Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2013-00706-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Pesión de sobrevivientes: para beneficiarios de soldado muerto en actos del servicio
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2013-00706-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 13001-23-33-000-2013-00706-01
Consejero ponente: César Palomino Cortés
25 de abril de 2019
PESION DE SOBREVIVIENTES – Para beneficiarios de soldado muerto en actos del servicio / PENSION DE SOBREVIVIENTES DE SOLDADO MUERTO EN MISIÓN DE SERVICIO – Régimen aplicable / PRESCRIPCIÓN – De las mesadas pensionales
[R]especto al régimen aplicable para la pensión de sobrevivientes por muerte de un soldado, inicialmente, la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como de esta corporación, sentaron como precedente la aplicación de las previsiones del Decreto Ley 1211 de 1990, empero, recientemente en la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-010-2018 de 12 de abril de 2018 del Consejo de Estado, se acude a la Ley 100 de 1993. […] [L]a normatividad especial no previó la pensión de sobrevivientes por muerte de soldado en actos de servicio y por las diferentes causales, pero ese vacío normativo quedó superado por la jurisprudencia, al acudir al principio de favorabilidad, motivo por el que sus beneficiarios tienen derecho a la prestación. Así la discusión planteada por el apelante en relación al acceso del derecho por aplicación del Decreto 2728 de 1968, se torna inane. […] [E]n cuanto al régimen aplicable en caso de soldado muerto en misión de servicio, en vigencia de la Ley 100 de 1993, la Sala aplicará por analogía, el criterio plasmado en la sentencia de unificación, CE-SUJ-SII-010-2018 de 12 de abril de 2018 del Consejo de Estado. […] Si bien es cierto, en la mencionada sentencia se trató un caso de muerte de soldado (i) “simplemente en actividad” que es una de las causales previstas en las normas especiales, a lado de las otras causales (ii) en misión de servicio y (iii) combate, ambos casos se refieren a muerte de soldado en actos de servicio, existiendo vacío normativo respecto al derecho, en uno y otro caso la muerte ocurrió en vigencia de la Ley 100 de 1993 y antes de la Ley 447 de 1998. […] [D]e lo esbozado se concluye que en caso de muerte de soldado vinculado a las fuerzas militares, cuyo deceso se produjo “…en servicio por razón y causa del mismo.”, en vigencia del sistema de Seguridad Social Integral sus beneficiarios acceden a la pensión de sobrevivientes prevista en el régimen general contenido los artículos 46, 47 y 48 de la Ley 100 1993, el cual habrá de aplicarse en su integridad para efectos del reconocimiento de la prestación. […] [S]abiendo que el derecho a la pensión es imprescriptible, no así las mesadas pensionales, en el presente asunto la muerte del causante ocurrió el 30 de junio de 1995 y la petición de reconocimiento de la pensión de sobreviviente fue elevada el 29 de septiembre de 2011, el ordenamiento Colombiano, en relación con la figura de la prescripción de las mesadas pensionales, prevé que la misma se cuenta a partir de la fecha en la cual la obligación se hizo exigible y que el simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual. […] [L]a prescripción que se debe aplicar en casos como el particular en donde se acude al régimen general de pensiones, es la trienal […]
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN “B”
Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número:13001-23-33-000-2013-00706-01(0133-16)
Actor: RUBI NERI OSORIO DE VÉLEZ Y ALBERTO DE JESÚS VÉLEZ BUSTAMANTE
Demandado: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL
Referencia: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES – SOLDADO REGULAR – APLICACIÓN DEL DECRETO 1211 DE 1990
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 7 de septiembre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que accedió a las súplicas de la demanda presentada por Rubi Neri Osorio de Vélez y Alberto de Jesús Vélez Bustamante contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional.
ANTECEDENTES
Los señores Rubi Neri Osorio de Vélez y Alberto de Jesús Vélez Bustamante, por conducto de apoderada, en ejercicio de medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, demandaron a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, con el fin de obtener las siguientes declaraciones y condenas:
“1- La nulidad de la actuación administrativa contenida en: “El escrito No OFI11-111612 MDSGDVBSGPS-22, de fecha 6 de diciembre de 2011, mediante el cual se resuelve un derecho de petición, negando la solicitud de pensión de sobrevivientes a los demandantes por la muerte de su finado hijo WILSON JAIME VELEZ OSORIO; La Resolución No 7873 del 18 de Junio de 1996, por la cual se reconoce y ordena el pago de compensación por muerte, con fundamente en el expediente EJC Nro 016694 de 1995.”
2- Que como consecuencia de la anterior declaración, LA NACIÓN –MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL está en la obligación de reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes a los actores, por la muerte de su hijo JOSÉ JAIME VÉLEZ OSORIO.
3- Que se ordene el reajuste del valor de las condenas según lo ordenado por el artículo 187 del C.C.A, esto es, teniendo en cuenta el incremento en el índice de precios al consumidor.
4- Las sumas una vez ajustadas devengarán intereses comerciales y moratorios en los términos del artículo 192 del C.C.A.
5- La demandada dará cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 del C.C.A.
6- Que se condene en costas a la accionada.”
Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda, en síntesis, son los siguientes:
El hijo de los demandantes, señor Wilson Jaime Vélez Osorio prestó sus servicios al Ejército Nacional como soldado durante 1 año y 14 días, y falleció el 30 de junio de 1995, siendo ascendido en forma póstuma al grado de Cabo Segundo.
Mediante Resolución No. 7873 del 18 de Junio de 1998 y escrito No. OFI11-111612 MDSGDVBSGPS-22 del 6 de diciembre de 2011, el Ejército Nacional respectivamente reconoció el pago de compensación por muerte y negó la solicitud de pensión de sobrevivientes elevada por los demandantes.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
En la demanda se invocaron como normas violadas los artículos 1, 2, 4, 13, 25, 42, 43, 48, 53, 93, 94, 122, 123, 217 y 218 de la Constitución Política; Ley 131 de 1985; Decreto 1211 de 1990; Decreto 2728 de 1968; Ley 447 de 1998; Ley 48 de 1993; artículos 110 y 111 del Decreto 1029 de 1994; artículo 1º de la Ley 12 de 1975; artículo 2º de la Ley 113 de 1985; artículo 3º de la Ley 71 de 1988; y artículos 46 y 74 de la Ley 100 de 1993.
Al explicar el concepto de violación, la apoderada judicial actora citó algunos pronunciamientos jurisprudenciales para indicar que sus mandantes deben ser beneficiarios de la pensión por la muerte de su hijo Wilson Jaime Vélez Osorio, porque si a la luz del Decreto 1211 de 1990 no tienen derecho a la prestación económica al incumplir el requisito de 12 años de servicio, esto no impide aplicar las normas consagradas en la Ley 100 de 1993.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La parte demandada se opuso a todas y cada una de las pretensiones formulando la excepción denominada “…CADUCIDAD DE LA ACCIÓN”.
Adujo que a los demandantes de les reconocieron las prestaciones del caso mediante la Resolución 7873 del 18 de junio de 1996, en razón a que la norma vigente al momento de la muerte del soldado regular Wilson Jaime Vélez Osorio era el Decreto 2728 de 1968, careciendo de fundamentos fácticos y jurídicos pretender ahora la aplicación del Decreto 1211 de 1990, norma que exigía ser Oficial al momento del fallecimiento, calidad que no ostentaba por ser soldado voluntario.
Igualmente, aclaró que el ascenso del difunto fue póstumo y por lo tanto el régimen a aplicar es el de los soldados regulares, tal como efectivamente se hizo.
LA SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo de Bolívar mediante sentencia del 7 de septiembre de 2015, accedió a las súplicas de la demanda.
Como sustento de su decisión expuso los siguientes argumentos:
Aplicó el artículo 189 del Decreto 1211 de 1990, toda vez que reconoce la pensión de sobrevivientes a favor de los beneficiarios de Oficiales y Suboficiales, e inaplicó el artículo 8º del Decreto 2728 de 1968, en cuanto no dispone esa prestación pensional en favor de los familiares de Soldados Voluntarios muertos en actos propios del servicio.
ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN
La parte demandada por conducto de apoderada, refuta que el sentenciador erró al inaplicar la norma en que se fundó el acto administrativo anulado y aplicar el Decreto 1211 de 1990, por tener el causante la calidad de soldado voluntario y no de Oficial o Suboficial al momento de su muerte.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Mediante auto del 10 de octubre de 2016 se corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo.
Término dentro del cual únicamente la parte demandante se pronunció, enlistando los hechos probados e invocando la excepción de inaplicabilidad establecida en el artículo 4º de la Constitución Política, respecto del Decreto 2728 de 1968, artículo 8º.
Como argumento adicional para acceder a la pensión, propuso las normas que gobiernan el sistema integral de seguridad social, bien sea las que reglamentan el sistema general de pensiones o las de riesgos laborales.
CONSIDERACIONES
Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir previas las siguientes consideraciones.
1. COMPETENCIA
La Sala, en virtud de lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, es competente para conocer la apelación interpuesta contra la sentencia del 7 de septiembre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar.
2. PROBLEMA JURÍDICO
Se trata de determinar si en el presente asunto, es procedente acudir al régimen prestacional más favorable a los demandantes, para determinar si los padres pueden acceder a la pensión de sobrevivientes, dando aplicación al artículo 189 del Decreto 1211 de 1990.
2.1. HECHOS PROBADOS
De las pruebas practicadas y decretadas, además del expediente prestacional del soldado regular Wilson Jaime Vélez Osorio, se estableció lo siguiente:
Los demandantes Rubi Neri Osorio de Vélez y Alberto de Jesús Vélez Bustamante son los padres del señor Wilson Jaime Vélez Osorio, de conformidad con el registro civil de nacimiento allegado a folio 20.
De la certificación suscrita por el Jefe Sección Soldados del Ejército Nacional, allegada a folio 90, se observa que el señor Wilson Jaime Vélez Osorio tuvo un tiempo de servicio de un (1) año y catorce (14) días como soldado regular, desde el 16 de junio de 1994 hasta el día de su fallecimiento, 30 de junio de 1995.
A folio 19 del expediente, obra copia del registro civil de defunción del señor Wilson Jaime Vélez Osorio, en el que se certifica que falleció el día 30 de junio de 1995.
El 15 de julio de 1995, el Comandante del Batallón de Infantería No. 4 Antonio Nariño, conceptúa que la muerte del Soldado Vélez Osorio fue en servicio por razón y causa del mismo, de acuerdo al Decreto 2728 del 1968, artículo 8º (folio 91).
Obra a folio 24 del expediente, copia de la solicitud elevada por los demandantes Rubi Neri Osorio de Vélez y Alberto de Jesús Vélez Bustamante, dirigidas al Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional, en virtud de las cuales pretendieron el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en calidad de padres del fallecido Wilson Jaime Vélez Osorio.
En respuesta a la petición elevada por la parte actora, el 6 de diciembre de 2011, mediante escrito No. OFI11-111612 MDSGDVBSGPS-22, la Coordinadora del Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional, negó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes (folios 18).
3. ANÁLISIS DE LA SALA
En relación con los reparos concretos formulados por la apoderada judicial apelante, se ha de manifestar que la parte demandada reprocha la aplicación del Decreto 1211 de 1990 y argumenta que el señor Wilson Jaime Vélez Osorio al momento de su muerte no ostentaba la calidad de Oficial o Suboficial, sino, de soldado voluntario, afirmación que es sostenida desde la contestación de la demanda, razón por la cual y de manera preliminar, se aclara que de acuerdo con la certificación expedida por el Jefe Sección Soldados del Ejército Nacional, tenía el grado de soldado regular y no el indicado por la recurrente.
Sobre el particular, esta Sección especificó en la sentencia de unificación SUJ-009-S2, que una modalidad de prestación del servicio militar obligatorio, de acuerdo con la Ley 48 de 1993, era la de soldado regular:
“…se encuentran los soldados regulares, bachilleres y campesinos, que son modalidades de prestación del servicio militar obligatorio de conformidad con la Ley 48 de 1993, los cuales han sido denominados de manera genérica como conscriptos. Al respecto, el artículo 13 ejusdem distinguió las modalidades de prestación del servicio militar obligatorio y los tiempos de duración de cada uno de ellos, así:
«Artículo 13. Modalidades prestación servicio militar obligatorio. El Gobierno podrá establecer diferentes modalidades para atender la obligación de la prestación del servicio militar obligatorio. Continuarán rigiendo las modalidades actuales sobre la prestación del servicio militar:
a) Como soldado regular, de 18 a 24 meses;
b) Como soldado bachiller durante 12 meses;
c) Como auxiliar de policía bachiller, durante 12 meses;
d) Como soldado campesino, de 12 hasta 18 meses.»
Es de anotar que en el caso de los soldados voluntarios y profesionales, al igual que en el de oficiales y suboficiales, el vínculo con la administración nace de una relación legal y reglamentaria a través de un acto administrativo de nombramiento y la posterior posesión del servidor. Mientras que en tratándose de los conscriptos, el vínculo surge como cumplimiento del deber constitucional de prestar el servicio militar para defender la independencia nacional y las instituciones públicas.”
Son marcadas las características que permiten diferenciar estas dos clases de soldados, motivo por el que de entrada, se precisa que el análisis en el presente fallo de segunda instancia se desarrollará desde la perspectiva legal y reglamentaria de un soldado regular.
Esclarecido lo anterior y para resolver el asunto, la Sala tendrá en cuenta las premisas según las cuales:
(i) Tanto en vigencia de la Constitución Política de 1886 (artículo 165 y siguientes) como con la Constitución Política de 1991 (artículo 216 y siguientes), la fuerza pública ha gozado de un régimen prestacional especial.
(ii) El artículo 279 de la Ley 100 de 1993, excluye expresamente a la Fuerza Pública de la aplicación del régimen general de seguridad social y el artículo 5º de la Ley 57 de 1887 estableció con claridad que la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general. No obstante, estas reglas tienen límite en el principio de favorabilidad y el derecho a la igualdad; lo que indica que la norma especial prevalece siempre y cuando sea más favorable que la norma general o el régimen no sea discriminatorio.
(iii) El servicio militar tiene modalidades a saber: (a) voluntario, regulado por la Ley 131 de 1985 y (b) obligatorio, previsto en las Leyes 48 de 1993 y 1861 de 2017.
(iv) De conformidad con el artículo 40 de la Ley 43 de 1998, el tiempo de servicio militar obligatorio le será computado para efectos de cesantía, pensión de jubilación, de vejez y prima de antigüedad en los términos de la ley.
(v) Las normas proferidas en nuestro ordenamiento jurídico rigen sobre las situaciones jurídicas que acontecen en su vigencia, pero en circunstancias excepcionales, los efectos de las leyes en el tiempo pueden variar. Entre las posibilidades de aplicación de las leyes en el tiempo se han reconocido la retroactividad, ultractividad y la retrospectividad:
(vi) El precedente judicial ha sido definido por la Corte Constitucional como “aquel conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia”, pero no constituye una obligatoriedad absoluta. También, y en cuanto a la sentencia de unificación, la Corte Constitucional ha precisado que “…la labor de unificación, se ha considerado que el valor de las decisiones de los órganos judiciales de cierre ha asumido una fuerza obligatoria a manera de precedente, por virtud de la cual los fallos judiciales anteriores se erigen en una especie de regla general para la posterior solución de casos semejantes… En relación con sus efectos, se observa que el CPACA le otorga a las sentencias de unificación una especial preponderancia tanto en el ámbito del procedimiento administrativo como en los procesos que se adelantan ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.”
(vii) Es obligación de juez, “Decidir aunque no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido,(...) para lo cual aplicará las leyes que regulen situaciones o materias semejantes y en su defecto la doctrina constitucional, la jurisprudencia, la costumbre y los principios generales de derecho sustancial y procesal.”
(viii) En relación con la pensión de sobrevivientes, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sentado la regla que la norma aplicable en cada caso, es la favorable que esté vigente al momento en que se habría causado el derecho, es decir, al momento del fallecimiento del causante. Así mismo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, reiteradamente ha destacado su naturaleza y objeto, precisando que la pensión de sobrevivientes hace parte del derecho a la seguridad social, es una modalidad pensional que se configura en los eventos en los que un trabajador, sin tener la condición de pensionado, fallece. La legislación, previa verificación del cumplimiento de determinados requisitos creados por la ley, asegura que el núcleo familiar del fallecido no se vea afectado por dicha situación. Para que se reconozca la pensión de sobrevivientes en el caso de los padres, es necesario que se acredite: (a) la relación filial; (b) la existencia de una dependencia económica; y (c) la falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho.
En el sub examine, no se pone en tela de juicio, la calidad de padres y condición de beneficiarios de los demandantes Rubi Neri Osorio de Vélez y Alberto de Jesús Vélez Bustamante, sino, es el derecho a la pensión de sobrevivientes, por la muerte del soldado regular y cuál es el régimen aplicable.
De las pruebas obrantes en el proceso, se acreditó plenamente que el señor Wilson Jaime Vélez Osorio, prestó sus servicios laborales en el Ejército Nacional, como soldado regular, y falleció “…en servicio por razón y causa del mismo”, el 30 de junio de 1995. Esto es, el deceso ocurrió, por un lado en vigencia del régimen especial previsto en los Decretos Leyes 1211 de 1990 y 2728 de 1968, 1414, 1805 y 2605 de 1975, estatuto del personal de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares, y régimen de prestaciones sociales por retiro o fallecimiento del personal de soldados y grumetes de las Fuerzas Militares, respectivamente.
Igualmente, se advierte que el deceso ocurrió antes del (i) 23 de julio de 1998, fecha de entrada en vigencia de la Ley 447 de 1998, por la cual se establece pensión vitalicia y otros beneficios en favor de parientes de personas fallecidas durante la prestación del servicio militar obligatorio; (ii) 30 y 31 de diciembre de 2004, fecha de entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004 y Decreto 4433 de 2004, ley marco y régimen pensional de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública.
Por otro lado, en vigencia del régimen general la Ley 100 de 1993, sistema de seguridad social integral y antes del 29 de enero de 2003, fecha de entrada en vigencia la Ley 797 de 2003, reformatoria de algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993.html" \l "1" 100 de 1993.
Así, para mejor comprensión del asunto, la Sala recuerda la normativa de la pensión de sobrevivientes del régimen especial de la fuerza pública (Ejército Nacional), y del régimen general. También la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de ésta Corporación sobre el tópico.
3.1. El Decreto 1211 de 1990, estatuto del personal de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares, consagró:
“ARTÍCULO 189. MUERTE EN COMBATE. A partir de la vigencia del presente Estatuto, a la muerte de un Oficial o Suboficial de las Fuerzas Militares en servicio activo, en combate o como consecuencia de la acción de enemigo, bien sea en conflicto internacional o en el mantenimiento o restablecimiento del orden público, ser ascendido en forma póstuma al grado inmediatamente superior, cualquiera que fuere el tiempo de servicio en su grado. Además sus beneficiarios, en el orden establecido en este Estatuto, tendrán derecho a las siguientes prestaciones:
a. A que el Tesoro Público les pague por una sola vez, una compensación equivalente a cuatro (4) años de los haberes correspondientes al grado conferido al causante, tomando como base las partidas señaladas en el artículo 158 de este Decreto.
b. Al pago doble de la cesantía por el tiempo servido por el causante.
c. Si el Oficial o Suboficial hubiere cumplido doce (12) o más años de servicio, a que el Tesoro Público les pague una pensión mensual, la cual será liquidada y cubierta en la misma forma de la asignación de retiro, de acuerdo con el grado y tiempo de servicio del causante.
d. Si el Oficial o Suboficial no hubiere cumplido doce (12) años de servicio, sus beneficiarios en el orden establecido en este estatuto, con excepción de los hermanos, tendrán derecho a que el Tesoro Público les pague una pensión mensual equivalente al cincuenta por ciento (50%) de las partidas de que trata el artículo 158 de este Decreto.
ARTÍCULO 190. MUERTE EN MISIÓN DEL SERVICIO. Durante la vigencia del presente Estatuto, a la muerte de un Oficial o Suboficial de las Fuerzas Militares en servicio activo, ocurrida por actos del servicio o por causas inherentes al mismo, sus beneficiarios, en el orden establecido en el presente Decreto tendrán derecho a las siguientes prestaciones:
a. A que el Tesoro Público les pague, por una sola vez, una compensación equivalente a tres (3)años de los haberes correspondientes al grado del causante, tomando como base las partidas señaladas en el artículo 158 de este Estatuto.
b. Al pago doble de la cesantía por el tiempo servido por el causante.
c. Si el Oficial o Suboficial hubiere cumplido doce (12) años o más de servicio, a que por el Tesoro Público se les pague una pensión mensual, la cual ser liquidada y cubierta en la misma forma de la asignación de retiro, de acuerdo con el grado y tiempo de servicio del causante.
ARTÍCULO 191. MUERTE SIMPLEMENTE EN ACTIVIDAD. Durante la vigencia del presente Decreto, a la muerte de un Oficial o Suboficial de las Fuerzas Militares en actividad, por causas diferentes a las enumeradas en los dos (2) artículos anteriores, sus beneficiarios, en el orden establecido en este Estatuto, tendrán derecho a las siguientes prestaciones:
a. A que el Tesoro Público les pague por una sola vez una compensación equivalente a dos (2) años de los haberes correspondientes al grado del causante, tomando como base las partidas señaladas en el artículo 158 del presente Estatuto.
b. Al pago de la cesantía por el tiempo de servicio del causante.
c. Si el Oficial o Suboficial hubiere cumplido quince (15) o más años de servicio, a que por el Tesoro Público se les pague una pensión mensual, la cual será liquidada y cubierta en la misma forma de la asignación de retiro, de acuerdo con el grado y tiempo de servicio del causante.”
3.2. Respecto de la regulación de las prestaciones generadas por la muerte de soldados dentro el régimen especial de las Fuerzas Militares, el Decreto 2728 de 1968, régimen de prestaciones sociales por retiro o fallecimiento del personal de Soldados y Grumetes de las Fuerzas Militares, estableció que:
“ARTÍCULO 8o. El Soldado o Grumete en servicio activo, que fallezca por causa de heridas o accidente aéreo en combate o por acción directa del enemigo, bien sea en conflicto internacional o en mantenimiento del orden público, será ascendido en forma póstuma al grado de Cabo Segundo o Marinero y sus beneficiarios tendrán derecho al reconocimiento y pago de cuarenta y ocho (48) meses de los haberes correspondientes a dicho grado y el pago doble de la cesantía.
A la muerte del Soldado o Grumete en servicio activo, causada por accidente en misión del servicio, sus beneficiarios tendrán derecho al reconocimiento y pago de treinta y seis (36) meses del sueldo básico que en todo tiempo corresponda a un Cabo Segundo o Marinero.
A la muerte de un Soldado o Grumete en servicio activo o por causas diferentes a las enunciadas anteriores a sus beneficiarios tendrá derecho al reconocimiento y pago de veinticuatro (24) meses de sueldo básico que en todo tiempo corresponda a un Cabo Segundo o Marinero.”
De las normas descritas se observa que el régimen especial de la fuerza pública, vigente al 30 de junio de 1995, fecha del fallecimiento del señor Wilson Jaime Vélez Osorio, prevén la pensión de sobrevivientes, respecto de oficiales y suboficiales muertos en: (i) combate, (ii) en misión del servicio o (iii) simplemente en actividad y para acceder a ella exige 12 y 15 años de servicios, para un monto de 50% de las partidas que indica la norma especial, mas no estipula esa prestación para el caso de soldados muertos en las mismas circunstancias; (i) misión de servicio, (ii) simplemente en actividad y en principio tampoco (iii) en caso de soldados muertos en combate.
3.3. La Ley 100 de 1993, por medio de la cual se crea el Sistema General de Seguridad Social; estructuró el sistema con los siguientes componentes: (i) el Sistema General en Pensiones, (ii) el Sistema General en Salud (iii) el Sistema General de Riesgos Profesionales y (iv) Servicios Sociales Complementarios.
El Sistema General en Pensiones, en lo relacionado con la pensión de sobrevivientes, establecía originalmente en su artículo 46 que tendrán derecho a la mencionada prestación (i) los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez, o invalidez por riesgo común, que fallezca y (ii) los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre que este hubiera cumplido alguno de los siguientes requisitos: a) que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas al momento de la muerte, y b) que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos veintiséis (26) semanas en el año inmediatamente anterior al momento en que se produzca la muerte.
Por su parte, el artículo 48 de la misma ley señala que “el monto mensual de la Pensión total de sobrevivientes por muerte del afiliado será igual al 45% del ingreso base de liquidación más 2% de dicho ingreso por cada cincuenta (50) semanas adicionales de cotización a las primeras quinientas (500) semanas de cotización, sin que exceda el 75% del ingreso base de liquidación”.
El régimen general de seguridad social integral, para la fecha del deceso del hijo de los demandantes, exigía 26 semanas de cotización (equivalente a 6 meses) al momento de la muerte o del año inmediatamente anterior, para una pensión en cuantía que parte del 45% del ingreso base de cotización y sin consideración a la causa de la muerte.
De modo que, del análisis integral de las normas contentivas del régimen especial y general, no obstante lo referente a la cuantía, éste (régimen general) tiene más elementos de favorabilidad en relación con aquel. Lo anterior, deja en evidencia, que la legislación especial, para efectos de la pensión de sobrevivientes, no incluía la pensión de sobrevivientes por muerte de un soldado. Adicionalmente, para el caso de oficiales y suboficiales exige más tiempo de cotización que la norma general para efectos de acceder a la pensión de sobreviviente.
3.4. Respecto al acceso de la pensión por muerte de soldados, la jurisprudencia de esta Corporación reiteradamente ha abogado por ese derecho y no ha encontrado justificación en el trato diferenciado respecto de sus beneficiarios y así se ha pronunciado en sentencias tales como de 7 de julio de 2011; 2 de agosto de 2012; 18 de febrero de 2016; 8 y 22 de septiembre de 2016; 26 enero de 2017; 16 y 23 de febrero de 2017; 17 agosto de 2017, y 31 de mayo de 2018, entre otras.
Asimismo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ha considerado que: “...no existe justificación válida para que a los beneficiarios de los soldados regulares que vienen prestando sus servicios a la Fuerza Pública, y fallezcan en desarrollo de actos propios del servicio, no les sea reconocida una pensión de sobreviviente cuya única finalidad, como quedó visto, es la de brindar un apoyo económico al grupo familiar que ante la ausencia definitiva de quien proveía lo necesario para satisfacer las necesidades básicas, ha quedado desprovisto de los medios económicos para tal efecto”.
La expresión de actos de servicio, supone la vinculación de un hecho con el servicio, guarda relación con el orden funcional. El término ‘servicio’ “alude a las actividades concretas que se orienten a cumplir o realizar las finalidades propias de las fuerzas militares.”
Igualmente, la Corte Constitucional ha anotado que, “los soldados al igual que los suboficiales y oficiales no sólo hacen parte de las Fuerzas Militares, sino que contribuyen al desarrollo de su misión constitucional y legal, esto es, la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional”.
Por lo anterior, y en aplicación de los principios y derechos constitucionales a la dignidad humana, favorabilidad, igualdad material y la seguridad social, reiteradamente en acciones de tutela, se ha ordenado el reconocimiento de una pensión de sobreviviente en favor de los beneficiarios de los soldados cuya muerte ha ocurrido en: misión de servicio, acción directa del enemigo, en combarte, simplemente en actividad.
De manera que, la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado, han considerado que “no existe justificación válida para que a los beneficiarios de los soldados regulares que vienen prestando sus servicios a la Fuerza Pública, y fallezcan en desarrollo de actos propios del servicio, no les sea reconocida una pensión de sobreviviente” pues ha evidenciado un trato inequitativo e injustificado entre los beneficiarios soldados que fallecen en actos de servicio, con sus pares de quienes hacen parte de las Fuerzas Militares en calidad de oficiales y suboficiales.
Así, el vacío normativo respecto del acceso al derecho a la pensión de sobrevivientes con ocasión de la muerte de soldados en acto de servicio ha quedado superado por virtud de la jurisprudencia, en el sentido que sus beneficiarios tienen derecho a la pensión de sobrevivientes.
3.5. En relación al régimen aplicable, a la pensión de sobrevivientes por la muerte de soldados, se observa, que:
La Corte Constitucional, en sentencias de tutela, en repetidas oportunidades con el propósito del reconocimiento de la pensión de sobreviviente por muerte de soldados en actos de servicio, ha ordenado la aplicación del Decreto Ley 1211 de 1990, estatuto del personal de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares. En efecto, ha señalado:
“El derecho a la pensión de sobrevivientes, en el régimen especial de las Fuerzas Militares. ...
1. En múltiples oportunidades esta corporación se ha pronunciado sobre la figura de la pensión de sobrevivientes...
(…)
Ahora bien, una lectura detenida de los enunciados normativos transcritos…
4.9. Frente a lo anterior, el Consejo de Estado, Sección Segundo, en fallo de julio 7 de 2011, C. P. Gerardo Arenas Monsalve, radicado 2161-09, se anotó que “resulta evidente la existencia de un trato diferenciado entre las prestaciones que le son reconocidas, por el Decreto 2728 de 1968 a los familiares de los soldados muertos en desarrollo de actos propios del servicio y las previstas por el Decreto 1211 de 1990 HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-1043-12.htm" \l "_ftn26" \o "" [26], para los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares muertos en las mismas circunstancias”.
(…)
Por tal razón, de conformidad con el artículo 4 HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-1043-12.htm" \l "_ftn27" \o "" 4 de la Constitución Política, el Consejo inaplicó el artículo 8° del Decreto 2728 de 1968 en cuanto no dispone el reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente a favor de los familiares de los soldados regulares muertos en desarrollo de actos propios del servicio y, en su lugar, aplicó el artículo 185 del Decreto 1211 de 1990, “toda vez que, como quedó visto, sí reconoce la citada prestación pensional a favor de los beneficiarios de los oficiales y suboficiales de la Fuerza Pública” HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-1043-12.htm" \l "_ftn28" \o "" [27].
(..)
6.5… la finalidad de la norma aludida es proteger la familiar del soldado fallecido cuando se encontraba prestando el servicio militar oficial, con el objetivo que los integrantes no queden desamparados, por lo que se debe aplicar el beneficio pensional dispuesto en el Decreto 1211 de 1990 a favor de los oficiales y suboficiales, también a los soldados regulares que prestando el servicio militar y fallecen en actividad de tal servicio...”
La jurisprudencia del Consejo de Estado, también, para efectos del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por muerte de un soldado, ha acudido al régimen previsto en el Decreto Ley 1211 de 1990 y ha considerado que no era procedente ordenar el descuento de la compensación reconocida con fundamento en el artículo 8º del decreto 2728 de 1968.
No obstante lo anterior, el Consejo de Estado, en reciente sentencia de unificación, en cuanto al régimen aplicable a la pensión de sobreviviente, respecto del personal de soldados muertos, en simple actividad, concluyó:
“88. Esta relación evidencia que solo hasta la entrada en vigencia de la Ley 447 de 1998 se previó una pensión a favor de los beneficiarios del conscripto fallecido, toda vez que el Decreto 2728 de 1968 no la contemplaba. Aunado a lo anterior, es importante advertir que la Ley 447 de 1998 consagró la aludida pensión, tan solo para aquellas muertes ocurridas en combate o como consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto internacional o participando en operaciones de conservación o restablecimiento del orden público.
89. Se observa entonces que para el caso del fallecimiento de un conscripto en simple actividad, la única prestación se encuentra prevista en el artículo 8 del Decreto 2728 de 1968, y consiste en el reconocimiento y pago de 24 meses de sueldo básico que en todo tiempo corresponda a un cabo segundo o marinero.
(…)
1.1.8 Principio pro homine o pro persona
112. Principio pro homine o pro persona es un principio que irradia a todos los derechos humanos, al ser connatural a la existencia misma del sistema de protección de tales derechos.
1.1.9 Principio de igualdad
117. Es importante precisar que los regímenes pensionales especiales encuentran limitantes impuestas en virtud de principios superiores como la igualdad y la favorabilidad, tal como pasa a exponerse.
(…)
1.1.9.1. Principio de inescindibilidad de la norma…
127. De lo anterior, se colige que el denominado principio de derecho laboral de inescindibilidad o indivisibilidad tradicionalmente ha sido consagrado en la legislación laboral colombiana como complemento del de favorabilidad, según el cual, cuando en un asunto se encuentran dos o más textos aplicables a la solución del caso concreto, la norma que se adopte: i) debe ser la más favorable al trabajador y ii) debe ser aplicada en su integridad, con lo cual, se evita el desmembramiento de las normas legales para tomar aspectos favorables que uno y otro régimen ofrezca.
(…)
1.1.10. Determinación de la regla aplicable a la pensión de sobrevivientes para los beneficiarios de los conscriptos de las fuerzas militares muertos simplemente en actividad.
(…)
136. Ahora bien, en este estudio no debe incluirse el Decreto 1211 de 1990 por cuanto no es aplicable a quienes prestan el servicio militar obligatorio, donde se ubican los soldados regulares, quienes claramente no son oficiales ni suboficiales.
137. Además, no sería más favorable frente a la pensión regulada en el régimen general,
(…)
139. Tampoco es admisible extender las prestaciones de que trata la Ley 447 de 1998, comoquiera que esta norma no decreta pensión de sobrevivientes a favor de los familiares del conscripto muerto simplemente en actividad.
140. La misma situación se presenta en relación con las disposiciones contenidas en el Decreto 4433 de 2004,
(…)
142. No desconoce la Sala que la Corte Constitucional en la sentencia T-1043 de 2012 hizo extensivo el régimen contenido en el Decreto 1211 de 1990, en el caso de un conscripto fallecido el 16 de octubre de 1997 en accidente de tránsito durante el servicio …, empero se observa que en aquella oportunidad dentro del sustento jurídico de la decisión se acogió la posición expuesta por el Consejo de Estado en sentencia del 7 de julio de 2011y del 30 de octubre de 2008, vigente para ese momento y que extendían los efectos de un régimen especial para las Fuerzas Militares, teoría que en esta oportunidad se reevalúa para dar aplicación al régimen general contenida en la Ley 100 de 1993.
(…)
146. Por ende como el régimen aplicable en virtud de la regla de favorabilidad contenido en el artículo 288, es el general previsto en la Ley 100 de 1993, este deberá atenderse en su integridad, esto es, en lo relativo al monto de la prestación, ingreso base de liquidación y orden de beneficiarios.
(…)
1.1.11. Descuentos por concepto de compensación por muerte.
(…)
161. En resumen es procedente el descuento, debidamente indexado, de lo que se hubiere pagado por virtud de la compensación por muerte, como consecuencia de la aplicación del Decreto 2728 de 1968. En todo caso, la entidad solo podrá efectuar el descuento siempre y cuando haya identidad entre el beneficiario de la compensación por muerte y el beneficiario de la pensión de sobrevivientes que se reconoce.
162…De manera que por ningún motivo podrá hacerse deducción alguna de la compensación por muerte a quien no resulte beneficiario de la pensión de sobrevivientes.
(…)
1.1.12. Término de prescripción aplicable
(…)
169. Por su parte, en el régimen general se aplica el término prescriptivo de 3 años de conformidad con lo establecido por los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo, cuyo tenor...
(…)
173. De manera que el término de prescripción que corre en contra de la persona que reclama el reconocimiento de la prestación opera respecto de las mesadas y será de tres años, teniendo como referente la presentación de la respectiva petición.
174. Ahora bien, no puede hablarse de prescripción de los valores económicos pagados por compensación por muerte, toda vez que la sentencia que reconoce el derecho pensional es la que origina, a su vez, el derecho de la entidad a deducir los valores que fueron inicialmente entregados por aquél concepto.
1.1.13. Reglas de unificación
(…)
2. Con fundamento en la regla de favorabilidad contenida en el artículo 288 de la Ley 100 de 1993, los beneficiarios de las personas vinculada a las Fuerza Militares, en cumplimiento de la obligación constitucional de prestar el servicio militar, que fallezcan simplemente en actividad y con posterioridad a la Ley 100 de 1993, pueden beneficiarse de la pensión de sobrevivientes prevista para el régimen general contenido en la Ley 100 de 1993, artículos 46, 47 y 48, el cual deberá aplicarse en su integridad para efectos del reconocimiento de la prestación, esto es, lo relativo al monto de la pensión, ingreso base de liquidación y el orden de beneficiarios.
(…)
1.1.14. Efectos en el tiempo de las sentencias de unificación. Precedente y su vinculatoriedad.
(…)
205. Por lo anterior, se considera que las reglas de unificación contenidas en esta sentencia deben aplicarse de manera retrospectiva a todos los casos pendientes de discusión tanto en vía administrativa como en vía judicial.”
En tal sentido, respecto al régimen aplicable para la pensión de sobrevivientes por muerte de un soldado, inicialmente, la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como de esta corporación, sentaron como precedente la aplicación de las previsiones del Decreto Ley 1211 de 1990, empero, recientemente en la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-010-2018 de 12 de abril de 2018 del Consejo de Estado, se acude a la Ley 100 de 1993, y en epígrafe anterior, se advirtió que las sentencias de unificación de los órganos de cierre son obligatorio cumplimiento.
Como se expresó líneas atrás, la normatividad especial no previó la pensión de sobrevivientes por muerte de soldado en actos de servicio y por las diferentes causales, pero ese vacío normativo quedó superado por la jurisprudencia, al acudir al principio de favorabilidad, motivo por el que sus beneficiarios tienen derecho a la prestación. Así la discusión planteada por el apelante en relación al acceso del derecho por aplicación del Decreto 2728 de 1968, se torna inane.
Por otro lado, en cuanto al régimen aplicable en caso de soldado muerto en misión de servicio, en vigencia de la Ley 100 de 1993, la Sala aplicará por analogía, el criterio plasmado en la sentencia de unificación, CE-SUJ-SII-010-2018 de 12 de abril de 2018 del Consejo de Estado, por las siguientes razones:
Si bien es cierto, en la mencionada sentencia se trató un caso de muerte de soldado (i) “simplemente en actividad” que es una de las causales previstas en las normas especiales, a lado de las otras causales (ii) en misión de servicio y (iii) combate, ambos casos se refieren a muerte de soldado en actos de servicio, existiendo vacío normativo respecto al derecho, en uno y otro caso la muerte ocurrió en vigencia de la Ley 100 de 1993 y antes de la Ley 447 de 1998.
Así las cosas, de lo esbozado se concluye que en caso de muerte de soldado vinculado a las fuerzas militares, cuyo deceso se produjo “…en servicio por razón y causa del mismo.”, en vigencia del sistema de Seguridad Social Integral sus beneficiarios acceden a la pensión de sobrevivientes prevista en el régimen general contenido los artículos 46, 47 y 48 de la Ley 100 1993, el cual habrá de aplicarse en su integridad para efectos del reconocimiento de la prestación de los demandantes Rubi Neri Osorio de Vélez y Alberto de Jesús Vélez Bustamante, en acatamiento al acervo probatorio, lo que genera como consecuencia que el A-quo acertó en el reconocimiento de la prestación, no así en el régimen aplicable, empero, no por eso se le otorga la razón al apelante.
Lo anterior resulta coherente con la tesis que sentó esta corporación y que plasmó en la estudiada sentencia de unificación, donde se dispuso como regla la obligación del juez contencioso de administrar justicia acorde a la legislación pensional que corresponda, sin importar el régimen pensional invocado por la parte demandante (artículo 103 de la Ley 1437 de 2011):
“En materia pensional, por tratarse de un derecho fundamental, irrenunciable y de aplicación inmediata, el juez contencioso administrativo no está limitado para conocer del fondo del asunto a la luz del régimen pensional que invoque la parte que reclama el reconocimiento de la prestación, sino que tiene la obligación de aplicar el derecho y de resolver los conflictos sometidos a su conocimiento conforme la normativa pensional que corresponda y a los supuestos fácticos de la litis, de conformidad con el artículo 103 de la Ley 1437 de 2011.”
Por otro lado, sabiendo que el derecho a la pensión es imprescriptible, no así las mesadas pensionales, en el presente asunto la muerte del causante ocurrió el 30 de junio de 1995 y la petición de reconocimiento de la pensión de sobreviviente fue elevada el 29 de septiembre de 2011, el ordenamiento Colombiano, en relación con la figura de la prescripción de las mesadas pensionales, prevé que la misma se cuenta a partir de la fecha en la cual la obligación se hizo exigible y que el simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual.
El Tribunal Administrativo de Bolívar en el fallo apelado al reconocer la pensión de sobrevivientes contemplada en el Decreto 1211 de 1990, aplicó la prescripción establecida en el artículo 174:
“ARTÍCULO 174. PRESCRIPCIÓN. Los derechos consagrados en este Estatuto prescriben en cuatro (4) años, que se contarán desde la fecha en que se hicieron exigibles. El reclamo escrito recibido por autoridad competente sobre un derecho, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual. El derecho al pago de los valores reconocidos prescribe en dos (2) años contados a partir de la ejecutoria del respectivo acto administrativo y pasarán a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.”
No obstante, bajo las premisas jurisprudenciales establecidas en la sentencia CE-SUJ-SII-010-2018 del 12 de abril de 2018, la prescripción que se debe aplicar en casos como el particular en donde se acude al régimen general de pensiones, es la trienal, por cuanto no puede escogerse parcialmente el sistema prestacional al que se acude, tal como se explicó en precedencia. Por esta razón, habrá de modificarse la sentencia de primera instancia en este sentido.
DECISIÓN
Corolario de lo anterior, la Sala reformará la sentencia apelada, como se indicará en la parte resolutiva de esta providencia y debe tenerse en cuenta que la petición que originó el acto administrativo demandado se elevó el 29 de septiembre de 2011, y la muerte del causante acaeció el 30 de junio de 1995, lo que indica que las mesadas anteriores al 29 de septiembre de 2008, se encuentran prescritas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO.- REFORMAR la sentencia apelada, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO.- MODIFICAR el inciso 2º y 3º del numeral “SEGUNDO” de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, para lo cual se ordenará reconocer y pagar en favor de los señores Rubi Neri Osorio de Vélez y Alberto de Jesús Vélez Bustamante, la pensión de sobrevivientes en calidad de padres del extinto Soldado Regular Wilson Jaime Vélez Osorio (q.e.p.d.), cuyo monto deberá determinarse en los términos del artículo 48 de la Ley 100 de 1993, sin que en ningún caso pueda ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente.
TERCERO.- ADICIONAR que se declaran prescritas las mesadas causadas con anterioridad al 29 de septiembre de 2008, teniendo en cuenta la prescripción trienal del régimen general de prestaciones sociales.
CUARTO.- CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada.
QUINTO.- Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
SANDRA LISETT IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER
Folio 73.
Ibídem.
Folio 198.
Folio 179.
Folio 90.
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ, Bogotá, D.C., primero (1) de marzo de dos mil dieciocho (2018), Radicación número: 68001-23-33-000-2015-00965-01(3760-16)CE-SUJ2-009-18, Actor: ARACELI DEL CARMEN LLANOS GARCÍA, Demandado: MINISTERIO DE DEFENSA - ARMADA NACIONAL, SENTENCIA DE UNIFICACIÓN POR IMPORTANCIA JURÍDICA, SENTENCIA CE-SUJ-SII-009-2018, SUJ-009-S2.
T-393-13.
Soldado regular (presta servicio 18 meses); soldado bachiller (presta servicio 12 meses) Ley 1861 de 2017.
Artículos 11 y 13 de la Ley 57 de 1887.
T-525-17.
Corte Constitucional. “En razón del principio de la autonomía judicial, el juez puede apartarse de aquellos, siempre y cuando presente (i) de forma explícita las razones por las cuales se separa de aquellos, y (ii) demuestre con suficiencia que su interpretación aporta un mejor desarrollo a los derechos y principios constitucionales.” Sentencias T-1029-12, T-342-16 y T-459-17.
Sentencia C-179-16 Luis Guillermo Guerrero Pérez.
Artículo 8º de la Ley153 de 1887 y 42 del C.G.P.
Consejo de Estado. Sentencia de unificación 76001233100020070161101 (160509) de 25 de abril de 2013. Ver también radicados 050012333000201200772 01 (0328-2014) de 3 de marzo de 2015. Radicación número: 19001-23-33-000-2013-00557-01(3318-14), 20 de abril de 2017.Radicado No. 201400521 01 del 28 de septiembre de 2017.
Corte Constitucional T-663-16.
Sentencia T-532A-16.
Folio 91.
Disposiciones sobre el régimen de prestaciones para el personal de soldados y grumetes de las Fuerzas Militares (por desaparecimiento).
Por el cual se reglamenta el ordinal d) del artículo 1º del decreto 1414 de 1975. Sobre el uso de la franquicia postal.
Ley 447 de 1998. Artículo 11. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. Diario Oficial No. 43.345, de 23 de julio de 1998.
Ley 923 de 2004. Artículo 7°. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. Diario Oficial 45777 de diciembre 30 de 2004.
Decreto 4433 de 2004.ARTICULO 45. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las demás disposiciones que le sean contrarias y, en especial, los artículos HYPERLINK "https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/decreto_1211_1990_pr004.htm" \l "193" 193 del Decreto-ley 1211 de 1990, HYPERLINK "https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/decreto_1212_1990_pr003.htm" \l "167" 167 del Decreto-ley 1212 de 1990, HYPERLINK "https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/decreto_1213_1990_pr002.htm" \l "125" 125del Decreto 1213 de 1990, Ley HYPERLINK "https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/decreto_1213_1990.htm" \l "1" 103 de 1912, y los artículos HYPERLINK "https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/decreto_1793_2000.htm" \l "39" 39 y HYPERLINK "https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/decreto_1793_2000.htm" \l "40" 40 del Decreto-ley 1793 de 2000. Diario oficial 45778 de 31 de diciembre de 2004.
Ley 100 de 1993 .Artículo 151. vigencia del sistema general de pensiones. El Sistema General de Pensiones previsto en la presente Ley, regirá a partir del 1o. de Abril de 1.994. No obstante, el Gobierno podrá autorizar el funcionamiento de las administradoras de los fondos de pensiones y de cesantía con sujeción a las disposiciones contempladas en la presente Ley, a partir de la vigencia de la misma.
parágrafo. El Sistema General de Pensiones para los servidores públicos del nivel departamental, municipal y distrital, entrará a regir a más tardar el 30 de junio de 1.995, en la fecha que así lo determine la respectiva autoridad gubernamental.
Ley 797 de 2003. Artículo 24. La presente ley rige al momento de su publicación y deroga los artículos HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0797_2003.html" \l "30" 30 y HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0797_2003.html" \l "31" 31 de la Ley 397 de 1997 y demás normas que le sean contrarias. Diario Oficial No. 45.079 de 29 de enero de 2003.
La Ley 447 de 1998, por la cual se establece pensión vitalicia y otros beneficios a favor de parientes de personas fallecidas durante la prestación del servicio militar obligatorio y se dictan otras disposiciones, señala:
“ARTICULO 1o. MUERTE EN COMBATE. A partir de la vigencia de la presente ley, a la muerte de la persona vinculada a las F.F.A.A. y de Policía por razón constitucional y legal de la prestación del servicio militar obligatorio, ocurrida en combate o como consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto internacional o participando en operaciones de conservación o restablecimiento del orden público, sus beneficiarios en el orden establecido en esta ley, o los beneficiarios que designe la persona prestataria del servicio militar al incorporarse, tendrán derecho a una pensión vitalicia equivalente a un salario y medio (11/2) mínimo mensuales y vigente “PARÁGRAFO 1o. Suprímase la indemnización por muerte, que actualmente se causa, de conformidad al Estatuto Militar, cuando se apliquen estos casos de pensiones. PARÁGRAFO 2o. Lo establecido en este artículo, se aplicará igualmente en el caso de muerte de persona prestataria del servicio militar obligatorio, como consecuencia de heridas recibidas en combate o como consecuencia de la acción del enemigo.”
El decreto 4433 de 2004, estipuló: “Artículo 34. Muerte en combate del personal vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio. A la muerte de la persona vinculada a las Fuerzas Militares o a la Policía Nacional por razón constitucional y legal de la prestación del servicio militar obligatorio, ocurrida en combate o como consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto internacional o participando en operaciones de conservación o restablecimiento del orden público, sus ascendientes en primer grado de consanguinidad o civil, tendrán derecho a que por el Tesoro Público se les pague una pensión vitalicia, que será reconocida por el Ministerio de Defensa Nacional o la Dirección General de la Policía Nacional según el caso, equivalente a un salario y medio (1.1/2) mínimo legal mensual vigente, en los términos de la Ley 447 de 1998.”
Posteriormente, el Decreto 4433 de 2004, exige “tuviere quince (15) o menos años de servicio” e incluye también a los soldados profesionales y exige en ese caso menos de veinte (20) años de servicios. A partir del 23 de julio de 1998, fecha de entrada en vigencia de la Ley 447 de 1998, incluyó al personal muerto en combate, pero no el que muere en misión del servicio o simplemente en actividad.
Consejo de Estado-Radicado 70001-23-31-000-2004-00832-01(2161-09).
Consejo de Estado. Radicado 05001-23-31-000-2002-00672-01(1020-10).
Consejo de Estado. Radicado 66001233300020120006001(2681-2013).
Consejo de Estado. radicados 13001-23-33-000-2013-00299-01(1085-14) y 41001-23-31-000-2010-00308-01(4373-14).
Consejo de Estado. radicado 68001-23-33-000-2014-00278-01(2801-15).
Consejo de Estado. radicados 68001-23-33-000-2013-00564-01(2114-14) y 68001-23-33-000-2013-00534-01(2146-15).
Consejo de Estado. radicados 05001-23-33-000-2015-01678-01(2493-17).
T-1043-12.
Corte Constitucional sentencias C-358-97 y C1184-08.
Ibídem.
T-1043-12. M.P.Nilson Pinilla Pinilla.
T-484-12 M.P Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
T-393-13M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, t-106-12 M.P, Nilson Pinilla Pinilla.
Sentencia T-1043-12.
Sentencia T-1043-12.
Consejo de Estado. Radicado 66001-23-33-000-2013-00432-01 (4826-14). Sentencia de 28 de octubre de 2016 M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.Radicado 73001-23-33-000-2013-00058-01(3791-13) sentencia de 17 de agosto de 2017 M.P. César Palomino Cortés.
Consejo de Estado. Sentencia CE-SUJ-SII-010-2018 de 12 de abril de 2018.
Sentencias T-1043-12, T-393-13.
Según el concepto rendido el 15 de julio de 1995 por el Comandante del Batallón de Infantería No. 4 Antonio Nariño, visible a folio 91.
“Artículo 103. Objeto y principios. Los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tienen por objeto la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley y la preservación del orden jurídico.
En la aplicación e interpretación de las normas de este Código deberán observarse los principios constitucionales y los del derecho procesal.
En virtud del principio de igualdad, todo cambio de la jurisprudencia sobre el alcance y contenido de la norma, debe ser expresa y suficientemente explicado y motivado en la providencia que lo contenga.
Quien acuda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en cumplimiento del deber constitucional de colaboración para el buen funcionamiento de la administración de justicia, estará en la obligación de cumplir con las cargas procesales y probatorias previstas en este Código.”
Pues si bien, el escrito de solicitud anexado a folio 24 no tiene el correspondiente sello de recibido, en el acto administrativo demandado se expresa que la petición fue radicada el 29 de septiembre de 2011.
Artículo 488 del C.S.T.
Artículo 41 Decreto Ley 3135 de 1968.
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