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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-010-2018-00436-01

Fecha
12 de agosto de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-010-2018-00436-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 15 de mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandante -parte vencida- en este proceso por los motivos expuestos en esta providencia. TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-010-2018-00436-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

12 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001 23 33 010 2018 00436 01 (2132-2025)
Demandante: María Eli Satizábal Pérez y Jaime Enrique Hernández
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional
Temas: Pensión de sobrevivientes. Soldado Regular. Muerte en
combate. Ascenso póstumo a cabo segundo.
Decisión: Confirmar sentencia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala de Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por los
demandantes contra la sentencia proferida el 15 de mayo de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que negó las súplicas de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Pretensiones de la demanda1
2. Los señores María Eli Satizábal Pérez y Jaime Enrique Hernández, en calidad
de padres del soldado Jaime Enrique Hernández Satizábal (q. e. p. d.), solicitaron
declarar la nulidad del Oficio OFI18-494 MDNSGDAGPSAP del 4 de enero de 2018,
mediante el cual el Ministerio de Defensa Nacional negó el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de su hijo.

3. A título de restablecimiento del derecho, que se ordenara el reconocimiento,
inclusión en nómina y pago de la pensión de sobrevivientes y la afiliación al sistema
de salud de las Fuerzas Militares, con fundamento en el Decreto 89 de 1984,
teniendo en cuenta que el causante fue ascendido póstumamente al grado de cabo
segundo. Asimismo, solicitaron el pago de las mesadas pensionales causadas,
debidamente indexadas y con los intereses de ley, así como la condena en costas.

1 Folios 22 al 36 del expediente físico

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 76001 23 33 010 2018 00436 01 (2132-2025)
Demandante: María Eli Satizábal Pérez y otro

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

4. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, señalaron que Jaime Enrique
Hernández Satizábal nació el 9 de agosto de 1964 y prestó el servicio militar como
soldado del Ejército Nacional. Agregaron que falleció el 21 de septiembre de 1985,
mientras cumplía una misión de patrullaje para el control y mantenimiento del orden
público en el municipio de Florida (Valle del Cauca), razón por la cual, mediante el
Decreto 3745 del 19 de diciembre de 1985, fue ascendido póstumamente al grado
de cabo segundo, en aplicación del artículo 8 del Decreto 2728 de 1968.

5. Que mediante la Resolución 2341 del 6 de mayo de 1986 el Ministerio de Defensa
Nacional reconoció prestaciones sociales a los beneficiarios del causante.
Añadieron que el 18 de diciembre de 2017 solicitaron el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes, petición que fue negada mediante el Oficio OFI18-494
MDNSGDAGPSAP del 4 de enero de 2018, acto acusado en este proceso.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
6. Invocaron como normas vulneradas los artículos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 13, 23,
29, 46, 47, 48, 53, 85, 86, 90, 93, 94 y 209 de la Constitución Política; el artículo 25
de la Declaración Universal de Derechos Humanos; el artículo 138 de la Ley 1437
de 2011; el artículo 8.º del Decreto 2728 de 1968; los artículos 5.º, 151, 152 y 177
del Decreto 89 de 1984; y los artículos 5.º, 158, 159 y 189 del Decreto 1211 de 1990.

7. Sostuvo que la entidad desconoció los derechos a la dignidad humana, la
igualdad, el mínimo vital, la salud y la seguridad social de los demandantes, quienes
eran personas de la tercera edad y dependían económicamente de la prestación
reclamada.

8. En criterio de la parte actora, el artículo 8.º del Decreto 2728 de 1968 resultaba
discriminatorio porque, pese a disponer el ascenso póstumo del soldado al grado
de cabo segundo, no reconocía una pensión de sobrevivientes a sus beneficiarios.

9. Alegó que, como el grado de cabo segundo pertenecía a la categoría de
suboficiales, debía aplicarse el régimen prestacional previsto para estos, en
particular el Decreto 89 de 1984 o, por favorabilidad, el Decreto 1211 de 1990.

1.4. Contestación de la demanda2

2 Folios 105 al 124 del expediente físico

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
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Demandante: María Eli Satizábal Pérez y otro

10. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, se opuso a
las pretensiones, al considerar que el acto acusado se encontraba amparado por la
presunción de legalidad y que la parte actora no acreditó las razones de hecho y de
derecho que permitieran reconocer la pensión de sobrevivientes solicitada.

11. Sostuvo que, para la fecha del fallecimiento, Jaime Enrique Hernández Satizábal
tenía la calidad de soldado y se encontraba sometido al régimen prestacional
previsto en el Decreto 2728 de 1968. Señaló que el artículo 8.º de esa norma
contemplaba, para los casos de muerte en combate, el ascenso póstumo al grado
de cabo segundo, el reconocimiento de 48 meses de haberes correspondientes a
dicho grado y el pago doble de la cesantía, mas no una pensión a favor de sus
beneficiarios.

12. Explicó que el ascenso póstumo conferido al causante tuvo carácter honorífico
y no prestacional, pues estuvo dirigido a honrar su memoria. Afirmó que aquel no
adquirió la condición de suboficial, dado que no cumplió los requisitos de formación
y ascenso establecidos para obtener el grado de cabo segundo, razón por la cual
no resultaba aplicable el régimen previsto en el Decreto 1211 de 1990 para los
oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares.

13. Agregó que, mediante la Resolución 2341 del 6 de mayo de 1986, se
reconocieron y pagaron a los beneficiarios las cesantías definitivas dobles y la
compensación por muerte a título de indemnización. En ese sentido, manifestó que,
si la parte actora consideraba que tenía derecho a otra prestación, debió controvertir
oportunamente dicho acto administrativo.

14. Indicó que no procedía aplicar de manera retrospectiva normas posteriores al
fallecimiento, pues, la disposición que debía regir la situación era la vigente para la
fecha del deceso. Asimismo, sostuvo que los miembros de las Fuerzas Militares
están sometidos a un régimen prestacional especial y se encuentran excluidos del
sistema general de pensiones, por lo que no era posible acudir a disposiciones de
carácter general para obtener el reconocimiento pretendido.

15. De otra parte, afirmó que los demandantes no acreditaron la dependencia
económica respecto del causante, requisito que consideró indispensable para
acceder a la pensión de sobrevivientes. Añadió que el tiempo transcurrido entre el
fallecimiento y la reclamación permitía concluir que no se había demostrado la
dependencia alegada.
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 76001 23 33 010 2018 00436 01 (2132-2025)
Demandante: María Eli Satizábal Pérez y otro

16. Finalmente, solicitó negar las pretensiones y propuso las excepciones de
carencia del derecho de la parte actora e inexistencia de la obligación de la entidad
demandada, así como la innominada. De manera subsidiaria, pidió aplicar la
prescripción de las mesadas pensionales en caso de accederse al reconocimiento
solicitado.

1.5. Sentencia de primera instancia3
17. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 15 de
mayo de 2025, negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en
costas a la parte demandante.

18. Encontró probado que el soldado Hernández Satizábal falleció el 21 de
septiembre de 1985, después de prestar 10 meses y 16 días de servicio, y que su
muerte fue calificada como ocurrida en actos propios del servicio, mientras cumplía
una misión de patrullaje para el mantenimiento del orden público. Que fue ascendido
póstumamente al grado de cabo segundo y que, mediante la Resolución 2341 del 6
de mayo de 1986, se reconocieron las prestaciones sociales correspondientes a sus
beneficiarios.

19. Explicó que el Decreto 2728 de 1968 contemplaba para los beneficiarios de los
soldados fallecidos en servicio el ascenso póstumo y el pago de prestaciones
económicas, pero no una pensión de sobrevivientes, disposición que regía la
situación jurídica del hijo de los demandantes; que el Decreto 89 de 1984 exigía 12
años de servicio para acceder a dicha prestación y que, conforme a la sentencia de
unificación del 4 de octubre de 2018, los Decretos 95 de 1989 o 1211 de 1990
podían aplicarse a los soldados fallecidos en combate, según la fecha de la muerte.

1.6. Recurso de apelación4

20. La parte demandante cuestionó el fallo del a quo y solicitó su revocatoria, para
en su lugar, acceder a las pretensiones. Puntualmente destacó la naturaleza de la
labor ejercida por el finado como soldado regular; y a renglón seguido adujo que
omitió realizar un test de proporcionalidad, así como la aplicación del derecho a la
igualdad, principio de favorabilidad, para de manera retroactiva reconocer la
prestación bajo alguna de las disposiciones que si contemplan el derecho pensional

3 Expediente digital de primera instancia índice 25 SAMAI
4Expediente digital primera instancia índice 30 SAMAI

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 76001 23 33 010 2018 00436 01 (2132-2025)
Demandante: María Eli Satizábal Pérez y otro

deprecado, citando puntualmente las siguientes: i) el artículo 1 de la Ley 447 de
1998 que dispone el reconocimiento de una pensión vitalicia de un salario y medio
mínimo mensual vigente; ii) el artículo 184 del Decreto 95 de 1989, que prevé una
pensión mensual equivalente al 50% de las partidas computables para las
prestaciones por retiro, si el oficial o suboficial no hubiere cumplido doce (12) años
de servicio; o iii) el artículo 189 del Decreto 1211 de 1990, que preceptúa el pago
de una pensión mensual equivalente al 50% de las partidas computables para las
prestaciones por retiro, si el oficial o suboficial no hubiere cumplido doce (12) años
de servicio.

21. De otra parte, descartó la aplicación de los Decretos 95 y 1211 de 1990, dado
que regulan las prestaciones de los oficiales y suboficiales, mientras que el finado
ejerció como soldado en cumplimiento de servicio militar obligatorio.

22. Y aunque expuso que, si existía una regulación aplicable al asunto del causante,
esto es, el artículo 8 del Decreto 2728 de 1968, vigente para la fecha del
fallecimiento, que contemplaba en favor de los beneficiarios de los soldados
muertos en acción el reconocimiento de 48 meses de los haberes correspondientes
al grado de cabo segundo y el pago doble de las cesantías, insistió que debían
aplicarse las disposiciones citadas de manera retroactiva a fin de reconocer las
prestaciones.

1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia

23. Por auto calendado el 8 de agosto de 2025, se admitió el recurso de apelación.

24. En esta oportunidad, la entidad demandada solicitó confirmar la sentencia de
primera instancia, por cuanto los miembros de las Fuerzas Militares se encuentran
sometidos a un régimen prestacional especial, diferenciado según su modalidad de
vinculación. Explicó que el artículo 8 del Decreto 2728 de 1968 reconocía a los
beneficiarios de los soldados y grumetes fallecidos en servicio diversas prestaciones
económicas, pero no una pensión de sobrevivientes, mientras que el Decreto 89 de
1984 regulaba a los oficiales y suboficiales y exigía 12 años de servicio para acceder
a dicha prestación. Agregó que solo a partir de los Decretos 95 de 1989 y 1211 de
1990 se contempló la pensión para quienes no hubieran cumplido ese tiempo, por
lo que concluyó que tales disposiciones no eran aplicables, dado que el causante
falleció en 1985.

25. Así mismo, el Ministerio Público solicitó confirmar la sentencia de primera
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instancia. Consideró que no era posible aplicar, por favorabilidad o retroactividad,
los Decretos 95 de 1989 y 1211 de 1990, pues al momento del fallecimiento del
causante únicamente se encontraba vigente el Decreto 89 de 1984. Agregó que la
jurisprudencia de unificación sobre conscriptos fallecidos simplemente en actividad
exigía que la muerte hubiera ocurrido después de la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993, supuesto que no se configuró en este caso. Asimismo, indicó que no
se acreditó la existencia de una norma que autorizara la aplicación retroactiva de
regímenes posteriores ni el cumplimiento de los 12 años de servicio exigidos por el
artículo 181 del Decreto 89 de 1984.

26. La parte actora guardó silencio.

27. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y sin que se
observe por la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia
28. De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo 5, el Consejo de Estado es competente para resolver
el recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso 6, la competencia del
juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante.

2.2 Del problema jurídico
29. Corresponde a la Sala determinar si, atendiendo al ascenso póstumo de Jaime
Enrique Hernández Satizábal al grado de cabo segundo, sus padres tienen derecho
al reconocimiento de una pensión de sobrevivientes, y si para el efecto es
procedente aplicar de manera retroactiva, en virtud del principio de favorabilidad,
disposiciones posteriores que regulan la materia.

2.3 Normas y jurisprudencia aplicable al asunto

5 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
6 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los

argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley.»
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2.3.1 Régimen prestacional aplicable a los beneficiarios de los soldados
muertos en combate
30. De conformidad con el artículo 8 del Decreto 2728 de 1968 7, el soldado o
grumete en servicio activo que fallezca a causa de heridas o accidente aéreo en
combate o por acción directa del enemigo, bien sea en conflicto internacional
o en mantenimiento del orden público, seria ascendido en forma póstuma al
grado de cabo segundo o marinero y sus beneficiarios tendrían derecho al
reconocimiento y pago de 48 meses de los haberes correspondientes a ese grado
y el doble pago de la cesantía.

31. Tal disposición no contempló directamente el reconocimiento de una pensión de
sobrevivientes, sino el ascenso póstumo y unas prestaciones económicas en favor
de los beneficiarios del causante. Asimismo, no diferenció entre las distintas
modalidades de vinculación de los soldados, por lo que esta Corporación ha
aplicado su contenido tanto a los voluntarios como a los conscriptos o regulares.8

32. A su turno, el Decreto 89 de 1984 reorganizó la carrera de los oficiales y
suboficiales de las Fuerzas Militares y reguló su régimen prestacional. El artículo 5.º
incluyó el grado de cabo segundo dentro de la jerarquía de suboficiales del Ejército
Nacional. 9

33. Por su parte, el artículo 181 dispuso que el oficial o suboficial en servicio activo
que falleciera por hechos inherentes al combate o por acción del enemigo, bien
fuera en conflicto internacional o en el mantenimiento o restablecimiento del orden

7
Artículo 8. El Soldado o Grumete en servicio activo, que fallezca por causa de heridas o accidente aéreo en combate o por
acción directa del enemigo, bien sea en conflicto internacional o en mantenimiento del orden público, será ascendido en forma
póstuma al grado de Cabo Segundo o Marinero y sus beneficiarios tendrán derecho al reconocimiento y pago de cuarenta y
ocho (48) meses de los haberes correspondientes a dicho grado y el pago doble de la cesantía. A la muerte del Soldado o
Grumete en servicio activo, causada por accidente en misión del servicio, sus beneficiarios tendrán derecho al reconocimiento
y pago de treinta y seis (36) meses del sueldo básico que en todo tiempo corresponda a un Cabo Segundo o Marinero.
A la muerte de un Soldado o Grumete en servicio activo o por causas diferentes a las enunciadas anteriores a sus beneficiario s
tendrá derecho al reconocimiento y pago de veinticuatro (24) meses de sueldo básico que en todo tiempo corresponda a un
Cabo Segundo o Marinero.”
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencias de unificación: i) del 12 de abril de
2018, CE-SUJ-SII-010-2018, SUJ-010-S2, radicación 81001-23-33-000-2014-00012-01 (1321-2015); y ii) del 4 de octubre de
2018, SU-CE-SUJ-SII-013-2018, SUJ-013-S2, radicación 05001-23-33-000-2013-00741-01 (4648-2015).
9
El artículo 5.º del Decreto 89 de 1984 dispuso, en lo pertinente:
«Jerarquía. La jerarquía y equivalencia de los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, para efectos de mando,
régimen interno, régimen disciplinario y justicia penal militar, lo mismo que para todas las obligaciones y derechos
consagrados en este estatuto, comprende los siguientes grados en escala descendente:
[...]
II. Suboficiales
Ejército: [...] Cabo Primero, Cabo Segundo».
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público, sería ascendido en forma póstuma al grado inmediatamente superior,
cualquiera que fuera el tiempo de servicio en su grado. 10

34. La norma reconoció a sus beneficiarios una compensación equivalente a cuatro
años de los haberes correspondientes al grado conferido al causante y el pago doble
de la cesantía por el tiempo servido. También estableció una pensión mensual
cuando el oficial o suboficial hubiera cumplido doce o más años de servicio,
liquidada en la misma forma que la asignación de retiro, de acuerdo con el grado y
el tiempo de servicio del causante.

35. De esta manera, el Decreto 89 de 1984 contempló expresamente una pensión
para los beneficiarios de los oficiales y suboficiales fallecidos en combate; sin
embargo, condicionó su reconocimiento a que el causante hubiera completado, por
lo menos, doce años de servicio.

36. Al estudiar el régimen prestacional de los soldados voluntarios fallecidos en
combate, la Sección Segunda precisó que el ascenso póstumo al grado de cabo
segundo los ubicaba en la jerarquía de suboficiales y permitía examinar el derecho
de sus beneficiarios con fundamento en los estatutos previstos para ese personal.
En relación con el Decreto 89 de 1984, señaló que la pensión únicamente procedía
cuando el causante hubiera cumplido doce o más años de servicio, regla que fue
reiterada por esta Subsección11; se destaca:

“Con fundamento en el principio de especialidad, los beneficiarios de los soldados
voluntarios fallecidos antes del 7 de agosto de 2002, por causa de heridas o accidente
aéreo en combate o por acción directa del enemigo, bien sea en conflicto internacional
o en mantenimiento del orden público, pueden beneficiarse del régimen de prestaciones
por muerte contenido en el artículo 184 del Decreto 095 de 1989 o en el artículo 189 del

10
El artículo 181 del Decreto 89 de 1984 estableció:
«Muerte en combate. Durante la vigencia del presente Estatuto, a la muerte de un Oficial o Suboficial de las Fuerzas Militares
en servicio activo, por hechos inherentes al combate o por acción del enemigo, bien sea en conflicto internacional o en el
mantenimiento o restablecimiento del orden público, será ascendido en forma póstuma al grado inmediatamente superior,
cualquiera que fuere el tiempo de servicio en su grado. Además, sus beneficiarios, en el orden establecido en este Estatuto,
tendrán derecho a las siguientes prestaciones:
a. A que el Tesoro Público les pague por una sola vez, una compensación equivalente a cuatro (4) años de los haberes
correspondientes al grado conferido al causante, tomando como base las partidas señaladas en el artículo 151 de este
Estatuto.
b. Al pago doble de la cesantía por el tiempo servido por el causante; y
c. Si el Oficial o Suboficial hubiere cumplido doce (12) o más años de servicio, a que el Tesoro Público les pague una pensión
mensual, la cual será liquidada y cubierta en la misma forma de la asignación de retiro, de acuerdo con el grado y el tiempo
de servicio del causante».
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación del 4 de octubre de
2018, radicación 05001-23-33-000-2013-00741-01 (4648-2015), CE-SUJ2-013-18, C. P. William Hernández Gómez. Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de enero de 2020, radicación 18001-23-33-000-2015-00333-01 (3212-2017), C. P.
Gabriel Valbuena Hernández.
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Decreto 1211 de 1990, según la fecha de muerte, por ser el régimen especial que regula
de manera particular el supuesto de hecho a que se refiere la norma, pues tal medida se
armoniza con los principios protectorio, pro homine, de justicia y de igualdad que
encauzan el derecho laboral.”

37. Finalmente, ha de recordarse que la pensión de sobrevivientes se rige por la
normativa vigente para la fecha del fallecimiento, momento en el que se configura
la contingencia protegida. En consecuencia, los regímenes expedidos con
posterioridad solo resultan aplicables a los decesos ocurridos durante su vigencia,
salvo que el legislador les haya atribuido expresamente efectos retroactivos. 12

2.4 Caso concreto
38. Da cuenta el expediente que, el joven Jaime Enrique Hernández Satizábal
ingresó al Ejército Nacional como soldado y falleció el 21 de septiembre de 1985,
en el municipio de Florida (Valle del Cauca), mientras la unidad a la que pertenecía
cumplía una misión de mantenimiento del orden público.

39. El informe rendido por el comandante de la patrulla señaló que el tercer pelotón
de la Compañía Águila entró en contacto armado con un grupo de bandoleros
durante varias horas y que, como consecuencia de esos hechos, el citado soldado
se encontraba entre el personal fallecido. A su vez, el informativo administrativo
calificó la muerte como ocurrida «en actos del servicio por causa y razón del mismo
en combate contra bandoleros».

40. En atención a las circunstancias del fallecimiento, mediante el Decreto 3745 del
19 de diciembre de 1985 el causante fue ascendido póstumamente al grado de cabo
segundo, con novedad fiscal a partir del 21 de septiembre del mismo año, en
aplicación del artículo 8.º del Decreto 2728 de 1968.

41. Posteriormente, por medio de la Resolución 2341 del 6 de mayo de 1986, el
Ministerio de Defensa Nacional precisó que el causante falleció en servicio activo
por acción directa del enemigo. Con fundamento en el artículo 8.º del Decreto 2728
de 1968, en concordancia con el artículo 181 del Decreto 89 de 1984, reconoció a
sus padres una compensación por muerte y el pago doble de la cesantía definitiva.

12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación del 25 de abril de
2013, radicación 76001-23-31-000-2007-01611-01 (1605-2009), C. P. Luis Rafael Vergara Quintero; y Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 7 de noviembre de 2024, radicación 05001-23-33-000-2016-01975-01 (2623-2021), C. P. Luis
Eduardo Mesa Nieves.
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Demandante: María Eli Satizábal Pérez y otro

42. La misma resolución estableció que el joven Hernández Satizábal prestó 10
meses y 16 días de servicio, tiempo que fue aproximado a un año para efectos de
liquidar las prestaciones allí reconocidas.

43. De cara a resolver el problema jurídico planteado, estima la Sala que en vista
que el deceso ocurrió el 21 de septiembre de 1985, el régimen aplicable estaba
contenido en los Decretos 2728 de 1968 y el 89 de 1984, como pasa a explicarse.

44. La calificación del fallecimiento del hijo de los demandantes, esto es, en servicio
activo por acción directa del enemigo, lo ubica en el supuesto previsto en el primer
inciso del artículo 8.º del Decreto 2728 de 1968, que dispone el derecho a ser
ascendido póstumamente al grado de cabo segundo o marinero y sus beneficiarios
a recibir el pago de 48 meses de los haberes correspondientes al dicho grado y al
pago doble de cesantías. Aunque esta disposición no contemplaba directamente
una pensión de sobrevivientes, ante el ascenso póstumo al grado de cabo segundo,
la entidad Resolución 2341 del 6 de mayo de 1986 aplicó el artículo 181 del Decreto
89 de 1984, para efectos de definir las prestaciones causadas por el fallecimiento.

45. Ahora bien, como se manifestó en precedencia, el Decreto 2728 de 1968 no
contempla el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor de los
beneficiarios del soldado fallecido, no obstante, esta Corporación en sede de
unificación ante el ascenso póstumo al grado de cabo segundo, habilitó la
posibilidad del reconocimiento pensional con fundamento en el artículo 181 del
Decreto 89 de 1984, siempre y cuando el uniformado acredite los requisitos de ley
para el efecto. En ese orden, se condiciona dicho reconocimiento a que el oficial o
suboficial hubiere cumplido 12 o más años de servicio, lo cual no ocurre en el
subjudice, pues, el finado Jaime Enrique Hernández Satizábal solo prestó servicios
durante 10 meses y 16 días, tiempo inferior al exigido.

46. Así entonces, para la Sala no se logra desvirtuar la presunción de legalidad del
acto acusado, pues, la entidad analizó la solicitud de los actores de conformidad
con las disposiciones aplicables.

47. Ahora bien, tanto en el escrito de demanda como con el recurso de apelación
los padres del finado solicitan que el reconocimiento de la prestación se realice de
acuerdo con disposiciones jurídicas expedidas con posterioridad al fallecimiento del
soldado, alegando para ello la aplicación del principio de favorabilidad, el cual
además resaltan no fue tenido en cuenta por el tribunal para resolver.

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 76001 23 33 010 2018 00436 01 (2132-2025)
Demandante: María Eli Satizábal Pérez y otro

48. Al respecto, resulta pertinente destacar que, con la alzada se expone que el
derecho pensional reclamado bien pudo reconocer a la luz de la Ley 447 de 1998 -
artículo 1-, sin embargo, los actores no invocaron tal disposición en sede
administrativa y menos aún con el escrito de demanda, por lo que analizar el
derecho bajo dicha égida lesionaría el derecho al debido proceso de la entidad, y
desbordaría el principio de congruencia.

49. En lo concerniente a los Decretos 95 de 1989 -artículo 184- y 1211 de 1990, no
fueron tampoco invocados en sede administrativa, aunque con la demanda en el
acápite de concepto de violación se solicita, entre otros, el reconocimiento de la
prestación bajo el imperio de este último expedido en 1990; empero, no puede
pasarse por alto que tales disposiciones no se encontraban vigentes para el
momento del deceso del soldado, de manera que, la petición de los recurrentes,
para que en virtud del principio de favorabilidad se tengan en cuenta aquellos no
resulta procedente, primero, por cuanto este principio exige la vigencia de varios
regímenes que jurídicamente resulten aplicables a la situación del causante entre
los cuales pueda elegirse el más beneficioso, y ii) resulta necesario que las
disposiciones a contrastar se encuentren vigentes –lo cual no ocurre-.

50. A ello se suma que esta Subsección 13 ha precisado que las disposiciones
expedidas con posterioridad a la ocurrencia de la contingencia no pueden proyectar
sus efectos sobre situaciones jurídicas consolidadas bajo un régimen anterior,
cuando el legislador no les ha atribuido eficacia retroactiva. Así mismo, ha señalado
que el principio de favorabilidad no resulta procedente cuando no existen dos
regímenes vigentes y jurídicamente aplicables al caso concreto entre los cuales
pueda elegirse el más beneficioso.

51. En aplicación de las anteriores consideraciones, no resulta procedente
reconocer la pensión de sobrevivientes con fundamento en los Decretos 95 de 1989
y 1211 de 1990 o en la Ley 447 de 1998, pues tales disposiciones fueron expedidas
con posterioridad al fallecimiento de Jaime Enrique Hernández Satizábal (q.e.p.d.)
y el legislador no les atribuyó efectos retroactivos. De igual forma, no es posible
acudir al principio de favorabilidad, porque la para la fecha en que se configuró la
contingencia no coexistían varios regímenes jurídicamente aplicables entre los
cuales pudiera elegirse el más beneficioso.

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
30 de julio de 2026, radicación 68001-23-33-000-2019-00563-01 (0616-2024), C. P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 76001 23 33 010 2018 00436 01 (2132-2025)
Demandante: María Eli Satizábal Pérez y otro

52. En ese orden de ideas, tal como lo concluyó el a quo, el Decreto 2728 de 1968
no contempló el reconocimiento de una pensión ante el deceso de soldados en
combate, sino solo la compensación por muerte y el pago de la cesantía definitiva
doble, lo cual fue reconocido a los beneficiarios del joven Jaime Enrique Hernández
Satizábal mediante Resolución 2341 de 1986. Lo anterior releva a la Sala de
pronunciarse frente al requisito de dependencia económica y demás aspectos
relacionados con la liquidación de la prestación, al igual que en torno a la afiliación
al servicio de salud de las Fuerzas Militares de los demandantes.

53. Así las cosas, los argumentos del recurso de apelación no desvirtúan la
legalidad del Oficio OFI18-494 MDNSGDAGPSAP del 4 de enero de 2018. En
consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda.

2.5. Condena en costas
54. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

55. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

56. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

57. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la parte
demandante - parte vencida, por cuanto la sentencia de primera instancia será

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 76001 23 33 010 2018 00436 01 (2132-2025)
Demandante: María Eli Satizábal Pérez y otro

confirmada en su totalidad. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del
CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.

58. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

I. FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 15 de mayo de 2025 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la
demanda, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandante -parte
vencida- en este proceso por los motivos expuestos en esta providencia.

TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

La presente actuación se encuentra firmada en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/

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