Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-01975-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-01975-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2016-01975-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
7 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024).
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho (Lesividad)
Radicación: 05001-23-33-000-2016-01975-01 (2623-2021)
Demandante: Carmen Rosa Cañas Lopera
Demandado: Departamento de Antioquia – Pensiones de Antioquia
Temas: Pensión de sobrevivientes. No aplicación retroactiva de la
Ley 100 de 1993.
Decisión: Confirma la decisión que niega las pretensiones de la demanda.
I. ASUNTO
1. La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por la
parte accionante en contra de la sentencia del 18 de mayo de 2021, proferida por
el Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Tercera de Oralidad1, que negó las
súplicas de la demanda instaurada por la señora Carmen Rosa Cañas Lopera,
en contra del Departamento de Antioquia y el Fondo de Pensiones de Antioquia.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda2.
2.1.1. Pretensiones.
2. La señora Carmen Rosa Cañas Lopera, por intermedio de apoderado judicial
y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 3, solicitó la nulidad de los
siguientes actos administrativos a través de las cuales se le negó su solicitud de
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y se resolvieron los recursos
interpuestos:
(I) Proferidas por la Gobernación de Antioquia:
• Resolución 129911 de 27 de octubre de 2014.
• Resolución 136604 de 18 de diciembre de 2014.
• Resolución S201500003767 del 11 de febrero de 2015.
1 Con ponencia de la magistrada Martha Nury Velásquez Bedoya.
2 Folios 1 y s.s.
3 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo».
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(II) Del Fondo de Pensiones de Antioquia:
• Resolución 2015030640 de 17 de diciembre de 2015.
• Resolución 2016030145 de 16 de marzo de 2016.
3. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó condenar a las entidades demandadas a reconocerle y pagarle la pensión
de sobrevivientes, ocasionada por el deceso de su cónyuge Arcadio de Jesús
Villa Marín, «incluyendo las mesadas causadas y sus respectivos intereses» y
que se condene en costas y agencias en derecho a la entidad accionada.
2.1.2. Hechos.
4. Señaló como fundamentos fácticos relevantes los siguientes:
5. El 7 de abril de 1980 la señora Carmen Rosa Cañas Lopera contrajo
matrimonio católico con el señor Arcadio de Jesús Villa Marín, cuya unión perduró
por más de 15 años, en la que compartieron techo, lecho y mesa hasta su
fallecimiento, que ocurrió el 23 de junio de 1995.
6. El señor Arcadio de Jesús Villa Marín laboró en años anteriores a su
fallecimiento en los municipios de Yarumal, Tarazá y para la Secretaría de
Gobierno del departamento de Antioquia.
7. Al final de su vida laboral, prestó sus servicios como secretario de la Inspección
Departamental de Policía el 12 en el municipio de Tarazá, Antioquia, desde el 7
de mayo de 1993 y hasta el 23 de junio de 1995, cuando ocurrió su muerte en la
inspección departamental de policía, cuando un grupo armado llegó a su oficina
donde laboraba y procedió a darle la muerte, sin indicar la razón.
8. Para esa época la citada zona estaba dominada por grupos al margen de la
ley.
9. De acuerdo con lo anterior, laboró por un total de 2 años, 1 mes y 17 días en
la Inspección de Policía, durante los cuales cotizó el sistema general de
pensiones y su fallecimiento se produjo cuando se encontraba en el ejercicio de
su actividad laboral, en la Secretaría de Gobierno del Departamento de Antioquia.
10. El 2 de enero de 1993 se entregó ante la Secretaría de Desarrollo de
Recursos Humanos del departamento el informe del «accidente de trabajo»,
donde indica que el señor Villa Marín fue asesinado dentro de su despacho.
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11. Mediante oficio 27 del 16 de enero de 1996 la Dirección de Prevención y
Asistencia en Salud, presentó el informe del «accidente de trabajo» del causante
a la Secretaría de Gobierno del departamento de Antioquia.
12. En virtud de la muerte del señor Villa Marín, la demandante realizó la
reclamación administrativa de la pensión de sobrevivientes, pero a través de la
Resolución 01082 del 27 de mayo de 1996 se le otorgó un seguro por muerte con
ocasión del fallecimiento por valor de $3’679.968.
13. El 24 de septiembre de 2014, a través de apoderado, radicó en la Oficina de
Gestión Humana y Desarrollo Organizacional de la Gobernación del
Departamento de Antioquia, una solicitud de reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes, que fue denegada mediante la Resolución 129911 del 27 de
octubre de 2014, donde se indicó que dicha prestación se generaba por la muerte
de un afiliado como consecuencia de un accidente laboral o enfermedad
profesional, pero dicho sistema solo empezó a regir a partir del 1.° de enero de
«1996».
14. Contra la anterior determinación, interpuso los recursos de reposición y en
subsidio de apelación, pero la entidad confirmó su decisión inicial a través de las
Resoluciones 136604 del 18 de diciembre de diciembre de 2014 y
S201500003767 del 11 de febrero de 2015.
15. Posteriormente, tomando en cuenta las recomendaciones que le realizó la
Gobernación de Antioquia en las resoluciones señaladas, la demandante radicó
solicitud de pensión de sobrevivientes ante el fondo de pensiones de Antioquia
el 21 de octubre de 2015.
16. Mediante Resolución 2015030640 del 17 de diciembre de 2015 la entidad
negó su solicitud señalando que al momento de fallecer el causante aún no había
completado el tiempo de servicios exigido por la Ley 33 de 1985 y, además, que
no alcanzó a ser beneficiario de la Ley 100 de 1993, pues entró a regir para las
entidades del orden territorial el 30 de junio de 1995.
17. Contra esta decisión interpuso el recurso de reposición que fue resuelto a
través de la Resolución 2016030145 del 16 de marzo de 2016, confirmando la
decisión inicial.
2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación.
18. Como normas vulneradas citó los artículos 1.°, 13, 48, 53 y 230 de la
Constitución Política; 11, 13, 46, 47, 151, 288 y 289 de la Ley 100 de 1993, con
las modificaciones correspondientes de la Ley 797 de 2003, los artículos 138,
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152, 156, 161 y 162 del CPACA y el Decreto 2079 de 1995 del departamento de
Antioquia.
19. En el concepto de violación sostuvo, en síntesis, que los actos demandados
incurrieron en violación directa de la Constitución, infracción de las normas en
que debían fundarse porque se desconocieron los derechos fundamentales a la
igualdad y la dignidad humana.
20. Según el apoderado, la señora Cañas Lopera debe ser cobijada por una
medida de protección especial por parte del Estado al encontrarse en una
condición económica y física de debilidad manifiesta, toda vez que cuando
falleció su esposo, la Ley 100 de 1993 ya se encontraba vigente desde el 1.° de
abril de 1994 para el orden nacional y si bien es cierto, la misma en el parágrafo
del artículo 151 contempló una excepción en la aplicación inmediata de la ley, no
obstante, el sistema general de seguridad social en salud debe primar sobre el
régimen especial de los servidores públicos de la época, como era la Ley 33 de
1985. Por tanto, como ya existía la Ley 100 de 1993 para el momento del
fallecimiento del causante y además dicha norma es más favorable a las
pretensiones de la accionante.
21. Sostuvo que en este caso no solicitaba la aplicación retroactiva de la norma,
porque la Ley 100 de 1993 ya existía para cuando ocurrió el deceso del señor
Villa Marín, siendo evidente que el trabajador aportó al sistema general de
seguridad social durante más de 5 años y 7 meses, tal como se evidencia en la
historia laboral aportada y también acreditó las 26 semanas previas a su deceso,
por lo que no es válido que se le niegue el reconocimiento pensional a la
accionante ya que para el momento de entrada de la Ley 100 de 1993 el señor
se encontraba laborando y le era aplicable el régimen de prima media con
prestación definida.
22. Igualmente, la Gobernación del departamento de Antioquia emitió el Decreto
1462 de 15 de abril de 1995, en cuyo artículo 2.° estableció que el Fondo
Prestacional del Departamento de Antioquia no podría continuar recibiendo
nuevos afiliados y además el Decreto 2079 del 29 de junio de 1995 estableció en
su artículo 2.° que, en consecuencia, el Fondo Prestacional del Departamento de
Antioquia continuaría reconociendo la pensión de jubilación con base en el
sistema de prima media con prestación definida, con fundamento en el artículo
128 de la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios a los servidores
públicos del orden departamental vinculados a ese fondo prestacional hasta el
14 de abril de 1994 inclusive, y administrarían los recursos provenientes del
recaudo de los aportes al sistema general de pensiones de sus actuales afiliados.
23. Por tanto, a pesar de que la «declaratoria de solvencia» del fondo se realizó
el 29 de junio de 1995, por medio del Decreto 2079, se tiene que le corresponde
el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, toda vez que al 14 de abril de
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1994 el señor Villa Marín se encontraba afiliado a dicho fondo y en consecuencia,
a este le corresponde el reconocimiento de la pensión de sobreviviente
reclamada por la señora Cañas Lopera como cónyuge supérstite, por cuanto se
demostró la cotización de las 26 semanas al sistema de seguridad social como
lo exigía la norma previa a la modificación introducida por la Ley 797 de 2003.
24. Por esto, como en este caso, ya se encontraba vigente la Ley 100 de 1993,
al momento del homicidio del señor Villa Marín, pero no había entrado en vigencia
para el sector territorial, ante el vacío normativo no se puede negar la pensión de
sobrevivientes a la accionante, pues eso sería exponerla a una condición de
desigualdad frente a los empleados del orden nacional y además desconocer su
derecho a la dignidad humana, la seguridad social y el mínimo vital de una
persona que al momento de la presentación de la demanda tenía 72 años de
edad.
2.2. Contestación de la demanda4.
2.2.1. El Fondo de Pensiones de Antioquia, por intermedio de apoderado
judicial, se opuso a las súplicas de la demanda al considerar que no le asiste
derecho a la demandante al reconocimiento pensional solicitado comoquiera que
al momento del fallecimiento del causante la Ley 100 de 1993 no se había
«expedido» y el Acuerdo 049 de 1990 sólo aplica para los afiliados al Instituto de
Seguros Sociales. Además, al momento del fallecimiento aún no había
completado el tiempo de servicios exigido en la Ley 12 de 1975, pues a esa fecha
no reunía los 20 años de servicios al Estado, sino solamente 5 años, 1 mes y 5
días.
25. Propuso las excepciones de «inexistencia de la obligación», «cobro de lo no
debido», «prescripción», buena fe, «legalidad del acto administrativo
demandado» e «ineptitud de las pretensiones de la demanda».
2.2.2. El departamento de Antioquia guardó silencio.
2.3. La sentencia apelada5.
26. El Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Tercera de Oralidad mediante
sentencia del 18 de mayo de 2021 negó las pretensiones de la demanda y se
abstuvo de condenar en costas a la accionante.
27. Inicialmente precisó que, de haberse producido el reconocimiento de la
pensión de jubilación al causante, era la Ley 33 de 1985 la norma aplicable, que
exige el cumplimiento de 20 años de servicios, así como 55 años de edad. En
4 Folios 254 y s.s. C 2.
5 Folio 254 y s.s. C. 2.
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ese sentido, la Ley 12 de 1975, en la cual se estableció la pensión de
sobrevivientes, exige además acreditar el tiempo de servicios establecido en la
Ley 33 de 1985.
28. Luego se refirió a los actos administrativos demandados, así como a las
pruebas allegadas al proceso referentes al fallecimiento del señor Villa Marín y
su tiempo de servicios en el departamento de Antioquia, a partir de lo cual coligió
que cuando ocurrió este evento se encontraba vigente la Ley 12 de 1975, sin que
se haya acreditado el tiempo de labor exigido, toda vez que el causante
únicamente laboró ante entidades públicas 5 años y 60 días.
29. Posteriormente, se refirió a la Ley 100 de 1993 por lo que determinó que esta
norma entró en vigencia el 30 de junio de 1995, en virtud de lo señalado por el
artículo 151 Ibidem, con lo que tampoco le era aplicable, comoquiera que el
fallecimiento ocurrió el 23 de junio de 1995.
30. En conclusión, estimó que, no podía accederse el reconocimiento pensional
a favor de la accionante comoquiera que el causante no cumplió el tiempo de
servicios consagrado en el artículo 1.° de la Ley 33 de 1985 ni tampoco le era
aplicable la Ley 100 de 1993, toda vez que dicha norma no había entrado en
vigor, pues el fallecimiento ocurrió el 23 de junio de 1995.
2.4. Recurso de apelación6
31. El apoderado la demandante presentó escrito de disenso donde solicitó
revocar la sentencia de primera instancia y acceder a las pretensiones
formuladas.
32. Para tal efecto indicó que la muerte del causante ocurrió unos pocos días
antes de que entrara en vigor la Ley 100 de 1993 en el orden territorial, sin
embargo, el sistema general de seguridad social ya se encontraba en vigencia
desde el 1.° de abril de 1994.
33. Además, en este caso ocurrió el homicidio del causante en su lugar de
trabajo, que dejó desprotegida a su familia, a su esposa y a sus hijas, que
dependían económicamente de él, lo cual fue independiente de su voluntad.
34. Precisó que el artículo 288 de la Ley 100 de 1993 establece la aplicación de
cualquier norma que esté contenida en esa ley y que se estime favorable y en
este caso no se puede desconocer que la Ley 33 de 1985 no contempla el
beneficio que consagra la Ley 100 de 1993 en su artículo 46.
35. Al momento del deceso del causante ya se encontraba vigente el régimen
6 Folios 215 y s.s.
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general de pensiones en el orden nacional y no en el territorial, razón por la cual
se incurre en una discriminación contraria a los principios que fundamentan el
Estado social de Derecho, entre ellos el de la igualdad y el acceso a la seguridad
social de la demandante.
36. Se debe tener en cuenta el principio de la equidad, que fue analizado por el
Consejo de Estado en sentencia de 13 de julio de 2006, dentro del proceso
73001233100020020072001, con ponencia de la consejera Ana Margarita Olaya
Forero, que se refiere a la aplicación del principio pro operario del artículo 230
superior.
37. Finalmente, reclamó que, si bien el caso es novedoso y normativamente no
ha sido regulado, esto no da lugar a dejar sin protección a la demandante, pues
se ve comprometido su derecho a la seguridad social, el mínimo vital y a la
dignidad humana.
2.5. Alegatos de segunda instancia
38. En esta oportunidad tanto las partes como el agente del Ministerio Público
guardaron silencio.
39. Como no se observa causal que invalide lo actuado, la Sala de Subsección
procede a decidir previas las siguientes
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
40. Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 7 de la Ley 1437 de 2011.
41. De conformidad con el artículo 328 del Código General del Proceso, la
competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos
expuestos por la apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan
apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.
7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. […]».
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42. En el asunto objeto de estudio la demandante es apelante única, por lo que
la competencia de la Sala de Subsección se encuentra limitada a lo expuesto en
el recurso de apelación.
3.2. Problema jurídico
43. De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto le corresponde a la Sala
determinar ¿si la señora Carmen Rosa Cañas Lopera cumple con los requisitos
establecidos para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes respecto de su
cónyuge Arcadio de Jesús Villa Marín, conforme a los lineamientos del artículo
47 de la Ley 100 de 1993?
44. Con ese propósito, la Sala se referirá al marco normativo y jurisprudencial y
se establecerá si le asiste razón a la apelante quien pretende se revoque la
decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.
3.3. Marco normativo y jurisprudencial aplicable.
3.3.1. De la pensión de sobrevivientes
45. Esta Sala de Subsección8 ha aclarado que si bien la pensión de
sobrevivientes y la sustitución pensional tienen por finalidad evitar que los
beneficiarios de un trabajador fallecido carezcan del apoyo económico que éste
les brindaba; la sustitución pensional es aquella prestación que se le otorga al
núcleo familiar de un pensionado que fallece o del afiliado que cumple con los
requisitos legalmente exigibles para pensionarse y fallece, en tanto que la
pensión de sobrevivientes es aquella prestación que se le otorga al núcleo
familiar del afiliado no pensionado, que fallece sin cumplir con los requisitos
mínimos para obtener la pensión9.
46. En materia de sustitución pensional los artículos 36 y 39 del Decreto 3135 de
196810, así como los artículos 80 y 92 del Decreto 1848 de 196911 consagraron
la posibilidad de trasmitir el derecho jubilatorio a favor de los beneficiarios del
causante únicamente en dos eventos, a saber: (i) cuando fallece el empleado
público en goce de pensión y (ii) cuando el empleado público muere con derecho
a pensión sin que en efecto se haya efectuado el reconocimiento. Esto con el
siguiente tenor:
«Decreto 3135 de 1968.
Artículo 36. Al fallecimiento de un empleado público o trabajador oficial con
derecho a pensión de jubilación, sus beneficiarios, en el orden y proporción
8 Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A. Sentencia de 9 de noviembre de 2017. Consejero
Ponente: William Hernández Gómez.
9 Sentencia T-564 de 2015.
10 «Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula
el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales.»
11 «Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968».
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señalados en el artículo 34, tienen derecho a recibir de la respectiva entidad de
previsión la pensión que le hubiere correspondido durante dos (2) años, sin
perjuicio de las prestaciones anteriores.
[…]
Artículo 39. Sustitución de Pensión. Fallecido un empleado público o trabajador
oficial en goce de pensión de jubilación, invalidez o vejez, su cónyuge y sus hijos
menores de 18 años o incapacitados para trabajar por razón de sus estudios o
por invalidez, que dependieren económicamente de él, tendrán derecho a percibir
la respectiva pensión durante los dos años subsiguientes. Decreto Reglamentario
1848 de 1969.
[…]
Artículo 80. Fallecimiento del empleado con derecho a pensión. Cuando fallezca
un empleado oficial que hubiere causado en su favor el derecho a pensión de
jubilación, por reunir los requisitos legales, sin haberla hecho efectiva en vida,
ese derecho se transmite a las personas señaladas en el Artículo 92 de este
Decreto , para el solo efecto de recibir de la entidad obligada el pago de la pensión
que le hubiere correspondido al causante, durante los dos (2) años a que se
refiere la citada norma legal.
[…]
Artículo 92. Transmisión de la Pensión. Cuando fallezca el pensionado por
invalidez, jubilación o retiro por vejez, su cónyuge y sus hijos menores de
dieciocho (18) años o incapacitados para trabajar por razón de estudios o por
invalidez, que dependieren económicamente del causante, tendrán derecho a
percibir la respectiva pensión durante los dos (2) años subsiguientes al
fallecimiento del pensionado. […]».
47. Luego, en materia de sustitución pensional se expidió la Ley 33 de 1973 12, la
cual señaló que para que se diera la sustitución pensional, el trabajador particular
o el empleado o trabajador del sector público, debía estar pensionado o al
momento de su fallecimiento tener el derecho a pensión de jubilación, invalidez
o vejez.
«Artículo 1°. Fallecido el particular pensionado o con derecho a pensión de jubilación,
invalidez o vejez, o un empleado o trabajador del sector público, sea este oficial o
semioficial con el mismo derecho, su viuda podrá reclamar la respectiva pensión en forma
vitalicia.
[…]
Parágrafo 2°. A las viudas que se encuentren en la actualidad disfrutando, o tengan
derecho causado a disfrutar, de los cinco (5) años de sustitución de la pensión, les queda
prorrogado su derecho dentro de los términos de esta Ley.»
48. La Ley 12 de 197513 solo exigió que el trabajador o empleado haya
completado el tiempo de servicio, de manera que, si fallecía antes de cumplir la
edad cronológica para tener derecho a la pensión de jubilación, había lugar a la
sustitución pensional, así:
«Artículo 1° El cónyuge supérstite, o la compañera permanente, de un trabajador
particular o de un empleado o trabajador del sector público y sus hijos menores
o inválidos, tendrán derecho a la pensión de jubilación del otro cónyuge si este
falleciere antes de cumplir la edad cronológica para esta prestación, pero que
12 «Por el cual se transforman en vitalicia las pensiones de las viudas.»
13 «[P]or la cual se dictan algunas disposiciones sobre régimen de pensiones de jubilación».
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hubiere completado el tiempo de servicio consagrado para ella en la Ley o en
convenciones colectivas».
49. Por lo anterior, en principio el derecho a la sustitución pensional solo surgía
para los beneficiarios de un empleado público cuando a la fecha de su
fallecimiento éste había perfeccionado o consolidado completamente el derecho
jubilatorio; solo con posterioridad el Legislador lo extendió para los casos en los
que el empleado público hubiese logrado el tiempo de servicios sin reunir o
completar la edad pensional, con el fin de amparar con tal medida el derecho de
la familia del mismo, que por la contingencia de muerte no logró consolidar
plenamente su derecho pensional.
50. Luego, a través de la Ley 100 de 1993, el legislador organizó el sistema de
seguridad social integral, en lo que tiene que ver con el régimen de pensiones,
cuyo su objetivo fue garantizar a la población el amparo contra las eventualidades
derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las
pensiones y prestaciones que se determinan en la citada ley.
51. En este sentido, se tiene que el sistema de que trataba la Ley 12 de 1975,
artículo 1.º, fue derogado de manera tácita por el señalado en los artículos 46 a
49 y 73 a 78 de la Ley 100 de 1993, establecido con la finalidad de atender la
contingencia derivada de la muerte, donde el legislador previó a las denominadas
pensión de sobrevivientes y la sustitución pensional, para suplir la ausencia
repentina del apoyo económico que brindaba el afiliado al grupo familiar y, por
ende, evitar que su deceso se traduzca en un cambio sustancial de las
condiciones mínimas de subsistencia de las personas beneficiarias de dicha
prestación. Es decir, que su reconocimiento se fundamenta en normas de
carácter público y constituye un desarrollo del principio de solidaridad.
52. De conformidad con los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 199314, tendrán
derecho a la sustitución pensional, los miembros del grupo familiar del
pensionado por vejez que fallezca o del afiliado que se encuentre cotizando al
sistema y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas al momento de
la muerte, preceptiva anterior a la modificación establecida por la Ley 797 de
2003, esto con el siguiente tenor:
«ARTICULO 46.Requisitos para obtener la Pensión de Sobrevivientes. Tendrán
derecho a la pensión de sobrevivientes:
1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez, o invalidez por
riesgo común, que fallezca, y
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre que éste
hubiere cumplido alguno de los siguientes requisitos:
14 Posteriormente fueron modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, pero ello no se
incluirá en este análisis, dado que la muerte del causante ocurrió en 1995.
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a) Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo
menos veintiséis (26) semanas al momento de la muerte;
b) Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante
por lo menos 26 semanas del año inmediatamente anterior al momento en que
se produzca la muerte.
PARÁGRAFO. Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el
presente artículo se tendrá en cuenta lo dispuesto en los parágrafos del artículo
33 de la presente Ley.»
53. Se advierte igualmente del artículo 47 de la norma en mención, tres grupos
de beneficiarios excluyentes entre sí, toda vez que a falta de uno lo sucederá el
otro, así: (i) cónyuge o compañera permanente e hijos con derecho; (ii) padres
con derecho; y (iii) hermanos con derecho. Esto en los siguientes términos,
previo a la modificación introducida por la Ley 797 de 2003:
« ARTICULO 47.Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de
la pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite.
En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el
cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que
estuvo haciendo vida marital con el causante por lo menos desde el momento en que
éste cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez o invalidez,
y hasta su muerte, y haya convivido con el fallecido no menos de dos (2) años
continuos con anterioridad a su muerte, salvo que haya procreado uno o más hijos
con el pensionado fallecido;
b) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años,
incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían
económicamente del causante al momento de su muerte; y, los hijos inválidos si
dependían económicamente del causante, mientras subsistan las condiciones de
invalidez;
c) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho,
serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de éste;
d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho,
serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de forma
total y absoluta de este;
54. La Ley 797 de 2003, introdujo modificaciones sobre los aludidos grupos de
beneficiarios15, sobre los cuales, además, la jurisprudencia no ha sido pacífica
15«Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de
sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando
dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que
la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero
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cuando concurren en la reclamación prestacional la (el) compañera (o)
permanente y el cónyuge supérstite, por lo que ha distinguido los efectos jurídicos
que se generan cuando: (i) existe convivencia simultánea, (ii) cuando hay
separación de hecho, (iii) cuando no existe sociedad conyugal vigente y (iv)
cuando se ha efectuado la disolución de la sociedad conyugal con y sin
convivencia simultánea.
55. Sin embargo, no se ahondará en cada caso dado que a este juicio compareció
únicamente la señora Carmen Rosa Cañas Lopera, quien alega ser la cónyuge
supérstite del señor Arcadio de Jesús Villa Marín con quien convivió desde su
matrimonio católico desde el 7 de abril de 1980 hasta la fecha de su deceso, el
23 de junio de 1995.
56. Finalmente es de anotar que el sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993, entró a regir a partir del 1.° de abril de 1994. Sin embargo, su
funcionamiento se pospuso, para los servidores públicos del nivel departamental,
distrital y municipal, hasta el 30 de junio de 1995 (artículo 151 ibidem y 2 del
Decreto 1296 de 1994).
permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte
y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte;
b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho
beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado
hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima
de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo
a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).
Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con sociedad anterior
conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente
artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.
En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un
cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de
sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión
conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una
cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el
causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante.
La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente;
c) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para
trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte,
siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes y cumplan con el mínimo de
condiciones académicas que establezca el Gobierno; y, los hijos inválidos si dependían económicamente
del causante, esto es, que no tienen ingresos adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez.
Para determinar cuando hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993;
d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los
padres del causante si dependían económicamente de forma total y absoluta de este;
e) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con derecho, serán beneficiarios
los hermanos inválidos del causante si dependían económicamente de éste.
Parágrafo. Para efectos de este artículo se requerirá que el vínculo entre el padre, el hijo o el hermano
inválido sea el establecido en el Código Civil. » Declarada inexequible la expresión del (literal c) por
sentencia de la Corte Constitucional C-1094 de 2003
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3.3. Caso concreto.
57. Ahora bien, establecido lo anterior, se analizarán las pruebas allegadas al
proceso, a efectos de verificar si le asiste razón a la apelante quien señaló que
en este caso debe aplicarse la Ley 100 de 1993 para efectos del reconocimiento
de la pensión de sobrevivientes, norma que se encontraba vigente para el sector
nacional al momento del fallecimiento del causante.
3.3.1. Análisis del caso concreto
➢ De la demandante y su vínculo matrimonial con el causante.
• La señora Carmen Rosa Cañas Lopera nació el 9 de septiembre de 1944
por lo que actualmente tiene más de 78 años de edad 16. Por su parte el
señor Arcadio de Jesús Villa Marín nació el 16 de mayo de 1942 17, con lo
que al momento de su fallecimiento contaba con 53 años.
• A folio 10 del expediente se allegó copia de la partida de matrimonio
expedida por el Arquidiócesis de Medellín según la cual la señora Carmen
Rosa Cañas Lopera y el señor Arcadio de Jesús Villa Marín contrajeron
matrimonio católico el 7 de abril de 1980. A folio 11 obra copia del registro
civil de matrimonio donde se reitera la fecha mencionada.
• Se aportó copia de las declaraciones extrajuicio18 rendidas por las señoras
María Bernarda Londoño Restrepo y María Berli Arango González,
rendidas el 5 de octubre de 2015 ante la Notaría Primera del Círculo de
Yarumal (f. 33) quienes indicaron que les constaba que el causante
estuvo casado con la señora Carmen Rosa Cañas Lopera por el rito
católico y que lo conocieron así más o menos 20 años hasta el momento
de su fallecimiento que ocurrió en forma violenta el 23 de «Julio» de 1995
en el corregimiento de El Doce» del municipio de Tarazá.
Igualmente señalaron que fruto de esa unión procrearon a las menores
Lady Viviana Villa Cañas y Luz Eugenia Villa Cañas; además señalaron
que el causante no tenía hijos adoptivos ni extramatrimoniales ni existían
otras personas con igual o mejor derecho para reclamar.
➢ Historia laboral del causante.
• Según certificado de 10 de septiembre de 2014 expedido por la
Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional de la
16 Según copia de la cédula visible a folio 7.
17 Así se indica en la copia de la cédula de ciudadanía allegada a folio 12.
18 Visibles a folios 33 y vto.
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Gobernación del Departamento de Antioquia, se tiene que el señor
Arcadio de Jesús Villa Marín laboró para ese ente territorial, así:
«Del 13 de mayo de 1977 al 30 de junio de 1978, laboró como Inspector
de Policía (Empleado Público) en Ochalí - Yarumal, en la secretaría de
Gobierno.
Del 20 de enero de 1981 al 10 de julio de 1981, laboró como Inspector de
Policía (Empleado Público) en El Socorro - Sabanalarga, en la Secretaría
de Gobierno.
Del 23 de septiembre de 1981 al 09 de agosto de 1982, laboró como
Alcalde (Empleado Público) en el Municipio de Argelia, en la Secretaría
de Gobierno.
Del 07 de mayo de 1993 al 22 de junio de 1995, laboró como Secretario
de Inspección (Empleado Público), de El Doce -Taraza, asignado a la
División de Inspecciones y Control, adscrito a la Secretaría de Gobierno.
[…]».
• Según certificado de información laboral visible a folio 26 se tiene que
el demandante fue afiliado a Pensiones de Antioquia durante su
vinculación al departamento.
• Conforme con certificado que obra a folio 30 también laboró en el
municipio de Yarumal desde el 12 de enero de 1989 y hasta el 28 de
julio de ese año.
• Igualmente, de acuerdo con certificación de 24 de abril de 2013
suscrita por la auxiliar administrativa del municipio de Tarazá se
desempeñó por contrato de prestación de servicios de la siguiente
manera (sic para toda la cita):
«[…]
Que revisados cuidadosamente los libros que reposan en el archivo
municipal, se encontró la siguiente información del señor: ARCADIO DE
JESUS VILLA MARIN, identificado con la cedula de ciudadanía número
3.504.569 expedida en Ituango Antioquia presto sus servicio de este ente
municipal mediante contrato de prestación de servicios en los siguientes años
desde el 03 de Julio hasta 30 de Agosto 1984 se desempeñaba como
Guardián de la Cárcel con cuotas mensuales de pago $15.000 y del 27 de
Enero hasta el 03 de agosto 1985 se desempeñaba como Guardián de la
Cárcel Municipal con cuotas mensuales de pago $17.000 y del 14 de julio
hasta el 03 de agosto del 1987 se desempeñaba como guardián de la cárcel
con cuotas mensuales de pago de $27.500 y del 09 de mayo hasta el 24 de
septiembre de 1988 se desempeñaba trabajador del matadero con cuotas
mensuales de pago de $17.200 y del 05 de agosto hasta el 31 de diciembre
1991 se desempeñaba como citador con cuotas mensuales de pago $70.000
y del 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 1992 se desempeñaba como
guardián de la cárcel con cuotas mensuales de pago de $90.330 y del 01 de
enero hasta 28 de febrero 1993 se desempeñó como celador del palacio con
cuotas mensuales de pago de $100.000.»
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➢ Del deceso del causante.
A folio 14 del expediente se allegó copia del registro civil de defunción del
señor Arcadio de Jesús Villa Marín según el cual su fallecimiento acaeció
el día 23 de junio de 1995 en el municipio de Tarazá -Antioquia.
➢ Iter administrativo:
• La demandante solicitó el 24 de septiembre de 2014 ante el
departamento de Antioquia, el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes19.
• Por Resolución 129911 de 27 de octubre de 201420 suscrita por el director
administrativo del departamento, se le negó su solicitud con base en que
(i) la muerte del señor Villa Marín ocurrió el 23 de junio de 1995, antes de
entrar en vigencia la Ley 100 de 1993; (ii) al entrar en vigencia el sistema
general de riesgos profesionales se presentó la derogatoria del seguro por
muerte y (iii) la entidad responsable del reconocimiento pensional era el
Fondo de Pensiones de Antioquia al cual se encontraba afiliado el
causante.
• A través de las Resoluciones 136604 de 18 de diciembre de 201421 y
S201500003767 del 11 de febrero de 201522 se resolvieron los recursos
de reposición y apelación interpuestos por la accionante en los cuales se
mantuvieron los razonamientos inicialmente indicados frente a la
imposibilidad de aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993.
• El 20 de octubre de 2015, la señora Cañas Lopera a través de apoderado
solicitó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes ante el Fondo
de Pensiones de Antioquia23.
• Por Resolución 2015030640 de 17 de diciembre de 201524, el Fondo de
Pensiones de Antioquia le negó a la solicitante el reconocimiento
pensional con base en que el demandante al momento de su muerte no
había acreditado 20 años de servicios como lo exige la Ley 33 de 1985,
norma que consideró aplicable al caso. Esto dado que solo acreditó 5 años
y 60 días.
• Al resolver el recurso de reposición, por Resolución 2016030145 de 16 de
marzo de 201625 el Fondo de Pensiones de Antioquia confirmó la decisión
inicial.
19 Asi se indica a folio 34.
20 Folios 34 y s.s.
21 Folio 37 – 39.
22 Folios 39 y s.s.
23 cómo se indica a folio 43 en la resolución 1503064 del 17 de diciembre de 2015.
24 Folios 43 y s.s.
25 Folios 45 a 46.
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3.5. Análisis de la Sala
58. En el presente asunto, la Sala confirmará la decisión de primera instancia,
por las siguientes razones:
59. En primer lugar, debe recordarse que la señora Carmen Rosa Cañas Lopera
solicita la aplicación a los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993 toda vez que
dicha norma se encontraba vigente y regía para el orden nacional al momento
del deceso del señor Arcadio de Jesús Villa Marín.
60. En este caso estima la Sala que si bien la Ley 100 de 1993 había entrado en
vigencia en el sector nacional, no así en el territorial , toda vez que el legislador
creó un escenario donde para los empleados del orden territorial, desde 1.° de
abril de 1994 a 30 de junio de 1995, les continuaron aplicado las disposiciones
anteriores referentes a la pensión de sobrevivientes que les exigieron 20 años de
servicios mientras que para los empleados del orden nacional entraron a regir los
artículos 46 y 47 de la Ley 100.
61. Estima la Sala que, en este caso de manera notable se genera una condición
más favorable en el citado interregno para los servidores del orden nacional, no
obstante, es evidente que la norma cuya aplicación se solicita no había entrado
en vigencia por expresa disposición normativa, situación que no puede
desconocer la Sala según la reiterada línea de esta Corporación, sobre el tema,
a partir de la sentencia de 25 de abril de 2013, dictada dentro del proceso
76001233100020070161101, donde se indicó que el derecho a la pensión de
sobrevivientes se causa al momento del fallecimiento del pensionado.
62. Inclusive esta Corporación, en un caso similar, en sentencia de 27 de
noviembre de 2020, dictada26 por la Subsección B de la Sección Segunda, dentro
del proceso radicado 05001-23-33-000-2014-01874-01 (1691-2018), precisó que
no había lugar a la aplicación de la Ley 100 de 1993, porque para la fecha del
deceso del causante no había entrado en vigencia la norma en mención en el
sector territorial:
« Así las cosas, en lo atañedero a la norma que debe aplicarse a la situación de
la demandante, esta Sala advierte que su derecho se consolidó al momento del
deceso del señor Jaime Urbino Rodríguez, lo que sucedió el 22 de enero de 1995,
momento para el cual aún no había entrado en vigor la Ley 100 de 1995 para los
servidores públicos de las entidades territoriales, sino que la norma vigente era
la Ley 12 de 1975, que fue precisamente la tomada en consideración por la
Administración con el fin de concluir, para ese entonces, que no era dable
reconocer la pensión de sobrevivientes a la demandante.
Cabe recordar que la retrospectividad normativa comporta la aplicación inmediata
de una ley promulgada con posterioridad a situaciones jurídicas en proceso de
consolidación, lo que no acontece en el asunto sub examine, en la medida en
26 Con ponencia del consejero Carmelo Perdomo Cueter.
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que el fallecimiento del señor Urbino Rodríguez fue el 22 de enero de 1995, fecha
en la que se consolidó el derecho a la pensión de sobrevivientes, en caso de
haber colmado las exigencia de ley, lo que, como se indicó en precedencia, no
ocurrió, habida cuenta de que el causante solo cumplió con 14 años y 122 días
de los 20 exigidos para el reconocimiento de la pensión de jubilación.
En tal sentido, esta Sala advierte que la decisión adoptada por el a quo está
ajustada a derecho y, por tanto, no es dable acceder a las pretensiones de la
demanda, en la medida en que el principio de favorabilidad solo puede analizarse
cuando existen dos normas o una con diferentes interpretaciones, siempre y
cuando todas estén vigentes, y el de retrospectividad, cuando la situación no se
haya consolidado, lo que no ocurre en el caso sub judice, por cuanto la Ley 100
de 1993 (respecto de la que solicita aplicación) no regía para el momento del
deceso del señor Jaime Urbino Rodríguez (22 de enero de 1995), pues no puede
olvidarse que ella entró en vigor para los servidores públicos de las entidades
territoriales el 30 de junio de 1995.
[…]».
63. Esta tesis ha sido reiterada por la Corte Suprema de Justicia entre otras, en
las siguientes sentencias de la Sala de Casación Laboral: de 17 de abril de 2012,
dentro del proceso radicado 42488; SL6708-2016 de 20 de abril de 2016 radicado
43171 y SL494-2022 de 22 de febrero de 2022, radicado 81414.
64. Como se advierte, las reglas establecidas en la Ley 100 de 1993 no se
encontraban vigentes aun para los empleados del sector territorial a momento en
que ocurrió el deceso del señor Villa Marín, por lo que no es viable acceder al
reconocimiento deprecado en los términos señalados en la demanda.
65. Por ende la norma vigente al momento del deceso del causante era la Ley 12
de 197527 que exigió para la sustitución pensional que el trabajador o empleado
haya completado el tiempo de servicio, en caso del fallecimiento antes de cumplir
la edad cronológica para tener derecho a la pensión de jubilación, escenario que
no se advierte en el sub lite pues el causante solo acreditó 5 años y 2 meses de
servicios.
68. Finalmente valga señalar que tampoco obran en el proceso constancia de
afiliación del causante al Instituto de Seguros Sociales con miras a establecer si
en su caso es posible dar aplicación a las pautas del Acuerdo 049 de 1990 « por
el cual se expide el Reglamento General del Seguro Social Obligatorio de
Invalidez, Vejez y Muerte».
66. Por las anteriores razones de confirmará la decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia que negó las pretensiones de la demanda dentro del
proceso de la referencia.
27 «[P]or la cual se dictan algunas disposiciones sobre régimen de pensiones de jubilación».
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3.6. De la condena en costas en segunda instancia
67. En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas
comoquiera que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección
realizaba una valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar
en costas, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080
de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la conducta de las partes
en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica, por lo que en esos
términos al hacer extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, de la revisión
de los argumentos presentados por la parte accionante, no puede observarse
dicha situación, contrario a ello, se observa que se sustentaron las razones en
defensa jurídica de sus intereses y, por ende, no se condenará en costas.
68. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia del 18 de mayo de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda
interpuesta por Carmen Rosa Cañas Lopera en contra del departamento de
Antioquia y el Fondo de Pensiones de Antioquia, por las razones expuestas en
esta providencia.
SEGUNDO.- SIN CONDENA en costas de ambas instancias, según las
consideraciones expresadas en este fallo.
TERCERO.- Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI». y en
esta providencia se decide el fondo del asunto.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.
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