Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 27001-23-33-000-2021-00086-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 27001-23-33-000-2021-00086-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 27001-23-33-000-2021-00086-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
16 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D. C., dieciséis (16) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 27001-23-33-000-2021-00086-01 (1456-2024)
Demandante: Luz Consolación Moreno López
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio
Temas: Pensión de jubilación docente, Ley 33 de 1985. Docente
vinculada antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
Vinculación a través de contratos de prestación de servicios
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 30 de junio de 2023 por el Tribunal Administrativo del
Chocó, mediante la cual se accedieron a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Luz Consolación Moreno López presentó demanda1 en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en
orden a que se declarara la nulidad del acto administrativo negativo ficto derivado
1 Samai, índice 2, 4ED_27001233300020210008(.zip) NroActua 2, carpeta no asociado a cuaderno,
archivo 010DEMANDA.pdf, visible a folios 2 a 16.
2 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 27001-23-33-000-2021-00086-01 (1456-2024)
Demandante: Luz Consolación Moreno López
de la petición del 28 de enero de 2021, presentada ante el Fomag en cuanto al
reconocimiento de la pensión de jubilación con fundamento en las disposiciones
contenidas en la Ley 33 de 1985.
2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó: i) el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación equivalente al 75%
de los salarios y las primas devengadas con anterioridad al estatus de pensionada,
a partir del 26 de agosto de 2015; ii) el reajuste de la pensión conforme con el IPC;
iii) el pago de los intereses moratorios; iv) el pago de las sumas que resultaren; v)
el cumplimiento del fallo en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA; y vi)
la condena en costas a la demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Luz Consolación Moreno López nació el 26 de agosto de 1960, por lo que cuenta
con más de 55 años de edad.
3.2. Prestó sus servicios como docente en instituciones educativas del municipio de
Nóvita [Chocó], a través de las siguientes vinculaciones:
Tipo de vinculación Desde Hasta
1-04-1987 30-11-1987
1-02-1988 30-11-1988
1-02-1990 30-11-1990
1-02-1991 30-11-1991
1-03-1992 30-11-1992
15-03-1993 30-11-1993
11-04-1994 30-11-1994
Contratos de prestación de servicios 1-02-1995 30-11-1995
1-02-1996 30-11-1996
1-02-1997 30-11-1997
1-02-1998 30-11-1998
1-02-1999 30-11-1999
1-02-2000 30-11-2000
1-02-2001 30-11-2001
1-02-2002 30-11-2002
21-04-2003 30-07-2004
Provisionalidad
30-05-2008 17-09-2015
Periodo de Prueba 18-09-2015 9-01-2017
«fecha presentación
Propiedad 10-01-2017
demanda» [15-06-2021]
3.3. En consecuencia, prestó sus servicios como docente oficial por más de 20 años,
y se vinculó con anterioridad al 23 de junio de 2003, por lo tanto, acreditó los
requisitos legales para el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, de
2
Radicado: 27001-23-33-000-2021-00086-01 (1456-2024)
Demandante: Luz Consolación Moreno López
acuerdo con lo previsto en la Ley 812 de 2003, la cual es compatible con el salario.
3.4. El 28 de enero de 2021 solicitó al Fomag el reconocimiento y pago de la «pensión
de Jubilación, equivalente 75% de los salarios y las primas recibidas, anteriores al
cumplimiento del status jurídico de pensionada, es decir a partir de 26 de agosto del
2015.»(sic). Petición respecto de la cual se configuró el silencio administrativo
negativo.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 1, inciso 2, de la Ley 33 de 1985; 15,
numerales 1 y 2, de la Ley 91 de 1989; 6 de la Ley 60 de 1993; 115 de la Ley 115
de 1993; 279 de la Ley 100 de 1993; 81 de la Ley 812 de 2003; y 1 y 2 del Decreto
3752 de 2003.
5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos3:
5.1. La entidad desconoció los postulados legales y la jurisprudencia del Consejo de
Estado, porque se vinculó como docente oficial con anterioridad al 23 de junio de
2003, por lo cual era beneficiaria del régimen de transición previsto en la Ley 812
de 2003.
5.2. El artículo 81 de la Ley 812 de 2003 estableció que «[e]l régimen prestacional de
los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al
servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones
vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley».
5.3. En tal sentido, los docentes vinculados con anterioridad al año 2003, se le
aplican las normas anteriores a la expedición de la Ley 812, es decir la Ley 33 de
1985 como servidores públicos.
5.4. Además, para el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, se debe
computar el tiempo prestado con órdenes de prestación de servicios, por cuanto el
beneficio del régimen de transición de la norma mencionada no establece alguna
condición adicional respecto de la modalidad de vinculación.
1.2. Contestación de la demanda
6. El Fomag se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes
3
Samai, índice 2, 4ED_27001233300020210008(.zip) NroActua 2, carpeta no asociado a
cuaderno, archivo 010DEMANDA.pdf, visible a folios 4 a 13.
3
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Demandante: Luz Consolación Moreno López
argumentos4:
6.1. De acuerdo con las pruebas aportadas, se vinculó como docente oficial el 10 de
enero de 2017, es decir con posterioridad a la vigencia de la Ley 812 de 2003, por
lo cual era beneficiaria del régimen de prima media establecido en las leyes 100 de
1993 y 797 de 2003.
6.2. En tal sentido, no era beneficiaria del régimen de transición previsto en la Ley
812 de 2003, y no era procedente el reconocimiento y pago de la «pensión de
jubilación por aportes con el 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes
durante el último año de servicios».
6.3. Propuso las excepciones que denominó: i) «legalidad de los actos administrativos
atacados de nulidad»; ii) «ineptitud de la demanda por carencia de fundamento jurídico»; y
iii) cobro de lo no debido.
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo del Chocó, mediante sentencia proferida el 30 junio de
2023, accedió a las pretensiones de la demanda y condenó en costas al Fomag, en
los siguientes términos5:
«PRIMERO: Declarar la nulidad del acto administrativo ficto o presunto configurado por
el silencio administrativo en que incurrió la entidad demandada frente a la reclamación
administrativa del 21 de enero de 2021, presentada por la señora Luz Consolación
Moreno López tendiente al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho,
condenase a la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, a reconocer y pagar la pensión de jubilación de la
señora Luz Consolación Moreno López, de acuerdo con lo previsto por la Ley 33 de
1985.
Para el cálculo del monto pensional, la tasa de reemplazo corresponderá al 75% y el IBL
al promedio de lo devengado en el último año de servicios anterior a la adquisición del
estatus pensional, incluyendo como factor salarial la asignación básica, dineros que
serán actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al
consumidor, según certificación que expida el Dane, con efectividad a partir del 18 de
mayo de 2017, por prescripción trienal, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva
de la presente sentencia.
4 Samai, índice 2, 4ED_27001233300020210008(.zip) NroActua 2, carpeta no asociado a cuaderno,
archivo 09Contestación Demanda.pdf.
5 Samai, índice 2, 4ED_27001233300020210008(.zip) NroActua 2, carpeta principal, archivo
22_SeENTENCIA.pdf.
4
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Demandante: Luz Consolación Moreno López
TERCERO: Las sumas que se paguen en favor de la demandante se actualizarán en la
forma como se indica en la parte considerativa, a la fecha de la liquidación de la
sentencia, de acuerdo al régimen general y se aplicarán sobre las mismas los reajustes
de ley.
CUARTO: Declárese probada la prescripción trienal de las mesadas causadas con
anterioridad al 28 de enero de 2018, en atención a lo regulado por los artículos 41 del
Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969.
QUINTO: Condenar en costas a la parte demandada, en un siete (7%) de las
pretensiones concedidas.». (sic).
7.1. Para tal efecto, después de realizar un recuento legal y jurisprudencial, en el cual
argumentó que con la sentencia de unificación el 25 de abril de 2019 sobre el
ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación de los docentes oficiales
afiliados al Fomag, se fijó la siguiente regla «[…] En la liquidación de la pensión ordinaria
de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que
gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos
del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta
son solo los factores sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo
con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor
diferente a los enlistados en el mencionado artículo. […]». Al respecto, fundamentó su
decisión en que según el certificado de historia laboral se vinculó como docente
oficial el 21 de abril de 2003, esto es antes de la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003 [27 de junio de 2003], por lo cual el régimen aplicable como docente era el
previsto en las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985.
7.2. Se desempeñó como docente oficial así: i) mediante contratos de prestación de
servicios desde el 1 de abril de 1987 hasta el 30 de noviembre de 2002 [11 años, 9
meses, 5 días]; ii) en provisionalidad desde el 21 de abril de 2003 al 30 de julio de
2004 [1 año, 3 meses, 10 días]; iii) periodo de prueba desde el 30 de mayo de 2008
al 17 de septiembre de 2015 [7 años, 3 meses y 14 días]; y iv) en propiedad desde
el 18 de septiembre de 2015 hasta el 1 de enero de 2020 [5 años, 1 mes, 5 días],
es decir [13 años, 7 meses, 29 días].
7.3. En el período en que se desempeñó con contratos de prestación de servicios se
consolidó una relación de trabajo, por lo tanto, se debió computar ese tiempo para
el reconocimiento de la pensión de jubilación de acuerdo con la Ley 33 de 1985,
«ello sin que hubiese sido necesario la declaratoria administrativa o judicial previa de tal
situación.».
7.4. Por lo anterior, cumplió con los requisitos de 55 años edad y 20 años de servicio
para acceder a la prestación y adquirió el estatus de pensionada el 26 de agosto de
2015.
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Demandante: Luz Consolación Moreno López
7.5. En consecuencia, declaró la nulidad del acto negativo ficto derivado de la
petición del 28 de enero de 2021 y ordenó el reconocimiento de la pensión de
jubilación con el 75% del promedio de lo cotizado en el último año de servicio
anterior a la adquisición del estatus pensional, con la inclusión del factor salarial de
la asignación básica, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 33 de 1985.
7.6. Los docentes pueden percibir dos asignaciones del tesoro público esto es el
salario y la pensión de jubilación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19, literal
g) de la Ley 4 de 1992; por lo tanto, no era necesario el retiro definitivo del servicio
para acceder a la prestación.
7.7. Se configuró la prescripción porque el derecho se hizo exigible desde el 26 de
agosto de 2015 y la demandante presentó la solicitud de la prestación el 28 de enero
de 2021, es decir cuando ya habían trascurrido más de 3 años, por lo tanto, declaró
probada la prescripción trienal de las mesadas causadas con anterioridad al 28 de
enero de 2018, de acuerdo con los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del
Decreto 1848 de 1969.
1.4. El recurso de apelación
8. El Fomag interpuso recurso de apelación, el cual sustentó así6:
8.1. El artículo 81 de la Ley 812 de 2003 estableció que los docentes vinculados a
partir de la entrada en vigencia de esa norma, es decir a partir del 27 de junio de
2003, son beneficiarios del régimen general de pensiones; y los vinculados con
anterioridad, del régimen previsto en las leyes 91 de 1989, 33 y 62 de 1985, y los
Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978.
8.2. La demandante no tenía derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación
de acuerdo con la Ley 33 de 1985, toda vez que se vinculó al Fomag con
posterioridad al 27 de junio del año 2003, es decir, durante la vigencia de la Ley 812
2003.
8.3. El régimen aplicable por remisión expresa de la Ley 812 de 2003, era el previsto
en la Ley 100 de 1993, no obstante, para la época de la presentación de la demanda
la docente no cumplió con los requisitos de edad y tiempo de servicio, para el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación.
8.4. En cuanto al reconocimiento de una «supuesta pensión de jubilación donde se
6 Samai, índice 2, 4ED_27001233300020210008(.zip) NroActua 2, carpeta principal, archivo
026_RECEPCIONRECURSOAPELACION_RECAPE202100086_LUZ.pdf.
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Demandante: Luz Consolación Moreno López
incluyan todos los factores salariales, el demandante en su condición de docente nacional
vinculado al Fomag, está bajo el régimen previsto en la Ley 33 de 1985, de acuerdo con el
literal B del numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989». De acuerdo con la
jurisprudencia del Consejo de Estado en la sentencia SUJ-014 -CE-S2-2019, del 25
de abril de 2019, proferida en el proceso con radicado 680012333000201500569-
01, para el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación, los factores que
debían incluirse eran los indicados en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985 y sobre los
que se hubieran efectuado aportes.
8.5. Respecto de la prescripción argumentó que «como medio exceptivo de la
reclamación solicitada por el demandante, que pretende reembolso de dineros descontados
en salud, esto de acuerdo con lo que resulte probado de conformidad con el artículo 488
del C.S.T, artículo 151 del C.P.L, artículo 41 del decreto 3135 de 1968, demás normas
concordantes y la Jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado.».
8.6. La condena en costas no es procedente porque en el trámite de primera instancia
actuó con buena fe, «conforme a la jurisprudencia, y a los principios constitucionales»,
en consecuencia, solicitó fuera revocada.
8.7. En consecuencia, solicitó que fuera revocada la sentencia de primera instancia,
y se negaran las pretensiones de la demanda.
1.5. Pronunciamientos en segunda instancia
9. Toda vez que las partes no aportaron ni solicitaron la práctica de pruebas, y que
no se advirtió la necesidad de decretarlas, no se ordenó correr traslado para que los
extremos procesales alegaran de conclusión, tal como lo dispone el numeral 5 del
artículo 247 del CPACA7.
1.6. El Ministerio Público
10. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no presentó concepto.
2. Consideraciones
2.1. Los problemas jurídicos
11. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación 8, los
7 Samai, índice 4, 6Auto que admite_14562024Admiterecurs(.pdf) NroActua 4.
8
Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el artículo 328
de la Ley 1564 de 2012.
7
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Demandante: Luz Consolación Moreno López
problemas jurídicos se contraen a establecer:
11.1. ¿Si Luz Consolación Moreno López era beneficiaria del régimen de transición
previsto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003?
11.2. ¿Si el tiempo laborado por Luz Consolación Moreno López con órdenes de
prestación de servicios puede ser computado para efectos del reconocimiento de la
pensión de jubilación de conformidad con la Ley 33 de 1985?
11.3. ¿Si era procedente la condena en costas a la entidad?
2.2. Marco normativo
2.2.1. Sobre el sistema de seguridad social creado por la Ley 100 de 1993 y el
régimen exceptuado de los docentes afiliados al Fomag
12. La Constitución Política previó la seguridad social en su artículo 48 como «[…] un
servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y
control del Estado». Tiene esta connotación porque su finalidad es satisfacer, de
forma continua, una necesidad de carácter general consistente en amparar las
contingencias que se presenten para las personas derivadas de la vejez, invalidez,
enfermedad o muerte9. La norma le otorgó en su inciso segundo la calidad de
«derecho irrenunciable», por lo que es considerado un derecho fundamental al
repercutir directamente en la vida y dignidad de las personas10.
13. En virtud de lo anterior, el Estado asumió la obligación de diseñar e implementar
el sistema de seguridad social que conlleva la integración de normas que, de
manera conjunta y coordinada, sirvan para regular la prestación de ese servicio
público y lograr su satisfacción11. Este mandato lo cumplió con la expedición de la
Ley 100 de 1993 que creó «el sistema de seguridad social integral» con el fin de «[…]
unificar la normatividad y la planeación de la seguridad social […]»12. El sistema quedó
conformado por cuatro componentes o subsistemas: el Sistema General de
Pensiones, el Sistema General de Salud, el Sistema General de Riesgos
Profesionales y los Servicios Sociales Complementarios.
9 Sobre el particular se puede leer la providencia C-623 de 2004.
10 Al respecto se pueden consultar las siguientes sentencias. Sentencia T-019 de 2009, T-395 de
1998, T-076 de 1999, T-321 de 1999 y T-101 de 2001
11 El término «sistema lo define la RAE como un «Conjunto de reglas o principios sobre una materia
racionalmente enlazados entre sí».
12 Preámbulo y artículo 6.
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Demandante: Luz Consolación Moreno López
14. La ley reguló el Sistema General de Pensiones en su libro primero y con él unificó
los regímenes que existían con antelación, así lo señaló de forma expresa y fue
expuesto en sus antecedentes legislativos13. Está integrado por dos regímenes
específicos, autónomos e independientes, denominados: « Régimen Solidario de
Prima Media con Prestación Definida» y «Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad».
Para cada uno dispuso las instituciones encargadas de administrarlos, la afiliación,
su financiación a través de cotizaciones obligatorias y subsidios del Estado, los
requisitos para obtener la prestación social, las diferentes pensiones que reconocen,
los beneficiarios y el monto pensional.
15. El Sistema General de Pensiones reglado en la Ley 100 de 1993 rige en su
integridad todo lo relacionado con el reconocimiento pensional y las entidades que
lo administran. Es así porque su finalidad fue unificar todos los regímenes
pensionales que existían antes de su expedición, lo que consiguió al disponer que
todos los trabajadores públicos, privados e independientes deben cotizar a sus
subsistemas.
16. No obstante, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó del sistema integral
de seguridad social contenido en esa norma, entre otros, a los afiliados al Fomag,
para lo cual dispuso:
«Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel
que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no
remunerados de las Corporaciones Públicas.
Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán
compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será
responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que
se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se
expida». [Resalta la Sala].
13 Ibidem. En la exposición de motivos de la ley se explicó lo siguiente: «[l]a dispersión de regímenes
pensiónales dentro del sector público se corresponde con gran multiplicidad, de entidades, lo cual
se refleja en la existencia de cerca de un millar de cajas, y en una tendencia a la deserción de
entidades y afiliados de Cajanal, que se suponía debía haber sido la entidad para centralizar y
homogenizar la previsión del nivel nacional. (…) Por último, se unificarán los sistemas pensionales
vigentes para el sector público y el sector privado. Los trabajadores del sector público tendrían un
régimen de beneficios y contribuciones idéntico al del sector privado, que se realizaría a través de
los mismos fondos. (…) A la larga, se eliminará la multiplicidad de regímenes e instituciones
previsionales del sector público así como las inequidades dentro del mismo, y respecto a las
pensiones del sector privado. Como en el sector privado, los beneficios extraordinarios en el sector
público tendrán que ser complementarios voluntarios y a cargo de los trabajadores y los recursos
propios de las entidades; en ningún caso estarán a cargo del fisco o de terceros, y tendrán que:
constituirse efectivamente las reservas necesarias». Congreso de la República Gaceta No. 087 -
1992 páginas 11 y 12.
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Demandante: Luz Consolación Moreno López
17. Dentro de los denominados «regímenes exceptuados» de la aplicación de la Ley
100 de 1993, están comprendidos (i) los integrantes de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional; (ii) el personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, excepto al
vinculado en vigencia de la referida ley; (iii) los miembros no remunerados de las
corporaciones públicas; (iv) los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio; y (v) los servidores de la Empresa Colombiana de Petróleos
vinculados antes de la vigencia de la Ley 797 de 200314.
18. Estos cuentan con normativa propia que fijan los requisitos que los trabajadores
beneficiarios deben cumplir para obtener la pensión y reglan sus distintas
modalidades de pensión.
19. En el sector docente oficial, la Ley 91 de 1989 «[p]or la cual se crea el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio» distinguió entre el personal docente nacional,
nacionalizado y territorial y distribuyó las obligaciones prestacionales de los docentes
(artículos 1 y 2), según se resume a continuación:
Personal Tipo de vinculación Prestaciones sociales a Entidad responsable
docente cargo
Nacional Vinculados por Las causadas hasta La extinta Cajanal y el Fondo
nombramiento del 29/12/1989 y en adelante, los Nacional del Ahorro o las que
gobierno nacional reajustes y la sustitución de hicieren sus veces.
pensiones
Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag
Las causadas hasta el Las respectivas entidades
31/12/1975 y en adelante, los territoriales o las cajas de
reajustes y la sustitución de previsión, o las entidades que
Vinculados por pensiones hicieren sus veces, a las cuales
Nacionalizado nombramiento de venía vinculado este personal
entidad territorial Las causadas en el período La nación o las respectivas
antes y después del de nacionalización (1/1/1976 entidades territoriales o las
1/1/1976 (Ley 43/75) – 31/12/1980), los reajustes y cajas de previsión, o las
la sustitución de pensiones entidades que hicieren sus
veces (estas entidades deben
contribuir en los porcentajes
establecidos en el art. 3 de la
Ley 43/75).
14 Artículo 3 que modificó el 15 de la Ley 100 de 1993.
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Las causadas y no pagadas Las respectivas entidades
entre el 1/1/1981 y el territoriales o las cajas de
29/12/1989 previsión social, o las
entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba
vinculado ese personal.
La nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag
20. Uno de los componentes que regula la Ley 91 de 1989 es el régimen prestacional
con el ánimo de lograr cierta unidad e igualdad frente a la disparidad anterior, por lo
que el artículo 15 ibidem prevé que a partir de su entrada en vigor, los docentes
nacionales y aquellos que ingresen del 1° de enero de 1990 en adelante, estarán
regulados por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden
nacional, entre ellas, los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o
que se expidan en el futuro, verbigracia, la Ley 344 de 1996.
21. En materia pensional, el citado artículo 15, numeral 3, literal b), dispone que i) a
los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen
prestacional que habían gozado en cada entidad territorial, de conformidad con las
normas vigentes; y ii) aquellos que ingresaron a partir del 1° de enero de 1990,
nacionales y nacionalizados, tienen derecho a una pensión de jubilación bajo el
régimen general y ordinario de pensiones del sector público nacional, de acuerdo
con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último
derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.
22. La Ley 60 de 199315 asignó la administración de los servicios educativos
estatales a los municipios, financiados con recursos propios y con los provenientes
de su participación del situado fiscal, en conjunto con los departamentos. En el
artículo 6 ibidem dispuso la incorporación del personal docente de los órdenes
departamental, distrital y municipal al Fomag, así como la conservación del régimen
prestacional anterior, mientras que a las nuevas vinculaciones se les aplicaría la Ley
91 de 1989. En consecuencia, las prestaciones sociales causadas antes de la
15 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con
los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».
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afiliación al señalado fondo y sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones serían
cubiertas por la respectiva entidad territorial o el ente de previsión social a la cual
se hubieren realizado los aportes; a diferencia de las que se hicieran exigibles con
posterioridad, que estarán a cargo del indicado fondo.
23. Sobre el particular, el Consejo de Estado, en sentencia del 23 de febrero de 2006,
expediente 2002 – 0594, con ponencia del magistrado Tarsicio Cáceres Toro, sobre
el tema objeto de análisis, precisó:
«[…]
De lo anterior resalta que los docentes nacionales y nacionalizados que se incorporen a
las plantas departamentales y distritales de educación en las condiciones señaladas en
la Ley 60 de 1993 quedan sometidos en cuanto a la pensión de jubilación – ordinaria o
derecho prevista en la Ley 91 de 1989, la cual es de régimen ‘ordinario’, como ya se dijo.
Y los docentes territoriales en cuanto a la citada pensión tenían que estar sometidos a
la ley pensional ‘ordinaria’ pertinente (salvo situaciones especiales que se deben
demostrar) debido a que las autoridades locales no tenían facultad constitucional para
regular esa materia; por eso algunas disposiciones dictadas en materia pensional para
los empleados territoriales por autoridades locales resultan contrarias al régimen
constitucional; claro está que las situaciones definidas y consolidadas en aplicación de
un régimen local gozan de protección conforme al Art. 146-1 de la Ley 100/93.
[…]
La Ley 115 de 1994, en la parte final del inciso 1º del artículo 115 claramente dispone:
‘El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido en la Ley 91 de
1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente Ley’. Pues bien, como ya se vio, en materia
de pensión de jubilación – ordinaria o derecho, ni la Ley 91 de 1989, ni la Ley 60 de 1993
consagraron un régimen ‘especial’; ahora, la actual ley, tampoco lo hace. Y se aclara
que el hecho que esta Ley disponga lo dicho sobre el régimen pensional en su artículo
115 que se intitula ‘Régimen Especial de los Educadores Estatales’, dado el contenido
de la norma, como ya se vio, realmente no consagra un régimen especial en materia de
pensión de jubilación – derecho de los docentes. Así, esta ley no hizo otra cosa que
ratificar el régimen de jubilación establecido en el momento, lo que indica que la Ley 33
de 1985, seguía siendo la norma aplicable para los docentes nacionales. Además, las
pensiones de jubilación de los docentes reconocidas en su tiempo al amparo de la Ley
6ª/45 o el D.L. 3135/68 (antecesoras de la Ley 33/85) lo fueron bajo disposiciones
‘generales’ de pensiones del sector administrativo, que no tuvieron el carácter de
‘especiales’.»
24. Por tanto, la Ley 33 de 1985 unificó el régimen de la pensión de jubilación de los
servidores públicos, aplicable a todos los niveles que no estuviesen exceptuados por
ley, tal como sucede para la pensión de jubilación ordinaria de los docentes
nacionales y nacionalizados respecto de quienes no se prevé un régimen legal
especial.
25. En razón a que los docentes no gozan de régimen especial en materia pensional,
en principio, la norma aplicable es la Ley 33 de 1985, la cual dispone que los
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empleados oficiales que sirvan o hayan servido 20 años continuos o discontinuos y
lleguen a la edad de 55 años tendrán derecho a pensionarse con el equivalente al
75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año
de servicio.
2.2.2. Entrada en vigor del Acto Legislativo 1 de 2005 y sus efectos sobre el
régimen pensional de los docentes oficiales
26. El Acto legislativo 1 de 2005, en lo atinente al régimen pensional aplicable a los
docentes oficiales, prescribió que «[e]l régimen pensional de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el
establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los
docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley,
tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de
Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003» (parágrafo transitorio
1º).
27. El mencionado artículo 81 de la Ley 812 de 200316, al que hace alusión el Acto
legislativo 1 de 2005, en lo concerniente al tema bajo estudio, previó:
«Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al
servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las
disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.
Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley,
serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los
derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100
de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de
pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.
[…]
El valor total de la tasa de cotización por los docentes afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio corresponderá a la suma de aportes que para salud
y pensiones establezcan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, manteniendo la misma
distribución que exista para empleadores y trabajadores. La distribución del monto de estos
recursos la hará el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, en lo correspondiente a las cuentas de salud y pensiones.
[…]».
28. Respecto de las anteriores normas, la Sección Segunda de esta corporación, en
16 «Artículo 137. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga el
artículo 8º de la Ley 160 de 1994, el artículo 14 de la Ley 373 de 1997 y todas las disposiciones que
le sean contrarias». Decreto publicado en el diario oficial núm. 45.231 de 27 de junio de 2003.
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sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de 201917, precisó:
«[…] De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, son dos
los regímenes pensionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez
para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial. La aplicación de cada uno de estos regímenes está condicionada a la
fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial de cada docente, así:
I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público educativo oficial
con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se vincularon a
partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos docentes, también
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen
pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los
requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años
para hombres y mujeres».
29. En relación con el primer grupo de docentes, esto es, los vinculados al servicio
público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003, determinó:
«[…] La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los principios
constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de interpretación sobre
los factores salariales que se deben tener en cuenta para la liquidación de la mesada
pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los factores que se deben tener en cuenta
para la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes del servicio
público oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando la siguiente regla:
• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados
antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de
pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional
previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son
solo los factores sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de
acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir
ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.
Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la Sección
Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual, en la base de
liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los docentes se incluían todos los
factores salariales devengados durante el último año de servicios.
De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 “Para la liquidación de las pensiones sólo
se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
17 Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino
Cortés.
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cotizaciones”. Los docentes no están exceptuados de esta disposición para el goce de
la pensión ordinaria de jubilación. Por lo que, en el ingreso base de liquidación de esta
pensión solo pueden ser tenidos en cuenta los factores sobre los que se aporta y que
están contenidos en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.
[…]
En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir del
1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados a partir del 1 de
enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige por las
siguientes reglas:
✓ Edad: 55 años
✓ Tiempo de servicios: 20 años
✓ Tasa de remplazo: 75%
✓ Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del último
año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de base para
calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica,
gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de
capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por
servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada
nocturna o en día de descanso obligatorio. […]». [Se resalta]
30. En cuanto a las reglas anteriores, en particular sobre los factores que se deben
tener en cuenta, es necesario precisar que esta Sala ha sostenido18 que además
de los previstos en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, deben incluirse todos aquellos
que han sido señalados en las normas expedidas por el Gobierno Nacional para los
docentes en los que se establezca otro emolumento con carácter salarial, siempre
que se hubiere devengado por el docente, los que, entonces, deben integrar la base
de la liquidación pensional.
31. En lo correspondiente al segundo grupo de maestros oficiales, conformado por
quienes ingresaron al servicio educativo a partir de la Ley 812 de 2003, en el mismo
fallo se sostuvo:
«[…] 68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, y son beneficiarios del régimen pensional de prima
media en las condiciones previstas en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo
en lo que tiene que ver con la edad, la que, según el artículo 81 de la citada
Ley 812 de 2003 se unificó para hombres y mujeres en 57 años19. Esto quiere
18 Entre otras, puede consultarse la sentencia del 12 de septiembre de 2024, radicado 05001-23-33-
000-2021-00447-01 (0140-2023), MP Juan Enrique Bedoya Escobar.
19 La Ley 1151 de 2007 en el artículo 160 conservó la vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de 2003
y derogó el artículo 3 del Decreto 3752 de 2003.
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decir, que para el ingreso base de liquidación de este grupo de docentes debe
tenerse en cuenta lo previsto en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.
69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de
pensiones y no la regulación prevista en la Ley 91 de 1989. Los factores que
se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el
Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones
[…]».
32. Así las cosas, tal como se consideró en la sentencia proferida de manera reciente
por esta Subsección20, de acuerdo con el parágrafo transitorio 1º. del Acto legislativo
1 de 2005, del régimen pensional de los docentes al servicio educativo depende de
si la fecha de vinculación es anterior o posterior a la entrada en vigor de la Ley 812
del 2003.
2.2.3. Los docentes vinculados a través de órdenes o contratos de prestación
de servicios. Tiempo de servicio útil para efectos del reconocimiento
pensional
33. A partir de la vigencia de la Constitución de 1991, en el modelo de Estado Social
de Derecho y de acuerdo con la evolución de la normativa de este grupo de
servidores públicos, el alcance de los derechos laborales se define a partir de
principios y valores superiores21. Bajo esos parámetros, la aplicación e
interpretación de las normas debe propender por la garantía de los derechos
laborales mínimos que la docencia en el sector educativo oficial otorga a quien la
ejerce y, por ende, los principios de favorabilidad, prevalencia del derecho
sustancial, primacía de la realidad sobre las formalidades y pro homine, entre otros,
que deben atenderse como criterios de interpretación y de corrección.
34. En tal sentido, la jurisprudencia de esta corporación y de la Corte Constitucional
ha considerado que los derechos en materia laboral en favor del docente contratista
surgen con independencia del tipo de vínculo en virtud del cual se prestó el servicio,
pues el solo hecho de hacerlo con la anuencia del Estado da lugar a una verdadera
relación laboral con él.
35. Así, la jurisprudencia ha aceptado que cuando se trata de la labor docente la
contratación por prestación de servicios se desnaturaliza y deja de tener el carácter
de excepcional para suplir actividades de la entidad que no puede realizar con su
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. sentencia del 15 de junio de 2023, radicación
47001-23-33-000-2019-00449-01 (3521-2022), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
21 Así fue expuesto en la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de
Estado el 29 de mayo de 2024, radicado 41001-23-33-000-2015-00256-01 (0473-2018).
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personal de planta, tal como lo define el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 22, y que,
por lo tanto, a la luz del principio de «primacía de la realidad sobre las formalidades»
establecido en el artículo 53 Constitucional y por configurarse los elementos propios
de esta vinculación23 da lugar al reconocimiento de una relación laboral.
36. En efecto, esta Sección en sentencia de unificación CE-SUJ2-005-1624 concluyó,
luego de examinar la labor de la docencia a partir de su definición contenida en los
artículos 2 del Decreto Ley 2277 de 1979 y 104 de la Ley 115 de 1994, que la
prestación del servicio por parte del docente contratista no es independiente y, por
el contrario, que es personal y subordinada a las instrucciones de las autoridades
educativas y a los reglamentos del servicio público de educación. En tal virtud, se
indicó que al existir una relación laboral le asistía el derecho al reconocimiento de
sus derechos como trabajador, incluido el pago de las prestaciones sociales.
37. Ahora bien, el parágrafo del artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el parágrafo 3 del
artículo 105 de la Ley 115 de 199425 disponían la incorporación gradual de los
docentes contratistas a las plantas de personal de las entidades territoriales y fijaban
un plazo para ello durante el cual seguirían vinculados por prestación de servicios.
La constitucionalidad de estas normas fue analizada por la Corte Constitucional en
la sentencia C-555 de 1994; en ella se afirmó que el legislador no podía, so pretexto
de hacer una incorporación gradual de los docentes contratistas a las plantas de
personal, disponer en el periodo de transición (6 años) la coexistencia en aquella de
docentes vinculados como empleados públicos y otros contratados por prestación
de servicios.
38. Además, la Corte precisó que tal diferenciación no tenía justificación
constitucional porque i) ambos grupos realizaban igual actividad; ii) el menor costo
laboral de los contratos por prestación de servicios no permitía desconocer
derechos laborales irrenunciables; iii) quien define el régimen de los docentes es la
ley y no el contrato; iv) la voluntad del docente contratista no enerva el carácter de
irrenunciables de los derechos laborales; y v) las medidas graduales en la ley solo
22 Su numeral 3 dispone «Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades
no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún
caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término
estrictamente indispensable».
23 Prestación personal del servicio, remuneración y la continuada subordinación.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado: 23001-23-
33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16.
25 «Parágrafo tercero. A los docentes vinculados por contrato contemplados en el parágrafo primero
del artículo 6o de la Ley 60 de 1993 se les seguirá contratando sucesivamente para el periodo
académico siguiente, hasta cuando puedan ser vinculados a la planta de personal docente
territorial».
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se aplican para corregir desigualdades creadas por la sociedad y no cuando el
causante es el legislador, como lo hacía al diferenciar los docentes.
39. De acuerdo con lo señalado por la Corte, las entidades territoriales no estaban
autorizadas para contratar docentes de manera diferente de la legal y reglamentaria,
pues ello fomentaba un trato discriminatorio que vulneraba los derechos laborales
de quienes ejercen la docencia mediante otra forma de vinculación que no tiene
justificación constitucional. Esta prohibición, además de lo expuesto en la sentencia
citada, se estableció en un principio en el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 26 y luego
en el artículo 105 de la Ley 115 de 199427; y el hecho de que los docentes
contratistas no hayan sido nombrados con las formalidades de los empleados
públicos en manera alguna implicaba que debieran desconocerse los derechos
laborales propios de esta labor y mantener las desigualdades materiales que
históricamente se han pretendido eliminar28. Por el contrario, estos debían ser
protegidos y garantizados.
40. En aquella providencia se resaltó que las razones presupuestales que llevaron a
las entidades territoriales a optar por la prestación del servicio educativo con
personal docente contratado no podían menoscabar los derechos fundamentales
de las personas vinculadas bajo esa modalidad, así lo sostuvo:
«Los menores costos laborales del servicio público educativo, representan quizá
posibilidades de conservar o ampliar la cobertura existente. La función administrativa y
la atención de los servicios públicos, se desarrollan con fundamento en el principio de
economía (CP art. 209). Sin embargo, el ahorro y la economía, de suyo loables, no lo
son cuando su condición de posibilidad se deduce simplemente del sacrificio de los
derechos fundamentales de unas pocas personas que deben soportar injustificadamente
una carga social desigual e inequitativa. La economía en la función administrativa a la
que se refiere la Constitución no es aquélla que se produce a expensas de la dignidad
humana.
Una administración eficiente y eficaz, sin reducir la calidad del servicio y expoliar el
recurso humano - el más valioso de todos -, fácilmente encontrará rubros y posibilidades
para disminuir, hasta donde sea posible, el costo de la prestación de un servicio público.
Es evidente que no consulta el interés general, pese a su aparente ventaja, la modalidad
contractual como opción complementaria de la estatutaria. Definitivamente, no es ésta
la forma de servir al interés general. Por el contrario, se lo sacrifica, al cifrar la obtención
26 El inciso segundo dice: «Ningún departamento, distrito o municipio podrá vincular docentes y
administrativos sin el lleno de los requisitos del estatuto docente y la carrera administrativa,
respectivamente, ni por fuera de las plantas de personal que cada entidad territorial adopte». La
norma fue derogada por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001.
27 «La vinculación de personal docente, directivo y administrativo al servicio público educativo
estatal, sólo podrá efectuarse mediante nombramiento hecho por decreto y dentro de la planta de
personal aprobada por la respectiva entidad territorial»
28 En este sentido se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de
mayo de 2024, radicado: 41001-23-33-000-2015-00256-01 (0473-2018).
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de un ahorro en la plusvalía que el Estado, con manifiesta violación de los derechos
fundamentales, extrae a un grupo de maestros y profesores.»
41. Así las cosas, la forma de vinculación de los docentes no puede ser un obstáculo
para que accedan a los derechos mínimos irrenunciables que las normas prevén.
Una interpretación contraria conllevaría a mantener las condiciones de desigualdad
e inequidad y detrimento de la dignidad humana, como principio fundante del Estado
social de derecho, de un grupo importante de la población, que desarrolla una labor
trascendental para la sociedad.
42. Lo expuesto también se deriva del criterio que ha mantenido esta Sección, en el
sentido de considerar que no es el acto por el cual se vincula a una persona lo que
define su relación con el Estado29, sino lo que se evidencia de esa relación, en
armonía con las reglas de interpretación normativa que impone la Constitución
Política en los artículos 53 «situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho»; 228, sobre la prevalencia
del derecho sustancial; y de integración normativa derivado de los artículos 53
«Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la
legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden
menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores» y 93 «[l]os
tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos
humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden
interno».
43. Lo anterior, se acompasa también con el principio pro homine que, si bien se
estableció como un criterio para examinar el alcance de los derechos humanos, la
jurisprudencia le ha dado plena aplicación en materia laboral y, específicamente, en
asuntos de la seguridad social por tratarse de un derecho fundamental. Sobre su
trascendencia, ha señalado que implica que «las normas han de ser interpretadas en
favor de la protección y goce efectivo de los derechos de los individuos, en procura de que
los preceptos legales se conviertan en instrumentos que respeten en la mayor medida
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de abril de 1999, radicado:
16829. En dicha providencia, se sostuvo: «Ha sostenido la Sala reiteradamente que no es la
modalidad o el acto de vinculación el que determina la condición en la cual se prestan los servicios.
Así, en sentencia del 15 de junio de 1992, Magistrado Ponente Doctor Álvaro Lecompte Luna,
Expediente No. 4058, expresó:
"... La calificación de la naturaleza jurídica del vínculo laboral que une a un funcionario con la
administración no puede ser establecida por la voluntad de las partes o modalidades del acto a través
del cual se llevó a cabo la vinculación, sino por las normas legales. Por ende, puede haberse
vinculado a un funcionario a un establecimiento público por contrato de trabajo, pero si las normas
que regulan al organismo no permiten que la actividad que va a realizar el empleado, pueda ser
cumplida mediante esta modalidad contractual, este no puede ser calificado como trabajador oficial...
"
La demandante se desempeñaba como docente, vale decir, no realizaba labores propias de los
trabajadores oficiales. Por consiguiente, al ser sus funciones las propias de un empleado público
departamental, ineludible resulta su asimilación al orden legal y reglamentario» (sic)
19
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Demandante: Luz Consolación Moreno López
posible, las garantías y prerrogativas esenciales para la materialización de la mejor calidad
de vida de las personas»30. En ese orden «impone aquella interpretación de las normas
jurídicas que sea más favorable al hombre y sus derechos, esto es, la prevalencia de
aquella interpretación que propenda por el respeto de la dignidad humana y
consecuentemente por la protección, garantía y promoción de los derechos humanos y de
los derechos fundamentales consagrados a nivel constitucional»31.
44. Bajo estos parámetros el ejercicio de la función docente a través de la vinculación
por contratos de prestación de servicios, por virtud de los principios de la primacía
de la realidad sobre las formalidades, de favorabilidad y pro homine y por las
características de la labor desempeñada en estos casos, permite su cómputo para
efectos pensionales. Lo anterior porque la falta de vinculación como empleados
públicos obedeció a un incumplimiento de un deber legal por parte del Estado que
no puede afectar sus derechos laborales.
45. Ciertamente, la situación descrita impone que las formalidades omitidas por la
administración no sean un obstáculo para el goce de derechos laborales y que aun
con la ausencia en el proceso de la entidad territorial que se benefició de los
servicios del docente-contratista se permita suprimir las condiciones de desigualdad
material que afectan a un sector de la población sin justificación constitucional.
46. Esta interpretación se acompasa con los principios de celeridad y eficacia que
deben guiar la labor judicial y otorgan vigencia a los derechos fundamentales a la
seguridad social y al mínimo vital que se ven amenazados con la omisión de vincular
al proceso a la secretaría de educación respectiva, que valga insistir, desconoció
las disposiciones legales y jurisprudenciales de vincular en sus plantas de personal
a aquellos docentes que ejercían la labor, sin derecho a las prestaciones sociales
propias de los empleados públicos.
47. Valga precisar que esta interpretación no desconoce la necesidad de contar con
los recursos necesarios para la financiación de la prestación, una vez esta sea
reconocida; pues lo cierto es que, tal y como lo ha señalado esta corporación 32, en
caso de que la administradora de pensiones observe que los valores no se ajustan
a la ley, bien sea porque se omite el pago oportuno o el monto consignado es
inferior, el ordenamiento jurídico colombiano prevé los mecanismos para asegurar
su cumplimiento.
30 Sentencia T-121 de 2015. Reiterada en la sentencia T-536 de 2017 y T-088 de 2018.
31 Consejo de Estado. Sección Segunda, sentencia de unificación del 4 de octubre de 2018 radiado:
05001-23-33-000-2013-00741-01(4648-15) CE-SUJ2-013-18. Ver también Sentencia C-438 de
2013.
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de julio de 2022, radicado 25000-23-42-
000-2013-02380-01(2656-2014), M.P. William Hernández Gómez.
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Demandante: Luz Consolación Moreno López
48. Al respecto, debe tenerse en cuenta que de acuerdo con lo señalado en el
artículo 2 del Decreto 3752 de 200333 las prestaciones sociales de los docentes
causadas con anterioridad a la afiliación al Fomag, así como sus reajustes,
reliquidaciones y sustituciones están a cargo de la respectiva entidad territorial o de
la entidad de previsión social a la cual se hubieren realizado los aportes; de manera
que la omisión en el pago de los aportes por los lapsos en los que los docentes
estuvieron vinculados mediante relaciones contractuales, es responsabilidad de la
entidad que se benefició de los servicios del docente o de la administradora a la
cual se efectuaron las cotización. No obstante, tal situación impone al fondo la
obligación de hacer uso de los mecanismos establecidos en la norma para adelantar
los procesos de cobro coactivo o requerir el bono pensional.
49. En efecto, el artículo 2334 de la Ley 100 de 1993 establece que el empleador que
no realice las consignaciones de los aportes tendrá a su cargo un interés moratorio
igual al que rige para el impuesto a la renta. Asimismo, la normativa establece
consecuencias disciplinarias para quienes desarrollan la función pública de
ordenador del gasto, que sin justa causa se abstengan de efectuar la consignación
oportuna de estos conceptos. Pero, especialmente, con el fin de asegurar el
cumplimiento de la ley, los artículos 2435 y 5736 ibidem permitieron que la entidad
administradora de pensiones acudiera a las acciones de cobro de los aportes
adeudados, para hacer efectivos sus créditos.
50. En igual sentido, el artículo 2 de la Ley 33 de 1985 señalaba que la caja de
33 «Por el cual se reglamentan los artículos 81 parcial de la Ley 812 de 2003, 18 parcial de la Ley
715 de 2001 y la Ley 91 de 1989 en relación con el proceso de afiliación de los docentes al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones.»
34 «Artículo 23. Sanción Moratoria. Los aportes que no se consignen dentro de los plazos señalados
para el efecto, generarán un interés moratorio a cargo del empleador, igual al que rige para el
impuesto sobre la renta y complementarios. Estos intereses se abonarán en el fondo de reparto
correspondiente o en las cuentas individuales de ahorro pensional de los respectivos afiliados, según
sea el caso.
Los ordenadores del gasto de las entidades del sector público que sin justa causa no dispongan la
consignación oportuna de los aportes, incurrirán en causal de mala conducta, que será sancionada
con arreglo al régimen disciplinario vigente.
En todas las entidades del sector público será obligatorio incluir en el presupuesto las partidas
necesarias para el pago del aporte patronal a la Seguridad Social, como requisito para la
presentación, trámite y estudio por parte de la autoridad correspondiente».
35«Artículo 24. Acciones de Cobro. Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes
regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del
empleador de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto,
la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor adeudado, prestará mérito
ejecutivo.
36«Artículo 57. Cobro Coactivo. De conformidad con el artículo 79 del Código Contencioso
Administrativo y el artículo 112 de la Ley 6a. de 1992, las entidades administradoras del Régimen de
Prima Media con prestación definida podrán establecer el cobro coactivo, para hacer efectivos sus
créditos».
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Demandante: Luz Consolación Moreno López
previsión obligada al pago de pensión tenía «derecho a repetir contra los organismos
no afiliados a ellas, o contra las respectivas Cajas de Previsión, a prorrata del tiempo que
el pensionado hubiere servido o aportado a ellos».
2.4. Caso concreto
51. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
51.1. Luz Consolación Moreno López nació el 26 de agosto de 196037.
51.2. Suscribió los siguientes contratos de prestación de servicios como docente en
instituciones educativas oficiales, así38:
Contrato Entidad Área o lugar de Periodo
contratante prestación de servicios
8 meses [a partir del
Municipio de Secretaría de Educación 1/abril/1987 hasta
15/diciembre/1987 Nóvita del municipio de Nóvita 30/noviembre/1987]
Municipio de Secretaría de Educación 10 meses [a partir del
1/febrero/1988 Nóvita del municipio de Nóvita 1/febrero/1988]
3 meses [a partir del
Municipio de Secretaría de Educación 1/febrero/1990 hasta
1/febrero/1990 Nóvita del municipio de Nóvita 30/abril/1990]
7 meses, 19 días [a partir del
Municipio de Secretaría de Educación 11/abril/1994 hasta
11/abril/1994 Nóvita del municipio de Nóvita 30/noviembre/1994]
10 meses [a partir del
Municipio de Secretaría de Educación 1/febrero/1995 hasta
1/febrero/1995 Nóvita del municipio de Nóvita 30/noviembre/1995]
10 meses [a partir del
Municipio de Secretaría de Educación 1/febrero/1996 hasta
1/febrero/1996 Nóvita del municipio de Nóvita 30/noviembre/1996]
10 meses [a partir del
Municipio de Secretaría de Educación 1/febrero/1997 hasta
7/febrero/1997 Nóvita del municipio de Nóvita 30/noviembre/1997]
2/febrero/1998 Municipio de Escuela San Jerónimo del A partir del 2/febrero/1998
Nóvita municipio de Nóvita hasta el 30/11/1998
1/febrero/1999 Municipio de Secretaría de Educación A partir del 2/febrero/1999
Nóvita del municipio de Nóvita hasta 30/noviembre/1999
Municipio de Escuela San Lorenzo del A partir del 21/02/2000 hasta
21/febrero/2000 Nóvita municipio de Nóvita 30/11/2000
Asociación Escuela San Jerónimo del A partir del 1/febrero/2001
61 del Educativa y municipio de Nóvita hasta 30/noviembre/2001
1/febrero/2001 Social «NUEVO
37 Samai, índice 2, 4ED_27001233300020210008(.zip) NroActua 2, carpeta no asociada a cuaderno,
archivo 010DEMANDA.pdf, visible a folios 28 y 29, en la cédula de ciudadanía y el registro civil de
nacimiento.
38 Samai, índice 2, 4ED_27001233300020210008(.zip) NroActua 2, carpeta no asociada a cuaderno,
archivo 010DEMANDA.pdf, visible a folios 58 a 80.
22
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Demandante: Luz Consolación Moreno López
HOMBRE»
4 meses [a partir del
Municipio de Secretaría de Educación 1/agosto/2002 hasta
1/agosto/2002 Nóvita del municipio de Nóvita 30/noviembre/2002]
51.3. Certificado de información laboral [Formato No. 1] del 15 de mayo de 201939,
expedido por el secretario general y de gobierno del municipio de Nóvita, en el cual
se precisó que Luz Consolación Moreno López prestó sus servicios como docente
así:
PERIODOS DE CAJA, FONDO O
VINCULACIÓN LABORAL ENTIDAD ENTIDAD A LA
DESDE HASTA EMPLEADORA CARGO CUAL SE
REALIZARON LOS
APORTES
Municipio de Docente por prestación
1-4-1987 30-11-1987 Nóvita de servicios
Municipio de Docente por prestación
1-2-1988 30-11-1988 Nóvita de servicios
Municipio de Docente por prestación
1-2-1990 30-11-1990 Nóvita de servicios
Municipio de «Docente por
1-2-1991 30-11-1991 Nóvita nombramiento»
Municipio de Docente por prestación
1-3-1992 30-11-1992 Nóvita de servicios
Municipio de Docente por prestación
15-4-1993 30-11-1993 Nóvita de servicios
Municipio de Docente por prestación Municipio de Nóvita
11-4-1994 30-11-1994 Nóvita de servicios
Municipio de Docente por prestación
1-2-1995 30-11-1995 Nóvita de servicios
Municipio de Docente por prestación
1-2-1996 30-11-1996 Nóvita de servicios
Municipio de Docente por prestación
1-2-1997 30-11-1997 Nóvita de servicios
Municipio de Docente por prestación
1-2-1998 30-11-1998 Nóvita de servicios
Municipio de Docente por prestación
1-2-1999 30-11-1999 Nóvita de servicios
Municipio de Docente por prestación
1-2-2000 30-11-2000 Nóvita de servicios
Municipio de Docente por prestación
1-2-2001 30-11-2002 Nóvita de servicios
51.4. Certificados de salarios [Formato No. 3 (B)] del 15 de mayo de 201940, expedido
por el secretario general y de gobierno del municipio de Nóvita, en el cual se
señalaron los factores salariales devengados por Luz Consolación Moreno López
39 Samai, índice 2, 4ED_27001233300020210008(.zip) NroActua 2, carpeta no asociada a cuaderno,
archivo 010DEMANDA.pdf, visible a folios 30 y 31.
40 Samai, índice 2, 4ED_27001233300020210008(.zip) NroActua 2, carpeta no asociada a cuaderno,
archivo 010DEMANDA.pdf, visible a folios 33 a 40.
23
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Demandante: Luz Consolación Moreno López
entre 1987 y 2002.
51.5. Certificado laboral del 2 de abril de 201841, suscrito por el secretario general y
de gobierno del municipio de Nóvita, en el cual se indicó que Luz Consolación
Moreno López prestó sus servicios como docente entre el 1 de abril de 1987 y el 30
de noviembre de 2002, así:
TIEMPO DE SERVICIO
DESDE HASTA INSTITUCIÓN / SEDE CARGO
EDUCATIVA
1-4-1987 30-11-1987 Escuela Rural del Cajón Docente por C.P.S
1-2-1988 30-11-1988 Escuela Rural del Cajón Docente por C.P.S
1-2-1990 30-11-1990 Escuela Rural de Agua Clara Docente por C.P.S
1-2-1991 30-11-1991 Escuela Rural de Agua Clara «Docente por Nombramiento»
1-3-1992 30-11-1992 Escuela Rural de Sesego Docente por C.P.S
15-4-1993 30-11-1993 Escuela Rural de Quebrada Larga Docente por C.P.S
11-4-1994 30-11-1994 Escuela Rural de Santa Rosa Docente por C.P.S
1-2-1995 30-11-1995 Escuela Nocturna de Nóvita Docente por C.P.S
1-2-1996 30-11-1996 Escuela Nocturna de Nóvita Docente por C.P.S
1-2-1997 30-11-1997 Escuela Urbana San Jerónimo Docente por C.P.S
1-2-1998 30-11-1998 Escuela Urbana San Jerónimo Docente por C.P.S
1-2-1999 30-11-1999 Escuela Urbana San Jerónimo Docente por C.P.S
1-2-2000 30-11-2000 Escuela Urbana Lorenzo Docente por C.P.S
1-2-2002 30-11-2002 Escuela Urbana San Jerónimo Docente por C.P.S
TOTAL TIEMPO LABORADO: 11 años, 10 meses, 5 días
«Observación: al Docente no se le certificó el año 2001 puesto que laboró para la ONG nuevo Hombre»
51.6. Mediante el Decreto 0376 del 21 de abril de 2003 42 «[p]or medio del cual se
vinculan en provisionalidad a la planta de cargos y de personal del Departamento del Chocó,
los docentes que laboraban por OPS en el Municipio de Nóvita», suscrito por el
gobernador del departamento del Chocó, se nombró a Luz Consolación Moreno
López como docente en provisionalidad.
51.7. A través del Decreto 0265 del 27 de mayo de 200843 «[p]or medio del cual se
nombra una docente con carácter provisional en la planta de personal del Departamento
del Chocó», suscrito por el gobernador del departamento del Chocó, se nombró a
Luz Consolación Moreno López como docente en provisionalidad en la Institución
Educativa Sede Juntas del municipio de Nóvita. Se posesionó el 30 de mayo de
200844.
41 Samai, índice 2, 4ED_27001233300020210008(.zip) NroActua 2, carpeta no asociada a cuaderno,
archivo 010DEMANDA.pdf, visible a folios 41 y 43.
42 Samai, índice 2, 4ED_27001233300020210008(.zip) NroActua 2, carpeta no asociada a cuaderno,
archivo 010DEMANDA.pdf, visible a folios 81 a 85.
43 Samai, índice 2, 4ED_27001233300020210008(.zip) NroActua 2, carpeta no asociado a cuaderno,
archivo 010DEMANDA.pdf, visible a folios 87 a 89.
44 Samai, índice 2, 4ED_27001233300020210008(.zip) NroActua 2, carpeta no asociado a cuaderno,
archivo 010DEMANDA.pdf, visible a folios 86.
24
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Demandante: Luz Consolación Moreno López
51.8. Con el Decreto 2069 del 15 de septiembre de 201545 «[p]or medio del cual se
nombra en periodo de prueba a un docente como consecuencia del concurso público
convocado a través de la convocatoria No. 233 de 2012 y de los acuerdos 0277 de 2012 y
402 de 2013, adelantados por la Comisión Nacional del Servicio Civil-CNSC», proferido
por el administrador temporal para el sector educativo en el departamento del
Chocó, se nombró a Luz Consolación Moreno López en periodo de prueba en el
cargo docentes «etnoeducadores» del área preescolar, en el C.E. San Onofre sede
Sin Olvido del municipio de Nóvita. En el cual se posesionó el 18 de septiembre de
201546.
51.9. Según el Decreto 1537 del 29 de diciembre de 201647 «[p]or medio del cual se
nombra en propiedad a Docente de Aula y Directivos Docentes que cumplieron y superaron
el periodo de prueba en la planta global de cargos del sector educativo del Departamento
del Chocó financiado por el Sistema General de Participaciones SGP-Sector Educación
como consecuencia del concurso de méritos de la convocatoria No. 233 de 2012 de la
Comisión Nacional del Servicio Civil-CNSC», proferido por el administrador temporal
para el sector educativo en el departamento del Chocó, se nombró a Luz
Consolación Moreno López en propiedad en el área preescolar del C.E. San Onofre
sede Sin Olvido del municipio de Nóvita. Se posesionó el 10 de enero de 201748.
51.10. Certificado de historia laboral con consecutivo 9526 del 4 de noviembre de
202049, expedido por la Secretaría de Educación del departamento del Chocó, en el
cual se señaló que Luz Consolación Moreno López prestó sus servicios como
docente de primaria, en provisionalidad, sin indicar el tipo de vinculación, y a través
del Decreto 0430 del 30 de julio de 2004 se retiró del servicio por «terminación
provisionalidad», de la siguiente forma:
Detalle Acto Desde Hasta Entidad de Previsión
Ing. y Reing.
NÓVITA [CHO] Decreto 0376 del Fondo Prestacional del
Nóvita [Cho] 21-04-2003 21-04-2003 - Magisterio
Tiempo total: 1 año, 3 meses, 10 días
51.11. Certificado de historia laboral con consecutivo 9526 del 4 de noviembre de
45 Samai, índice 2, 4ED_27001233300020210008(.zip) NroActua 2, carpeta no asociado a cuaderno,
archivo 010DEMANDA.pdf, visible a folios 90 y 91.
46 Samai, índice 2, 4ED_27001233300020210008(.zip) NroActua 2, carpeta no asociado a cuaderno,
archivo 010DEMANDA.pdf, visible a folio 92.
47 Samai, índice 2, 4ED_27001233300020210008(.zip) NroActua 2, carpeta no asociado a cuaderno,
archivo 010DEMANDA.pdf, visible a folios 96 a 106.
48 Samai, índice 2, 4ED_27001233300020210008(.zip) NroActua 2, carpeta no asociado a cuaderno,
archivo 010DEMANDA.pdf, visible a folio 108.
49 Samai, índice 2, 4ED_27001233300020210008(.zip) NroActua 2, carpeta no asociado a cuaderno,
archivo 010DEMANDA.pdf, visible a folios 44 y 45.
25
Radicado: 27001-23-33-000-2021-00086-01 (1456-2024)
Demandante: Luz Consolación Moreno López
202050, expedido por la Secretaría de Educación del departamento del Chocó, en el
cual se señaló que Luz Consolación Moreno López prestó sus servicios como
docente de primaria, en provisionalidad, sin indicar el tipo de vinculación, y a través
del Decreto 2090 del 15 de septiembre de 2015 se retiró del servicio por «terminación
provisionalidad», de la siguiente forma:
Detalle Acto Desde Hasta Entidad de Previsión
Ing. y Reing.
Nóvita [Cho] [A] Decreto 0265
Nóvita [Cho] del 27-05-2008 30-05-2008 -
Cambios de Sueldo
Secretaría de Educación
Departamental de Chocó Decreto 1238
Nóvita [Cho] del 13-04-2009 01-01-2009 -
Continuidad
Escuela Rural Mixta
Salsa Adentro Decreto 1238
Nóvita [Cho] del 13-04-2009 01-10-2009 -
Cambios de Sueldo
Escuela Rural Mixta
Salsa Adentro Decreto 2940
Nóvita [Cho] del 05-08-2010 «01-01-2010» -
Continuidad
Escuela Rural Mixta Otro GTH-1131-
Salsa Adentro 2010 del 18-06- Fondo Prestacional del
Nóvita [Cho] 2010 05-06-2010 - Magisterio
Cambios de Sueldo
Escuela Rural Mixta Decreto
Salsa Adentro 1027/1055/1056
Nóvita [Cho] del 04-04-2011 01-01-2011 -
Cambios de Sueldo
Escuela Rural Mixta Resolución
Salsa Adentro 827/828/829 del
Nóvita [Cho] 25-04-2012 01-01-2012 -
Cambios de Sueldo
Escuela Rural Mixta Decreto
Salsa Adentro 1001/1002/1004
Nóvita [Cho] del 21-05-2013 01-01-2013 -
Cambios de Sueldo
Escuela Rural Mixta Decreto
Salsa Adentro 171/172/174 del
Nóvita [Cho] 07-02-2014 01-01-2014 -
Cambios de Sueldo
Escuela Rural Mixta Decreto
Salsa Adentro 1060/1092/1116
Nóvita [Cho] del 26-05-2015 01-01-2015 -
Cambio Escritura Decreto
Sede Salsa Adentro 1060/1092/1116
Nóvita [Cho] del 26-05-2015 01-01-2015 -
Tiempo total: 7 años, 3 meses, 19 días
50 Samai, índice 2, 4ED_27001233300020210008(.zip) NroActua 2, carpeta no asociado a cuaderno,
archivo 010DEMANDA.pdf, visible a folios 46 a 48.
26
Radicado: 27001-23-33-000-2021-00086-01 (1456-2024)
Demandante: Luz Consolación Moreno López
51.12. Certificado de historia laboral con consecutivo 9526 del 4 de noviembre de
202051, expedido por la Secretaría de Educación del departamento del Chocó, en el
cual se señaló que Luz Consolación Moreno López presta sus servicios como
docente de preescolar, en propiedad, sin indicar el tipo de vinculación, de la
siguiente forma:
Detalle Acto Desde Hasta Entidad de Previsión
Ing. y Reing.
Sede Sin Olvido Decreto 2069 del
Nóvita [Cho] 15-09-2015 18-09-2015 -
Cambios de Sueldo Decreto 120-121-
Sede Sin Olvido 122 del 01-01-
Nóvita [Cho] 2016 01-01-2016 -
Cambios de Sueldo
Sede Sin Olvido Acta 980-981-982
Nóvita [Cho] del 09-06-2017 01-01-2017 -
Cambio Tipo
Nombramiento
Sede Sin Olvido Decreto 1537 del Fondo Prestacional del
Nóvita [Cho] 29-12-2016 10-01-2017 - Magisterio
Cambios de Sueldo Decreto
Sede Sin Olvido 317/319/322 del
01-01-2018
Nóvita [Cho] 19-02-2018 -
Cambios de Sueldo Decreto
Sede Sin Olvido 1016/1017/1018
Nóvita [Cho] del 06-06-2019 01-01-2019 -
Cambios de Sueldo Decreto
Sede Sin Olvido 298/317/319 del
Nóvita [Cho] 27-02-2020 01-01-2020 -
Tiempo total: 5 años, 1 mes, 18 días
51.13. Certificado de salarios del 14 de mayo de 202152, proferido por la Secretaría
de Educación del departamento del Chocó, en el cual se señaló que Luz
Consolación Moreno López prestó sus servicios como docente de primaria, en
provisionalidad, sin indicar el tipo de vinculación, y los factores salariales
devengados en los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, y 2015.
51.14. Certificado de salarios del 14 de mayo de 2021 53, proferido por la Secretaría
de Educación del departamento del Chocó, en el cual se señaló que Luz
Consolación Moreno López presta sus servicios como docente de preescolar, en
propiedad, sin indicar el tipo de vinculación, y los factores salariales devengados en
los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.
51 Samai, índice 2, 4ED_27001233300020210008(.zip) NroActua 2, carpeta no asociado a cuaderno,
archivo 010DEMANDA.pdf, visible a folios 49 a 51.
52 Samai, índice 2, 4ED_27001233300020210008(.zip) NroActua 2, carpeta no asociado a cuaderno,
archivo 010DEMANDA.pdf, visible a folios 52 a 54.
53 Samai, índice 2, 4ED_27001233300020210008(.zip) NroActua 2, carpeta no asociado a cuaderno,
archivo 010DEMANDA.pdf, visible a folios 55 a 57.
27
Radicado: 27001-23-33-000-2021-00086-01 (1456-2024)
Demandante: Luz Consolación Moreno López
51.15. El 28 de enero de 202154, solicitó al Fomag el reconocimiento de la pensión de
jubilación de conformidad con la Ley 33 de 1985. Petición respecto de la cual se
configuró el silencio administrativo negativo.
2.4.2. Análisis sustancial
52. El Tribunal Administrativo del Chocó, mediante sentencia proferida el 30 de junio
de 2023, declaró la nulidad del acto administrativo negativo ficto derivado de la
petición del 28 de enero de 2021, y ordenó el reconocimiento y pago de la pensión
de jubilación de conformidad con lo previsto en la Ley 33 de 1985, pues consideró
que se acreditó los requisitos legales de 55 años de edad y 20 años de servicio
como docente oficial.
53. La entidad presentó recurso de apelación con el fin de que se revocara la decisión
adoptada por el tribunal, pues consideró que i) Luz Consolación Moreno López no
era beneficiaria del régimen de transición previsto en la Ley 812 de 2003, toda vez
que se vinculó en el Fomag con posterioridad al 27 de junio del 2003, por lo tanto,
no tenía derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de acuerdo
con la Ley 33 de 1985; ii) en el ingreso base de liquidación de la pensión de
jubilación se debieron incluir los factores previstos en el artículo 1º de la Ley 62 de
1985, y sobre los cuales se hubieran efectuado aportes; iii) «se propone la prescripción
como medio exceptivo de la reclamación solicitada por el demandante, que pretende
reembolso de dineros descontados en salud, esto de acuerdo con lo que resulte probado
de conformidad con el artículo 488 del C.S.T, artículo 151 del C.P.L, artículo 41 del decreto
3135 de 1968, demás normas concordante y la Jurisprudencia de la H. Corte Suprema de
Justicia y Consejo de Estado»; y iv) no era procedente la condena en costas, porque
en el trámite de primera instancia actuó bajo el principio de buena fe.
54. De las pruebas aportadas al expediente se advierte que Luz Consolación Moreno
López prestó sus servicios como docente así:
Total
Entidad Modalidad Cargo Desde Hasta tiempo de Años Meses Días
servicio
Municipio 30 de
1 de abril 7 meses,
de Nóvita docente noviembre 0 7 29
de 1987 29 días
[Escuela Rural del de 1987
Cajón, Escuela OPS 30 de
1 de febrero 9 meses,
Rural de Agua docente noviembre 0 9 29
de 1988 29 días
Clara, Escuela de 1988
54 Samai, índice 2, 4ED_27001233300020210008(.zip) NroActua 2, carpeta no asociado a cuaderno,
archivo 010DEMANDA.pdf, visible a folios 21 a 26.
28
Radicado: 27001-23-33-000-2021-00086-01 (1456-2024)
Demandante: Luz Consolación Moreno López
Rural de Sesego, 30 de
1 de febrero 9 meses,
Escuela Rural de docente noviembre 0 9 29
de 1990 29 días
Quebrada Larga, de 1990
Escuela Rural de Laboral 30 de
1 de febrero 9 meses,
Santa Rosa, «Docente por docente noviembre 0 9 29
de 1991 29 días
Escuela Nocturna Nombramiento» de 1991
de Nóvita, 30 de
Escuela Urbana 1 de marzo 8 meses,
docente noviembre 0 8 29
San Jerónimo, y de 1992 29 días
de 1992
Escuela Urbana 30 de
Lorenzo] 15 de abril 7 meses,
docente noviembre 0 7 15
de 1993 15 días
de 1993
30 de
11 de abril 7 meses,
docente noviembre 0 7 19
de 1994 19 días
de 1994
30 de
9 meses,
docente 1 de febrero noviembre 0 9 29
29 días
de 1995 de 1995
30 de
1 de febrero 9 meses,
docente noviembre 0 9 29
de 1996 29 días
de 1996
30 de
1 de febrero 9 meses,
docente noviembre 0 9 29
de 1997 29 días
de 1997
OPS
30 de
1 de febrero 9 meses,
docente noviembre 0 9 29
de 1998 29 días
de 1998
30 de
1 de febrero 9 meses,
docente noviembre 0 9 29
de 1999 29 días
de 1999
30 de
1 de febrero
docente noviembre 9 meses, 0 9 29
de 2000
de 2000 29 días
30 de
1 de febrero
docente noviembre 9 meses, 0 9 29
de 2001
de 2001 29 días
30 de
1 de febrero
docente noviembre 9 meses, 0 9 29
de 2002
de 2002 29 días
1 año, 3
Laboral - 21 de abril 30 de julio
Nóvita [Chocó] docente meses, 9 1 3 9
provisionalidad de 2003 de 2004
días
Municipio
de Nóvita
[Secretaría de
15 de 7 años, 3
Educación del Laboral - 30 de mayo
docente septiembre meses, 16 7 3 16
Departamento de provisionalidad de 2008
de 2015 días
Chocó, y Escuela
Rural Mixta Salsa
Adentro]
Municipio 18 de 5 años, 7
Laboral - 14 de mayo
de Nóvita [Sede docente septiembre mes, 26 5 7 26
propiedad de 202155
Sin Olvido] de 2015 días
55 De acuerdo con el certificado de salarios para la época en que fue expedido (14 de mayo de 2021),
la demandante se encontraba activa en la prestación de sus servicios como docente en propiedad.
29
Radicado: 27001-23-33-000-2021-00086-01 (1456-2024)
Demandante: Luz Consolación Moreno López
13 135 453
12 15 /30
26 150 15,10
/12 12
12,5
0
55. De acuerdo con lo anterior, acreditó 26 años y 12 días de servicio. Además,
cumplió con los requisitos enunciados en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, pues
estuvo vinculada al servicio público educativo oficial con anterioridad a la entrada
en vigencia de esa ley, a través de contratos de prestación de servicio y en
provisionalidad, por lo cual era beneficiaria del régimen de transición fijado en ese
aparte normativo.
56. Asimismo, para la fecha en la que concluyó el a quo que Luz Consolación Moreno
López adquirió el estatus pensional, el 26 de mayo de 2015, contaba con 55 años
de edad [pues nació el 26 de agosto de 1960], y para esa fecha también contaba
con 20 años de servicio [contabilizados desde el 1 de abril de 1987 hasta el 26 de
mayo de 2015], por lo cual acreditó los requisitos exigidos por la Ley 33 de 1985
para el reconocimiento de la pensión de jubilación.
57. Se precisa que es irrelevante que el periodo anterior a la entrada en vigencia de
la Ley 812 de 2003 hubiera sido en virtud de contratos y órdenes de prestación de
servicios, y no a través de una vinculación legal y reglamentaria, por cuanto el
beneficio del régimen de transición de la norma antes mencionada no establece
condición alguna adicional al de haber tenido un vínculo al servicio público educativo
oficial, bien sea como docente nacional, nacionalizado o territorial56.
58. En ese sentido esta Subsección puntualizó que «dada la naturaleza de la función
docente, el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades cobra especial
relevancia, puesto que la labor desempeñada a través de órdenes de prestación de servicios
desentraña una verdadera relación de trabajo sobre la apariencia que haya querido ocultarla,
comoquiera que los maestros vinculados bajo esa modalidad de contratación, se insiste,
cumplen similares funciones a los de planta que están sujetos a un específico régimen legal y
reglamentario»57.
56 En ese sentido puede consultarse la sentencia del 19 de enero de 2017, radicado 54001-23-33-
000-2012-00180-01 (1706-2015), proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B.
57 Sentencia del 19 de enero de 2017, radicado 54001-23-33-000-2012-00180-01 (1706-2015),
proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.
30
Radicado: 27001-23-33-000-2021-00086-01 (1456-2024)
Demandante: Luz Consolación Moreno López
59. Por lo que esta Subsección ha considerado que los tiempos de servicio
acreditados bajo la modalidad contractual son útiles para el reconocimiento de la
pensión reclamada, aun cuando no se haya adelantado el debate en torno al
reconocimiento de la relación laboral encubierta, pues los derechos en materia
laboral en favor del docente contratista surgen con independencia del tipo de vínculo
en virtud del cual se prestó el servicio, pues el solo hecho de hacerlo con la anuencia
del Estado da lugar a una verdadera relación laboral con él, lo que le permite el
reconocimiento de sus derechos como trabajador, incluido el pago de las
prestaciones sociales.
60. En efecto, tal y como se señaló en el marco normativo de esta decisión la forma
de ingreso al servicio docente no puede ser un obstáculo para que accedan a los
derechos mínimos irrenunciables que las normas prevén y, lo cierto es que, desde
el año 1993 el legislador había previsto la incorporación a las plantas de personal
de los docentes vinculados a través de órdenes y contratos de prestación de
servicios, pues así se dispuso en los artículos 6 de la Ley 60 de 1993 y 105,
parágrafo 3, de la Ley 115 de 1994.
61. De esta manera, si bien Luz Consolación Moreno López estuvo vinculada a
través de una relación contractual por 11 años, 9 meses, 21 días, esa situación
desconocía las disposiciones del legislador y desatendían las interpretaciones
judiciales según las cuales la diferenciación entre los docentes de planta y los
contratistas no tenía justificación constitucional en la medida en que realizaban igual
actividad; y, en contraste, vulneraba los derechos laborales irrenunciables de
aquellos que tenían previsto un régimen o unas prerrogativas particulares, esto es
aquellas contenidas en la ley y no en el contrato.
62. Así las cosas, los jueces de la República no pueden cohonestar con las
desigualdades creadas por virtud de una facultad contractual que desconocía la
realidad laboral de los docentes; lo que, a su vez, impide darle la razón a la entidad
recurrente al considerar que la única experiencia docente útil para obtener la
prestación es aquella que ocurrió luego de la vinculación legal y reglamentaria. Así
pues, los servicios prestados por la demandante en la modalidad contractual o de
OPS en el municipio de Nóvita [Chocó], resultan válidos para determinar que estuvo
vinculada en el servicio público educativo oficial con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003. Por lo tanto, podía pensionarse con las normas
vigentes aplicables, la cual, para su caso era la Ley 33 de 1985.
63. En ese sentido, no solo una vinculación legal y reglamentaria es útil para acceder
al derecho reclamado, pues esta Subsección ha señalado que no es el acto por el
31
Radicado: 27001-23-33-000-2021-00086-01 (1456-2024)
Demandante: Luz Consolación Moreno López
cual se vincula a una persona lo que define su relación con el Estado 58, sino lo que
se evidencia de esa relación, de forma que el ejercicio de la función docente a través
de otras modalidades, como la vinculación por contratos de prestación de servicios,
por virtud de los principios de la primacía de la realidad sobre las formalidades, de
favorabilidad y pro homine y por las características de la labor desempeñada en
estos casos, permite su cómputo para efectos pensionales.
64. Sobre la posibilidad de tener en cuenta los servicios que los docentes prestaron
con ese tipo de vinculaciones, la Corte Constitucional cuando declaró inexequibles
las normas que autorizaban la vinculación de los docentes a través de contratos de
prestación de servicios indicó59:
«No sería extraño que el criterio diferenciador pudiera inferirse de la discrecionalidad del
Estado. Ni la forma contractual ni la estatutaria, tendrían carácter forzoso. El Estado de
acuerdo con las necesidades por atender y las condiciones financieras, variables en
cada momento histórico, tendría la facultad de acudir libremente a una cualquiera de las
dos formas.
A esta posibilidad se oponen varias consideraciones. El ejercicio permanente de una
función pública, como ocurre con los "docentes temporales", no sólo se revela en el afán
del legislador de regularizar su situación en un término de seis años mediante su
incorporación a la planta de personal, sino que, constitucionalmente, exige que sea la
ley - que no el contrato - la que determine y regule su régimen, funciones y
responsabilidades (CP art. 123).
A lo anterior se agrega que, por regla general, los empleos en los órganos y entidades
del Estado son de carrera, lo que consulta la eficiencia y la estabilidad propias de la
función pública (CP art. 125).
Por lo visto, los requerimientos institucionales inmanentes a la función pública, no
confieren una dilatada libertad al legislador para otorgar a una misma función pública
permanente, un tratamiento que se traduzca en condiciones abiertamente dispares en lo
que atañe al ingreso y régimen que la gobierna. Pero, si ello fuera así, la discrecionalidad
no podría ejercitarse con menoscabo de la Constitución. El ejercicio de cualquier
58 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de abril de 1999, radicado:
16829. En dicha providencia, se sostuvo: «Ha sostenido la Sala reiteradamente que no es la
modalidad o el acto de vinculación el que determina la condición en la cual se prestan los servicios.
Así, en sentencia del 15 de junio de 1992, Magistrado Ponente Doctor Alvaro Lecompte Luna,
Expediente No. 4058, expresó:
«[...] La calificación de la naturaleza jurídica del vínculo laboral que une a un funcionario con la
administración no puede ser establecida por la voluntad de las partes o modalidades del acto a través
del cual se llevó a cabo la vinculación, sino por las normas legales. Por ende, puede haberse
vinculado a un funcionario a un establecimiento público por contrato de trabajo, pero si las normas
que regulan al organismo no permiten que la actividad que va a realizar el empleado, pueda ser
cumplida mediante esta modalidad contractual, este no puede ser calificado como trabajador oficial
[...] La demandante se desempeñaba como docente, vale decir, no realizaba labores propias de los
trabajadores oficiales. Por consiguiente, al ser sus funciones las propias de un empleado público
departamental, ineludible resulta su asimilación al orden legal y reglamentario.» (sic)
59 Artículos 6 de la Ley 60 de 1993 y 105 de la Ley 115 de 1994.
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Radicado: 27001-23-33-000-2021-00086-01 (1456-2024)
Demandante: Luz Consolación Moreno López
competencia discrecional que degenere en tratamientos discriminatorios (CP art.
13), frente a sujetos que se encuentren colocados en una misma situación, se torna
arbitraria y pierde sustento constitucional. Por estas razones, no puede fundarse en
la mera discrecionalidad la diferenciación de supuestos que, descontada ésta,
comparten una misma naturaleza y características60.»
65. En consonancia con lo anterior, se concluye que existe una « prohibición
constitucional» de vincular a docentes al servicio público educativo oficial a través de
contratos de prestación de servicios. Por lo que excluir de la transición prevista en
la Ley 812 de 2003, a quienes prestaron sus servicios al magisterio con ocasión de
una relación contractual, resulta a todas luces inconstitucional, puesto que,
conllevaría a una interpretación desfavorable con sustento en una situación que,
como se explicó anteriormente, se aparta de las normas constitucionales, esto es,
la vinculación de docentes a través de un contrato.
66. Ahora bien, la naturaleza de la pensión obliga a que los aportes se realicen, lo
que permite garantizar su financiación. Por ende, corresponderá al Fomag adelantar
las actuaciones administrativas necesarias para recibir las cotizaciones en favor de
la demandante, por los períodos en los que estuvo contratada a través de órdenes
de prestación de servicios, pues lo cierto es que se constituye en un deber de la
entidad acudir a los mecanismos legales para recaudar esas sumas de dinero
necesarias para financiar la pensión, pues así se desprende de la lectura de los
artículos 2 de la Ley 33 de 1985 y 24 y 57 de la Ley 100 de 1993, en armonía con
lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 3752 de 2003. Además, podrá reclamar la
cuota parte a las demás entidades de previsión social o fondos pensionales en los
que realizó cotizaciones de conformidad con el artículo 11 del Decreto 2709 de
1994.
67. Asimismo, Luz Consolación Moreno López tendrá la carga de realizar los aportes
que tenía a su cargo en calidad de trabajadora en el porcentaje que le correspondía
por el tiempo en que estuvo vinculada a través de la relación contractual, salvo que
acredite que los efectuó.
68. En este punto, esta Sala debe precisar que la omisión del empleador de realizar
los descuentos en el porcentaje a su cargo y los del empleado, destinados a las
cotizaciones para el sistema pensional que de conformidad con la ley debiera hacer,
no es un asunto que sea oponible al interesado para que la pensión reclamada le
sea reconocida y liquidada, pues lo cierto es que las entidades de previsión deben
adelantar las gestiones pertinentes para su cobro, tal y como lo dispuso esta
corporación en la sentencia de unificación del 28 de julio de 202261.
60
Corte Constitucional sentencia C-555 de 1994.
61 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia SUJ-028-CE-S2-2022 del 28 de julio de 2022,
radicado 25000-23-42-000-2013-02380-01(2656-2014), M.P. William Hernández Gómez.
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Radicado: 27001-23-33-000-2021-00086-01 (1456-2024)
Demandante: Luz Consolación Moreno López
69. Respecto del argumento de la apelante, según el cual los factores que se
debieron incluir en la pensión de jubilación, son los previstos en el artículo 1° de la
Ley 62 de 1985 y sobre los cuales se haya efectuado aportes.
70. De acuerdo con lo previsto por el Consejo de Estado, Sección Segunda, en la
sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de 201962, en la liquidación
de la pensión de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la
Ley 812 de 2003, los factores que se deben tener en cuenta son sobre los que se
hayan efectuado los aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.
Asimismo, esta subsección ha indicado que también deben incluirse todos aquellos
que han sido señalados en las normas expedidas por el gobierno nacional para los
docentes en los que se establezca otro emolumento con carácter salarial, siempre
que se hubiere devengado por el docente.
71. Ahora bien, se observa que el a quo ordenó a la entidad el reconocimiento de la
pensión de jubilación en un monto del 75% de las cotizaciones realizadas en el año
anterior al estatus pensional, con la inclusión del factor salarial de la asignación
básica. En efecto, los factores salariales que se deben incluir en la pensión de
jubilación de Luz Consolación Moreno López, conforme al criterio actual de la Sala
son los previstos en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985 y las demás normas
especiales que hayan señalado factores salariales que deban servir de base para
las cotizaciones a seguridad social y, contrario con lo expuesto por la apelante, la
asignación básica se encuentra dentro de los emolumentos señalados en esa
norma.
72. Por otro lado, de acuerdo con lo expuesto en el recurso de apelación se precisa
que el derecho pensional es de carácter imprescriptible, lo cual no ocurre con las
mesadas pensionales adeudadas, comoquiera que entre la fecha de adquisición del
estatus pensional de la demandante [26 de mayo de 2015] y la petición de
reconocimiento pensional [28 de enero de 2021], se configuró la prescripción porque
trascurrieron más de 3 años, según el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, por
ende el pago de las mesadas, como lo determinó el a quo procede a partir del 28
de enero de 2018.
73. Por lo expuesto, esta Sala confirmará la sentencia del 30 de junio de 2023,
mediante la cual el Tribunal Administrativo del Chocó accedió a las pretensiones de
la demanda.
62 Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino
Cortés.
34
Radicado: 27001-23-33-000-2021-00086-01 (1456-2024)
Demandante: Luz Consolación Moreno López
2.5. Costas
74. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
75. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
76. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma63.
77. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
las costas.
78. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de la condena en costas y revocará la
decisión de primera instancia en tanto condenó en costas a la parte demandada,
pues no se observa que hubiese realizado análisis de temeridad o mala fe.
3. Conclusión
79. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que el tiempo laborado por la
demandante mediante órdenes de prestación de servicios puede ser computado
para efectos de acreditar la vinculación exigida para ser beneficiaria del régimen de
transición previsto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003. Por lo tanto, Luz
63En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Radicado: 27001-23-33-000-2021-00086-01 (1456-2024)
Demandante: Luz Consolación Moreno López
Consolación Moreno López era beneficiaria del régimen pensional contenido en la
Ley 33 de 1985, toda vez que acreditó los requisitos legales.
80. En consecuencia, se confirmará la sentencia proferida el 30 de junio de 2023,
mediante la cual el Tribunal Administrativo del Chocó accedió a las pretensiones de
la demanda, y se revocará la condena en costas a la demandada.
81. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero. Revocar el ordinal quinto de la sentencia proferida el 30 de junio de 2023,
por el Tribunal Administrativo del Chocó, en su lugar se dispone no condenar en
costas.
Segundo. Confirmar la sentencia proferida el 30 de junio de 2023, por el Tribunal
Administrativo del Chocó, que accedió a las pretensiones de la demanda presentada
por Luz Consolación Moreno López contra la Nación, Ministerio de Educación,
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Tercero. No condenar en costas en esta instancia.
Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma SAMAI del
Consejo de Estado.
Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Aclaración de voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000
2020-00472-01 (1251-2024)
36
Radicado: 27001-23-33-000-2021-00086-01 (1456-2024)
Demandante: Luz Consolación Moreno López
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
KGO
37
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