Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-00447-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-00447-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2021-00447-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
12 de septiembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., doce (12) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2021-00447-01 (0140-2023)
Demandante: Jesús Vicente Moreno Leudo
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio1
Temas: Reconocimiento de pensión de jubilación. Régimen docente.
Vinculación a través de contratos de prestación de servicios
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia proferida el 1 de noviembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Quinta de Decisión, mediante la cual negó las pretensiones de la
demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Jesús Vicente Moreno Leudo presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-administrativo2, en
orden a que se declarara la nulidad del Oficio 4157 FPSM del 9 de septiembre de
2019, por medio del cual la profesional especializada de Seguridad Social y
1 En adelante Fomag.
2 En lo que sigue CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2021-00447-01 (0140-2023)
Demandante: Jesús Vicente Moreno Leudo
Prestaciones Económicas del Magisterio de la Secretaría de Educación de
Medellín le negó el reconocimiento de la pensión de jubilación.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) el reconocimiento de la pensión de jubilación con el 75% del promedio de
lo devengado en el último año de servicio anterior a la adquisición del estatus
pensional; ii) el reconocimiento de la compatibilidad entre salario y pensión; iii) el
cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 189 y 192 del
CPACA; iv) el pago de los intereses de mora sobre las sumas adeudadas; v) los
ajustes de valor sobre las mesadas debidas; y vi) la condena en costas a la
demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Jesús Vicente Moreno Leudo se vinculó como docente al servicio del
departamento de Antioquia el 10 de julio de 2000 y adquirió su estatus pensional
el 17 de noviembre de 2018.
3.2. Solicitó ante la entidad el reconocimiento de la pensión de jubilación conforme
con lo establecido en las leyes 33 y 62 de 1985 y 91 de 1989; sin embargo, la
entidad negó su petición con fundamento en que la normativa que le era aplicable
era la Ley 100 de 1993.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 13, 25, 29, 53 y 58 de la
Constitución Política; y 279 de la Ley 100 de 1993; el Acto Legislativo 1 de 2005;
las leyes 33 y 62 de 1985, 91 de 1989 y 812 de 2003; y los decretos 2285 de
1955, 224 de 1972, 1042 y 1045 de 1978 y 2277 de 1979.
5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente3:
5.1. El demandante tenía derecho a los beneficios pensionales reclamados y a que
se reconociera la compatibilidad entre la pensión y el salario conforme con lo
establecido en el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992, toda vez que prestó sus
servicios como docente con vinculación anterior a la expedición de la Ley 812 de
2003, por lo que le eran aplicables los presupuestos de la Ley 91 de 1989; en tal
medida, se debió respetar la expectativa pensional que tenía.
3 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «01Demanda», páginas 1 a 18.
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Demandante: Jesús Vicente Moreno Leudo
5.2. El tiempo trabajado a través de contratos de prestación de servicios debe ser
tenido en cuenta, pues son computables y útiles para el reconocimiento de la
pensión
1.2. Contestación de la demanda
6. El Fomag se opuso a las pretensiones de la demanda con fundamento en lo
siguiente4:
6.1. La Ley 812 de 2003 dispuso que el régimen prestacional de los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encontraran vinculados al
servicio público educativo oficial, correspondería al establecido para el magisterio
en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de dicha ley, y
que quienes se vincularan a partir de ella, se beneficiarían de los derechos del
régimen de prima media señalado en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, es
decir con los requisitos previstos en ellas, con excepción de la edad. De acuerdo
con lo anterior, la incorporación de este sector de servidores al sistema general de
pensiones surgió a partir de la expedición de la Ley 812 de 2003. En particular, al
demandante le son aplicables los preceptos contenidos en las leyes 100 y 797.
6.2. La pretensión de compatibilidad entre salario y pensión contradice lo dispuesto
en el artículo 128 de la Constitución Política y, por lo tanto, es improcedente. Lo
anterior, toda vez que el régimen jurídico aplicable al demandante corresponde al
de un docente vinculado como territorial de carácter municipal financiado con
recursos propios del municipio de Medellín de conformidad con los convenios,
acuerdos y disposiciones legales reguladoras de las formas de vinculación al
servicio docente. La Ley 60 de 1993, derogada por la Ley 715 de 2001 y su
Decreto reglamentario 196 de 1995 establecieron la posibilidad de afiliar a los
docentes territoriales al Fomag, a través de un convenio administrativo celebrado
entre la entidad territorial y las entidades de orden nacional que administran los
recursos de la educación, en el cual se dispuso que estos serían afiliados de
conformidad con las disposiciones que regían los empleados públicos; sin
embargo, en ese convenio no se previó la prerrogativa de percibir salario y
pensión en forma simultánea, por lo que es indispensable acreditar el retiro del
servicio para hacer efectivo el pago de la prestación.
7. Propuso las siguientes excepciones: i) inexistencia de la obligación; ii) ineptitud
de la demanda por falta de integración de litisconsorte necesario por no vincular al
4 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf, «05Contestacion».
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Demandante: Jesús Vicente Moreno Leudo
municipio de Medellín5; y iii) la genérica.
1.3. La sentencia apelada
8. ElTribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión profirió
sentencia el 1 de noviembre de 2022, por la cual negó las pretensiones de la
demanda.
9. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos6:
9.1. Jesús Vicente Moreno Leudo nació el 28 de diciembre de 1962, por lo que para
el momento de presentación de la solicitud de reconocimiento pensional (6 de
agosto de 2019) contaba con 56 años de edad.
9.2. Laboró como docente por órdenes de prestación de servicios desde el año
2000 al 2004; sin embargo, la certificación expedida por la Secretaría de
Educación del departamento de Antioquia no se extrae que, con ocasión de dichas
órdenes se hubiera decretado vía judicial la existencia de una relación laboral, en
virtud del cual se le otorgara la calidad de docente oficial y cumpliera con ello el
requisito de haber ingresado al servicio con antelación a la vigencia de la Ley 812
de 2003. Además, «de la simple referenciación de dichas órdenes no es posible
establecer si el objeto de éstas comprendía labores de docente», de forma que hubiera
lugar a inferir que durante dicho periodo se materializó una relación laboral, como
consecuencia de la cual se debiera dar prioridad a la realidad sobre las formas.
9.3. Con todo, la declaratoria de la existencia de una relación laboral en virtud de
los contratos de prestación de servicios no fue solicitada con las pretensiones de
la demanda, lo cual afectaría el principio de congruencia de la sentencia.
5 En auto del 15 de octubre de 2021, el Tribunal declaró no probada la excepción de falta de
integración de litisconsorcio necesario, propuesta por la entidad demandada, con fundamento en
que este se presenta en aquellos eventos en los cuales la presencia de un tercero se torna
imprescindible en el proceso, por cuanto la decisión a adoptar en la sentencia, indefectiblemente
requiere su concurrencia, so pena de desconocer su derecho de defensa, contradicción y debido
proceso; en tanto la discusión del derecho sustancial que se debate lo afecta de manera directa;
sin embargo, el acto acusado fue expedido por la subsecretaria administrativa de seguridad social
y prestaciones económicas del magisterio en el departamento de Antioquia, de manera que la
entidad que interviene en la expedición del acto administrativo no es el municipio de Medellín, y lo
cierto es que de acuerdo con lo previsto en los artículos 2 a 5 del Decreto 2831 de 2011, que
asignan la competencia para radicar y gestionar las solicitudes de prestaciones en las secretarias
de educación de los entes territoriales, su intervención no se realiza en nombre de la entidad sino
en representación del Fomag, por lo que es dicha entidad la llamada a atender las pretensiones de
la demanda, en caso de una sentencia favorable. Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en
formato pdf, «09AutoQueResuelveSobreExcepciones».
6 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «20Sentencia».
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Demandante: Jesús Vicente Moreno Leudo
9.4. En consecuencia, al demandante le eran aplicables las disposiciones de las
leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, comoquiera que su vinculación como docente
oficial se dio a partir del 23 de julio de 2004, es decir, con posterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003; y por tanto para que le fuera aplicable
la pensión de jubilación establecida en la Ley 33 de 1985, debía ser beneficiario
del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; sin
embargo, no cumplió con los requisitos que establece la norma, toda vez que,
para su entrada en vigencia tenía 31 años de edad y menos de 15 años de
servicio.
1.4. El recurso de apelación
10. Jesús Vicente Moreno Leudo presentó recurso de apelación con fundamento en
lo siguiente7:
10.1. La prueba en virtud de la cual se acreditó su vinculación entre los años 2000 a
2004 fue aportada en la oportunidad señalada por la ley y no fue tachada de falsa,
además de que cumplió con los requisitos de necesidad, utilidad y conducencia.
Además, en tal certificado se señaló que el demandante prestó sus servicios como
docente.
10.2. De acuerdo con lo señalado en la jurisprudencia, la actividad docente no se
desarrolla en virtud de la coordinación imperante en los contratos de prestación de
servicios, comoquiera que se cumple conforme a las instrucciones, directrices y
orientaciones de los superiores en el centro escolar, la Secretaría de Educación
Territorial y el Ministerio de Educación Nacional, es decir, no bajo su propia
dirección y gobierno, de lo cual se infiere que la subordinación y dependencia se
encuentran inmersas en esa labor. De acuerdo con lo anterior, debe reconocerse
que el servicio prestado bajo esta modalidad puede ser tenido en cuenta para el
reconocimiento pensional, pues generó la expectativa legítima de ser nombrado
bajo el régimen en el que prestó el servicio.
10.3. A efectos de definir la situación pensional, debieron aplicarse los principios de
favorabilidad, pro homine y primacía de la realidad sobre las formas, así como el
derecho a la igualdad.
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
11. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
7 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «22RecursoApelacion».
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Demandante: Jesús Vicente Moreno Leudo
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar8.
1.6. El Ministerio Público
12. El procurador delegado no se pronunció9.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
13. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia10, se circunscriben a
establecer lo siguiente: ¿si Jesús Vicente Moreno Leudo cumplió con los requisitos
legales para ser beneficiario del régimen de transición dispuesto en el artículo 81
de la Ley 812 de 2003? Y si ello es así ¿si tiene derecho a disfrutar del salario y
de la pensión reconocida como beneficiario de las leyes 33 y 62 de 1985, y 812 de
2003?
2.2. Marco normativo
2.3.1. Sobre el sistema de seguridad social creado por la Ley 100 de 1993 y el
régimen exceptuado de los docentes afiliados al Fomag
14. La Constitución Política previó la seguridad social en su artículo 48 como «un
servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y
control del Estado». Tiene esta connotación porque su finalidad es satisfacer, de
forma continua, una necesidad de carácter general consistente en amparar las
contingencias que se presenten para las personas derivadas de la vejez, la
8 Tal y como se indicó en el auto del 3 de febrero de 2023. Índice 4 de Samai.
9 Así se desprende del informe secretarial del 21 de marzo de 2023. Índice 9 de Samai.
10 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del
superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las
nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».
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Demandante: Jesús Vicente Moreno Leudo
invalidez, la enfermedad o la muerte11. La norma le otorgó en su inciso segundo la
calidad de «derecho irrenunciable», por lo que es considerado un derecho
fundamental al repercutir directamente en la vida y dignidad de las personas12.
15. En virtud de lo anterior, el Estado asumió la obligación de diseñar e
implementar el sistema de seguridad social que conlleva la integración de normas
que, de manera conjunta y coordinada, sirvan para regular la prestación de ese
servicio público y lograr su satisfacción13. Este mandato lo cumplió con la
expedición de la Ley 100 de 1993 que creó «el sistema de seguridad social integral»
con el fin de «unificar la normatividad y la planeación de la seguridad social»14. El
sistema quedó conformado por 4 componentes o subsistemas: el Sistema General
de Pensiones, el Sistema General de Salud, el Sistema General de Riesgos
Profesionales y los Servicios Sociales Complementarios.
16. La ley reguló el Sistema General de Pensiones en su libro primero y con él
unificó los regímenes que existían con antelación, así lo señaló de forma expresa
y fue expuesto en sus antecedentes legislativos15. Está integrado por 2 regímenes
específicos, autónomos e independientes, denominados: « Régimen Solidario de
Prima Media con Prestación Definida» y «Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad».
Para cada uno dispuso las instituciones encargadas de administrarlos, la afiliación,
su financiación a través de cotizaciones obligatorias y subsidios del Estado, los
requisitos para obtener la prestación social, las diferentes pensiones que
reconocen, los beneficiarios y el monto pensional.
17. El Sistema General de Pensiones reglado en la Ley 100 de 1993 rige en su
integridad todo lo relacionado con el reconocimiento pensional y las entidades que
11 Sobre el particular se puede leer la providencia C-623 de 2004.
12 Al respecto se pueden consultar las siguientes sentencias. Sentencia T-019 de 2009, T-395 de
1998, T-076 de 1999, T-321 de 1999 y T-101 de 2001
13 El término «sistema lo define la RAE como un «Conjunto de reglas o principios sobre una
materia racionalmente enlazados entre sí».
14 Preámbulo y artículo 6.
15 Ibidem. En la exposición de motivos de la ley se explicó lo siguiente: «[l]a dispersión de
regímenes pensiónales dentro del sector público se corresponde con gran multiplicidad, de
entidades, lo cual se refleja en la existencia de cerca de un millar de cajas, y en una tendencia a la
deserción de entidades y afiliados de Cajanal, que se suponía debía haber sido la entidad para
centralizar y homogenizar la previsión del nivel nacional. (…) Por último, se unificarán los sistemas
pensionales vigentes para el sector público y el sector privado. Los trabajadores del sector público
tendrían un régimen de beneficios y contribuciones idéntico al del sector privado, que se realizaría
a través de los mismos fondos. (…) A la larga, se eliminará la multiplicidad de regímenes e
instituciones previsionales del sector público así como las inequidades dentro del mismo, y
respecto a las pensiones del sector privado. Como en el sector privado, los beneficios
extraordinarios en el sector público tendrán que ser complementarios voluntarios y a cargo de los
trabajadores y los recursos propios de las entidades; en ningún caso estarán a cargo del fisco o de
terceros, y tendrán que: constituirse efectivamente las reservas necesarias». Congreso de la
República Gaceta No. 087 -1992 páginas 11 y 12.
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Demandante: Jesús Vicente Moreno Leudo
lo administran. Es así porque su finalidad fue unificar todos los regímenes
pensionales que existían antes de su expedición, lo que consiguió al disponer que
todos los trabajadores públicos, privados e independientes debían cotizar a sus
subsistemas.
18. No obstante, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó del sistema
integral de seguridad social contenido en esa norma, entre otros, a los afiliados al
Fomag, para lo cual dispuso:
«Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en
la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de
aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no
remunerados de las Corporaciones Públicas.
Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a
cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración.
Este Fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor
de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que
para el efecto se expida». [Resalta la Sala].
19. Dentro de los denominados «regímenes exceptuados» de la aplicación de la Ley
100 de 1993, están comprendidos i) los integrantes de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional; ii) el personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, excepto al
vinculado en vigencia de la referida ley; iii) los miembros no remunerados de las
corporaciones públicas; iv) los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio; y v) los servidores de la Empresa Colombiana de
Petróleos vinculados antes de la vigencia de la Ley 797 de 200316.
20. Estos cuentan con normativa propia que fijan los requisitos que los trabajadores
beneficiarios deben cumplir para obtener la pensión y reglan sus distintas
modalidades de pensión.
21. En el sector docente oficial, la Ley 91 de 1989 «[p]or la cual se crea el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio» distinguió entre el personal docente
nacional, nacionalizado y territorial y distribuyó las obligaciones prestacionales de
los docentes (artículos 1 y 2), según se resume a continuación:
16 Artículo 3 que modificó el 15 de la Ley 100 de 1993.
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Personal Tipo de vinculación Prestaciones sociales a Entidad responsable
docente cargo
Nacional Vinculados por Las causadas hasta La extinta Cajanal y el Fondo
nombramiento del 29/12/1989 y en adelante, Nacional del Ahorro o las que
gobierno nacional los reajustes y la sustitución hicieren sus veces.
de pensiones
Las causadas a partir del La Nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag
Las causadas hasta el Las respectivas entidades
31/12/1975 y en adelante, territoriales o las cajas de
los reajustes y la sustitución previsión, o las entidades que
Vinculados por de pensiones hicieren sus veces, a las
Nacionalizado nombramiento de cuales venía vinculado este
entidad territorial personal
antes y después del Las causadas en el período La Nación o las respectivas
1/1/1976 (Ley 43/75) de nacionalización (1/1/1976 entidades territoriales o las
– 31/12/1980), los reajustes cajas de previsión, o las
y la sustitución de pensiones entidades que hicieren sus
veces (estas entidades deben
contribuir en los porcentajes
establecidos en el art. 3 de la
Ley 43/75).
Las causadas y no pagadas Las respectivas entidades
entre el 1/1/1981 y el territoriales o las cajas de
29/12/1989 previsión social, o las
entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba
vinculado dicho personal.
La Nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
Las causadas a partir del La Nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag
22. Uno de los componentes que regula la Ley 91 de 1989 es el régimen
prestacional con el ánimo de lograr cierta unidad e igualdad frente a la disparidad
anterior, por lo que el artículo 15 ibidem prevé que a partir de su entrada en vigor,
los docentes nacionales y aquellos que ingresen del 1 de enero de 1990 en
adelante, estarán regulados por las normas vigentes aplicables a los empleados
públicos del orden nacional, entre ellas, los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969
y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, verbigracia, la Ley 344 de 1996.
23. En materia pensional, el citado artículo 15, numeral 3, literal b), dispone que i) a
los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen
prestacional que habían gozado en cada entidad territorial, de conformidad con las
normas vigentes; y ii) aquellos que ingresaron a partir del 1 de enero de 1990,
nacionales y nacionalizados, tienen derecho a una pensión de jubilación bajo el
régimen general y ordinario de pensiones del sector público nacional, de acuerdo
con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este
último derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.
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24. La Ley 60 de 199317 asignó la administración de los servicios educativos
estatales a los municipios, financiados con recursos propios y con los provenientes
de su participación del situado fiscal, en conjunto con los departamentos. En el
artículo 6 ibidem dispuso la incorporación del personal docente de los órdenes
departamental, distrital y municipal al Fomag, así como la conservación del
régimen prestacional anterior, mientras que a las nuevas vinculaciones se les
aplicaría la Ley 91 de 1989. En consecuencia, las prestaciones sociales causadas
antes de la afiliación al señalado fondo y sus reajustes, reliquidaciones y
sustituciones serían cubiertas por la respectiva entidad territorial o el ente de
previsión social a la cual se hubieren realizado los aportes; a diferencia de las que
se hicieran exigibles con posterioridad, que estarán a cargo del indicado fondo.
25. Sobre el particular, el Consejo de Estado, en sentencia del 23 de febrero de
200618, sobre el tema objeto de análisis, precisó:
«[…] De lo anterior resalta que los docentes nacionales y nacionalizados que se
incorporen a las plantas departamentales y distritales de educación en las
condiciones señaladas en la Ley 60 de 1993 quedan sometidos en cuanto a la
pensión de jubilación – ordinaria o derecho prevista en la Ley 91 de 1989, la cual es
de régimen ‘ordinario’, como ya se dijo. Y los docentes territoriales en cuanto a la
citada pensión tenían que estar sometidos a la ley pensional ‘ordinaria’ pertinente
(salvo situaciones especiales que se deben demostrar) debido a que las
autoridades locales no tenían facultad constitucional para regular esa materia; por
eso algunas disposiciones dictadas en materia pensional para los empleados
territoriales por autoridades locales resultan contrarias al régimen constitucional;
claro está que las situaciones definidas y consolidadas en aplicación de un régimen
local gozan de protección conforme al Art. 146-1 de la Ley 100/93.
[…]
La Ley 115 de 1994, en la parte final del inciso 1º del artículo 115 claramente
dispone: ‘El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido en
la Ley 91 de 1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente Ley’. Pues bien, como ya
se vio, en materia de pensión de jubilación – ordinaria o derecho, ni la Ley 91 de
1989, ni la Ley 60 de 1993 consagraron un régimen ‘especial’; ahora, la actual ley,
tampoco lo hace. Y se aclara que el hecho que esta Ley disponga lo dicho sobre el
17 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad
con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos
356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el
porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito
Capital y los distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios
públicos de educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos
49, 67 y 365 de la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de
los departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de febrero de 2006,
radicado 19001-23-31-000-2002-00594-01(5198-04), M.P. Tarsicio Cáceres Toro.
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régimen pensional en su artículo 115 que se intitula ‘Régimen Especial de los
Educadores Estatales’, dado el contenido de la norma, como ya se vio, realmente
no consagra un régimen especial en materia de pensión de jubilación – derecho de
los docentes. Así, esta ley no hizo otra cosa que ratificar el régimen de
jubilación establecido en el momento, lo que indica que la Ley 33 de 1985,
seguía siendo la norma aplicable para los docentes nacionales. Además, las
pensiones de jubilación de los docentes reconocidas en su tiempo al amparo de la
Ley 6ª/45 o el D.L. 3135/68 (antecesoras de la Ley 33/85) lo fueron bajo
disposiciones ‘generales’ de pensiones del sector administrativo, que no tuvieron el
carácter de ‘especiales’». [Se resalta].
26. Ahora bien, la Ley 33 de 1985 unificó el régimen de la pensión de jubilación de
los servidores públicos, aplicable a todos los niveles que no estuviesen
exceptuados por ley, tal como sucede para la pensión de jubilación ordinaria de
los docentes nacionales y nacionalizados. Esta norma dispone que los empleados
oficiales que sirvan o hayan servido 20 años continuos o discontinuos y lleguen a
la edad de 55 años tendrán derecho a pensionarse con el equivalente al 75% del
salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de
servicio.
2.3.2. Entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2005 y sus efectos sobre
el régimen pensional de los docentes oficiales
27. El Acto Legislativo 1 de 2005, en lo atinente al régimen pensional aplicable a los
docentes oficiales, prescribió que «[e]l régimen pensional de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el
establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el
artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la
vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes
del Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003»
(parágrafo transitorio 1º).
28. El mencionado artículo 81 de la Ley 812 de 200319, al que hace alusión el Acto
legislativo 1 de 2005, en lo concerniente al tema bajo estudio, previó:
«Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al
servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las
disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.
Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley,
19 «Artículo 137. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga el
artículo 8º de la Ley 160 de 1994, el artículo 14 de la Ley 373 de 1997 y todas las disposiciones
que le sean contrarias». Decreto publicado en el diario oficial núm. 45.231 de 27 de junio de 2003.
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serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán
los derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de
la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.
[…]
El valor total de la tasa de cotización por los docentes afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio corresponderá a la suma de aportes que para
salud y pensiones establezcan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, manteniendo la
misma distribución que exista para empleadores y trabajadores. La distribución del
monto de estos recursos la hará el Consejo Directivo del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, en lo correspondiente a las cuentas de salud y
pensiones».
29. Respecto de las anteriores normas, la Sección Segunda de esta corporación,
en sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 del 25 de abril de 201920, precisó:
«De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, son dos
los regímenes pensionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o
vejez para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al
servicio público educativo oficial. La aplicación de cada uno de estos regímenes
está condicionada a la fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo
oficial de cada docente, así:
I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público
educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se vincularon
a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos docentes, también
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el
régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que
será de 57 años para hombres y mujeres».
30. En relación con el primer grupo de docentes, esto es, los vinculados al servicio
público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003, determinó:
«La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los principios
constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de interpretación
sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para la liquidación de la
mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los factores que se
deben tener en cuenta para la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de
los docentes del servicio público oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003,
20 Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino
Cortés.
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fijando la siguiente regla:
• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003,
que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación
para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley
33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo los
factores sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes
de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no
se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo.
Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la
Sección Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual, en
la base de liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los docentes se
incluían todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.
De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 ‘Para la liquidación de las pensiones
sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere
efectuado las cotizaciones’. Los docentes no están exceptuados de esta disposición
para el goce de la pensión ordinaria de jubilación. Por lo que, en el ingreso base de
liquidación de esta pensión solo pueden ser tenidos en cuenta los factores sobre los
que se aporta y que están contenidos en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.
[…]
En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a
partir del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados a
partir del 1 de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985,
se rige por las siguientes reglas:
✓ Edad: 55 años
✓ Tiempo de servicios: 20 años
✓ Tasa de remplazo: 75%
✓ Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período
del último año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido
de base para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que
son: asignación básica, gastos de representación; primas de
antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y
feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y
trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de
descanso obligatorio.». [Se resalta]
31. En lo correspondiente al segundo grupo de maestros oficiales, conformado por
quienes ingresaron al servicio educativo a partir de la Ley 812 de 2003, en ese
fallo se sostuvo:
«68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
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Magisterio, y son beneficiarios del régimen pensional de prima media en las
condiciones previstas en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo en lo que tiene
que ver con la edad, la que, según el artículo 81 de la citada Ley 812 de 2003 se
unificó para hombres y mujeres en 57 años21. Esto quiere decir, que para el ingreso
base de liquidación de este grupo de docentes debe tenerse en cuenta lo previsto
en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.
69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de
pensiones y no la regulación prevista en la Ley 91 de 1989. Los factores que se
deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158
de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones».
32. Así las cosas, tal como se consideró en la sentencia proferida de manera reciente
por esta Subsección22, de acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto legislativo
1 de 2005, del régimen pensional de los docentes al servicio educativo depende
de si la fecha de vinculación es anterior o posterior a la entrada en vigencia de la
Ley 812 del 2003, así:
32.1. Los docentes que ingresaron con anterioridad al 27 de junio de 2003
vinculados como docentes nacionales, nacionalizados y territoriales tendrán
derecho a adquirir la pensión de jubilación de que trata la Ley 33 de 1985, al
cumplir 55 años de edad23 y 20 de servicios, o según lo establecido en la Ley 71
de 1988 que la otorga con 60 años si es hombre o 55 si es mujer, cuando se
acrediten 20 años o más de cotizaciones continuas o discontinuas en el Instituto
de Seguros Sociales (hoy Administradora Colombiana de Pensiones) y en una o
varias de las entidades de previsión social del sector público. En ambos casos,
con una tasa de reemplazo del 75% y sobre lo aportado durante el último año de
servicios; y
32.2. Loseducadores que ingresaron con posterioridad a dicha fecha podrán
acceder a la pensión de vejez prevista en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993
(modificado por el 9 de la Ley 797 de 2003), al colmar el número de semanas de
cotización establecido en esta última norma y llegar a la edad de 57 años de edad
(sin importar el género, pues la Ley 812 de 2003 unificó el requisito de edad para
hombres y mujeres), por lo que su liquidación será con el promedio de los salarios
o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los últimos 10 años de
labores (artículo 21 de la Ley 100) y en atención a los factores enunciados en el
21 La Ley 1151 de 2007 en el artículo 160 conservó la vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de
2003 y derogó el artículo 3 del Decreto 3752 de 2003.
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. sentencia del 15 de junio de 2023,
radicación 47001-23-33-000-2019-00449-01 (3521-2022), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
23 A menos que el maestro sea beneficiario del régimen de transición establecido en la Ley 33 de
1985, pues en tal caso le será aplicable la edad pensional prevista en la Ley 6ª de 1945 (50 años,
para los educadores territoriales y nacionalizados) y el Decreto 3135 de 1968 (50 años si son
mujeres y 55 si son hombres, para los del orden nacional).
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Decreto 1158 de 199424.
2.3.3. Los docentes vinculados a través de órdenes o contratos de
prestación de servicios. Tiempo de servicio útil para efectos del
reconocimiento pensional
33. A partir de la vigencia de la Constitución de 1991, en el modelo de Estado
Social de Derecho y de acuerdo con la evolución de la normativa de este grupo de
servidores públicos, el alcance de los derechos laborales se define a partir de
principios y valores superiores25. Bajo esos parámetros, la aplicación e
interpretación de las normas debe propender por la garantía de los derechos
laborales mínimos que la docencia en el sector educativo oficial otorga a quien la
ejerce y, por ende, los principios de favorabilidad, prevalencia del derecho
sustancial, primacía de la realidad sobre las formalidades y pro homine, entre
otros, que deben atenderse como criterios de interpretación y de corrección.
34. En tal sentido, la jurisprudencia de esta corporación y de la Corte Constitucional
ha considerado que los derechos en materia laboral en favor del docente
contratista surgen con independencia del tipo de vínculo en virtud del cual se
prestó el servicio, pues el solo hecho de hacerlo con la anuencia del Estado da
lugar a una verdadera relación laboral con él.
35. Así, la jurisprudencia ha aceptado que cuando se trata de la labor docente la
contratación por prestación de servicios se desnaturaliza y deja de tener el
carácter de excepcional para suplir actividades de la entidad que no puede realizar
con su personal de planta, tal como lo define el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 26,
y que, por lo tanto, a la luz del principio de « primacía de la realidad sobre las
formalidades» establecido en el artículo 53 Constitucional y por configurarse los
elementos propios de esta vinculación27 da lugar al reconocimiento de una relación
laboral.
24 Que previó los siguientes factores sobre los que se debe efectuar aportes: a) asignación básica
mensual, b) gastos de representación; c) prima técnica, cuando sea factor de salario; d) primas de
antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor salarial; e) remuneración por trabajo
dominical o festivo; f) remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en
jornada nocturna; y g) bonificación por servicios prestados.
25 Así fue expuesto en la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de
Estado el 29 de mayo de 2024, radicado 41001-23-33-000-2015-00256-01 (0473-2018).
26 Su numeral 3 dispone «Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades
no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún
caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el
término estrictamente indispensable».
27 Prestación personal del servicio, remuneración y la continuada subordinación.
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36. En efecto, esta Sección en sentencia de unificación CE-SUJ2-005-1628
concluyó, luego de examinar la labor de la docencia a partir de su definición
contenida en los artículos 2 del Decreto Ley 2277 de 1979 y 104 de la Ley 115 de
1994, que la prestación del servicio por parte del docente contratista no es
independiente y, por el contrario, que es personal y subordinada a las
instrucciones de las autoridades educativas y a los reglamentos del servicio
público de educación. En tal virtud, se indicó que al existir una relación laboral le
asistía el derecho al reconocimiento de sus derechos como trabajador, incluido el
pago de las prestaciones sociales.
37. Ahora bien, el parágrafo del artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el parágrafo 3 del
artículo 105 de la Ley 115 de 199429 disponían la incorporación gradual de los
docentes contratistas a las plantas de personal de las entidades territoriales y
fijaban un plazo para ello durante el cual seguirían vinculados por prestación de
servicios. La constitucionalidad de estas normas fue analizada por la Corte
Constitucional en la sentencia C-555 de 1994; en ella se afirmó que el legislador
no podía, so pretexto de hacer una incorporación gradual de los docentes
contratistas a las plantas de personal, disponer en el periodo de transición (6
años) la coexistencia en aquella de docentes vinculados como empleados públicos
y otros contratados por prestación de servicios.
38. Además, la Corte precisó que tal diferenciación no tenía justificación
constitucional porque i) ambos grupos realizaban igual actividad; ii) el menor costo
laboral de los contratos por prestación de servicios no permitía desconocer
derechos laborales irrenunciables; iii) quien define el régimen de los docentes es
la ley y no el contrato; iv) la voluntad del docente contratista no enerva el carácter
de irrenunciables de los derechos laborales; y v) las medidas graduales en la
ley solo se aplican para corregir desigualdades creadas por la sociedad y no
cuando el causante es el legislador, como lo hacía al diferenciar los docentes.
39. De acuerdo con lo señalado por la Corte, las entidades territoriales no
estaban autorizadas para contratar docentes de manera diferente de la legal
y reglamentaria, pues ello fomentaba un trato discriminatorio que vulneraba los
derechos laborales de quienes ejercen la docencia mediante otra forma de
vinculación que no tiene justificación constitucional. Esta prohibición, además de lo
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado: 23001-23-
33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16.
29 «Parágrafo tercero. A los docentes vinculados por contrato contemplados en el parágrafo
primero del artículo 6o de la Ley 60 de 1993 se les seguirá contratando sucesivamente para el
periodo académico siguiente, hasta cuando puedan ser vinculados a la planta de personal docente
territorial».
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expuesto en la sentencia citada, se estableció en un principio en el artículo 6 de la
Ley 60 de 199330 y luego en el artículo 105 de la Ley 115 de 199431; y el hecho de
que los docentes contratistas no hayan sido nombrados con las formalidades de
los empleados públicos en manera alguna implicaba que debieran desconocerse
los derechos laborales propios de esta labor y mantener las desigualdades
materiales que históricamente se han pretendido eliminar32. Por el contrario, estos
debían ser protegidos y garantizados.
40. En aquella providencia se resaltó que las razones presupuestales que llevaron
a las entidades territoriales a optar por la prestación del servicio educativo con
personal docente contratado no podían menoscabar los derechos fundamentales
de las personas vinculadas bajo esa modalidad, así lo sostuvo:
«Los menores costos laborales del servicio público educativo, representan quizá
posibilidades de conservar o ampliar la cobertura existente. La función administrativa y
la atención de los servicios públicos, se desarrollan con fundamento en el principio de
economía (CP art. 209). Sin embargo, el ahorro y la economía, de suyo loables, no lo
son cuando su condición de posibilidad se deduce simplemente del sacrificio de los
derechos fundamentales de unas pocas personas que deben soportar
injustificadamente una carga social desigual e inequitativa. La economía en la función
administrativa a la que se refiere la Constitución no es aquélla que se produce a
expensas de la dignidad humana.
Una administración eficiente y eficaz, sin reducir la calidad del servicio y expoliar el
recurso humano - el más valioso de todos -, fácilmente encontrará rubros y
posibilidades para disminuir, hasta donde sea posible, el costo de la prestación de un
servicio público. Es evidente que no consulta el interés general, pese a su aparente
ventaja, la modalidad contractual como opción complementaria de la estatutaria.
Definitivamente, no es ésta la forma de servir al interés general. Por el contrario, se lo
sacrifica, al cifrar la obtención de un ahorro en la plusvalía que el Estado, con
manifiesta violación de los derechos fundamentales, extrae a un grupo de maestros y
profesores.»
41. Asílas cosas, la forma de vinculación de los docentes no puede ser un
obstáculo para que accedan a los derechos mínimos irrenunciables que las
normas prevén. Una interpretación contraria conllevaría a mantener las
condiciones de desigualdad e inequidad y detrimento de la dignidad humana,
como principio fundante del Estado social de derecho, de un grupo importante de
30 El inciso segundo dice: «Ningún departamento, distrito o municipio podrá vincular docentes y
administrativos sin el lleno de los requisitos del estatuto docente y la carrera administrativa,
respectivamente, ni por fuera de las plantas de personal que cada entidad territorial adopte». La
norma fue derogada por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001.
31 «La vinculación de personal docente, directivo y administrativo al servicio público educativo
estatal, sólo podrá efectuarse mediante nombramiento hecho por decreto y dentro de la planta de
personal aprobada por la respectiva entidad territorial»
32 En este sentido se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de
mayo de 2024, radicado: 41001-23-33-000-2015-00256-01 (0473-2018).
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la población, que desarrolla una labor trascendental para la sociedad.
42. Lo expuesto también se deriva del criterio que ha mantenido esta Sección, en el
sentido de considerar que no es el acto por el cual se vincula a una persona lo que
define su relación con el Estado33, sino lo que se evidencia de esa relación, en
armonía con las reglas de interpretación normativa que impone la Constitución
Política en los artículos 53 «situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho»; 228, sobre la prevalencia
del derecho sustancial; y de integración normativa derivado de los artículos 53
«Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la
legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden
menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores» y 93 «[l]os
tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos
humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden
interno».
43. Lo anterior, se acompasa también con el principio pro homine que, si bien se
estableció como un criterio para examinar el alcance de los derechos humanos, la
jurisprudencia le ha dado plena aplicación en materia laboral y, específicamente,
en asuntos de la seguridad social por tratarse de un derecho fundamental. Sobre
su trascendencia, ha señalado que implica que « las normas han de ser interpretadas
en favor de la protección y goce efectivo de los derechos de los individuos, en procura de
que los preceptos legales se conviertan en instrumentos que respeten en la mayor medida
posible, las garantías y prerrogativas esenciales para la materialización de la mejor
calidad de vida de las personas»34. En ese orden «impone aquella interpretación de las
normas jurídicas que sea más favorable al hombre y sus derechos, esto es, la prevalencia
de aquella interpretación que propenda por el respeto de la dignidad humana y
consecuentemente por la protección, garantía y promoción de los derechos humanos y de
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de abril de 1999,
radicado: 16829. En dicha providencia, se sostuvo: «[h]a sostenido la Sala reiteradamente que no
es la modalidad o el acto de vinculación el que determina la condición en la cual se prestan los
servicios. Así, en sentencia del 15 de junio de 1992, Magistrado Ponente Doctor Álvaro Lecompte
Luna, expediente 4058, expresó:
"... La calificación de la naturaleza jurídica del vínculo laboral que une a un funcionario con la
administración no puede ser establecida por la voluntad de las partes o modalidades del acto a
través del cual se llevó a cabo la vinculación, sino por las normas legales. Por ende, puede
haberse vinculado a un funcionario a un establecimiento público por contrato de trabajo, pero si las
normas que regulan al organismo no permiten que la actividad que va a realizar el empleado,
pueda ser cumplida mediante esta modalidad contractual, este no puede ser calificado como
trabajador oficial... "
La demandante se desempeñaba como docente, vale decir, no realizaba labores propias de los
trabajadores oficiales. Por consiguiente, al ser sus funciones las propias de un empleado público
departamental, ineludible resulta su asimilación al orden legal y reglamentario» (sic)
34 Sentencia T-121 de 2015. Reiterada en la sentencia T-536 de 2017 y T-088 de 2018.
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los derechos fundamentales consagrados a nivel constitucional»35.
44. Bajo estos parámetros el ejercicio de la función docente a través de la
vinculación por contratos de prestación de servicios, por virtud de los principios de
la primacía de la realidad sobre las formalidades, de favorabilidad y pro homine y
por las características de la labor desempeñada en estos casos, permite su
cómputo para efectos pensionales. Lo anterior porque la falta de vinculación como
empleados públicos obedeció a un incumplimiento de un deber legal por parte del
Estado que no puede afectar sus derechos laborales.
45. Ciertamente, la situación descrita impone que las formalidades omitidas por la
administración no sean un obstáculo para el goce de derechos laborales y que aun
con la ausencia en el proceso de la entidad territorial que se benefició de los
servicios del docente-contratista se permita suprimir las condiciones de
desigualdad material que afectan a un sector de la población sin justificación
constitucional.
46. Esta interpretación se acompasa con los principios de celeridad y eficacia que
deben guiar la labor judicial y otorgan vigencia a los derechos fundamentales a la
seguridad social y al mínimo vital que se ven amenazados con la omisión de
vincular al proceso a la secretaría de educación respectiva, que valga insistir,
desconoció las disposiciones legales y jurisprudenciales de vincular en sus plantas
de personal a aquellos docentes que ejercían la labor, sin derecho a las
prestaciones sociales propias de los empleados públicos.
47. Valga precisar que esta interpretación no desconoce la necesidad de contar con
los recursos necesarios para la financiación de la prestación, una vez esta sea
reconocida; pues lo cierto es que, tal y como lo ha señalado esta corporación36, en
caso de que la administradora de pensiones observe que los valores no se ajustan
a la ley, bien sea porque se omite el pago oportuno o el monto consignado es
inferior, el ordenamiento jurídico colombiano prevé los mecanismos para asegurar
su cumplimiento.
48. Al respecto, debe tenerse en cuenta que de acuerdo con lo señalado en el
artículo 2 del Decreto 3752 de 200337 las prestaciones sociales de los docentes
35 Consejo de Estado. Sección Segunda, sentencia de unificación del 4 de octubre de 2018
radiado: 05001-23-33-000-2013-00741-01(4648-15) CE-SUJ2-013-18. Ver también Sentencia C-
438 de 2013.
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de julio de 2022, radicado 25000-23-42-
000-2013-02380-01(2656-2014), M.P. William Hernández Gómez.
37 «Por el cual se reglamentan los artículos 81 parcial de la Ley 812 de 2003, 18 parcial de la Ley
715 de 2001 y la Ley 91 de 1989 en relación con el proceso de afiliación de los docentes al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones.»
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Radicado: 05001-23-33-000-2021-00447-01 (0140-2023)
Demandante: Jesús Vicente Moreno Leudo
causadas con anterioridad a la afiliación al Fomag, así como sus reajustes,
reliquidaciones y sustituciones están a cargo de la respectiva entidad territorial o
de la entidad de previsión social a la cual se hubieren realizado los aportes; de
manera que la omisión en el pago de los aportes por los lapsos en los que los
docentes estuvieron vinculados mediante relaciones contractuales, es
responsabilidad de la entidad que se benefició de los servicios del docente o de la
administradora a la cual se efectuaron las cotización. No obstante, tal situación
impone al fondo la obligación de hacer uso de los mecanismos establecidos en la
norma para adelantar los procesos de cobro coactivo o requerir el bono pensional.
49. En efecto, el artículo 2338 de la Ley 100 de 1993 establece que el empleador
que no realice las consignaciones de los aportes tendrá a su cargo un interés
moratorio igual al que rige para el impuesto a la renta. Asimismo, la normativa
establece consecuencias disciplinarias para quienes desarrollan la función pública
de ordenador del gasto, que sin justa causa se abstengan de efectuar la
consignación oportuna de estos conceptos. Pero, especialmente, con el fin de
asegurar el cumplimiento de la ley, los artículos 2439 y 5740 ibidem permitieron que
la entidad administradora de pensiones acudiera a las acciones de cobro de los
aportes adeudados, para hacer efectivos sus créditos.
50. En igual sentido, el artículo 2 de la Ley 33 de 1985 señalaba que la caja de
previsión obligada al pago de pensión tenía «derecho a repetir contra los organismos
no afiliados a ellas, o contra las respectivas Cajas de Previsión, a prorrata del tiempo que
el pensionado hubiere servido o aportado a ellos».
38 «Artículo 23. Sanción Moratoria. Los aportes que no se consignen dentro de los plazos
señalados para el efecto, generarán un interés moratorio a cargo del empleador, igual al que rige
para el impuesto sobre la renta y complementarios. Estos intereses se abonarán en el fondo de
reparto correspondiente o en las cuentas individuales de ahorro pensional de los respectivos
afiliados, según sea el caso.
Los ordenadores del gasto de las entidades del sector público que sin justa causa no dispongan la
consignación oportuna de los aportes, incurrirán en causal de mala conducta, que será sancionada
con arreglo al régimen disciplinario vigente.
En todas las entidades del sector público será obligatorio incluir en el presupuesto las partidas
necesarias para el pago del aporte patronal a la Seguridad Social, como requisito para la
presentación, trámite y estudio por parte de la autoridad correspondiente».
39 «Artículo 24. Acciones de Cobro. Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes
regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del
empleador de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto,
la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor adeudado, prestará mérito
ejecutivo.
40 «Artículo 57. Cobro Coactivo. De conformidad con el artículo 79 del Código Contencioso
Administrativo y el artículo 112 de la Ley 6a. de 1992, las entidades administradoras del Régimen
de Prima Media con prestación definida podrán establecer el cobro coactivo, para hacer efectivos
sus créditos».
20
Radicado: 05001-23-33-000-2021-00447-01 (0140-2023)
Demandante: Jesús Vicente Moreno Leudo
2.3.4. Compatibilidad entre la pensión de jubilación y el salario para el caso
de los docentes
51. El artículo 64 de la Constitución Política de 1886 disponía que nadie podía
recibir dos sueldos del tesoro público, salvo lo que para casos especiales
determinaran las leyes. De esta manera, el constituyente previó la posibilidad de
que se establecieran excepciones a la prohibición, las cuales inicialmente fueron
«determinadas» por el presidente de la República, quien en ejercicio de facultades
extraordinarias expidió el Decreto-ley 1317 de 196041, dentro de las cuales incluyó
«[l]as asignaciones que provengan de establecimientos docentes de carácter oficial,
siempre que no se trata de profesorado de tiempo completo42». Asimismo, el artículo 5
del Decreto 224 de 197243 señalaba que «el ejercicio de la docencia no ser[ía]
incompatible con el goce de la pensión de jubilación siempre y cuando el beneficiario
est[uviera] mental y físicamente apto para la tarea docente, pero se decretar[ía el] retiro
forzoso del servicio al cumplir sesenta y cinco (65) años de edad».
52. Con la expedición de la Constitución Política de 1991, la disposición contenida
en el artículo 64 se mantuvo en los siguientes términos:
«Artículo 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público
ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos
expresamente determinados por la ley.
Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de
las descentralizadas» [Se resalta].
53. La anterior norma constitucional fue desarrollada por el legislador a través de la
Ley 4ª de 1992, que en su artículo 19, dispuso lo siguiente:
«Artículo 19. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni
recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las
siguientes asignaciones:
[…]
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los
servidores oficiales docentes pensionados. […]». [Se resalta].
54. Deacuerdo con lo anterior, se observa que la voluntad del legislador fue
mantener vigentes las excepciones que, con anterioridad a la expedición de la
41
Por el cual se determinan algunas excepciones a las incompatibilidades establecidas en el
artículo 64 de la Constitución.
42
Artículo 1 del Decreto-ley 1317 de 1960.
43
Por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente.
21
Radicado: 05001-23-33-000-2021-00447-01 (0140-2023)
Demandante: Jesús Vicente Moreno Leudo
Constitución de 1991, frente a la referida prohibición constitucional beneficiaban a
los docentes. En ese sentido, la Subsección B de la Sección Segunda de esta
Corporación, al referirse al alcance del literal g) transcrito concluyó44:
«Al establecer la excepción, no se estaba señalando a los docentes que ya estaban
pensionados, sino a las disposiciones que en esa fecha beneficiaban a los docentes
pensionados, pues se trataba era de establecer excepciones a la prohibición, no
de aclarar situaciones ya definidas como eran los docentes pensionados.
Es la lectura que debe darse a la disposición, pues no resultaría comprensible que el
legislador, en vez de establecer excepciones, como lo anuncia, derogue las
existentes.
En esas condiciones, entendiendo que la Ley 4ª de 1992, art. 19, literal g) al establecer
las excepciones en examen, contempló las disposiciones que al entrar en vigencia
dicha ley, beneficiaban a los docentes pensionados, una de ellas, es el artículo 5º del
Decreto 224 de 1972 […]
Las razones antes expuestas permiten a la Sala concluir que los docentes oficiales
siguen gozando de la prerrogativa de acceder a la pensión y seguir percibiendo
sueldo, por permitirlo así expresamente la normatividad antes citada». [Se resalta].
55. De otra parte, se advierte que las normas que con posterioridad regularon el
régimen pensional de los docentes fueron consistentes en ese sentido, al respecto
se destacan las siguientes disposiciones:
55.1. Elartículo 279 de la Ley 100 de 1993, que exceptuó a los maestros del
Sistema Integral de Seguridad Social contenido en esa norma [hasta la entrada en
vigor de la Ley 812 de 2003] reiteró la excepción al señalar: « a los afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas
prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de
remuneración» [se resalta].
55.2. El artículo 6 de la Ley 60 de 1993 precisó que «[e]l régimen prestacional
aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las
plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas
vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas
reconocidas serán compatibles con pensiones o cualquier otra clase de
remuneraciones»; y
45
55.3. El artículo 19 de Ley 344 de 1996 dispuso:
44
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de marzo de 2003,
radicado 05001-23-31-000-1995-01799-01 (1577-2001), M.P. Alejandro Ordóñez Maldonado.
45
Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas
facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
22
Radicado: 05001-23-33-000-2021-00447-01 (0140-2023)
Demandante: Jesús Vicente Moreno Leudo
«Artículo 19. Sin perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y
115 de 1994, el servidor público que adquiera el derecho a disfrutar de su pensión de
vejez o jubilación podrá optar por dicho beneficio o continuar vinculado al servicio,
hasta que cumpla la edad de retiro forzoso. Los docentes universitarios podrán hacerlo
hasta por diez años más. La asignación pensional se empezará a pagar solamente
después de haberse producido la terminación de sus servicios en dichas instituciones.»
56. Así pues, la disposición contenida en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, se
advierte que el legislador preservó la compatibilidad de la pensión de jubilación
con el salario devengado por el docente, compatibilidad de la cual pueden ser
beneficiarios aquellas personas que acrediten los requisitos para que les sea
reconocida una pensión y presten o llegasen a prestar sus servicios como
docentes oficiales, teniendo en cuenta que son estos últimos quienes deben ser
afiliados al Fomag.
57. Valga precisar que esa disposición expresa que las prestaciones a cargo del
Fomag serían compatibles «con pensiones o cualquier clase de remuneración», es
decir, no establece como requisito que la pensión haya sido reconocida bajo los
requisitos de un régimen determinado.
58. Ahora bien, de la lectura de las disposiciones contenidas en la Ley 344 de 1996
se puede evidenciar que la voluntad del legislador fue mantener vigente la
compatibilidad referida y de la cual son beneficiarios los docentes. Es decir,
mediante dicha disposición señaló que una vez los servidores públicos adquieran
el derecho a disfrutar su pensión de vejez o jubilación, tendrían la posibilidad de
optar por una de 2 opciones a saber: i) retirarse del servicio y comenzar a disfrutar
de la pensión de la cual es acreedor o ii) continuar vinculado al servicio hasta que
cumpla la edad de retiro forzoso. Esto es que podrían disfrutar de la pensión, pero
solo hasta cuando acrediten el retiro del servicio. Sin embargo, nuevamente, de
manera expresa excluyó a los docentes oficiales. En ese sentido, se refirió la
Corte Constitucional en sentencia C-584 de 1997:
«No obstante, antes de la expedición de la ley parcialmente demandada [Ley 344 de
1996], el único régimen general que permitía el goce simultáneo de la pensión de
jubilación y la estabilidad en el cargo era el aplicable a los docentes afiliados al fondo
nacional de prestaciones sociales del magisterio, el que permanece incólume en la
nueva normativa. En efecto, la primera parte del artículo 19 demandado, exceptúa,
expresamente, de su ámbito de aplicación, a los docentes afiliados al fondo nacional
de prestaciones sociales del magisterio y sometidos a las Leyes 91 de 1989, 60 de
1993 y 115 de 1994.
[…]
La Corte ya ha puesto de manifiesto la protección especial que la Constitución confiere
a la educación superior. Al respecto, el artículo 68 de la C.P., señala que la enseñanza
estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica.
23
Radicado: 05001-23-33-000-2021-00447-01 (0140-2023)
Demandante: Jesús Vicente Moreno Leudo
Adicionalmente, la Carta impone al legislador la obligación de garantizar la
profesionalización y dignificación de la actividad docente. En estas condiciones, es
claro el interés constitucional por mantener, en sus puestos de trabajo, a quienes
han cumplido con las condiciones de idoneidad suficientes para poder servir a la
mejor formación de los educandos. Así, advierte la Corporación que existe una
razón constitucional, tan fuerte como la que ampara la definición de la edad de retiro
forzoso, para establecer, a favor de los profesores universitarios, la excepción que se
estudia, y que la misma es útil y necesaria para alcanzar el objetivo perseguido» [Se
resalta].
59. Finalmente, de acuerdo con esta tercera cita normativa, una vez los servidores
públicos adquieran el estatus pensional, cuentan con la posibilidad de optar por
una de las dos opciones a saber: i) retirarse del servicio y comenzar a disfrutar de
la pensión de la cual es acreedor o ii) continuar vinculado al servicio hasta cumplir
la edad de retiro forzoso. De esto, es claro que los servidores públicos podrán
disfrutar de la pensión solo hasta cuando acrediten el retiro del servicio; sin
embargo, nuevamente, de manera expresa el legislador excluyó a los docentes
oficiales, por cuanto dejó a salvo lo dispuesto en las leyes 91 de 1989, 60 de 1993
y 115 de 1994, disposiciones de las que se desprende la compatibilidad entre la
pensión y el salario percibido con ocasión del ejercicio docente. En ese sentido, se
refirió la Corte Constitucional en sentencia C-584 de 1997:
«No obstante, antes de la expedición de la ley parcialmente demandada [Ley 344 de
1996], el único régimen general que permitía el goce simultáneo de la pensión de
jubilación y la estabilidad en el cargo era el aplicable a los docentes afiliados al fondo
nacional de prestaciones sociales del magisterio, el que permanece incólume en la
nueva normativa. En efecto, la primera parte del artículo 19 demandado, exceptúa,
expresamente, de su ámbito de aplicación, a los docentes afiliados al fondo
nacional de prestaciones sociales del magisterio y sometidos a las Leyes 91 de
1989, 60 de 1993 y 115 de 1994.» [Se resalta]
60. Esta Sala no desconoce que el gobierno nacional expidió el Decreto 1278 de
200246 en cuyos artículos 45 y 63, literal b) dispuso i) que el ejercicio de cargos en
el sector educativo estatal sería incompatible con «el goce de la pensión de
jubilación, vejez, gracia o similares» y ii) que la cesación definitiva de las funciones
docentes o directivos docentes de los educadores estatales se produciría, entre
otros, por obtención de la jubilación o pensión de vejez, gracia o invalidez.
61. Sin embargo, el artículo 45 del decreto aludido fue declarado inexequible por la
Corte Constitucional mediante sentencia C-1157 de 2003, y si bien el artículo 63
literal b) fue declarado exequible mediante la sentencia C-734 de 2003, allí se
precisó que «la norma acusada no estaba modificando el régimen propio de las
pensiones de vejez, gracia o invalidez, ni mucho menos establece objetivos y criterios a
46
«Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente»
24
Radicado: 05001-23-33-000-2021-00447-01 (0140-2023)
Demandante: Jesús Vicente Moreno Leudo
los cuales deba sujetarse el gobierno para fijar el régimen prestacional de los docentes -
los cuales como ya se explicó se encuentran establecidos en la Ley 4 de 1992 y a
ellos debe remitirse el Gobierno» [Se resalta].
62. En igual sentido, los decretos anuales por los cuales se modifica la
remuneración de los servidores públicos y directivos docentes al servicio del
Estado en los niveles de preescolar, básica y media y se dictan otras
disposiciones de carácter salarial para el sector educativo estatal, prevén que
«[n]adie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de
una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las
que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las asignaciones de que trata el
artículo decimonoveno de la ley 4ª de 1992»47.
63. En consecuencia, la prerrogativa contenida en el literal g) del artículo 19 de la
Ley 4ª de 1992 relativa a la compatibilidad entre el salario y la pensión para el
caso de los docentes, se mantiene vigente, interpretación que guarda armonía con
la regulación expedida con posterioridad a ella y las interpretaciones
jurisprudenciales expuestas.
2.4. Caso en concreto
2.4.1. Hechos probados
64. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
64.1. Jesús Vicente Moreno Leudo nació el 28 de diciembre de 1962, tal y como se
advierte en la copia de su cédula de ciudadanía48.
64.2. De acuerdo con el certificado expedido por el secretario de gobierno, jefe de
talento humano en el formato único para la expedición de certificado de historia
laboral del Fomag, prestó sus servicios como docente en básica secundaria en la
Institución Educativa Rural Nancy Rocío García, ubicada en el corregimiento de
Buenos Aires del municipio de Zaragoza (Antioquia) así49:
Entidad de previsión a la cual
Tipo de A.A. Desde Hasta Total
ha aportado el docente
Prestación de 4 de febrero de 30 de noviembre de 9 meses, 27
servicios en el área 1989 1989 días
municipio de Tadó
de la educación 10 de febrero de 30 de noviembre de 9 meses, 20
como tecnólogo 1990 1990 días
47
Al efecto ver, entre otros, los decretos 319 de 2020, 965 de 2021, 449 de 2022, 0887 de 2023.
48 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «01Demanda», página 17.
49 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «01Demanda», páginas 24 y 25.
25
Radicado: 05001-23-33-000-2021-00447-01 (0140-2023)
Demandante: Jesús Vicente Moreno Leudo
agropecuario 1 de febrero de 30 de noviembre de
10 meses
1991 1991
64.3. Asimismo, tal y como consta en el certificado expedido por el director de
talento humano de la Secretaría de Educación de Antioquia «laboró como docente
por el Sistema de Orden de Prestación de Servicios (OPS)» así50:
Contrato Tiempo laborado Institución educativa Municipio
531970 10 de julio a 30 de diciembre de 2000 IE Anzá Anzá (Antioquia)
01-558 15 de enero a 10 de junio de 2001 IE Anzá Anzá (Antioquia)
0572-02-01 11 de julio a 25 de noviembre de 2001 IE Anzá Anzá (Antioquia)
0441-01-02 1 de febrero a 15 de junio de 2002 IE Anzá Anzá (Antioquia)
0929-02-02 10 de julio a 6 de diciembre de 2002 IE Anzá Anzá (Antioquia)
2873-01-03 23 de enero a 20 de junio de 2003 IE Adolfo Moreno Usuga Buriticá (Antioquia)
4531-02-03 15 de julio a 14 de diciembre de 2003 IE Adolfo Moreno Usuga Buriticá (Antioquia)
4421-01-04 19 de enero a 11 de junio de 2004 IE Adolfo Moreno Usuga Buriticá (Antioquia)
64.4. Se vinculó a la planta de personal de la entidad como rector de la institución
educativa, según se advierte en el certificado el 9 de enero de 2019, así51:
Novedad Acto Administrativo Desde Hasta
Ingreso. Secretaría
Decreto 1053 del 23 de
de Educación de 23 de julio de 2004 31 de agosto de 2008
julio de 2004
Antioquia
Prom. Periodo de Decreto 2161 del 28 de 1 de septiembre de
31 de diciembre de 2008
prueb agosto de 2008 2008
Cambio de sueldo
Decreto 1238 del 13 de
IER Nancy Rocío 1 de enero de 2009 9 de noviembre de 2009
abril de 2009
García
9 de enero de 2019 (por ser la
Promoción a Decreto 0283 del 29 de 10 de noviembre de
fecha de expedición del
propiedad enero de 2010 2009
certificado)
64.5. Mediante el Oficio 4157 FPSM del 9 de septiembre de 2019 suscrito por la
profesional especializada de Seguridad Social y Prestaciones Económicas del
Magisterio de la Secretaría de Educación de Antioquia, se negó la solicitud de
reconocimiento pensional, presentada el 6 de agosto de 201952, con fundamento
en que «no aportó semanas cotizadas a Colpensiones y adicionalmente no ha cumplido
los 57 años de edad (Ley 812 de 2003)»53.
50 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «01Demanda», página 21.
51 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «01Demanda», páginas 27 a 33.
52 Es la fecha que se indicó en el acto.
53 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «01Demanda», página 19.
26
Radicado: 05001-23-33-000-2021-00447-01 (0140-2023)
Demandante: Jesús Vicente Moreno Leudo
2.4.2. Análisis sustancial
2.4.2.1. Sobre la aptitud legal para acceder al beneficio pensional
65. De acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior, Jesús Vicente Moreno
Leudo estuvo vinculado a la docencia oficial así:
Total tiempo de
Vinculación Desde Hasta Años Meses Días
servicios
4 de febrero de 30 de noviembre de
9 meses, 26 días 0 9 26
1989 1989
CPS Institución
Educativa Rural Nancy 10 de febrero de 30 de noviembre de
9 meses, 20 días 0 9 20
Rocío García 1990 1990
1 de febrero de 30 de noviembre de
10 meses 0 10 0
1991 1991
CPS 531970 municipio 30 de diciembre de
10 de julio de 2000 5 meses, 20 días 0 5 20
de Anzá 2000
CPS 01-558 municipio 15 de enero de
10 de junio de 2001 4 meses, 26 días 0 4 26
de Anzá 2001
CPS 0572-02-01 25 de noviembre de
11 de julio de 2001 4 meses, 14 días 0 4 14
municipio de Anzá 2001
CPS 0441-01-02 1 de febrero de
15 de junio de 2002 4 meses, 14 días 0 4 14
municipio de Anzá 2002
CPS 0929-02-02 6 de diciembre de
10 de julio de 2002 4 meses, 26 días 0 4 26
municipio de Anzá 2002
CPS 2873-01-03 23 de enero de
20 de junio de 2003 4 meses, 28 días 0 4 28
municipio de Buriticá 2003
CPS 4531-02-03 14 de diciembre de
15 de julio de 2003 4 meses, 29 días 0 4 29
municipio de Buriticá 2003
CPS 4421-01-04 19 de enero de
11 de junio de 2004 4 meses, 23 días 0 4 23
municipio de Buriticá 2004
Decreto 1053 del 23 de
julio de 2004 y
14 años, 5 meses,
siguientes en la 23 de julio de 2004 9 de enero de 2019 14 5 17
17 días
Secretaría de Educación
de Antioquia
Total 14 66 243
6 8 /30
20 74 8,1
/12 3
6,2
2
66. De acuerdo con lo anterior, acreditó 20 años, 2 meses y 3 días como docente y
alcanzó la edad de 55 años el 28 de diciembre de 2017. Al 6 de noviembre de
2018 había completado los 20 años de servicio oficial de que trata el artículo 1 de
27
Radicado: 05001-23-33-000-2021-00447-01 (0140-2023)
Demandante: Jesús Vicente Moreno Leudo
la Ley 33 de 1985.
67. Además, cumplió con los requisitos enunciados en el artículo 81 de la Ley 812
de 2003, por cuanto estuvo vinculado al servicio público educativo oficial con
anterioridad a la entrada en vigencia de esa ley, de manera que era beneficiario
del régimen de transición fijado en ese aparte normativo. Valga indicar que
contrario a lo señalado por el a quo, las certificaciones que obran en el expediente
sí permitían evidenciar que la labor desarrollada por Jesús Vicente Moreno Leudo
a través de la modalidad contractual, fue como docente al servicio de la entidad
territorial.
68. Al respecto, es necesario precisar que es irrelevante que el periodo anterior a la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 hubiera sido en virtud de órdenes de
prestación de servicios y no a través de una vinculación legal y reglamentaria, por
cuanto el beneficio del régimen de transición de la norma antes mencionada no
establece alguna condición adicional al de haber tenido un vínculo al servicio
público educativo oficial, bien sea como docente nacional, nacionalizado o
territorial54.
69. En ese sentido esta Subsección puntualizó que «dada la naturaleza de la función
docente, el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades cobra especial
relevancia, puesto que la labor desempeñada a través de órdenes de prestación de servicios
desentraña una verdadera relación de trabajo sobre la apariencia que haya querido ocultarla,
comoquiera que los maestros vinculados bajo esa modalidad de contratación, se insiste,
cumplen similares funciones a los de planta que están sujetos a un específico régimen legal
y reglamentario»55.
70. En efecto, tal y como se señaló en el marco normativo de esta decisión la forma
de vinculación de los docentes no puede ser un obstáculo para que accedan a los
derechos mínimos irrenunciables que las normas prevén y, lo cierto es que, desde
el año 1993 el legislador había previsto la incorporación a las plantas de personal
de los docentes vinculados a través de órdenes y contratos de prestación de
servicios, pues así se dispuso en los artículos 6 de la Ley 60 de 1993 y 105,
parágrafo 3, de la Ley 115 de 1994.
71. De esta manera, aun cuando por más de 5 años, Jesús Vicente Moreno Leudo
estuviera vinculado a través de una relación contractual, esa situación desconocía
54 En ese sentido puede consultarse la sentencia del 19 de enero de 2017, radicado 54001-23-33-
000-2012-00180-01 (1706-2015), proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B.
55 Sentencia del 19 de enero de 2017, radicado 54001-23-33-000-2012-00180-01 (1706-2015),
proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.
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Radicado: 05001-23-33-000-2021-00447-01 (0140-2023)
Demandante: Jesús Vicente Moreno Leudo
las disposiciones del legislador y desatendía las interpretaciones judiciales según
las cuales la diferenciación entre los docentes de planta y los contratistas no tenía
justificación constitucional en la medida en que realizaban igual actividad; y, en
contraste, vulneraba los derechos laborales irrenunciables de quienes tenían
previsto un régimen o unas prerrogativas particulares, esto es aquellas contenidas
en la ley y no en el contrato.
72. Así las cosas, los jueces de la República no pueden cohonestar con las
desigualdades creadas por virtud de una facultad contractual que desconocía la
realidad laboral de los docentes; lo que, a su vez, impide dar la razón a la entidad
y al a quo al considerar que la única experiencia docente útil para obtener la
prestación es aquella que ocurrió luego de la vinculación legal y reglamentaria. Así
pues, los servicios prestados por el demandante en la modalidad de OPS al
departamento de Antioquia, resultan válidos para determinar que estuvo vinculado
al servicio público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003.
73. De acuerdo con lo anterior, el régimen aplicable a su caso es el contenido en la
Ley 33 de 1985 que señala que el empleado oficial debe completar 55 años de
edad y 20 de servicio continuos o discontinuos; los que, como se expuso alcanzó
el 6 de noviembre de 2018.
74. En consecuencia, el reconocimiento pensional a favor del demandante debe ser
desde el 7 de noviembre de 2018, con el 75% del promedio de los factores
salariales respecto de los cuales se realizaron aportes, durante el último año de
servicios.
75. Si bien al expediente no se aportó documento alguno que diera cuenta de los
salarios percibidos durante el último año de servicio, en cuanto a los factores que
deben integrar IBL de la pensión, el artículo 1 de la Ley 62 de 1985 señaló que «la
base de liquidación para los aportes proporcionales a la remuneración del empleado
oficial, estará constituida por los siguientes factores, cuando se trate de empleados del
orden nacional: asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad,
técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación
por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día
de descanso obligatorio. En todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de
cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de
base para calcular los aportes»; de forma que la entidad deberá establecer respecto
de cuáles de estos efectuó cotizaciones el demandante
76. Loanterior obedece al criterio expuesto por la Sección Segunda de esta
corporación, en sentencia SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de 2019, que en su
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Demandante: Jesús Vicente Moreno Leudo
función unificadora y con el propósito de salvaguardar los principios
constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acogió el criterio de
interpretación sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para la
liquidación de la mesada pensional de jubilación en el régimen de la Ley 33 de
1985, para los docentes del servicio público oficial afiliados al Fomag vinculados
antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003. Al respecto, indicó que «los factores
que se deben tener en cuenta son solo los factores sobre los que se hayan efectuado los
respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no
se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo»
[Se resalta]. Además, también son objeto de inclusión los factores denominados
asignación adicional [Decretos 63356 y 63457 de 2007], bonificación mensual
[Decreto 1566 de 201458], y bonificación pedagógica [Decreto 2354 de 201859],
siempre que se hubieren devengado.
77. Ahora bien, comoquiera que en este proceso no se acreditó la realización de
aportes a pensión por las semanas en las que prestó sus servicios a través de
órdenes o contratos de prestación de servicios, se hace necesario ordenar al
fondo que adelante las acciones necesarias ante la entidad territorial en la que
Jesús Vicente Moreno Leudo prestó sus servicios a efectos de que esta asuma los
aportes que debieron realizarse en virtud de esas vinculaciones contractuales y
así garantizar la financiación de la prestación. Asimismo, el demandante tendrá la
carga de realizar los aportes que tenía a su cargo en calidad de trabajadora [en el
porcentaje que le correspondía] por el tiempo vinculada a través de la relación
contractual, salvo que acredite que los efectuó.
56 «por el cual se modifica la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos
docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media y se dictan otras
disposiciones de carácter salarial para el sector educativo oficial». El artículo 10 señala que «[l]as
asignaciones adicionales de que tratan los artículos 8° y 9° del presente decreto se tendrán en
cuenta en adición a lo señalado en el Decreto 1158 de 1994 para el cálculo del ingreso base
de cotización al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio». [Se resalta]
57 «por el cual se modifica la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos
docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media que se rigen por el
Decreto-ley 1278 de 2002 y se dictan otras disposiciones de carácter salarial y prestacional para el
sector educativo oficial» El parágrafo 3 del artículo 7 señala que «[l]as asignaciones y los
porcentajes adicionales de que trata el presente artículo se tendrán en cuenta en adición a lo
señalado en el Decreto 1158 de 1994 para el cálculo del ingreso base de cotización al Fondo
Nacional de Prestaciones del Magisterio» [Se resalta].
58
«Por el cual se crea una bonificación para los servidores públicos docentes y directivos docentes
al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media, que se pagan con cargo al
Sistema General de Participaciones, y se dictan otras disposiciones». El artículo 1 señala que «[l]a
bonificación que se crea mediante el presente Decreto constituirá factor salarial para todos los
efectos legales y los aportes obligatorios sobre los pagos que se efectúen por ese concepto se
realizarán de conformidad con las disposiciones legales vigentes». [Se resalta].
59
«Por el cual se crea la Bonificación Pedagógica para los docentes y directivos docentes de las
plantas de personal de docentes oficiales de las entidades territoriales certificadas en educación»,
el artículo 3 señala que «[l]a Bonificación Pedagógica constituye factor salarial para todos los
efectos legales». [Se resalta].
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Demandante: Jesús Vicente Moreno Leudo
78. Esto es así por cuanto el total de tiempo de servicio de José Vicente Moreno
Leudo en la modalidad contractual fue de 5 años, 8 meses y 16 días, lo que
corresponde a 293,71 semanas; de forma que es necesario completar los aportes,
y lo cierto es que se constituye en un deber de la entidad acudir a los mecanismos
legales para recaudar esas sumas de dinero necesarias para financiar la pensión,
pues así se desprende de la lectura de los artículos 2 de la Ley 33 de 1985 y 24 y
57 de la Ley 100 de 1993, en armonía con lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto
3752 de 2003.
2.4.2.2. En torno a la compatibilidad entre el salario y la pensión
79. Al respecto, la Sala se permite reiterar que el propósito del legislador ha sido
permitir que aquellas personas con derecho a una pensión de vejez y que se
desempeñen como docentes oficiales, puedan seguir ejerciendo el empleo, sin
que por ello deba restringirse la efectividad de la pensión. Por tal razón no es
dable condicionar el reconocimiento de la prestación a la desvinculación del
servicio.
80. A tal conclusión ha llegado esta Subsección en asuntos similares en los que ha
señalado60 que «si bien la letra g del artículo 19 de la mencionada Ley 4ª se refiere a las
asignaciones que a la fecha de su entrada en vigor beneficiarían a los docentes oficiales
pensionados, no quiere decir que se excluya de esa prerrogativa a quienes se jubilen con
posterioridad, habida cuenta de que la norma hace alusión a las disposiciones que para
esa época favorecían a los profesores jubilados, interpretación que guarda armonía con la
regulación vigente a la promulgación de la Ley 4ª de 1992, razón por la cual no es dable
condicionar la pensión de jubilación del demandante a la desvinculación del servicio,
máxime cuando le es reconocida su prestación en virtud de la Ley 91 de 1989 y demás
normas concordantes»61.
81. En efecto, esta interpretación se ha estructurado en antecedentes de esta
corporación en los que se ha concluido que la excepción prevista en el literal g) del
artículo 19 de la Ley 4.ª de 1992 «no sólo cobija a los docentes pensionados con
anterioridad a su entrada en vigencia sino también a los que accedan a la pensión
ordinaria y/o gracia con posterioridad»62.
60
En igual sentido, ver las siguientes sentencias de esta Subsección: i) del 8 de agosto de 2019,
expediente 05001-23-33-000-2013-01456-01 (1499-2015), M. P. Carmelo Perdomo Cuéter; y ii) del
25 de septiembre de 2020, expediente 25000-23-42-000-2013-01579-01 (3862-2014), M. P. César
Palomino Cortés.
61
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de mayo de 2023,
radicado 05001-23-33-000-2021-01482-01 (3388-2022), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
62
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 14 de agosto de 2009,
radicado 05001-23-31-000-2004-03824-01 (2170-08), M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.
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Demandante: Jesús Vicente Moreno Leudo
82. Lo anterior guarda correspondencia con lo expuesto en esta decisión, según la
cual, Jesús Vicente Moreno Leudo era beneficiario de la Ley 812 de 2003, por
encontrarse vinculado al servicio público educativo oficial con anterioridad a su
entrada en vigencia, por lo que podía acceder a la prestación en las condiciones
señaladas en los regímenes anteriores. De manera que el disfrute de la prestación
no debe condicionarse al retiro del servicio «dado que es precisamente su condición
de pensionados la que les permite acceder a los beneficios consagrados en normas
anteriores como el contemplado por el artículo 5 del Decreto 224 según el cual ‘el
ejercicio de la docencia no sería incompatible con el goce de la pensión de
jubilación’»63.
83. En tal medida, el demandante tiene derecho a que se reconozca el derecho
pensional con efectividad desde el momento en que adquirió el estatus jurídico, sin
condicionarlo a su retiro del servicio por no ser incompatible con el ejercicio de la
docencia.
2.4.2.3. Sobre la prescripción de los derechos en litigio
84. Como se expuso, Jesús Vicente Moreno Leudo alcanzó el estatus jurídico de
pensionado en virtud de las prerrogativas que el legislador ha previsto para los
docentes, el 6 de noviembre de 2018 y, comoquiera que presentó la reclamación
ante la autoridad administrativa el 6 de agosto de 2019, se advierte que no se
configuró el fenómeno prescriptivo del derecho.
85. En virtud de lo expuesto, la Sala revocará la decisión del Tribunal Administrativo
de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, en cuanto negó el reconocimiento
pensional y procederá a decretarlo.
2.4. Costas
86. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
63
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 15 de marzo de 2018,
radicado 05001-23-33-000-2014-00331-01(0509-16), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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Demandante: Jesús Vicente Moreno Leudo
87. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.
88. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma64.
89. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.
90. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte
vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar
en costas.
3. Conclusión
91. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que Jesús Vicente Moreno
Leudo era beneficiario del régimen pensional contenido en la Ley 33 de 1985, toda
vez que acreditó los requisitos señalados en las leyes 91 de 1989 y 812 de 2003,
razón por la cual se revocará la decisión apelada y, en su lugar, se reconocerá la
prestación reclamada, la cual se hará efectiva desde el momento en que se causó,
sin condicionarla al retiro del servicio; y se ordenará al Fomag para que adelante
las acciones necesarias ante las entidades territoriales en las que prestó sus
servicios para que asuman los aportes que debieron realizarse en virtud de las
vinculaciones contractuales y así garantizar la financiación de la prestación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
64En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Demandante: Jesús Vicente Moreno Leudo
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia proferida el 1 de noviembre de 2022 por el Tribunal
Administrativo Antioquia, Sala Quinta de Decisión, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda presentada por Jesús Vicente Moreno Leudo contra
la nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, por las razones expuestas en esta decisión. En su lugar
se dispone:
Segundo. Declarar la nulidad del Oficio 4157 FPSM del 9 de septiembre de 2019
suscrito por la profesional especializada de Seguridad Social y Prestaciones
Económicas del Magisterio de la Secretaría de Educación de Antioquia, por la cual
negó la solicitud de reconocimiento pensional de Jesús Vicente Moreno Leudo.
Tercero. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del
derecho, condenar al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a
reconocer y pagar a Jesús Vicente Moreno Leudo una pensión de jubilación
desde el 7 de noviembre de 2018, con el 75% del promedio de los factores
salariales respecto de los cuales se realizaron aportes durante el último año de
servicio, sin condicionarlo al retiro del servicio.
Cuarto. Condenar al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a
reconocer y pagar a Jesús Vicente Moreno Leudo el retroactivo pensional
conformado por las mesadas dejadas de reconocer desde que se causó la
prestación.
Quinto. Ordenar al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
realizar la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad con lo
establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, en consideración a los
índices de precios al consumidor (IPC) certificados por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y mediante la aplicación de la
fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:
R = Rh. índice final__
índice inicial
Sexto. Ordenar al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio que
adelante las acciones necesarias ante las entidades territoriales en las que Jesús
Vicente Moreno Leudo prestó sus servicios a efectos de que estas asuman los
aportes que debieron realizarse en virtud de las vinculaciones contractuales que
tuvo entre el 4 de febrero de 1989 y el 11 de junio de 2004. Asimismo, el
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Demandante: Jesús Vicente Moreno Leudo
demandante tendrá la carga de realizar los aportes que tenía a su cargo en
calidad de trabajadora [en el porcentaje que le correspondía] por el tiempo
vinculada a través de la relación contractual, salvo que acredite que los efectuó.
Séptimo. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado
en el artículo 192 del CPACA.
Octavo. No condenar en costas en esta instancia.
Noveno. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Décimo. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
SLVA
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