Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2016-00380-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2016-00380-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 23001-23-33-000-2016-00380-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
25 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D. C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 23001-23-33-000-2016-00380-01 (1513-2025)
Demandante: Fredys Danuncio Argel Yanez
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y otros1
Temas: Reconocimiento de pensión de jubilación. Régimen docente.
Vinculación anterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el municipio de Tierralta
(Córdoba) contra la sentencia proferida el 18 de octubre de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Córdoba, mediante la cual accedió a las pretensiones de la
demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Fredys Danuncio Argel Yanez presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-administrativo2, en orden a que
se declarara la nulidad de la Resolución 001019 del 6 de mayo de 2015, por medio
1 Departamento de Córdoba y municipio de Tierralta.
2 En lo que sigue CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 23001-23-33-000-2016-00380-01 (1513-2025)
Demandante: Fredys Danuncio Argel Yanez
de la cual el secretario de Educación del Departamento de Córdoba le negó el
reconocimiento de una pensión de jubilación.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) el reconocimiento de la pensión de jubilación «retroactivamente desde que
cumplió su estatus pensional (55 años y 20 de servicios) de conformidad con la Ley 33 de
1985, tomándole todos los factores salariales percibidos durante el año anterior al
cumplimiento del estatus como base de la liquidación de la pensión» (sic); ii) el reajuste
dispuesto en la Ley 71 de 1988 «sobre la pensión inicial»; iii) la indexación de las
sumas reconocidas; iv) el cumplimiento del fallo en los términos del CPACA; y v) la
condena en costas a las demandadas.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Fredys Danuncio Argel Yanez nació el 6 de abril de 1956.
3.2. Prestó sus servicios como docente del municipio de Tierralta (Córdoba) a través
de contratos de prestación de servicios en los siguientes periodos: 15 de febrero
hasta el 30 de noviembre de 1993; 1 de febrero hasta el 30 de noviembre de 1994;
1 de febrero hasta el 30 de noviembre de 1995; 15 de enero hasta el 31 de diciembre
de 1996; 1 de enero hasta el 30 de diciembre 1997; y 1 de enero hasta el 22 de
junio de 2000.
3.3. Fue nombrado en propiedad a partir del 23 de junio de 2000, mediante el Decreto
169 de 2000.
3.4. El
3 de marzo de 2015, solicitó ante la Secretaría de Educación del
Departamento de Córdoba el reconocimiento de la pensión de jubilación; sin
embargo, a través del acto acusado, la entidad negó tal petición.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 53 de la Constitución Política; 1 de la Ley
33 de 1985; 15 de la Ley 91 de 1989; 81 de la Ley 812 de 2003; parágrafo transitorio
1 del Acto Legislativo 01 de 2005.
5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente3:
3 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo «5ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_2652025zi(.zip)
NroActua 2», documento 01ExpedienteDigitalizado, páginas 3 a 10.
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Demandante: Fredys Danuncio Argel Yanez
5.1. Quienes se vincularon a la docencia oficial con anterioridad a la vigencia de la
Ley 812 de 2003, tendrían derecho al régimen pensional contenido en la Ley 33 de
1985 y sus decretos reglamentarios, mientras que quienes lo hicieron con
posterioridad, eran beneficiarios de los derechos pensionales dispuestos en las
leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.
5.2. Prestó sus servicios antes del 23 de junio de 2003, por lo que podía beneficiarse
de las prerrogativas de la Ley 33 de 1985 y comoquiera que acreditó los requisitos
para la pensión que esta norma estableció, al haber cumplido más de 20 años de
servicio y contar con la edad de 55 años debió reconocerse su derecho prestacional.
5.3. Asimismo, en virtud de la prevalencia del principio de primacía de realidad sobre
las formas, cualquiera que sea la vinculación o la denominación de esta, «lo real es
la prestación de sus servicios como docente del Estado colombiano en diferentes entidades
territoriales lo que lo hace merecedor una vez acreditado los requisitos de ley 33 de 1985,
acceder a su derecho pensional vitalicio» (sic).
1.2. Contestaciones de la demanda
6. El Fomag se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, con
fundamento en lo siguiente4:
6.1. De conformidad con la normatividad vigente [Ley 962 y Decreto 2831 de 2005],
las entidades territoriales certificadas son las competentes para atender las
solicitudes relacionadas con las prestaciones sociales a cargo del Fomag, así como
para elaborar y remitir a la Fiduciaria La Previsora S.A. el proyecto de acto
administrativo de reconocimiento para su aprobación. Una vez surtido ese trámite y
obtenido el visto bueno correspondiente, procedía el pago de la prestación, «sin que
la Nación - Ministerio de Educación Nacional tenga injerencia alguna en este
procedimiento» (sic).
6.2. En los procesos judiciales, las pretensiones de la demanda debían dirigirse
contra quienes se encontraban obligados por la ley a responder por ellas. Por ello,
le correspondía al demandante ejercer la acción contra la entidad que expidió el
acto administrativo acusado para asegurar la debida integración de la causa por
pasiva. Es decir, debe existir completa congruencia jurídica entre quien solicita la
prestación y el sujeto frente a quien se debe reclamar el derecho pretendido, para
que de esta manera se cumpla con la obligación de integrar la causa por pasiva de
conformidad con los principios generales del derecho procesal.
4 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo «5ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_2652025zi(.zip)
NroActua 2», documento 01ExpedienteDigitalizado, páginas 56 a 70.
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Demandante: Fredys Danuncio Argel Yanez
6.3. El demandante se vinculó como docente en propiedad mediante el Decreto 169
del 23 de junio de 2000 y, para la fecha de su retiró del servicio, contaba con 17
años, 2 meses y 22 días. Por lo tanto, no acreditó los requisitos exigidos por la Ley
33 de 1985 para acceder a la pensión, esto es 55 años de edad y 20 años de
servicios. Aunque laboró durante 5 años, 5 meses y 22 días a través de contratos
de prestación de servicios, tal vinculación «no gener[ó] una relación laboral».
6.4. Propuso como excepciones i) falta de legitimación por pasiva; ii) inexistencia de
la obligación con fundamento en la ley; iii) inexistencia del derecho; y iv)
prescripción.
7. El municipio de Tierralta (Córdoba) se opuso a las pretensiones de la demanda,
con base en lo siguiente5:
7.1. El tiempo de vinculación mediante contratos de prestación de servicios no podía
computarse para efectos pensionales, toda vez que el demandante no acreditó los
elementos constitutivos de una relación laboral previstos en el artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo, que demostraran la existencia de un «contrato realidad». Para
tal efecto, era necesario que se hubiese proferido una decisión judicial que así lo
declarara, circunstancia que no ocurrió en el caso particular. Por lo tanto, no era
procedente tener en cuenta el tiempo prestado a través de esa modalidad
contractual para efectos pensionales.
7.2. De acuerdo con lo anterior, propuso la excepción de inexistencia de una relación
laboral respecto del tiempo laborado por contrato de prestación de servicios.
8. El departamento de Córdoba contestó la demanda en los siguientes términos6:
8.1. El Fomag es el responsable del pago de las prestaciones sociales de los
docentes afiliados y las entidades territoriales son «un simple intermediario entre el
afiliado y la Nación, Ministerio de Educación» (sic) en los términos que establece el
artículo 9 de la Ley 91 de 1989. Por consiguiente, el reconocimiento y pago de la
prestación solicitada estaba a cargo de ese fondo.
8.2. Propuso las siguientes excepciones: i) falta de legitimación en la causa por
pasiva; ii) prescripción; iii) cobro de lo no debido; y iv) genérica.
1.3. La sentencia apelada
5 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo «5ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_2652025zi(.zip)
NroActua 2», documento 01ExpedienteDigitalizado, páginas 124 a 126.
6 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo «5ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_2652025zi(.zip)
NroActua 2», documento 01ExpedienteDigitalizado, páginas 133 a 137.
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Radicado: 23001-23-33-000-2016-00380-01 (1513-2025)
Demandante: Fredys Danuncio Argel Yanez
9. En sentencia del 18 de octubre de 2024 el Tribunal Administrativo de Córdoba
accedió a las pretensiones de la demanda y no condenó en costas en esa instancia,
en los siguientes términos:
«PRIMERO: DECRÉTESE la nulidad de la Resolución Nº 001019 del 6 de mayo de 2015
que negó el reconocimiento de la pensión de jubilación del señor Fredy Danuncio Argel
Yánez proferida por el secretario de Educación del Departamento de Córdoba en nombre
y representación de la Nación- Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, de acuerdo con lo indicado en las consideraciones
de la presente sentencia.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, CONDÉNESE a la Nación
Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio a reconocer y pagar la pensión ordinaria de jubilación a que tiene derecho el
señor Fredy Danuncio Argel Yánez identificado con c.c. 15.606.900, a partir del 4 de
septiembre de 2014, la cual será liquidada con base en el 75% de los factores salariales
taxativamente establecidos en el artículo 3° de la Ley 33 de 1985, sobre los cuales cotizó,
y devengados durante el año anterior al cumplimiento del estatus pensional (3 de
septiembre de 2013 a 3 de septiembre 2014), de acuerdo a lo expuesto en la parte
considerativa de la presente providencia.
TERCERO: Respecto de conceptos que se reconocen y se pagan anualmente, para
efectos de determinar la base de liquidación de la pensión, lo procedente es tomar una
doceava parte.
CUARTO: ORDENAR en cuanto a las cotizaciones pensionales del actor, lo siguiente:
a). Al señor Fredy Danuncio Argel Yánez, acreditar documentalmente y manifestar al
momento de solicitar el cumplimiento de la sentencia, a cuál entidad de previsión y por
qué valores efectuó cotizaciones a pensión por los períodos durante los cuales fungió
como docente contratista del Municipio de Tierralta – Córdoba en caso de haberlas
hecho. De lo contrario, si no realizó tales aportes, indicar lo propio al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio.
b). Al Municipio de Tierralta - Córdoba, pagar de manera actualizada al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, la diferencia por concepto de aportes a pensión
del señor Fredy Danuncio Argel Yánez, frente a los montos cotizados por este a la
entidad -o entidades- de previsión a la que se hubiese encontrado afiliado con
anterioridad a la mentada autoridad, esto únicamente en la proporción que le habría
correspondido como empleador de aquel durante los períodos en los que el demandante
se desempeñó como docente para la entidad territorial por medio de órdenes de
prestación de servicios que encubrieron una relación laboral, lo anterior calculado con
base en el monto que el primero devengó a título de honorarios. En caso de que el
demandante no hubiese efectuado los aportes que le correspondía como contratista, el
Municipio de Tierralta deberá abonar el monto total del aporte que como empleador le
habría correspondido por ese mismo tiempo.
c). A la Nación-Ministerio de Educación- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, repetir en contra de la entidad -o entidades- de previsión a la cual la
demandante acredite que se encontraba afiliado durante el lapso que subsistió la
relación contractual con el Municipio de Tierralta – Córdoba, a fin de solicitar el
reembolso de las cotizaciones a pensión efectuadas por aquel en dicha oportunidad,
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Demandante: Fredys Danuncio Argel Yanez
siempre y cuando así lo demuestre o asegure el señor Fredy Danuncio Argel Yánez de
acuerdo con el literal «a» de este ordinal. En todo caso, se autoriza al mentado fondo,
descontar de los valores adeudados al libelista en virtud de la condena, los saldos
pendientes parciales o totales en su contra si existen después del cumplimiento de lo
anterior, por concepto de aportes a pensión que en la proporción como trabajador le
correspondía efectuar por los períodos referidos en el literal «b» de este ordinal.
QUINTO: CONDENAR a la Nación-Ministerio de Educación- Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio a pagar al señor Fredy Danuncio Argel Yánez, las
mesadas pensionales dejadas de cancelar desde el día 4 de septiembre de 2014 en
adelante conforme lo dicho en la parte motiva. Aplicando a las mesadas causadas la
indexación según el IPC indicado por el DANE desde la fecha en la que se debió hacer
el pago de la pensión al accionante hasta que se verifique el pago correspondiente con
la inclusión en nómina, conforme la formula expuesta en la parte motiva de esta
providencia.
SEXTO: CONDENAR a la Nación-Ministerio de Educación- Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio que sobre las sumas de dinero resultantes de la
presente condena efectúe los correspondientes ajustes de ley conforme al porcentaje
ordenado para cada año por el Gobierno Nacional.
SÉPTIMO: NIÉGUENSE las demás
pretensiones de la demanda, conforme lo indicado en las motivaciones de esta
sentencia.
OCTAVO: Dese cumplimiento al fallo en los términos y condiciones establecidos en los
artículos 192, 194 y 195 del CPACA. (…)» (sic).
10. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos7:
10.1. Fredys Danuncio Argel Yanez nació el 6 de abril de 1956 y prestó sus servicios
como docente oficial por más de 20 años. Inicialmente, lo hizo a través de contratos
de prestación de servicios suscritos con el municipio de Tierralta (Córdoba) entre
los años 1993 y 2000 y, posteriormente, se vinculó en propiedad mediante el
Decreto 169 del 23 de junio de 2000. Por lo tanto, comoquiera que tuvo una
vinculación anterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, por virtud de la
Ley 91 de 1989, le resultaba aplicable el régimen pensional dispuesto para el sector
público nacional, esto es el contenido en la Ley 33 de 1985.
10.2. El tiempo de servicio prestado a través de contratos de prestación de servicios
debía ser tenido en cuenta, toda vez que, de acuerdo con la jurisprudencia del
Consejo de Estado8 que se acompaña, la cual, aunque no ha sido pacífica, es la
que mejor se acompasa con el artículo 53 de la Constitución Política y el principio
7 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo «5ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_2652025zi(.zip)
NroActua 2», documento 26Sentencia.pdf.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Segunda - Subsección A del 18 de noviembre de 2020
consejero Ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas Radicación: 54001233300020120018101
(0235-14)
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Demandante: Fredys Danuncio Argel Yanez
de la primacía de la realidad sobre las formas, «para efectos pensionales dada la
naturaleza de la labor docente y la subordinación propia de la misma se deben computar
los tiempos servidos por el educador» (sic).
10.3. En consecuencia, cumplió 55 años el 6 de abril de 2011 y, con la inclusión del
tiempo laborado como docente mediante contratos de prestación de servicios,
completó 20 años, 3 meses y 6 días a la fecha de su retiro del servicio.
10.4. Tal y como lo ha señalado el Consejo de Estado 9, «el municipio no debe ser
condenado al pago concurrente de la pensión de jubilación a favor del demandante sino
únicamente al reconocimiento y giro de los aportes por dicho concepto en su debida
proporción al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por el período
durante el cual se configuró una relación laboral entre el municipio y el demandante (del 15
de febrero de 1993 hasta el 22 de junio de 2000). Lo anterior se sustenta en los artículos 4
y 521 de la Ley 91 de 1989, los artículos 5 a 822 del Decreto 1775 del 3 de agosto de 1990
y el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, (el cual fue derogado por la Ley 1955 de 2019, y
posteriormente modificado por el artículo 5723 ejusdem), la entidad encargada del
reconocimiento y pago de las prestaciones de los docentes únicamente es la Nación,
Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio» (sic).
10.5. Porsu parte, el demandante debía acreditar las cotizaciones a pensión
efectuadas en su momento a cualquier entidad de previsión durante el lapso en el
que subsistió la relación contractual (15 de febrero de 1993 hasta el 22 de junio de
2000), «a riesgo de que deba pagar o completar el monto que como trabajador le hubiese
correspondido abonar por dicho concepto» (sic).
10.6. No se configuró la prescripción de mesadas pensionales, toda vez que el
demandante consolidó su estatus pensional el 4 de septiembre de 2014 y presentó
la reclamación administrativa el 3 de marzo de 2015, según consta en la Resolución
001019 de 2015, mediante la cual se le negó el reconocimiento de la pensión.
10.7. No condenó en costas porque las pretensiones prosperaron parcialmente.
1.4. El recurso de apelación
11. El
municipio de Tierralta (Córdoba) presentó recurso de apelación con
fundamento en lo siguiente10:
11.1. El demandante no demostró la existencia de una relación laboral durante el
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección «A», C.
P. William Hernández Gómez, Bogotá D.C., once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021).
Radicación número: 81001 23-33-000-2013-00079-01(4021-14).
10 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo «5ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_2652025zi(.zip)
NroActua 2», documento 29RecursoApelaciónTierralta.pdf.
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Demandante: Fredys Danuncio Argel Yanez
periodo en el que prestó sus servicios a través de contratos de prestación de
servicios, por lo que se desconoció que esta modalidad de vinculación no generaba
derechos pensionales.
11.2. El actor tenía la obligación de realizar los aportes correspondientes durante el
tiempo en que estuvo vinculado bajo tal modalidad contractual, toda vez que la
responsabilidad de esas cotizaciones era compartida. En consecuencia, al no haber
cumplido con su deber, ello «lo descalifica para el reconocimiento de la pensión» (sic).
11.3. La sentencia no abordó de forma adecuada la prescripción de los derechos de
los que pudo ser titular el demandante, pues «cualquier derecho que pudiera haber
surgido de situaciones anteriores a 2015 se encuentra prescrito, conforme a lo establecido
en el artículo 151 de la Ley 100 de 1993. Este aspecto es crucial, ya que la falta de acción
por parte del demandante durante un periodo prolongado debe ser considerada como una
renuncia tácita a sus derechos» (sic).
11.4. El municipio no era la entidad responsable del reconocimiento pensional, ya que
esa competencia correspondía al Fomag.
11.5. El reconocimiento pensional sin el cumplimiento de los requisitos legales atentó
contra los principios de legalidad y seguridad jurídica; admitir lo contrario «abre la
puerta a abusos y a la desnaturalización de los contratos de prestación de servicios» (sic)
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
12. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar11.
1.6. El Ministerio Público
13. El procurador delegado ante el Consejo de Estado solicitó la revocatoria de la
sentencia de primera instancia porque, si bien no se encontraba en discusión que
el demandante había sido vinculado como docente en propiedad antes de la entrada
en vigencia de la Ley 812 de 2003, mediante el Decreto 169 del 23 de junio de 2000,
razón por la cual, en virtud de la Ley 91 de 1989, le era aplicable la Ley 33 de 1985,
lo cierto es que para acceder a la prestación, el docente debía contar con «20 años
de servicio en los cuales se debieron realizar las cotizaciones efectivas al sistema
pensional»12. Sin embargo, Fredys Danuncio Argel Yanez fue nombrado en
propiedad el 25 de junio del 2000 y permaneció en el servicio hasta el 10 de
diciembre de 2014, esto es, por 14 años, 4 semanas y 15 días, periodo durante el
11 Tal y como se indicó en el auto del 23 de julio de 2025. Índice 4 de Samai.
12 De acuerdo con las reglas contenidas en la sentencia SUJ-014-CE-S2 de 2019.
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Demandante: Fredys Danuncio Argel Yanez
cual realizó las cotizaciones conforme con lo dispuesto en la ley.
13.1. Pese a que el tribunal tuvo en cuenta los 5 años, 10 meses y 22 días durante
los cuales el demandante laboró como docente por medio de contratos de
prestación de servicios, este «no probó en el trámite del proceso que durante este tiempo
hubiese efectuado cotizaciones al sistema pensional» (sic). Asimismo, el criterio acogido
en primera instancia desconoció que «el cumplimiento de los requisitos para adquirir un
derecho pensional (tiempo y edad) se deben acreditar al momento de la solicitud de
reconocimiento pensional y no posterior a ella» (sic)13.
2. Consideraciones
2.1. Los problemas jurídicos
14. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia14, se circunscriben a
establecer lo siguiente:
14.1. ¿Si el tiempo laborado por Fredys Danucio Argel Yanez con ocasión de órdenes
y contratos de prestación de servicios podía ser computado para efectos del
reconocimiento de la pensión de conformidad con la Ley 33 de 1985 o si para ello
debía existir una decisión judicial que reconociera la existencia de una relación
laboral? y
14.2. ¿Si constituía un requisito para acceder al reconocimiento pensional que Fredys
Danucio Argel Yanez acreditara haber realizado los aportes al sistema de pensiones
correspondientes al periodo durante el cual estuvo vinculado bajo órdenes y
contratos de prestación de servicios?
13 Samai, índice 9.
14 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.
El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».
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Demandante: Fredys Danuncio Argel Yanez
14.3. ¿Si la obligación impuesta en la sentencia de primera instancia al municipio de
Tierralta (Córdoba) de efectuar los aportes pensionales correspondientes a los
periodos en los que Fredys Danucio Argel Yanez prestó sus servicios mediante
contrato de prestación de servicios implicó el traslado de la competencia de
reconocimiento y pago de la pensión que legalmente recae en el Fomag?
2.2. Marco normativo
2.2.1. Sobre el sistema de seguridad social creado por la Ley 100 de 1993 y el
régimen exceptuado de los docentes afiliados al Fomag
15. La Constitución Política previó la seguridad social en su artículo 48 como «un
servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y
control del Estado». Tiene esta connotación porque su finalidad es satisfacer, de
forma continua, una necesidad de carácter general consistente en amparar las
contingencias que se presenten para las personas derivadas de la vejez, invalidez,
enfermedad o muerte15. La norma le otorgó en su inciso segundo la calidad de
«derecho irrenunciable», por lo que es considerado un derecho fundamental al
repercutir directamente en la vida y dignidad de las personas16.
16. En virtud de lo anterior, el Estado asumió la obligación de diseñar e implementar
el sistema de seguridad social que conlleva la integración de normas que, de
manera conjunta y coordinada, sirvan para regular la prestación de ese servicio
público y lograr su satisfacción17. Este mandato lo cumplió con la expedición de la
Ley 100 de 1993 que creó «el sistema de seguridad social integral» con el fin de «unificar
la normatividad y la planeación de la seguridad social […]»18. El sistema quedó
conformado por cuatro componentes o subsistemas: el Sistema General de
Pensiones, el Sistema General de Salud, el Sistema General de Riesgos
Profesionales y los Servicios Sociales Complementarios.
17. La ley reguló el Sistema General de Pensiones en su libro primero y con él unificó
los regímenes que existían con antelación, así lo señaló de forma expresa y fue
expuesto en sus antecedentes legislativos19. Está integrado por dos regímenes
15 Sobre el particular se puede leer la providencia C-623 de 2004.
16 Al respecto se pueden consultar las siguientes sentencias. Sentencia T-019 de 2009, T-395 de
1998, T-076 de 1999, T-321 de 1999 y T-101 de 2001
17 El término «sistema lo define la RAE como un «Conjunto de reglas o principios sobre una materia
racionalmente enlazados entre sí».
18 Preámbulo y artículo 6.
19 Ibidem. En la exposición de motivos de la ley se explicó lo siguiente: «[l]a dispersión de regímenes
pensiónales dentro del sector público se corresponde con gran multiplicidad, de entidades, lo cual
se refleja en la existencia de cerca de un millar de cajas, y en una tendencia a la deserción de
entidades y afiliados de Cajanal, que se suponía debía haber sido la entidad para centralizar y
homogenizar la previsión del nivel nacional. (…) Por último, se unificarán los sistemas pensionales
vigentes para el sector público y el sector privado. Los trabajadores del sector público tendrían un
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específicos, autónomos e independientes, denominados: « Régimen Solidario de
Prima Media con Prestación Definida» y «Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad».
Para cada uno dispuso las instituciones encargadas de administrarlos, la afiliación,
su financiación a través de cotizaciones obligatorias y subsidios del Estado, los
requisitos para obtener la prestación social, las diferentes pensiones que reconocen,
los beneficiarios y el monto pensional.
18. El Sistema General de Pensiones reglado en la Ley 100 de 1993 rige en su
integridad todo lo relacionado con el reconocimiento pensional y las entidades que
lo administran. Es así porque su finalidad fue unificar todos los regímenes
pensionales que existían antes de su expedición, lo que consiguió al disponer que
todos los trabajadores públicos, privados e independientes deben cotizar a sus
subsistemas.
19. No obstante, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó del sistema integral
de seguridad social contenido en esa norma, entre otros, a los afiliados al Fomag,
para lo cual dispuso:
«Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel
que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no
remunerados de las Corporaciones Públicas.
Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán
compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será
responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que
se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se
expida». [Resalta la Sala].
20. Dentro de los denominados «regímenes exceptuados» de la aplicación de la Ley
100 de 1993, están comprendidos (i) los integrantes de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional; (ii) el personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, excepto al
vinculado en vigencia de la referida ley; (iii) los miembros no remunerados de las
corporaciones públicas; (iv) los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio; y (v) los servidores de la Empresa Colombiana de Petróleos
régimen de beneficios y contribuciones idéntico al del sector privado, que se realizaría a través de
los mismos fondos. (…) A la larga, se eliminará la multiplicidad de regímenes e instituciones
previsionales del sector público así como las inequidades dentro del mismo, y respecto a las
pensiones del sector privado. Como en el sector privado, los beneficios extraordinarios en el sector
público tendrán que ser complementarios voluntarios y a cargo de los trabajadores y los recursos
propios de las entidades; en ningún caso estarán a cargo del fisco o de terceros, y tendrán que:
constituirse efectivamente las reservas necesarias». Congreso de la República Gaceta No. 087 -
1992 páginas 11 y 12.
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vinculados antes de la vigencia de la Ley 797 de 200320.
21. Estos cuentan con normativa propia que fijan los requisitos que los trabajadores
beneficiarios deben cumplir para obtener la pensión y reglan sus distintas
modalidades de pensión.
22. En el sector docente oficial, la Ley 91 de 1989 «[p]or la cual se crea el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio» distinguió entre el personal docente nacional,
nacionalizado y territorial y distribuyó las obligaciones prestacionales de los docentes
(artículos 1 y 2), según se resume a continuación:
Personal Tipo de vinculación Prestaciones sociales a Entidad responsable
docente cargo
Vinculados por Las causadas hasta 29 de La extinta Cajanal y el Fondo
nombramiento del diciembre de 1989 y en Nacional del Ahorro o las que
gobierno nacional adelante, los reajustes y la hicieren sus veces.
Nacional sustitución de pensiones
Las causadas a partir del 29 La nación y pagadas por el
de diciembre de 1989 Fomag
Las causadas hasta el 31 de Las respectivas entidades
diciembre de 1975 y en territoriales o las cajas de
adelante, los reajustes y la previsión, o las entidades que
sustitución de pensiones hicieren sus veces, a las cuales
Vinculados por venía vinculado este personal
nombramiento de Las causadas en el período La Nación o las respectivas
entidad territorial de nacionalización (1 de entidades territoriales o las
antes y después del enero de 1976 – 31 de cajas de previsión, o las
1/1/1976 (Ley 43/75) diciembre de 1980), los entidades que hicieren sus
reajustes y la sustitución de veces (estas entidades deben
pensiones contribuir en los porcentajes
establecidos en el artículo 3 de
Nacionalizado la Ley 43 de 1975).
Las causadas y no pagadas Las respectivas entidades
entre el 1 de enero de 1981 y territoriales o las cajas de
el 29 de diciembre de 1989 previsión social, o las
entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba
vinculado dicho personal.
La nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
Las causadas a partir del 29 La nación y pagadas por el
de diciembre de 1989 Fomag
23. Uno de los componentes que regula la Ley 91 de 1989 es el régimen prestacional
con el ánimo de lograr cierta unidad e igualdad frente a la disparidad anterior, por lo
que el artículo 15 ibidem prevé que a partir de su entrada en vigor, los docentes
nacionales y aquellos que ingresen del 1° de enero de 1990 en adelante, estarán
regulados por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden
nacional, entre ellas, los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o
20 Artículo 3 que modificó el 15 de la Ley 100 de 1993.
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que se expidan en el futuro, verbigracia, la Ley 344 de 1996.
24. En materia pensional, el citado artículo 15, numeral 3, literal b), dispone que i) a
los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen
prestacional que habían gozado en cada entidad territorial, de conformidad con las
normas vigentes; y ii) aquellos que ingresaron a partir del 1° de enero de 1990,
nacionales y nacionalizados, tienen derecho a una pensión de jubilación bajo el
régimen general y ordinario de pensiones del sector público nacional, de acuerdo
con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último
derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.
25. La Ley 60 de 199321 asignó la administración de los servicios educativos
estatales a los municipios, financiados con recursos propios y con los provenientes
de su participación del situado fiscal, en conjunto con los departamentos. En el
artículo 6 ibidem dispuso la incorporación del personal docente de los órdenes
departamental, distrital y municipal al Fomag, así como la conservación del régimen
prestacional anterior, mientras que a las nuevas vinculaciones se les aplicaría la Ley
91 de 1989. En consecuencia, las prestaciones sociales causadas antes de la
afiliación al señalado fondo y sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones serían
cubiertas por la respectiva entidad territorial o el ente de previsión social a la cual
se hubieren realizado los aportes; a diferencia de las que se hicieran exigibles con
posterioridad, que estarán a cargo del indicado fondo.
26. Sobre el particular, el Consejo de Estado, en sentencia del 23 de febrero de 2006,
expediente 2002 – 0594, con ponencia del magistrado Tarsicio Cáceres Toro, sobre
el tema objeto de análisis, precisó:
«De lo anterior resalta que los docentes nacionales y nacionalizados que se
incorporen a las plantas departamentales y distritales de educación en las
condiciones señaladas en la Ley 60 de 1993 quedan sometidos en cuanto a la
pensión de jubilación – ordinaria o derecho prevista en la Ley 91 de 1989, la
cual es de régimen ‘ordinario’, como ya se dijo. Y los docentes territoriales en
cuanto a la citada pensión tenían que estar sometidos a la ley pensional
‘ordinaria’ pertinente (salvo situaciones especiales que se deben demostrar)
debido a que las autoridades locales no tenían facultad constitucional para
regular esa materia; por eso algunas disposiciones dictadas en materia
21 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con
los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».
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pensional para los empleados territoriales por autoridades locales resultan
contrarias al régimen constitucional; claro está que las situaciones definidas y
consolidadas en aplicación de un régimen local gozan de protección conforme
al Art. 146-1 de la Ley 100/93.
[…]
La Ley 115 de 1994, en la parte final del inciso 1º del artículo 115 claramente
dispone: ‘El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido
en la Ley 91 de 1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente Ley’. Pues bien,
como ya se vio, en materia de pensión de jubilación – ordinaria o derecho, ni la
Ley 91 de 1989, ni la Ley 60 de 1993 consagraron un régimen ‘especial’; ahora,
la actual ley, tampoco lo hace. Y se aclara que el hecho que esta Ley disponga
lo dicho sobre el régimen pensional en su artículo 115 que se intitula ‘Régimen
Especial de los Educadores Estatales’, dado el contenido de la norma, como
ya se vio, realmente no consagra un régimen especial en materia de pensión
de jubilación – derecho de los docentes. Así, esta ley no hizo otra cosa que
ratificar el régimen de jubilación establecido en el momento, lo que indica que
la Ley 33 de 1985, seguía siendo la norma aplicable para los docentes
nacionales. Además, las pensiones de jubilación de los docentes reconocidas
en su tiempo al amparo de la Ley 6ª/45 o el D.L. 3135/68 (antecesoras de la
Ley 33/85) lo fueron bajo disposiciones ‘generales’ de pensiones del sector
administrativo, que no tuvieron el carácter de ‘especiales’.»
27. Por tanto, la Ley 33 de 1985 unificó el régimen de la pensión de jubilación de los
servidores públicos, aplicable a todos los niveles que no estuviesen exceptuados
por ley, tal como sucede para la pensión de jubilación ordinaria de los docentes
nacionales y nacionalizados respecto de quienes no se prevé un régimen legal
especial.
28. En razón a que los docentes no gozan de régimen especial en materia pensional,
en principio, la norma aplicable es la Ley 33 de 1985, la cual dispone que los
empleados oficiales que sirvan o hayan servido 20 años continuos o discontinuos y
lleguen a la edad de 55 años tendrán derecho a pensionarse con el equivalente al
75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año
de servicio.
2.2.2. Interpretación del artículo 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989
en concordancia con lo regulado en las leyes 33 de 1985 y 71 de 1988
29. En cuanto a la posibilidad de aplicar la Ley 71 de 1988 a los docentes oficiales,
de conformidad con lo previsto en los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y 15,
numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989. La Sala considera que es procedente su
aplicación, por las razones que se presentan a continuación y cuyo fundamento es
lo hasta ahora expuesto:
30. La primera razón tiene que ver con la intención que tuvo el legislador al
establecer en el numeral 2, literal b), del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 que los
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docentes «gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional»
la cual permite concluir que la expresión también incluyó el régimen previsto en la
Ley 71 de 1988. Es así por cuanto en el debate legislativo del proyecto que condujo
a la expedición de la Ley 91 de 1989, al explicar el sentido del artículo 15, señaló:
«[e]l principio de iniciación prestacional o de régimen único es relativo y se entiende de
la siguiente manera: Todos los maestros colombianos, con excepción de los del nivel
superior o universitario, vinculados a la nación, de conformidad con las leyes vigentes, a
partir del 1 de enero de 1990, quedarán sometidos al sistema prestacional y de cesantías
aplicable a los empleados públicos del orden nacional […] [a]cerca del articulo 15
habría que referirse finalmente a dos aspectos: La Ley 71 de 1988 sobre pensiones de
jubilación; recoge amplias aspiraciones del movimiento pensional que al
beneficiar al Magisterio exonera de la repetición en este texto. El Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, recibe la autorización legal de extender los
servicios asistenciales a las familias de los docentes, cuando su situación financiera lo
permite»22 (se destaca).
31. De la sustentación en cita se infiere que para el legislador era innecesario
«repetir» de forma taxativa las disposiciones de la Ley 71 de 1988 o señalar la
remisión directa a esta dentro del texto de la Ley 91 de 1989, pues consideró que
aquellas se entendían incluidas dentro «del régimen vigente para los pensionados del
sector público nacional» al cual remite la segunda. En ese orden, es inviable
interpretar que al régimen pensional al que se refiere esta última es solo el de la Ley
33 de 1985. Aceptar ello equivaldría a restringir el campo de aplicación que el
legislador quiso darle al enunciado, máxime cuando no especificó, ni en la
exposición de motivos del proyecto de ley ni en su texto, qué parte de la Ley 71 de
1988 era aplicable y cuál no. Por ende, debe deducirse que se refería a toda.
32. Lo anterior concuerda con la segunda razón que permite asegurar que la Ley
71 de 1988 sí gobierna a los docentes por remisión del artículo 15.2 literal b) de la
Ley 91 de 1989. Este otro motivo se refiere a que aquella (incluido su artículo 7) de
manera explícita señaló que regula las pensiones de todos los servidores públicos,
sin excepción. En ese orden, también es un régimen aplicable a los empleados de
carácter nacional, por lo que encaja en el supuesto normativo contenido en la última
ley mencionada que remite para efectos pensionales de los docentes al «régimen
vigente para los pensionados del sector público nacional». El que la ley se aplique
también a trabajadores particulares no le quita este alcance y descifrarlo de este
modo desconoce su propio campo de reglamentación.
23
33. Ciertamente, el contenido de la Ley 71 de 1988 modificó las leyes que regían a
todos los servidores públicos en lo relacionado con el reajuste de las pensiones, su
22 Ponencia para primer debate proyecto de Ley 49 de 1989 Senado «por la cual se crea el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio», página 5, Anal 103 del Congreso de la República
del 17 de octubre de 1989.
23 Leyes 4 de 1976, 33 de 1973, 12 de 1975, 44 de 1980 y 113 de 1985.
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monto máximo, las reglas de su sustitución, el momento a partir del cual puede
disfrutarse su pago y el derecho a la reliquidación de quien continuó en el servicio.
Lo anterior significa que sus postulados abarcaron a todos los trabajadores que
encajan en la categoría de servidores públicos.
34. Esto último también se predica del contenido de su artículo 7, puesto que el
nuevo régimen de pensión de jubilación por aportes no lo enfocó a un sector
determinado de los servidores públicos y, por el contrario, los incluyó a todos, al
prescribir que se aplicaría a los «empleados oficiales». Ello se refuerza con lo
explicado en los debates parlamentarios examinados con anterioridad y que dan
cuenta de que la norma buscó beneficiar a todos los trabajadores de los sectores
público y privado. Entonces, si legislador no señaló en la disposición normativa que
una parte de estos sería excluida del beneficio pensional, el intérprete no puede
darle ese alcance, pues del artículo no se desprende regla alguna que así permita
inferirlo.
35. Para la Sala, interpretar que el artículo 15.2 literal b), de la Ley 91 de 1989 no
remitió también al 7 de la Ley 71 de 1988 implicaría aceptar que los docentes no
hacen parte de la categoría de «empleados oficiales»24 a los que esta última norma
gobierna. Tal entendimiento conllevaría a aseverar, sin ser cierto, (i) que esta última
ley no contiene un régimen pensional aplicable a los empleados «del sector público
nacional» cuando los cobija a todos; y (ii) que la Ley 33 de 1985 es la única aplicable
a esta clase de trabajadores, cuando no es así.
36. Si bien la última expresión entre comillas puede dar lugar a la confusión referida,
en su entendimiento armónico con el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 debe prevalecer
la interpretación que más garantice los derechos de los docentes en virtud del
principio de favorabilidad en materia laboral, según el cual cuando exista más de
una posible interpretación de una norma debe escogerse aquella que mayor
provecho otorgue al trabajador25. En ese orden, la que más se ajusta a la protección
de su derecho pensional es la que se afirma en esta providencia, pues amplía su
grado de protección pensional. Por consiguiente, debe inferirse que el texto
24 El Decreto 2277 de 1979 «Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión
docente» los clasificó en su artículo 3 como «empleados oficiales de régimen especial».
25 «[…]el principio de favorabilidad se utiliza en las situaciones en las que se presenta duda sobre
cuál es la disposición jurídica aplicable al momento de resolver un asunto concreto. La existencia de
este conflicto se da cuando dos o más textos legislativos que se encuentran vigentes al momento de
causarse el derecho que se reclama, son aplicables para su solución. En virtud del principio de
favorabilidad se debe escoger, en su integridad, el texto normativo que le represente mayor provecho
al trabajador, afiliado o beneficiario del Sistema de Seguridad Social (…) Igualmente, puede aplicarse
este principio cuando una norma admite más de una interpretación, caso en el cual siempre habrá
de escogerse aquella que es más favorable al trabajador». Consejo de Estado, Sección Segunda,
sentencia de unificación del 12 de abril de 2018, radicado 81001-23-33-000-2014-00012-01(1321-
15) CE-SUJ2-010-18.
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normativo también remite al artículo 7 de la Ley 71 de 1988.
37. Este último argumento se relaciona directamente con la tercera razón que avala
la tesis de aplicabilidad de la Ley 71 de 1988 a los docentes vinculados con
anterioridad a la expedición de la Ley 812 de 2003 y que consiste en afirmar que la
ley fijó unos derechos pensionales que no pueden ser desconocidos a ningún
servidor público o trabajador privado. En efecto, en su artículo 11, analizado antes
en esta providencia y que debe ser interpretado de manera sistemática con el 7 por
ser parte de un mismo texto legal y referirse a igual materia, determinó que su
contenido y las disposiciones que quedaron vigentes de las leyes 4 de 1976, 33 de
1973, 12 de 1975, 44 de 1980 y 113 de 1985, junto con la Ley 33 de 1985,
comprenden los «derechos mínimos» en materia de pensiones y sustituciones
pensionales aplicables «al sector público en general y en todos los niveles».
38. En este sentido, se debe destacar que la expresión « derechos mínimos» prevista
en este artículo fijó una base de protección de las garantías pensionales en favor
de todos los servidores públicos que no pueden ser desconocidas a un sector de
estos so pena de afectar su posibilidad de acceder a la pensión, lograr su reajuste
y sustitución. Por consiguiente, dejar de aplicar a los docentes el artículo 7 de la Ley
71 de 1988 suprimiría uno de esos derechos esenciales a los que se refiere el
artículo 11 ibidem, por cuanto se les impediría completar el requisito de aportes o
tiempo de servicios con la acumulación de los prestados en el sector privado y en
el público sin justificación constitucional o legal alguna.
39. Aunque puede afirmarse que ese derecho se garantiza con el régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, puesto que si el docente
cumple con los requisitos allí establecidos, como cualquier servidor público, accede
a los beneficios de la Ley 71 de 1988, lo cierto es que una exégesis en esa dirección
va en contravía del querer del legislador de darle un tratamiento diferenciado y más
favorable en materia pensional a los docentes oficiales cuya razón de ser radica en
la naturaleza de la labor que desempeñan, que es única y que consiste en enseñar
en los planteles oficiales de educación26.
40. En esa línea, someterlos a que se rijan por el régimen transicional aludido
conlleva los siguientes efectos:
26 En efecto, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 2277 de 1979 «Por el cual se adoptan normas
sobre el ejercicio de la profesión docente» señala que es docente quien ejerce «[…]la enseñanza en
planteles oficiales y no oficiales de educación». La Ley 115 de 1994 en su artículo 104 los define
como «[…]el orientador en los establecimientos educativos, de un proceso de formación, enseñanza
y aprendizaje de los educandos, acorde con las expectativas sociales, culturales, éticas y morales
de la familia y la sociedad». Y el Decreto 1278 de 2002 Por el cual se expide el Estatuto de
Profesionalización Docente» en el artículo 4 como quienes «[…] desarrollan labores académicas
directa y personalmente con los alumnos de los establecimientos educativos en su proceso
enseñanza aprendizaje […]».
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41. (i) desconoce que el hecho de ser «docente oficial» otorga por sí mismo el derecho
a regirse por el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 porque esta categoría hace parte de
los «empleados oficiales» a los que gobierna, incluidos los «del sector público nacional»
a los que se refiere el artículo 15.2 literal b), de la Ley 91 de 1989;
42. (ii) contradice el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y el parágrafo transitorio 1 del
Acto Legislativo 01 de 2005 que exoneraron de la aplicación de la Ley 100 de 1993
a tales docentes con el único requisito de ser vinculados antes del 27 de junio de
2003 sin supeditarlo al cumplimiento de otros, como puede ser que hubiesen
cotizado de manera exclusiva en el sector público;
43. (iii) impone a los docentes cargas adicionales para acceder a la pensión por
aportes que el legislador no previó y que pone en riesgo su derecho en caso de no
completarlas; y
44. (iv) desmejora su monto pensional al someter la pensión a una liquidación con el
IBL previsto en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993, pues el régimen de
transición excluyó este aspecto como beneficio al aplicar el régimen anterior27.
45. Lo anterior lleva a la cuarta razón que sustenta la tesis de esta providencia y
que hace referencia a que no hay un mandato legal que disponga que los docentes
oficiales deben ejercer durante toda su vida laboral la enseñanza en el sector
público para que se les aplique el numeral 2 literal b), del artículo 15 de la Ley 91
de 1989, esto es, para tener derecho a pensionarse con las normas del régimen
pensional de los empleados del sector público nacional. En efecto, el numeral
referido trae como única condición la de ser docente oficial nacional o nacionalizado
vinculado a partir del 1.° de enero de 1981 o del 1.° de enero de 1990. En ninguno
de sus apartes exige que deba ejercerse durante un determinado tiempo la docencia
oficial.
46. Si bien el numeral aludido indicó que « cuando se cumplan los requisitos de Ley, se
reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio
del último año», lo cierto es que no especificó que la noma que contenía tales
requisitos era solo la Ley 33 de 1985. Esta expresión debe ser entendida en conjunto
con la que señala a continuación la norma y que reza que « [e]stos pensionados
gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional», que,
según se ha expuesto, comprendió también a la Ley 71 de 1988 por quererlo el
legislador y porque se aplica a todos los servidores públicos sin excepción y, por lo
tanto, encaja en el supuesto de ser un régimen aplicable a los empleados del sector
27 Ver Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación del
28 de agosto de 2018, radicado 52001-23-33-000-2012-00143-0 y C-258 de 2013.
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nacional, además de contener los derechos mínimos pensionales en su favor .
47. Así las cosas, el cumplimiento de «los requisitos de Ley» no puede limitarse a los
fijados en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 que exige 20 años de servicio en el
sector oficial, por cuanto no es la única ley a la que remite el numeral citado. En
consecuencia, exigir que el docente debió, para ser beneficiario de las disposiciones
del artículo 15.2 literal b) de la Ley 91 de 1989, ejercer durante ese periodo mínimo
la docencia en el sector público es un requerimiento ajeno al entendimiento integral
que debe hacerse de esta norma. Una interpretación en esa dirección se reitera, va
en contravía del principio de favorabilidad al elegirse una comprensión más gravosa
para el docente y, además, se adiciona la norma con un requisito que no fue fijado
por el legislador.
48. Bajo estos parámetros, el artículo 15 numeral 2 literal b), de la Ley 91 de 1989
es aplicable a un docente oficial vinculado a partir del 1° de enero de 1981 hasta
antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003), que
acumuló cotizaciones en otros empleos tanto del sector público como del privado,
pues la prerrogativa surge del hecho de ser docente oficial en tales circunstancias
y no existen otros requisitos en la ley para tal efecto.
49. La quinta razón que sustenta la tesis aquí planteada se refiere a que, si bien la
Ley 33 de 1985 en su artículo 1 dispuso que quedaban cobijados por sus reglas
todos los empleados públicos salvo «los empleados oficiales que trabajan en actividades
que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente,
ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones», lo cierto es que
tal enunciado normativo que establece una excepción tan estricta no implica que a
los docentes no los pueda gobernar otra norma en temas pensionales porque las
leyes 71 de 1988 y 91 de 1989 se expidieron con posterioridad.
50. Ciertamente, si bien la naturaleza de la función docente no se exceptuó
expresamente del régimen general de pensiones ni se les impusieron condiciones
especiales distintas de las de la Ley 33 de 1985, fue el propio legislador el que
permitió que también se rigieran en materia pensional por esta última norma, al
prescribir que esta se aplicaba a todos los empleados oficiales, a través de la Ley
71 de 1988. En ese sentido, se fijó otra salvedad que permitió que los docentes no
se rigieran exclusivamente por la Ley 33 de 1985 y es aquella en la que se pretenda
acumular tiempos privados y públicos de servicio. Afirmar lo contrario conllevaría a
aceptar que ningún empleado público puede ser regido por la Ley 71 de 1988 y que
solo tendrían derecho a ello los que el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 exceptuó de
su aplicación, conclusión que desconoce el contenido de la primera ley mencionada.
51. Las cinco razones presentadas permiten concluir que la regulación prevista en
los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de
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1989 sí permite la aplicación de la Ley 71 de 1988 a los docentes oficiales, incluido
su artículo 7.
2.2.3. Entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2005 y sus efectos sobre
el régimen pensional de los docentes oficiales
52. El Acto legislativo 1 de 2005, en lo atinente al régimen pensional aplicable a los
docentes oficiales, prescribió que «[e]l régimen pensional de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el
establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los
docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley,
tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de
Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003» (parágrafo transitorio
1).
28
53. El mencionado artículo 81 de la Ley 812 de 2003 , al que hace alusión el Acto
legislativo 1 de 2005, en lo concerniente al tema bajo estudio, previó:
«Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al
servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones
vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.
Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos
pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993
y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de
vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.
[…]
El valor total de la tasa de cotización por los docentes afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio corresponderá a la suma de aportes que para salud
y pensiones establezcan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, manteniendo la misma
distribución que exista para empleadores y trabajadores. La distribución del monto de estos
recursos la hará el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, en lo correspondiente a las cuentas de salud y pensiones».
54. Respecto de las anteriores normas, la Sección Segunda de esta corporación, en
sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de 201929, precisó:
«De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, son dos los
28 «Artículo 137. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga el
artículo 8º de la Ley 160 de 1994, el artículo 14 de la Ley 373 de 1997 y todas las disposiciones que
le sean contrarias». Decreto publicado en el diario oficial núm. 45.231 de 27 de junio de 2003.
29 Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino
Cortés.
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regímenes pensionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para
los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial. La aplicación de cada uno de estos regímenes está condicionada a la
fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial de cada docente, así:
I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público educativo oficial
con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se vincularon a
partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos docentes, también
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen
pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los
requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años
para hombres y mujeres».
55. En relación con el primer grupo de docentes, esto es, los vinculados al servicio
público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003, determinó:
«La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los principios
constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de interpretación
sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para la liquidación de la
mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los factores que se deben
tener en cuenta para la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes del servicio público oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando
la siguiente regla:
• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del
mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores
públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que
se deben tener en cuenta son solo los factores sobre los que se hayan
efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley
62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los
enlistados en el mencionado artículo.
Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la
Sección Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual, en
la base de liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los docentes se incluían
todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.
De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 “Para la liquidación de las pensiones
sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere
efectuado las cotizaciones”. Los docentes no están exceptuados de esta disposición
para el goce de la pensión ordinaria de jubilación. Por lo que, en el ingreso base de
liquidación de esta pensión solo pueden ser tenidos en cuenta los factores sobre los
que se aporta y que están contenidos en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.
[…]
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En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir
del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados a partir del 1
de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige por las
siguientes reglas:
✓ Edad: 55 años
✓ Tiempo de servicios: 20 años
✓ Tasa de remplazo: 75%
✓ Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del último
año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de base para
calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica,
gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de
capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por
servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada
nocturna o en día de descanso obligatorio». [Se resalta]
56. En lo correspondiente al segundo grupo de maestros oficiales, conformado por
quienes ingresaron al servicio educativo a partir de la Ley 812 de 2003, en el mismo
fallo se sostuvo:
«68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, y son beneficiarios del régimen pensional de prima media en las
condiciones previstas en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo en lo que tiene que
ver con la edad, la que, según el artículo 81 de la citada Ley 812 de 2003 se unificó para
hombres y mujeres en 57 años30. Esto quiere decir, que para el ingreso base de
liquidación de este grupo de docentes debe tenerse en cuenta lo previsto en la Ley 100
de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.
69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de pensiones
y no la regulación prevista en la Ley 91 de 1989. Los factores que se deben incluir en el
ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que
se efectuaron las respectivas cotizaciones».
57. Así las cosas, tal como se consideró en la sentencia proferida de manera reciente
por esta Subsección31, de acuerdo con el parágrafo transitorio 1º. del Acto legislativo
1 de 2005, del régimen pensional de los docentes al servicio educativo depende de
si la fecha de vinculación es anterior o posterior a la entrada en vigencia de la Ley
812 del 2003, así:
57.1. Los docentes que ingresaron con anterioridad al 27 de junio de 2003 vinculados
como docentes nacionales, nacionalizados y territoriales tendrán derecho a adquirir
30 La Ley 1151 de 2007 en el artículo 160 conservó la vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de 2003
y derogó el artículo 3 del Decreto 3752 de 2003.
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. sentencia del 15 de junio del 2023,
radicación 47001-23-33-000-2019-00449-01 (3521-2022), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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la pensión de jubilación de que trata la Ley 33 de 1985, al cumplir 55 años de edad32
y 20 de servicios, o según lo establecido en la Ley 71 de 1988 que la otorga con 60
años si es hombre o 55 si es mujer, cuando se acrediten 20 años o más de
cotizaciones continuas o discontinuas en el Instituto de Seguros Sociales (hoy
Administradora Colombiana de Pensiones) y en una o varias de las entidades de
previsión social del sector público. En ambos casos, con una tasa de reemplazo del
75% y sobre lo aportado durante el último año de servicios; y
57.2. Los educadores que ingresaron con posterioridad a dicha fecha podrán acceder
a la pensión de vejez prevista en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 (modificado
por el 9 de la Ley 797 de 2003), al colmar el número de semanas de cotización
establecido en esta última norma y llegar a la edad de 57 años de edad (sin importar
el género, pues la Ley 812 de 2003 unificó el requisito de edad para hombres y
mujeres), por lo que su liquidación será con el promedio de los salarios o rentas
sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los últimos 10 años de labores
(artículo 21 de la Ley 100) y en atención a los factores enunciados en el Decreto
1158 de 199433.
58. En suma, es procedente la aplicación de la Ley 71 de 1988, disposición que
también regla a los servidores públicos que tengan tiempos privados para alcanzar
una pensión de jubilación, sin que la Ley 91 de 1989 haya restringido la aplicación
del régimen general de pensiones de los empleados oficiales únicamente a la Ley
33 de 1985.
59. En ese sentido, los docentes que acumulen aportes por servicios prestados en
los sectores oficial y privado e ingresaron al servicio docente estatal con anterioridad
a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, también les son aplicables las
disposiciones de la Ley 71 de 1988, norma que regula la pensión por aportes de los
servidores públicos inmersos en esa situación.
2.2.4. Los docentes vinculados a través de órdenes o contratos de prestación
de servicios. Tiempo de servicio útil para efectos del reconocimiento
pensional
60. A partir de la vigencia de la Constitución de 1991, en el modelo de Estado Social
32 A menos que el maestro sea beneficiario del régimen de transición establecido en la Ley 33 de
1985, pues en tal caso le será aplicable la edad pensional prevista en la Ley 6ª de 1945 (50 años,
para los educadores territoriales y nacionalizados) y el Decreto 3135 de 1968 (50 años si son mujeres
y 55 si son hombres, para los del orden nacional).
33 Que previó los siguientes factores sobre los que se debe efectuar aportes: a) asignación básica
mensual, b) gastos de representación; c) prima técnica, cuando sea factor de salario; d) primas de
antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor salarial; e) remuneración por trabajo
dominical o festivo; f) remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en
jornada nocturna; y g) bonificación por servicios prestados.
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de Derecho y de acuerdo con la evolución de la normativa de este grupo de
servidores públicos, el alcance de los derechos laborales se define a partir de
principios y valores superiores34. Bajo esos parámetros, la aplicación e
interpretación de las normas debe propender por la garantía de los derechos
laborales mínimos que la docencia en el sector educativo oficial otorga a quien la
ejerce y, por ende, los principios de favorabilidad, prevalencia del derecho
sustancial, primacía de la realidad sobre las formalidades y pro homine, entre otros,
que deben atenderse como criterios de interpretación y de corrección.
61. En tal sentido, la jurisprudencia de esta corporación y de la Corte Constitucional
ha considerado que los derechos en materia laboral en favor del docente contratista
surgen con independencia del tipo de vínculo en virtud del cual se prestó el servicio,
pues el solo hecho de hacerlo con la anuencia del Estado da lugar a una verdadera
relación laboral con él.
62. Así, la jurisprudencia ha aceptado que cuando se trata de la labor docente la
contratación por prestación de servicios se desnaturaliza y deja de tener el carácter
de excepcional para suplir actividades de la entidad que no puede realizar con su
personal de planta, tal como lo define el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 35, y que,
por lo tanto, a la luz del principio de «primacía de la realidad sobre las formalidades»
establecido en el artículo 53 Constitucional y por configurarse los elementos propios
de esta vinculación36 da lugar al reconocimiento de una relación laboral.
63. En efecto, esta Sección en sentencia de unificación CE-SUJ2-005-1637 concluyó,
luego de examinar la labor de la docencia a partir de su definición contenida en los
artículos 2 del Decreto Ley 2277 de 1979 y 104 de la Ley 115 de 1994, que la
prestación del servicio por parte del docente contratista no es independiente y, por
el contrario, que es personal y subordinada a las instrucciones de las autoridades
educativas y a los reglamentos del servicio público de educación. En tal virtud, se
indicó que al existir una relación laboral le asistía el derecho al reconocimiento de
sus derechos como trabajador, incluido el pago de las prestaciones sociales.
64. Ahora bien, el parágrafo del artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el parágrafo 3 del
34 Así fue expuesto en la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de
Estado el 29 de mayo de 2024, radicado 41001-23-33-000-2015-00256-01 (0473-2018).
35 Su numeral 3 dispone «Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades
no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún
caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término
estrictamente indispensable».
36 Prestación personal del servicio, remuneración y la continuada subordinación.
37 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado: 23001-23-
33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16.
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artículo 105 de la Ley 115 de 199438 disponían la incorporación gradual de los
docentes contratistas a las plantas de personal de las entidades territoriales y fijaban
un plazo para ello durante el cual seguirían vinculados por prestación de servicios.
La constitucionalidad de estas normas fue analizada por la Corte Constitucional en
la sentencia C-555 de 1994; en ella se afirmó que el legislador no podía, so pretexto
de hacer una incorporación gradual de los docentes contratistas a las plantas de
personal, disponer en el periodo de transición (6 años) la coexistencia en aquella de
docentes vinculados como empleados públicos y otros contratados por prestación
de servicios.
65. Además, la Corte precisó que tal diferenciación no tenía justificación
constitucional porque i) ambos grupos realizaban igual actividad; ii) el menor costo
laboral de los contratos por prestación de servicios no permitía desconocer
derechos laborales irrenunciables; iii) quien define el régimen de los docentes es la
ley y no el contrato; iv) la voluntad del docente contratista no enerva el carácter de
irrenunciables de los derechos laborales; y v) las medidas graduales en la ley solo
se aplican para corregir desigualdades creadas por la sociedad y no cuando el
causante es el legislador, como lo hacía al diferenciar los docentes.
66. De acuerdo con lo señalado por la Corte, las entidades territoriales no estaban
autorizadas para contratar docentes de manera diferente de la legal y reglamentaria,
pues ello fomentaba un trato discriminatorio que vulneraba los derechos laborales
de quienes ejercen la docencia mediante otra forma de vinculación que no tiene
justificación constitucional. Esta prohibición, además de lo expuesto en la sentencia
citada, se estableció en un principio en el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 39 y luego
en el artículo 105 de la Ley 115 de 199440; y el hecho de que los docentes
contratistas no hayan sido nombrados con las formalidades de los empleados
públicos en manera alguna implicaba que debieran desconocerse los derechos
laborales propios de esta labor y mantener las desigualdades materiales que
históricamente se han pretendido eliminar41. Por el contrario, estos debían ser
protegidos y garantizados.
38 «Parágrafo tercero. A los docentes vinculados por contrato contemplados en el parágrafo primero
del artículo 6o de la Ley 60 de 1993 se les seguirá contratando sucesivamente para el periodo
académico siguiente, hasta cuando puedan ser vinculados a la planta de personal docente
territorial».
39 El inciso segundo dice: «Ningún departamento, distrito o municipio podrá vincular docentes y
administrativos sin el lleno de los requisitos del estatuto docente y la carrera administrativa,
respectivamente, ni por fuera de las plantas de personal que cada entidad territorial adopte». La
norma fue derogada por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001.
40 «La vinculación de personal docente, directivo y administrativo al servicio público educativo
estatal, sólo podrá efectuarse mediante nombramiento hecho por decreto y dentro de la planta de
personal aprobada por la respectiva entidad territorial»
41 En este sentido se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de
mayo de 2024, radicado: 41001-23-33-000-2015-00256-01 (0473-2018).
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67. En aquella providencia se resaltó que las razones presupuestales que llevaron a
las entidades territoriales a optar por la prestación del servicio educativo con
personal docente contratado no podían menoscabar los derechos fundamentales
de las personas vinculadas bajo esa modalidad, así lo sostuvo:
«Los menores costos laborales del servicio público educativo, representan quizá
posibilidades de conservar o ampliar la cobertura existente. La función administrativa y
la atención de los servicios públicos, se desarrollan con fundamento en el principio de
economía (CP art. 209). Sin embargo, el ahorro y la economía, de suyo loables, no lo
son cuando su condición de posibilidad se deduce simplemente del sacrificio de los
derechos fundamentales de unas pocas personas que deben soportar injustificadamente
una carga social desigual e inequitativa. La economía en la función administrativa a la
que se refiere la Constitución no es aquélla que se produce a expensas de la dignidad
humana.
Una administración eficiente y eficaz, sin reducir la calidad del servicio y expoliar el
recurso humano - el más valioso de todos -, fácilmente encontrará rubros y posibilidades
para disminuir, hasta donde sea posible, el costo de la prestación de un servicio público.
Es evidente que no consulta el interés general, pese a su aparente ventaja, la modalidad
contractual como opción complementaria de la estatutaria. Definitivamente, no es ésta
la forma de servir al interés general. Por el contrario, se lo sacrifica, al cifrar la obtención
de un ahorro en la plusvalía que el Estado, con manifiesta violación de los derechos
fundamentales, extrae a un grupo de maestros y profesores.»
68. Así las cosas, la forma de vinculación de los docentes no puede ser un obstáculo
para que accedan a los derechos mínimos irrenunciables que las normas prevén.
Una interpretación contraria conllevaría a mantener las condiciones de desigualdad
e inequidad y detrimento de la dignidad humana, como principio fundante del Estado
social de derecho, de un grupo importante de la población, que desarrolla una labor
trascendental para la sociedad.
69. Lo expuesto también se deriva del criterio que ha mantenido esta Sección, en el
sentido de considerar que no es el acto por el cual se vincula a una persona lo que
define su relación con el Estado42, sino lo que se evidencia de esa relación, en
42 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de abril de 1999, radicado:
16829. En dicha providencia, se sostuvo: «Ha sostenido la Sala reiteradamente que no es la
modalidad o el acto de vinculación el que determina la condición en la cual se prestan los servicios.
Así, en sentencia del 15 de junio de 1992, Magistrado Ponente Doctor Alvaro Lecompte Luna,
Expediente No. 4058, expresó:
"... La calificación de la naturaleza jurídica del vínculo laboral que une a un funcionario con la
administración no puede ser establecida por la voluntad de las partes o modalidades del acto a través
del cual se llevó a cabo la vinculación, sino por las normas legales. Por ende, puede haberse
vinculado a un funcionario a un establecimiento público por contrato de trabajo, pero si las normas
que regulan al organismo no permiten que la actividad que va a realizar el empleado, pueda ser
cumplida mediante esta modalidad contractual, este no puede ser calificado como trabajador oficial...
"
La demandante se desempeñaba como docente, vale decir, no realizaba labores propias de los
trabajadores oficiales. Por consiguiente, al ser sus funciones las propias de un empleado público
departamental, ineludible resulta su asimilación al orden legal y reglamentario» (sic)
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armonía con las reglas de interpretación normativa que impone la Constitución
Política en los artículos 53 «situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho»; 228, sobre la prevalencia
del derecho sustancial; y de integración normativa derivado de los artículos 53
«Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la
legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden
menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores» y 93 «[l]os
tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos
humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden
interno».
70. Lo anterior, se acompasa también con el principio pro homine que, si bien se
estableció como un criterio para examinar el alcance de los derechos humanos, la
jurisprudencia le ha dado plena aplicación en materia laboral y, específicamente, en
asuntos de la seguridad social por tratarse de un derecho fundamental. Sobre su
trascendencia, ha señalado que implica que «las normas han de ser interpretadas en
favor de la protección y goce efectivo de los derechos de los individuos, en procura de que
los preceptos legales se conviertan en instrumentos que respeten en la mayor medida
posible, las garantías y prerrogativas esenciales para la materialización de la mejor calidad
de vida de las personas»43. En ese orden «impone aquella interpretación de las normas
jurídicas que sea más favorable al hombre y sus derechos, esto es, la prevalencia de
aquella interpretación que propenda por el respeto de la dignidad humana y
consecuentemente por la protección, garantía y promoción de los derechos humanos y de
los derechos fundamentales consagrados a nivel constitucional»44.
71. Bajo estos parámetros el ejercicio de la función docente a través de la vinculación
por contratos de prestación de servicios, por virtud de los principios de la primacía
de la realidad sobre las formalidades, de favorabilidad y pro homine y por las
características de la labor desempeñada en estos casos, permite su cómputo para
efectos pensionales. Lo anterior porque la falta de vinculación como empleados
públicos obedeció a un incumplimiento de un deber legal por parte del Estado que
no puede afectar sus derechos laborales.
72. Ciertamente, la situación descrita impone que las formalidades omitidas por la
administración no sean un obstáculo para el goce de derechos laborales y que aun
con la ausencia en el proceso de la entidad territorial que se benefició de los
servicios del docente-contratista se permita suprimir las condiciones de desigualdad
material que afectan a un sector de la población sin justificación constitucional.
73. Esta interpretación se acompasa con los principios de celeridad y eficacia que
43 Sentencia T-121 de 2015. Reiterada en la sentencia T-536 de 2017 y T-088 de 2018.
44 Consejo de Estado. Sección Segunda, sentencia de unificación del 4 de octubre de 2018 radiado:
05001-23-33-000-2013-00741-01(4648-15) CE-SUJ2-013-18. Ver también Sentencia C-438 de
2013.
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deben guiar la labor judicial y otorgan vigencia a los derechos fundamentales a la
seguridad social y al mínimo vital que se ven amenazados con la omisión de vincular
al proceso a la secretaría de educación respectiva, que valga insistir, desconoció
las disposiciones legales y jurisprudenciales de vincular en sus plantas de personal
a aquellos docentes que ejercían la labor, sin derecho a las prestaciones sociales
propias de los empleados públicos.
74. Valga precisar que esta interpretación no desconoce la necesidad de contar con
los recursos necesarios para la financiación de la prestación, una vez esta sea
reconocida; pues lo cierto es que, tal y como lo ha señalado esta corporación 45, en
caso de que la administradora de pensiones observe que los valores no se ajustan
a la ley, bien sea porque se omite el pago oportuno o el monto consignado es
inferior, el ordenamiento jurídico colombiano prevé los mecanismos para asegurar
su cumplimiento.
75. Al respecto, debe tenerse en cuenta que de acuerdo con lo señalado en el
artículo 2 del Decreto 3752 de 200346 las prestaciones sociales de los docentes
causadas con anterioridad a la afiliación al Fomag, así como sus reajustes,
reliquidaciones y sustituciones están a cargo de la respectiva entidad territorial o de
la entidad de previsión social a la cual se hubieren realizado los aportes; de manera
que la omisión en el pago de los aportes por los lapsos en los que los docentes
estuvieron vinculados mediante relaciones contractuales, es responsabilidad de la
entidad que se benefició de los servicios del docente o de la administradora a la
cual se efectuaron las cotización. No obstante, tal situación impone al fondo la
obligación de hacer uso de los mecanismos establecidos en la norma para adelantar
los procesos de cobro coactivo o requerir el bono pensional.
76. En efecto, el artículo 2347 de la Ley 100 de 1993 establece que el empleador que
45 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de julio de 2022, radicado 25000-23-42-
000-2013-02380-01(2656-2014), M.P. William Hernández Gómez.
46 «Por el cual se reglamentan los artículos 81 parcial de la Ley 812 de 2003, 18 parcial de la Ley
715 de 2001 y la Ley 91 de 1989 en relación con el proceso de afiliación de los docentes al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones.»
47 «Artículo 23. Sanción Moratoria. Los aportes que no se consignen dentro de los plazos señalados
para el efecto, generarán un interés moratorio a cargo del empleador, igual al que rige para el
impuesto sobre la renta y complementarios. Estos intereses se abonarán en el fondo de reparto
correspondiente o en las cuentas individuales de ahorro pensional de los respectivos afiliados, según
sea el caso.
Los ordenadores del gasto de las entidades del sector público que sin justa causa no dispongan la
consignación oportuna de los aportes, incurrirán en causal de mala conducta, que será sancionada
con arreglo al régimen disciplinario vigente.
En todas las entidades del sector público será obligatorio incluir en el presupuesto las partidas
necesarias para el pago del aporte patronal a la Seguridad Social, como requisito para la
presentación, trámite y estudio por parte de la autoridad correspondiente».
28
Radicado: 23001-23-33-000-2016-00380-01 (1513-2025)
Demandante: Fredys Danuncio Argel Yanez
no realice las consignaciones de los aportes tendrá a su cargo un interés moratorio
igual al que rige para el impuesto a la renta. Asimismo, la normativa establece
consecuencias disciplinarias para quienes desarrollan la función pública de
ordenador del gasto, que sin justa causa se abstengan de efectuar la consignación
oportuna de estos conceptos. Pero, especialmente, con el fin de asegurar el
cumplimiento de la ley, los artículos 2448 y 5749 ibidem permitieron que la entidad
administradora de pensiones acudiera a las acciones de cobro de los aportes
adeudados, para hacer efectivos sus créditos.
77. En igual sentido, el artículo 2 de la Ley 33 de 1985 señalaba que la caja de
previsión obligada al pago de pensión tenía «derecho a repetir contra los organismos
no afiliados a ellas, o contra las respectivas Cajas de Previsión, a prorrata del tiempo que
el pensionado hubiere servido o aportado a ellos».
2.3. Caso en concreto
2.3.1. Hechos probados
78. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
78.1. Fredys Danuncio Argel Yanez nació el 6 de abril de 195650.
78.2. El 11 de septiembre de 2014, la Secretaría de Educación, Deporte y Cultura del
municipio de Tierralta (Córdoba) certificó que había laborado como docente de
tiempo completo, así51:
Vinculación Centro Desde Hasta
educativo
Contrato 011 de Los Morales 15 de febrero de 1993 30 de noviembre de 1993
1993
Contrato 662 de Los Morales 1 de febrero de 1994 30 de noviembre de 1994
1994
Contrato 048 de Los Morales 1 de febrero de 1995 30 de noviembre de 1995
1995
48 «Artículo 24. Acciones de Cobro. Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes
regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del
empleador de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto,
la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor adeudado, prestará mérito
ejecutivo.
49 «Artículo 57. Cobro Coactivo. De conformidad con el artículo 79 del Código Contencioso
Administrativo y el artículo 112 de la Ley 6a. de 1992, las entidades administradoras del Régimen de
Prima Media con prestación definida podrán establecer el cobro coactivo, para hacer efectivos sus
créditos».
50 Según consta en su cédula de ciudadanía y en su registro civil de nacimiento. Índice 2 de Samai,
expediente digital, archivo «5ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_2652025zi(.zip) NroActua 2»,
documento 01ExpedienteDigitalizado, páginas 33 y 34, respectivamente.
51 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo «5ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_2652025zi(.zip)
NroActua 2», documento 01ExpedienteDigitalizado, páginas 20 y 21.
29
Radicado: 23001-23-33-000-2016-00380-01 (1513-2025)
Demandante: Fredys Danuncio Argel Yanez
Contrato 062 de Los Morales 15 de enero de 1996 31 de diciembre de 1996
1996
Contrato 062 de Los Morales 1 de enero de 1997 30 de diciembre de 1997
1997
Contrato 060 de Alfonso López 1 de enero de 1998 (indefinido)
1998
Contrato 060 de Los Morales 1 de enero de 1999 22 de junio de 2000
1999
Decreto 169 del 23 Institución Fe y 25 de enero de 2000 (sin fecha)
de junio de 2000 Alegría
78.3. A través del Decreto 169 del 23 de junio de 2000, el alcalde de Tierralta
(Córdoba) realizó «unos nombramientos de docentes de preescolar Básica Primarla y
básica secundaria, para legalizar la situación administrativa de 111 educadores que fueron
cobijados por las Leyes 60 de 1993 y 115 de 1994, con cargo al presupuesto municipal»
(sic), entre ellos, el de Fredys Argel Yanez, licenciado en educación infantil52.
78.4. Según el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral
del 10 de diciembre de 2014 expedido por la Secretaría de Educación
Departamental de Córdoba, prestó sus servicios como docente en propiedad en
virtud de la vinculación efectuada por medio del Decreto 169 del 23 de junio de 2000
desde el 25 de julio de igual año. Completó un total de tiempo de servicio de 14
años, 4 meses y 14 días 53:
78.5. Según el Formato Único para la Expedición de Certificado de Salarios expedido
por la Secretaría de Educación Departamental de Córdoba, devengó asignación
básica, «sueldo de vacaciones», primas de navidad y de vacaciones docentes e
incapacidad común ambulatoria, entre el 1° de enero de 2013 y el 10 de diciembre
de 201454.
78.6. Mediante certificados del 12 y 19 de diciembre de 2014, el Fondo de Pensiones
y Cesantías de la Secretaría Departamental de Córdoba y la Administradora
Colombiana de Pensiones (Colpensiones), respectivamente, hicieron constar que el
demandante no figuraba como pensionado en los respectivos fondos55.
78.7. El 26 de junio de 2014, ante la Notaría Única de Tierralta (Córdoba), Fredys
Danuncio Argel Yanez declaró que no devengaba pensión alguna56.
52 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo «5ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_2652025zi(.zip)
NroActua 2», documento 01ExpedienteDigitalizado, páginas 27 a 31.
53 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo «5ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_2652025zi(.zip)
NroActua 2», documento 01ExpedienteDigitalizado, páginas 35 a 39.
54 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo «5ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_2652025zi(.zip)
NroActua 2», documento 01ExpedienteDigitalizado, página 40.
55 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo «5ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_2652025zi(.zip)
NroActua 2», documento 01ExpedienteDigitalizado, páginas 16 y 17.
56 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo «5ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_2652025zi(.zip)
NroActua 2», documento 01ExpedienteDigitalizado, página 18.
30
Radicado: 23001-23-33-000-2016-00380-01 (1513-2025)
Demandante: Fredys Danuncio Argel Yanez
78.8. El 3 de marzo de 201557, solicitó el reconocimiento de una pensión de jubilación
ante la Secretaría de Educación de Córdoba. A través de la Resolución 001019 del
6 de mayo de 2015, la mencionada entidad negó la petición con base en que el
municipio de Tierralta (Córdoba) no había reconocido el tiempo de servicio alegado,
por considerar que la vinculación de aquel se realizó mediante contrato de
prestación de servicios, los cuales no generaban una relación laboral y, en
consecuencia, objetó la cuota parte pensional58. Además, según los registros de la
Fiduprevisora el solicitante estuvo afiliado desde el 25 de junio de 2000, razón por
la cual contaba con 14 años, 4 meses y 15 días59.
2.3.2. Análisis sustancial
79. La Sala advierte que, conforme con los argumentos expuestos en el recurso de
apelación y con los problemas jurídicos planteados, no es objeto de controversia
que Fredys Danuncio Argel Yanez era beneficiario del régimen previsto en la Ley
33 de 1985 pues, incluso, había sido nombrado en propiedad con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. En consecuencia, el debate no se centra
en la determinación del régimen pensional aplicable, sino en establecer si el tiempo
durante el cual el demandante prestó sus servicios mediante contratos de prestación
de servicios podía ser computado para acreditar los requisitos exigidos en la Ley 33
de 1985, o si para ello se requería de una declaración judicial sobre la existencia de
una relación laboral encubierta.
80. De determinarse que se debe tener en cuenta el tiempo laborado mediante
contratos de prestación de servicios para efectos pensionales, la Sala establecerá
si con este el demandante cumplió con los requisitos exigidos en la Ley 33 de 1985
para acceder a la pensión de jubilación, si era exigible la acreditación de aportes al
sistema pensional durante esos periodos de vinculación contractual para tal
reconocimiento y cuál era la entidad competente para asumirlo.
2.3.2.1. En cuanto a la posibilidad de computar para el reconocimiento
pensional el tiempo de servicios que los docentes prestaron a través de
órdenes o contratos de prestación de servicios
81. De acuerdo con lo expuesto en el marco normativo y jurisprudencial de esta
providencia, para esta Subsección es claro que, por virtud de los principios de la
57 Según consta en la Resolución 001019 de 2015.
58 De acuerdo con el Oficio 600-125 del 7 de abril de 2015. Índice 2 de Samai, expediente digital,
archivo «5ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_2652025zi(.zip) NroActua 2», documento
01ExpedienteDigitalizado, página 19.
59 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo «5ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_2652025zi(.zip)
NroActua 2», documento 01ExpedienteDigitalizado, páginas 13 y 14.
31
Radicado: 23001-23-33-000-2016-00380-01 (1513-2025)
Demandante: Fredys Danuncio Argel Yanez
primacía de la realidad sobre las formalidades, de favorabilidad y pro homine, el
tiempo de servicio que los docentes prestaron con ocasión de una vinculación
contractual debe ser computado para efectos del reconocimiento de la pensión de
jubilación, sin diferenciar el régimen pensional que rija su situación.
82. Lo anterior porque, como lo ha sostenido esta Corporación, en aquellos casos en
los que los docentes prestaron sus servicios con ocasión de una vinculación
diferente de la legal y reglamentaria, fueron desconocidas las disposiciones que
regulaban ese tipo de relación, así como los derechos mínimos e irrenunciables de
estos trabajadores, pues no se les reconocieron las prestaciones propias de los
empleados públicos.
83. En línea con lo anterior, se encuentra pertinente recordar lo expuesto por la Corte
Constitucional en la sentencia con la que declaró inexequibles las normas que
autorizaban la vinculación de los docentes a través de contratos de prestación de
servicios60:
«No sería extraño que el criterio diferenciador pudiera inferirse de la discrecionalidad del
Estado. Ni la forma contractual ni la estatutaria, tendrían carácter forzoso. El Estado de
acuerdo con las necesidades por atender y las condiciones financieras, variables en
cada momento histórico, tendría la facultad de acudir libremente a una cualquiera de las
dos formas.
A esta posibilidad se oponen varias consideraciones. El ejercicio permanente de una
función pública, como ocurre con los "docentes temporales", no sólo se revela en el afán
del legislador de regularizar su situación en un término de seis años mediante su
incorporación a la planta de personal, sino que, constitucionalmente, exige que sea la
ley - que no el contrato - la que determine y regule su régimen, funciones y
responsabilidades (CP art. 123).
A lo anterior se agrega que, por regla general, los empleos en los órganos y entidades
del Estado son de carrera, lo que consulta la eficiencia y la estabilidad propias de la
función pública (CP art. 125).
Por lo visto, los requerimientos institucionales inmanentes a la función pública, no
confieren una dilatada libertad al legislador para otorgar a una misma función pública
permanente, un tratamiento que se traduzca en condiciones abiertamente dispares en lo
que atañe al ingreso y régimen que la gobierna. Pero, si ello fuera así, la discrecionalidad
no podría ejercitarse con menoscabo de la Constitución. El ejercicio de cualquier
competencia discrecional que degenere en tratamientos discriminatorios (CP art. 13),
frente a sujetos que se encuentren colocados en una misma situación, se torna arbitraria
y pierde sustento constitucional. Por estas razones, no puede fundarse en la mera
discrecionalidad la diferenciación de supuestos que, descontada ésta, comparten una
misma naturaleza y características61.» (sic).
84. En consonancia, se concluye que existe una «prohibición constitucional» de
60 Artículos 6 de la Ley 60 de 1993 y 105 de la Ley 115 de 1994.
61 Corte Constitucional sentencia C-555 de 1994.
32
Radicado: 23001-23-33-000-2016-00380-01 (1513-2025)
Demandante: Fredys Danuncio Argel Yanez
vincular a docentes al servicio público educativo oficial a través de contratos de
prestación de servicios. Por lo que, esta Subsección62 al resolver asuntos en los que
se ha discutido la exclusión de la transición prevista en la Ley 812 de 2003 respecto
de quienes prestaron sus servicios al magisterio con ocasión de una relación
contractual, ha sostenido que tal conclusión es a todas luces inconstitucional, puesto
que conllevaría a una interpretación desfavorable con sustento en una situación
que, como se explicó anteriormente, se aparta de las normas constitucionales, esto
es, la vinculación de docentes a través de una relación contractual.
85. En consecuencia, se ha precisado que las vinculaciones contractuales que han
ostentado docentes con anterioridad al 27 de junio de 2003 deben ser tenidas en
cuenta para verificar el cumplimiento de las exigencias para el reconocimiento de la
prestación de jubilación. Lo anterior, porque la falta de vinculación como empleados
públicos a través de una relación legal y reglamentaria obedeció al incumplimiento
de un deber legal por parte del Estado, que no puede ser utilizado como argumento
para afectar sus derechos laborales mínimos e irrenunciables.
86. Ahora bien, esta corporación también ha señalado que el pronunciamiento que
se efectúe en el proceso ordinario de reconocimiento pensional que involucre la
inclusión de tiempos laborados a través de contratos de prestación de servicios
puede darse en dos escenarios diferentes, el primero, donde se persiga la
declaración de existencia del contrato realidad con todas sus connotaciones
laborales y prestacionales, y el segundo, en los casos en que únicamente se
persigue el cómputo de los periodos laborados a través de contratos de prestación
de servicios para el reconocimiento de la pensión de jubilación. Este último es el
evento en el que se enmarca el presente asunto. En consecuencia, comoquiera que
en este proceso no se está debatiendo la existencia de una relación laboral
encubierta, no resulta exigible una decisión judicial anterior en tal sentido para que
los periodos durante los cuales el demandante prestó sus servicios mediante
contratos de prestación de servicios sean considerados como tiempo útil para
efectos pensionales.
87. Así las cosas, de conformidad con el marco normativo y jurisprudencial expuesto,
esta corporación ha reconocido que las vinculaciones efectuadas mediante
contratos de prestación de servicios constituyen tiempo de servicio útil para efectos
pensionales, de manera que tales periodos deben ser tenidos en cuenta tanto para
determinar la condición de beneficiario del régimen de transición previsto en la Ley
812 de 2003 como para acreditar los 20 años de servicios exigidos por la Ley 33 de
1985. En ese sentido, la modalidad de vinculación utilizada por la administración no
puede erigirse en un obstáculo para el reconocimiento de derechos laborales y
62
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de septiembre de 2025,
radicado:63001-23-33-000-2020-00025-01 (2608-2022).
33
Radicado: 23001-23-33-000-2016-00380-01 (1513-2025)
Demandante: Fredys Danuncio Argel Yanez
pensionales derivados del servicio efectivamente prestado, ni puede condicionarse
tal cómputo a la existencia de una decisión judicial que declare previamente la
configuración de una relación laboral.
2.3.2.2. En relación con el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley
33 de 1985. Tiempos útiles de vinculación
88. De acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior, Fredys Danuncio Argel
Yanez prestó sus servicios al Estado así:
Total tiempo de
Modalidad Cargo Desde Hasta Años Meses Días
servicios
30 de
contrato 011 15 de febrero 0 años 9 meses
docente noviembre de 0 9 15
de 1993 de 1993 15 días
1993
30 de
contrato 662 1 de febrero 0 años 9 meses
docente noviembre de 0 9 29
de 1994 de 1994 29 días
1994
30 de
contrato 048 1 de febrero 0 años 9 meses
docente noviembre de 0 9 29
de 1995 de 1995 29 días
1995
contrato 062 15 de enero 31 de diciembre 0 años 11
docente 0 11 16
de 1996 de 1996 de 1996 meses 16 días
contrato 062 1 de enero de 30 de diciembre 0 años 11
docente 0 11 29
de 1997 1997 de 1997 meses 29 días
contrato 060
1 de enero de 22 de junio de 2 años 5 meses
de 1998 y docente 2 5 21
1998 2000 21 días
1999
nombramiento
en propiedad 25 de julio de 10 de diciembre 14 años 4
docente 14 4 15
Decreto 169 200063 de 201464 meses 15 días
de 2000
16 58 154
5 5 /30
21 63 5,13
/12 4
5,3
3
63 Según el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral del 10 de diciembre
de 2014.
64 Fecha en la que se expidió el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral
y en el que el demandante aparece como activo.
34
Radicado: 23001-23-33-000-2016-00380-01 (1513-2025)
Demandante: Fredys Danuncio Argel Yanez
89. De conformidad con el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 para efectos del
reconocimiento de la prestación, en el caso del demandante, debía acreditar 20
años continuos o discontinuos y 55 años de edad, para acceder a la pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario promedio que le sirvió de base para los
aportes durante el último año de servicio.
90. En ese sentido se observa que acreditó 21 años, 3 meses y 4 días de servicio al
Estado. Así las cosas, Fredys Danuncio Argel Yanez adquirió el estatus pensional
el 10 de septiembre de 2013, fecha en la que completó los 20 años de cotizaciones
y contaba con la edad de 57 años [nació el 6 de abril de 1956]. Pese a que esta
conclusión difiere de la fecha de estatus pensional que definió el tribunal, este
aspecto no será modificado, por cuanto no fue objeto de apelación.
2.3.2.3. En torno a la acreditación de los aportes al sistema pensional durante
el periodo de vinculación mediante contrato de prestación de servicios
91. No le asiste razón al municipio de Tierralta (Córdoba) cuando sostuvo que la falta
de acreditación de aportes al sistema pensional por parte del demandante durante
los periodos en que estuvo vinculado mediante contratos de prestación de servicios
«lo descalifica para el reconocimiento de la pensión». Al respecto, tal y como se expuso
en el marco normativo y jurisprudencial, la forma de vinculación utilizada por la
administración no podía emplearse para restringir el acceso a los derechos
pensionales mínimos e irrenunciables, pues ello implicaría perpetuar condiciones
de desigualdad.
92. En efecto, en virtud de los principios de primacía de realidad sobre las formas,
favorabilidad y pro homine, el tiempo servido por el docente mediante contratos de
prestación de servicios resulta computable para efectos pensionales, toda vez que
la ausencia de vinculación legal y reglamentaria fue un incumplimiento del Estado y
los efectos adversos no pueden trasladarse al trabajador ni afectar el goce a su
derecho a la seguridad social.
93. Bajo ese contexto, la omisión en el pago de los aportes no tiene la virtualidad de
privar al docente de los tiempos de servicios efectivamente laborados ni de impedir
el reconocimiento de la prestación cuando se acreditan los requisitos legales que,
como se concluyó en el acápite anterior, cumplió el demandante. Sin embargo,
como se explicó en el marco normativo y jurisprudencial de esta providencia [párrafo
75], la decisión de computar ese tiempo de servicio no desconoce la necesidad de
contar con los recursos necesarios para la financiación de la prestación, por lo que,
de conformidad con las leyes 71 de 1988, 100 de 1993 y el Decreto 3752 de 2003,
el Fomag tiene «derecho a repetir contra los organismos no afiliados a ellas, o contra las
respectivas Cajas de Previsión, a prorrata del tiempo que el pensionado hubiere servido o
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Radicado: 23001-23-33-000-2016-00380-01 (1513-2025)
Demandante: Fredys Danuncio Argel Yanez
aportado a ellos». En particular, corresponde a la entidad territorial o a la
administradora respectiva asumir las consecuencias derivadas de la falta de
cotización, sin que esta situación afecte el derecho del trabajador.
94. En el caso particular, la entidad territorial fue vinculada al proceso y el tribunal le
ordenó a esta transferirle al Fomag los aportes correspondientes a los periodos
durante los cuales se benefició del servicio prestado por el docente mediante
contratos de prestación de servicios. Para tal efecto, precisó que sí el docente había
realizado aportes como contratista, el municipio debía pagar la diferencia entre lo
cotizado y lo que habría debido aportar en calidad de empleador y si el docente no
había realizado aportes, el municipio debía asumir la totalidad de la porción que le
habría correspondido como empleador; decisión con la que, de conformidad con lo
expuesto, esta Sala está de acuerdo.
95. Por consiguiente, la ausencia de aportes durante los periodos en que el
demandante laboró como docente mediante contratos de prestación de servicios no
constituía un requisito que impidiera el reconocimiento de la pensión reclamada, ni
podía constituirse en una carga que desnaturalice el principio constitucional a la
seguridad social.
2.3.2.4. Cuestiones adicionales
96. En cuanto al argumento del municipio de Tierralta (Córdoba) que señaló que «no
es la entidad responsable del reconocimiento de la pensión, ya que esta recae en el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio», la entidad territorial parte de una
interpretación equivocada sobre lo decidido por el a quo. En efecto, con la decisión
de primera instancia no se desconoció la responsabilidad de las entidades
intervinientes ni el trámite para el reconocimiento y pago de las prestaciones
económicas a cargo del Fomag (Ley 962 de 2005 y Decreto 2831 de 2005), ni
trasladó tal obligación al municipio. Por el contrario, la orden impartida a la entidad
territorial se circunscribió a asumir las consecuencias derivadas de la omisión en el
pago de los aportes pensionales correspondientes a los periodos durante el cual el
demandante prestó sus servicios mediante contratos de prestación de servicios y la
entidad se benefició de esa labor.
97. Así,la carga impuesta al municipio no consistió en reconocer o pagar la
prestación pensional, sino en financiarla a través de cotizaciones obligatorias, a
través del pago de los aportes que le habría correspondido efectuar como
empleador.
98. Finalmente, en cuanto al alegato según el cual «cualquier derecho que pudiera
haber surgido de situaciones anteriores a 2015 se encuentra prescrito, conforme a lo
establecido en el artículo 151 de la Ley 100 de 1993. Este aspecto es crucial, ya que la falta
36
Radicado: 23001-23-33-000-2016-00380-01 (1513-2025)
Demandante: Fredys Danuncio Argel Yanez
de acción por parte del demandante durante un periodo prolongado debe ser considerada
como una renuncia tácita a sus derechos». Sobre el particular, se tiene que el indicado
artículo dispone:
«ARTÍCULO 151. VIGENCIA DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES. El Sistema
General de Pensiones previsto en la presente Ley, regirá a partir del 1o. de Abril de
1.994. No obstante, el Gobierno podrá autorizar el funcionamiento de las administradoras
de los fondos de pensiones y de cesantía con sujeción a las disposiciones contempladas
en la presente Ley, a partir de la vigencia de la misma.
PARÁGRAFO. El Sistema General de Pensiones para los servidores públicos del nivel
departamental, municipal y distrital, entrará a regir a más tardar el 30 de junio de 1.995,
en la fecha que así lo determine la respectiva autoridad gubernamental.» (sic).
99. La Sala no encuentra una relación entre el argumento y el artículo que le sirve
de sustento, toda vez que este se limita a establecer la fecha de entrada en vigencia
del sistema general de pensiones. Por consiguiente, la norma indicada no sirve de
fundamento para establecer que los derechos del demandante se encuentran
prescritos. Además, la prescripción en el caso de los aportes pensionales no opera
por la inactividad del titular o su renuncia tácita, toda vez que, por ser la seguridad
social un derecho irrenunciable65 e imprescriptible66, no se configura con respecto
de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones.
100. No obstante, se precisa que tampoco operó la prescripción de las mesadas
pensionales, toda vez que el demandante consolidó su estatus pensional el 4 de
septiembre de 2014, según lo determinado por el tribunal. Incluso si se tuviese en
cuenta, para estos efectos, la señalada en este proceso como fecha en la que se
acreditaron los requisitos para acceder a la pensión, esto es, el 10 de septiembre
de 2013, la conclusión sería igual. Lo anterior, porque la reclamación administrativa
fue presentada el 3 de marzo de 2015, es decir, dentro de los 3 años siguientes a
que se hizo exigible el derecho. Además, aunque no obra prueba de la fecha de
radicación de la demanda, esta fue repartida el 1 de agosto de 2016, fecha respecto
de la cual tampoco había transcurrido el termino de prescripción trienal.
101. Así
las cosas, se impone confirmar la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Córdoba a través de la cual se accedió a las pretensiones de la
65 Constitución Política, artículo 48. En armonía con lo anterior, el artículo 53 constitucional, al señalar
los principios mínimos fundamentales del estatuto del trabajo, prevé la «irrenunciabilidad a los
beneficios mínimos establecidos en normas laborales».
66 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de
agosto de 2016, radicado: 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16. «[L]a Sala
aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar frente a los aportes para pensión, en atención
a la condición periódica del derecho pensional, que los hace imprescriptibles, pues aquellos se
causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época, mientras que las
prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del
mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales».
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Radicado: 23001-23-33-000-2016-00380-01 (1513-2025)
Demandante: Fredys Danuncio Argel Yanez
demanda.
2.4. Costas
102. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
103. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
104. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma67.
105. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.
106. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte
vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en
costas y revocará la impuesta en primera instancia por no advertirse el análisis
necesario para su imposición.
3. Conclusión
106.1. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que el tiempo laborado por
Fredys Danucio Argel Yanez con ocasión de órdenes y contratos de prestación de
67En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Radicado: 23001-23-33-000-2016-00380-01 (1513-2025)
Demandante: Fredys Danuncio Argel Yanez
servicios podía ser computado para efectos del reconocimiento de la pensión de
conformidad con la Ley 33 de 1985, sin que fuera exigible una decisión judicial
previa que declarara la existencia de una relación laboral. En ese sentido, teniendo
en cuenta el tiempo laborado mediante contrato de prestación de servicios, el
demandante acreditó los 20 años de servicios exigidos en la norma.
106.2. Igualmente, no constituye un requisito para acceder al reconocimiento
pensional que hubiese acreditado la cotización de los aportes al sistema de
pensiones durante el periodo en el cual estuvo vinculado bajo órdenes y contratos
de prestación de servicios. En todo caso, al municipio de Tierralta (Córdoba) le
corresponde efectuar los aportes correspondientes a los periodos durante los cuales
se benefició del servicio prestado por el docente mediante contratos de prestación
de servicios con el objeto de financiar la prestación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 18 de octubre de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Córdoba que accedió a las pretensiones de la demanda
presentada por Fredys Danuncio Argel Yanez contra el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, el Departamento de Córdoba y el municipio
de Tierralta.
Segundo. No condenar en costas en esta instancia.
Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto
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Radicado: 23001-23-33-000-2016-00380-01 (1513-2025)
Demandante: Fredys Danuncio Argel Yanez
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MAG
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