establece los parámetros para el reconocimiento de la pensión
vitalicia de jubilación.
10. En contra de la anterior resolución, solo procedía el recurso de reposición, el cual,
ante su no obligatoriedad, quedó agotada en debida forma la actuación administrativa.
1.3 . Normas violadas y concepto de violación.
11. La parte demandante, invocó como normas vulneradas, los artículos 2, 13, 25, 48 y
59 de la Constitución Política, 4 de la Ley 4 de 1966; leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y
37 de 1933; Ley 91 de 1989 articulo 15; Ley 4 de 1976 articulo 2, Ley 153 de 1987, articulo
7 de la Ley 71 de 1988; artículos 150 y 279 de la Ley 100 de 1993, articulo 81 de la Ley
812 de 2003, articulo 1, 2 y 36 literal g del Decreto Ley 2277 de 1979.
12. Como concepto de violación, sostuvo que, el acto administrativo demandado
desconoce el régimen constitucional y legal aplicable para el reconocimiento pensional
docente, toda vez que, los docentes vinculados hasta el Veintiséis (26) de junio de Dos
Mil Tres (2003), conservan el régimen excepcional conformado por las leyes 33, 62, de
1985, 91 de 1989 y 71 de 1988. Para aquellos educadores que por primera vez ingresan
al magisterio oficial a partir del Veintisiete (27) de junio de Dos Mil Tres (2003), los
derechos pensionales se rigen por las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.
13. Resalta que, en el caso de los docentes, la única condición legal para determinar el
régimen pensional, es la fecha de vinculación al servicio público educativo, sin ninguna
otra condición, es decir, sin atención a si el nombramiento es en propiedad,
provisionalidad, en la modalidad contractual, interinidad, hora catedra o, cualquier figura
que tradicionalmente ha sido utilizada por las entidades territoriales y por la misma Nación.
En todo caso, de considerar que la norma ofrece pasajes oscuros, debe aplicarse el canon
constitucional consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, que introduce unos
principios encaminados a favorecer al trabajador o empleador como lo son, el de
favorabilidad, la prevalencia del derecho sustancial, la prohibición de aplicar leyes,
convenios, pactos que afecten la dignidad y los derechos de los trabajadores.
1.4. Contestación de la demanda
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Número interno: 3562-2025
Demandante: Lie-tse Jaramillo Castelblanco
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
14. El Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, guardó silencio.
1.5. Sentencia de primera instancia
15. Mediante sentencia del Siete (7) de febrero de Dos Mil Veinticinco (2025)6, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, concedió parcialmente las pretensiones de la
demanda, sin condena en costas, así:
«Primero: Declarar la nulidad de la Resolución No. 9343 del 27 de
septiembre de 2019, que negó el reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación bajo el marco de la Ley 33 de 1985, dentro del proceso
adelantado por la señora Lie-Tse Jaramillo Castelblanco contra la Nación -
Ministerio de Educación Nacional - Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva.
Segundo: Como restablecimiento del derecho, condenar a la Nación -
Ministerio de Educación Nacional - Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio a reconocer la pensión a favor de la señora Lie-Tse Jaramillo
Castelblanco, identificada con cédula de ciudadanía número 19.428.111,
en monto equivalente a 75% del promedio de la asignación básica mensual
y demás factores salariales devengados durante el año anterior a la
causación del derecho, con los ajustes anuales de ley, en los términos
establecidos en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 y Ley 62 del mismo año,
por las razones expuestas.
Tercero: La Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio, deberá dar cumplimiento a la
sentencia, de conformidad a lo dispuesto en los términos establecidos en
los artículos 187, 189 y 192 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
Cuarto: Negar las demás pretensiones.
Quinto: Sin condena en costas.
(…)» (sic).
16. Lo anterior, en razón a que, luego de analizar el material probatorio existente en el
expediente, señaló que, el demandante: i) nació el Ocho (8) de noviembre de Mil
Novecientos Cincuenta y Nueve (1959), y cumplió 55 años el Ocho (8) de noviembre de
Dos Mil Catorce (2014); ii) laboró desde el Dieciocho (18) de mayo de Mil Novecientos
Ochenta y Nueve (1989) hasta el Tres (3) de diciembre de Mil Novecientos Ochenta y
Nueve (1989); del Veintidós (22) de enero de Mil Nivecientos Noventa (1990), al Dos (2)
de diciembre de Mil Novecientos Noventa (1990), del Veintiuno (21) de enero de Mil
Novecientos Noventa y Uno (1991), al Dos (2) de diciembre de Mil Novecientos Noventa
y Uno (1991), y del Veintiuno (21) de enero de Mil Novecientos Noventa y Dos (1992),
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Expediente digital – Sistema Samai, gestión en otros despachos, índice 030
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Demandante: Lie-tse Jaramillo Castelblanco
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
hasta el Primero (1) de diciembre de Mil Novecientos Noventa y Dos (1992); iii) el Primero
(1) de febrero de Mil Novecientos Noventa y Tres (1993), fue nombrada en propiedad y
se retiró el Seis (6) de mayo de Mil Novecientos Noventa y Seis (1996); iv) laboró como
docente interino del Treinta (30) de septiembre de Dos Mil Tres (2003) al Cinco (5) de
diciembre de Dos Mil Tres (2003); v) fue nombrado en provisionalidad del Doce (12) de
febrero de Dos Mil Cuatro (2004) hasta el Catorce (14) de julio de Dos Mil Cinco (2005);
vi) del Quince (15) de julio de Dos Mil Cinco (2005), al Veintiuno (21) de abril de Dos Mil
Seis (2006); del Cinco (5) de junio de Dos Mil Ocho (2008); activo a la fecha del certificado,
esto es, Treinta y Uno (31) de diciembre de Dos Mil Dieciocho (2018).
17. Por lo expuesto, consideró que no le asiste razón a la parte demandada, al
desconocer la función desarrollada por el demandante, en las diferentes modalidades bajo
las cuales prestó sus servicios como docente, en razón a que, en ningún caso, los
parámetros de nombramiento son imputables al docente quien, sin importar la forma como
ha de ser vinculado, cumple funciones similares en el campo educativo y, en
consecuencia, está obligado a acreditar iguales condiciones de formación.
18. Colige que, era dable computar el tiempo de servicios prestados (como interino)
para efectos pensionales, razón por la cual, tuvo por acreditada la vinculación con
anterioridad a la Ley 812 de 2003, consecuentemente aplicó las disposiciones previstas
en la Ley 91 de 1989, que remite a la norma general, esto es, a la Ley 33 de 1985, que
señala como requisitos para acceder a la pensión mensual vitalicia de jubilación, 20 años
continuos o discontinuos de servicio como empleado oficial y 55 años de edad.
19. Bajo este contexto, concluyó que, la norma aplicable en materia pensional es la
vigente al momento en que se expidió la Ley 91 de 1989, esto es, el Veintinueve (29) de
diciembre de Mil Novecientos Ochenta y Nueve (1989), la cual, corresponde a la Ley 33
de 1985, aplicable a los empleados oficiales de todos los órdenes y, a la luz de la posición
asumida por el Consejo de Estado, también a los docentes de manera directa y no por vía
de transición de la Ley 100 de 1993.
20. Concluyó que, el señor Lie-Tse Jaramillo Castelblanco, acreditó que, contaba con
más de 20 años de servicios en el sector oficial y con 55 años de edad, razón por la cual,
tiene derecho a que se le reconozca y pague una pensión vitalicia de jubilación en los
términos establecidos en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 y Ley 62 del mismo año.
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1.6. De los recursos de apelación
1.6.1. Parte demandante7
21. El apoderado judicial de la parte demandante, interpuso recurso de apelación por
medio del cual, pretende que, se revoque y/o modifique parcialmente la sentencia de
primera instancia, toda vez que, incurrió en el error de no indicar con exactitud la fecha de
efectividad y/o efectos fiscales de la pensión, la cual, conforme a lo pretendido en la
demanda debe ser desde que, el docente adquirió el estatus pensional, es decir el
Veintiocho (28) de abril de Dos Mil Dieciocho (2018), incluyendo el pago de todas las
mesadas causadas desde la fecha de adquisición del derecho.
22. Aduce que, a raíz de la anterior situación, solicitó al A quo, aclaración de la
sentencia, sin embargo, la petición fue resulta de forma negativa al considerar que, a la
fecha del estatus pensional el demandante seguía laborando y no contaba con retiro
definitivo, razón por la cual, consideró que, dicha situación debía ser aclarada en sede
administrativa.
23. Alega que, es equivocado el anterior argumento, toda vez que, el criterio
ampliamente mayoritario expuesto por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y
Tribunales Administrativos del país es que, el régimen pensional exceptuado de los
docentes del Magisterio consagrado en las leyes 33 de 1985, 71 1988 y 91 de 1989
permiten la compatibilidad entre pensión de jubilación y salario.
1.6.2. Parte demandada8
24. La apoderada judicial de la parte demandada, interpuso recurso de apelación por
medio del cual, pretende se revoque la sentencia de primera instancia, en razón a
que, considera errada la tesis planteada por el A-quo, en atención a la fecha de
vinculación del demandante, pues, no se evidencia que, en los tiempos de prestación de
servicios se hayan efectuados aportes al sistema de seguridad social en pensión y, a su
vez, la Ley 812 de 2003, es clara al mencionar que, quienes tendrán derecho son aquellos
que estén vinculados laboralmente al sector oficial, es decir trabajador, y en ningún caso
menciona al contratista.
25. Señala que, a la luz de lo establecido en la norma en mención, el régimen
prestacional de los docentes que, se encontraran vinculados al servicio público educativo
oficial, correspondería al establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes, con
anterioridad a la entrada en vigor de la precitada ley, y que, quienes se vincularan a partir
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de su entrada en vigencia, serian afiliados al FOMAG, con los derechos pensionales del
régimen de prima media, señalado en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, los requisitos
previstos en ellas, con excepción de la edad de pensión de vejez que, sería de 57 años
para hombres y mujeres, es decir, la incorporación de este sector de servidores al sistema
general de pensiones, surgió a partir de la expedición de la Ley 812 de 2003.
26. Sostiene que, conforme con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, las personas
vinculadas al servicio educativo a partir de la entrada en vigor de esta norma, se
encuentran amparadas por el régimen pensional de prima media contemplado en
las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.
27. La Ley 100 de 1993, instauró un sistema de seguridad social que derogó muchos
de los regímenes que, se encontraban vigentes para su expedición, lo cual, generó el
cambio de requisitos de edad y semanas de cotización que, debían cumplir las personas
para adquirir su derecho pensional.
28. En todo caso, aclaró que, con la finalidad de lograr la mínima afectación de las
expectativas legítimas, dicha ley previo en su artículo 36, el régimen de transición, el cual,
es aplicable respecto de la edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicios
o el número de semanas cotizadas y el monto de la pensión previsto en el régimen
anterior, siempre que, al Primero (1) de abril de Mil Novecientos Noventa y Cuatro
(1994), (fecha en la cual entra en vigencia el sistema), el cotizante cuente con 35 años o
más en el caso de las mujeres, o 40 años o más en el caso de los hombres, o 15 años o
más de servicio cotizado.
29. De igual forma, expone que la Ley 71 de 1988, creó la pensión por aportes, la
cual, básicamente consiste en la acumulación de los aportes efectuados a las entidades
de Previsión Social del Sector Público y al Instituto de Seguros Sociales, a fin de proteger
al cotizante respecto del tiempo de servicios, cuando le hiciere falta tiempo para acceder
a la pensión de jubilación, ya sea en el sector público o en el privado.
30. Afirma que, «tal calidad no la ostenta el demandante, la norma es clara al
establecer que tienen derecho aquellos que fueron vinculados laboralmente al sector
oficial y para el caso se encuentran acreditados tiempos de servicios bajo la modalidad
de contrato de prestación de servicios, por lo que, se concluye que no se cumplen con los
requisitos para acceder a dicha pensión, pues, esta modalidad de contratación se rige
bajo las normas civiles.»
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Demandante: Lie-tse Jaramillo Castelblanco
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31. Indica no compartir la tesis señalada por el A-quo, en razón a que, el tiempo
acreditado por la parte demandante no puede ser tenido en cuenta, toda vez que, es
bajo la orden de prestación de servicios, siendo un vínculo civil y no laboral. Así, alega
que, si bien es cierto, se fundamenta en la primacía de la realidad, considera que, no se
puede aplicar dado que, no existe proceso en el que, se debatan los elementos esenciales
para la configuración de un contrato de trabajo, tales como: subordinación, remuneración,
prestación directa del servicio.
32. Sostiene que, a la luz del material probatorio existente en el expediente, se
encuentra plenamente acreditado que, la parte demandante se vinculó el Veintiocho
(28) de agosto de Dos Mil Ocho (2008), como docente afiliado al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, esto es, con posterioridad a la entrada en vigencia
de la Ley 812 de 2003, razón por la cual, el régimen pensional que, corresponde al actor
es el de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los
requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que, será de 57
años para hombres y mujeres.
33. Criterio que, fue efectivamente reiterado en la sentencia de Unificación SUJ-014-
CE-S2-2019 del Veinticinco (25) de abril de Dos Mil Diecinueve (2019), proferida por el
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda.
1.7. Trámite de segunda instancia
34. Por auto del Catorce (14) de julio de Dos Mil Veintiséis (2026)9, el despacho
sustanciador admitió los recursos de apelación interpuestos por los extremos de la litis, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
35. De acuerdo con el numeral 5° del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no se corrió
traslado a las partes para alegar.
1.7.1. Concepto Ministerio Público.
36. El señor agente del Ministerio Público, no emitió concepto de fondo.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
37. De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo10, el Consejo de Estado es competente para resolver los
recursos de apelación. De igual forma, según el artículo 328 del Código General del
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Expediente digital – Sistema Samai, índice 006
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El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de
impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en
un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
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Demandante: Lie-tse Jaramillo Castelblanco
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Proceso11, cuando ambas partes hayan apelado la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
2.2. Problema jurídico
38. Corresponde a la Sala, resolver lo siguiente:
i) ¿El periodo laborado por el demandante, en calidad de docente antes de la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, fue por medio de contrato de
prestación de servicios y, por ello, no es posible tenerlo en cuenta para
acreditar la calidad de docente oficial y computarlo para el reconocimiento
pensional?
ii) ¿Al señor Lie-tse Jaramillo Castelblanco, le asiste el derecho a la pensión
de jubilación, con base en la Ley 33 de 1985, en cuantía del 75% del
promedio de todos los factores devengados y, sobre los cuales realizó
aportes durante el año inmediatamente anterior a la adquisición del estatus
pensional?
iii) De resolverse positivamente el anterior interrogante, se establecerá ¿A partir
de qué fecha se debe hacer efectivo tanto el reconocimiento como el pago
de la mesada pensional y, si esta, es compatible con el salario de docente?
39. Con el fin de resolver los problemas jurídicos, se abordarán los siguientes aspectos:
2.3. Marco normativo y jurisprudencial sobre el sistema general de pensiones docentes,
2.4. Hechos probados y 2.5. Caso concreto.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso concreto12.
40. En un inicio, los docentes oficiales fueron destinatarios de la pensión de jubilación
prevista por la Ley 6ª de 1945, según la cual, quien acumulara 20 años de servicio y
llegara a 50 años de edad, tendría derecho a una pensión vitalicia de jubilación liquidada
con el 75% del «promedio de los sueldos devengados durante el último año».
Posteriormente, sus derechos pensionales fueron regidos por la Ley 33 de 1985, norma
que consagró el derecho a obtener una pensión de jubilación para aquellos que
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«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando
ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la
apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no
podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos
íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección B, consejero ponente: Jorge Edison
Portocarrero Banguera, sentencia del Cinco (5) de marzo de Dos Mil Veintiséis (2026). radicado76001-23-33-000-2021-00976-01
(0285-2025).
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Demandante: Lie-tse Jaramillo Castelblanco
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
acumularan 20 años de servicio y cumplieran 55 años de edad, liquidada con el 75% «del
salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio».
41. Con la Ley 91 de 1989 se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio concebido como una cuenta especial de la nación, que tenía como finalidad
realizar el pago de las prestaciones sociales de los docentes. En estos términos, el Fondo
tiene dentro de sus funciones, reconocer la pensión de jubilación, post mortem, de retiro
por vejez, de invalidez y la sustitución pensional.
42. Ahora bien, en la misma ley mencionada, se determinó que a los docentes afiliados
a dicho Fondo se les aplicaría el mismo régimen pensional de los empleados del sector
público nacional. Así lo prescribe, el artículo 15 literal b) de la Ley 91 de 1989 según el
cual “para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1 de enero de 1990, cuando
se cumplan los requisitos de Ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación
equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados
gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y
adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional”.
43. En ese orden, aunque si bien es cierto que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989
determinó que la pensión ordinaria de jubilación de los docentes corresponderá al
equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año de servicios, también lo
es que, no especificó los requisitos de reconocimiento de la prestación, y por ello, remite
al régimen vigente para los pensionados del sector público nacional. Ahora bien, ese
régimen atendiendo a la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado 13,
corresponde al consagrado para el sector público en la Ley 33 de 1985, esto teniendo en
cuenta que el régimen de seguridad social en materia pensional establecido en la Ley 100
de 1993 no se aplica a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, por expreso mandato del artículo 279 de esta normativa.
44. De acuerdo con lo anterior, el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 consagra que el
empleado oficial que sirva o haya servido 20 años continuos o discontinuos y llegue a la
edad de 55 años tendrá derecho a que la respectiva Caja de Previsión le pague una
pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del salario promedio que sirvió
de base para los aportes durante el último año de servicio. Por su parte, el artículo 3° de
esta misma disposición, modificado por el artículo 1° de la Ley 62 de 1985, indica que la
base de liquidación de los aportes estará constituida por la asignación básica, los gastos
13
Sentencia del 20 de octubre de 2014, proferida por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado. Radicado
68001233100020110027601.
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de representación, la prima técnica, los dominicales y feriados, las horas extras, la
bonificación por servicios prestados y trabajo suplementario o realizado en jornada
nocturna o en días de descanso obligatorio. Y precisa que, en todo caso, “las pensiones
de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos
factores que hayan servido de base para calcular los aportes”.
45. Así las cosas, la expedición de la Ley 100 de 1993, no varió las condiciones de
cómo se venían reconociendo las pensiones para el sector docente, puesto que como
dicho gremio estaba exceptuado, se les seguía aplicando las condiciones fijadas, en la ya
mencionada Ley 91 de 1989 en concordancia con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y
27 del Decreto 3135 de 1968, este último derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.
46. Esta realidad cambió con la expedición de la Ley 812 de 2003 “Por la cual se
aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario", puesto
que a través del artículo 8114 introdujo importantes cambios en el régimen de los docentes
oficiales, con el fin de incorporar a este sector al sistema de seguridad en pensiones
regulado por la Ley 100 de 1993.
47. En efecto, el artículo 81 en cita, determinó que el régimen de los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales que se encontraban vinculados al servicio
público educativo oficial sería «[…] el establecido para el Magisterio en las disposiciones
vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de [esa] ley»; sin embargo, enseguida
reguló que los docentes oficiales vinculados a partir de su entrada en vigor (27 de junio
de 2003), deben ser afiliados al Fomag y tendrán los derechos del régimen pensional de
prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, «con los requisitos
previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para
hombres y mujeres».
48. El Acto Legislativo 01 de 2005, por medio del cual se reformó el artículo 48 de la
Constitución Política, ratificó el alcance del art. 81 de la Ley 812 de 2003 en relación con
el régimen docente. En el parágrafo transitorio núm.1o dispuso que “El régimen pensional
de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo
81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de
la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema
General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003”.
14
Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 2341 de 2003, Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 3752 de
2003.
12
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49. La Sección Segunda del Consejo de Estado, en el marco del anunciado cambio
legislativo, profirió la Sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de Veinticinco (25) de abril
de Dos Mil Diecinueve (2019)15, en la cual, estableció que, para definir el régimen
pensional que regula el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para los docentes
nacionales, nacionalizados o territoriales, es necesario tomar como punto de partida la
fecha de ingreso al servicio educativo oficial docente. En esos términos quedó explicado
en la citada sentencia:
«[…] I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público
educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se vincularon
a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos docentes, también
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el
régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que
será de 57 años para hombres y mujeres».
50. De acuerdo con esta interpretación, esta sección concluyó que, para quienes se
hayan vinculado al servicio público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigor
de la Ley 812 de 2003, lo cual ocurrió el 27 de junio del mismo año 16, la liquidación de la
pensión ordinaria de jubilación sería la que, corresponde «al mismo régimen de pensión
ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley
33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se
hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de
1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo»17.
51. Ahora bien, para los docentes que ingresaron al servicio educativo a partir de la
Ley 812 de 2003, en el mismo fallo se dispuso lo siguiente:
«[…] 68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, y son beneficiarios del régimen pensional de prima
media en las condiciones previstas en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003,
salvo en lo que tiene que ver con la edad, la que, según el artículo 81 de la
citada Ley 812 de 2003 se unificó para hombres y mujeres en 57 años12. Esto
quiere decir, que para el ingreso base de liquidación de este grupo de
docentes debe tenerse en cuenta lo previsto en la Ley 100 de 1993 y el
Decreto 1158 de 1994. 69. A este grupo de docentes les aplican las normas
generales del sistema de pensiones y no la regulación prevista en la Ley 91
de 1989. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de liquidación
son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las
respectivas cotizaciones […]».
15
Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino Cortés.
16
Diario Oficial No. 45.231, de 27 de junio de 2003.
17
0937-2017. MP César Palomino Cortés.
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52. En resumen, a los docentes vinculados antes del Veintisiete (27) de junio de Dos Mil
Tres (2003) se les aplicarán las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, requisito de edad: 55
años, requisito de tiempo o semanas: 20 años de servicio, monto: 75% con un IBL o
componente temporal: del último año anterior a la adquisición del derecho a la pensión,
en consideración de la compatibilidad del ejercicio de la docencia con el goce de la
pensión de jubilación prevista por el art. 5º de la Ley 224 de 1972; o último año de
prestación de servicios, según corresponda.
53. En contraste, a los docentes vinculados a partir del Veintisiete (27) de junio de Dos
Mil Tres (2003), se les aplicará las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, requisito de edad:
57 años, requisito de tiempo de servicios: según corresponda de acuerdo con el artículo
33 de la Ley 100 de 1993, monto: el que resulte de aplicar las reglas previstas en el artículo
34 de la Ley 100 de 1993, según corresponda en el tiempo y con IBL o componente
temporal de los últimos 10 años o toda la vida laboral, de acuerdo con el artículo 21 de la
Ley 100 de 1993.
54. De acuerdo con lo anterior, el régimen de los docentes vinculados con antelación a
la promulgación de la Ley 812 de 2003, es el previsto en la Ley 91 de 1989 que, a su vez,
remite al «[…] régimen vigente para los pensionados del sector público nacional»,
contenido en los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este
último derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.
55. Es importante destacar, que, el régimen de los pensionados del sector público
nacional, consagrado en la Ley 33 de 1985, solo permite sumar los tiempos públicos
servidos al sector oficial.
2.3.1. La Ley 71 de 1988- Finalidad y alcance.
56. Antes de la expedición de la Ley 71 de 1988, no era posible que los trabajadores del
sector público y del sector privado sumaran el tiempo servido en los dos sectores para
efectos de obtener su derecho pensional, esto traía como consecuencia que unos y otros
no logran en varias oportunidades completar el tiempo para acceder a dicha prestación.
57. A través de esta, el legislador buscó dar solución a esta contingencia consagrando la
“pensión de jubilación por acumulación de aportes”, según el artículo 7º de esta
disposición, como aquella que se obtiene sumando los tiempos de cotización en el sector
público y privado. De acuerdo con ello, a partir de esta normatividad, los empleados
oficiales y públicos y los trabajadores particulares que acrediten, 55 años si es mujer y 60
años si es varón, y 20 años de aportes sufragados en cualquier tiempo en una o varias
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entidades de previsión social o de las que hagan sus veces, con los efectuados ante el
I.S.S., tendrán derecho a acceder a la prestación jubilatoria mediante la acumulación de
aportes y cotizaciones derivados de la relación contractual particular u oficial y la legal y
reglamentaria.
58. Es importante mencionar que el nacimiento en el ordenamiento jurídico de la Ley 71
de 1988, no produjo ninguna modificación en los regímenes ordinarios de pensión que
existían hasta ese momento. Así quedó claramente señalado en el artículo 11º de la
misma Ley 71 en el que se indicó que "esta ley y las leyes 33 de 1973, 12 de 1975, 4a.
de 1976, 44 de 1980, 33 de 1985, 113 de 1985 y sus decretos reglamentarios, contienen
los derechos mínimos en materia de pensiones y sustituciones pensionales y se aplicarán
en favor de los afiliados de cualquier naturaleza de las entidades de previsión social, del
sector público en todos sus niveles y de las normas aplicables a las entidades de previsión
social del sector privado, lo mismo que a las personas naturales y jurídicas que
reconozcan y paguen pensiones de jubilación, vejez e invalidez".
59. La Corte Constitucional en la Sentencia C-012 de 1994, puso de presente que con
anterioridad a la Ley 71 de 1988 “los regímenes jurídicos sobre pensiones no permitían
obtener el derecho a la pensión de jubilación acumulando el tiempo servido en entidades
oficiales, afiliadas a instituciones de previsión social oficiales y a las cuales se habían
hecho aportes, con el tiempo servido a patronos particulares, afiliados al Instituto
Colombiano de los Seguros Sociales, y al cual, igualmente se había aportado, aun cuando
si era procedente obtener el derecho a la pensión acumulando el tiempo servido a
diferentes entidades oficiales, cuando se hubieren hecho aportes a diferentes entidades
de previsión social oficial o al ISS".
60. En el contexto descrito, el establecimiento de la pensión de jubilación por aportes se
convirtió en una garantía para los empleados oficiales y públicos y los trabajadores
particulares, de sumar todas las cotizaciones realizadas en su historia laboral,
independientemente de si estas tuvieron origen en el sector público o privado, para cubrir
su riesgo de vejez.
61. La Sección Segunda, también se ha pronunciado sobre las implicaciones que ha
tenido la expedición de la Ley 71 de 1988 al consagrar la pensión por aportes. Sobre dicha
prestación, esta Corporación18 también se ha pronunciado de la siguiente manera:
«[…] En el modelo de prestaciones sociales y de seguridad social anterior a
la Constitución de 1991 y la Ley 100 de 1993, el sistema pensional aplicable
18
Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección B; sentencia de 9 de junio de 2011; expediente: 25000-23-25-000-2005-05520
01(1117-09); consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve.
15
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a los trabajadores del sector privado era diferente al aplicable a los servidores
públicos, al punto de que por regla general no era posible, para efectos de la
pensión, sumar el tiempo servido en una u otra calidad de vínculo laboral. Para
remediar esta situación el Congreso expidió la Ley 71 de 1988, la cual, en su
artículo 7 de la Ley 71 de 1988 consagró la denominada “pensión de jubilación
por acumulación de aportes”, es decir, aquella que se obtiene sumando los
tiempos de cotización y de servicios en el sector público y en el privado.»
62. De acuerdo con todo lo dicho, la pensión por aportes representó la oportunidad para
empleados públicos y privados de sumar sus aportes para efectos pensionales.
2.3.2. Aplicación de la pensión por aportes regulada por la Ley 71 de 1988, a los
docentes vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
63. Aunque en oportunidades anteriores, el suscrito ponente de esta decisión había
salvado el voto en asuntos como el que se discute en esta ocasión, a partir de la sentencia
del 30 de enero del 2025 con radicado interno 0391-2022, acompañó la posición
mayoritaria de la Sala, en la que se determinó que la Ley 71 de 1988, si era aplicable a
los docentes estatales.
64. Ciertamente, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, llegó a
la mencionada conclusión al interpretar la Ley 71 de 1988, de conformidad con lo previsto
en los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989.
La Sala expresó en esta oportunidad varios razonamientos que dan lugar a esta
interpretación. En síntesis, fueron los siguientes:
«En primer lugar, el legislador tuvo la intención al establecer en el numeral
2, literal b), del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 que los docentes «gozarán
del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional» lo
que significa que dicha expresión también incluye que puedan ser
beneficiarios de la Ley 71 de 1988 puesto que esta normativa está dirigida
a todos los empleados públicos en general, sin hacer exclusión expresa de
algún sector.
En segundo lugar, interpretar que el artículo 15.2 literal b), de la Ley 91 de
1989 no remitió también al 7 de la Ley 71 de 1988 implicaría aceptar que
los docentes no hacen parte de la categoría de «empleados oficiales»14 a
los que esta última norma gobierna. Tal entendimiento conllevaría a
aseverar, sin ser cierto, (i) que esta última ley no contiene un régimen
pensional aplicable a los empleados «del sector público nacional» cuando
los cobija a todos; y (ii) que la Ley 33 de 1985 es la única aplicable a esta
clase de trabajadores, cuando no es así.
En tercer lugar, la Ley 71 de 1988, fijó unos derechos pensionales que no
pueden ser desconocidos a ningún servidor público o trabajador privado.
En efecto, en su artículo 11, analizado antes en esta providencia y que debe
ser interpretado de manera sistemática con el 7 por ser parte de un mismo
texto legal y referirse a igual materia, determinó que su contenido y las
disposiciones que quedaron vigentes de las leyes 4 de 1976, 33 de 1973,
16
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12 de 1975, 44 de 1980 y 113 de 1985, junto con la Ley 33 de 1985,
comprenden los «derechos mínimos» en materia de pensiones y
sustituciones pensionales aplicables «al sector público en general y en
todos los niveles».
En cuarto lugar, no hay un mandato legal que disponga que los docentes
oficiales deben ejercer durante toda su vida laboral la enseñanza en el
sector público para que se les aplique el numeral 2 literal b), del artículo 15
de la Ley 91 de 1989, esto es, para tener derecho a pensionarse con las
normas del régimen pensional de los empleados del sector público
nacional. En efecto, el numeral referido trae como única condición la de ser
docente oficial nacional o nacionalizado vinculado a partir del 1.° de enero
de 1981 o del 1.° de enero de 1990. En ninguno de sus apartes exige que
deba ejercerse durante un determinado tiempo la docencia oficial.
En quinto lugar, si bien la Ley 33 de 1985 en su artículo 1 dispuso que
quedaban cobijados por sus reglas todos los empleados públicos salvo «los
empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza
justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente, ni
aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones», lo
cierto es que tal enunciado normativo que establece una excepción tan
estricta no implica que a los docentes no los pueda gobernar otra norma en
temas pensionales porque las leyes 71 de 1988 y 91 de 1989 se expidieron
con posterioridad.»
65. Para la Sala, los argumentos expuestos en esta oportunidad, no solo ofrecen una
interpretación sistemática de las normas que regulan el régimen docente, sino además de
ello, corresponden a una interpretación que materializa el principio de favorabilidad en
materia laboral consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política. Ciertamente,
considerar que la denominada pensión por aportes creada por la Ley 71 de 1988, es
aplicable a los docentes oficiales, conlleva a la obligación de optar por la situación más
favorable al empleado, incluso cuando de la norma surjan varias interpretaciones posibles,
como en el presente, respecto al numeral 2, literal b), del artículo 15 de la Ley 91 de 1989,
en el que, se afirma que los docentes «gozarán del régimen vigente para los pensionados
del sector público nacional» podría acogerse una primera interpretación que los excluye,
porque expresamente no se mencionó la Ley 71 de 1988, y una segunda, que sí los
incluye, bajo la idea que los docentes como empleados públicos también pueden acceder
al régimen pensional por aportes señalado en la pluricitada Ley 71 de 1988, postura que
fue expuesta por la Sala.
66. De igual manera, esta posición, también encuentra sustento en una interpretación
finalista de la Ley 71 de 1988 que como se expuso en párrafos precedentes, tenía como
objetivo que cualquier empleado del sector público o privado, contara con la posibilidad
de sumar sus cotizaciones, sin importar el origen del sector en donde éstas fueron
causadas, en tal sentido, considerar que los docentes no tienen derecho a sumar sus
aportes a la luz de dicha normativa, trae como consecuencia, una transgresión al derecho
a la igualdad de este sector de la población, puesto que mientras el art. 7º de la Ley 71
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de 1988 permite que accedan a la pensión por aportes todos los empleados públicos,
oficiales y los trabajadores privados, una interpretación restrictiva los excluiría, y con ello
se crea una barrera de acceso al derecho a la pensión de aquellos que no puedan
obtenerla sumando únicamente los tiempos públicos.
67. Ciertamente aplicar una interpretación favorable, según la cual los docentes también
puedan acumular las semanas sin importar que cambien de empleador, permite sin duda
que se materialice el derecho fundamental a percibir una pensión de vejez, que solamente
tiene origen en el trabajo continuado del trabajador que espera en algún momento recibir
el ahorro que ha guardado para disfrutar de un descanso remunerado y en condiciones
dignas.
2.3.3. Marco normativo para reconocer el pago de la pensión de jubilación por
aportes.
68. Bajo el contexto que se ha descrito, los docentes tienen derecho a que se aplique la
Ley 71 de 1988, siempre y cuando se hayan vinculado al ejercicio docente público oficial
con anterioridad al 27 de junio de 2003, fecha en la que entró en vigor la Ley 812 del
mismo año. Cumplida esta condición, y en el evento en que los docentes hayan prestado
sus servicios en entidades públicas y privadas, podrán acceder al reconocimiento de la
pensión por aportes, conforme a los requisitos establecidos en el artículo 7º de dicha
normativa, que dispone lo siguiente:
«Artículo 7. A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados
oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes
sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las
entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional,
departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto
de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación
siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y
cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer. El Gobierno Nacional
reglamentará los términos y condiciones para el reconocimiento y pago de
esta prestación y determinará las cuotas partes que correspondan a las
entidades involucradas».
69. Esta disposición, fue reglamentada por el Decreto 2709 del 13 de diciembre de 1994,
de la siguiente manera:
«Artículo 1°. Pensión de jubilación por aportes. La pensión que se refiere el
artículo 7o. de la Ley 71 de 1988, se denomina pensión de jubilación por
aportes.
Tendrán derecho a la pensión de jubilación por aportes quienes al cumplir 60
años o más de edad si es varón, o 55 años o más si se es mujer, acrediten en
cualquier tiempo, 20 años o más de cotizaciones o aportes continuos o
18
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discontinuos en el Instituto de Seguros Sociales y en una o varias de las
entidades de previsión social del sector público.
Artículo 2°. Efectividad y pago de la pensión de jubilación por aportes. La
pensión de jubilación por aportes, para los servidores públicos se hará efectiva
una vez se retiren del servicio. Para los demás trabajadores, se requiere la
desafiliación de los seguros de invalidez, vejez o muerte y accidente de trabajo
y enfermedad profesional, salvo las excepciones previstas en la ley.
Artículo 3°. Incompatibilidad de la pensión de jubilación por aportes. La
pensión de jubilación por aportes es incompatible con las pensiones de
jubilación, invalidez, vejez y retiro por vejez. El empleado o trabajador podrá
optar por la más favorable cuando haya concurrencia entre ellas.
Artículo 4°. Entidad de previsión. Para efectos de la pensión de jubilación por
aportes, se tendrá como entidad de previsión social a cualquiera de las cajas
de previsión social, fondos de previsión, o las que hagan sus veces del orden
nacional, departamental, intendencial, comisarial, municipal o distrital y al
Instituto de los Seguros Sociales.
[…]
Artículo 6º. Salario base para la liquidación de la pensión de jubilación por
aportes. El salario base para la liquidación de esta pensión, será el salario
promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de
servicios, salvo las excepciones contenidas en la ley.
Si la entidad de previsión es el ISS se tendrá en cuenta el promedio del salario
base sobre el cual se efectuaron los aportes durante el último año y dicho
instituto deberá certificar lo pagado por los citados conceptos durante el
período correspondiente.
Artículo 8o. Monto de la pensión de jubilación por aportes. El monto de la
pensión de jubilación por aportes será equivalente al 75 % del salario base de
liquidación. El valor de la pensión de jubilación por aportes, no podrá ser
inferior al salario mínimo legal mensual vigente ni superior a quince (15) veces
dicho salario, salvo lo previsto en la ley».
70. Siguiendo el tenor literal de las normas transcritas, para tener derecho a una pensión
de jubilación, bajo la Ley 71 de 1988, se requiere que los empleados oficiales y
trabajadores cumplan los siguientes requisitos: 1) que acumulen 20 años continuos o
discontinuos cotizados en una o varias entidades de previsión de cualquier orden y en el
ISS (hoy Colpensiones); 2) que cumplan la edad de 55 años si es mujer y 60 si es hombre.
71. De otra parte, en lo que se refiere al monto que se tiene en cuenta para liquidar esta
pensión de jubilación por aportes, este corresponde al 75% del salario promedio base
para los aportes durante el último año de servicios, en aplicación de lo consagrado en los
artículos 6º. y 8º. del Decreto 2709, así como de los factores previstos en la Ley 62 de
1985 y demás normas posteriores que creen prestaciones sociales con carácter salarial,
y en consecuencia, sirven de base para calcular los aportes a pensión.
2.4. Del material probatorio
19
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72. A continuación, procede la Sala a analizar las particularidades del caso objeto de
juzgamiento, frente al marco normativo que rige la materia. En ese sentido, y con base en
el material probatorio aportado al plenario y de acuerdo con los hechos constatados por
esta Subsección, se destaca:
• Cédula de ciudadanía y registro civil de nacimiento del señor Lie-tse Jaramillo
Castelblanco19.
• Certificado de tiempo de servicios expedido el Treinta y Uno (31) de diciembre de
Dos Mil Dieciocho (2018) por la dirección de talento humano de la Secretaría de
Educación del Distrito de Bogotá20.
• Certificado de historia laboral y certificado de salario expedidos por Secretaría de
Educación de Bogotá21.
• Petición radicada el Primero (1) de marzo de Dos Mil Diecinueve (2019), por medio
de la cual, el demandante actuando por intermedio de apoderado judicial, solicitó a
la Secretaría de Educación de Bogotá – Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio, el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación bajo los términos
establecidos en la Ley 33 de 198522.
• Resolución No. 9343 del Veintisiete (27) de septiembre de Dos Mil Diecinueve
(2019), por medio de la cual, la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá,
negó al actor el reconocimiento de la pensión de jubilación, bajo lo dispuesto en la
Ley 33 de 1985, decisión contra la cual, solo procedía el recurso de reposición23.
• Oficio S-2019-161032, por medio del cual, la Secretaría de Educación del Distrito
de Bogotá, solicitó al demandante aportar certificado de no pensionado por la
UGPP24.
• Bajo el radicado No. E-2019-148243, el actor entregó a la accionada el certificado
de no pensionado por la UGPP25.
2.5. Caso concreto.
73. El señor Lie-tse Jaramillo Castelblanco, por medio de la cédula de ciudadanía y
registro civil de nacimiento, acredita que nació el Ocho (8) de noviembre de Mil
Novecientos Cincuenta y Nueve (1959).
19
Expediente digital – Sistema Samai, gestión en otros despachos, índice 001, folios 10-12
20
Expediente digital – Sistema Samai, gestión en otros despachos, índice 001, folios 16-17
21
Expediente digital – Sistema Samai, gestión en otros despachos, índice 001, folios 19-25
22
Expediente digital – Sistema Samai, gestión en otros despachos, índice 001, folios 26-29
23
Expediente digital – Sistema Samai, gestión en otros despachos, índice 001, folios 13-14
24
Expediente digital – Sistema Samai, gestión en otros despachos, índice 001, folio 31
25
Expediente digital – Sistema Samai, gestión en otros despachos, índice 001, folio 35
20
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Demandante: Lie-tse Jaramillo Castelblanco
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
74. Según consta en el certificado laboral y en el formato único de historia laboral,
expedidos el Treinta y Uno (31) de diciembre de Dos Mil Dieciocho (2018) y Treinta (30)
de noviembre de Dos Mil Dieciocho (2018), respectivamente, por la Secretaría de
Educación de Bogotá, el docente Lie-tse Jaramillo Castelblanco, acreditó los tiempos de
servicio y novedades en el magisterio oficial que se enlistan a continuación:
Novedad Tipo de A.A. No de A.A. Desde Hasta Tiempo Ent.
Previsión
social -
aportes a
pensión
6 meses Caja de
Vinculación temporal
11912/92 y 15 días previsión
tiempo completo Resolución 18/05/89 03/12/89
social del
distrito
10 Caja de
Vinculación temporal
12664/92 meses previsión
tiempo completo Resolución 22/01/90 02/12/90
10 días social del
distrito
10 Caja de
Vinculación temporal
16440/92 meses previsión
tiempo completo Resolución 21/01/91 02/12/91
11 días social del
distrito
10 Caja de
Vinculación temporal
21447/92 meses previsión
tiempo completo Resolución 21/01/92 01/12/92
10 días social del
distrito
Nombramiento en 202 del 1/02/93
Resolución 08/02/93
propiedad 3 años 2 Fondo de
meses y prestaciones
Retiro por renuncia Resolución 1809 del 25/06/96 06/05/96 - 28 días sociales del
magisterio
Docente interino Resolución 2877 del 30/09/03 05/12/03 2 meses -
30/09/03 y 5 días
1 año, 5 Fondo de
Nombramiento en 350 del 9/02/04 meses y prestaciones
Resolución 12/02/04 14/07/05
provisionalidad 2 días sociales del
magisterio
Retiro por terminación de 2933 del
Resolución 15/07/05 -
vinculo provisional 14/07/05
Fondo de
Nombramiento en 2641 del prestaciones
Resolución 15/07/05 -
periodo de prueba 20/06/05 sociales del
magisterio
Fondo de
Nombramiento en 1985 del prestaciones
Resolución 05/06/08 -
propiedad 05/06/08 13 años, sociales del
5 meses magisterio
y 16 días
Reubicación en el 5642 del
Resolución 18/05/10 -
escalafón 2B 18/05/10
26 de
Reubicación en el 12355 del
Resolución diciembre de 31/12/201826
escalafón 2C 28/12/17 2017
Total de tiempo 21 años,
5
26
Fecha de expedición del certificado laboral.
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meses,
7 días
75. El Dieciséis (16) de octubre de Dos Mil Dieciocho (2018), la Secretaría de Educación
de Bogotá, emitió el certificado de salarios, en el que, constan los factores percibidos
por Lie-tse Jaramillo Castelblanco, desde el Primero (01) de enero de Dos Mil Dieciséis
(2016) al Treinta (30) de septiembre de Dos Mil Dieciocho (2018), estos son: sueldo, prima
de servicio, bonificación decreto, prima de vacaciones y prima de navidad, de los cuales,
realizó aportes a pensión sobre el sueldo y prima de vacaciones.
76. El Primero (1) de marzo de Dos Mil Diecinueve (2019), el demandante por intermedio
de apoderado judicial, solicitó a la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá el
reconocimiento de una pensión de jubilación, bajo el argumento de estar vinculado al
sector docente con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, lo que, le
permitía beneficiarse de la transición allí prevista, esto es, acudir al régimen pensional en
la Ley 33 de 1985. Así, señaló que adquirió el estatus de pensionado el Veintiocho (28)
de abril del Dos Mil Dieciocho (2018), fecha para la cual, completó los 20 años de servicio,
en tanto que, para ese momento ya había cumplido los 55 años de edad.
77. Mediante la Resolución 9343 del Veintisiete (27) de septiembre de Dos Mil Diecinueve
(2019), la directora de Talento Humano de la Secretaría de Educación del Distrito de
Bogotá, negó el reconocimiento de la pensión de jubilación solicitada por el actor, con
fundamento de haber sido nombrado docente en provisionalidad a través de la Resolución
350 del Nueve (9) de febrero de Dos Mil Cuatro (2004), posteriormente, en periodo de
prueba a partir del Quince (15) de Julio de Dos Mil Cinco (2005), mediante Resolución No.
2641 del Veinte (20) de junio de Dos Mil Cinco (2005) y en propiedad con
la Resolución 1985 del Cinco (5) de junio de Dos Mil Ocho (2008), con vinculación Distrital
– Sistema General de Participaciones, por lo tanto, le era aplicable el régimen establecido
en la Ley 812 de 2003, según el cual, se encontraba sometida a las previsiones de la Ley
100 de 1993 y a los requisitos allí establecidos, con excepción del de la edad.
78. En ese orden de ideas, es indispensable determinar, cuál es la normativa que gobierna
el caso del accionante, en virtud de la fecha de su primer ingreso al servicio educativo
oficial27.
79. De acuerdo con lo anterior, resalta la Sala que, el señor Lie-tse Jaramillo Castelblanco,
al momento en que se expidió el certificado de tiempos de servicios por la Secretaría de
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 25 de abril de 2022.
Radicado: 25000-23-42-000-2020-00046-01 (2494-2021). Esta afirmación se ratifica con este fallo en el que se indicó que: «[…] resulta
necesario determinar con exactitud la fecha a partir de la cual aquella asumió la calidad de educadora estatal, que es la que le permitiría
acceder a uno u otro régimen pensional con motivo de la excepcionalidad que se predica de esta clase de servidores públicos. […]»
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Educación del Distrito de Bogotá – Treinta y Uno (31) de diciembre de Dos Mil Dieciocho
(2018)- tenía 21 años, 5 meses, 7 días, de servicios en el sector docente oficial, y 59 años
de edad.
80. Bajo esta circunstancia, el demandante solicitó el reconocimiento pensional a la luz
de los postulados de la Ley 33 de 1985; sin embargo, fue negada por medio del acto
administrativo demandado, el cual, el A quo al encontrarlo no ajustado a derecho declaró
su nulidad.
81. La parte accionada discrepa de la anterior decisión, porque aduce que, el tiempo de
servicio prestado por el actor con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003,
fue bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios, razón por la cual, afirma no
se puede considerar docente oficial ante la falta de una vinculación legal y reglamentaria,
la cual, solo tuvo lugar con posterioridad a la vigencia de la ley en mención, por lo que,
considera su situación pensional debe ser dilucidada bajo el mandato de la Ley 100 de
1993.
82. De cara al argumento bajo el cual, se sustenta el recurso de apelación del extremo
pasivo de la litis, precisa la Sala que, no tiene vocación de prosperidad, toda vez que, esta
Sección de forma pacífica, frente al ejercicio de la docencia en interinidad, los
nombramientos en provisionalidad, e inclusive el ejercicio de la docencia por horas
cátedras o por contratos u órdenes de prestación de servicios, ha considerado que
resultan válidos para acreditar la prestación del servicio como docente oficial28.
83. Contrario a lo indicado por la parte accionada, las pruebas documentales existentes
en el expediente, acreditan que, la vinculación del demandante al sector oficial, no ocurrió
por medio de contratos de prestación de servicios, es decir, no se está ante el cómputo
de tiempos como contratista, sino frente a una relación legal y reglamentaria,
materializada a través de nombramientos efectuados en actos administrativos, en los que,
se advierten las vinculaciones de carácter temporal, interino, periodo de prueba y en
propiedad, luego entonces, nótese que, conforme a la jurisprudencia de la Sala, los
periodos de servicio docente prestados en virtud de nombramientos temporales o en
interinidad son computables para acceder a la pensión de jubilación, toda vez que, lo
relevante es la prestación efectiva del servicio.
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo Sección Segunda, Subsección B Consejero Ponente: Juan Enrique
Bedoya Escobar, sentencia proferida el dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025), expediente 08001-23-33-000-2021-
00190-01 (1589-2024)
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84. Lo anterior, porque29 “si bien el ordenamiento jurídico no define expresamente la
naturaleza de la interinidad, como una forma de proveer cargos docentes, esta
Corporación ha precisado que, dicha figura debe entenderse como el mecanismo
mediante el cual, la administración, ante la imposibilidad de contar con docentes de
carrera, designa con carácter transitorio a personas instruidas en el ejercicio de la referida
actividad, en atención a la necesidad y urgencia de garantizar la efectiva prestación de
los servicios educativos30”.
85. Ahora, si en gracia de discusión, el actor contara con vinculación al sector docente
oficial, por medio de contratos de prestación de servicios, ello tampoco era óbice para
descartar su vinculación con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003,
toda vez que, frente a tal circunstancia la Sala ha señalado:
«esta corporación, ha reconocido que las vinculaciones efectuadas mediante
contratos de prestación de servicios constituyen tiempo de servicio útil para
efectos pensionales, de manera que tales periodos deben ser tenidos en cuenta
tanto para determinar la condición de beneficiario del régimen de transición previsto
en la Ley 812 de 2003 como para acreditar los 20 años de servicios exigidos por la
Ley 33 de 1985. En ese sentido, la modalidad de vinculación utilizada por la
administración no puede erigirse en un obstáculo para el reconocimiento de
derechos laborales y pensionales derivados del servicio efectivamente prestado, ni
puede condicionarse tal cómputo a la existencia de una decisión judicial que declare
previamente la configuración de una relación laboral31.» (Negrilla ajena al texto).
86. Así las cosas, es irrelevante que el periodo anterior a la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003, sea en virtud de una vinculación temporal o en interinidad, por contratos de
prestación de servicios o vinculación legal y reglamentaria, además, que no se hubiesen
acreditado los aportes a pensión, por cuanto el beneficio del régimen de transición de la
norma antes mencionada no establece alguna condición adicional a la de haber tenido un
vínculo al servicio público educativo oficial, bien sea como docente nacional,
nacionalizado o territorial.
87. Del acervo probatorio que milita en el dossier, se logra colegir en grado de certeza
que, el régimen pensional aplicable al señor Lie-tse Jaramillo Castelblanco, se determina
conforme al artículo 81 de la Ley 812 de 2003, disposición que establece, como único
criterio definitorio, la vinculación al servicio público educativo oficial, con anterioridad al
Veintisiete (27) de junio de Dos Mil Tres (2003), cuyos presupuestos son los de la Ley 33
de 1985: 55 años de edad y 20 años de servicio continuos o discontinuos. De ahí que la
29
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, expediente 2016 00278-01 (3018-2017).
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 14 de noviembre de
2015, radicado: 52001-23-33-000-2013-00058-01 (2636-2014). En igual sentido pueden consultarse las siguientes sentencias de la
Sección Segunda de esta corporación: a. del 27 de septiembre de 2018, radicado: 17001-23- 33-000-2014-00386-01(3283-15); b. del
12 de marzo de 2020, radicado: 25000-23-42-000 2015-04753-01 (3310-18).
31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Consejero Ponente: Juan Enrique
Bedoya Escobar, sentencia del tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026), expediente radicado 76001-23-33-000-2021-00789-01
(6157-2024)
En igual sentido, consultar la sentencia del 25 de junio de 2026, radicado: 23001-23-33-000-2016 00380-01 (1513-2025), C.P. Juan
Enrique Bedoya Escobar.
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negativa de la entidad en sede administrativa, sustentada en la falta de acreditación de
vinculación antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, carece de sustento fáctico
y jurídico, al fundarse en una hipótesis ajena a la situación probada por el demandante.
88. Nótese que, el accionante en grado de certeza acreditó su primera vinculación al
sector docente oficial, por medio de la Resolución No. 11912/92, en virtud de la cual, fue
nombrado temporalmente e inició a prestar el servicio de docente oficial a partir del
Dieciocho (18) de mayo de Mil Novecientos Ochenta y Nueve (1989), vinculación que
mantuvo hasta el Primero (1) de diciembre de Mil Novecientos Noventa y Dos (1992),
seguidamente, por medio de la Resolución No. 202, fue nombrado en propiedad, desde
el ocho (8) de febrero de Mil Novecientos Noventa y Tres (1993), al Seis (6) de mayo de
Mil Novecientos Noventa y Seis (1996), luego fue nombrado docente interino desde el
Treinta (30) de septiembre de Dos Mil Tres (2003) al Cinco (5) de diciembre de Dos Mil
Tres (2003), posteriormente, se le nombró en provisionalidad desde el Doce (12) de
febrero de Dos Mil Cuatro (2004) al Catorce (14) de julio de Dos Mil Cinco (2005), pasó
luego a nombramiento en periodo de prueba y subsiguiente a propiedad, desde el Quince
(15) de julio de Dos Mil Cinco (2005), el cual ostentaba a la fecha que radicó la petición
de reconocimiento y pago de la pensión de jubilación el Primero (1) de marzo de Dos Mil
Diecinueve (2019).
89. Ahora, el hecho de presentar renuncia del servicio oficial de docente desde el Seis (6)
de mayo de Mil Novecientos Noventa y Seis (1996), posteriormente, se vinculara
nuevamente en calidad de docente interino desde el Treinta (30) de septiembre de Dos
Mil Tres (2003), hasta el Cinco (5) de diciembre de Dos Mil Tres (2003), en provisionalidad
desde el Doce (12) de febrero de Dos Mil Cuatro (2004), cuyo retiro se efectuó en esta
ocasión por terminación del vínculo provisional y, luego fuera nombrado en periodo de
prueba, para finalmente obtener su nombramiento en propiedad, ello no es razón, para
desconocer que la primera vinculación se efectuó antes de la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003, lo cual, acaeció el Veintisiete (27) de junio de Dos Mil Tres (2003).
90. Lo anterior, porque esta Sección ha indicado, que la invocación de la solución de
continuidad para efectos de aplicar el régimen general pensional no es de recibo, por
cuanto, basta con acreditar una vinculación anterior a la vigencia de la citada disposición
para acceder al régimen de transición allí previsto; adicionalmente, la Ley 33 de 1985,
permite expresamente que el tiempo de servicios sea computado de manera continua o
discontinua, por ello, las interrupciones entre los distintos nombramientos no desvirtúan
la consolidación del derecho32.
32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección B, Consejero ponente: Jorge Edison
Portocarrero Banguera, sentencia del Diecinueve (19) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026), expediente 15001-23-33-000-2020-02375-
01 (0607-2025).
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91. En atención a estas precisiones, resulta pertinente poner de presente, si bien el actor
prestó sus servicios como docente interino o en provisionalidad y a pesar de la solución
de continuidad configurada en el marco del nexo laboral del libelista como educador
público, tal como se desprende de las certificaciones relacionadas, no es menos cierto
que, desde el preciso momento de su primera vinculación legal y reglamentaria, adquirió
el derecho a dársele el tratamiento normativo y jurisprudencial propio de los educadores
oficiales en lo que respecta al régimen pensional reclamado, es decir, desde el Dieciocho
(18) de mayo de Mil Novecientos Ochenta y Nueve (1989).
92. Así lo ha sostenido esta Sala33, en el sentido que la prestación material del servicio
determina el régimen del servidor:
«En consecuencia, la prestación material del servicio como docente determina el
régimen del servidor, y por lo tanto se debe acudir al artículo 81 de la Ley 812 de
2003, el cual preceptúo que el régimen pensional aplicable a los maestros
vinculados con anterioridad a la vigencia de la mencionada norma es el
establecido en las disposiciones pensionales vigentes hasta ese momento, por tal
motivo, son aplicables las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985.»
93. En suma, queda claro que, en cumplimiento del artículo 81 de la Ley 812 de 2003, el
parágrafo transitorio 1 del artículo 48 de la Constitución Política (adicionado por el artículo
1 del Acto Legislativo 01 de 2005) y la Sentencia de Unificación SUJ-014-CE-S2-19 del
Veinticinco (25) de abril de Dos Mil Diecinueve (2019), el régimen pensional de los
docentes vinculados al servicio educativo oficial, antes de la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003 -Veintisiete (27) de junio de Dos Mil Tres (2003)-, es el previsto en la Ley 91
de 1989, que habilita la remisión a la Ley 33 de 1985.
94. De la valoración probatoria realizada por la Sala, el actor cumplió los requisitos
previstos artículo 1 de la Ley 33 de 1985, pues, acreditó 55 años, el Ocho (8) de noviembre
de Dos Mil Catorce (2014), toda vez que, nació el Ocho (8) de noviembre de Mil
Novecientos Cincuenta y Nueve (1959) y, más de Veinte (20) años de servicio de docente
oficial por medio de vinculaciones legal y reglamentarias de carácter temporal, interino y
propiedad al 2018.
95. Ahora, para establecer la fecha del estatus pensional, se tiene de los tiempos de
servicios relacionados en el cuadro que, el demandante al Catorce (14) de julio de Dos
Mil Cinco (2005), tenía 7 años, 11 meses y 21 días, luego entonces, comoquiera que el
requisito de tiempo de servicio para acceder a la pensión bajo análisis es de Veinte (20)
33
Consejo de Estado - Sala de Lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda – Subsección A- consejero ponente: Gabriel
Valbuena Hernández - sentencia del ocho (08) de octubre de dos mil veinte (2020), radicación:15001 -23-33-000-2015-00665 01 (0315-
2017)
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años, este tiempo fue alcanzado el Veintitrés (23) de julio de Dos Mil Diecisiete (2017), y
no el Veintiocho (28) de abril de Dos Mil Dieciocho (2018), como aduce el extremo activo
de la litis.
96. El estatus pensional lo adquirió el Veintitrés (23) de julio de Dos Mil Diecisiete
(2017), esto es, cuando tenía cumplido los 55 años de edad y 20 años de tiempo de
servicio como docente oficial, razón por la cual, le asiste el derecho al reconocimiento
pensional con el 75% del ingreso base de liquidación devengado en el último año anterior
a la adquisición del estatus, comprendido entre el Veintitrés (23) de julio de Dos Mil
Dieciséis (2016) y el Veintitrés (23) de julio de Dos Mil Diecisiete (2017).
97. Sobre la liquidación de la mesada pensional, resulta pertinente traer a colación la
sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019, en la cual, esta
sección sentó jurisprudencia respecto al «ingreso base de liquidación de la pensión
ordinaria de jubilación de los docentes del servicio público oficial afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
98. En dicha providencia se estableció que, el ingreso base de liquidación de la pensión
ordinaria de jubilación de los docentes, vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de
2003, como es el caso del demandante, debe determinarse conforme a los siguientes
parámetros:
• El período correspondiente al año anterior a la consolidación del estatus pensional,
esto es, al cumplimiento de los requisitos de edad y tiempo de servicios; o a la
terminación del vínculo legal y reglamentario.
• Los factores computables son exclusivamente los previstos en la Ley 62 de 1985, a
saber: asignación básica, gastos de representación, primas de antigüedad, técnica,
ascensional y de capacitación, dominicales y feriados, horas extras, bonificación
por servicios prestados y trabajo suplementario o nocturno.
99. Asimismo, resulta necesario recordar que los Decretos 123 de 201634, Decreto 983 de
201735, introdujeron y reglamentaron nuevos factores salariales aplicables a los docentes
oficiales, los cuales, también integran el ingreso base de liquidación. Dichos factores son:
(i) asignación adicional para directivos docentes; (ii) bonificación mensual de docentes.
100. Estos conceptos al haber sido incorporados expresamente en la normativa y
configurarse como factores salariales sujetos a cotización, resultan computables para
efectos del cálculo del IBL.
34
Derogado por el art. 7, del Decreto Nacional 983 de 2017
35
Derogado por el Decreto 322 de 2018
27
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101. Establecido el periodo que, comprende el año anterior al que el actor adquirió el
estatus de pensionado, y las reglas del ingreso base de liquidación de la pensión ordinaria
de jubilación de los docentes, procede la Sala a verificar los factores devengados en dicho
lapso.
102. El certificado de salario y devengados expedido por la Secretaría de Educación de
Bogotá, hace constar que, al actor, durante las anualidades 2016 y 2017, le pagaron:
sueldo, prima de servicio, bonificación decreto, prima de vacaciones y prima de navidad.
103. La Sala advierte que, la asignación básica y bonificación decreto, son los factores
salariales computables y que se encuentra enlistados en el artículo 1.º de la Ley 62 de
1985 y, en los Decretos 123 de 201636, Decreto 983 de 201737 y 2354 de 2018, así como,
todos aquellos dispuestos por el legislador para ser incluidos en el Ingreso Base de
Liquidación.
104. Por otra parte, precisa la Sala que, la pensión debe concederse con efectividad al
momento en que, el accionante adquirió la condición habilitante de la pensión, esto es,
desde el Veintitrés (23) de julio de Dos Mil Diecisiete (2017), en la medida en que, este
derecho es compatible con el salario de docente, sin necesidad de demostrar el retiro del
servicio, de conformidad con los artículos 19, literal g) de la Ley 4.ª de 1992 y 5 del Decreto
224 de 1972, aplicables a su caso particular, por haber sido vinculado antes de la entrada
en vigencia de la Ley 812 de 2003.
105. Finalmente, se impone adicionar el ordinal 2 de la sentencia objeto de los recursos
de apelación, para disponer que el Fomag, adelante las acciones necesarias a fin de
recibir, acreditar y registrar las cotizaciones a favor del actor, en el evento de no contar
con las correspondientes al periodo de docente interino, comprendido entre el Treinta (30)
de septiembre y el Cinco (5) de diciembre de Dos Mil Tres (2003), pues, el certificado
laboral aportado al expediente y relacionado en cuadro dentro de la presente providencia,
no precisa si, se realizaron o no.
106. Por otra parte, resulta oportuno precisar que, en el sub-lite no se configuró el
fenómeno jurídico procesal de la prescripción trienal, toda vez que, el actor adquirió el
estatus pensional el Veintitrés (23) de julio de Dos Mil Diecisiete (2017) y la reclamación
administrativa la radicó el Primero (1) de marzo de Dos Mil Diecinueve (2019).
36
Derogado por el art. 7, del Decreto Nacional 983 de 2017
37
Derogado por el Decreto 322 de 2018
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107. Siendo así las cosas, queda claro que, al demandante en su calidad de docente
oficial y con vinculación anterior a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, le asiste el
derecho a que la accionada le reconozca y pague la pensión de jubilación bajo los
postulados de la Ley 33 de 1985.
2.5. Condena en costas
108. Revisada la conducta de la parte vencida, no evidencia la sala temeridad o mala fe,
sino simplemente la defensa de sus intereses, es decir no se cumplen los presupuestos
exigidos en el artículo 188 de la ley 1437 del 2011, razón por la cual, no se impondrá
condena en costas.
2.6. Conclusiones
La parte demandante, en su calidad de docente, acreditó que su primera vinculación al
sector oficial, ocurrió con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, luego
entonces, el régimen pensional que le resulta aplicable, es el previsto en la Ley 91 de
1989, que habilita la remisión a la Ley 33 de 1985, cuyos requisitos -55 años de edad y
20 años de servicios, los cumplió el Veintitrés (23) de julio de Dos Mil Diecisiete (2017),
razón por la cual, le asiste el derecho de acceder a la pensión de jubilación en cuantía
equivalente al 75% del ingreso base de liquidación, determinado
conforme con el promedio de lo devengado durante el año inmediatamente anterior a la
adquisición del estatus, con aquellos factores salariales dispuestos por el legislador para
ser incluidos en el Ingreso Base de Liquidación.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley.
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR Y ADICIONAR el ordinal segundo de la sentencia del Siete (7)
de febrero de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que concedió parcialmente las pretensiones de la demanda, el cual
quedará así:
Segundo: Como restablecimiento del derecho, condenar a la Nación -
Ministerio de Educación Nacional - Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio a reconocer la pensión a favor del señor Lie-Tse Jaramillo
Castelblanco, identificado con cédula de ciudadanía número 19.428.111,
bajo los postulados de la Ley 33 de 1985, en concordancia con las reglas
fijadas en la sentencia de unificación del Consejo de Estado SUJ-014-CE-
S2-2019 del 25 de abril de 2019, esto es, en cuantía equivalente al 75%,
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Número interno: 3562-2025
Demandante: Lie-tse Jaramillo Castelblanco
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
del promedio de lo devengado durante el año inmediatamente anterior a la
adquisición del estatus, con aquellos factores salariales dispuestos por el
legislador para ser incluidos en el Ingreso Base de Liquidación y con
efectos fiscales a partir del Veintitrés (23) de julio de Dos Mil Diecisiete
(2017), por ser compatible con el salario, con los ajustes anuales de ley, en
los términos establecidos en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 y Ley 62
del mismo año.
La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), en el evento de no contar
con las cotizaciones a pensión a favor del demandante, durante el periodo
que prestó sus servicios de docente interino - entre el Treinta (30) de
septiembre y el Cinco (5) de diciembre de Dos Mil Tres (2003)- deberá
adelantar las acciones necesarias a fin de recibir, acreditar y registrar las
cotizaciones correspondientes a favor del demandante, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás, la sentencia del Siete (7) de febrero de Dos Mil
Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que concedió
parcialmente las pretensiones de la demanda.
TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia, por las razones expuestas en la
parte motiva de la presente providencia.
CUARTO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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