Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-02177-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-02177-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2015-02177-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
18 de julio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001 23 33 000 2015 02177 01 (2067-2022)
Demandante: María del Socorro Londoño Bedoya
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Temas: Reconocimiento pensión de sobrevivientes. Soldado voluntario
muerto en combate. Descuentos por concepto de salud
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 23 de septiembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, por medio de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda1
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), la señora María del Socorro Londoño Bedoya,
por conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se anule la
Resolución 0052 del 2 de enero de 2015, proferida por el Grupo de Prestaciones
1 Folios 1 al 48.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 05001 23 33 000 2015 02177 01 (2067-2022)
Demandante: María del Socorro Londoño Bedoya
Sociales del Ministerio de Defensa Nacional, por la cual se le negó el
reconocimiento, liquidación y pago de la pensión de sobrevivientes con ocasión de
la muerte de su hijo, el soldado voluntario Juan Alejandro Henao Londoño.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la
actora solicitó condenar a la parte demandada a lo siguiente: i) reconocer y pagar
la pensión de sobrevivientes, a partir de 21 de junio de 1990, en cuantía equivalente
al 50 % de las partidas consagradas en el artículo 158 del Decreto Ley 1211 de
1990, y con la inclusión de las mesadas adicionales de junio y noviembre; ii)
reajustar anualmente la mesada pensional, según los principios de nivelación y
oscilación, previstos en la Ley 4 de 1992 y en el Decreto 4433 de 2004; iii) pagar los
intereses moratorios causados sobre las mesadas adeudadas; iv) disponer los
trámites necesarios para su inclusión en nómina de pensionados y la afiliación al
sistema de salud de las Fuerzas Militares; v) reconocer y pagar el valor adeudado
por concepto de aportes mensuales no efectuados a la Caja Promotora de Vivienda
Militar; vi) dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 al
195 del cpaca; y viii) pagar las costas procesales de conformidad con el artículo 188
ibidem.
Como declaraciones y condenas primeras y segundas subsidiarias, reiteró las
pretensiones principales y solicitó, además, que se condene a la entidad accionada
a reconocer y pagar a la demandante la pensión de sobrevivientes, en cuantía
equivalente al 75 % del Ingreso Base de liquidación (promedio de salarios percibidos
por un cabo segundo del Ejército Nacional) de conformidad con los artículos 11 y
12 de la Ley 776 de 2002, en concordancia con los artículos 11, 47, 272 y 288 de la
Ley 100 de 1993 y la sentencia C-461 de 1995, con efectividad fiscal a partir de
diciembre de 2002.
Igualmente, como pretensiones subsidiarias, pidió reconocer, liquidar y pagar, sobre
el importe de las mesadas pensionales adeudadas, a título de sanción, los intereses
moratorios establecidos en los artículos 141 de la Ley 100 de 1993 y 88 de la Ley
1328 de 2009, efectivos a partir de julio de 2009 y, en subsidio, que dichas sumas
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Demandante: María del Socorro Londoño Bedoya
sean indexadas o, en su defecto, se dé aplicación retrospectiva conforme a lo
dispuesto en los artículos 3 de la Ley 923 de 2004 y 11, 13 y 18 del Decreto 4433
de 2004, con efectividad fiscal a partir del 31 de diciembre de 2004, en cuantía
equivalente al 50 % de las partidas computables.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:
i) La señora María del Socorro Londoño Bedoya es la madre del fallecido soldado
voluntario Juan Alejandro Henao Londoño, quien prestó sus servicios al Ejército
Nacional desde el 22 de abril de 1988 hasta el 21 de junio de 1990, fecha en que
se presentó su deceso «en combate por acción directa del enemigo, en el
mantenimiento del orden público».
ii) Por Resolución 3573 del 18 de junio de 1991, el causante fue ascendido en forma
póstuma al grado de cabo segundo.
iii) Mediante la Resolución 2205 del 22 de abril de 1992, se reconocieron las
prestaciones sociales a los padres del cabo segundo, en cuantía del 50% para cada
uno.
iv) A través del acto acusado, el Ministerio de Defensa Nacional negó la pensión de
sobrevivientes solicitada el 24 de noviembre de 2014 por la accionante.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 26 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (aprobada mediante la Ley 16 de 1972); 1, 2, 5, 6, 9, 11 y 12
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el
preámbulo y los artículos 1, 2, 9, 12 y 17 del Protocolo Internacional a la Convención
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Demandante: María del Socorro Londoño Bedoya
Americana sobre Derechos Humanos; el preámbulo y los artículos 1, 2, 4, 5, 9, 11,
12, 13, 16, 22, 23, 25, 26, 29, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 58, 93, 94, 209 y 366
de la Constitución Política; 411 a 427 del Código Civil; 158, 185 y 189 del Decreto
Ley 1211 de 1990; 1, 11, 13, 46, 47, 48, 141, 272 y 288 de la Ley 100 de 1993; 1 de
la Ley 717 de 2001; 11 a 14 de la Ley 776 de 2002; 12 y 13 de la Ley 797 de 2003;
3 de la Ley 923 de 2004; 9 de la Ley 973 del 21 de julio de 2005; 88 de la Ley 1328
de 2009; 21 del Código Sustantivo del trabajo; 19 del Decreto 656 de 1994; y 1, 3,
4, 11, 13, 20, 21, 22, 41, 42 y 43 del Decreto 4443 de 2004.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la actora expuso lo
siguiente:
i) La entidad demandada no tuvo en cuenta los principios constitucionales al
momento de negar el derecho que le asiste a la demandante, especialmente el
principio de favorabilidad consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, al
no aplicar la norma más favorable en relación con el reconocimiento de la pensión
de sobrevivientes. De igual forma, que la sustitución pensional es un derecho
fundamental que desconoce la entidad demandada de manera evidente al no
resolver de manera favorable la petición que en tal sentido formuló la demandante.
ii) Comoquiera que la actora se vio privada del aporte económico, que en buena
medida le suministraba su hijo, le asiste el derecho a reivindicar su porción
alimentaria al abrigo no solo de la ley, sino, principalmente, de la Constitución
Política, en tanto que los artículos 5, 42 y 43 superiores imponen al Estado la
garantía de protección integral a la familia, constituyéndose, además, el derecho a
la seguridad social y al mínimo vital, en garantías y derechos irrenunciables.
1.2. Contestación de la demanda
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Demandante: María del Socorro Londoño Bedoya
El Ministerio de Defensa Nacional se opuso a las pretensiones de la demanda y
esgrimió las siguientes razones de defensa:2
i) La Resolución 0052 del 2 de enero de 2015 se expidió de conformidad con el
Decreto 2728 de 1968, vigente para el momento de los hechos; por lo tanto, no
adolece de nulidad alguna. Así las cosas, a la actora no le asiste derecho al
reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes con ocasión del
fallecimiento de su hijo, toda vez que el Decreto 2728 de 1968 no contempló dicha
prerrogativa para los beneficiarios legales del uniformado fallecido.
ii) No procede la aplicación del Decreto 1211 de 1990, por el cual se reformó el
Estatuto del Personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, toda vez
que dichas normas consagran las prestaciones económicas para los beneficiarios
de oficiales y suboficiales activos de las Fuerzas Militares que mueren en combate,
y a ese grupo no pertenece el occiso, como quiera que para la época de su muerte
no ostentaba ningún grado de suboficial, pues estaba adscrito en calidad de soldado
voluntario del Ejército Nacional.
iii) El ascenso del extinto soldado se hizo de manera honorífica y no porque tuviera
la calidad de suboficial, pues es evidente que nunca aprobó los correspondientes
cursos en las escuelas de formación de suboficiales o en las unidades autorizadas
para adelantarlos, por lo que no cumplía con los requerimientos señalados por la
ley para ostentar la calidad de cabo segundo y, por tanto, su régimen prestacional
es el que establece el Decreto 2728 de 1968, el cual no señala dentro de su
articulado reconocimiento de pensión a los beneficiarios legales del soldado que
fallece en combate.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 23 de septiembre
2 Folios 86 al 100.
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de 2021, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, con sustento en
las siguientes consideraciones:3
i) Se acoge la sentencia de unificación del 4 de octubre de 2018, 4 proferida por el
Consejo de Estado, en la que se indicó que los soldados voluntarios fallecidos en
combate tienen derecho al ascenso póstumo y, por ende, pasan a ser suboficiales
de las Fuerzas Militares, condición que los convierte en destinatarios de los
Decretos 89 de 1984, 85 de 1989 y 1211 de 1990, en los cuales se consagró la
pensión de sobrevivientes.
ii) En el sub lite se cumplen los presupuestos para reconocer la pensión de
sobrevivientes reclamada, pues está demostrado que la señora María del Socorro
Londoño Bedoya es la madre del joven Juan Alejandro Henao Londoño; así mismo,
se encuentra acreditado que el causante se desempeñaba como soldado voluntario
y que su muerte ocurrió en combate por acción directa del enemigo, en el
mantenimiento del orden público; por tal razón fue ascendido de manera póstuma
al grado de cabo segundo.
iii) En consecuencia, se declara la nulidad de los actos acusados y, a título de
restablecimiento del derecho, se ordena al Ministerio de Defensa - Ejército Nacional
pagar la pensión de sobrevivientes en cuantía del 50 % de las partidas previstas en
el artículo 158 del Decreto 1211 de 1990. Además, se decreta la prescripción
cuatrienal de las mesadas causadas con anterioridad al 24 de noviembre de 2010,
comoquiera que la petición se presentó el 14 de noviembre de 2014.
1.4. El recurso de apelación
La apoderada del Ministerio de Defensa Nacional interpuso recurso de apelación
contra la referida sentencia con base en los siguientes argumentos:5
3 Folios 195 al 206.
4 Radicado: 050012333000201300741-01.
5 Folios 208 al 211.
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i) La pensión reconocida debía ser objeto de los descuentos que por ley debe
realizar el Ejército Nacional, destinados a la seguridad social en salud y demás a
que haya lugar, en virtud del principio de sostenibilidad fiscal; no obstante, el a quo
omitió realizar pronunciamiento alguno al respecto.
ii) El tribunal erró en su decisión, pues aplicó un régimen establecido para oficiales
y suboficiales, que no regula a los soldados voluntarios de las Fuerzas Militares.
Además, en el proceso quedó establecido que el señor Henao Londoño no cumplió
con el tiempo de servicio requerido en el Decreto 4433 de 2004 ni con las
situaciones especiales previstas en esta norma para que sus beneficiarios tuvieran
derecho a una pensión de sobrevivientes; tampoco contaba con aportes realizados
al sistema de seguridad social. Es decir, que no se cumplen los presupuestos
exigidos por la ley en cuanto a semanas de cotización.
iii) La Corte Constitucional se ha pronunciado en diferentes sentencias sobre el
particular, en el sentido de que el régimen pensional de las fuerzas armadas y de
policía es diferente al régimen aplicable a la generalidad de las personas,
precisamente, por ser diferentes los sujetos sobre quienes recaen dichas
disposiciones, teniendo en cuenta la naturaleza de los servicios prestados.
iv) No se debe condenar en costas en segunda instancia a la accionada, por cuanto
no se evidencian comportamientos procesales que ameriten una condena en tal
sentido, en caso de que se confirme el fallo apelado, máxime porque el recurso
presentado se fundamenta válidamente en la normatividad aplicable al caso.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
Las partes guardaron silencio.
1.6. El Ministerio Público
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El agente del Ministerio Público no emitió concepto.
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
El problema jurídico se contrae a determinar si la demandante tiene derecho a que
se le reconozca la pensión de sobrevivientes prevista en el Decreto 1211 de 1990,
como consecuencia del fallecimiento de su hijo en combate, mientras tenía la
condición de soldado voluntario y quien fue ascendido en forma póstuma al grado
de cabo segundo.
En caso afirmativo, se definirá si, con fundamento en el principio de sostenibilidad
fiscal, del valor de la condena es procedente ordenar los descuentos por concepto
de salud.
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. Pensión de sobrevivientes en las Fuerzas Militares
El régimen especial de las Fuerzas Militares reguló de diferente manera las
prestaciones por muerte de sus miembros, en atención a las particularidades de
cada una de las vinculaciones. Así, se previó un régimen para los soldados
voluntarios y otro para los oficiales y suboficiales y uno adicional para quienes
prestaran el servicio militar obligatorio.
En lo que respecta al sub lite, se destacan los artículos 2 y 3 de la Ley 131 de 1985
que establecieron el servicio militar voluntario para quienes, habiendo prestado el
servicio militar obligatorio, manifiesten el deseo de continuar vinculados en la
institución, bajo esa modalidad, en los siguientes términos:
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Artículo 2. Podrán prestar el servicio militar voluntario quienes, habiendo prestado el
servicio militar obligatorio, manifiesten ese deseo al respectivo Comandante de
Fuerza y sean aceptados por él.
Las autoridades militares podrán organizar otras modalidades de servicio militar
voluntario, cuando las circunstancias lo permitan.
Artículo 3. Las personas a que se refiere el artículo 2 de la presente Ley, quedarán
sujetas, a partir de su vinculación como soldados voluntarios, al Código de Justicia
Penal Militar; al Reglamento de Régimen Disciplinario, al Régimen Prestacional y a
las normas relativas a la capacidad sicofísica, incapacidades, invalideces e
indemnizaciones para los soldados de las Fuerzas Militares y los reglamentos
especiales que se expidan para el desarrollo de esta Ley.
Por su parte, el artículo 8 del Decreto 2728 de 1968, «por el cual se modifica el
régimen de prestaciones sociales por retiro o fallecimiento del personal de soldados
y grumetes de las Fuerzas Militares», estableció las siguientes prestaciones de
carácter económico a favor de los beneficiarios de aquellos soldados o grumetes
que mueren en servicio activo:
Artículo 8. El Soldado o Grumete en servicio activo, que fallezca por causa de heridas
o accidente aéreo en combate o por acción directa del enemigo, bien sea en conflicto
internacional o en mantenimiento del orden público, será ascendido en forma póstuma
al grado de Cabo Segundo o Marinero y sus beneficiarios tendrán derecho al
reconocimiento y pago de cuarenta y ocho (48) meses de los haberes
correspondientes a dicho grado y el pago doble de la cesantía.
A la muerte del Soldado o Grumete en servicio activo, causada por accidente en
misión del servicio, sus beneficiarios tendrán derecho al reconocimiento y pago de
treinta y seis (36) meses del sueldo básico que en todo tiempo corresponda a un Cabo
Segundo o Marinero.
A la muerte de un Soldado o Grumete en servicio activo o por causas diferentes a las
enunciadas anteriores a sus beneficiarios tendrá derecho al reconocimiento y pago
de veinticuatro (24) meses de sueldo básico que en todo tiempo corresponda a un
Cabo Segundo o Marinero.
Como se desprende de la lectura de la citada disposición, el Decreto 2728 de 1968
reconoció a los soldados fallecidos el ascenso póstumo al grado de cabo segundo
y para sus beneficiarios estableció una prestación indemnizatoria y el pago doble
del auxilio de cesantías; sin embargo, no previó el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes.
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Por su parte, el artículo 189 del Decreto 1211 de 1990, «por el cual se reformó el
estatuto del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares», fijó una
serie de prestaciones a favor de los beneficiarios de los oficiales o suboficiales de
las Fuerzas Militares muertos en combate, incluyendo también la pensión de
sobrevivientes, que se otorgaría bajo las siguientes reglas:
Artículo 189. Muerte en combate. A partir de la vigencia del presente Estatuto, a la
muerte de un Oficial o Suboficial de las Fuerzas Militares en servicio activo, en
combate o como consecuencia de la acción de enemigo, bien sea en conflicto
internacional o en el mantenimiento o restablecimiento del orden público, ser
ascendido en forma póstuma al grado inmediatamente superior, cualquiera que fuere
el tiempo de servicio en su grado. Además sus beneficiarios, en el orden establecido
en este Estatuto, tendrán derecho a las siguientes prestaciones:
a. A que el Tesoro Público les pague por una sola vez, una compensación equivalente
a cuatro (4) años de los haberes correspondientes al grado conferido al causante,
tomando como base las partidas señaladas en el artículo 158 de este Decreto.
b. Al pago doble de la cesantía por el tiempo servido por el causante.
c. Si el Oficial o Suboficial hubiere cumplido doce (12) o más años de servicio, a que
el Tesoro Público les pague una pensión mensual, la cual será liquidada y cubierta en
la misma forma de la asignación de retiro, de acuerdo con el grado y tiempo de
servicio del causante.
d. Si el Oficial o Suboficial no hubiere cumplido doce (12) años de servicio, sus
beneficiarios en el orden establecido en este estatuto, con excepción de los
hermanos, tendrán derecho a que el Tesoro Público les pague una pensión mensual
equivalente al cincuenta por ciento (50%) de las partidas de que trata el artículo 158
de este Decreto.
2.2.2. Postura unificada frente al reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes para los beneficiarios de los soldados voluntarios fallecidos
en combate o por acción directa del enemigo.
En relación con el derecho a la pensión de sobrevivientes para los beneficiarios de
los soldados voluntarios muertos en combate o por acción directa del enemigo, la
Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de unificación SU-CE-SUJ-
SII-013-2018 del 4 de octubre de 2018, fijó las siguientes reglas:6
6 Radicado: 050012333000201300741-01 (4648-2015).
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• Con fundamento en el principio de especialidad, los beneficiarios de los soldados
voluntarios fallecidos antes del 7 de agosto de 20027, por causa de heridas o
accidente aéreo en combate o por acción directa del enemigo, bien sea en conflicto
internacional o en mantenimiento del orden público, pueden beneficiarse del régimen
de prestaciones por muerte contenido en el artículo 184 del Decreto 095 de 1989 o
en el artículo 189 del Decreto 1211 de 1990, según la fecha de muerte, por ser el
régimen especial que regula de manera particular el supuesto de hecho a que se
refiere la norma, pues tal medida se armoniza con los principios protectorio, pro
homine, de justicia y de igualdad que encauzan el derecho laboral.
• Al reconocer el derecho a la pensión de sobrevivientes de soldados voluntarios
fallecidos en combate, no habrá lugar a descuentos de lo pagado por concepto de
compensación y cesantías dobles a sus beneficiarios en virtud del Decreto 2728 de
1968.
• Al hacer extensivo el régimen especial para el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes a los beneficiarios de los soldados voluntarios fallecidos antes del 7 de
agosto de 20028, por causa de heridas o accidente aéreo en combate o por acción
directa del enemigo, bien sea en conflicto internacional o en mantenimiento del orden
público, el término prescriptivo que debe atenderse en relación con las mesadas
pensionales, es el cuatrienal de acuerdo con lo señalado en el régimen propio de las
Fuerzas Militares (artículo 169 del Decreto 095 de 1989 y artículo 174 del Decreto
1211 de 1990).
Así las cosas, la Sala precisó que era posible aplicar los Decretos 095 de 1989 o
1211 de 1990, según la fecha del deceso del causante, con el objeto de reconocer
a los beneficiarios de los soldados voluntarios muertos en combate la pensión de
sobrevivientes, pues tal medida permitía materializar el derecho a la igualdad,
proteger el núcleo familiar y evitar el desamparo ante el deceso. Al respecto, se
explicó lo siguiente:
146. La identidad fáctica anotada ha sido el referente para que el Consejo de Estado9
haya encontrado que no es razonable ni existe justificación válida para que tanto el
Decreto 2728 de 1968 como el Decreto 1211 de 199010 ordenen un ascenso póstumo,
así como el reconocimiento de unas prestaciones económicas en favor de sus
beneficiarios, pero no el pago de la pensión de sobreviviente a favor de quienes con
el hecho de la muerte de un miembro de la Fuerzas Militares pierden el sustento y
7 En atención a que el Decreto 4433 de 2004, en el artículo 22, entendió por soldados profesionales los soldados
voluntarios que hubieren fallecido entre el 7 de agosto de 2002 y el 31 de diciembre de 2003, con lo que cambió
su situación jurídica en lo atinente a las prestaciones por muerte en combate.
8 En atención a que el Decreto 4433 de 2004, en el artículo 22, entendió por soldados profesionales los soldados
voluntarios que hubieren fallecido entre el 7 de agosto de 2002 y el 31 de diciembre de 2003, con lo que cambió
su situación jurídica en lo atinente a las prestaciones por muerte en combate.
9 En la providencia se citan: Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección B, sentencia del 7 de julio de
2011, radicación: 2161-2009 ii) Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección A, sentencia del 19 de enero
de 2015, radicación: 4353-2013; iii) Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección B, sentencia del 26 de
enero de 2017, radicación: 2801-2015.
10 Argumento que resulta igualmente válido frente al Decreto 95 de 1989.
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apoyo económico que este les brindaba, por ello, en aras de efectivizar el derecho a
la igualdad y proteger el núcleo familiar del soldado que fallece en combate, ha
reparado en la viabilidad de inaplicar el Decreto 2728 de 1968 y tener en cuenta el
Decreto 95 de 1989 o el Decreto 1211 de 1990, dependiendo de la fecha de la muerte
del causante, con el objetivo de reconocer la prestación periódica11.
147. Debe considerarse además, que dado que el principio de inescindibilidad
impediría que el reconocimiento de las prestaciones por muerte bajo las condiciones
del régimen general se liquidaran con fundamento en los haberes percibidos por el
grado superior, la aplicación de un criterio basado en los principios de igualdad
material y justicia lleva a que sea el principio de especialidad el que oriente la
selección del régimen contenido en el Decreto 95 de 1989 o en el Decreto 1211 de
1990, según la fecha de fallecimiento, pues tal medida se acompasa de mejor manera
con el principio pro homine y la dignidad humana de quienes entregaron su vida para
el cumplimiento de los fines del Estado, acto meritorio que da lugar al ascenso
póstumo.
[…]
Conforme a la anterior transcripción, la Sala observó que mientras el Decreto 2728
de 1968 no estableció la pensión de sobrevivientes para los beneficiarios de los
soldados voluntarios fallecidos en combate o por acción directa del enemigo, el
Decreto 1211 de 1990 sí previó esa prestación para los oficiales y suboficiales
muertos en idénticas circunstancias.
Ante este panorama normativo, se hizo un profundo análisis de algunos
instrumentos internacionales12 y de los principios rectores en materia laboral como
el protectorio, favorabilidad, pro homine, igualdad, inescindibilidad y especialidad
para concluir que la mejor respuesta posible ante la aplicación de dos normas era
escoger la que permitía acceder al derecho a la seguridad social que se encontraba
en juego, el cual es esencial para el bienestar general de la sociedad y la protege
ante las contingencias que pueden poner en peligro la vida, dignidad e integridad
de sus integrantes.
11 Ver, entre otras, la providencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 25
mayo de 2017, radicación: 680012333000201400209-01 (4980-2014), actor: Clelia Ropero Niño.
12 Se resalta la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Sociales
y Culturales; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT); los Convenios 102 y 128 de la OIT, relacionados con la seguridad
social (norma mínima) y las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes; el Código Iberoamericano de
Seguridad Social, aprobado por la Ley 516 de 1999.
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Radicación: 05001 23 33 000 2015 02177 01 (2067-2022)
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Bajo este hilo argumentativo, se concluyó que como los soldados voluntarios debían
ser ascendidos en forma póstuma al grado de cabo segundo, también podían
beneficiarse de la pensión de sobrevivientes prevista para los oficiales y suboficiales
en los artículos 184 del Decreto 095 de 1989 o 189 del Decreto 1211 de 1990,
dependiendo de la fecha del fallecimiento.
2.2.3. Los descuentos por concepto de aportes a salud en el régimen de la
Fuerza Pública
El régimen de seguridad social de la Fuerza Pública se encuentra exento de las
disposiciones generales fijadas en la Ley 100 de 1993, por expresa disposición del
artículo 279 ibidem; sin embargo, en ambos regímenes se contempla el
financiamiento del sistema de salud a través de cotizaciones efectuadas por sus
afiliados en virtud del principio de solidaridad y sostenibilidad fiscal del sistema.
En ese sentido, el legislador ha dispuesto que los miembros de las fuerzas militares
y de policía, o sus beneficiarios, tienen el deber de efectuar aportes con destino a
la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, en procura de garantizar la prestación del
servicio público de salud. Para tales efectos, el Decreto 1211 de 1990, en su artículo
243 ordena lo siguiente:
Artículo 243. Cuota mensual de Oficiales y Suboficiales en goce de asignación
de retiro y sus beneficiarios en goce de pensión. Los Oficiales y Suboficiales en
goce de asignación de retiro y sus beneficiarios en goce de pensión, aportarán con
destino a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, con una cuota mensual
equivalente al cinco por ciento (5%) de la asignación de retiro o de la pensión
respectivamente, de la cual el uno por ciento (1%) ser (sic) para el pago de los
servicios médico-asistenciales de que trata el artículo 176 del presente Decreto.
De acuerdo con lo anterior, no solo los miembros activos o en goce de buen retiro
tienen el deber de contribuir con el financiamiento del sistema de salud, sino que
dicha obligación se extiende a los beneficiarios del personal que sean titulares de
un derecho pensional, tal como sucede con la pensión de sobrevivientes.
13
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Ahora, el régimen pensional y de asignación de retiro de la Fuerza Pública fue
modificado por la Ley 923 de 2004 y reglamentado por el Decreto 4433 de ese
mismo año; no obstante, las disposiciones relacionadas con los descuentos con
destino al sostenimiento del sistema de salud se mantuvieron incólumes; así se
consignó en el artículo 38 del Decreto 4433 del 2004:
Artículo 38. Contribuciones a las cajas de retiro del personal retirado en goce de
asignación de retiro o sus beneficiarios en goce de pensión. Los Oficiales,
Suboficiales y Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares, y los Oficiales,
Suboficiales, Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía Nacional, en goce de asignación
de retiro o sus beneficiarios en goce de pensión, contribuirán a la Caja de sueldos
de Retiro de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional según el caso:
38.1 Con una cuota mensual equivalente al cinco por ciento (5%) de la asignación
de retiro o de la pensión respectivamente, de la cual el cuatro por ciento (4%) será
con destino al pago de servicios médicos asistenciales y el uno por ciento (1%)
restante, para sostenimiento de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares o Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional según el caso.
[…]
Así las cosas, resulta claro que los titulares de una pensión de sobrevivientes, en
calidad de beneficiarios de un miembro de la Fuerza Pública, tienen el deber de
contribuir al sostenimiento del sistema de salud y de la Caja de Retiro de la Fuerzas
Militares, por cuanto es una obligación que ha sido impuesta por el legislador y que
tiene por objeto garantizar el funcionamiento y la prestación de los servicios médico-
asistenciales.
2.3. Hechos probados
• El 13 de agosto de 1969, nació Juan Alejandro Henao Londoño, hijo de María S.
Londoño y Fabio León Henao, según consta en el registro civil de nacimiento, 13 y
murió el 21 de junio de 1990, tal como quedó inscrito en el Registro Civil de
Defunción.14
• El 7 de julio de 1990, el comandante del Batallón de Contraguerrillas 14 «PALAGUA»
13 Folio 51.
14 Folio 52.
14
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emitió el informativo administrativo por muerte 001, en el que dio cuenta de los
siguientes hechos:15
El 211400-JUNIO-90 encontrándose el Batallón en operaciones de contraguerrillas
en el área general de la Inspección de Puerto Coca, municipio de Pinillos (Bolívar) fue
activada una bomba con explosivos por parte de los bandoleros, habiendo fallecido
como consecuencia de lo anterior el SLV HENAO LONDOÑO JUAN ALEJANDRO C.M.
8817708, el mismo día 21-junio a las 14:00 horas aproximadamente.
De acuerdo con el artículo 8 del Decreto 2728 de 1968, la muerte del Soldado
Voluntario HENAO LONDOÑO JUAN ALEJANDRO ocurrió en combate por acción directa
del enemigo, en el mantenimiento del orden público.
• El 19 de septiembre de 1990, según da cuenta el acta 00791,16 se hizo entrega de
los cheques correspondientes al seguro de vida por muerte del soldado Henao
Londoño a sus progenitores, como únicos beneficiarios.17
• De acuerdo con la Hoja de Servicios, el señor Juan Alejandro Henao Londoño
laboró para las Fuerzas Militares de la siguiente forma:18
Cargo Desde Hasta Total
Año Mes Día
Soldado regular 22 AB 88 14 OC 89 1 5 22
Soldado voluntario 28 OC 89 21 JN 90 0 7 23
Total tiempo físico 2 1 15
Diferencia año laboral 0 0 10
Total servicios 2 1 25
• El 18 de junio de 1991, por Resolución 3573, el ministro de defensa nacional
dispuso el ascenso póstumo del soldado Juan Alejandro Henao Londoño al grado
de cabo segundo.19
15 Folio 59.
16 Se reunió con los beneficiarios una comisión de oficiales y suboficiales conformada por el teniente coronel
comandante del Batallón Pedro Nel Ospina, el mayor ejecutivo y segundo comandante y el oficial de personal
de la unidad.
17 Folio 63.
18 Folio 57.
19 Folio 61.
15
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• El 22 de abril de 1992, mediante Resolución 2505, el subsecretario general del
Ministerio de Defensa Nacional les reconoció a los señores Fabio León Henao
Cardona y María del Socorro Londoño Bedoya cesantías definitivas dobles y
compensación por muerte como consecuencia del fallecimiento de su hijo Juan
Alejandro Henao Londoño.20
• El 15 de febrero de 2013, falleció el señor Fabio León Henao, padre del señor Juan
Alejandro Henao Londoño, como da cuenta el Registro Civil de Defunción.21
• El 23 de noviembre de 2014, la demandante, actuando por medio de apoderado,
solicitó la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su hijo Juan Alejandro
Henao Londoño.22
• El 2 de enero de 2015, por medio de la Resolución 0052, la directora administrativa
del Ministerio de Defensa Nacional negó el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes solicitada por la actora, toda vez que ya se le habían pagado las
prestaciones sociales a que había lugar según el Decreto 2728 de 1968, dentro del
cual no se prevé el beneficio pensional reclamado.23
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
El a quo accedió a la pretensión de la demandante, tendiente a obtener la nulidad
del acto administrativo que le negó la pensión de sobrevivientes originada en el
deceso de su hijo, Juan Alejandro Henao Londoño, quien falleció en combate
mientras tenía la condición de soldado voluntario y fue ascendido póstumamente al
grado de cabo segundo del Ejército Nacional.
El Ministerio de Defensa presentó recurso de apelación contra la referida
20 Folios 66 y 67.
21 Folio 53.
22 Información extraída de la Resolución 0052 del 2 de enero de 2015
23 Folios 74 y 75.
16
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providencia en razón a que el régimen que aplicó el a quo está previsto para oficiales
y suboficiales, pero no regula a los soldados voluntarios de las Fuerzas Militares.
Además, porque el causante no contaba con aportes realizados al sistema de
seguridad social.
Ahora bien, como se explicó en acápites precedentes, esta corporación profirió
sentencia de unificación en relación con el derecho a la pensión de sobrevivientes
para los beneficiarios de los soldados voluntarios fallecidos antes del 7 de agosto
de 2002,24 por causa de heridas o accidente aéreo en combate o por acción directa
del enemigo, bien sea en conflicto internacional o en mantenimiento del orden
público.
En esa oportunidad, se advirtió que el ascenso póstumo es un reconocimiento para
los miembros de las Fuerzas Militares, puesto que están sometidos al riesgo que
supone el combate, dentro de las funciones que les fueron asignadas para el
cumplimiento de los fines del Estado.
Igualmente, se explicó que tratándose de soldados voluntarios fallecidos en
combate, estos tienen derecho a las prestaciones económicas establecidas en el
Decreto 2728 de 1968, que contempla el ascenso póstumo, en virtud del cual el
fallecido pasa a ser suboficial de las Fuerzas Militares y, por ende, a ser destinatario
de la pensión de sobrevivientes conferida a ese personal por los artículos 184 del
Decreto 095 de 1989 o 189 del Decreto 1211 de 1990, dependiendo de la fecha del
fallecimiento.
De esta manera se protege el núcleo familiar de estos servidores que están
sometidos al riesgo especial que concierne a la defensa de la soberanía, la
independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional.
24 En atención a que el Decreto 4433 de 2004, en el artículo 22, entendió por soldados profesionales los
soldados voluntarios que hubieren fallecido entre el 7 de agosto de 2002 y el 31 de diciembre de 2003, con lo
que cambió su situación jurídica en lo atinente a las prestaciones por muerte en combate.
17
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Demandante: María del Socorro Londoño Bedoya
Bajo este contexto, la jurisprudencia25 ha sostenido que no es razonable ni existe
justificación válida para que tanto el Decreto 2728 de 1968 como el Decreto 1211
de 199026 ordenen un ascenso póstumo, así como el reconocimiento de unas
prestaciones económicas en favor de sus beneficiarios, pero no el pago de la
pensión de sobrevivientes para quienes con el hecho de la muerte de un miembro
de las Fuerzas Militares pierden el sustento y apoyo económico que este les
brindaba; por el contrario, en aras de efectivizar el derecho a la igualdad y
salvaguardar el núcleo familiar del soldado voluntario que fallece en combate, deben
aplicarse los Decretos 95 de 1989 o 1211 de 1990, según corresponda, con el objeto
de reconocer la prestación periódica.
En este orden de ideas, en consonancia con las pruebas aportadas al plenario, esta
Subsección concluye que la señora María del Socorro Londoño Bedoya es
acreedora de la pensión de sobrevivientes reclamada en el sub lite al amparo del
Decreto 1211 de 1990, pues demostró ser la progenitora del soldado voluntario Juan
Alejandro Henao Londoño, quien falleció en combate como consecuencia de la
acción directa del enemigo en mantenimiento del orden público y fue ascendido en
forma póstuma al grado de cabo segundo, conforme al Decreto 2728 de 1968.
Por consiguiente, como lo determinó la sentencia de unificación aludida, con
fundamento en el artículo 4 de la Constitución Política y en virtud de los principios
de especialidad, protectorio, pro homine, igualdad y justicia, es procedente inaplicar
el artículo 8 del Decreto 2728 de 1968, en cuanto no consagra el reconocimiento y
pago de una pensión de sobrevivientes a favor de los familiares de los soldados
voluntarios muertos en combate.
En su lugar, debe acudirse al artículo 189 del Decreto 1211 de 1990, que sí
reconoce esa prestación para los beneficiarios de que trata el artículo 185 ibidem y
de cuyo tenor se infiere que cuando el causante no tiene cónyuge o compañera
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 25 mayo de 2017, radicación: 68001 23
33 000 2014 00209 01, número interno: 4980-2014, M.P. William Hernández Gómez.
26 Argumento que resulta igualmente válido frente al Decreto 95 de 1989.
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permanente ni hijos, la pensión debe otorgarse a los padres, en el equivalente al
50% de las partidas de que trata el artículo 158 de ese estatuto.
En este caso se demostró que el señor Juan Alejandro Henao Londoño era soltero,
no tenía unión marital de hecho ni hijos, por lo tanto, para el momento de su deceso,
sus padres eran los únicos beneficiarios de la pensión de sobrevivientes debatida.
Posteriormente, el progenitor también falleció, por ende, el reconocimiento recae en
la actora.
Finalmente, respecto de los descuentos correspondientes a la seguridad social en
salud, la Corte Constitucional27 ha precisado que los aportes por dicho concepto
permiten la sostenibilidad del sistema y el acceso a los servicios de salud tanto para
los actuales afiliados como para las generaciones venideras, pues de esta manera se
salvaguarda también el principio de justicia intergeneracional, en orden a que todos
podamos beneficiarnos del servicio público esencial de salud, cuya dirección,
supervisión, organización, regulación, coordinación y control se encuentran a cargo
del Estado.28
Así, la jurisprudencia ha expresado que el pensionado tiene la obligación de asumir el
pago de dichas cotizaciones desde el momento en que ostenta esa calidad, por lo que
la entidad pagadora de la pensión debe efectuar los descuentos en salud respecto de
las mesadas reconocidas, sin que sea necesario que medie autorización judicial
alguna, pues se trata de una potestad que opera por ministerio de la ley.29
Ahora, en cuanto al sub judice, debe decirse que el Decreto 1211 de 1990, con base
en el cual el a quo reconoció la pensión de sobrevivientes a la demandante, prevé
que el personal de oficiales y suboficiales, o sus beneficiarios, tienen el deber legal
de efectuar aportes con destino a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares. En ese
sentido, en el artículo 243 ordena que debe contribuirse con una cuota mensual
27 Sentencia C-126 de 2000.
28 Artículo 2 de la Ley 1751 de 2015.
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-
2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández Gómez.
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equivalente al 5 % de la asignación de retiro o de la pensión, respectivamente, de
la cual el 1% se asignará al pago de los servicios médico-asistenciales de que trata
el artículo 176 de este decreto.
De acuerdo con lo anterior, la demandante tiene el deber de efectuar aportes con
destino a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, en cuantía del 5 % de la mesada
pensional que le fue reconocida, con el objetivo de garantizar la prestación del
servicio médico-asistencial y financiar el sistema de salud de la fuerza pública.
La anterior disposición fue reiterada por el artículo 38 del Decreto 4433 del 2004, lo
que quiere decir que los descuentos por concepto de salud de la pensión de
sobrevivientes permanecen vigentes en la actual legislación y, en tal sentido,
corresponderá al Ministerio de Defensa Nacional efectuar las deducciones por tal
concepto, de conformidad con las cotizaciones que, en calidad de pensionada, deba
realizar la actora. Así, se adicionará la sentencia de primera instancia en este
sentido.
2.5. De la condena en costas
El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».
Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que, para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,1 en
la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.
Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
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todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.
En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas en
segunda instancia.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y de la Corte Constitucional en
casos análogos, fáctica y jurídicamente, al asunto que ahora es objeto de estudio y
en el acervo probatorio, se concluye que la decisión del a quo se ajustó a las
directrices interpretativas que regían la situación particular de la demandante, salvo
la omisión de pronunciarse sobre los descuentos por concepto de salud, razón por
la que se adicionará la sentencia en este aspecto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Adicionar la sentencia de primera instancia proferida el 23 de septiembre
de 2021 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió a las súplicas de
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Demandante: María del Socorro Londoño Bedoya
la demanda interpuesta por la señora María del Socorro Londoño Bedoya contra la
Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, en el sentido de ordenar a la
parte demandada que de la condena efectúe los respectivos descuentos por
concepto de aportes a salud.
Segundo. Confirmar en todo lo demás la sentencia apelada.
Tercero. Sin costas en segunda instancia.
En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las
anotaciones de rigor.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Impedido
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
22
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