Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2018-00702-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2018-00702-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2018-00702-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
17 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001 23 33 000 2018 00702 01 (7769–2023)
Demandante: Berta Toloza Carrero (q.e.p.d.)1 y Jaime Enrique Mercado
Mendoza.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea
Colombiana
Temas: Reconocimiento pensión de sobrevivientes prevista en la Ley
447 de 1998. Muerte de soldado regular en accidente en misión
del servicio. Aplicación del régimen general de la Ley 100 de
1993. Requisito de semanas y dependencia económica de los
padres.
Decisión: Confirmar sentencia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante contra la sentencia proferida el 27 de enero de 2023 por
el Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las súplicas de la demanda.
I. ANTECEDENTES2
1.1. Pretensiones3
2. Los señores Jaime Enrique Mercado Mendoza y Berta Toloza Carrero, en calidad
de padres del soldado regular Jhoan Enrique Mercado Toloza (q.e.p.d.), solicitaron
la nulidad de la Resolución 3876 del 20 de octubre de 2017, expedida por la
Dirección Administrativa del Ministerio de Defensa Nacional, «por medio de la cual
se resuelve una solicitud de sobreviviente, con fundamento en el expediente MDN
N.º 2827 de 2017», y de la Resolución 0062 del 18 de enero de 2018, que resolvió
el recurso de reposición interpuesto contra aquella.
3. A título de restablecimiento del derecho, que se ordenara a la entidad demandada
reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes establecida en el artículo 1.º de la
Ley 447 de 1998, por la muerte de su hijo, quien falleció en servicio activo realizando
1 Durante el trámite de primera instancia se reconoció a Jaime Enrique Mercado Toloza como sucesor procesal de la senora
Berta Toloza Carrero, con ocasión de su fallecimiento.
2
Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede Electrónica de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo – SAMAI.
3
Expediente digital de primera instancia visible en el archivo
7_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_INCORPORA_001DEMANDA.pdf
w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 1
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 08001 23 33 000 2018 00702 01 (7769–2023)
Demandante: Berta Toloza Carrero y otro
labores de conservación del orden público como soldado de la Fuerza Aérea
Colombiana. Así mismo, solicitaron el pago de los retroactivos de esa prestación
desde el 27 de agosto de 2009, debidamente indexados; el pago de intereses
moratorios y el cumplimiento de la sentencia en los términos del CPACA.
1.2. Hechos
4. El señor Jhoan Enrique Mercado Toloza ingresó el 3 de diciembre de 2008 a
prestar servicio militar obligatorio como soldado regular de la Fuerza Aérea
Colombiana, adscrito al Comando Aéreo de Combate No. 3, ubicado en Malambo,
Atlántico. El 21 de agosto de 2009, mientras se encontraba patrullando en
inmediaciones del aeropuerto de Soledad, fue herido por el accionamiento
accidental del arma de dotación de uno de sus compañeros, razón por la cual fue
trasladado a la Clínica General del Norte de Barranquilla, donde falleció el 27 de
agosto de 2009. Según el informe administrativo por muerte No. 024-CONCAM-3
del 6 de octubre de 2009, el deceso fue calificado como “muerte en servicio activo,
causada por accidente en misión del servicio”.
5. Los señores Jaime Enrique Mercado Mendoza y Berta Toloza Carrero, en calidad
de padres del causante, solicitaron ante el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza
Aérea Colombiana el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes con
fundamento en la Ley 447 de 1998, junto con los retroactivos causados desde la
fecha del fallecimiento, la cual fue resuelta mediante los actos administrativos
demandados.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
6. Citó como vulnerados los artículos 4, 13, 29, 48, 51 y 53 de la Constitución
Política, el artículo 8 del Decreto 2728 de 1968, el Decreto 1211 de 1990, la Ley 447
de 1998, la Ley 100 de 1993 y el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo.
7. Sostuvo que los actos administrativos demandados desconocieron el artículo
1.º de la Ley 447 de 1998, pues negaron el reconocimiento de la pensión reclamada
allí prevista bajo el argumento de que el soldado regular Jhoan Enrique Mercado
Toloza no falleció en combate ni por acción del enemigo, sino por accidente en
misión del servicio.
8. Indicó que dicha interpretación es restrictiva y contraria a los principios
constitucionales de igualdad, seguridad social y favorabilidad, toda vez que, a su
juicio, el causante murió en servicio activo mientras realizaba labores de
conservación del orden público como soldado de la Fuerza Aérea Colombiana, aun
cuando el deceso se produjo por el accionamiento accidental del arma de dotación
de uno de sus compañeros.
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Demandante: Berta Toloza Carrero y otro
1.3. Contestación de la demanda4
9. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana
se opuso a las pretensiones de la demanda, al considerar que los actos
administrativos acusados fueron expedidos conforme a derecho y se encuentran
amparados por la presunción de legalidad. Sostuvo que el régimen aplicable al caso
es el previsto en el artículo 8.º del Decreto 2728 de 1968, norma que no contempla
el reconocimiento de pensión de sobrevivientes para los beneficiarios de soldados
fallecidos en misión del servicio, sino una compensación por muerte equivalente a
36 meses del sueldo básico de un cabo segundo o marinero.
10. Indicó que, según el informe administrativo por muerte No. 024 del 6 de
octubre de 2009, el deceso del soldado regular Jhoan Enrique Mercado Toloza
ocurrió por accidente en misión del servicio, razón por la cual no resultaba aplicable
la Ley 447 de 1998, pues dicha norma exige que la muerte se produzca en combate,
como consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto internacional o
participando en operaciones de conservación o restablecimiento del orden público.
También señaló que no se cumplen los presupuestos del Decreto 1211 de 1990, del
Decreto 4433 de 2004 ni del régimen general de la Ley 100 de 1993.
11. Agregó que, en todo caso, los demandantes no acreditaron la dependencia
económica respecto del causante y que, por tratarse de la prestación del servicio
militar obligatorio, no existió una relación laboral ni aportes al sistema pensional.
Finalmente, propuso las excepciones de prescripción de las mesadas y
compensación, esta última frente a las sumas pagadas por la muerte del soldado
mediante la Resolución 1328 del 22 de diciembre de 2009.
1.4. Sentencia de primera instancia5
12. El Tribunal Administrativo del Atlántico mediante sentencia del 27 de enero
de 2023, negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas.
13. Para resolver el asunto, precisó que el señor Jhoan Enrique Mercado Toloza
prestó servicio militar obligatorio como soldado regular de la Fuerza Aérea
Colombiana desde el 3 de diciembre de 2008 hasta el 27 de agosto de 2009, fecha
en la que falleció en un accidente en misión del servicio. A partir de esa calificación,
el Tribunal consideró que no era procedente extender la pensión de sobrevivientes
prevista en la Ley 447 de 1998, ni las disposiciones del Decreto 4433 de 2004, y
acudió a las reglas fijadas por la Sección Segunda para los beneficiarios de
conscriptos fallecidos en actividad, bajo el régimen general de la Ley 100 de 1993.
14. Sobre el particular, indicó que el causante completó 34 semanas de servicio
y que no tenía cónyuge ni hijos, por lo que sus padres estaban habilitados para
reclamar; sin embargo, concluyó que no se demostró la dependencia económica
exigida para el reconocimiento pensional.
4 Visible en el archivo 15_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_INCORPORA_009CONTESTACIONDD.pdf del
expediente digital de primera instancia
5 Visible en el archivo 41_SENTENCIA.pdf del expediente digital de primera instancia
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15. En ese sentido, sostuvo que de las pruebas documentales y testimoniales no
se acreditó que el causante hubiera brindado apoyo económico a sus padres, ni que
antes o durante la prestación del servicio militar hubiera percibido ingresos o
realizado aportes a su núcleo familiar. Por ello, consideró que, aunque el causante
cumplía las exigencias del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, los demandantes no
tenían derecho a la pensión de sobrevivientes por falta de acreditación de la
dependencia económica.
1.5. Recurso de apelación6
16. Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso recurso de
apelación con el fin de que se revoque la sentencia, y en su lugar, se acceda a las
pretensiones. Arguyó que el Tribunal erró al analizar el asunto bajo las reglas de la
pensión de sobrevivientes del régimen general de la Ley 100 de 1993, pues desde
la reclamación administrativa y en la demanda se solicitó la pensión de
sobrevivientes regulada en la Ley 447 de 1998. Indicó que ambas prestaciones
tienen requisitos distintos y que, a diferencia de la pensión de sobrevivientes, la
prestación especial reclamada no exige acreditar dependencia económica de los
padres respecto del causante.
17. Afirmaron que el soldado regular Jhoan Enrique Mercado Toloza falleció en
servicio activo mientras realizaba labores de conservación del orden público, de
manera que sus padres eran beneficiarios de dicha prestación. Por ello insistió en
que debía inaplicarse el artículo 8.º del Decreto 2728 de 1968 e interpretarse el
artículo 1.º de la Ley 447 de 1998 conforme a los principios de igualdad,
favorabilidad y supremacía constitucional.
1.6. Trámite correspondiente a la segunda instancia
18. Mediante auto de 2 de febrero de 2024, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante7. No hubo intervenciones en esta instancia.
19. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y sin que la
Corporación observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
20. De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo8, el Consejo de Estado es competente para resolver
el recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso9, la competencia del
juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante.
6
Visible en el archivo 044_AGREGARMEMORIAL_RECURSO DE APELACION-PARTE DEMANDANTE.pdf del expediente
digital de primera instancia
7
Visible en el índice 4 del aplicativo SAMAI
8
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
9
«Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos
por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»
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2.2. Del problema jurídico
21. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si a los señores Jaime
Enrique Mercado Mendoza y Berta Toloza Carrero en calidad de padres del soldado
regular Jhoan Enrique Mercado Toloza (q.e.p.d.), les asiste el derecho al
reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes con fundamento en la Ley
447 de 1998, previa inaplicación del artículo 8. ° del Decreto 2728 de 1968; o si, por
el contrario, acertó el Tribunal al descartar la aplicación de dicha normativa y
analizar la eventual procedencia de la pensión de sobrevivientes bajo el régimen
general de la Ley 100 de 1993, en aplicación del principio de favorabilidad.
2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto
2.3.1. Sobre la pensión de sobrevivientes en el régimen especial de la fuerza
pública – servicio militar obligatorio
22. De conformidad con el artículo 3 de la Ley 131 de 198510, las personas que
ingresen al servicio militar voluntario estarían sometidas “al Código de Justicia Penal
Militar, al Reglamento de Régimen Disciplinario, al Régimen Prestacional y a las
normas relativas a la capacidad psicofísica, incapacidades, invalideces e
indemnizaciones para los soldados de las Fuerzas Militares y los reglamentos
especiales que se expidan para el desarrollo de esta Ley.” Así mismo, el artículo 1
de la norma en cita señala que la disposición entró en vigencia “sin perjuicio de las
disposiciones vigentes que regulan el servicio militar obligatorio.”
23. Así las cosas, para el momento en que se expidió la Ley 131 de 1985, se
encontraba vigente el Decreto 2728 de 196811, que en su artículo 8 estableció las
siguientes prestaciones de carácter económico a favor de los beneficiarios de
aquellos soldados o grumetes que mueren en servicio activo:
«Artículo 8. El Soldado o Grumete en servicio activo, que fallezca por causa de heridas
o accidente aéreo en combate o por acción directa del enemigo, bien sea en conflicto
internacional o en mantenimiento del orden público, será ascendido en forma póstuma
al grado de Cabo Segundo o Marinero y sus beneficiarios tendrán derecho al
reconocimiento y pago de cuarenta y ocho (48) meses de los haberes correspondientes
a dicho grado y el pago doble de la cesantía.
A la muerte del Soldado o Grumete en servicio activo, causada por accidente en misión
del servicio, sus beneficiarios tendrán derecho al reconocimiento y pago de treinta y seis
(36) meses del sueldo básico que en todo tiempo corresponda a un Cabo Segundo o
Marinero.
A la muerte de un Soldado o Grumete en servicio activo o por causas diferentes a las
enunciadas anteriores a sus beneficiarios tendrá derecho al reconocimiento y pago de
veinticuatro (24) meses de sueldo básico que en todo tiempo corresponda a un Cabo
Segundo o Marinero».
24. Como se ve la norma en cita clasificó la muerte en servicio y las prestaciones a
reconocer, así12:
10
Por la cual se dictan normas sobre servicio militar voluntario
11
Por el cual se modifica el régimen de prestaciones sociales por retiro o fallecimiento del personal de Soldados y Grumetes
de las Fuerzas Militares
12
Sentencia de unificación del 12 de abril de 2018 de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado, identificada con el
radicado No. 81001-23-33-000-2014-00012-01(1321-15) SUJ-010-S2
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Muerte en Muerte ocurrida en combate o como 1. Ascenso en forma póstuma al grado
combate consecuencia de la acción de de cabo segundo o marinero
enemigo, bien sea en conflicto 2. Reconocimiento y pago de cuarenta
internacional o en el mantenimiento y ocho (48) meses de los haberes
o restablecimiento del orden correspondientes a dicho grado.
público. 3. Pago doble de la cesantía.
Muerte en Muerte ocurrida en actividad por 1. Reconocimiento y pago de treinta y
misión del actos del servicio o por causas seis (36) meses del sueldo básico que
servicio inherentes al mismo en todo tiempo corresponda a un cabo
segundo o marinero.
Muerte Muerte ocurrida en actividad, por 1. El reconocimiento y pago de
simplemente causas diferentes a las enumeradas veinticuatro (24) meses de sueldo
en actividad en las dos hipótesis anteriores. básico que en todo tiempo corresponda
a un cabo segundo o marinero.
25. Se concluye entonces que el Decreto 2728 de 1968 consagró para los
beneficiarios del soldado fallecido en misión del servicio, el reconocimiento y pago
de 36 meses de sueldo básico que en todo tiempo correspondan a un cabo segundo
o marinero. Sin embargo, no previó el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes.
26. Nótese que, en principio, la norma no diferenció entre los distintos grupos de
soldados, por lo que esta corporación ha aplicado su contenido tanto a los
voluntarios como a los conscriptos o regulares13.
27. Más adelante fue expedida la Ley 48 de 199314, que en su artículo 13 distinguió
las modalidades de prestación del servicio militar obligatorio y la duración, a saber:
i) como soldado regular, de 18 a 24 meses; ii) soldado bachiller, 12 meses; iii) como
auxiliar de policía bachiller, 12 meses; iv) y como soldado campesino, de 12 hasta
18 meses. Seguidamente en el artículo 40 ibidem, dispuso que el tiempo de servicio
militar «será computado para efectos de cesantía, pensión de jubilación de vejez y
prima de antigüedad en los términos de la ley»
28. Con posterioridad la Ley 447 de 199815 en su artículo 116 reconoció a favor de
los beneficiarios de las personas que se encuentran prestando el servicio militar
obligatorio y fallecen en combate, como consecuencia de la acción del enemigo, en
conflicto internacional, o en operaciones de conservación o restablecimiento del
orden público, el derecho a la pensión de sobrevivientes en cuantía de un salario y
medio 1 1/12 mínimo mensual vigente. Así mismo quedó suprimida la compensación
o indemnización por muerte de qué trata el artículo 8 del Decreto 2728 de 1968.
13
Ver las siguientes sentencias de unificación proferidas por la Sección Segunda del Consejo de Estado: i) del 12 de abril de
2018, CE-SUJ-SII-010-2018, SUJ-010-S2, radicado 81001-23-33-000-2014-00012-01 (1321-15); y ii) del 4 de octubre de
2018, SU-CE-SUJ-SII-013-2018, SUJ-013-S2, radicado 05001-23-33-000-2013-00741-01 (4648-2015).
14
Reglamentada por el Decreto 2048 de 1993, y luego derogada por el artículo 81 de la ley 1861 de 2017
15
Por la cual se establece pensión vitalicia y otros beneficios a favor de parientes de personas fallecidas durante la prestación
del servicio militar obligatorio y se dictan otras disposiciones.
16
Artículo 1o. Muerte en combate. A partir de la vigencia de la presente ley, a la muerte de la persona vinculada a las F.F.A.A.
y de Policía por razón constitucional y legal de la prestación del servicio militar obligatorio, ocurrida en combate o como
consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto internacional o participando en operaciones de conservación o
restablecimiento del orden público, sus beneficiarios en el orden establecido en esta ley, o los beneficiarios que designe la
persona prestataria del servicio militar al incorporarse, tendrán derecho a una pensión vitalicia equivalente a un salario y
medio (11/2) mínimo mensuales y vigentes.
Parágrafo 1o. Suprímese la indemnización por muerte, que actualmente se causa, de conformidad al Estatuto Militar, cuando
se apliquen estos casos de pensiones.
Parágrafo 2o. Lo establecido en este artículo, se aplicará igualmente en el caso de muerte de persona prestataria del servicio
militar obligatorio, como consecuencia de heridas recibidas en combate o como consecuencia de la acción del enemigo.
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29. En punto a los beneficiarios de la prestación, el artículo 517 de la norma en cita
dispuso que corresponden, en primer orden, a los ascendientes o padres adoptivos
del causante y en segundo orden, previa la exclusión justificada de los
ascendientes, la persona que el causante haya designado al momento en que se
incorporó al servicio militar obligatorio.
30.La Corte Constitucional en sentencia C- 434 de 200318, orientó sobre las
condiciones que deben cumplir para obtener el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes en los términos de la Ley 447 de 1998, veamos:
«La Ley 447 de 1998 consagró una pensión vitalicia equivalente a un salario y medio
mínimo mensual legal en las siguientes condiciones:
• La pensión se reconoce por la muerte de una persona vinculada a las Fuerzas
Armadas y de Policía por razón constitucional y legal de la prestación del servicio
militar obligatorio,
• Siempre que la muerte ocurra en combate o como consecuencia de la acción del
enemigo o como consecuencia de heridas recibidas en ellos.
• Siempre que se trate de un conflicto internacional o que la persona haya estado
participando en operaciones de conservación o restablecimiento del orden público
• La pensión se reconoce a favor de los beneficiarios en el orden indicado en la ley o
de las personas indicadas por el prestatario del servicio militar al momento de
incorporarse.
• La pensión se reconoce a partir del momento en que los beneficiarios cumplan 50
años de edad. De no ser así, el reconocimiento se suspende hasta ese momento.
• La pensión se reconoce únicamente a partir de la vigencia de la ley.»
31. Además, la Corte aclaró que no existía violación al derecho a la igualdad entre
los beneficiarios del Decreto 2728 de 1968 a quienes se les reconoce una
indemnización por causa de muerte, respecto a los beneficiarios de la Ley 447 de
1998 a quienes se les concede pensión por muerte, toda vez que “se está ante
supuestos fácticos ocurridos en tiempos diferentes y sometidos a regímenes
jurídicos también distintos. Y es claro que cada uno de esos supuestos debía y debe
regirse por el régimen jurídico vigente y aplicable al tiempo de su ocurrencia.”
17
Artículo 5o. Beneficios. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible> Serán llamados a recibir los rendimientos del causante,
los ascendientes o padres adoptivos según se registre en el formulario de incorporación.
En segundo orden, previa justificación de haber excluido a ascendientes o padres adoptivos del primer orden, se otorgará el
beneficio a la persona que el causante haya designado en el momento de la incorporación al servicio militar obligatorio, de
conformidad con el Régimen General de Pensiones de la Ley 100 de 1993.
Parágrafo 1o. Establécese como requisito para la persona quien vaya a ser beneficiario de la pensión que al momento de
serle reconocida tenga como edad mínima cincuenta (50) años. De no tener esta edad, el Acto Administrativo del
reconocimiento se suspenderá hasta el cumplimiento de esta condición suspensiva, sin que se inicie la prescripción de que
trata el artículo 6o. de esta ley.
Parágrafo 2o. La sustitución pensional de manera exclusiva, sólo podrá concederse entre un ascendiente al otro ascendiente
18
Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.
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32. Finalmente, el artículo 34 del Decreto 4433 de 200419, sobre las prestaciones
causadas a favor de los beneficiarios del personal que fallece en combate vinculado
para la prestación del servicio militar, señala:
«Artículo 34. Muerte en combate del personal vinculado para la prestación del servicio
militar obligatorio. A la muerte de la persona vinculada a las Fuerzas Militares o a la Policía
Nacional por razón constitucional y legal de la prestación del servicio militar obligatorio,
ocurrida en combate o como consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto
internacional o participando en operaciones de conservación o restablecimiento del orden
público, sus ascendientes en primer grado de consanguinidad o civil, tendrán derecho a
que por el Tesoro Público se les pague una pensión vitalicia, que será reconocida por el
Ministerio de Defensa Nacional o la Dirección General de la Policía Nacional según el
caso, equivalente a un salario y medio (1.1/2) mínimo legal mensual vigente, en los
términos de la Ley 447 de 1998.”
33. Se concluye entonces que la norma mantuvo vigente las disposiciones
contenidas en el artículo 1° de la Ley 447 de 1998 en relación con las prestaciones
reconocidas a favor de los soldados vinculados para la prestación del servicio militar
obligatorio, siempre y cuando la muerte sea “ocurrida en combate o como
consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto internacional o participando en
operaciones de conservación o restablecimiento del orden público.”
34. Sobre el particular, esta corporación ante la necesidad de sentar jurisprudencia
en relación con el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes para los
beneficiarios de los soldados regulares fallecidos en simple actividad con
posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, profirió sentencia de
unificación SUJ-010-S2 del 12 de abril de 2018, en la que fijó las siguientes reglas:
«De todo lo expuesto se extraen las siguientes reglas de unificación de la jurisprudencia:
1. En materia pensional, por tratarse de un derecho fundamental, irrenunciable y de
aplicación inmediata, el juez contencioso administrativo no está limitado para conocer del
fondo del asunto a la luz del régimen pensional que invoque la parte que reclama el
reconocimiento de la prestación, sino que tiene la obligación de aplicar el derecho y de
resolver los conflictos sometidos a su conocimiento conforme la normativa pensional que
corresponda y a los supuestos fácticos de la litis, de conformidad con el artículo 103 de
la Ley 1437 de 2011.
2. Con fundamento en la regla de favorabilidad contenida en el artículo 288 de la Ley 100
de 1993, los beneficiarios de las personas vinculadas a las Fuerzas Militares, en
cumplimiento de la obligación constitucional de prestar el servicio militar, que fallezcan
simplemente en actividad y con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, pueden
beneficiarse de la pensión de sobrevivientes prevista por el régimen general contenido en
la Ley 100 de 1993, artículos 46, 47 y 48, el cual deberá aplicarse en su integridad para
efectos del reconocimiento de la prestación, esto es, lo relativo al monto de la pensión, el
ingreso base de liquidación y el orden de beneficiarios. (negrilla fuera de texto).
3. Como consecuencia de lo anterior y en atención al principio de inescindibilidad
normativa, de la suma adeudada por concepto de pensión de sobrevivientes en virtud de
la aplicación de la Ley 100 de 1993, deberá descontarse, debidamente indexado, lo
pagado como compensación por muerte simplemente en actividad, en atención a la
19 Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública
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incompatibilidad de los dos regímenes y a que la contingencia que cobija tal prestación
es cubierta con el reconocimiento pensional.
4. Para efectos del descuento al que hace alusión el numeral anterior, la entidad solo
podrá descontar el valor efectivamente recibido por concepto de compensación por
muerte debidamente indexado. En aquellos casos donde el valor actualizado de la
compensación por muerte a descontar supere el monto del retroactivo pensional que debe
pagar la entidad, será necesario realizar un acuerdo de pago con el fin de que el
beneficiario de la pensión cubra la diferencia sin que se afecte su mínimo vital.
5. Al hacer extensivo el régimen general para el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes a los beneficiarios de los conscriptos fallecidos simplemente en actividad
en vigencia de la Ley 100 de 1993, el término prescriptivo que debe atenderse en relación
con las mesadas pensionales, es el trienal, previsto en el régimen general.
6. En ningún caso habrá prescripción a favor de los beneficiarios que tengan derecho a
la pensión en los términos de la presente providencia, de los valores pagados por
concepto de compensación por muerte. Esto por cuanto el derecho a compensar o deducir
lo pagado surge solo a partir de la sentencia que reconoce el derecho pensional.»
35. En atención a la orientación jurisprudencial en cita, los beneficiarios de los
soldados regulares vinculados a las fuerzas militares y de policía en cumplimiento
de la obligación constitucional de prestar servicio militar que fallezcan en
circunstancias calificadas como simple actividad en vigencia de la Ley 100 de 1993,
pueden acceder a la pensión de sobrevivientes con fundamento en el régimen
general de pensiones aun cuando en el proceso no hayan invocado la norma en el
concepto de violación, y en todo caso, dicho régimen debe aplicarse en su
integridad. Así mismo, esta Corporación20 ha precisado que, aunque la sentencia
de unificación SUJ-010-S2 se refirió a los conscriptos fallecidos en simple actividad,
sus reglas resultan aplicables, por analogía, a otros supuestos de fallecimiento
durante la prestación del servicio militar obligatorio, entre ellos, la muerte en misión
del servicio.
2.4. Análisis crítico de los medios de prueba y caso concreto
36. Se estima que cuando se discute el reconocimiento de prestaciones por muerte
de miembros de la Fuerza Pública, es indispensable determinar, además de la fecha
del deceso, el origen o las circunstancias en las que este tuvo lugar, para efectos
de establecer cuál es la normativa aplicable al caso concreto21.
37. Con miras a resolver la alzada, se encuentra acreditado que el señor Jhoan
Enrique Mercado Toloza prestó servicio militar obligatorio como soldado regular de
la Fuerza Aérea Colombiana, adscrito al Comando Aéreo de Combate No. 3, desde
el 3 de diciembre de 2008 hasta el 27 de agosto de 2009, fecha en la que fue dado
de baja por muerte, para un tiempo total de 8 meses y 24 días22.
20 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsecciones A y B, sentencia de 26 de septiembre de 2024, rad.
05001-23-33-000-2018-01591-01 (3733-2023); sentencia de 25 de abril de 2019, rad. 13001-23-33-000-2013-00706-01
(0133-16); sentencia de 29 de abril de 2021, rad. 25000-23-42-000-2016-03138-01 (0889-19); y sentencia de 15 de junio de
2023, rad. 73001-23-33-000-2021-00128-01 (4536-2022).
21
Así lo ha referido esta Subsección, entre otras, en sentencia de 8 de agosto de 2025 expediente 13001-23-33-000-2015-
00368-01 (2265-2020)
22
Expediente digital primera instancia, archivo
17_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_INCORPORA_011PRUEBASCONTEST.pdf, pág. 66.
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38. Así mismo, obra en el expediente el registro civil de defunción del causante, en
el que consta que su fallecimiento ocurrió el 27 de agosto de 2009 en Soledad,
Atlántico23.
39. De igual manera, en el informe administrativo por muerte No. 02424, suscrito por
el comandante del Comando Aéreo de Combate No. 3, se indicó que el 21 de agosto
de 2009, mientras el soldado regular Jhoan Enrique Mercado Toloza prestaba
servicio de patrulla, sufrió una lesión por el accionamiento accidental del arma de
dotación de otro soldado; fue atendido inicialmente en el establecimiento de sanidad
militar y luego remitido a la Fundación Centro Médico del Norte, donde falleció el 27
de agosto de 2009. En dicho informe se calificó la muerte como “en servicio activo,
causada por accidente en misión del servicio”.
40. También se encuentra probado que, mediante Resolución 1328 del 22 de
diciembre de 200925, la Fuerza Aérea Colombiana reconoció y ordenó pagar a los
señores Jaime Enrique Mercado Mendoza y Berta Toloza Carrero, en calidad de
padres del causante, la compensación por muerte prevista para este supuesto.
41. Ahora bien, para la Sala, dicha calificación resulta determinante para establecer
el régimen aplicable, pues la parte actora no controvirtió la calificación administrativa
de la muerte, sino que sostuvo que, aun tratándose de un accidente en misión del
servicio debía reconocerse la pensión de sobrevivientes prevista en el artículo 1.º
de la Ley 447 de 1998, por cuanto el causante se encontraba realizando labores de
conservación del orden público.
42. Así entonces, frente a la solicitud de inaplicación del artículo 8. ° del Decreto
2728 de 1968, la Sala advierte que no se configuran razones para acceder a ella,
pues la Corte Constitucional al estudiar la Ley 447 de 1998, precisó que no existe
vulneración del derecho a la igualdad entre los beneficiarios del Decreto 2728 de
1968, a quienes se les reconoce una compensación por causa de muerte, y los
beneficiarios de la Ley 447 de 1998, a quienes se les concede pensión por muerte,
en tanto se trata de supuestos fácticos y regímenes jurídicos distintos.
43. En ese orden, se concluye que para acceder al reconocimiento de la pensión
de sobrevivientes con fundamento en la Ley 447 de 1998 y el Decreto 4433 de 2004,
debe acreditarse que la muerte ocurrió en combate o como consecuencia de la
acción del enemigo, en conflicto internacional o participando en operaciones de
conservación o restablecimiento del orden público; circunstancia que no ocurre en
el sub judice, dado que el joven Jhoan Enrique Mercado Toloza falleció por
accidente en misión del servicio, supuesto en virtud del cual la norma no consagra
el reconocimiento de la pensión en comento sino únicamente una compensación
23 Expediente digital primera instancia, archivo
9_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_INCORPORA_003PRUEBASDDA.pdf, registro civil de defunción de Jhoan
Enrique Mercado Toloza, indicativo serial 06479285, pág. 2
24 Expediente digital primera instancia, archivo
“17_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_INCORPORA_011PRUEBASCONTEST.pdf págs. 15 y 16.
25 Expediente digital primera instancia, archivo
“17_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_INCORPORA_011PRUEBASCONTEST.pdf” págs. 62 y 63.
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económica de 36 meses de salario con el sueldo de un cabo segundo para la época
de los hechos. Por lo anterior, los demandantes, bajo la égida de las disposiciones
en mención, no tienen derecho a la pensión solicitada.
44. Descartada la procedencia de la pensión de sobrevivientes prevista en la Ley
447 de 1998, corresponde a la Sala determinar si se ajusta a derecho el análisis del
tribunal frente al reconocimiento de la prestación deprecada con fundamento en la
Ley 100 de 1993. Al respecto, contrario a lo sostenido por la parte actora con el
recurso, se advierte que dicho estudio no desbordó el marco de la controversia, en
tanto se realizó luego de descartar la aplicación de la Ley 447 de 1998 y en virtud
del principio de favorabilidad, conforme a las reglas fijadas por la Sección Segunda
en la sentencia de unificación SUJ-010-S2 del 12 de abril de 2018.
45. No obstante, la Sala precisa que el Tribunal consideró cumplido el requisito
previsto en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, bajo el entendido de que el causante
superaba las 26 semanas de cotización o prestación del servicio. Sin embargo,
dicha conclusión no tuvo en cuenta que, para la fecha del deceso —27 de agosto
de 2009—, el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 ya había sido modificado por el
artículo 12 de la Ley 797 de 2003.
46. En ese orden, la norma aplicable exigía acreditar 50 semanas dentro de los tres
años inmediatamente anteriores al fallecimiento y, tratándose de padres
beneficiarios, demostrar la dependencia económica respecto del causante. Así, el
análisis de la pensión de sobrevivientes bajo el régimen general debía efectuarse a
partir de dicha exigencia, por ser la disposición vigente al momento del deceso del
soldado.
47. En el presente asunto, tal como se explicó, se encuentra probado que el señor
Jhoan Enrique Mercado Toloza prestó servicio militar obligatorio en la Fuerza Aérea
Colombiana desde el 3 de diciembre de 2008 hasta el 27 de agosto de 2009, esto
es, por un periodo equivalente a 34 semanas. En consecuencia, contrario a lo
concluido por el Tribunal, no se encuentra satisfecho el requisito previsto en el
artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de
2003.
48. Si bien el a quo negó las pretensiones al considerar que no se acreditó la
dependencia económica de los padres respecto del causante, lo cierto es que, al no
encontrarse demostrado el requisito habilitante relativo al número mínimo de
semanas exigido para causar la pensión de sobrevivientes, por sustracción de
materia no hay lugar a abordar el estudio de este otro presupuesto. Cabe destacar
que ello no hace más gravosa la situación de la parte actora como apelante único,
toda vez que la prestación fue negada en primera instancia.
49. Por tanto, como no se cumplen los presupuestos para reconocer la pensión con
fundamento en la Ley 447 de 1998, ni el requisito de semanas de cotización exigido
para acceder a la pensión de sobrevivientes bajo la égida régimen general de la Ley
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100 de 1993, se confirmará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda.
2.5. Condena en costas
50. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
51. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
52. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
53. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la parte
demandante - parte vencida, por cuanto la sentencia de primera instancia será
confirmada en su totalidad. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del
CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo del Atlántico.
54. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 27 de enero de 2023 por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda,
conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandante -parte
vencida- en este proceso por los motivos expuestos en esta providencia.
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TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
La presente actuación se encuentra firmada en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/
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