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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2020-02375-01

Fecha
19 de junio de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2020-02375-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR el ordinal «SEGUNDO» de la sentencia de proferida por la Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 3, el cual, quedará así: SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la Nación -Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio a que reconozca y pague a la señora CLEMENCIA ÁVILA LLANEZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 24.078.782 expedida en Soatá, una pensión mensual vitalicia de jubilación, de conformidad con la Ley 33 de 1985, con una tasa de reemplazo del 75% y un Ingreso Base de Liquidación correspondiente al promedio de lo devengado en el año anterior a la adquisición del estatus pensional, es decir, entre el 2 de mayo del 2016 y el 2 de mayo del 2017, incluyendo como factores salariales la asignación básica, la bonificación mensual docente y las horas extras, con efectividad a partir del 2 de mayo del 2017; además, a partir del retiro del servicio la pensión debe ser reliquidada con base en lo devengado durante el último año de servicio y, en el evento que, si le fue reconocida una prestación, solo se deberá pagar la diferencia correspondiente. SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia de de Veinticuatro (24) de septiembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 3, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, con sustento en los motivos expuestos en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia. CUARTO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. 24 Número Interno: 0607-2025 Demandante: Clemencia Ávila Llanez Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag Firmado electrónicamente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO (Ausente con excusa)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 15001-23-33-000-2020-02375-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

19 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Diecinueve (19) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado : 15001-23-33-000-2020-02375-01 (0607-2025)1
Demandante : Clemencia Ávila Llanez
Demandado : Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –
FOMAG
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Reconocimiento de pensión de jubilación Ley 33 de
1985, (docente vinculado antes de la entrada en
vigor de la Ley 812 de 2003)
Decisión : Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia de Veinticuatro (24) de septiembre de Dos Mil Veinticuatro (2024),
proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 3, que
accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda2

1.1. Pretensiones

1. La señora Clemencia Ávila Llanez acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), con el fin de obtener la nulidad de la Resolución 009637 del Veintiuno
(21) de diciembre de Dos Mil Diecisiete (2017), mediante el cual, la Secretaría de
Educación del Boyacá, negó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a

1
Expediente digital
2
Tribunal de origen, índice 0003 de Samai,.

2

Número Interno: 0607-2025
Demandante: Clemencia Ávila Llanez
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

favor de la actora.

2. A título de restablecimiento del derecho, pidió (i) el reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación equivalente al 75% de los salarios y las primas recibidas,
anteriores al cumplimiento del estatus jurídico de pensionada «04 de abril de 2017»;
(ii) los ajustes de valor a que haya lugar con motivo de la disminución del poder
adquisitivo de cada una de las sumas adeudadas; (iii) el pago de los intereses
moratorios causados de conformidad con el artículo 192 ibidem; (iv) la inclusión en
la nómina de pensionados; (v) el pago de las mesadas atrasadas desde el momento
de consolidación del derecho pensional hasta la inclusión de la demandante en la
nómina de pensionados y;(vi) se condene en costas a la demandada.

1.1.2 Hechos

3. La señora Clemencia Ávila Llanez nació el Catorce (14) de febrero de Mil
Novecientos Cincuenta y Nueve (1959), con más de cincuenta y cinco (55) años de
edad a la presentación de la demanda.

4. Laboró como docente oficial en el Departamento de Boyacá, bajo nombramiento
en provisionalidad, desde el Veintiséis (26) de septiembre de Mil Novecientos
Noventa y Cinco (1995).

5. Afirma que, cuenta con más de mil (1.000) semanas de cotización, por lo que
aduce tener derecho a la pensión de jubilación conforme a las Leyes 812 de 2003 y
33 de 1985, causada el cuatro (4) de abril de dos mil diecisiete (2017).

6. El Catorce (14) de octubre de Dos Mil Diecisiete (2017) solicitó el reconocimiento
y pago de la pensión de jubilación, petición que fue resuelta negativamente
mediante Resolución 009637 del Veintiuno (21) de Diciembre de Dos Mil Diecisiete
(2017); decisión confirmada por la Resolución N.º 003050 del Doce (12) de abril de
Dos Mil Dieciocho (2018).

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

7. Se invocan en la demanda como normas violadas las siguientes disposiciones:
Ley 33 de 1985, artículo 1, inciso 2. Ley 91 de 1989, artículo 15, numerales 1 y 2.

3

Número Interno: 0607-2025
Demandante: Clemencia Ávila Llanez
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

Ley 60 de 1993, artículo 6. Ley 115 de 1993, artículo 115. Ley 100 de 1993, artículo
279. Ley 812 de 2003, artículo 81, y el Decreto 3752 de 2003, artículos 1 y 2.

8. Que en la presente litis, se configura la violación de las normas en que debía
fundarse el acto acusado, por cuanto la demandante acreditaba vinculación como
docente con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
circunstancia que la hacía acreedora del régimen de transición previsto en el artículo
81 ibidem.

9. En consecuencia, su situación pensional debía resolverse conforme a las
disposiciones de la Ley 33 de 1985. Señala que, el régimen prestacional de los
docentes nacionalizados fue unificado respecto de los demás servidores públicos
del orden nacional para aquellos vinculados con posterioridad a 1990, sin que ello
implique desconocer el régimen aplicable a quienes quedaron amparados por
disposiciones anteriores.

10. Así mismo, conforme al parágrafo 2 del artículo 1° del Decreto 3752 de 2003,
reglamentario de la Ley 812 de 2003, los docentes vinculados en provisionalidad a
las plantas territoriales debían encontrarse afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, mientras subsistiera su nombramiento.

11. De igual forma, el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 dispuso que, a los docentes
vinculados con anterioridad a su vigencia les resultan aplicables las normas previas,
dentro de las cuales se encuentra la Ley 33 de 1985. Bajo ese entendido, el acto
administrativo demandado desconoció dichas disposiciones, en tanto la
demandante prestaba sus servicios antes del veintitrés (23) de junio de dos mil tres
(2003), debiendo considerarse vinculada para efectos del citado artículo 81 ibidem.

12. Finalmente, sostiene que, la expresión «vinculado» comprende a quienes se
encontraban laborando en cualquiera de las modalidades de vinculación
(provisionalidad, interinidad o en propiedad), razón por la cual, a la actora le asistía
el derecho al reconocimiento pensional conforme a los parámetros de la Ley 33 de
1985.

4

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Demandante: Clemencia Ávila Llanez
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

1.1.4 Contestación de la demanda3

13. La Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo de Prestaciones Sociales
del Magisterio FOMAG, se opuso a las pretensiones de la demanda, defendiendo la
legalidad de los actos administrativos acusados. Para el efecto, sostuvo que,
aunque el Decreto 2277 de 1979 consagra un régimen especial para los docentes,
no regula la pensión de jubilación, materia que se rige por la Ley 33 de 1985. Así
mismo, indicó que, la Ley 91 de 1989 estableció para los docentes vinculados a
partir del primero (1°) de enero de 1990, tienen el derecho a una pensión equivalente
al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio salarial del último año, conforme al
régimen general del sector público.

14. Precisó que, conforme al artículo 81 de la Ley 812 de 2003, los docentes
vinculados con posterioridad a su vigencia se sujetan al régimen pensional de las
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003. En cuanto al ingreso base de liquidación, afirmó
que, solo son computables los factores salariales sobre los cuales se hayan
realizado aportes, en los términos de la Ley 62 de 1985 y la sentencia de unificación
SUJ-014 de 2019 del Consejo de Estado.

15. En el caso concreto, señaló que, la demandante prestó sus servicios como
docente en provisionalidad entre 1995 y 2020; no obstante, se presentó solución de
continuidad al terminar su vínculo el primero (1º) de septiembre de 2006 y
reanudarse el dieciséis (16) de abril de 2007, lo cual, implicó el surgimiento de una
nueva relación legal sujeta a la normatividad vigente para esa fecha. En
consecuencia, la interrupción superior a quince (15) días excluye la continuidad del
servicio y determina la aplicación del régimen pensional vigente al momento de la
última vinculación.

16. Finalmente, propuso la excepción de «legalidad de los actos administrativos»

1.1.5. Sentencia de primera instancia4

3
Actuaciones del Tribunal de origen, índice samai No. 00017 .
4
Actuaciones del Tribunal de origen, índice samai No. 00081

5

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Demandante: Clemencia Ávila Llanez
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

17. El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 3, mediante
sentencia del Veinticuatro (24) de septiembre de Dos Mil Veinticuatro (2024),
accedió a las pretensiones de la demanda, así:

« PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución número 009637 del 21 de diciembre
del 2017 y de la Resolución número 003050 del 12 de abril del 2018, proferidas por la
Secretaría de Educación de Boyacá, en cuanto le negaron a la señora Clemencia Ávila Llanez
el reconocimiento de la pensión de jubilación prevista en la Ley 33 de 1985, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho,
ORDENAR a la Nación -Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales
del Magisterio a que reconozca y pague a la señora CLEMENCIA ÁVILA LLANEZ,
identificada con la cédula de ciudadanía número 24.078.782 expedida en Soatá, una pensión
mensual vitalicia de jubilación, de conformidad con la Ley 33 de 1985, con una tasa de
reemplazo del 75% y un Ingreso Base de Liquidación correspondiente al promedio de lo
devengado en el año anterior a la adquisición del estatus pensional, es decir, entre el 25 de
junio del 2016 y el 25 de junio del 2017, incluyendo como factores salariales la asignación
básica, la bonificación mensual docente y las horas extras, con efectividad a partir del 25 de
junio del 2017, sin perjuicio del ajuste derivado del retiro del servicio.

TERCERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de prescripción.

CUARTO: ORDENAR a la Nación -Ministerio de Educación Nacional – Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio que incluya en nómina de pensionados a la señora
CLEMENCIA ÁVILA LLANEZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 24.078.782
expedida en Soatá.

QUINTO: ORDENAR a la Nación -Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio que pague la indexación de las sumas adeudadas, conforme a lo
dispuesto en el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011.

SEXTO: ORDENAR a la Nación -Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio que cumpla la presente sentencia en los términos y previsiones del
artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.

SÉPTIMO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

OCTAVO: NO CONDENAR en costas a la parte demandada, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.»

18. Como sustento de su decisión, el tribunal indicó que, la demandante acreditó
que prestó sus servicios como docente oficial: (i) entre el 26 de septiembre de 1995
y el 15 de febrero del 2004; (ii) entre el 16 de febrero del 2004 y el 31 de diciembre
de 2005; (iii) desde el 16 de abril del 2007 hasta el 31 de julio del 2008, (iv) desde
el 24 de septiembre del 2008 hasta el 20 de septiembre del 2011; (v) entre el 28 de
septiembre del 2011 y el 29 de enero del 2012; (vi) desde el 20 de mayo del 2012
hasta el 3 de mayo del 2016, y (vii) entre el 3 de mayo del 2016 y el 25 de junio del
2017, fecha en la que acumuló 20 años de servicios.

6

Número Interno: 0607-2025
Demandante: Clemencia Ávila Llanez
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

19. Concluyó que, la señora Clemencia Ávila Llanez cumple con los requisitos de
edad y tiempo de servicios para ser beneficiaria de la pensión de jubilación en los
términos de la Ley 33 de 1985; cumplió los 55 años el 14 de febrero del 2014, pero
alcanzó los 20 años de servicio el 25 de junio del 2017, por lo que, esta última
corresponde a la fecha del estatus pensional.

1.1.6 Recurso de apelación5

20. La apelación de la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG, se sustentó que, la demandante no
cumple con los requisitos para acceder al régimen de transición previsto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por cuanto no acreditó las condiciones de edad
y tiempo de servicios exigidas para beneficiarse de la pensión de jubilación en los
términos de la Ley 33 de 1985.

21. Indicó que, aunque la actora desempeñó labores docentes con anterioridad al
año 2010, lo hizo mediante órdenes de prestación de servicios, circunstancia que
no configura una relación legal y reglamentaria. En consecuencia, al no demostrarse
los elementos propios del vínculo laboral, su situación pensional debe regirse por
las disposiciones de la Ley 100 de 1993.

22. Se refirió a la solución de continuidad para significar que, conforme al artículo
10 del Decreto 1045 de 1978, el tiempo de servicios solo es acumulable para efectos
del reconocimiento de prestaciones cuando no medie solución de continuidad,
entendiéndose configurada esta cuando exista una interrupción superior a quince
(15) días hábiles en la prestación del servicio entre una entidad y otra.

23. Finalmente, se afirmó que, no le asiste el derecho reclamado y que el Ministerio
de Educación Nacional carece de legitimación en la causa por pasiva,
correspondiendo, en todo caso, a la entidad territorial definir y asumir la eventual
prestación y, que, en todo caso, debe tener en cuenta para efecto del
reconocimiento pensional los factores salariales la sentencia de unificación SUJ -
014 del 25 de abril de 2019.

5
Ib. índice 86.

7

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2. Trámite de segunda instancia

24. Por medio de auto del Siete (7) de mayo de Dos Mil veintiséis (2026)6, el consejero
ponente admitió el recurso de apelación conforme a lo previsto en el artículo 247 del
CPACA y, se dispuso incorporar como prueba de oficio: la Resolución 9593 de Cinco
(5) de Diciembre de Dos Mil Veintitrés (2023), por medio del cual, «se retira del servicio
a un servidor público por terminación de nombramiento provisional en vacante definitiva», y el
Certificado de historial laboral y salarial de la señora Clemencia Ávila Llanez, expedido
el Veinticinco de Septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025), aportadas en el memorial
visible en el índice 5 de la herramienta electrónica Samai. Pruebas de la cuales se
corrió traslado a las partes, así como el traslado para legar de conclusión.

2.1 Alegatos de conclusión. 7

25. La parte actora presentó alegatos de conclusión, solicitando en síntesis la
confirmación de la sentencia de primera instancia.

2.1.2 Concepto del Ministerio Público.8

26. En su concepto, el Agente del Ministerio Publico, indicó que, la sentencia deber
ser confirmada, por cuanto, «De acuerdo con las consideraciones que anteceden, estima esta
Agencia fiscal que la señora Clemencia Ávila Llánez tiene derecho al reconocimiento de la pensión
de jubilación en los términos previstos por la Ley 33 de 1985, equivalente al 75% del promedio de
los factores salariales percibidos durante el último año de servicios anterior a la adquisición del
estatus pensional sobre los que se hubieren efectuado aportes conforme al artículo 1º de la Ley 62
de 1985, con efectividad a partir del 25 de junio de 2017, encontrándose la sentencia de primera
instancia ajustada a la normativa y a la jurisprudencia de unificación aplicables.»

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

27. De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo

6
Samai - índice 00007.
7
Samai - índice 00014
8
Samai - índice 00014

8

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Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

y de lo Contencioso Administrativo9, el Consejo de Estado es competente para
resolver el recurso de apelación interpuesto.

2. Problema jurídico

28. Corresponde a la Sala, resolver lo siguiente:

i) ¿Le asiste derecho a la accionante al reconocimiento de la pensión de jubilación
conforme la Ley 33 de 1985, con ocasión del régimen de transición de la Ley 812
de 2003?

ii) igualmente, deberá establecer, si en efecto la demandante se vinculó como
docente a través de órdenes de prestación de servicio, la configuración de solución
de continuidad, la falta de legitimación en la causa por pasiva y la aplicación de
criterios sobre factores salariales (sentencia de unificación SUJ-014 de 2019 del
Consejo de Estado.)

29.Con el propósito de desatar los problemas jurídicos, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.1. Marco normativo y jurisprudencial; 2.2 Pruebas recaudadas; y 2.3
Caso concreto.

2.1. Marco normativo y jurisprudencial

30. En un inicio, los docentes oficiales fueron destinatarios de la pensión de
jubilación prevista por la Ley 6ª de 1945, según la cual, quien acumulara 20 años
de servicio y llegara a 50 años, tendría derecho a una pensión vitalicia de jubilación
liquidada con el 75% del «promedio de los sueldos devengados durante el último año» .
Posteriormente, sus derechos pensionales fueron regidos por la Ley 33 de 1985,
norma que consagró el derecho a obtener una pensión de jubilación para aquellos
que acumularan 20 años de servicio y cumplieran 55 años, liquidada con el 75%
«del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio».

9
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este
medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales,
o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de
jurisprudencia.

9

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Demandante: Clemencia Ávila Llanez
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

31. Con la Ley 91 de 1989 se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio concebido como una cuenta especial de la Nación, que tenía como
finalidad realizar el pago de las prestaciones sociales de los docentes. En estos
términos, el Fondo tiene dentro de sus funciones, reconocer la pensión de jubilación,
post mortem, de retiro por vejez, de invalidez y la sustitución pensional.

32. Ahora bien, en la ley mencionada, se determinó que a los docentes afiliados a
dicho Fondo se les aplicaría el régimen pensional de los empleados del sector
público nacional. Así lo prescribe, el artículo 15 literal b) de la Ley 91 de 1989 según
el cual “para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1 de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de Ley, se reconocerá sólo una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional”. (Subrayado fuera de texto).

33. En ese orden, aunque si bien, el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 determinó que
la pensión ordinaria de jubilación de los docentes corresponderá al equivalente al
75% del salario mensual promedio del último año de servicios, también lo es que,
no especificó los requisitos de reconocimiento de la prestación, y por ello, remite al
régimen vigente para los pensionados del sector público nacional. Ahora bien, ese
régimen atendiendo a la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de
Estado10, corresponde al consagrado para el sector público en la Ley 33 de 1985,
esto teniendo en cuenta que el régimen de seguridad social en materia pensional
establecido en la Ley 100 de 1993 no se aplica a los afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, por expreso mandato del artículo 279 de esta
normativa.

34. De acuerdo con lo anterior, el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 consagra que el
empleado oficial que sirva o haya servido 20 años continuos o discontinuos y llegue
a la edad de 55 años tendrá derecho a que la respectiva Caja de Previsión le pague
una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del salario promedio

10
Sentencia del 20 de octubre de 2014, proferida por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado. Radicado
68001233100020110027601.

10

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Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio. Por su parte,
el artículo 3° de esta misma disposición, modificado por el artículo 1° de la Ley 62
de 1985, indica que, la base de liquidación de los aportes estará constituida por la
asignación básica, los gastos de representación, la prima técnica, los dominicales y
feriados, las horas extras, la bonificación por servicios prestados y trabajo
suplementario o realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio. Y
precisa que, en todo caso, “las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden,
siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los
aportes”.

35. Así las cosas, la expedición de la Ley 100 de 1993, no varió las condiciones de
cómo se venían reconociendo las pensiones para el sector docente, puesto que
como dicho gremio estaba exceptuado, se les seguía aplicando las condiciones
fijadas, en las ya mencionada Ley 91 de 1989 en concordancia con los artículos 17
de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último derogado por el
artículo 25 de la Ley 33 de 1985.

36. Esta realidad cambió con la expedición de la Ley 812 de 2003 “Por la cual se
aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario", puesto que, a

través del artículo 8111 introdujo importantes cambios en el régimen de los docentes
oficiales, con el fin de incorporar a este sector al sistema de seguridad en pensiones
regulado por la Ley 100 de 1993.

37. En efecto, el artículo 81 en cita, determinó que, el régimen de los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales que se encontraban vinculados al servicio
público educativo oficial sería «[…] el establecido para el Magisterio en las disposiciones
vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de [esa] ley»; sin embargo, enseguida reguló

que los docentes oficiales vinculados a partir de su entrada en vigor (27 de junio de
2003), deben ser afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio FOMAG y tendrán los derechos del régimen pensional de prima media
establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, «con los requisitos previstos en él,
con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres».

11
Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 2341 de 2003, Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional
3752 de 2003.

11

Número Interno: 0607-2025
Demandante: Clemencia Ávila Llanez
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

38. El Acto Legislativo 01 de 2005, por medio del cual, se reformó el artículo 48 de
la Constitución Política, ratificó el alcance del art. 81 de la Ley 812 de 2003 en
relación con el régimen docente. En el parágrafo transitorio núm.1o dispuso que, “el
régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales,
vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio
en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la
Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que se
hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán los
derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de
Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003”.

39. La Sección Segunda del Consejo de Estado, en el marco del anunciado cambio
legislativo, profirió la Sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de
201912, en la cual, estableció que, para definir el régimen pensional que regula el
derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para los docentes nacionales,
nacionalizados o territoriales, es necesario tomar como punto de partida la fecha de
ingreso al servicio educativo oficial docente. En esos términos quedó explicado en
la citada sentencia:

«[…]
I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público educativo oficial
con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se vincularon a partir
de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos docentes, también afiliados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional
de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos
previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres
y mujeres».

40 De acuerdo con esta interpretación, la Sección Segunda concluyó que, para
quienes se hayan vinculado al servicio público educativo oficial con anterioridad a
la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, lo cual ocurrió el 27 de junio del mismo
año13, la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación sería la que corresponde
“al mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional
previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los
que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985,
y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado

12
Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino Cortés.
13
Diario Oficial No. 45.231, de 27 de junio de 2003.

12

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Demandante: Clemencia Ávila Llanez
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

artículo”14.

41. Ahora bien, para los docentes que ingresaron al servicio educativo a partir de la
Ley 812 de 2003, en el mismo fallo se dispuso lo siguiente:

«[…] 68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
y son beneficiarios del régimen pensional de prima media en las condiciones previstas
en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo en lo que tiene que ver con la edad, la que,
según el artículo 81 de la citada Ley 812 de 2003 se unificó para hombres y mujeres en
57 años15. Esto quiere decir, que para el ingreso base de liquidación de este grupo de
docentes debe tenerse en cuenta lo previsto en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de
1994.

69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de pensiones
y no la regulación prevista en la Ley 91 de 1989. Los factores que se deben incluir en el
ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se
efectuaron las respectivas cotizaciones […]».

42. En resumen, a los docentes vinculados antes del 27 de junio de 2003 se les
aplicará las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985. Requisito de edad: 55 años. Y de tiempo
o semanas: 20 años de servicio con un monto: 75% con un IBL o Componente
temporal del último año anterior a la adquisición del derecho a la pensión, en
consideración de la compatibilidad del ejercicio de la docencia con el goce de la
pensión de jubilación prevista por el art. 5º de la Ley 224 de 1972; o último año de
prestación de servicios, según corresponda.

43. En contraste, a los docentes vinculados a partir del 27 de junio de 2003, se les
aplicará las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003. Requisito de edad: 57 años. Requisito
de tiempo de servicios, según corresponda de acuerdo con el artículo 33 de la Ley
100 de 1993 y el monto del que resulte de aplicar las reglas previstas en el artículo
34 de la Ley 100 de 1993, según corresponda en el tiempo y con IBL o componente
temporal de los últimos 10 años o toda la vida laboral, de acuerdo con el artículo 21
de la Ley 100 de 1993.

44. De acuerdo con lo anterior, el régimen de los docentes vinculados con antelación
a la promulgación de la Ley 812 de 2003, es el previsto en la Ley 91 de 1989 que,
a su vez, remite al «[…] régimen vigente para los pensionados del sector público nacional»,

14
0937-2017. MP César Palomino Cortés.
15
La Ley 1151 de 2007 en el artículo 160 conservó la vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y derogó el artículo 3 del
Decreto 3752 de 2003.

13

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Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

contenido en los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968,
este último derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.

2.1.2. Competencia de los entes territoriales para reconocer las prestaciones
del personal docente.

45. Sobre la competencia de los entes territoriales para reconocer las prestaciones
del personal docente, esta Sala en sentencia del Treinta y uno (31) de agosto de
Dos Mil Veintitrés (2023)16, se refirió bajo el siguiente tenor:

«El artículo 317 de la Ley 91 de 198918 dispuso la creación del FOMAG, como una cuenta especial
de la nación sin personería jurídica, con independencia patrimonial, contable y estadística,
cuyos recursos deberían ser manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía
mixta, en la cual el Estado tenga más del 90% del capital.

Respecto de los docentes afiliados al FOMAG, la norma en cita determinó que los docentes
nacionales y nacionalizados vinculados a la fecha de su promulgación quedarían
automáticamente afiliados a este, asimismo, el personal vinculado con posterioridad, siempre que
cumplieran con los requisitos de afiliación de naturaleza formal o normativa y económica.

En relación con la finalidad del FOMAG, el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 91 de 1989,
determinó que esta entidad se encargaría de realizar el pago de las prestaciones sociales de sus
afiliados; sin embargo, dejó en cabeza de la Nación el reconocimiento de dichas prestaciones, es
decir que el fondo únicamente las pagaría19.

Ahora bien, a propósito de los fondos especiales sin personería jurídica creados por el legislador
para el manejo de recursos públicos, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado,
con ocasión de una consulta elevada por el gobierno nacional a través del Ministerio de Educación
Nacional en el concepto 1423 de 200220 determinó que estos se administran en la forma que
establezca la disposición legal que los creó y por regla general «no son un patrimonio autónomo
del organismo o entidad pública al cual están adscritos, por cuanto son una cuenta de aquel o
aquella instituida para cumplir el objetivo específico al cual se destinan los recursos que
ingresen al fondo respectivo; en forma excepcional pueden llegar a constituir patrimonios
autónomos».

Posteriormente, el gobierno nacional mediante Decreto 1775 de 1990 21, reglamentó el
funcionamiento del FOMAG, para lo cual, en relación con el reconocimiento y pago de las

16
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 05001-23-33-000-2016-00138-01 (0090-2021)
17
«ARTÍCULO 3. Créase el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, como una cuenta especial de la Nación,
con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán manejados por una
entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más del 90% del capital. Para tal efecto, el Gobierno
Nacional suscribirá el correspondiente contrato de fiducia mercantil, que contendrá las estipulaciones necesarias para
el debido cumplimiento de la presente ley y fijará la comisión que, en desarrollo del mismo, deberá cancelarse a la sociedad
fiduciaria, la cual será una suma fija, o variable determinada con base en los costos administrativos que se generen. La
celebración del contrato podrá ser delegada en el Ministro de Educación Nacional.
El Fondo será dotado de mecanismos regionales que garanticen la prestación descentralizada de los servicios en cada entidad
territorial sin afectar el principio de unidad».
18
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
19
Según el artículo 9 de la Ley 91 de 1989.
20
Consejo de Estado, Sala de Consulta y del Servicio Civil, consulta del 23 de mayo de 2002, expediente 1423. M.P. César
Hoyos Salazar.
21
«Por el cual se reglamenta el funcionamiento del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio de que trata la
Ley 91 de 1989».

14

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prestaciones económicas de los docentes, precisó que las solicitudes debían ser radicadas
ante la oficina de prestaciones sociales del respectivo fondo educativo regional, el que
procedería a realizar el estudio de la documentación, con el visto bueno de la entidad
fiduciaria, para luego expedir la correspondiente resolución de reconocimiento.

No obstante, más adelante, el artículo 56 de la Ley 962 de 2005 22, dispuso que las
prestaciones sociales pagaderas por el FOMAG serían reconocidas «mediante la aprobación
del proyecto de resolución por parte de quien administre el Fondo, el cual debe ser elaborado
por el Secretario de Educación de la Entidad Territorial certificada correspondiente, a la que
se encuentre vinculado el docente. El acto administrativo de reconocimiento se hará mediante
resolución que llevará la firma del Secretario de Educación de la entidad territorial», trámite
que fue reglamentado por los artículos 2, 3, 4 y 5 del Decreto 2831 de 2005 23, los cuales
establecen lo siguiente:

«Artículo 2°. Radicación de solicitudes. Las solicitudes de reconocimiento de prestaciones
sociales, deberán ser radicadas en la secretaría de educación, o la dependencia o entidad que
haga sus veces, de la respectiva entidad territorial certificada a cuya planta docente
pertenezca o haya pertenecido el solicitante o causahabiente, de acuerdo con el formulario
adoptado para el efecto por la sociedad fiduciaria encargada de administrar los recursos del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

La sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo, implementará un
sistema de radicación único, que registre las solicitudes de reconocimiento de prestaciones
económicas que deba pagar el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en
forma simultánea en la respectiva entidad territorial certificada y en la sociedad fiduciaria y que
permita a los solicitantes conocer electrónicamente el estado de su trámite.

Artículo 3°. Gestión a cargo de las secretarías de educación. De acuerdo con lo
establecido en el artículo 3° de la Ley 91 de1989 y el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, la
atención de las solicitudes relacionadas con las prestaciones sociales que pagará el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, será efectuada a través de las secretarías
de educación de las entidades territoriales certificadas, o la dependencia que haga sus veces.
Para tal efecto, la secretaría de educación de la entidad territorial certificada correspondiente,
a la que se encuentre vinculado el docente, deberá:

1. Recibir y radicar, en estricto orden cronológico, las solicitudes relacionadas con el
reconocimiento de prestaciones sociales a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, de acuerdo con los formularios que adopte la sociedad fiduciaria encargada
del manejo de los recursos de dicho Fondo.
2. Expedir, con destino a la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del
Fondo y conforme a los formatos únicos por esta adoptados, certificación de tiempo de servicio
y régimen salarial y prestacional, del docente peticionario o causahabiente, de acuerdo con la
normatividad vigente.
3. Elaborar y remitir el proyecto de acto administrativo de reconocimiento, dentro de los quince
(15) días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud, a la sociedad fiduciaria encargada
del manejo y administración de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio para su aprobación, junto con la certificación descrita en el numeral anterior del
presente artículo.

4. Previa aprobación por parte de la sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración
de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio suscribir el acto
administrativo de reconocimiento de prestaciones económicas a cargo de dicho Fondo, de
acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 962 de 2005 y las normas que las adicionen o modifiquen,
y surtir los trámites administrativos a que haya lugar, en los términos y con las formalidades y
efectos previstos en la ley.

22
Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y
entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos».
23
«por el cual se reglamentan el inciso 2° del artículo 3° y el numeral 6 del artículo 7° de la Ley 91 de 1989, y el artículo 56 de
la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones».

15

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5. Remitir, a la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, copia de los actos administrativos de reconocimiento
de prestaciones sociales a cargo de este, junto con la respectiva constancia de ejecutoria para
efectos de pago y dentro de los tres días siguientes a que estos se encuentren en firme.

Parágrafo 1°. Igual trámite se surtirá para resolver los recursos que sean interpuestos contra
las decisiones adoptadas de conformidad con el procedimiento aquí establecido y aquellas
que modifiquen decisiones que con anterioridad se hayan adoptado respecto del
reconocimiento de prestaciones a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio.

Parágrafo 2°. Sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, disciplinaria, fiscal y penal a
que pueda haber lugar, las resoluciones que se expidan por parte de la autoridad territorial,
que reconozcan prestaciones sociales que deba pagar el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, sin la previa aprobación de la sociedad fiduciaria encargada del
manejo y administración de los recursos de tal Fondo, carecerán de efectos legales y no
prestarán mérito ejecutivo.

Artículo 4°. Trámite de solicitudes. El proyecto de acto administrativo de reconocimiento de
prestaciones que elabore la secretaría de educación, o la entidad que haga sus veces, de la
entidad territorial certificada a cuya planta docente pertenezca o haya pertenecido el
solicitante, será remitido a la sociedad fiduciaria que se encargue del manejo de los recursos
del Fondo para su aprobación.

Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo del proyecto de resolución, la
sociedad fiduciaria deberá impartir su aprobación o indicar de manera precisa las razones de
su decisión de no hacerlo, e informar de ello a la respectiva secretaría de educación.

Artículo 5°. Reconocimiento. Aprobado el proyecto de resolución por la sociedad fiduciaria
encargada del manejo de los recursos del Fondo, deberá ser suscrito por el secretario de
educación del ente territorial certificado y notificado en los términos y con las formalidades y
efectos previstos en la ley».

Así las cosas, los actos a través de los cuales se dispone el reconocimiento y la orden de pago
de una prestación social a favor de los afiliados del FOMAG, son actos administrativos
complejos, pues para su formación intervienen varias voluntades jurídicas (secretaría de
educación, o la dependencia o entidad que haga sus veces, de la respectiva entidad territorial
certificada a cuya planta docente pertenezca o haya pertenecido el solicitante o causahabiente
y la sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración de los recursos de tal fondo).»

2.2. Pruebas recaudadas.

46. Según el Registro Civil de Nacimiento aportado con la demanda, la señora Clemencia
Ávila Llanez nació el 14 de febrero de 195924.

47. Respecto al tiempo de servicios docentes de la demandante, reposa el «FORMATO
ÚNICO PARA LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE HISTORIA LABORAL (…) CONSECUTIVO
NO. 2023»25 del Tres (3) de septiembre del Dos Mil Veinte (2020), expedido por la Secretaría de
Educación de Boyacá, en el que se acredita lo siguiente:

24
Tribunal de origen. Índice 0008
25
Tribunal de origen. Índice 0008

16

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Acto Fecha de Hasta Entidad a la que Tiempo acumulado
administrativo posesión efectuó los aportes
pensionales Años Mese Días
s

Decreto 71 del 26/09/1995 15/02/2004 Fondo Nacional de 8 3 20
7 de noviembre Prestaciones Sociales
de 1995 del
Magisterio

Decreto 165 del 16/02/2004 31/12/2005 Fondo Nacional de 1 10 15
16 de febrero Prestaciones
del 2004 Sociales del
Magisterio
Plantel Educativo 01/01/2006 09/01/2006 Fondo Nacional de 9
Prestaciones
Indalecio Vasquez
Pesca (Boy) Sociales del
Magisterio
Decreto 786 del 16/04/2007 31/12/2007 Fondo Nacional de 8 14
4 de abril del Prestaciones Sociales
2007 del
Magisterio

Decreto 714 del 01/01/2008 31/07/2008 Fondo Nacional de 6 30
6de marzo Prestaciones Sociales
d e l 2007 del
Magisterio

Decreto 1608 24/09/2008 01/03/2009 Fondo Nacional de 5 5
del 17 de Prestaciones Sociales
septiembre del del
Magisterio
2008
Decreto 1238 01/01/2009 31/10/2009 Fondo Nacional de 9 30
del 13 de Prestaciones Sociales
abrir del 2008 del
Magisterio

Decreto 1238 01/11/2009 31/12/2009 Fondo Nacional de 2
del 13 de Prestaciones Sociales
abrir del 2008 del
Magisterio

Decreto 2940 del 5 01/01/2010 31/10/2010 Fondo Nacional de 9 30
de agosto de 2010 Prestaciones Sociales
del
Magisterio

Decreto 2940 del 5 01/11/2010 31/12/2010 Fondo Nacional de 2
de agosto de 2010 Prestaciones Sociales
del
Magisterio

Decreto 1055-1027 01/01/2011 20/09/2011 Fondo Nacional de 8 19
del 4 de abril de Prestaciones Sociales
2011 del
Magisterio

Resolución 4473 28/09/2011 29/01/2012 Fondo Nacional de 4 1
del del 5 de Prestaciones Sociales
septiembre del del
2011 Magisterio

Decreto 521 del 30/05/2012 31/12/2012 Fondo Nacional de 7 2
22 de mayo del Prestaciones Sociales
2012 del
Magisterio

17

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Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

Decreto 1001- 01/01/2013 31/12/2013 Fondo Nacional de 1
1002 del 21 de Prestaciones Sociales
mayo de 2013 del
Magisterio

Decreto 171 – 01/01/2014 31/12/2014 Fondo Nacional de 1
172 del 7 de Prestaciones Sociales
febrero de 2014 del
Magisterio

Decreto 1092- 01/01/2015 31/12/2015 Fondo Nacional de 1
1116 del 25 de Prestaciones Sociales
mayo de 2015 del
Magisterio

Decreto 120-122 01/01/2016 03/05/2016 Fondo Nacional de 4 3
del 26 de enero de Prestaciones Sociales
2016 del
Magisterio

Resolución 1778 06/05/2016 31/12/2016 Fondo Nacional de 7 26
del 12 de abril de Prestaciones Sociales
2016 del
Magisterio

Decreto 980-982 01/01/2017 31/12/2017 Fondo Nacional de 1
del 9 de junio de Prestaciones Sociales
2017 del
Magisterio

Decreto 316 – 317 01/01/2018 31/12/2018 Fondo Nacional de 1
del 19 de febrero Prestaciones Sociales
de 2018 del
Magisterio

Decreto 1016- 01/01/2019 31/12/2019 Fondo Nacional de 1
1017 del 6 de Prestaciones Sociales
junio de 2019 del
Magisterio

Decreto 298-319 01/01/2020 Fondo Nacional de
Del 27 de febrero Prestaciones Sociales
de 2020 del
Magisterio

Total, tiempo de 23 8 31
servicio

48. En relación con los nombramientos como docente en provisionalidad de la
señora Clemencia Ávila Llanez, se tienen el Decreto 071 del 7 de noviembre del
1995, y la Resolución 001778 del 12 de abril del 201626.

49. La reclamación administrativa se presentó el 12 de septiembre del 2017, con el
radicado número 2017PQR4470227.

50. Mediante Resolución 009637 del 21 de diciembre del 2017, se negó el

26
Ibidem.
27
Ibidem

18

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reconocimiento y pago de tal prestación, bajo el siguiente tenor:28

«ESTADO NEGADA NO PROCEDE EL RECONOCIMIENTO DE LA PRESTACIÓN
OBSERVACIONES “SEÑORES SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SE VERIFICA LA
DOCUMENTACIÓN ALLEGADA CON EL EXPEDIENTE Y SE EVIDENCIA QUE LA
DOCENTE CUENTA CON 7852 DÍAS EQUIVALENTES A 1.121 SEMANAS. EN ESTE
ORDEN DE IDEAS SE INDICA QUE NO CUMPLE CON EL MÍNIMO DE SEMANAS PARA
PENSIONARSE, A 2016, ES DECIR 1.300 SEMANAS POR LO ANTERIOR SE NIEGA LA
SOLICITUD DE PENSIÓN DE VEJEZ»

51. Decisión confirmada por la Resolución número 003050 del 12 de abril del 201829

2.3. Caso concreto.

52. Del acervo probatorio que milita en el dossier, se logra inferir que, el régimen
pensional aplicable a la señora Clemencia Ávila Llanez, se determina conforme al
artículo 81 de la Ley 812 de 2003, disposición que establece, como único criterio
definitorio, la vinculación al servicio público educativo oficial, con anterioridad al 27
de junio de 2003, cuyos presupuestos son los de la Ley 33 de 1985: vinculación al
servicio educativo oficial (con anterioridad al 27 de junio de 2003), 55 años de edad
y 20 años de servicio continuos o discontinuos. De ahí que la negativa de la entidad
en sede administrativa, sustentada en la falta de acreditación de 1.300 semanas,
partiera de un equívoco en cuanto al régimen aplicable.

53. En el caso sub examine, quedó plenamente acreditado que, la señora
Clemencia Ávila Llánez llegó a la edad de 55 años el 14 de febrero de 2014 (nació
el 14 de febrero de 1959), y que acumuló 20 años de servicio el Dos (2) de Mayo de
Dos Mil Diecisiete (2017) al sumar los períodos de vinculación provisional con
afiliación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, razón por la
cual, resulta jurídicamente procedente el reconocimiento de la pensión bajo la égida
de la Ley 33 de 1985, con ocasión del régimen de transición de la Ley 812 de 2003;
quedando de esta forma, resuelto el primer componente del problema jurídico
planteado por la Sala.

54. Frente a los otros aspectos de la apelación, esto es, que la demandante se
vinculó como docente a través de órdenes de prestación de servicio, la

28
Ibidem
29
Ibidem

19

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configuración de solución de continuidad, la falta de legitimación en la causa por
pasiva y la aplicación de criterios sobre factores salariales, se dirá lo siguiente.

55. De la revisión de las pruebas que militan en el expediente, se pudo constatar
que, los períodos laborales acreditados por la señora Clemencia Ávila Llánez
corresponden a nombramientos en provisionalidad, con afiliación al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, en consecuencia, no se está ante el
cómputo de tiempos como contratista, sino frente a una relación legal y
reglamentaria, respecto de la cual obra certificación que acredita la realización de
los aportes pensionales al Fondo correspondiente. Luego entonces, el argumento
del apelante carece de sustento fáctico y jurídico, al fundarse en una hipótesis ajena
a la situación probada, por lo que no desvirtúa el carácter computable de los tiempos
de servicio acreditados por la demandante.

56. Tampoco es de recibo, la invocación de la solución de continuidad para efectos
de aplicar el régimen general pensional, por cuanto basta con acreditar una
vinculación anterior a la vigencia de la citada disposición para acceder al régimen
de transición allí previsto; adicionalmente, la Ley 33 de 1985 permite expresamente
que el tiempo de servicios sea computado de manera continua o discontinua, de
modo que, las interrupciones entre los distintos nombramientos no desvirtúan la
consolidación del derecho.

57. En atención a estas precisiones, resulta pertinente poner de presente que, al
margen de que la actora hubiese prestado sus servicios como docente interina o en
provisionalidad y a pesar de la solución de continuidad que se configuró en el marco
del nexo laboral de la libelista como educadora pública, tal como se desprende de
las certificaciones relacionadas, lo cierto es que, desde el preciso momento en que
aquella tuvo una vinculación legal y reglamentaria, adquirió el derecho a dársele el
tratamiento normativo y jurisprudencial propio de los educadores oficiales en lo que
respecta al régimen pensional que reclama, es decir, desde el Veintiséis (26) de
septiembre de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995).

20

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58. Así lo ha sostenido esta Sala 30, en el sentido que la prestación material del
servicio determina el régimen del servidor:

«En consecuencia, la prestación material del servicio como docente determina el régimen del
servidor, y por lo tanto se debe acudir al artículo 81 de la Ley 812 de 2003, el cual preceptúo
que el régimen pensional aplicable a los maestros vinculados con anterioridad a la vigencia
de la mencionada norma es el establecido en las disposiciones pensionales vigentes hasta
ese momento, por tal motivo, son aplicables las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985.»

59. Frente al argumento de responsabilidad del ente territorial y la consecuente falta
de legitimación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
FOMAG, la Sala ha precisado que, los actos de reconocimiento y orden de pago de
prestaciones sociales a favor de los afiliados del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio constituyen actos administrativos complejos, en cuya
formación concurren diversas voluntades jurídicas.

60. En efecto, en su expedición intervienen, de una parte, la secretaría de educación
de la entidad territorial certificada o la dependencia que haga sus veces, encargada
de la elaboración y determinación material del derecho prestacional, y de otra, la
sociedad fiduciaria administradora de los recursos del Fondo, cuya actuación se
circunscribe al ámbito de administración y control; Sin embargo, dicha naturaleza
compleja del acto no desvirtúa que la competencia para la estructuración del
reconocimiento y la determinación del monto de la prestación radica en el ente
territorial, mientras que la intervención del FOMAG se limita a una verificación formal
de los requisitos legales.

61. La Sala resalta, de cara a los argumentos de esta arista de la apelación, «pero
reitero en cuanto a establecer el valor de la prestación está a cargo del ente territorial razón por la
que me encuentro inconforme con la Decisión de primera instancia», se advierte que, ningún

juicio de valor se hace respecto de la presunta actuación omisiva de la Secretaría
de Educación de Boyacá.

62. Asimismo, se advierte que, la reclamación pensional administrativa fue negada
en sede administrativa y las únicas pruebas que sobre dichas actuaciones reposan

30
Consejo de Estado - Sala de Lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda – Subsección A- consejero ponente: Gabriel
Valbuena Hernández - sentencia del ocho (08) de octubre de dos mil veinte (2020), radicación:15001 -23-33-000-2015-00665-
01 (0315-2017).

21

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Demandante: Clemencia Ávila Llanez
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

en el expediente, solo conducen a establecer que, el Doce (12) de septiembre del
Dos mil Diecisiete (2017), con radicado 2017PQR44702, la señora Clemencia Ávila
Llanez solicitó el reconocimiento pensional ante el Departamento de Boyacá, la cual,
fue denegada mediante el acto administrativo que se demanda que data del
Veintiuno (21) de diciembre del Dos Mil Diecisiete (2017), por lo que, este reparo no
encuentra soporte probatorio alguno.

63. En lo concerniente a la tasa de reemplazo y al ingreso base de liquidación,
conforme a la regla unificada establecida en la sentencia SUJ-014-CE-S2-201931,
se advierte que, la prestación pensional fue reconocida por el Tribunal con una tasa
del setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de lo devengado durante el año
inmediatamente anterior a la adquisición del estatus pensional, integrado
exclusivamente por los factores salariales previstos en el artículo 1º de la Ley 62 de
1985, sobre los cuales, se hubieren efectuado los respectivos aportes, sin que
resulte procedente la inclusión de conceptos distintos.

64. De conformidad con la certificación expedida por la Secretaría de Educación de
Boyacá32, se pudo constatar que, los factores computables corresponden a la
asignación básica y a las horas extras, ambos expresamente contemplados en la
normatividad citada, cuya inclusión resulta ajustada a derecho. Adicionalmente, se
incorporó la bonificación mensual docente prevista en el artículo 1 del Decreto 1566
de 2014, en tanto constituye un factor salarial sujeto a cotización, cuya inclusión fue
dispuesta en el fallo de marras.

31
M.P César Palomino Cortés.
32
Tribunal de origen. Samai Índice 0003

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Número Interno: 0607-2025
Demandante: Clemencia Ávila Llanez
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

65. Por último, y ante la improsperidad de los reparos del apelante y, como quiera
que la fecha en que adquirió su estatus pensional la señora Clemencia Ávila Llanez
obedece al Dos (2) de Mayo de Dos Mil Diecisiete (2017) y no al «25 de junio de 2017»,
como erróneamente lo estableció el a quo, se modificará el ordinal segundo de la
sentencia de primera instancia, en ese sentido.

66. Igualmente, y en atención a que, mediante Resolución 9593 de Cinco (5) de
Diciembre de Dos Mil Veintitrés (2023), «Por la cual se retira del servicio a un servidor público
por terminación de nombramiento provisional en vacante definitiva»,33 la señora Clemencia Ávila

Llanez, se retira del servicio docente; se hace necesario complementar el mismo
ordinal de la sentencia, para significar que, a partir del retiro del servicio la pensión
debe ser reliquidada con base en lo devengado durante el último año de servicio
con la precisión de que, si le fue reconocida una prestación, solo se deberá pagar
la diferencia correspondiente.

67. Siendo así las cosas, la Sala modificará el numeral segundo de la sentencia del
Veinticuatro (24) de septiembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 3. En la forma indicada,
confirmándola en todo lo demás.

33
Samai - índice 0005.

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2.4 Condena en costas.

68. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es decir, no se
cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011. Por
lo tanto, se revocarán las impuestas en primera instancia y se abstendrá de
imponerlas en esta instancia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda - Subsección B, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR el ordinal «SEGUNDO» de la sentencia de proferida por
la Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 3, el cual, quedará así:

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho,
ORDENAR a la Nación -Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales
del Magisterio a que reconozca y pague a la señora CLEMENCIA ÁVILA LLANEZ, identificada
con la cédula de ciudadanía número 24.078.782 expedida en Soatá, una pensión mensual
vitalicia de jubilación, de conformidad con la Ley 33 de 1985, con una tasa de reemplazo del
75% y un Ingreso Base de Liquidación correspondiente al promedio de lo devengado en el
año anterior a la adquisición del estatus pensional, es decir, entre el 2 de mayo del 2016 y el
2 de mayo del 2017, incluyendo como factores salariales la asignación básica, la bonificación
mensual docente y las horas extras, con efectividad a partir del 2 de mayo del 2017; además,
a partir del retiro del servicio la pensión debe ser reliquidada con base en lo devengado durante
el último año de servicio y, en el evento que, si le fue reconocida una prestación, solo se
deberá pagar la diferencia correspondiente.

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia de de Veinticuatro (24) de
septiembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo
de Boyacá, Sala de Decisión No. 3, que accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda, con sustento en los motivos expuestos en la parte motiva de esta
sentencia.

TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.

CUARTO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

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Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
(Ausente con excusa)

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