República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2017-00267-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
27 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2017-00267-01 (2437-2021)
Demandante: América María Bermúdez de Copete y Julio Copete Ríos
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
Tema: pensión de sobrevivientes. Subtema 1: aplicación del Decreto 1211 de 1990
a soldado regular que fue ascendido póstumamente al grado de cabo segundo.
Subtema 2: norma vigente al momento del fallecimiento. Subtema 3:
compatibilidad entre la compensación por muerte del Decreto 2728 de 1968 y la
pensión de sobrevivientes del Decreto 1211 de 1990. Subtema 4: improcedencia
de descuentos de los valores reconocidos por compensación por muerte. Subtema
5: descuentos al Sistema de Seguridad Social en Salud proceden por ministerio de
la ley.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército
Nacional, contra la sentencia proferida por la Sala Primera de Oralidad del Tribunal
Administrativo de Antioquia, el 5 de noviembre de 2020, que accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
Los señores América María Bermúdez de Copete y Julio Copete Ríos pidieron el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes como consecuencia de la muerte
del señor Julio Copete Bermúdez, ocurrida en combate el 14 de septiembre de 1995.
En primera instancia, el Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda porque el Decreto 1211 de 1990 resultaba aplicable al caso concreto, no
procedía la deducción de sumas ante la falta de acreditación del pago efectivo.
Condenó en costas a la demandada por haber resultado vencida. Inconforme con
esta decisión, la entidad apeló porque el Decreto 1211 de 1990 era inaplicable al
presente asunto y, en su criterio, existía incompatibilidad con las prestaciones
reconocidas bajo el Decreto 2728 de 1968. Pidió que se efectuaran los descuentos.
La Subsección confirmará la sentencia, salvo la condena en costas que se revoca.
Radicación: 05001-23-33-000-2017-00267-01 (2437-2021)
Demandante: América María Bermúdez de Copete y Julio Copete Ríos
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
2. Antecedentes
2.1. La demanda y su reforma
1. Los señores América María Bermúdez de Copete y Julio Copete Ríos,
mediante apoderado, presentaron demanda el 28 de octubre de 20161, en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional2, con las siguientes pretensiones:
2. Declarar la nulidad de la Resolución 3499 del 29 de agosto de 2016, que les
negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.
3. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho,
pidieron condenar a la accionada a que reconozca y pague la pensión de
sobrevivientes con retroactividad de las mesadas; que se ordene el pago de los
intereses bancarios; que se actualice la condena con base en el Índice de Precios
al Consumidor (IPC); que se les afilie al Sistema de Seguridad Social en Salud e
Integral; que se le dé cumplimiento a la sentencia y que se condene en costas.
4. En caso de proferirse condena, solicitaron no ordenar la devolución por
concepto de compensación por muerte, toda vez que la entidad no la ha
reconocido3.
2.1.1. Hechos
5. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
6. El señor Julio Copete Bermúdez fue soldado regular del Ejército Nacional
desde el 23 de noviembre de 19944 hasta el 16 de septiembre de 19955, cuando
falleció en combate.
7. Sus padres eran América María Bermúdez de Copete y Julio Copete Ríos,
quienes dependían económicamente de él.
8. El extinto soldado regular fue ascendido de manera póstuma al grado de cabo
segundo mediante la Resolución 16526 del 12 de noviembre de 1996.
9. Los actores le pidieron a la accionada el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes, la cual se negó al considerar que el Decreto 2728 de 1968 no prevé
1 Samai, visualizar expediente, descargar expediente con su nivel de acceso,
9_ED_ACTUACIONE_02ACTAREPARTOJUZGADO.
2 Samai, visualizar expediente, descargar expediente con su nivel de acceso,
15_ED_ACTUACIONE_08SUBSANACIONDEMANDA.
3 Esta pretensión fue adicionada en la reforma de la demanda presentada, la cual fue admitida. Samai, visualizar
expediente, descargar expediente con su nivel de acceso, 18_ED_ACTUACIONE_10REFORMADEMANDA,
páginas 1 y 2 del archivo digital.
4 Aunque se alude al 23 de septiembre de 1994, la Sala entiende que se trata del 23 de noviembre de 1994.
5 Sic: según la prueba documental, el deceso ocurrió el 14 de septiembre de 1995.
2
Radicación: 05001-23-33-000-2017-00267-01 (2437-2021)
Demandante: América María Bermúdez de Copete y Julio Copete Ríos
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
esa prestación. Agregaron que no se les pagó la compensación por muerte y el valor
de sus cesantías en los términos del Decreto 2728 de 1968.
2.1.2. Normas violadas y concepto de violación
10. La parte demandante citó como normas vulneradas los artículos 1, 13, 29,
48, 83 y 229 de la Constitución Política; el artículo 189, literal d), del Decreto 1211
de 1990; los artículos 22, 85, 131, 135, 136, 137 y 139 del Código Contencioso
Administrativo; y el parágrafo 1.° del artículo 192 de la Ley 447 de 1998.
11. Al explicar el concepto de violación, la parte actora expuso que era evidente
la transgresión del artículo 13 del texto Superior, dado que la finalidad de la pensión
de sobrevivientes es suplir la contingencia de ausencia del apoyo económico que el
cabo segundo le ofrecía a sus padres. En ese sentido, no efectuar el reconocimiento
implica otorgarle un tratamiento discriminatorio al suboficial.
12. En particular, indicó que los actos están viciados de nulidad porque se
sustentaron en el Decreto 2728 de 1968, en desconocimiento del Decreto 1211 de
1990, artículo 189, literal d). Adicionalmente, les asiste el derecho a percibir la
pensión de sobrevivientes en aplicación de los artículos 46 y 47, literal c) de la Ley
100 de 1993, que prevé su procedencia a favor de los padres que dependían
económicamente del causante, en ausencia de cónyuge, compañero permanente o
hijos. Añadieron que, conforme al criterio de la Corte Constitucional, correspondía
aplicar el régimen más favorable6.
2.2. Contestación de la demanda
13. La Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional se opuso a todas las
pretensiones al considerar que a los demandantes no les asiste el derecho al
reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes, en calidad de padres del
señor Julio Copete Bermúdez, porque el Decreto 2728 de 1968, que reguló el
régimen prestacional aplicable al caso concreto, no lo preveía.
14. Manifestó que el señor Julio Copete Bermúdez prestó servicio militar
obligatorio en calidad de soldado regular, por tal motivo, entre él y la entidad no
existía una relación laboral y ello impide el reconocimiento pensional. Además,
según los documentos allegados al proceso, falleció en combate y fue ascendido
póstumamente al grado de cabo segundo en cumplimiento del artículo 8.° del
Decreto 2728 de 1968.
15. Planteó las siguientes excepciones: improcedencia del derecho reclamado,
porque el Decreto 1211 de 1990 únicamente es aplicable a los oficiales y
suboficiales activos de las fuerzas militares, y el señor Julio Copete Bermúdez,
6 Samai, visualizar expediente, descargar expediente con su nivel de acceso,
8_ED_ACTUACIONE_01DEMANDACONANEXOSP, páginas 1 a 10 del archivo digital.
3
Radicación: 05001-23-33-000-2017-00267-01 (2437-2021)
Demandante: América María Bermúdez de Copete y Julio Copete Ríos
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
cuando falleció, no era suboficial, pues estaba adscrito a la entidad en calidad de
soldado regular. En ese orden, su régimen aplicable es el dispuesto en el artículo
8.° del Decreto 2728 de 1968, norma especial que reconoce a favor de los
beneficiarios de este último, los haberes del grado de cabo segundo y el pago doble
de la cesantía. Así, el ascenso póstumo tiene dos finalidades, honrar la memoria y
extender los beneficios prestacionales de la forma expuesta, más no tiene carácter
prestacional; y, en todo caso, es improcedente aplicar el principio de favorabilidad,
ya que la norma que rige el asunto es el Decreto 2728 de 1968.
16. Además, propuso las excepciones de legalidad del acto impugnado;
prescripción de las mesadas pensionales; incompatibilidad entre prestaciones, lo
que exige efectuar el descuento de los valores reconocidos por compensación por
muerte; y la innominada. Finalmente, expresó que acceder a lo pedido generaría un
detrimento patrimonial para el Estado7.
17. La entidad también manifestó su oposición al escrito de la reforma de la
demanda, en el sentido de que en el evento de accederse a las pretensiones de la
demanda procedía descontar los valores reconocidos por compensación por
muerte, ya que esta prestación, y la pensión de sobrevivientes, son incompatibles8.
2.3. Sentencia de primera instancia
18. La Sala Primera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia,
mediante sentencia del 5 de noviembre de 2020, resolvió lo siguiente:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución 3499 del 29 de agosto de 2016,
de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte considerativa de esta
providencia.
SEGUNDO: Como restablecimiento del derecho, CONDENAR a la NACIÓN-
MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, a reconocer y pagar a la
señora AMÉRICA MARÍA BERMÚDEZ de COPETE, una pensión mensual de
sobrevivientes por la muerte del señor Julio Copete Bermúdez, en los términos del
literal d), artículo 189 del Decreto 1211 de 1990, equivalente al 50% de las partidas
de que trata el artículo 158 de dicho Decreto, cuyo pago deberá realizarse desde el
18 de julio de 2012. […]
La entidad demandada deberá incluir en nómina de pensionados a la demandante.
TERCERO: DECLARAR la prescripción de las mesadas pensionales causadas con
anterioridad al 18 de julio de 2012, con fundamento en lo expuesto en la parte motiva.
CUARTO: NEGAR las restantes pretensiones de la demanda, con fundamento en
los argumentos dados en la parte motiva. […]
7 Samai, visualizar expediente, descargar expediente con su nivel de acceso,
22_ED_ACTUACIONE_13CONTESTACIONDEMAND, páginas 1 a 11 del archivo digital.
8 Samai, visualizar expediente, descargar expediente con su nivel de acceso,
25_ED_ACTUACIONE_16CONTESTACIONREFORM.
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Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
SEXTO: CONDENAR en costas y agencias en derecho en primera instancia a la
NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, conforme a los
artículos 188 del CPACA, 365 y 366 del CGP. Por Secretaría de este Tribunal,
procédase a su liquidación.
19. Como fundamento de la decisión, sostuvo que aunque la Nación, Ministerio
de Defensa, Ejército Nacional aplicó el artículo 8.° del Decreto 2728 de 1968, al
reconocer las cesantías definitivas dobles y la compensación por muerte a favor de
los padres del soldado fallecido, como consta en la Resolución 16526 del 12 de
noviembre de 1996, debía tenerse en cuenta el artículo 189 del Decreto 1211 de
1990. La aplicación de esta normativa, en criterio del Tribunal, debía prevalecer por
favorabilidad y progresividad, así como en protección del derecho a la igualdad, ya
que el Decreto 2728 de 1968 no previó la pensión de sobrevivientes reclamada.
20. El Tribunal consideró que el señor Julio Copete Bermúdez fue ascendido
póstumamente al grado de cabo segundo de la institución, lo que permitía aplicar el
Decreto 1211 de 1990, pues sus prestaciones debían ordenarse de conformidad
con el régimen adquirido en virtud de su condición luego de la muerte, el cual, a su
vez, resultaba más beneficioso. Aclaró que esta disposición no les exigía a los
padres probar la dependencia económica hacia su hijo fallecido.
21. Concretamente, destacó que al presente trámite comparecieron como
demandantes los señores Julio Copete Ríos y América María Bermúdez de Copete.
Julio Copete Ríos falleció el 17 de octubre de 2019, en el curso del proceso, por lo
tanto, América María Bermúdez de Copete pasó a ser la única beneficiaria de la
prestación. Lo anterior, lo fundamentó en que la pensión se concede respecto de
los beneficiarios existentes y en que el artículo 188 del Decreto 1211 de 1990 reguló
el supuesto de extinción de la pensión, sin posibilidad de acrecimiento cuando no
se trate de los hijos o del cónyuge.
22. De este modo, el Tribunal dispuso que era procedente acceder al
reconocimiento pensional según el literal d) del artículo 189 del Decreto 1211 de
1990, porque el soldado prestó sus servicios durante 9 meses y 21 días, período
comprendido del 23 de noviembre de 1994 al 14 de septiembre de 1995. Precisó
que según la parte actora no han recibido el pago por concepto de prestaciones
sociales, lo que sustentó con comunicaciones dirigidas a entidades bancarias a
efectos de establecer las personas beneficiarias del dinero.
23. Bajo ese entendido, más allá de la Resolución 16526 del 12 de noviembre de
1996 no hay constancia efectiva del pago prestacional a favor de los accionantes y
la demandada no satisfizo la carga que le correspondía de acreditarlo. El Tribunal
aclaró que pese a la orden de pago de nómina e informe de beneficiarios, dichos
documentos no proporcionaban la convicción de que los padres recibieron
efectivamente el dinero. En consecuencia, no procedía la deducción de sumas.
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Radicación: 05001-23-33-000-2017-00267-01 (2437-2021)
Demandante: América María Bermúdez de Copete y Julio Copete Ríos
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
24. Finalmente, aplicó el artículo 174 del Decreto 1211 de 1990 en punto a la
prescripción y concluyó que esta se interrumpió con la petición presentada el 18 de
julio de 2016; por consiguiente, prescribieron las mesadas pensionales causadas
con antelación al 18 de julio de 2012. Condenó en costas a la demandada por haber
resultado vencida en el proceso9.
2.4. Recurso de apelación de la parte demandada
25. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, por conducto
de apoderada, pidió que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
se nieguen las pretensiones de la demanda, con sustento en los siguientes motivos
de inconformidad:
26. Resulta improcedente el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes con
ocasión del deceso del soldado regular, Julio Copete Bermúdez, toda vez que en el
proceso se acreditó, con el informativo administrativo por muerte, que esta ocurrió
en combate.
27. Mediante la Resolución 16526 del 12 de noviembre de 1996, la entidad
confirió el ascenso póstumo a Julio Copete Bermúdez, en cumplimiento del artículo
8 del Decreto 2728 de 1968, el cual tenía como finalidades honrar la memoria y
extenderles a los beneficiarios los reconocimientos prestacionales, de manera que
estos se efectúen con los ingresos percibidos por el grado del cabo segundo.
28. El Decreto 1211 de 1990 era aplicable única y exclusivamente a los oficiales
y suboficiales de las fuerzas militares, calidad que no ostentó Julio Copete
Bermúdez al momento de su deceso, pues estaba adscrito al Ejército Nacional en
calidad de soldado regular. En ese orden, no podía aplicarse al caso una disposición
que no cobijó a este uniformado, como lo hizo el Tribunal en la sentencia
impugnada.
29. Por lo tanto, no es procedente dar aplicación, por favorabilidad, al literal d)
del artículo 189 del Decreto 1211 de 1990 – norma en que se fundó el Tribunal para
proferir el fallo impugnado–, pues el ascenso póstumo conferido a Julio Copete
Bermúdez se otorgó en cumplimiento del Decreto 2728 de 1968 y, en atención al
principio de inescindibilidad, no es posible tomar lo más favorable de esta última
disposición y, a la vez, acceder al reconocimiento pensional con fundamento en el
Decreto 1211 de 1990. A ello se suma que el literal c) del mismo artículo 189 idem
condiciona el reconocimiento y pago de la pensión a cargo del tesoro público a que
el uniformado hubiere cumplido doce (12) o más años de servicio, requisito que en
el caso puntual tampoco se acreditó.
9 Samai, visualizar expediente, descargar expediente con su nivel de acceso,
35_ED_ACTUACIONE_26SENTENCIAPRIMERAIN.
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30. El Consejo de Estado ha proferido distintas sentencias de unificación sobre
el tema, pero no ha abordado la materia específica de la aplicación del principio de
favorabilidad para los soldados regulares fallecidos en combate. El recurrente
estimó que en esas providencias se debió sustentar por qué se apartaba del
precedente de la Corte Constitucional sobre el trato diferencial de las fuerzas
militares, y con cuáles recursos públicos se sufragarían las pensiones de
conformidad con el principio de sostenibilidad fiscal.
31. En ese sentido, como los decretos y las sentencias de unificación no se
ajustan al caso, no les asiste el derecho a los demandantes. Si se accediera a este
reconocimiento se generaría un detrimento patrimonial para el Estado, cuando no
se probó la dependencia económica con el soldado fallecido.
32. Entre Julio Copete Bermúdez y la entidad demandada no existió una relación
laboral, ya que el señor Julio Copete Bermúdez se encontraba prestando servicio
militar obligatorio, lo que permite establecer que no hay lugar al reconocimiento de
la pensión de sobrevivientes.
33. Precisó que en el evento de que se confirmara la sentencia de primera
instancia debía ordenarse el descuento de los valores reconocidos10, ya que la
compensación por muerte y la pensión de sobrevivientes son prestaciones dirigidas
a cubrir la misma contingencia. Asimismo, pidió que se efectuaran los descuentos
destinados a Seguridad Social en Salud.
34. Por último, pidió que no se le condenara en costas, al no evidenciarse las
conductas procesales que lo ameritan, en caso de que se confirmara la sentencia
de primera instancia11.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
35. Mediante auto del 4 de abril de 2024 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada12. Posteriormente, el 26 de agosto de 2024 se
corrió traslado a las partes para presentar sus alegatos13.
36. La apoderada de la parte demandante presentó memorial de alegatos. Indicó
que está acreditado que la señora América María Bermúdez de Copete era la madre
del extinto cabo segundo del Ejército Nacional, Julio Copete Bermúdez, y que este
último prestó servicio en la entidad del 23 de noviembre de 1994 al 16 (sic) de
septiembre de 1995, fecha en la cual murió en combate como dio cuenta el
informativo por muerte. Fue ascendido póstumamente, adquirió el grado de
10 La parte demandada hizo alusión a los valores reconocidos en la Resolución 01705 del 2 de marzo de 1993,
sin embargo, la Sala entiende que se trata de la Resolución 16526 del 12 de noviembre de 1996, que les
reconoció a los padres la compensación por muerte.
11 Samai, visualizar expediente, descargar expediente con su nivel de acceso,
36_ED_ACTUACIONE_27APELACIONSENTENCIA.
12 Samai, índice 19.
13 Samai, índice 26.
7
Radicación: 05001-23-33-000-2017-00267-01 (2437-2021)
Demandante: América María Bermúdez de Copete y Julio Copete Ríos
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
suboficial y completó un tiempo total de servicios de 9 meses y 23 días. Al respecto,
manifestó que aunque a la fecha de la muerte estaba vigente el Decreto 2728 de
1968, este no previó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, razón por
la cual debía aplicarse el Decreto 1211 de 1990, en su artículo 189.
37. Sostuvo que ante una eventual sentencia favorable, no había lugar a
descontar la compensación por muerte porque las prestaciones son compatibles y
responden a naturalezas distintas. En particular, la compensación por muerte tiene
una naturaleza indemnizatoria, mientras que la pensión ampara la contingencia de
la muerte del beneficiario. También mencionó que no se les notificó el informativo
por muerte14. El expediente ingresó al despacho para fallo el 23 de octubre de
202415, sin pronunciamiento de la demandada y del Ministerio Público.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
38. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, es
competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de
conformidad con el artículo 150 del CPACA.
3.2. Problemas jurídicos
39. Teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del Código General del
Proceso (CGP), el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos en el recurso, corresponde a la Sala resolver los
siguientes problemas jurídicos:
40. ¿Se puede aplicar el Decreto 1211 de 1990 para reconocer la pensión de
sobrevivientes, cuando al momento del deceso el causante era un soldado regular
del Ejército Nacional, que fue ascendido póstumamente al grado de cabo segundo?
41. En caso de que se confirme la decisión que accedió a las pretensiones, la
Sala debe definir si ¿procede descontar de la condena los valores reconocidos por
compensación por muerte? Y, por último, si ¿debe ordenarse que se efectúen los
descuentos destinados al Sistema de Seguridad Social en Salud y demás a que
haya lugar?
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
42. El artículo 216 de la Constitución Política establece que todos los
colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo
exijan, con el fin de defender la independencia nacional y las instituciones públicas.
14 Samai, índice 28.
15 Samai, índice 32.
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Radicación: 05001-23-33-000-2017-00267-01 (2437-2021)
Demandante: América María Bermúdez de Copete y Julio Copete Ríos
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
Asimismo, dispone que corresponde a la ley determinar las condiciones que, en
todo tiempo, eximen de la prestación del servicio militar, así como las prerrogativas
derivadas de su cumplimiento.
43. Sobre el alcance de esta obligación, la Corte Constitucional16 ha precisado
que la prestación del servicio militar constituye un deber de naturaleza
constitucional, derivado de las exigencias mínimas que recaen sobre los nacionales
en relación con el sostenimiento y la defensa de la soberanía, la guarda del orden
institucional y el mantenimiento del orden público.
44. Debe distinguirse la naturaleza del vínculo que une a los miembros de la
Fuerza Pública con la administración. En el caso de los soldados voluntarios y
profesionales, así como de los oficiales y suboficiales, la relación surge de un
vínculo legal y reglamentario, originado en un acto administrativo de nombramiento
y en la posterior posesión del servidor. En cambio, tratándose de los conscriptos, la
incorporación no obedece a una relación de empleo público, sino al cumplimiento
del deber constitucional de prestar el servicio militar para la defensa de la
independencia nacional y de las instituciones públicas.
45. Sobre la obligatoriedad del servicio militar y las modalidades de prestación,
la Ley 48 de 1993 previó, en sus artículos 10 y 13, lo siguiente:
[…] ARTICULO 10. Obligación de definir la situación militar. Todo varón colombiano
está obligado a definir su situación militar a partir de la fecha en que cumpla su
mayoría de edad, a excepción de los estudiantes de bachillerato, quienes definirán
cuando obtengan su título de bachiller. La obligación militar de los colombianos
termina el día en que cumplan los cincuenta (50) años de edad. […].
[…] ARTICULO 13. Modalidades prestación servicio militar obligatorio. El Gobierno
podrá establecer diferentes modalidades para atender la obligación de la prestación
del servicio militar obligatorio. Continuarán rigiendo las modalidades actuales sobre
la prestación de] servicio militar:
a) Como soldado regular, de 18 a 24 meses;
b) Como soldado bachiller durante 12 meses;
c) Como auxiliar de policía bachiller, durante 12 meses;
d) Como soldado campesino, de 12 hasta 18 meses. […].
46. En particular, la jurisprudencia de la Sección Segunda de esta corporación
ha considerado que el tiempo de servicio completado por quienes hubieran cumplido
la obligación constitucional, será computado para efectos de sus cesantías y
pensión, lo que implica su incidencia en la consolidación del derecho pensional17.
47. En cuanto a las prestaciones por muerte para quienes prestan el servicio
16 Sentencia C-511 de 1994
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2
de febrero de 2023, exp. 76001-23-33-000-2016-01908-01 (2127-2022). M.P. William Hernández Gómez.
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Radicación: 05001-23-33-000-2017-00267-01 (2437-2021)
Demandante: América María Bermúdez de Copete y Julio Copete Ríos
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
militar obligatorio, el Decreto 2728 del 2 de noviembre de 1968 18 previó, en el
artículo 8, las siguientes a que tendrían derecho los beneficiarios del soldado o
grumete muerto en combate, así:
Artículo 8. El Soldado o Grumete en servicio activo, que fallezca por causa de
heridas o accidente aéreo en combate o por acción directa del enemigo, bien sea
en conflicto internacional o en mantenimiento del orden público, será ascendido en
forma póstuma al grado de Cabo Segundo o Marinero y sus beneficiarios tendrán
derecho al reconocimiento y pago de cuarenta y ocho (48) meses de los haberes
correspondientes a dicho grado y el pago doble de la cesantía.
48. En ese sentido, se tiene que los fallecidos en combate tenían derecho el
ascenso en forma póstuma al grado de cabo segundo o marinero, al reconocimiento
y pago de 48 meses de los haberes de dicho grado y al pago doble de la cesantía.
No obstante, esta disposición no previó el reconocimiento de una pensión de
sobrevivientes, lo que ha sido objeto de análisis por la jurisprudencia del Consejo
de Estado y de la Corte Constitucional19.
49. Posteriormente, la Ley 447 de 199820 reguló el reconocimiento de una
pensión vitalicia, equivalente a un salario y medio mínimo mensual legal vigente,
para los beneficiarios de quienes prestaran el servicio militar obligatorio en las
fuerzas militares y la Policía Nacional [y su muerte] «ocurrida en combate o como
consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto internacional o participando en
operaciones de conservación o restablecimiento del orden público».
50. Luego, el artículo 34 del Decreto 4433 de 200421 dispuso que en el caso de
muerte de las personas vinculadas para la prestación del servicio militar obligatorio
«en combate o como consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto
internacional o participando en operaciones de conservación o restablecimiento del
orden público», que sus beneficiarios tendrían derecho al reconocimiento de una
pensión de un salario y medio mínimo legal mensual vigente, en los términos de la
Ley 447 de 1998. En este orden de ideas, solo hasta la expedición de la Ley 447 de
1998 se estableció la pensión de sobrevivientes a favor del conscripto fallecido.
51. En lo que respecta al régimen de prestaciones de los oficiales o suboficiales
de las fuerzas militares, el Decreto 1211 del 8 de junio de 1990 reguló, en el artículo
189, lo siguiente en punto a la muerte en combate:
ARTÍCULO 189. Muerte en combate. A partir de la vigencia del presente Estatuto,
a la muerte de un Oficial o Suboficial de las Fuerzas Militares en servicio activo, en
combate o como consecuencia de la acción de enemigo, bien sea en conflicto
18 «Por el cual se modifica el régimen de prestaciones sociales por retiro o fallecimiento del personal de soldados
y grumetes de las Fuerzas Militares».
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 2
de noviembre de 2023, exp. 18001234000020190021401(3660-2021). M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
20 «Por la cual se establece pensión vitalicia y otros beneficios a favor de parientes de personas fallecidas
durante la prestación del servicio militar obligatorio y se dictan otras disposiciones».
21 «Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública».
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Demandante: América María Bermúdez de Copete y Julio Copete Ríos
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
internacional o en el mantenimiento o restablecimiento del orden público, ser
ascendido en forma póstuma al grado inmediatamente superior, cualquiera que
fuere el tiempo de servicio en su grado. Además, sus beneficiarios, en el orden
establecido en este Estatuto, tendrán derecho a las siguientes prestaciones:
a. A que el Tesoro Público les pague por una sola vez, una compensación
equivalente a cuatro (4) años de los haberes correspondientes al grado conferido al
causante, tomando como base las partidas señaladas en el Artículo 158 de este
Decreto.
b. Al pago doble de la cesantía por el tiempo servido por el causante.
c. Si el Oficial o Suboficial hubiere cumplido doce (12) o más años de servicio, a que
el Tesoro Público les pague una pensión mensual, la cual será liquidada y cubierta
en la misma forma de la asignación de retiro, de acuerdo con el grado y tiempo de
servicio del causante.
d. Si el Oficial o Suboficial no hubiere cumplido doce (12) años de servicio, sus
beneficiarios en el orden establecido en este estatuto, con excepción de los
hermanos, tendrán derecho a que el Tesoro Público les pague una pensión mensual
equivalente al cincuenta por ciento (50%) de las partidas de que trata el Artículo 158
de este Decreto.
52. Respecto de los beneficiarios de la prestación, la norma antedicha reguló, en
su artículo 185, el siguiente orden:
ARTÍCULO 185. Orden de beneficiarios. Las prestaciones sociales por causa de
muerte de Oficiales y Suboficiales en servicio activo o en goce de asignación de
retiro o pensión se pagarán según el siguiente orden preferencial:
a. La mitad al cónyuge sobreviviente y la otra mitad a los hijos del causante, en
concurrencia éstos últimos en las proporciones de ley.
b. Si no hubiere cónyuge sobreviviente, las prestaciones corresponden íntegramente
a los hijos en las proporciones de ley.
c. Si no hubiere hijos la prestación se divide así:
• El cincuenta por ciento (50%) para el cónyuge.
• El cincuenta por ciento (50%) para los padres en partes iguales.
d. Si no hubiere cónyuge sobreviviente ni hijos, la prestación se dividir entre los
padres así:
• Si el causante es hijo legítimo llevan toda la prestación a los padres.
• Si el causante es hijo adoptivo la totalidad de la prestación corresponde a los
padres adoptantes en igual proporción.
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Radicación: 05001-23-33-000-2017-00267-01 (2437-2021)
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• Si el causante es hijo extramatrimonial, la prestación se divide en partes iguales
entre los padres.
• Si el causante es hijo extramatrimonial con adopción, la totalidad de la prestación
corresponde a sus padres adoptivos en igual proporción.
• Si no concurriere ninguna de las personas indicadas en este Artículo llamadas en
el orden preferencial en él establecido, la prestación se paga, previa comprobación
de que el extinto era su único sostén a los hermanos menores de 18 años.
• Los hermanos carnales recibirán doble porción de los que sean simplemente
maternos o paternos.
• A falta de descendientes, ascendientes, hijos adoptivos, padres adoptivos,
hermanos y cónyuges, la prestación corresponder a la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares.
53. Ahora bien, en la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-013-2018 proferida por
la Sección Segunda del Consejo de Estado, por importancia jurídica, el 4 de octubre
de 201822, se fijaron las siguientes reglas:
• Con fundamento en el principio de especialidad, los beneficiarios de los
soldados voluntarios fallecidos antes del 7 de agosto de 200223, por causa
de heridas o accidente aéreo en combate o por acción directa del enemigo,
bien sea en conflicto internacional o en mantenimiento del orden público,
pueden beneficiarse del régimen de prestaciones por muerte contenido en el
artículo 184 del Decreto 095 de 1989 o en el artículo 189 del Decreto 1211 de
1990, según la fecha de muerte, por ser el régimen especial que regula de
manera particular el supuesto de hecho a que se refiere la norma, pues tal
medida se armoniza con los principios protectorio, pro homine, de justicia y de
igualdad que encauzan el derecho laboral.
• Al reconocer el derecho a la pensión de sobrevivientes de soldados voluntarios
fallecidos en combate, no habrá lugar a descuentos de lo pagado por concepto
de compensación y cesantías dobles a sus beneficiarios en virtud del Decreto
2728 de 1968.
• Al hacer extensivo el régimen especial para el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes a los beneficiarios de los soldados voluntarios fallecidos antes
del 7 de agosto de 200224, por causa de heridas o accidente aéreo en combate
o por acción directa del enemigo, bien sea en conflicto internacional o en
mantenimiento del orden público, el término prescriptivo que debe atenderse
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 4 de octubre de
2018, exp. 05001-23-33-000-2013-00741-01(4648-15).
23 En atención a que el Decreto 4433 de 2004, en el artículo 22, entendió por soldados profesionales los
soldados voluntarios que hubieren fallecido entre el 7 de agosto de 2002 y el 31 de diciembre de 2003, con lo
que cambió su situación jurídica en lo atinente a las prestaciones por muerte en combate.
24 En atención a que el Decreto 4433 de 2004, en el artículo 22, entendió por soldados profesionales los
soldados voluntarios que hubieren fallecido entre el 7 de agosto de 2002 y el 31 de diciembre de 2003, con lo
que cambió su situación jurídica en lo atinente a las prestaciones por muerte en combate.
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en relación con las mesadas pensionales, es el cuatrienal de acuerdo con lo
señalado en el régimen propio de las Fuerzas Militares (artículo 169 del
Decreto 095 de 1989 y artículo 174 del Decreto 1211 de 1990).
54. Aunque esta providencia unificó lo relativo a los soldados voluntarios muertos
en combate, la Sección Segunda del Consejo de Estado, al reconocer que no se ha
emitido un pronunciamiento unificado frente a soldados regulares muertos en
combate, ha extendido ese criterio, por analogía, a asuntos en los que se discute la
situación de un soldado regular que falleció en esa misma circunstancia, el cual fue
ascendido de forma póstuma. En particular, ha sostenido que «es la posición que
mejor resuelve los aspectos jurídicos más relevantes de la litis y efectiviza el
principio de igualdad»25. Así lo ha considerado la Subsección B de la corporación
en providencias recientes26.
55. Al respecto, la jurisprudencia ha precisado que en esa sentencia de
unificación se estudió la figura del ascenso póstumo que sirve como base para el
reconocimiento pensional, y que como se trata de un reconocimiento que se le hace
a los miembros de las fuerzas militares, el fallecido pasa a ser un suboficial, lo que
lo hace destinatario de las prestaciones propias de ese personal. En consecuencia,
los soldados regulares fallecidos en combate tienen derecho a las prestaciones
económicas previstas en el Decreto 2728 de 1968 y, con ocasión de dicho ascenso,
se vuelven destinatarios del régimen del Decreto 1211 de 1990, en materia
prestacional, por un criterio hermenéutico de especialidad, siempre que sea la
disposición vigente al momento del fallecimiento27.
56. Bajo este entendido, se ha optado por inaplicar el artículo 8 del Decreto 2728
de 1968 con sustento en el artículo 4 de la Carta Política, para en su lugar aplicar el
artículo 189 del Decreto 1211 de 1990, para el caso de los soldados regulares que
murieron en combate antes de la vigencia de la Ley 447 de 1998.
57. La Subsección B de la Sección Segunda ha dispuesto que este criterio no
contraviene la sentencia SU-082 de 2022 de la Corte Constitucional, dado que entre
otros motivos en esta última decisión la calificación por muerte fue en accidente en
misión del servicio, mientras que la particularidad de los casos como el presente es
que la muerte ocurrió en combate28.
3.4. Hechos probados relevantes
58. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2
de febrero de 2023, exp. 76001-23-33-000-2016-01908-01 (2127-2022). M.P. William Hernández Gómez.
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 21 de julio de 2023, exp.
41001233300020140007001(1640-2021). M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 21 de julio de 2023, exp.
41001233300020140007001(1640-2021). M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2 de febrero de 2023, exp. 76001-
23-33-000-2016-01908-01 (2127-2022). M.P. William Hernández Gómez.
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 2
de noviembre de 2023, exp. 18001234000020190021401(3660-2021). M.P Juan Enrique Bedoya Escobar.
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Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
establecer lo siguiente:
59. El señor Julio Copete Bermúdez nació el 26 de diciembre de 1972 y sus
padres eran América María Bermúdez de Copete y Julio Copete Ríos, según la
copia del registro civil de nacimiento con el indicativo serial 2346430229.
60. Según la certificación sin fecha, proferida por el mayor jefe de la Sección de
Soldados del Departamento de Personal del Comando del Ejército Nacional, el
señor Julio Copete Bermúdez fue soldado regular, ingresó a la institución el 23 de
noviembre de 1994 y falleció en contacto armado con integrantes del Ejército de
Liberación Nacional (ELN). Completó un tiempo de servicio de 9 meses y 21 días30.
61. El señor Julio Copete Bermúdez murió el 14 de septiembre de 1995, según
se extrae de la certificación expedida por el notario único del círculo de Nariño
(Antioquia), el 22 de septiembre de 1995, de conformidad con la información que
obra en el folio o serial número 554596 del folio 3 del archivo del registro civil de
defunciones31.
62. De igual forma, obra en el expediente el acta militar de defunción núm. 5414
del 20 de septiembre de 1995 del señor Julio Copete Bermúdez, según la cual
falleció en combate contra bandoleros y/o guerra internacional32.
63. De conformidad con el informe administrativo por muerte 224, expedido el 19
de septiembre de 1995 por el Batallón de Ingenieros núm. 4 Pedro Nel Ospina de la
Cuarta Brigada, Primera División del Ejército Nacional, Julio Copete Bermúdez fue
soldado regular y falleció el 14 de septiembre de 1995 durante la operación Felino,
en una emboscada en la Quebrada la Honda en el casco urbano de Nariño. Allí se
dispuso que cumplía operaciones defensivas (Relámpago), como parte del grupo
especial. Así pues, se conceptuó lo siguiente:
De acuerdo con el Decreto 2728/68 artículo 8.°, la muerte del extinto SLR Copete
Bermúdez Julio CM 11799500 ocurrió en cumplimiento de misiones especiales para
el mantenimiento del orden público por acción directa del enemigo33.
64. La Secretaría General del Ministerio de Defensa Nacional expidió la
Resolución 16526 del 12 de noviembre de 1996 en la que les reconoció a los
señores América María Bermúdez de Copete y Julio Copete Ríos, en su condición
de padres del cabo segundo Julio Copete Bermúdez (ascendido de forma póstuma),
una suma por concepto de cesantías definitivas dobles y compensación por muerte
29 Samai, visualizar expediente, descargar expediente con su nivel de acceso,
22_ED_ACTUACIONE_13CONTESTACIONDEMAND, página 40 del archivo digital.
30 Samai, visualizar expediente, descargar expediente con su nivel de acceso,
7_ED_ACTUACIONE_01DEMANDACD, página 27 del archivo digital.
31 Samai, visualizar expediente, descargar expediente con su nivel de acceso,
7_ED_ACTUACIONE_01DEMANDACD, página 26 del archivo digital.
32 Samai, visualizar expediente, descargar expediente con su nivel de acceso,
22_ED_ACTUACIONE_13CONTESTACIONDEMAND, páginas 36 a 38 del archivo digital.
33 Samai, visualizar expediente, descargar expediente con su nivel de acceso,
7_ED_ACTUACIONE_01DEMANDACD, páginas 17 y 18 del archivo digital.
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equivalente a 48 meses de los haberes devengados. Al efecto, consideró que este
último fue dado de alta el 23 de noviembre de 1994 y de baja el 14 de septiembre
de 1995 y que, de conformidad con los decretos 1211 de 1990 y 2728 de 1968, sus
beneficiarios consolidaron el pago de prestaciones sociales34.
65. Los señores América María Bermúdez de Copete y Julio Copete Ríos, el 18
de julio de 201635, en calidad de padres del fallecido Julio Copete Bermúdez, le
solicitaron a la entidad accionada el reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes.
66. La Secretaría General del Ministerio de Defensa Nacional expidió la
Resolución 3499 del 29 de agosto de 2016, en la que negó lo pretendido, dado que
al momento del deceso el señor Julio Copete Bermúdez se desempeñaba como
soldado regular, de ahí que el régimen aplicable era el del Decreto 2728 de 1968, y
no el Decreto 1211 de 1990. En ese sentido, no procedía el reconocimiento en tanto
la disposición aplicable no preveía la prestación36.
67. El 17 de octubre de 2019 falleció el señor Julio Copete Ríos, según consta
en el registro civil de defunción con el indicativo serial 0391451537.
3.5. Caso concreto
68. En el asunto bajo análisis, los accionantes solicitan la nulidad del acto
administrativo expedido por la entidad demandada que les negó el reconocimiento
de la pensión de sobrevivientes, en su condición de padres del señor Julio Copete
Bermúdez.
69. El Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, con
sustento en que era procedente aplicar el Decreto 1211 de 1990 por favorabilidad y
progresividad, así como en protección del derecho a la igualdad, en tanto el Decreto
2728 de 1968 no previó la pensión de sobrevivientes. Dispuso que no había lugar a
deducir las sumas reconocidas por compensación por muerte porque no se acreditó
el pago efectivo a favor de los actores, declaró prescritas las mesadas pensionales
causadas con antelación al 18 de julio de 2012 (término cuatrienal) y condenó en
costas a la demandada por haber sido vencida en juicio.
70. Inconforme con esta decisión, la parte demandada apeló. Cuestionó la
procedencia del reconocimiento pensional, porque, en su criterio, el Decreto 1211
de 1990 se aplica única y exclusivamente a los oficiales y suboficiales de las fuerzas
militares, calidad que no ostentaba Julio Copete Bermúdez al momento de su
34 Samai, visualizar expediente, descargar expediente con su nivel de acceso,
22_ED_ACTUACIONE_13CONTESTACIONDEMAND, páginas 52 y 53 del archivo digital.
35 Samai, visualizar expediente, descargar expediente con su nivel de acceso,
7_ED_ACTUACIONE_01DEMANDACD, página 11 del archivo digital.
36 Samai, visualizar expediente, descargar expediente con su nivel de acceso,
7_ED_ACTUACIONE_01DEMANDACD, páginas 11 a 13 del archivo digital.
37 Samai, visualizar expediente, descargar expediente con su nivel de acceso,
31_ED_ACTUACIONE_22MEMORIALINFORMAMUE, página 4 del archivo digital.
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deceso. Sostuvo que entre el soldado y la entidad no existió una relación laboral,
que se podía generar un detrimento patrimonial para el Estado y que, en caso de
confirmarse la sentencia se debía descontar lo reconocido por compensación por
muerte, por ser incompatible. Finalmente, pidió que se efectuaran los descuentos
destinados a Seguridad Social en Salud.
71. Para resolver el recurso de apelación, se destaca que las partes no
controvirtieron en este trámite que los señores América María Bermúdez de Copete
y Julio Copete Ríos son los padres de Julio Copete Bermúdez. Adicionalmente, que
este ingresó a la institución como soldado regular y que fue ascendido
póstumamente al grado de cabo segundo. En línea con esto, en el proceso está
acreditado que el señor Julio Copete Bermúdez ingresó al Ejército Nacional el 23
de noviembre de 1994, que completó un tiempo de servicios de 9 meses y 21 días38;
y que falleció el 14 de septiembre de 199539, con muerte calificada como en
«cumplimiento de misiones especiales para el mantenimiento del orden público por
acción directa del enemigo»40.
72. También está demostrado que a los demandantes se les reconocieron
cesantías dobles y compensación por muerte41 y que, el 18 de julio de 201642,
pidieron el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes; no obstante, la
entidad se los negó mediante el acto administrativo demandado43. Finalmente, se
tiene que el 17 de octubre de 2019, en el curso de este proceso, falleció el señor
Julio Copete Ríos44, de ahí que la señora América María Bermúdez de Copete es
la única beneficiaria del derecho reclamado.
• En cuanto a la aplicación del Decreto 1211 de 1990 para el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes
73. En atención a la fecha del fallecimiento del señor Julio Copete Bermúdez, el
14 de septiembre de 1995, la norma aplicable era el Decreto 2728 de 1968, pero
como resultado del ascenso póstumo al grado de cabo segundo se acude al Decreto
1211 de 1990, tal y como en un caso semejante lo consideró la sentencia de
unificación CE-SUJ-SII-013-2018 del 4 de octubre de 2018, que abordó el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes de los soldados voluntarios que
fallecieron en combate.
38 Samai, visualizar expediente, descargar expediente con su nivel de acceso,
7_ED_ACTUACIONE_01DEMANDACD, página 27 del archivo digital.
39 Samai, visualizar expediente, descargar expediente con su nivel de acceso,
7_ED_ACTUACIONE_01DEMANDACD, página 26 del archivo digital.
40 Samai, visualizar expediente, descargar expediente con su nivel de acceso,
7_ED_ACTUACIONE_01DEMANDACD, páginas 17 y 18 del archivo digital.
41 Samai, visualizar expediente, descargar expediente con su nivel de acceso,
22_ED_ACTUACIONE_13CONTESTACIONDEMAND, páginas 52 y 53 del archivo digital.
42 Samai, visualizar expediente, descargar expediente con su nivel de acceso,
7_ED_ACTUACIONE_01DEMANDACD, página 11 del archivo digital.
43 Samai, visualizar expediente, descargar expediente con su nivel de acceso,
7_ED_ACTUACIONE_01DEMANDACD, páginas 11 a 13 del archivo digital.
44 Samai, visualizar expediente, descargar expediente con su nivel de acceso,
31_ED_ACTUACIONE_22MEMORIALINFORMAMUE, página 4 del archivo digital.
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74. En particular, conviene destacar que como la propia entidad lo reconoció en
su apelación, el informe administrativo por muerte 224, expedido el 19 de
septiembre de 1995 por el Batallón de Ingenieros núm. 4 Pedro Nel Ospina de la
Cuarta Brigada de la Primera División del Ejército Nacional, dio cuenta de que el
deceso del señor Julio Copete Bermúdez fue calificado como en «cumplimiento de
misiones especiales para el mantenimiento del orden público por acción directa del
enemigo»45. Esto enmarca la contingencia en el supuesto de hecho regulado en el
artículo 189 del Decreto 1211 de 1990, relativo a «muerte en combate o como
consecuencia de la acción de enemigo, bien sea en conflicto internacional o en el
mantenimiento o restablecimiento del orden público».
75. Al respecto, se tiene que, conforme a la línea jurisprudencial desarrollada en
el marco normativo, el Decreto 1211 de 1990 resulta aplicable a los oficiales y
suboficiales de las fuerzas militares, y si bien el señor Julio Copete Bermúdez era
un soldado regular al momento del deceso, fue ascendido póstumamente al grado
de cabo segundo, lo que implica que se convirtió en suboficial y que le resulta
aplicable el Decreto 1211 de 1990. Así lo expresó la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado en sentencia proferida el 21 de julio de 2023:
En consideración a la sentencia de unificación proferida por esta corporación el 4 de
octubre de 2018, a los beneficiarios de los conscriptos fallecidos en combate se les
aplica, por analogía, las reglas de unificación de la pensión de sobrevivientes de los
soldados voluntarios fallecidos en combate, en atención a que el ascenso póstumo
los considera como suboficiales de las Fuerzas Militares y por ello son destinatarios
de las prestaciones señaladas en el Decreto 1211 de 1990, ya que era la norma
vigente al momento en que se produjo el deceso.
Es de anotar que, contrario a lo afirmado por la entidad demandada en la apelación,
sí se cumplen los supuestos que permiten la aplicación del principio de favorabilidad,
en tanto se encontraría frente a dos fuentes formales de derecho, una de las cuales
permite otorgar válidamente la pensión de sobrevivientes a favor del soldado regular
muerto en combate que haya sido ascendido de forma póstuma a cabo segundo,
regulada en el Decreto 1211 de 1990, y no en el 2728 de 1968.
En relación con el ascenso póstumo y aún cuando este se realizó por la entidad con
un carácter honorífico para los miembros de las Fuerzas Militares que llevaron a cabo
acciones de excepcional altruismo al servicio de la nación, propende por enaltecer el
mayor sacrificio que uno de sus miembros puede hacer al entregar su vida en
combate, y como consecuencia de ello asciende, como lo indica su nombre, al
soldado regular a categoría de suboficial, esto es en el grado de cabo segundo;
cuestión que refuerza el postulado de que las prestaciones sociales a las cuales es
acreedora Luz Dary Silva de Ángel son las contenidas en el Decreto 1211 de 1990,
45 Samai, visualizar expediente, descargar expediente con su nivel de acceso,
7_ED_ACTUACIONE_01DEMANDACD, páginas 17 y 18 del archivo digital.
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Radicación: 05001-23-33-000-2017-00267-01 (2437-2021)
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norma vigente para el 23 de febrero de 1994, momento en el cual falleció Dairo Ángel
Silva en combate46.
76. En este orden, pese a que, en principio, el Decreto 1211 de 1990 no le
resultaba aplicable al señor Julio Copete Bermúdez, porque prestó el servicio militar
obligatorio como soldado regular, la jurisprudencia ha permitido la extensión del
criterio fijado en la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-013-2018 a los soldados
regulares, por prevalencia del derecho a la igualdad. De ahí que se puede aplicar
por especialidad el literal d) del artículo 189 del Decreto 1211 de 199047. En ese
entendido, el derecho se deriva del régimen prestacional especial que resulta
aplicable en virtud de ascenso póstumo, por lo que la prestación del servicio militar
obligatorio no impide el reconocimiento pensional.
77. Por consiguiente, aunque le asiste razón a la apelante en el sentido de que
no existe una sentencia de unificación que de manera expresa regule la situación
de los soldados regulares fallecidos en combate, esa circunstancia no impide
acceder a las pretensiones de la demanda, porque la jurisprudencia de esta Sección
ha extendido el criterio de interpretación del fallo de unificación CE-SUJ-SII-013-
2018 del 4 de octubre de 2018 para el evento en que fallece un soldado regular en
combate.
78. De manera que, como quedó acreditado que el señor Julio Copete Bermúdez
completó un tiempo de servicios de 9 meses y 21 días, inferior a 12 años, sus padres
tienen derecho a que se les reconozca una pensión mensual equivalente al 50% de
las partidas del artículo 158 del Decreto 1211 de 1990, como lo ordenó el Tribunal.
De suerte que tampoco le asiste razón a la demandada al condicionar el derecho a
la demostración de 12 años de servicio, pues ese supuesto está regulado en el literal
c), mientras que en este caso el a quo dio aplicación al literal d).
79. La Sala precisa que la parte demandada planteó, a modo de afirmación
general, que no se probó la dependencia económica con el soldado. No obstante,
esta no es una exigencia para beneficiarse de la prestación por muerte en combate
según el Decreto 1211 de 199048. Adicionalmente, el argumento relativo a que
acceder al reconocimiento implica un detrimento patrimonial para el Estado y que,
por esa vía, se compromete la sostenibilidad fiscal, no resulta admisible, porque se
verificó el cumplimiento de los requisitos exigidos.
46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
21 de julio de 2023, exp. 41001233300020140007001(1640-2021). M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 2
de noviembre de 2023, exp. 18001234000020190021401(3660-2021). M.P Juan Enrique Bedoya Escobar.
48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
21 de julio de 2023, exp. 41001233300020140007001(1640-2021). M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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Radicación: 05001-23-33-000-2017-00267-01 (2437-2021)
Demandante: América María Bermúdez de Copete y Julio Copete Ríos
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
• Compatibilidad entre la compensación por muerte reconocida en virtud
del Decreto 2728 de 1968 y la pensión de sobrevivientes del Decreto 1211 de
1990
80. Ahora bien, en el proceso está acreditado que la Secretaría General del
Ministerio de Defensa Nacional les reconoció a los señores América María
Bermúdez de Copete y Julio Copete Ríos, las cesantías dobles y la compensación
por muerte equivalente a 48 meses de haberes mediante la Resolución 16526 del
12 de noviembre de 1996.
81. Frente a ello, la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-013-2018 precisó que
«el ascenso póstumo es un reconocimiento con carácter honorífico». Sin embargo,
aclaró que eso «no obsta para los efectos económicos que el Decreto 1211 de 1990
le imprimió en materia de prestaciones por muerte en combate las cuales deben
liquidarse con base en la asignación salarial que correspondía al grado superior,
para los beneficiarios de quien perteneciendo a las Fuerzas Armadas pereció en
combate o como consecuencia de la acción del enemigo».
82. Explicó que resulta improcedente efectuar descuentos por concepto de la
compensación por muerte, ya que la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-013-2018
fijó la tesis de que el Decreto 2728 de 1968 es compatible con el Decreto 1211 de
1990, de la siguiente forma:
153. Para dar cumplimiento a lo anterior, vistos los emolumentos que ofrece el
Decreto 2728 de 1968 y los contenidos en los Decretos 95 de 1989 y 1211 de 1990,
se advierte que existe identidad entre ambas regulaciones y solamente existe
disparidad en cuanto al reconocimiento pensional que permiten estos. Así las cosas,
no surge incompatibilidad entre las prestaciones que se hubieren reconocido a los
beneficiarios del soldado voluntario con sustento en el decreto citado, solamente
deberían adicionarse aquellas relativas a la pensión de sobrevivientes, por lo tanto,
no es necesario considerar descuento alguno.
154. Se aclara que esta regla es diferente a la fijada en las sentencias de unificación
SUJ-09-02 y SUJ-010-02, proferidas por la Sección Segunda de esta Corporación
los días 1.º de marzo de 2018 y 12 de abril de 2018, por las siguientes razones: i)
toda vez que en las providencias referidas se definieron las reglas aplicables cuando
la muerte acaecía en simple actividad y no en combate como ocurre en el presente
caso; ii) por cuanto en las aludidas sentencias la pensión de sobrevivientes se
reconoció con base en el régimen general contenido en la Ley 100 de 1993, el cual
no contempla como prestación por muerte la indemnización o compensación por
muerte, como sí lo hace el régimen especial de las Fuerzas Militares, norma que
rige la prestación que acá se reconoce; iii) en atención a que la indemnización o
compensación por muerte reconocida en las sentencias de unificación referidas no
resultaba compatible con la pensión de sobrevivientes prevista en la Ley 100 de
1993, mientras que en el presente caso sí resulta compatible con las prestaciones
consagradas en el Decreto 2728 de 1968.
83. Al respecto también se han pronunciado respectivamente las subsecciones
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Radicación: 05001-23-33-000-2017-00267-01 (2437-2021)
Demandante: América María Bermúdez de Copete y Julio Copete Ríos
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el siguiente sentido:
Se advierte que en la aludida sentencia de unificación, al analizar los emolumentos
que ofrece el Decreto 2728 de 1968 y los contenidos en los Decretos 95 de 1989 y
1211 de 1990, advirtió que existe identidad entre ambas regulaciones y, por ende,
no surge incompatibilidad entre las prestaciones que se hubieren reconocido a los
beneficiarios del soldado voluntario fallecido, de manera que no deberá ordenarse
ningún descuento por concepto de los valores pagados a sus beneficiarios, teniendo
en cuenta que los dos conceden ascenso póstumo, 2 años de los haberes que le
hubieran correspondido y el doble de las cesantías, calculados sobre los ingresos
del nuevo grado.
La situación descrita es distinta a la que se presentó en las sentencias del 1.° de
marzo de 201849, sobre la pensión de sobrevivientes para los beneficiarios de los
suboficiales muertos en simple actividad antes de la entrada en vigencia del Decreto
4433 de 2004, y del 12 de abril de 201850, relativa a la misma prestación en caso de
muerte de conscriptos ocurrida en simple actividad; en las cuales se ordenó el
descuento por este concepto dado que no existía identidad entre las prestaciones
del régimen especial y del general, sino que se excluían, toda vez que cubrían el
mismo riesgo y que en virtud de la inescindibilidad de las normas en materia
pensional, no era posible percibir ambas prestaciones51.
Finalmente, y contrario a lo alegado por la entidad demandada en su apelación, no
hay lugar a descuento alguno de los dineros pagados por concepto de
compensación por muerte, si se tiene en cuenta la segunda regla de unificación de
la aludida sentencia52.
84. Por tanto, al margen del estudio probatorio frente a la prueba del pago, no le
asiste razón a la demandada, pues no existe incompatibilidad entre las prestaciones
reconocidas con fundamento en el Decreto 2728 de 1968 y la pensión prevista en
el Decreto 1211 de 1990. En consecuencia, no procede descuento alguno por los
valores reconocidos a título de compensación por muerte.
• Descuentos destinados a Seguridad Social en Salud
85. En lo relativo a los descuentos destinados al Sistema de Seguridad Social en
Salud, la Sala considera que no se le puede reprochar al Tribunal una omisión al
respecto, porque le corresponde a la entidad pagadora verificarlos y efectuarlos sin
que se requiera autorización judicial, en tanto surge de la ley53. En ese sentido, la
parte demandante, en su condición de beneficiaria de la pensión, tiene la obligación
49 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 1 de marzo de 2018, Radicación número: 68001-23-33-
000-2015-00965-01(3760-16) CE-SUJ-SII-009-2018, SUJ-009-S2.
50Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de abril de 2018, Radicación número: 81001-23-33-
000-2014-00012-01(1321-15) CE-SUJ-SII-010-2018, SUJ-010-S2.
51 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 9
de julio de 2020, exp. 05001-23-33-000-2013-01743-01(2413-18).
52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
21 de julio de 2023, exp. 41001233300020140007001(1640-2021). M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
53 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
18 de julio de 2024, exp. 05001 23 33 000 2015 02177 01 (2067-2022). M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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Radicación: 05001-23-33-000-2017-00267-01 (2437-2021)
Demandante: América María Bermúdez de Copete y Julio Copete Ríos
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
de aportar a la Caja de Retiro de las fuerzas militares (Cremil) en los términos del
artículo 243 del Decreto 1211 de 199054 para el financiamiento del sistema de salud;
de ahí que la entidad pagadora está en el deber de efectuar los descuentos, los
cuales proceden sin necesidad de modificar la sentencia en ese sentido, pues es un
aspecto comprendido en el cumplimiento de la decisión judicial.
4. Costas
86. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario 55 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no
presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio,
sino que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe
verificarse que la parte vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria,
etc. Así las cosas, en esta oportunidad no se condenará en costas, porque no se
advierte que la parte haya incurrido en las anteriores conductas.
87. En línea con lo expuesto, y como la entidad demandada pidió expresamente
que no se le condenara en costas, se revocará la condena impuesta en primera
instancia, ya que esta se sustentó en que fue vencida en el proceso, sin que se
hubiera evidenciado mala fe, temeridad o dilación.
5. Conclusión
88. En suma, resulta aplicable el Decreto 1211 de 1990 para reconocer la
pensión de sobrevivientes, cuando al momento del deceso el causante era un
soldado regular adscrito al Ejército Nacional, que fue ascendido póstumamente al
grado de cabo segundo. Por otra parte, no son incompatibles la compensación por
muerte del Decreto 2728 de 1968 y la pensión de sobrevivientes del Decreto 1211
54 Artículo 243. Cuota mensual de Oficiales y Suboficiales en goce de asignación de retiro y sus
beneficiarios en goce de pensión. Los Oficiales y Suboficiales en goce de asignación de retiro y sus
beneficiarios en goce de pensión, aportarán con destino a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, con una
cuota mensual equivalente al cinco por ciento (5%) de la asignación de retiro o de la pensión respectivamente,
de la cual el uno por ciento (1%) ser (sic) para el pago de los servicios médico-asistenciales de que trata el
artículo 176 del presente Decreto.
55 La magistrada ponente, en cambio, considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse
a un criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la
regla de procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo
188 no excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas
«cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o
mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de
determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso
segundo del artículo 188 no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en
los asuntos en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas
«cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los
parámetros antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas,
sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia
con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA
indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta
temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba
de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Radicación: 05001-23-33-000-2017-00267-01 (2437-2021)
Demandante: América María Bermúdez de Copete y Julio Copete Ríos
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
de 1990. Por ende, se confirmará la sentencia apelada, salvo la condena en costas
que se revoca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, el 5 de noviembre de 2020, que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda, salvo la condena en costas que se revoca, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva.
Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en
el Sistema de Gestión Judicial, Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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