Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2016-01784-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2016-01784-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2016-01784-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
3 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D. C., tres (3) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2016-01784-01 (4071-2022)
Demandante: Libia Quintero González
Demandados: Departamento del Valle del Cauca
Temas: Reliquidación de pensión de jubilación. Régimen docente
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra
la sentencia proferida el 31 de agosto de 2021 por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Libia Quintero González presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-administrativo1, en orden a que
se declarara la nulidad de las resoluciones 2335 del 18 de diciembre de 2015 y 0129
del 24 de febrero de 2016 por medio de las cuales se negó la reliquidación de su
pensión de jubilación.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) el reconocimiento y pago de la reliquidación de la pensión de jubilación a
1 En lo que sigue CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 76001-23-33-000-2016-01784-01 (4071-2022)
Demandante: Libia Quintero González
partir del 2 de enero de 2004, incluyendo todos los factores salariales devengados;
ii) la actualización de la condena de conformidad con los artículos 187, 192 y 195
del CPACA, con aplicación de los ajustes de valor de acuerdo con el IPC; y iii) la
condena en costas a la parte demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Libia Quintero González se vinculó como maestra en propiedad al departamento
del Valle del Cauca, Secretaría de Educación Departamental a través del Decreto
176 del 27 de febrero de 1968.
3.2. Mediante el Decreto 0375 del 30 de abril de 1986 fue nombrada en comisión
para desempeñar el cargo de jefe del Distrito Educativo 1-A de Cali.
3.3. A través del Decreto 0893 del 25 de junio de 1992 se dio por finalizada la
comisión otorgada y la demandante regresó al cargo de rectora del Colegio Vicente
Botero Costa de Cali.
3.4. El departamento del Valle del Cauca, División de Prestaciones Sociales,
mediante Resolución 01632 de 5 de octubre de 1995 reconoció una pensión de
jubilación a Libia Quintero González por la suma de $352.361.09, la cual fue pagada
con recursos propios de la entidad.
3.5. Con posterioridad al reconocimiento prestacional continuó vinculada en igual
cargo y bajo idénticas condiciones al departamento.
3.6. Posteriormente, por medio de la Resolución 0040 del 28 de enero de 2004, la
Secretaría de Educación Municipal de Santiago de Cali, le aceptó su renuncia al
cargo de Rectora en la Institución Educativa Normal Superior de Cali.
3.7. El 4 de marzo de 2004 «inició el trámite» de reliquidación de su pensión y, 11
años después, mediante la Resolución 2335 de 18 de diciembre de 2015 tal solicitud
fue negada con fundamento en que «fue pensionada por el Departamento del Valle del
Cauca en un cargo administrativo (profesional en Ciencias de la Educación dependiente de
la Secretaría de Educación) y no como Docente» (sic).
3.8. En la Resolución 0129 del 24 de febrero de 2016 se resolvió el recurso de
reposición presentado contra la anterior decisión en el sentido de confirmarla en
todas sus partes.
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Demandante: Libia Quintero González
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 2, 4, 13, 25, 29, 46, 48, 56 de la
Constitución Política, 1, 2, 3, 10, 103, 104, 138, 154, 155, 156, 157, 159, 162, 168,
179, 187, 196, 211, 218, 242, 243 y 247 del CPACA, las leyes 6 de 1945, 2277 de
1979, 60 de 1993, 33 de 1985, 71 de 1988, 91 de 1989 y 115 de 1994, así como los
decretos 196 de 1995, 2370 de 1997 y 2121 de 1998.
4.1. En cuanto al concepto de violación expuso que los docentes que continuaran en
el servicio activo tenían derecho a la reliquidación pensional cuando se retiraran de
manera definitiva.
4.2. En el caso bajo estudio, la demandante se jubiló en el año 1995 y continuó
laborando como docente hasta el 1 de enero del 2004, fecha del retiro definitivo, en
ese entendido le asistía el derecho a que se le reliquidara su pensión con el 75% de
los salarios devengados durante el último año de servicio.
4.3. Las resoluciones demandadas incurrieron en la violación de lo previsto en el
Decreto 2277 de 1979 pues «al negar la reliquidación de la pensión de jubilación, se
desconoce los derechos de la docente (…) que como educadora contempla el literal f del
artículo 36 ibídem, como es el de obtener el reconocimiento y pago de las prestaciones
sociales de ley»2.
1.2. Contestación de la demanda
5. El departamento del Valle del Cauca no contestó la demanda tal y como consta
en el acta de audiencia inicial de 13 de septiembre de 20173 y en la constancia
secretarial expedida el 19 de julio de 2017 por el secretario del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca4.
1.3. La sentencia apelada
6. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia proferida el 31 de
agosto de 2021 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
2 Índice 11 de Samai, archivo denominado 11_760012333000201601784014
EXPEDIENTEDIGIC0120231130122008 páginas 5 a 7.
3
Índice 11 de Samai, archivo denominado 19_7600123330002016017840112EXPEDIENTE
DIGIC0120231130122009 página 7.
4 Índice 11 de Samai, archivo denominado 17_7600123330002016017840110EXPEDIENTE
DIGIC0120231130122008.
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Demandante: Libia Quintero González
7. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos5:
7.1. A la docente después de acreditar 24 años, 7 meses y 11 días al servicio del
departamento del Valle del Cauca, le fue reconocida una pensión de jubilación
mediante la Resolución 1632 del 5 de octubre de 1995 la cual empezó a percibir sin
necesidad del retiro del servicio, pues continuó laborando al servicio de la docencia
oficial hasta el año 2004, esto en el entendido de que el cargo de rectora también
tiene la calidad de docente.
7.2. En su condición de docente de una entidad pública podía percibir
simultáneamente el salario y la pensión de jubilación, asimismo según lo previsto
en el Decreto 2277 de 1979 el cargo directivo de rector de plantel de enseñanza
básica secundaria o media tenía el carácter de docente, por lo que al encontrarse
acreditado que el reconocimiento pensional se dio con el cargo de profesional en
ciencias de la educación y que posterior a su retiro acreditó como último cargo el de
rectora de la Institución Educativa Normal Superior Santiago de Cali, era procedente
la reliquidación de su prestación.
7.3. Lo anterior con fundamento en la jurisprudencia del Consejo de Estado que
accedió a la reliquidación de la prestación en casos análogos y en «la Ley 71 de 1988
y demás normas concordantes» que previeron que el derecho pensional se reajustará
con el último año de servicio docente, asimismo el artículo 150 de la Ley 100 de
1993 y la sentencia C-331 de 2000 proferida por la Corte Constitucional señalaron
que los empleados públicos que hubiesen sido notificados de la resolución de
jubilación y que no se hubieran retirado del cargo podrían tener este beneficio.
7.4. Para la reliquidación de la prestación se deberán tener en cuenta los factores
sobre los cuales se efectuaron los aportes de acuerdo con el artículo 1 de la Ley 62
de 1985 de conformidad con la sentencia de unificación proferida el 25 de abril de
2019 por el Consejo de Estado.
7.5. En cuanto a la prescripción se tiene que a la demandante se le aceptó la renuncia
definitiva a partir del «1 de enero de 2004» (sic), sin embargo, no obra la solicitud de
reliquidación de la pensión, no obstante, la demanda se radicó el 25 de noviembre
de 2016, por lo que la prescripción se debió contar a partir de la fecha de emisión
del acto demandado, en este caso el 18 de diciembre de 2015 por lo que las
diferencias por mesadas anteriores al 18 de diciembre de 2012 están prescritas.
7.6. Era procedente la condena en costas a la parte vencida de conformidad con el
5 Índice 25 de Samai tribunales, archivo denominado 4_760012333005201601784001
NOTIFICACIONPE20211001125902.
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Radicado: 76001-23-33-000-2016-01784-01 (4071-2022)
Demandante: Libia Quintero González
artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.
1.4 El recurso de apelación
8. El departamento del Valle del Cauca sustentó su recurso de apelación en lo
siguiente6:
9. La sentencia acusada no estudió los argumentos presentados en los alegatos de
conclusión en relación con que la Secretaría de Educación de Cali era la competente
para actuar en el proceso, por cuanto la demandante luego de ostentar la calidad
de pensionada prestó sus servicios a aquel ente territorial el que, como municipio
certificado, gozaba de competencia para administrar las instituciones educativas y
el personal docente.
10. «se plantea la tesis» que la diferencia que resulte en cuanto al reconocimiento de
la reliquidación de la pensión de la demandante deberá ser reconocida por el Distrito
de Cali, Secretaría de Educación, ello en virtud del principio de solidaridad previsto
en el artículo 1 de la Constitución Política de Colombia.
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
11. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar7.
1.6. El Ministerio Público
12. El procurador delegado no se pronunció:
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
13. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia8, se circunscribe a determinar
6 Índice 28 de Samai tribunales, archivo denominado 7_760012333005201601784002APELACION
DESE20211015151218.
7 Tal y como se indicó en el auto del 11 de octubre de 2023. Índice 5 de Samai.
8 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.
El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.
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Radicado: 76001-23-33-000-2016-01784-01 (4071-2022)
Demandante: Libia Quintero González
¿si la competente para actuar en el proceso es la Secretaría de Educación de Cali
y no el departamento del Valle del Cauca? y ¿si la diferencia que resulte de la
reliquidación ordenada debe ser asumida por el Distrito de Cali, Secretaría de
Educación?
14. Para resolver los problemas jurídicos planteados la Sala expondrá el marco
normativo de i) régimen prestacional de los docentes; ii) reliquidación de la pensión
por permanencia en el servicio público; y finalmente resolverá el caso en concreto.
2.2. Marco normativo
2.2.1. Régimen prestacional de los docentes
15. En el sector docente oficial, la Ley 91 de 1989 «[p]or la cual se crea el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio» distinguió entre el personal
docente nacional, nacionalizado y territorial y distribuyó las obligaciones
prestacionales de los docentes (artículos 1 y 2), según se resume a continuación:
Personal Tipo de Prestaciones sociales a
Entidad responsable
docente vinculación cargo
Las causadas hasta
29/12/1989 y en adelante, los La extinta Cajanal y el Fondo Nacional
Vinculados por reajustes y la sustitución de del Ahorro o las que hicieren sus veces.
nombramiento pensiones
Nacional
del gobierno
Las causadas a partir del
nacional La nación y pagadas por el Fomag
29/12/1989
Las causadas hasta el Las respectivas entidades territoriales
31/12/1975 y en adelante, los o las cajas de previsión, o las entidades
reajustes y la sustitución de que hicieren sus veces, a las cuales
pensiones venía vinculado este personal
La nación o las respectivas entidades
Las causadas en el período territoriales o las cajas de previsión, o
de nacionalización (1/1/1976 las entidades que hicieren sus veces
Nacionalizado – 31/12/1980), los reajustes y (estas entidades deben contribuir en
la sustitución de pensiones los porcentajes establecidos en el art. 3
Vinculados por de la Ley 43/75).
nombramiento
de entidad
territorial antes Las respectivas entidades territoriales
y después del o las cajas de previsión social, o las
1/1/1976 (Ley Las causadas y no pagadas entidades que hicieren sus veces, a las
43/75) entre el 1/1/1981 y el cuales estaba vinculado ese personal.
29/12/1989 La nación debe hacer los aportes
correspondientes, en virtud de lo
pactado en los convenios respectivos.
Las causadas a partir del
La nación y pagadas por el Fomag
29/12/1989
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Radicado: 76001-23-33-000-2016-01784-01 (4071-2022)
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16. Uno de los componentes que regula la Ley 91 de 1989 es el régimen prestacional
con el ánimo de lograr cierta unidad e igualdad frente a la disparidad anterior, por lo
que el artículo 15 ibidem prevé que a partir de su entrada en vigor, los docentes
nacionales y aquellos que ingresen del 1.° de enero de 1990 en adelante, estarán
regulados por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden
nacional, entre ellas, los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o
que se expidan en el futuro, verbigracia, la Ley 344 de 1996.
17. En materia pensional, el citado artículo 15, numeral 3, literal b), dispone que i)
los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen
prestacional que habían gozado en cada entidad territorial, de conformidad con las
normas vigentes; y ii) aquellos que ingresaron a partir del 1.° de enero de 1990,
nacionales y nacionalizados, tienen derecho a una pensión de jubilación bajo el
régimen general y ordinario de pensiones del sector público nacional, de acuerdo
con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último
derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.
18. La Ley 60 de 19939 asignó la administración de los servicios educativos estatales
a los municipios, financiados con recursos propios y con los provenientes de su
participación del situado fiscal, en conjunto con los departamentos. En el artículo 6
ibidem dispuso la incorporación del personal docente de los órdenes departamental,
distrital y municipal al Fomag, así como la conservación del régimen prestacional
anterior, mientras que a las nuevas vinculaciones se les aplicaría la Ley 91 de 1989.
En consecuencia, las prestaciones sociales causadas antes de la afiliación al
señalado fondo y sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones serían cubiertas por
la respectiva entidad territorial o el ente de previsión social al cual se hubieren
realizado los aportes; a diferencia de las que se hicieran exigibles con posterioridad,
que estarán a cargo del indicado fondo.
19. Sobre el particular, el Consejo de Estado, en sentencia del 23 de febrero de 2006,
expediente 2002 – 0594, con ponencia del magistrado Tarsicio Cáceres Toro, sobre
el tema objeto de análisis, precisó:
«[…]
9 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con
los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».
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Demandante: Libia Quintero González
De lo anterior resalta que los docentes nacionales y nacionalizados que se incorporen a
las plantas departamentales y distritales de educación en las condiciones señaladas en
la Ley 60 de 1993 quedan sometidos en cuanto a la pensión de jubilación – ordinaria o
derecho prevista en la Ley 91 de 1989, la cual es de régimen ‘ordinario’, como ya se dijo.
Y los docentes territoriales en cuanto a la citada pensión tenían que estar sometidos a
la ley pensional ‘ordinaria’ pertinente (salvo situaciones especiales que se deben
demostrar) debido a que las autoridades locales no tenían facultad constitucional para
regular esa materia; por eso algunas disposiciones dictadas en materia pensional para
los empleados territoriales por autoridades locales resultan contrarias al régimen
constitucional; claro está que las situaciones definidas y consolidadas en aplicación de
un régimen local gozan de protección conforme al Art. 146-1 de la Ley 100/93.
[…]
La Ley 115 de 1994, en la parte final del inciso 1º del artículo 115 claramente dispone:
‘El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido en la Ley 91 de
1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente Ley’. Pues bien, como ya se vio, en materia
de pensión de jubilación – ordinaria o derecho, ni la Ley 91 de 1989, ni la Ley 60 de 1993
consagraron un régimen ‘especial’; ahora, la actual ley, tampoco lo hace. Y se aclara
que el hecho que esta Ley disponga lo dicho sobre el régimen pensional en su artículo
115 que se intitula ‘Régimen Especial de los Educadores Estatales’, dado el contenido
de la norma, como ya se vio, realmente no consagra un régimen especial en materia de
pensión de jubilación – derecho de los docentes. Así, esta ley no hizo otra cosa que
ratificar el régimen de jubilación establecido en el momento, lo que indica que la Ley 33
de 1985, seguía siendo la norma aplicable para los docentes nacionales. Además, las
pensiones de jubilación de los docentes reconocidas en su tiempo al amparo de la Ley
6ª/45 o el D.L. 3135/68 (antecesoras de la Ley 33/85) lo fueron bajo disposiciones
‘generales’ de pensiones del sector administrativo, que no tuvieron el carácter de
‘especiales’.»
20. Por tanto, la Ley 33 de 1985 unificó el régimen de la pensión de jubilación de los
servidores públicos, aplicable a todos los niveles que no estuviesen exceptuados
por ley, tal como sucede para la pensión de jubilación ordinaria de los docentes
nacionales y nacionalizados respecto de quienes no se prevé un régimen legal
especial.
21. En razón a que los docentes no gozan de régimen especial en materia pensional,
en principio, la norma aplicable es la Ley 33 de 1985, la cual dispone que los
empleados oficiales que sirvan o hayan servido 20 años continuos o discontinuos y
lleguen a la edad de 55 años tendrán derecho a pensionarse con el equivalente al
75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año
de servicio.
2.2.2. Entrada en vigor del Acto Legislativo 1 de 2005 y sus efectos sobre el
régimen pensional de los docentes oficiales
22. El Acto legislativo 1 de 2005, en lo atinente al régimen pensional aplicable a los
docentes oficiales, prescribió que «[e]l régimen pensional de los docentes
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Demandante: Libia Quintero González
nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo
oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el
artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de
la vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en
las leyes del Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la
Ley 812 de 2003» (parágrafo transitorio 1.º).
23. El mencionado artículo 81 de la Ley 812 de 2003 10, al que hace alusión el Acto
legislativo 1 de 2005, en lo concerniente al tema bajo estudio, previó:
«Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al
servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones
vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.
Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los
derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes
100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad
de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.
[…]
El valor total de la tasa de cotización por los docentes afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio corresponderá a la suma de aportes que para salud
y pensiones establezcan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, manteniendo la misma
distribución que exista para empleadores y trabajadores. La distribución del monto de
estos recursos la hará el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, en lo correspondiente a las cuentas de salud y pensiones.
[…]».
24. Respecto de las anteriores normas, la Sección Segunda de esta corporación, en
sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de 201911, precisó:
«[…] De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005,
son dos los regímenes pensionales que regulan el derecho a la pensión de
jubilación y/o vejez para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales,
vinculados al servicio público educativo oficial. La aplicación de cada uno de
estos regímenes está condicionada a la fecha de ingreso o vinculación al
servicio educativo oficial de cada docente, así:
10 «Artículo 137. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga el
artículo 8º de la Ley 160 de 1994, el artículo 14 de la Ley 373 de 1997 y todas las disposiciones que
le sean contrarias». Decreto publicado en el diario oficial núm. 45.231 de 27 de junio de 2003.
11 Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino
Cortés.
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Radicado: 76001-23-33-000-2016-01784-01 (4071-2022)
Demandante: Libia Quintero González
I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público
educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se
vincularon a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos
docentes, también afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen,
con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres».
25. En relación con el primer grupo de docentes, esto es, los vinculados al servicio
público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003, determinó:
«[…] La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los principios
constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de interpretación sobre
los factores salariales que se deben tener en cuenta para la liquidación de la mesada
pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los factores que se deben tener en cuenta
para la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes del servicio
público oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando la siguiente regla:
• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados
antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión
ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la
Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo los factores sobre
los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de
la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los
enlistados en el mencionado artículo.
Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la Sección
Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual, en la base de
liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los docentes se incluían todos los
factores salariales devengados durante el último año de servicios.
De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 “Para la liquidación de las pensiones sólo
se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones”. Los docentes no están exceptuados de esta disposición para el goce de
la pensión ordinaria de jubilación. Por lo que, en el ingreso base de liquidación de esta
pensión solo pueden ser tenidos en cuenta los factores sobre los que se aporta y que
están contenidos en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.
[…]
En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir del
1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados a partir del 1 de
enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige por las
siguientes reglas:
10
Radicado: 76001-23-33-000-2016-01784-01 (4071-2022)
Demandante: Libia Quintero González
✓ Edad: 55 años
✓ Tiempo de servicios: 20 años
✓ Tasa de remplazo: 75%
✓ Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del último
año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de base para
calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica,
gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de
capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por
servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada
nocturna o en día de descanso obligatorio. […]». [Se resalta]
26. En cuanto a las reglas anteriores, en particular sobre los factores que se deben
tener en cuenta, es necesario precisar que esta Sala ha sostenido12 que además de
los previstos en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, deben incluirse todos aquellos
que han sido señalados en las normas expedidas por el gobierno nacional para los
docentes en los que se establezca otro emolumento con carácter salarial, siempre
que se hubiere devengado por el docente, los que, entonces, deben integrar la base
de la liquidación pensional.
27. En lo correspondiente al segundo grupo de maestros oficiales, conformado por
quienes ingresaron al servicio educativo a partir de la Ley 812 de 2003, en el mismo
fallo se sostuvo:
«[…] 68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, y son beneficiarios del régimen pensional de prima media en las
condiciones previstas en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo en lo que tiene que
ver con la edad, la que, según el artículo 81 de la citada Ley 812 de 2003 se unificó para
hombres y mujeres en 57 años13. Esto quiere decir, que para el ingreso base de
liquidación de este grupo de docentes debe tenerse en cuenta lo previsto en la Ley 100
de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.
69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de pensiones
y no la regulación prevista en la Ley 91 de 1989. Los factores que se deben incluir en el
ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que
se efectuaron las respectivas cotizaciones […]».
28. Así las cosas, tal y como se consideró en la sentencia proferida de manera
reciente por esta Subsección14, de acuerdo con el parágrafo transitorio 1.° del Acto
12 Entre otras, puede consultarse la sentencia del 12 de septiembre de 2024, radicado 05001-23-33-
000-2021-00447-01 (0140-2023), MP Juan Enrique Bedoya Escobar.
13
La Ley 1151 de 2007 en el artículo 160 conservó la vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de 2003
y derogó el artículo 3 del Decreto 3752 de 2003.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. sentencia del 15 de junio de 2023, radicación
47001-23-33-000-2019-00449-01 (3521-2022), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
11
Radicado: 76001-23-33-000-2016-01784-01 (4071-2022)
Demandante: Libia Quintero González
legislativo 1 de 2005, del régimen pensional de los docentes al servicio educativo
depende de si la fecha de vinculación es anterior o posterior a la entrada en vigor
de la Ley 812 del 2003.
2.2.3 Reliquidación de la pensión por permanencia en el servicio público
16. El artículo 128 de la Constitución Política de 1991 determinó que nadie podrá
desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una
asignación que provenga del tesoro público «salvo los casos expresamente
determinados por la ley», así en desarrollo de esta norma el legislador a través de la
Ley 4ª de 1992 dispuso en su artículo 19 las excepciones a esta regla, en el caso
particular de los docentes el literal g de este artículo dispuso que se exceptuaban
las asignaciones «que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los
servidores oficiales docentes pensionados. […]».
17. En atención a ello, esta subsección ha indicado que la prerrogativa contenida en
el literal g) del artículo 19 de la Ley 4ª de 1992 relativa a la compatibilidad entre el
salario y la pensión para el caso de los docentes, se mantiene vigente, interpretación
que guarda armonía con la regulación expedida con posterioridad a ella y las
interpretaciones jurisprudenciales expuestas.
18. En ese entendido, en caso de que un docente adquiera su estatus pensional y le
fuera reconocida aquella prestación, podía disfrutar de esta mesada y seguir
trabajando al servicio de la educación oficial.
19. Por su parte la Ley 71 de 1988 «por la cual se expiden normas sobre pensiones y se
dictan otras disposiciones» en su artículo 9 dispuso:
«Las personas pensionadas o con derecho a la pensión del sector público en todos
sus niveles que no se hayan retirado del servicio de la entidad, tendrán derecho a la
reliquidación de la pensión, tomando como base el promedio del último año de salarios
y sobre los cuales haya aportado al ente de previsión social.»
20. Asimismo, el Decreto 1160 de 1989 dispuso:
«Artículo 10º.- Reliquidación de la pensión de jubilación. Los empleados oficiales a
quienes se les hubiere reconocido el derecho a la pensión de jubilación y no se hayan
retirado del servicio, una vez producido éste, se les reliquidará dicha prestación, tomado
como base del promedio de los salarios devengados en el último año de servicios.
Parágrafo- La reliquidación de la pensión de que trata el presente artículo, no tendrá
efectos retroactivos sobre las mesadas anteriores al retiro del trabajador o empleado del
sector público en todos sus niveles, cuando a éstas hubiere lugar.»
21. En ese entendido, esta Sección ha señalado que es posible que un docente que
continúe en el servicio pueda solicitar la reliquidación de su pensión así «la
12
Radicado: 76001-23-33-000-2016-01784-01 (4071-2022)
Demandante: Libia Quintero González
posibilidad con que cuentan los docentes de seguir laborando, con posterioridad al
reconocimiento de una pensión de jubilación, da lugar a que a su retiro definitivo del servicio
puedan solicitar, en los términos del artículo 9 de la Ley 71 de 1988, la reliquidación de su
prestación pensional, teniendo en cuenta para tal efecto el promedio del último año de
salarios y sobre los cuales haya aportado al ente de previsión social (…)»15.
2.4. Caso en concreto
2.4.1. Hechos probados
22. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
22.1. Mediante la Resolución 1632 del 5 de octubre de 199516 expedida por la
Gobernación del Departamento del Valle del Cauca se le reconoce a la demandante
una pensión vitalicia de jubilación por la suma de ($325.361.09) con la anotación
que aquella «se pagará sin que sea necesario que la beneficiaria demuestre su retiro
definitivo del cargo que ocupa».
22.2. Con la Resolución 040 del 28 de enero de 200417 proferida por el secretario de
Educación Municipal de Cali, fue aceptada la renuncia «irrevocable» de la
demandante al cargo de «RECTORA en la Institución Educativa NORMAL
SUPERIOR SANTIAGO DE CALI».
22.3. En certificado del 4 de marzo de 2004 expedido por el rector de la Institución
Educativa Normal Superior Santiago de Cali18 se señaló que entre los años 2003 y
2004 la demandante devengó: salario básico, sobresueldo nacional, horas extras,
prima de población, prima de vacaciones, sobresueldo departamental, prima
académica, prima 1er semestre junio y prima 2do semestre diciembre.
22.4. Mediante el certificado de tiempo de servicio expedido por el Municipio de
Santiago de Cali, Secretaría de Educación Municipal el 4 de marzo de 200419 se
indicó que prestó sus servicios en el nivel básica secundaria vinculada en propiedad
como nacionalizado en forma continua así:
15
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de febrero de 2020,
radicado 05001-23-33-000-2013-01046-01 (1820-2015), M.P. William Hernández Gómez.
16
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13
Radicado: 76001-23-33-000-2016-01784-01 (4071-2022)
Demandante: Libia Quintero González
Hasta
Novedad Acto Fecha fiscal
Esc Los Santos Ángeles Decreto 0257 del 17 22 de febrero de 21 de marzo de
Designación de marzo de 1967 1967 1967
Esc.# 1406 Unión
Decreto 308 del 7 14 de mayo de
Panamericana 1 de abril de 1967
de abril de 1967 1967
Designación
Centro docente San Juan Decreto 176 del 27 19 de febrero de
10 de junio de 1968
de Dios Designación de febrero de 1968 1968
Centro docente San Juan
Decreto 487 del 11 21 de septiembre
de Dios Posesión por 11 de junio de 1968
de junio de 1968 de 1972
nombramiento
Nuestra Señora de las Decreto 1243 de 22
22 de septiembre de 21 de marzo de
Mercedes Zarzal de septiembre de
1972 1974
Traslado 1972
Nuestra Señora de las
Decreto 449 de 15 30 de noviembre de
Mercedes Zarzal 22 de marzo de 1974
de marzo de 1974 1974
Promoción
Normal Ntra Sra de las Decreto 1789 de 1
1 de octubre de 1974 21 de junio de 1976
Mercedes Zarzal Encargo de octubre de 1974
La Merced Cali Decreto 0853 de 21 16 de febrero de
22 de junio de 1976
Terminación promoción de junio de 1976 1978
Col Enrique Olaya Decreto 107 del 27 17 de febrero de
31 de julio de 1992
Herrera Cali -Traslado de enero de 1978 1978
Núcleo Desarrollo
Decreto 315 del 30 30 de noviembre de
Educativo Cali 30 de abril de 1986
de abril de 1986 1989
Comisión servicios
Instituto de Educación Decreto 1236 del 14
1 de diciembre de
Popular Alfonso López de noviembre de 31 de julio de 1992
1989
Comisión de servicios 1989
Vicente Borrero Costa - Decreto 893 del 25 18 de febrero de
1 de agosto de 1992
traslado de junio de 1992 1998
14
Radicado: 76001-23-33-000-2016-01784-01 (4071-2022)
Demandante: Libia Quintero González
Esc. Normal
Decreto 160 del 6 19 de febrero de 11 de noviembre de
Departamental de
de febrero de 1998 1998 2002
Varones Traslado
Santiago de Cali- Cali Decreto 1731 del 9
12 de noviembre de 31 de enero de
traslado (Rector -En de septiembre de
2002 2004
propiedad) 2002
Resolución 40 del
31 de enero de
Retiro 28 de enero de 31 de enero de 2004
2004
2004
22.5. En certificación expedida por el subsecretario para la Dirección y Administración
de los Recursos de la Secretaría de Educación Municipal de Cali se hace constar
que:
«la señora LIBIA QUINTERO GONZÁLES, identificada con cédula de ciudadanía No.
38980370, se encuentra RETIRADA como RECTORA en PROPIEDAD de la Secretaría
de Educación del Municipio de Cali, Nit 890399011-3 a partir del 30 de Enero de 2004.
De acuerdo a los parámetros de Ley, desde su incorporación a este ente territorial hasta
su retiro la funcionaria se encontraba afiliada al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES
SOCIALES DEL MAGISTERIO»
22.6. Mediante Resolución 2335 del 18 de diciembre de 2015 20 el departamento del
Valle del Cauca negó la solicitud de reliquidación de la pensión de jubilación
presentada por la demandante por cuanto consideró:
«la Reliquidación de la Pensión es un derecho que tiene por una sola vez todo docente
pensionado que continúa en el servicio activo, al momento del retiro definitivo del mismo,
para ajustar su cuantía al 75% de los salarios mensuales devengados en el último año de
servicios anterior a la fecha de retiro (…)
(..) en el presente caso, no es procedente la Reliquidación de Pensión de jubilación, toda
vez que la señora LIBIA QUINTERON GONZÁLEZ fue pensionada por el Departamento
del Valle del Cauca en un cargo administrativo (Profesional en Ciencias de la Educación
dependiente de la Secretaría de Educación) y no como Docente» (sic) (negrillas
originales).
22.7. El 13 de enero de 2016 la demandante presentó recurso de reposición21 y, en
subsidio apelación contra la anterior decisión, la que fue resuelta mediante
Resolución 0129 del 24 de febrero de 201622 en la que se dispuso confirmar en
20
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Radicado: 76001-23-33-000-2016-01784-01 (4071-2022)
Demandante: Libia Quintero González
todas sus partes la Resolución 2335 de 18 de diciembre de 2015, con fundamento
en que:
«NO fue jubilada por el Departamento del Valle del Cauca como Docente Departamental,
sino como Profesional en Ciencias de la Educación dependiente de la Secretaría de
Educación (cargo administrativo), con corte al 28 de julio de 1992, no siendo
procedente efectuar la Reliquidación de su pensión en calidad de Docente Pensionado
(…)
(…) la Pensión de jubilación de la recurrente es pagada por el Departamento del Valle del
Cauca con recursos propios (…)» (sic) (negrillas originales).
2.4. Análisis de la Sala
23. En el asunto bajo estudio, la demandante después de reconocida la pensión de
jubilación, continúo con la prestación el servicio público oficial como rectora de una
institución educativa, por lo cual solicitó la reliquidación de aquella prestación con la
inclusión de los factores percibidos en el último año de servicio.
24. El departamento del Valle del Cauca a través de los actos demandados le negó
la reliquidación solicitada con fundamento en que Libia Quintero González fue
pensionada en un cargo administrativo y no docente.
25. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda al considerar, por una parte, que de conformidad con
el Decreto 2277 de 1979 el cargo directivo rector tenía el carácter de docente y por
otra que, en casos análogos el Consejo de Estado ha accedido a la reliquidación de
tal prestación, en ese entendido ordenó la reliquidación pero solo teniendo en
cuenta los factores devengados en el último año de servicio y sobre los cuales se
efectuaron los aportes de acuerdo con el artículo 1 de la Ley 62 de 1985 de
conformidad con la sentencia de unificación proferida el 25 de abril de 2019 por el
Consejo de Estado.
26. La entidad demandada en el recurso de apelación indicó que i) la Secretaría de
Educación de Cali era la competente para actuar en el proceso y; ii) la diferencia
que resulte en cuanto al reconocimiento de la reliquidación de la pensión de la
demandante deberá ser reconocida por el Distrito de Cali, Secretaría de Educación.
27. En ese entendido la Sala se pronunciará únicamente en los reparos concretos
formulados en el recurso de apelación.
28. Asílas cosas, frente al primer argumento del recurso se tiene que el
departamento del Valle del Cauca indicó que la entidad demandada competente
para actuar en el proceso era la Secretaría de Educación de Cali.
29. En relación con este cargo se precisa que, si la pretensión de la entidad
demandada estaba encaminada a que el Distrito de Cali compareciera al proceso,
esto debió plantearlo como excepción previa, igualmente si pretendía alegar la falta
de legitimación en la causa por activa debió proponerlo en la contestación de la
16
Radicado: 76001-23-33-000-2016-01784-01 (4071-2022)
Demandante: Libia Quintero González
demanda de conformidad con los artículos 10023 y 10124 del CGP y 175 del
CPACA25. No obstante, como se indicó anteriormente la entidad no contestó la
demanda, ni propuso excepción alguna.
30. En ese sentido la Sala no comparte el argumento del recurso de apelación
aludido, además porque el departamento del Valle del Cauca fue la entidad que
profirió el acto de reconocimiento de la pensión de jubilación de la cual se pretende
su reliquidación por ello es la legitimada para intervenir en el presente asunto.
31. Por otra parte, la entidad demandada señaló que la diferencia que resulte en
cuanto al reconocimiento de la reliquidación de la pensión de la demandante deberá
ser reconocida por el Distrito de Cali, Secretaría de Educación.
32. Para resolver este cargo se precisa que, del material probatorio allegado al
expediente, se puede apreciar que Libia Quintero González después del
reconocimiento pensional ordenado en la Resolución 1632 del 5 de octubre de 1995,
continuó prestando sus servicios para el departamento, como se aprecia en el
certificado de tiempo de servicios allegado al proceso, posteriormente mediante el
Decreto 160 de 199826, expedido por la gobernación del departamento del Valle del
Cauca, la docente fue trasladada al cargo de rectora en la Normal Departamental
para Varones de Cali, donde permaneció hasta el 11 de noviembre de 2002, pues
mediante Decreto 1731 de 2002 el departamento dispuso su traslado al cargo de
23
«ARTÍCULO 100. EXCEPCIONES PREVIAS. Salvo disposición en contrario, el demandado podrá
proponer las siguientes excepciones previas dentro del término de traslado de la demanda:
1. Falta de jurisdicción o de competencia.
2. Compromiso o cláusula compromisoria.
3. Inexistencia del demandante o del demandado.
4. Incapacidad o indebida representación del demandante o del demandado.
5. Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de
pretensiones.
6. No haberse presentado prueba de la calidad de heredero, cónyuge o compañero permanente,
curador de bienes, administrador de comunidad, albacea y en general de la calidad en que actúe el
demandante o se cite al demandado, cuando a ello hubiere lugar.
7. Habérsele dado a la demanda el trámite de un proceso diferente al que corresponde.
8. Pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto.
9. No comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios.
10. No haberse ordenado la citación de otras personas que la ley dispone citar.
11. Haberse notificado el auto admisorio de la demanda a persona distinta de la que fue
demandada.» (se resalta)
24
ARTÍCULO 101. OPORTUNIDAD Y TRÁMITE DE LAS EXCEPCIONES PREVIAS. Las
excepciones previas se formularán en el término del traslado de la demanda en escrito separado que
deberá expresar las razones y hechos en que se fundamentan. Al escrito deberán acompañarse
todas las pruebas que se pretenda hacer valer y que se encuentren en poder del demandado.
25 ARTÍCULO 175. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. Durante el término de traslado, el
demandado tendrá la facultad de contestar la demanda mediante escrito, que contendrá:
(…)
3. Las excepciones.
(…)
Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los
artículos 100, 101 y 102 del Código General del Proceso.
26 Índice 11 de Samai, arcihivo denominado 2.34_7600123330002016017840127EXPEDIENTE
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Demandante: Libia Quintero González
rector en la Institución Educativa Normal Superior de Cali a partir del 12 de
noviembre de 2002, entidad en que permaneció hasta su retiro el 31 de enero de
2004.
33. Así las cosas, se tiene que posterior al reconocimiento pensional efectuado en el
año 1992, trabajó al servicio del departamento del Valle del Cauca hasta el 11 de
noviembre de 2002 y solo al servicio del Distrito de Cali desde el 12 de noviembre
de 2002 hasta su retiro en enero de 2004, es decir solo por 1 año y dos meses
aproximadamente.
34. Por otra parte, se precisa que la Resolución 1632 del 5 de octubre de 1995,
mediante la cual se reconoció la pensión de jubilación a la demandante se
fundamentó en que «cuenta con los requisitos exigidos de conformidad con el Artículo 1º.
Parágrafo 2º. De la Ley 33 de 1985».
35. A su turno la Ley 33 de 1985 en su artículo segundo dispuso:
«ARTÍCULO 2º. La Caja de Previsión obligada al pago de pensión de jubilación, tendrá
derecho a repetir contra los organismos no afiliados a ellas, o contra las
respectivas Cajas de Previsión, a prorrata del tiempo que el pensionado hubiere
servido o aportado a ellos. El proyecto de liquidación será notificado a los organismos
deudores, los que dispondrán del término de quince (15) días para objetarlo, vencido el
cual se entenderá aceptado por ellos.
Para los efectos previstos en este artículo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
efectuará anualmente las compensaciones a que haya lugar, con cargo a los giros que
les correspondan a los organismos o Cajas, por concepto de aportes del Presupuesto
Nacional; cuando se trate de entidades del orden departamental, intendencial,
comisarial, municipal o del Distrito Especial de Bogotá, la compensación anual se
efectuará con cargo a las correspondientes transferencias de impuestos nacionales» (se
resalta).
36. Así las cosas, el departamento del Valle del Cauca es la entidad que debe asumir
la orden de reliquidación de la pensión de jubilación ordenada pues es la principal
obligada a sufragar la prestación y por ello no hay lugar a revocar la sentencia de
primera instancia, sin embargo se precisa que de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 2 de la Ley 33 de 1985 esta podrá repetir contra el Distrito de Cali o a la
administradora a la cual se efectuaron las cotizaciones respectivas, por el tiempo
en el que la docente prestó el servicio a tal entidad. No obstante, la demandante no
podrá verse afectada por los trámites interadministrativos que tengan que realizar
las aludidas entidades.
37. Ahora bien, el a quo estableció, en relación con la prescripción de los derechos
causados que, aunque no obra la solicitud de reliquidación pensional la prescripción
se debe contar a partir de la fecha de emisión del acto demandado.
18
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Demandante: Libia Quintero González
38. Cabe anotar, que a pesar de que la prescripción no fue un argumento del recurso
de apelación, en criterio de esta Subsección y de conformidad con lo previsto en el
artículo 187 del CPACA el juez debe pronunciarse sobre las excepciones que
encuentre probadas.
39. En ese orden de ideas se precisan las siguientes fechas:
Descripción Fecha
Reconocimiento de la pensión de Jubilación 5 de octubre de 1995
Retiro definitivo del servicio 31 de enero de 2004
Presentación de la reclamación administrativa 4 de marzo de 2004
Fecha del primer acto que niega la solicitud de
18 de diciembre de 2015
reliquidación
Presentación de la demanda 28 de noviembre de 201627
40. En vista de lo anterior el tribunal determinó que la prescripción se debía contar
a partir de la fecha de emisión del acto demandado, esto es el 18 de diciembre de
2015, por lo que declaró prescritas las diferencias por las mesadas anteriores al 18
de diciembre de 2012.
41. Aquella postura difiere de la posición actual de la Subsección mediante la cual,
de la interpretación del artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, la prescripción en
asuntos como el presente, en el que trascurrieron más de 3 años entre la radicación
de la reclamación y la presentación de la demanda, estarían prescritos los derechos
causados con anterioridad a los tres años anteriores al de la presentación de
aquella. En ese sentido, se acoge la posición mayoritaria de la Sala y en
consecuencia se modificará el ordinal primero de la sentencia apelada para declarar
la prescripción de las diferencias pensionales causadas con anterioridad al 28 de
noviembre de 2013.
2.4. Costas
42. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
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Demandante: Libia Quintero González
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
43. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
44. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma28.
45. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
46. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte
vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en
costas y revocará la impuesta en primera instancia por no advertirse que se hubiese
efectuado el anterior análisis.
3. Conclusión
47. Con fundamento en lo expuesto, la Sala confirmará parcialmente la sentencia de
31 de agosto de 2021, que accedió a las pretensiones de la demanda para precisar
la fecha de prescripción de las diferencias pensionales causadas y revocará la
condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
28En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
20
Radicado: 76001-23-33-000-2016-01784-01 (4071-2022)
Demandante: Libia Quintero González
F A L L A:
Primero. Modificar el ordinal primero de la sentencia proferida el 31 de agosto de
2021 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el cual quedará así:
Primero. Declarar la prescripción de las diferencias pensionales causadas con
anterioridad al 28 de noviembre de 2013.
Segundo. Revocar el ordinal cuarto de la sentencia proferida el 31 de agosto de
2021 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y, en su lugar, no condenar
en costas de primera instancia.
Tercero. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 31 de agosto de 2021 por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
Cuarto. No condenar en costas en esta instancia.
Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 el CPACA.
Sexto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo
de Estado.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000
-2020-00472-01 (1251-2024)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
ACCR
21
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