Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2020-02185-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2020-02185-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 15001-23-33-000-2020-02185-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
20 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero de Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 15001-23-33-000-2020-02185-01 (2994-2023)1
Demandante: Orlando Tomás Camargo Barón
Demandados: Nación - Ministerio de Educación Nacional, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Pensión jubilación docente, Ley 33 de 1985
Decisión: Apelación sentencia segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 10 de noviembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de
Boyacá2 - Sala de Decisión N° 5, que declaró la existencia del acto ficto y negó las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda3
1.1. Pretensiones
El 14 de septiembre de 2020, el señor Orlando Tomás Camargo Barón, por intermedio
de apoderada judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar que:
(i) Se declare la nulidad del acto ficto «configurado el 28 de diciembre de 2018»
en relación de la petición presentada el 27 de septiembre de 2018 con radicado
2018-PENS-644079, a través de la cual el demandante solicitó a la entidad el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación.
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Expediente electrónico, las actuaciones digitales pueden ser consultadas en el aplicativo Samai Consejo de Estado.
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Sala conformada por los Magistrado: Beatriz Teresa Galvis Bustos, Fabio Iván Afanador García Y Félix Alberto Rodríguez Riveros.
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Samai – expediente digital.
Número interno: 2994-2023
Demandante: Orlando Tomás Camargo Barón
Demandado: FOMAG
(ii) Declarar que el demandante tiene derecho a que se le reconozca y pague una
pensión de jubilación, equivalente al 75% de los salarios y las primas recibidas,
anteriores al cumplimiento del estatus jurídico de pensionado, es decir, a partir
del 7 de marzo de 2015.
A título de restablecimiento del derecho, pidió:
(i) Condenar a la NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL- FONDO
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO a que reconozca
y pague una pensión de jubilación equivalente al 75% de los salarios y las primas
recibidas, anteriores al cumplimiento el estatus jurídico de pensionado, es decir a
partir del 7 de marzo de 2015.
(ii) Ordenar a la demandada a dar cumplimiento al fallo, tal como lo dispone el artículo
192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA).
(iii) Condenar a la NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL- FONDO
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, al
reconocimiento y pago de los ajustes de valor a que haya lugar con motivo de la
disminución del poder adquisitivo de cada una de las sumas adeudadas.
(iv) Condenar en costas a la demandada y al pago de intereses moratorios.
(v) Ordenar a la NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL- (FONDO
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO), la inclusión en
la nómina de pensionados, una vez sea reconocido este derecho y el respectivo
pago de las mesadas atrasadas.
(vi) Condenar en costas a la demandada.
1.2. Hechos
i) El demandante nació el 7 de marzo de 1960 y en la actualidad tiene más de 55 años
de edad.
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Número interno: 2994-2023
Demandante: Orlando Tomás Camargo Barón
Demandado: FOMAG
ii) El señor Orlando Tomás Camargo Barón se vinculó por primera vez como empleado
público del 1° de diciembre de 1981 al 18 de enero de 1989 en el Departamento de
Boyacá; luego del 26 de mayo de 1989 al 27 de diciembre de 1995 en el Departamento
de Boyacá, y del 17 de septiembre de 2007 hasta el 30 de diciembre de 2007 en la
Asamblea de Boyacá.
iii) El actor estuvo vinculado mediante órdenes de prestación de servicios con la
Secretaría de Educación de Boyacá, en los siguientes periodos: i) del 10 de julio de 2000
al 1° de diciembre de 2000, ii) del 9 de julio de 2001 al 5 de diciembre de 2001, iii) del 1°
de febrero de 2002 al 30 de noviembre de 2002, y iv) del 3 de febrero de 2003 al 30 de
noviembre de 2003.
iv) Entre el 17 de marzo de 2004 y el 9 de enero de 2006 el señor Camargo Barón estuvo
vinculado en provisionalidad en la Secretaría de Educación de Boyacá y, en el año 2008
fue nombrado en propiedad con vinculación oficial hasta la fecha de presentación de la
demanda.
v) Una vez cumplió 55 años de edad y completó 20 años de servicio, el demandante
solicitó ante la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio, el reconocimiento de la pensión de jubilación, para que le fuera
reconocida a partir del “7 de marzo de 2015”, fecha en la que completó el estatus jurídico
de pensionado.
1.2. Normas violadas y concepto de violación
La parte actora invocó como normas violadas las siguientes:
Ley 33 de 1985 artículo 1 inciso 2
Ley 91 de 1989, artículo 15 numerales 1 y 2
Ley 60 de 1993, artículo 6
Ley 115 de 1993, artículo 115
Ley 100 de 1993, artículo 279
Ley 812 de 2003, artículo 81
Decreto 3752 de 2003, artículo 1 y 2
Ley 71 de 1988, art. 7
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Número interno: 2994-2023
Demandante: Orlando Tomás Camargo Barón
Demandado: FOMAG
En la demanda se explicó las normas en orden cronológico aplicables a los docentes
beneficiarios de la pensión ordinaria de jubilación, para señalar que los docentes
vinculados con anterioridad al año 2003, se le aplican las normas anteriores a la
expedición de la Ley 812 de 2003, esto es, la Ley 33 de 1985, y si se trata de docentes
que tenían aportes al sector privado la ley aplicable es la Ley 71 de 1988 para la pensión
por aportes.
Así mismo, la parte demandante adujo que se encontraba amparado por la transición del
artículo 81 de la Ley 812 de 2003, pues “los docentes vinculados con anterioridad al año
2003 se le aplica las normas anteriores a la expedición de la Ley 812, es decir, la Ley 33
de 1985, como servidores públicos regulares o si se trataba de docentes que tenían
aportes al sector privado la Ley 71 de 1988 para la pensión por aportes”. Señaló que el
régimen pensional de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, se determinaba por la fecha de vinculación del docente al servicio
educativo estatal, es decir, aquellos vinculados con anterioridad al 27 de junio de 2003,
fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, les corresponde el régimen pensional
establecido en la Ley 91 de 1989 y las demás normas vigentes; y si la vinculación es
posterior al 27 de junio de 2003, el régimen pensional aplicable será el de prima media
con prestación definida, regulado en la Ley 100 de 1993, con las modificaciones de la
Ley 797 de 2003.
2. Contestación de la demanda4
2.1. El Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio
La entidad demandada se opuso a las pretensiones de la demanda y solicitó que fueran
negadas, por considerar que el accionante no cumplía con los requisitos legales para
acceder al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación.
Señaló que si la vinculación del docente ocurría con anterioridad al 27 de junio de 2003-
fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003- el régimen pensional era el
establecido en la Ley 91 de 1989. Así mismo, si el ingreso al servicio educativo docente
se dio con posterioridad al 27 de junio de 2002, el régimen aplicable era el regulado en
la Ley 100 de 1993 con las modificaciones introducidas por la Ley 797 de 2003, según la
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Expediente digital – SAMAI.
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Número interno: 2994-2023
Demandante: Orlando Tomás Camargo Barón
Demandado: FOMAG
edad para hombres y mujeres en 57 años.
Manifestó que para determinar el ingreso base de liquidación de las personas
beneficiarias del régimen de transición y que tuvieran derecho a la pensión de jubilación
por aportes era la establecida en el artículo 6º del Decreto 2709 de 1994.
Consideró que se puede establecer que el accionante se vinculó como docente oficial en
el año 2008, es decir, luego de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo que
le es aplicable el régimen general de la Ley 100 de 1993 y, en consecuencia, debía
cumplir 1300 semanas cotizadas y 57 años de edad.
Como excepciones planteó ineptitud de la demanda por carencia de fundamento jurídico
y cobro de lo no debido.
3. La sentencia de primera instancia5
El Tribunal Administrativo de Boyacá- Sala de Decisión N°5, mediante sentencia del 10
de noviembre de 2022, declaró la existencia del acto administrativo ficto o presunto
negativo frente a la petición elevada por el señor Orlando Tomás Camargo Barón del 27
de septiembre de 2018 y, al tiempo, negó las pretensiones de la demanda (sin condena
en costas).
Puso de presente que el demandante prestó los servicios como docente por contrato de
prestación de servicios entre el 10 de julio de 2000 y el 1° de diciembre de 2000; del 9 de
julio de 2001 hasta el 5 de diciembre de 2001; entre el 5 de febrero de 2002 y el 16 de
mayo de 2002; del 16 de julio de 2002 al 30 de noviembre de 2002; entre el 3 de febrero
de 2003 y el 12 de diciembre de 2003. Así mismo, el actor estuvo vinculado por
nombramiento provisional desde 17 de marzo de 2004 al 31 de diciembre de 2005 y en
propiedad desde el 1° de agosto de 2008 hasta la vinculación actual. También realizó
cotizaciones pensionales al ISS hoy Colpensiones, desde el 1 de febrero de 1996 al 31
de octubre de 1998 y del 1º de septiembre de 2007 al 31 de enero de 2008.
Sostuvo que el demandante estuvo vinculado por primera vez como docente por medio
de órdenes de prestación de servicios suscritas con la Secretaría de Educación de
Boyacá entre el 10 de julio de 2000 al 12 de diciembre de 2003. Sin embargo, no estaba
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Expediente digital – SAMAI.
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Número interno: 2994-2023
Demandante: Orlando Tomás Camargo Barón
Demandado: FOMAG
acreditado que durante este lapso hubiera efectuado aportes y/o cotizaciones a pensión,
razón por la cual dichos periodos no se tuvieron en cuenta.
Así las cosas, la fecha de ingreso al servicio docente del demandante fue el 17 de marzo
de 2004, esto es, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
Ahora bien, el a quo también analizó si el demandante era beneficiario del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, en razón a que no cumplió con los requisitos exigidos
por la Ley 812 de 2003. Anotó que, si bien se acreditó la edad a la entrada en vigencia
de la Ley 100 de 1993, no cumplía con el tiempo de servicio, pues solo contaba con 11
años, 11 meses y 21 días, lo que permite concluir que no era beneficiario del régimen de
transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Por otro lado, el Tribunal evidenció que la Secretaría de Educación de Boyacá profirió la
Resolución No. 4597 de 7 de diciembre de 2020, “Por la cual se reconoce y ordena el
pago de una PENSIÓN DE VEJEZ (Ley 100 de 1993)”, conforme a las disposiciones que
le es aplicable, es decir, Ley 100 de 1993 y el IBL de la pensión será determinable una
vez se retire del servicio.
4. El recurso de apelación
La parte demandante6 interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia e insistió en las pretensiones de la demanda, por considerar que era beneficiario
de la transición prevista en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, teniendo en cuenta la
fecha de vinculación al servicio docente.
Adujo que la Ley 71 de 1988 permite a los trabajadores obtener la pensión de jubilación,
teniendo en cuenta la sumatoria de tiempos cotizados al Seguro Social y como servidor
público en las cajas de previsión de cualquier orden. Por lo que la pensión de jubilación
por aportes, pasaba a constituir una modalidad de pensión aplicable en virtud del
mencionado régimen de transitoriedad. Además, consideró que exigir más requisitos
vulneraba los derechos fundamentales del señor Camargo Barón.
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Expediente digital – SAMAI Tribunal Administrativo de Boyacá.
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Número interno: 2994-2023
Demandante: Orlando Tomás Camargo Barón
Demandado: FOMAG
Fundamentó el recurso en la sentencia del Consejo de Estado del 17 de junio de 20227,
respecto a la vinculación por medio de órdenes de prestación de servicios, sin que
hubiera necesidad de declarar la existencia de la relación laboral.
La parte actora reiteró que se vinculó por primera vez al servicio público el 1º de diciembre
de 1981 y como docente el 10 de julio de 2000, cumpliendo a la fecha con más de 20
años de servicio en el sector público, o 1000 semanas de cotización; además, afirmó que
cumplía con el requisito de edad, pues nació el 7 de marzo de 1960, razón por la cual
solicitó, en atención al principio de favorabilidad, que se le reconociera la pensión de
jubilación por aportes.
5. Trámite del recurso de la Ley 2080 de 2021
Con auto de 31 de agosto de 20238, se admitió el recurso de apelación conforme a lo
previsto en el numeral 3° del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021; sin embargo, por no existir
pruebas que decretar en segunda instancia, se prescindió del periodo para que las partes
alegaran de conclusión.
La parte actora presentó alegatos de conclusión, en los que insistió en los argumentos
de la demanda. Así mismo, el representante del Ministerio Público rindió concepto.
5.1. Concepto del Ministerio Público
La Procuraduría Delegada de intervención 8 Tercera ante el Consejo de Estado solicitó
confirmar la sentencia del 10 de noviembre del 2022, toda vez que, además de contar
con la fecha de vinculación anterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, se
debe contar con las cotizaciones y aportes al sistema de seguridad social, pues se trataba
de una vinculación inválida para hacerse acreedor a un determinado régimen pensional.
Lo anterior, de conformidad con las Sentencias de Unificación del 25 de abril de 2019 y
del 28 de agosto de 2018, en concordancia con el Acto Legislativo 01 de 2005.
Igualmente, dio cuenta que, en el presente caso, no se vulneraba el derecho a la
seguridad social, por cuanto el demandante ya tenía reconocida una pensión de vejez y
7
Magistrado Ponente: Dr. William Hernández Gómez. Radicado 4678-2021.
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Índice 005 SAMAI.
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Número interno: 2994-2023
Demandante: Orlando Tomás Camargo Barón
Demandado: FOMAG
había manifestado inexistencia de los aportes cuando ejerció actividades docentes a
través de los contratos de prestación de servicios entre el 2000 y 2003.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
De conformidad con el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 25 de
la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, es
competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias
dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos.
2.2. Problema jurídico
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante,
corresponde a la Sala determinar si el señor Orlando Tomás Camargo Barón tiene
derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes, con inclusión del
tiempo laborado como docente mediante órdenes de prestación de servicios, conforme a
la Ley 71 de 1988, en cuantía del 75% del promedio de todos los factores salariales
devengados en el año anterior a la adquisición del estatus jurídico respectivo, o si la
norma que le resulta aplicable es la Ley 100 de 1993.
Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes aspectos:
El derecho fundamental a la seguridad social
Como es bien sabido, la seguridad social es un derecho reconocido como un derecho
fundamental. La Constitución Política de Colombia en su artículo 48 define la seguridad
social como un servicio público de carácter obligatorio que debe ser prestado bajo la
dirección, coordinación y control del Estado a través de las entidades dispuesta por ello,
como una garantía irrenunciable de todas las personas9.
Ciertamente este derecho, guarda una estrecha relación con la dignidad humana puesto
que permite que cualquier persona haga frente a las circunstancias que las privan de su
capacidad para ejercer plenamente sus derechos y disfrutar de los aspectos sencillos de
9
Corte Constitucional Sentencia T-321 de 1999.
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Número interno: 2994-2023
Demandante: Orlando Tomás Camargo Barón
Demandado: FOMAG
la vida. Se ha reconocido, por las Naciones Unidas que la seguridad social desempeña
una importante labor en la reducción y el alivio de la pobreza y la prevención de la
exclusión social.
Ahora bien, la protección que el orden constitucional le confiere al derecho a la seguridad
social también encuentra respaldo en varios instrumentos internacionales que reconocen
este derecho. Así sucede con la Declaración Universal de Derechos Humanos la cual
establece que: “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la
seguridad social, y obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional,
habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los
derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre
desarrollo de su personalidad”.
Por su parte, el artículo 16 de la Declaración Americana de los Derechos de la Persona
afirma que: “Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las
consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de
cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener
los medios de subsistencia”.
En igual sentido, el artículo 9° del Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales
pregona que “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda
persona a la seguridad social, incluso al seguro social”.
De manera similar, el artículo 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prescribe
que: “Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las
consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente
para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del
beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes”.
Como se infiere de las normas internacionales mencionadas, el derecho a la seguridad
social busca proteger a todas las personas que, se encuentran en imposibilidad física o
mental para obtener los medios de subsistencia que le permitan llevar una vida digna a
causa de la vejez, del desempleo o de una enfermedad o incapacidad laboral.
9
Número interno: 2994-2023
Demandante: Orlando Tomás Camargo Barón
Demandado: FOMAG
La Corte Constitucional, se ha pronunciado sobre la necesidad que existe de cubrir
riesgos que son propios a la condición humana que no pueden desconocerse y requieren
un alto grado de protección. Tal es el caso, de la pensión de vejez, que es uno de los
mecanismos que, en virtud del derecho a la seguridad social, protege a las personas
cuando se produce una disminución de la producción laboral que impide o dificulta
obtener los recursos para disfrutar de una vida digna”10 .
En este sentido, la pensión de vejez ha sido definida por la jurisprudencia constitucional
como un "salario diferido del trabajador, fruto de su ahorro forzoso durante toda una vida
de trabajo". Por lo tanto, "el pago de una pensión no es una dádiva súbita de la Nación,
sino el simple reintegro que del ahorro constante durante largos años, es debido al
trabajador"11.
Por su parte, el Convenio núm. 102 “Sobre la Seguridad Social” de la Organización
Internacional del Trabajo establece un deber de los estados miembros de garantizar el
derecho a la seguridad social.
En un inicio, los docentes oficiales fueron destinatarios de la pensión de jubilación
prevista por la Ley 6ª de 1945, según la cual, quien acumulara 20 años de servicio y
llegara a 50 años de edad, tendría derecho a una pensión vitalicia de jubilación liquidada
con el 75% del «promedio de los sueldos devengados durante el último año».
Posteriormente, sus derechos pensionales fueron regidos por la Ley 33 de 1985, norma
que consagró el derecho a obtener una pensión de jubilación para aquellos que
acumularan 20 años de servicio y cumplieran 55 años de edad, liquidada con el 75% «del
salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio».
Con la Ley 91 de 1989 se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
concebido como una cuenta especial de la Nación, que tenía como finalidad realizar el
pago de las prestaciones sociales de los docentes. En estos términos, el Fondo tiene
dentro de sus funciones, reconocer la pensión de jubilación, post mortem, de retiro por
vejez, de invalidez y la sustitución pensional.
Ahora bien, en la misma ley mencionada, se determinó que a los docentes afiliados a
dicho Fondo se les aplicaría el mismo régimen pensional de los empleados del sector
público nacional. Así lo prescribe, el artículo 15 literal b) de la Ley 91 de 1989 según el
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Sentencia T 163 de 2013.
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Sentencia C.177 de 1998.
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Número interno: 2994-2023
Demandante: Orlando Tomás Camargo Barón
Demandado: FOMAG
cual “para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1 de enero de 1990, cuando
se cumplan los requisitos de Ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación
equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional” (Subrayado fuera de texto).
En ese orden, aunque si bien es cierto que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 determinó
que la pensión ordinaria de jubilación de los docentes corresponderá al equivalente al
75% del salario mensual promedio del último año de servicios, también lo es que, no
especificó los requisitos de reconocimiento de la prestación, y por ello, remite al régimen
vigente para los pensionados del sector público nacional. Ahora bien, ese régimen
atendiendo a la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado12,
corresponde al consagrado para el sector público en la Ley 33 de 1985, esto teniendo en
cuenta que el régimen de seguridad social en materia pensional establecido en la Ley
100 de 1993 no se aplica a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, por expreso mandato del artículo 279 de esta normativa.
De acuerdo con lo anterior, el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 prevé que el empleado
oficial que sirva o haya servido 20 años continuos o discontinuos y llegue a la edad de 55
años tendrá derecho a que la respectiva Caja de Previsión le pague una pensión mensual
vitalicia de jubilación equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los
aportes durante el último año de servicio. Por su parte, el artículo 3° de esta misma
disposición, modificado por el artículo 1° de la Ley 62 de 1985, indica que la base de
liquidación de los aportes estará constituida por la asignación básica, los gastos de
representación, la prima técnica, los dominicales y feriados, las horas extras, la
bonificación por servicios prestados y trabajo suplementario o realizado en jornada
nocturna o en días de descanso obligatorio. Y precisa que, en todo caso, “las pensiones
de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos
factores que hayan servido de base para calcular los aportes”.
Así las cosas, la expedición de la Ley 100 de 1993, no varió las condiciones de cómo se
venían reconociendo las pensiones para el sector docente, puesto que como dicho
gremio estaba exceptuado, se les seguía aplicando las condiciones fijadas, en las ya
12
Sentencia del 20 de octubre de 2014, proferida por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado. Radicado
68001233100020110027601.
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Número interno: 2994-2023
Demandante: Orlando Tomás Camargo Barón
Demandado: FOMAG
mencionada Ley 91 de 1989 en concordancia con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y
27 del Decreto 3135 de 1968, este último derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de
1985.
Esta realidad cambió con la expedición de la Ley 812 de 2003 “Por la cual se aprueba el
Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario", puesto que a
través del artículo 8113 introdujo importantes cambios en el régimen de los docentes
oficiales, con el fin de incorporar a este sector al sistema de seguridad en pensiones
regulado por la Ley 100 de 1993.
En efecto, el artículo 81 en cita, determinó que el régimen de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales que se encontraban vinculados al servicio público educativo
oficial sería «[…] el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con
anterioridad a la entrada en vigencia de [esa] ley»; sin embargo, en seguida reguló que
los docentes oficiales vinculados a partir de su entrada en vigor (27 de junio de 2003),
deben ser afiliados al Fomag y tendrán los derechos del régimen pensional de prima
media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, «con los requisitos previstos
en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres
y mujeres».
El Acto Legislativo 01 de 2005, por medio del cual se reformó el artículo 48 de la
Constitución Política, ratificó el alcance del art. 81 de la Ley 812 de 2003 en relación con
el régimen docente. En el parágrafo transitorio núm. 1o dispuso que “El régimen pensional
de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el
artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la
vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes
del Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003”.
La Sección Segunda del Consejo de Estado, en el marco del anunciado cambio
legislativo, profirió la Sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de 201914,
en la cual estableció que para definir el régimen pensional que regula el derecho a la
pensión de jubilación y/o vejez para los docentes nacionales, nacionalizados o
13
Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 2341 de 2003, Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 3752 de
2003.
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Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino Cortés.
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Número interno: 2994-2023
Demandante: Orlando Tomás Camargo Barón
Demandado: FOMAG
territoriales, es necesario tomar como punto de partida la fecha de ingreso al servicio
educativo oficial docente. En esos términos quedó explicado en la citada sentencia:
«[…]
I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público educativo oficial con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se vincularon a partir de la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos docentes, también afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido
en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con
excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres».
De acuerdo con esta interpretación, la Sección Segunda concluyó que para quienes se
hayan vinculado al servicio público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigor
de la Ley 812 de 2003, lo cual ocurrió el 27 de junio del mismo año15 la liquidación de la
pensión ordinaria de jubilación sería la que corresponde “al mismo régimen de pensión
ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley
33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que
se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de
1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo”16.
Ahora bien, para los docentes que ingresaron al servicio educativo a partir de la Ley 812
de 2003, en el mismo fallo se dispuso lo siguiente:
«[…] 68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, son
igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y son beneficiarios
del régimen pensional de prima media en las condiciones previstas en la Ley 100 de 1993 y 797
de 2003, salvo en lo que tiene que ver con la edad, la que, según el artículo 81 de la citada Ley 812
de 2003 se unificó para hombres y mujeres en 57 años 17. Esto quiere decir, que para el ingreso base
de liquidación de este grupo de docentes debe tenerse en cuenta lo previsto en la Ley 100 de 1993
y el Decreto 1158 de 1994.
69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de pensiones y no la
regulación prevista en la Ley 91 de 1989. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de
liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas
cotizaciones […]».
En resumen, a los docentes vinculados antes del 27 de junio de 2003 se les aplicarán las
leyes 91 de 1989 y 33 de 1985. Requisito de edad: 55 años. Requisito de tiempo
o semanas: 20 años de servicio. Monto: 75% con un IBL o Componente temporal:
del último año anterior a la adquisición del derecho a la pensión, en consideración
15
Diario Oficial No. 45.231, de 27 de junio de 2003.
16
0937-2017. M.P. César Palomino Cortés.
17 La Ley 1151 de 2007 en el artículo 160 conservó la vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y derogó el artículo 3 del Decreto
3752 de 2003.
13
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de la compatibilidad del ejercicio de la docencia con el goce de la pensión de
jubilación prevista por el art. 5º de la Ley 224 de 1972; o último año de prestación
de servicios, según corresponda.
En contraste, a los docentes vinculados a partir del 27 de junio de 2003, se les aplicará
la Ley 100 de 1993 y Ley 797 de 2003. Requisito de edad: 57 años. Requisito de tiempo
de servicios: según corresponda de acuerdo con el artículo 33 de la Ley 100 de 1993.
Monto: el que resulte de aplicar las reglas previstas en el artículo 34 de la Ley 100 de
1993, según corresponda en el tiempo y con IBL o componente temporal de los últimos
10 años o toda la vida laboral, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.
De acuerdo con lo anterior, el régimen de los docentes vinculados con antelación a la
promulgación de la Ley 812 de 2003, es el previsto en la Ley 91 de 1989 que, a su vez,
remite al «[…] régimen vigente para los pensionados del sector público nacional»,
contenido en los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este
último derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.
Es importante destacar, aunque parezca de perogrullo que, el régimen de los
pensionados del sector público nacional, consagrado en la Ley 33 de 1985, solo permite
sumar los tiempos públicos servidos al sector oficial.
La Ley 71 de 1988- Finalidad y alcance
Con anterioridad a la Constitución de 1991 y la Ley 100 de 1993, no era posible que los
trabajadores del sector público y del sector privado sumaran el tiempo servido en los dos
sectores para efectos de obtener su derecho pensional, esto traía como consecuencia
que unos y otros no lograran en varias oportunidades completar el tiempo para acceder
a dicha prestación.
Con la expedición de la Ley 71 de 1988, el legislador buscó dar solución a esta
contingencia consagrando la “pensión de jubilación por acumulación de aportes”, según
el artículo 7º de esta disposición, como aquella que se obtiene sumando los tiempos de
cotización en el sector público y privado. De acuerdo con ello, a partir de esta
normatividad, los empleados oficiales y públicos y los trabajadores particulares que
acrediten, 55 años si es mujer y 60 años si es varón, y 20 años de aportes sufragados en
cualquier tiempo en una o varias entidades de previsión social o de las que hagan sus
14
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veces, con los efectuados ante el I.S.S., tendrán derecho a acceder a la prestación
jubilatoria mediante la acumulación de aportes y cotizaciones derivados de la relación
contractual particular u oficial y la legal y reglamentaria.
Es importante mencionar que el nacimiento en el ordenamiento jurídico de la Ley 71 de
1988, no produjo ninguna modificación en los regímenes ordinarios de pensión que
existían hasta ese momento. Así quedó claramente señalado en el artículo 11º de la
misma Ley 71 en el que se indicó que "esta ley y las leyes 33 de 1973, 12 de 1975, 4a.
de 1976, 44 de 1980, 33 de 1985, 113 de 1985 y sus decretos reglamentarios, contienen
los derechos mínimos en materia de pensiones y sustituciones pensionales y se aplicarán
en favor de los afiliados de cualquier naturaleza de las entidades de previsión social, del
sector público en todos sus niveles y de las normas aplicables a las entidades de
previsión social del sector privado, lo mismo que a las personas naturales y jurídicas que
reconozcan y paguen pensiones de jubilación, vejez e invalidez".
La Corte Constitucional en la Sentencia C-012 de 1994, puso de presente que con
anterioridad a la Ley 71 de 1998 “los regímenes jurídicos sobre pensiones no permitían
obtener el derecho a la pensión de jubilación acumulando el tiempo servido en entidades
oficiales, afiliadas a instituciones de previsión social oficiales y a las cuales se habían
hecho aportes, con el tiempo servido a patronos particulares, afiliados al Instituto
Colombiano de los Seguros Sociales, y al cual, igualmente se había aportado, aun
cuando si era procedente obtener el derecho a la pensión acumulando el tiempo servido
a diferentes entidades oficiales, cuando se hubieren hecho aportes a diferentes entidades
de previsión social oficial o al ISS".
En el contexto descrito, el establecimiento de la pensión de jubilación por aportes se
convirtió en una garantía para los empleados oficiales y públicos y los trabajadores
particulares, de sumar todas las cotizaciones realizadas en su historia laboral,
independientemente de si estas tuvieron origen en el sector público o privado, para cubrir
su riesgo de vejez.
La Sección Segunda, también se ha pronunciado sobre las implicaciones que ha tenido
la expedición de la Ley 71 de 1998 en relación con la pensión por aportes. Sobre dicha
prestación, esta Corporación18 también se ha pronunciado de la siguiente manera:
18 Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección B; sentencia de 9 de junio de 2011; expediente: 25000-23-25-000-2005-
05520-01(1117-09); consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve.
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«[…] En el modelo de prestaciones sociales y de seguridad social anterior a la Constitución de
1991 y la Ley 100 de 1993, el sistema pensional aplicable a los trabajadores del sector privado era
diferente al aplicable a los servidores públicos, al punto de que por regla general no era posible,
para efectos de la pensión, sumar el tiempo servido en una u otra calidad de vínculo laboral. Para
remediar esta situación el Congreso expidió la Ley 71 de 1988, la cual, en su artículo 7 de la Ley
71 de 1988 consagró la denominada “pensión de jubilación por acumulación de aportes”, es decir,
aquella que se obtiene sumando los tiempos de cotización y de servicios en el sector público y en
el privado.»
De acuerdo con todo lo dicho, la pensión por aportes representó la oportunidad para
empleados públicos y privados de sumar sus aportes para efectos pensionales.
Aplicación de la pensión por aportes regulada por la Ley 71 de 1988, a los docentes
vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003
Aunque en oportunidades anteriores, el suscrito ponente de esta decisión había salvado
el voto en asuntos como el que se discute en esta ocasión, a partir de la sentencia del 30
de enero del 202519 acompañó la posición mayoritaria de la Sala, en la que se determinó
que la Ley 71 de 1988 sí era aplicable a los docentes estatales.
Ciertamente, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, llegó a la
mencionada conclusión al interpretar la Ley 71 de 1988, de conformidad con lo previsto
en los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989.
La Sala expresó en esta oportunidad varios razonamientos que dan lugar a esta
interpretación. En síntesis, estos fueron los siguientes:
“En primer lugar, el legislador tuvo la intención al establecer en el numeral 2, literal b), del artículo
15 de la Ley 91 de 1989 que los docentes «gozarán del régimen vigente para los pensionados
del sector público nacional» lo que significa que dicha expresión también incluye que puedan ser
beneficiarios de la Ley 71 de 1988 puesto que esta normativa está dirigida a todos los empleados
públicos en general, sin hacer exclusión expresa de algún sector.
En segundo lugar, interpretar que el artículo 15.2 literal b), de la Ley 91 de 1989 no remitió también
al 7 de la Ley 71 de 1988 implicaría aceptar que los docentes no hacen parte de la categoría de
«empleados oficiales»20 a los que esta última norma gobierna. Tal entendimiento conllevaría a
aseverar, sin ser cierto, (i) que esta última ley no contiene un régimen pensional aplicable a los
empleados «del sector público nacional» cuando los cobija a todos; y (ii) que la Ley 33 de 1985
es la única aplicable a esta clase de trabajadores, cuando no es así.
En tercer lugar, la Ley 71 de 1988, fijó unos derechos pensionales que no pueden ser
desconocidos a ningún servidor público o trabajador privado. En efecto, en su artículo 11,
analizado antes en esta providencia y que debe ser interpretado de manera sistemática con el 7
por ser parte de un mismo texto legal y referirse a igual materia, determinó que su contenido y las
disposiciones que quedaron vigentes de las leyes 4 de 1976, 33 de 1973, 12 de 1975, 44 de 1980
y 113 de 1985, junto con la Ley 33 de 1985, comprenden los «derechos mínimos» en materia de
19
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 30 de enero de 2025. Exp. 0391-2022. M.P. Juan Enrique
Bedoya Escobar.
20 El Decreto 2277 de 1979 «Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente» los clasificó en su artículo 3
como «empleados oficiales de régimen especial».
16
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pensiones y sustituciones pensionales aplicables «al sector público en general y en todos los
niveles».
En cuarto lugar, no hay un mandato legal que disponga que los docentes oficiales deben ejercer
durante toda su vida laboral la enseñanza en el sector público para que se les aplique el numeral
2 literal b), del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, esto es, para tener derecho a pensionarse con
las normas del régimen pensional de los empleados del sector público nacional. En efecto, el
numeral referido trae como única condición la de ser docente oficial nacional o nacionalizado
vinculado a partir del 1° de enero de 1981 o del 1.° de enero de 1990. En ninguno de sus apartes
exige que deba ejercerse durante un determinado tiempo la docencia oficial.
En quinto lugar, si bien la Ley 33 de 1985 en su artículo 1 dispuso que quedaban cobijados por
sus reglas todos los empleados públicos salvo «los empleados oficiales que trabajan en
actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado
expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones», lo cierto
es que tal enunciado normativo que establece una excepción tan estricta no implica que a los
docentes no los pueda gobernar otra norma en temas pensionales porque las leyes 71 de 1988
y 91 de 1989 se expidieron con posterioridad”.
Para la Sala, los argumentos expuestos en esta oportunidad, no solo ofrecen una
interpretación sistemática de las normas que regulan el régimen docente, sino además
de ello, corresponden a una interpretación que materializa el principio de favorabilidad en
materia laboral consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política. Ciertamente,
considerar que la denominada pensión por aportes creada por la Ley 71 de 1988, es
aplicable a los docentes oficiales, conlleva a la obligación de optar por la situación más
favorable al empleado, incluso cuando de la norma surjan varias interpretaciones
posibles, como en el presente, en donde respecto al numeral 2, literal b), del artículo 15
de la Ley 91 de 1989 en donde se afirma que los docentes «gozarán del régimen vigente
para los pensionados del sector público nacional» podría acogerse una primera
interpretación que los excluye, porque expresamente no se mencionó la Ley 71 de 1988,
y una segunda, que sí los incluye, bajo la idea que los docentes como empleados públicos
también pueden acceder al régimen pensional por aportes señalado en la pluricitada Ley
71 de 1988, postura que fue expuesta por la Sala.
De igual manera, esta posición, también encuentra sustento en una interpretación
Finalista de la Ley 71 de 1988 que como se expuso en párrafos precedentes, tenía como
objetivo que cualquier empleado del sector público o privado, contara con la posibilidad
de sumar sus cotizaciones, sin importar el origen del sector en donde éstas fueron
causadas, en tal sentido, considerar que los docentes no tienen derecho a sumar sus
aportes a la luz de dicha normativa, trae como consecuencia, una transgresión al derecho
a la igualdad de este sector de la población, puesto que mientras el art. 7º de la Ley 71
de 1988 permite que accedan a la pensión por aportes todos los empleados públicos,
oficiales y los trabajadores privados, una interpretación restrictiva los excluiría, y con ello
17
Número interno: 2994-2023
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se crea una barrera de acceso al derecho a la pensión de aquellos que no puedan
obtenerla sumando únicamente los tiempos públicos.
Ciertamente aplicar una interpretación favorable, según la cual los docentes también
puedan acumular las semanas sin importar que cambien de empleador, permite sin duda
que se materialice el derecho fundamental a percibir una pensión de vejez, que solamente
tiene origen en el trabajo continuado del trabajador que espera en algún momento recibir
el ahorro que ha guardado para disfrutar de un descanso remunerado y en condiciones
dignas.
Marco Normativo para reconocer el pago de la pensión de jubilación por aportes
Bajo el contexto que se ha descrito, los docentes tienen derecho a que se aplique la Ley
71 de 1988, siempre y cuando se hayan vinculado al ejercicio docente público oficial con
anterioridad al 27 de junio de 2003, fecha en la que entró en vigencia la Ley 812 del
mismo año. Cumplida esta condición, y en el evento en que los docentes hayan prestado
sus servicios en entidades públicas y privadas, podrán acceder al reconocimiento de la
pensión por aportes, de acuerdo a lo requisitos establecidos en el artículo 7º de dicha
normativa, que dispone lo siguiente:
«Artículo 7. A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y trabajadores que
acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias
de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional, departamental,
municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán
derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es
varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer.
El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el reconocimiento y pago de
esta prestación y determinará las cuotas partes que correspondan a las entidades involucradas».
Esta disposición, fue reglamentada por el Decreto 2709 del 13 de diciembre de 1994, de
la siguiente manera:
«Artículo 1°. Pensión de jubilación por aportes. La pensión que se refiere el artículo 7o. de la Ley 71
de 1988, se denomina pensión de jubilación por aportes.
Tendrán derecho a la pensión de jubilación por aportes quienes al cumplir 60 años o más de edad
si es varón, o 55 años o más si se es mujer, acrediten en cualquier tiempo, 20 años o más de
cotizaciones o aportes continuos o discontinuos en el Instituto de Seguros Sociales y en una o varias
de las entidades de previsión social del sector público.
Artículo 2°. Efectividad y pago de la pensión de jubilación por aportes. La pensión de jubilación por
aportes, para los servidores públicos se hará efectiva una vez se retiren del servicio. Para los demás
trabajadores, se requiere la desafiliación de los seguros de invalidez, vejez o muerte y accidente de
trabajo y enfermedad profesional, salvo las excepciones previstas en la ley.
18
Número interno: 2994-2023
Demandante: Orlando Tomás Camargo Barón
Demandado: FOMAG
Artículo 3°. Incompatibilidad de la pensión de jubilación por aportes. La pensión de jubilación por
aportes es incompatible con las pensiones de jubilación, invalidez, vejez y retiro por vejez. El
empleado o trabajador podrá optar por la más favorable cuando haya concurrencia entre ellas.
Artículo 4°. Entidad de previsión. Para efectos de la pensión de jubilación por aportes, se tendrá
como entidad de previsión social a cualquiera de las cajas de previsión social, fondos de previsión,
o las que hagan sus veces del orden nacional, departamental, intendencial, comisarial, municipal o
distrital y al Instituto de los Seguros Sociales.
[…]
Artículo 6º. Salario base para la liquidación de la pensión de jubilación por aportes. El salario base
para la liquidación de esta pensión, será el salario promedio que sirvió de base para los aportes
durante el último año de servicios, salvo las excepciones contenidas en la ley.
Si la entidad de previsión es el ISS se tendrá en cuenta el promedio del salario base sobre el cual
se efectuaron los aportes durante el último año y dicho instituto deberá certificar lo pagado por los
citados conceptos durante el período correspondiente.
Artículo 8o. Monto de la pensión de jubilación por aportes. El monto de la pensión de jubilación por
aportes será equivalente al 75 % del salario base de liquidación. El valor de la pensión de jubilación
por aportes, no podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente ni superior a quince (15)
veces dicho salario, salvo lo previsto en la ley».
Siguiendo el tenor literal de las normas transcritas, para tener derecho a una pensión de
jubilación, bajo la Ley 71 de 1988, se requiere que los empleados oficiales y trabajadores
cumplan los siguientes requisitos: 1) que acumulen 20 años continuos o discontinuos
cotizados en una o varias entidades de previsión de cualquier orden y en el ISS (hoy
Colpensiones); 2) que cumplan la edad de 55 años si es mujer y 60 si es hombre.
De otra parte, en lo que se refiere al monto que se tiene en cuenta para liquidar esta
pensión de jubilación por aportes, este corresponde al 75% del salario promedio base
para los aportes durante el último año de servicios.
2.3. Hechos probados
i) El señor Orlando Tomas Camargo nació el 7 de marzo de 196021, según da cuenta la
copia del registro civil de nacimiento número 21624140-4 y la cédula de ciudadanía que
obra en el expediente.
ii) Según la constancia expedida por la Secretaría General - Dirección de Servicios
Administrativos – Archivo General del Departamento de Boyacá, el señor Orlando Tomás
Camargo Barón laboró al servicio del Departamento de Boyacá, en calidad de empleado
público en los siguientes periodos: i) del 1° de diciembre de 1981 al 18 de enero de 1989,
ii) del 23 de febrero de 1996 al 19 de octubre de 199822.
21
Expediente digital SAMAI - pruebas allegadas con la demanda.
22
Expediente digital SAMAI – archivo demanda ff 34-38.
19
Número interno: 2994-2023
Demandante: Orlando Tomás Camargo Barón
Demandado: FOMAG
iii) De conformidad con la constancia expedida por la Secretaría General - Dirección de
Servicios Administrativos – Archivo General del Departamento de Boyacá, el señor
Orlando Tomás Camargo Barón laboró al servicio del Instituto de Agua Potable y
Alcantarillado de Boyacá, en calidad de empleado público en periodo comprendido entre
el 26 de mayo de 1989 y el 27 de diciembre de 199523.
iv) En el plenario reposa el certificado de salarios y/o certificación de ingresos y
retenciones mes a mes del periodo laboral en el departamento de Boyacá, desde el 1°
de diciembre de 1981 al 18 de enero de 1989 y desde 23 de febrero de 1996 al 19 de
octubre de 199824.
v) Según el reporte de semanas cotizadas expedido por Colpensiones, se evidencia que
el demandante realizó los siguientes aportes25:
Nombre o Razón Desde Hasta Tiempo de
Social servicio
Departamento de 1° de febrero de 1996 29 de febrero de 1996 28 días
Boyacá
Departamento de 1° de marzo de 1996 31 de diciembre de1996 10 meses
Boyacá
Gobernación de Boyacá 1° de enero de 1997 31 de agosto de 1997 8 meses
Gobernación de Boyacá 1° de septiembre de 31 de diciembre de 4 meses
1997 1997
Gobernación de Boyacá 1° de enero de 1998 30 de septiembre de 8 meses y 29
1998 días
Gobernación de Boyacá 1° de octubre de 1998 31 de octubre de 1998 1 mes
Asamblea de Boyacá 1° de septiembre de 30 de septiembre de 29 días
2007 2007
Asamblea de Boyacá 1° de octubre de 2007 31 de diciembre de 3 meses
2007
Asamblea de Boyacá 1° de enero de2008 31 de enero de 2008 1 mes
Total 153,14 semanas de cotización 3 años
Total, tiempo laborado 2 meses y 2 días
vi) En el expediente obran las órdenes de prestación de servicios26, en las que se autorizó
por parte de la Secretaría de Educación de Boyacá al señor Orlando Tomas Camargo
Barón a prestar sus servicios como docente, así:
Entidad donde laboró o cotizó Desde Hasta
OPS No. 1533 de 10 de julio de 2000, suscrita con la 10/07/2000 01/12/2000
Secretaría de Educación de Boyacá, para prestar los
servicios como docente del Colegio de Educación
23
Expediente digital SAMAI – archivo demanda ff 39-42.
24
Expediente digital SAMAI – archivo demanda ff 43 – 51.
25
Expediente digital SAMAI – archivo demanda ff 52 – 57.
26
Expediente digital SAMAI - pruebas allegadas con la demanda ff 62 – 75.
20
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Demandante: Orlando Tomás Camargo Barón
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básica Simón Bolívar del municipio de
Ventaquemada.
OPS No. 0247 de 9 de julio de 2001, suscrita con la 09/07/2001 05/12/2001
Secretaría de Educación de Boyacá, para prestar los
servicios como docente de la Escuela San Felipe del
municipio de Cucaita.
OPS No. 0142 de 5 de febrero de 2002, suscrita con 05/02/2002 16/05/2002
la Secretaría de Educación de Boyacá, para prestar
los servicios como docente de la Escuela Rural El
Conchudo del municipio de Ciénega.
OPS No. 1632 de 31 de julio de 2002, suscrita con la 16/07/2002 30/11/2002
Secretaría de Educación de Boyacá, para prestar los
servicios como docente en el Colegio de Educación
básica Capilla Uno del municipio de Villa de Leiva.
OPS No. 1591 de 5 de febrero de 2003, suscrita con 03/02/2003 12/12/2003
la Secretaría de Educación de Boyacá, para prestar
los servicios como docente en el Colegio de
Educación básica Capilla Uno del municipio de Villa
de Leiva.
vii) En el formato único para la expedición del certificado de historia laboral, consecutivo
N° 1417 de fecha 2 de mayo de 2018, se observa que el actor ha prestado sus servicios
como docente con nombramiento en provisionalidad al Servicio de la Secretaría de
Educación de Boyacá27:
Institución Desde Hasta Tiempo total
Institución Educativa 17 de marzo de 30 de septiembre de 1 año, 6 meses y 14
Sede La Capilla de Villa 2004 2005 días
de Leyva
Institución Educativa 1 de octubre de 31 de diciembre de 3 meses
Sede La Capilla de Villa 2005 2005
de Leyva
Total, tiempo laborado 1 año, 9 meses y 14
días
viii) En el Formato único para la expedición del certificado de historia laboral, consecutivo
N° 1417 de fecha 2 de mayo de 2018, se evidencia que el demandante prestó sus
servicios como docente por orden de prestación de servicio con nombramiento en
provisionalidad al Servicio de la Secretaría de Educación de Boyacá.
ix) Mediante el Decreto No. 02074 de 9 de junio de 2009, expedido por el Departamento
de Boyacá – Secretaría de Educación, se nombra en propiedad a unos docentes en la
Planta Global de cargos en las Instituciones Educativas administradas por el
Departamento, entre ellos, el señor Orlando Tomas Camargo Barón28.
27
Expediente digital SAMAI - pruebas allegadas con la demanda ff 76 – 77.
28
Expediente digital SAMAI - pruebas allegadas con la demanda ff 108 – 110.
21
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x) En el Formato Único para la expedición del certificado de historia laboral, consecutivo
N° 1417, expedido el 2 de mayo de 2018 por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, se denota que el demandante prestó sus servicios al Servicio de la
Secretaría de Educación de Boyacá, como docente en propiedad con tipo de vinculación
Nacional29:
Institución Desde Hasta Tiempo total
Institución Educativa 1° de agosto de 2 de mayo de 2018 9 años, 9 meses y 2
Antonio Nariño Sede 2008 días
principal del municipio de
Moniquirá
Total, tiempo laborado 9 años, 9 meses y 2
días
xi) El Tribunal de primera instancia, mediante auto del julio de 2022, ordenó oficiar a los
alcaldes de los municipios de Ventaquemada, Cucaita, Ciénega y Villa de Leyva, y a la
Oficina de Talento Humano de la Secretaría de Educación de Boyacá, para que allegaran
la certificación clara y detallada sobre los periodos en que el señor Orlando Tomás
Camargo Barón laboró como docente mediante ordenes de prestación de servicios, en la
que constara, además, si se efectuaron cotizaciones a pensión. De esta forma, se allegó
la siguiente documentación:
• Certificación expedida por la Auxiliar administrativo de archivo del municipio de
Ventaquemada, en la cual se indicó que en la sección de historias laborales no se
encontró constancia alguna sobre la vinculación como docente.
• Certificación expedida por la Secretaría General y Gestión Administrativa del
municipio de Villa de Leyva, en la cual se indicó: “… se evidencia que el MUNICIPIO
DE VILLA DE LEYVA, identificado con NIT 891.801.268, no fue empleador del señor
ORLANDO TOMÁS CAMARGO BARÓN identificado con cédula de ciudadanía
No.6.766.731 por ende no se evidencian emolumentos a favor de dicho señor
ni de aportes a Seguridad Social.”
• Certificación expedida por la encargada de Archivo del municipio de Cucaita, en la
cual se indicó que no reposaba información respecto de la OPS No. 0247 de julio
de 2001.
29
Expediente digital SAMAI - archivo demanda Ff 78 – 90.
22
Número interno: 2994-2023
Demandante: Orlando Tomás Camargo Barón
Demandado: FOMAG
• Certificación expedida por el secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos del
municipio de Ciénega, en la cual se indicó que en el archivo central de la alcaldía
no se encontró información respecto del docente Orlando Tomas Camargo Barón.
• Oficio No. 1.8.3.1-20 de 4 de agosto de 2022, suscrito por el Profesional
Universitario del Área de Liquidación y Nómina de la Secretaría de Educación de
Boyacá, en el que se indicó:
“… tomando como referente el archivo de la entidad, así como la información consignada en los
Certificados Laborales consecutivo No. 4958, expedidos por la oficina de Historias Laborales,
correspondientes al docente ORLANDO TOMÁS CAMARGO BARÓN, identificado con
C.C.No.6.766.731, se encontró que para los periodos en los que registra nombramiento por
Orden de Prestación de Servicio (OPS), la liquidación de pagos y descuentos, estuvo sujeto a
lo especificado y aceptado en el contrato por el cual se formalizó la prestación de los servicios
profesionales.
De igual forma, se aclara de manera general que, para los periodos en los que se presenta
vinculación contractual mediante nombramiento a través de Orden de Prestación de Servicio,
teniendo en cuenta el régimen laboral aplicable a las relaciones laborales, generadas en una
Orden de Prestación de Servicio (O.P.S), la seguridad social (SALUD-PENSION), de quienes
se encontraban en tal condición y para ese momento, no conllevaba a que se aplicara descuentos
por este concepto, esta obligación se encontraba a cargo del funcionario docente, tal como se
puede identificar en los documentos (CONTRATOS), de las Ordenes de Prestación de Servicios
suscritas por el señor ORLANDO TOMÁS CAMARGO BARÓN y la SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN. Por otra parte, se aclara que, en caso que el docente haya elevado reclamación
administrativa de reconocimiento y pago de aportes a pensión para esos periodos, esta
dependencia desconoce si se ha adelantado algún tipo de trámite ante esta situación…” (Subraya
de Sala).
xii) Mediante la Resolución núm. 4597 del 7 de diciembre del 2020, el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio reconoció al señor Orlando Tomás Camargo Barón
la pensión de vejez conforme el régimen de prima media previsto en el artículo 33 de la
Ley 100 de 1993, teniendo en cuenta tiempos de prestación de servicios en el sector
público, en la suma de $1.117.626, a partir del 28 de julio de 2017, como docente de
vinculación departamental30.
Actuación administrativa
El señor Orlando Tomás Camargo Barón presenta reclamación administrativa con
radicación N° 201-PENS-644079 del 27 de septiembre de 2018 ante la entidad,
solicitando el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación. La Nación-Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio guardó silencio.
30
Índice 25 SAMAI del Tribunal, Secretaría de Educación de Boyacá allegó los antecedentes administrativos del acto acusado, en
razón al requerimiento realizado por el Tribunal antes de fijar fecha para audiencia inicial.
23
Número interno: 2994-2023
Demandante: Orlando Tomás Camargo Barón
Demandado: FOMAG
2.4. Caso concreto
El señor Orlando Tomás Camargo Barón solicitó la nulidad del acto ficto respecto de la
petición presentada el 27 de septiembre de 2018, en cuanto negó el derecho a la
cancelación de la pensión de jubilación en el marco de la Ley 71 de 1988.
El Tribunal negó las pretensiones en razón a que su vinculación fue posterior a la Ley
812 de 2003, es decir, por cuanto el señor Orlando Tomás Camargo Barón ingresó al
servicio público como docente el 17 de marzo de 2004.
No obstante lo anterior, el a quo realizó el estudio del régimen de transición establecido
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y estableció que acreditó un tiempo de servicio
de 11 años, 11 meses y 21 días, periodo durante el cual laboró al servicio del
Departamento de Boyacá, en calidad de empleado público. De ahí que tampoco
cumpliera con los requisitos previstos en la norma en mención.
El demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, pues insistió
en que era beneficiario de la transición de la Ley 812 de 2003, pues su vinculación al
servicio docente oficial lo fue antes de la entrada en vigencia de esta norma. De ahí que
el régimen aplicable debía ser el previsto en la Ley 71 de 1988.
Así mismo, reprochó la exigencia de los aportes, en cuanto la norma solo hacía referencia
a la vinculación docente.
Al respecto, la Sala encuentra demostrado en el proceso que el demandante se vinculó
por primera vez como docente el 10 de julio de 2000, es decir, con anterioridad a la Ley
812 de 2003, por lo que sería aplicable a su situación pensional la Ley 71 de 1998 (como
lo solicitó en la demanda), debido a la acumulación de tiempos públicos y privados,
cumpliendo con los 60 años de edad (7 de marzo de 2020) y 20 años de servicios con
inclusión de los factores salariales sobre los cuales efectuó aportes durante el año
inmediatamente anterior a la adquisición del estatus pensional, o, de cumplir los
requisitos, lo previsto en la Ley 33 de 1985.
En efecto, de las pruebas se verifica que el señor Orlando Tomás Camargo Barón prestó
los servicios para la Gobernación de Boyacá y Asamblea Departamental desde el año
1981. Se desempeñó como docente por orden de prestación de servicios, de manera
24
Número interno: 2994-2023
Demandante: Orlando Tomás Camargo Barón
Demandado: FOMAG
provisional y en propiedad, con periodos cotizados en el Fondo Pensional Territorial de
Boyacá, el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones y en la actualidad en el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -FNPSM-, como se observa en el
siguiente cuadro:
Clase de tiempo/ Fecha que inicia Fecha que Fondo o entidad Años, meses y
nombramiento tiempo de termina tiempo donde se realiza día
servicio de servicio el aporte
Empleado público 1 de diciembre de 18 de enero de Fondo pensional 7 años, 1 mes,
– departamento 1981 1989 territorial de 17 días
de Boyacá Boyacá31
Empleado público 26 de mayo de 27 de diciembre Fondo pensional 6 años, 7
– departamento 1989 de 1995 territorial de meses, 1 día
de Boyacá Boyacá32
Empleado público 23 de febrero de 19 de octubre ISS / 2 años, 7
– departamento 1996 de 1998 Colpensiones meses, 25 días
de Boyacá
Docente oficial - 10 de julio de 1 de diciembre No hay aporte
departamento de 2000 de 2000
Boyacá - OPS
Docente oficial - 9 de julio de 2001 5 de diciembre No hay aporte
departamento de de 2001
Boyacá - OPS
Docente oficial - 16 de julio de 30 de No hay aporte
departamento de 2002 noviembre de
Boyacá - OPS 2002
Docente oficial - 3 de febrero de 12 de diciembre No hay aporte
departamento de 2003 de 2003
Boyacá - OPS
Docente Oficial - 17 de marzo de 9 de enero de Fondo 1 año, 9 meses,
departamento de 2004 2006 Prestacional del 24 días
Boyacá - Magisterio
provisionalidad
Empleado público 1 de septiembre 30 de diciembre ISS / 3 meses
– departamento de 2007 de 2007 Colpensiones
de Boyacá –
Asamblea de
Boyacá
Docente Oficial - 1 de agosto de 7 de marzo de Fondo 11 años, 7
departamento de 2008 2020 Prestacional del meses, 6 días
Boyacá - (continuaba Magisterio
propiedad vinculado)
Total 30 años y 17
días
De acuerdo con la información anterior, se tiene que la vinculación con el departamento
de Boyacá y, como docente en la misma entidad territorial fue de 30 años y 17 días, sin
tener en cuenta el periodo que laboró por órdenes de prestación de servicio.
Así las cosas, los periodos que tuvo vinculación por orden de prestación de servicio
docente con la Secretaría de Educación de Boyacá, para los municipios de
31
Archivo demanda ff 43-49.
32
Resolución N° 4597 del 7 de diciembre de 2020 “Por la cual reconoce y ordena el pago de pensión de vejez”.
25
Número interno: 2994-2023
Demandante: Orlando Tomás Camargo Barón
Demandado: FOMAG
Ventaquemada, Cucaita, Ciénega y Villa de Leyva, la Sala debe anotar que, sí resulta
procedente considerarlos, comoquiera que en aplicación del principio de la realidad sobre
las formas33, es relevante para el reconocimiento de la pensión de jubilación de los
docentes oficiales, sin que sea necesario declarar la existencia de una relación laboral
encubierta.
Al respecto, es importante anotar que dicha declaratoria no fue debatida ni podía ser
objeto de análisis, habida cuenta que tampoco era materia de fundamentación en la
demanda. Además, desde el año 1993 el legislador había previsto la incorporación a las
plantas de personal de los docentes vinculados a través de órdenes y contratos de
prestación de servicios, pues así se dispuso en los artículos 6 de la Ley 60 de 1993 y
105, parágrafo 3, de la Ley 115 de 199434.
Así las cosas, la entidad demandada deberá tener en cuenta el tiempo laborado por el
señor Orlando Tomás Camargo Barón, mediante contratos de prestación de servicios
como docente, junto con los tiempos que fueron cotizados ante el extinto ISS (hoy
Colpensiones).
Ahora, si bien no existe cotización a las entidades previsoras en el periodo comprendido
entre el 10 de julio de 2000 y el 12 de diciembre de 2003, corresponde al demandante
demostrar que realizó los aportes correspondientes, a riesgo de pagar o completar el
monto que le correspondía por ese concepto.
De esta manera, el actor puede efectuar las cotizaciones por los periodos
correspondientes, o la entidad previsora también está autorizada a descontar de las
sumas adeudadas al docente, los valores equivalentes al porcentaje de cotización que
como trabajador tuvo que haber realizado por ese mismo período, justamente para
completar el monto de la contribución a su cargo.
Precisado lo anterior y conforme el material probatorio relacionado en precedencia, la
Sala observa que los tiempos laborados por los que cotizó el demandante lo fueron
únicamente en el sector público, razón por la cual procede reconocer el derecho
pensional con fundamento en la Ley 33 de 1985 que reguló el régimen pensional de los
33
Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del dieciséis (16) de mayo de dos mil veinticuatro (2024). Radicado:17001-23-33-
000-2020-00038-01 (6307-2022). C.P.: Jorge Edison Portocarrero Banguera).
34
En este sentido, se pueden consultar las sentencias del 12 de septiembre de 2024, radicado: 05001-23-33-000-2021-00447-01
(0140-2023) y del 19 de septiembre de 2024, radicado: 15001-23-33-000-2021-00335-01 (1984-2023.
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Número interno: 2994-2023
Demandante: Orlando Tomás Camargo Barón
Demandado: FOMAG
«empleados oficiales», es decir, el de los empleados públicos y trabajadores oficiales, a
cuyo tenor se dispone:
«Artículo 1. El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos
y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión
se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento
(75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.
No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en actividades que
por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente, ni aquellos
que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones.
[…]».
De conformidad con la norma trascrita, las personas que cuenten con 20 años de
servicios y 55 años de edad pueden acceder a la pensión de jubilación equivalente al 75
% del salario promedio percibido en el último año de servicios.
Así mismo, sobre la base de liquidación, el artículo 3 de la ley en mención, el cual fue
modificado por el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, señaló que estaría constituida por la
asignación básica; gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional
y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios
prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso
obligatorio.
En todo caso, según la norma, «las pensiones de los empleados oficiales de cualquier
orden, siempre se liquidarán sobre los factores que hayan servido de base para calcular
los aportes».
En este orden de ideas, el demandante tiene derecho al reconocimiento de la pensión de
jubilación conforme con la Ley 33 de 1985, con inclusión de los factores sobre los cuales
efectuó cotizaciones durante el último año de servicios, en aplicación de lo estipulado en
la Ley 62 de 1985 y demás normas posteriores que prevean que debe ser base de
aportes.
Cabe anotar que en el proceso se advierte que el demandante ya tiene reconocida una
pensión de vejez, por parte del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
mediante la Resolución N° 4597 del 7 de diciembre del 2020 – pensión de vejez Ley 100
de 1993-, con los siguientes tiempos de prestación de servicios:
27
Número interno: 2994-2023
Demandante: Orlando Tomás Camargo Barón
Demandado: FOMAG
En ese orden de ideas, se observa que los tiempos utilizados para el reconocimiento de
la pensión a la que hizo mención el mentado acto administrativo son los mismos que se
invocan y aducen en el presente caso. Además, según el contenido de la resolución, el
señor Orlando Tomás Camargo Barón elevó otra petición el 12 de julio de 2019, con la
finalidad que le fuera reconocida la pensión de jubilación conforme la Ley 100 de 1993,
es decir, luego de aproximadamente 9 meses de haber elevado la que es objeto de caso
sub exámine el 27 de septiembre de 2018.
De acuerdo con lo anterior, la Sala considera pertinente dejar constancia de esta situación
para que sea tenida en cuenta por la entidad demandada, para efectos del
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación que es objeto de esta decisión,
teniendo en cuenta que es la más beneficiosa para los intereses del demandante.
Sobre el particular, es importante anotar que la mentada Resolución N° 4597 del 7 de
diciembre del 2020 no fue objeto de controversia en el presente proceso, por lo que no
es posible abordar un estudio de legalidad sobre la misma.
Por otro lado, se reconoce el derecho del demandante a percibir simultáneamente la
presente pensión y la asignación salarial como docente; lo anterior, hasta la subsistencia
de dicho vínculo, es decir, hasta que se produzca el retiro definitivo del servicio docente.
En este orden de ideas, la Sala habrá de revocar la sentencia de primera instancia que
negó las pretensiones de la demanda, para en su lugar, declarar la nulidad del acto ficto
por medio del cual se negó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación en el
marco de la Ley 33 de 1985, según la petición del 27 de septiembre de 2018.
Como consecuencia de lo anterior, se condenará a la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – FOMAG a reconocer y pagar la pensión de jubilación a la que tiene derecho
el señor Orlando Tomás Camargo Barón, una pensión mensual de jubilación conforme el
régimen previsto en la Ley 33 de 1985, teniendo como fecha de estatus pensional el 7
marzo del 2015, pero con efectos fiscales a partir del 27 de septiembre de 2015 por
28
Número interno: 2994-2023
Demandante: Orlando Tomás Camargo Barón
Demandado: FOMAG
prescripción trienal, y equivalente al 75 % de los factores salariales enlistados en las
Leyes 33 y 62 de 1985 y demás factores devengados con posterioridad, sobre los cuales
se haya cotizado y reconocido su condición de factor salarial para efectos pensionales,
devengados en el año inmediatamente anterior a la consolidación de su estatus
pensional. La mesada pensional reconocida quedará sujeta a los reajustes anuales y a
las deducciones de ley.
Por último, cabe anotar que, si se llegare a presentar la omisión del empleador en realizar
los descuentos correspondientes a los aportes a pensión, en el porcentaje a que hubiere
lugar, no es óbice para que sea reconocido y liquidado el derecho pensional. Además,
existe la facultad de recobro por parte de las entidades de previsión social, como se
señaló en la sentencia de unificación del 28 de julio de 202235.
Lo anterior significa que, respecto a los aportes al sistema pensional que debió hacer el
empleador y empleado en el porcentaje correspondiente, en el evento que no se hayan
efectuado como lo ordena la ley, deben las entidades de previsión adelantar las gestiones
necesarias para su cobro, pues no se pierde de vista que, dada la naturaleza de la
pensión por aportes, estos son necesarios para la financiación de la prestación y la
sostenibilidad del sistema.
Así las cosas, corresponde al Fomag realizar los trámites legales necesarios para
recaudar las cotizaciones en favor del demandante en el tiempo en que estuvo contratado
a través de órdenes de prestación de servicios y que no se efectuaran, de igual forma, el
demandante, en caso de no haberlo hecho, tendrá que realizar los aportes a su cargo
durante su vinculación a través de contratos de prestación de servicios.
Finalmente, el Fondo podrá reclamar la cuota parte a las entidades de previsión social o
fondos pensionales en los que cotizó la demandante de conformidad con el artículo 11
del Decreto 2709 de 1994.
En cuanto a la prescripción, como el demandante adquirió el estatus el 7 marzo del 2015
(fecha en la que cumplió los 55 años de edad) y elevó su petición de reconocimiento ante
el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio el 27 de septiembre de 2018,
se encuentran prescritas las mesadas causadas con anterioridad al 27 de septiembre de
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia SUJ-028-CE-S2-2022 del 28 de julio de 2022, radicado 25000-23-42-000-2013-
02380-01(2656-2014), M.P. William Hernández Gómez.
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Número interno: 2994-2023
Demandante: Orlando Tomás Camargo Barón
Demandado: FOMAG
2015, por prescripción trienal, por cuanto, entre la fecha de adquisición del estatus y la
fecha de solicitud de reconocimiento pensional transcurrieron más de tres años.
2.5. Condena en costas
En el presente asunto, no habrá lugar a condenar en costas, ya que no se cumplen los
presupuestos exigidos por el artículo 188 del CPACA, pues esta Sala ha sostenido que
dicha norma otorga al juez la facultad de valorar la procedencia de las costas, lo cual
implica examinar la actuación procesal de la parte vencida, verificar con certeza su
causación y constatar que la conducta desplegada revele temeridad o mala fe. No es
suficiente el simple resultado adverso del proceso36.
En esos términos, en el caso concreto, tras revisar la actuación de las partes a lo largo
del proceso, no se evidencia temeridad ni mala fe.
III. DECISIÓN
La Sala revocará la sentencia de primera instancia y, en su lugar accederá al reclamo
formulado por el accionante para ordenar el reconocimiento de la pensión de jubilación a
la que tiene derecho en el marco de la Ley 33 de 1985, por las razones expuestas
anteriormente.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley,
IV. FALLA
REVOCAR la sentencia del 10 de noviembre de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá - Sala de Decisión N° 5, que declaró la existencia del acto ficto
y negó las pretensiones de la demanda.
En su lugar, se dispone:
PRIMERO. DECLARAR la nulidad del acto ficto, respecto de la petición del 27 de
36 Radicado 15001-23-33-000-2013-00072, de 27 de enero de 2017 MP. Carmelo Perdomo Cuéter; Radicado: 13000-33-33-000-
2014-00390 (1327-16), de 8 de septiembre de 2017, M.P. Sandra Lissett Ibarra Vélez.
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Demandante: Orlando Tomás Camargo Barón
Demandado: FOMAG
septiembre de 2018, por medio del cual se negó el reconocimiento y pago de la pensión
de jubilación.
SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR a la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – FOMAG a reconocer y pagar la pensión de jubilación a la que tiene
derecho el señor Orlando Tomás Camargo Barón, conforme el régimen previsto en la Ley
33 de 1985, a partir de la fecha en que adquirió el estatus pensional, es decir, el 7 marzo
del 2015, con efectos fiscales a partir del 27 de septiembre de 2015, en el equivalente al
75% de los factores salariales enlistados en las Leyes 33 y 62 de 1985 y demás factores
devengados con posterioridad, sobre los cuales se haya cotizado y reconocido su
condición de factor salarial para efectos pensionales, devengados en el año
inmediatamente anterior a la consolidación de su estatus pensional. La mesada pensional
reconocida quedará sujeta a los reajustes anuales y a las deducciones de ley
Así mismo, el FOMAG deberá tener en cuenta que el demandante ya tiene reconocida
una pensión de vejez conforme la Ley 100 de 1993, mediante la Resolución Nº 4597 del
7 de diciembre del 2020, para efectos del reconocimiento y pago de la pensión que es
objeto de esta decisión, debiendo el demandante escoger la que le resulte más
beneficiosa.
TERCERO. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), podrá reclamar la cuota parte de las
demás entidades de previsión social o fondos pensionales en los que el señor Orlando
Tomás Camargo Barón realizó cotizaciones de conformidad con el artículo 11 del Decreto
2709 de 1994.
CUARTO. El Fomag deberá realizar los trámites legales necesarios para recaudar las
cotizaciones en favor del demandante en el tiempo en que estuvo contratado a través de
órdenes o contratos de prestación de servicios y que no se efectuaran, de igual forma, el
demandante, en caso de no haberlo hecho, tendrá que realizar los aportes a su cargo
durante su vinculación a través de contratos de prestación de servicios.
En el evento que no se hayan efectuado los aportes al sistema pensional como lo ordena
la ley, deben las entidades de previsión adelantar las gestiones necesarias para su cobro.
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Demandante: Orlando Tomás Camargo Barón
Demandado: FOMAG
QUINTO. Las sumas debidas deberán ser indexadas mes a mes hasta la fecha de quedar
en firme la decisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del
CPACA y mediante la aplicación de la fórmula matemática financiera adoptada por el
Consejo de Estado.
SEXTO. Se reconoce el derecho del demandante a percibir simultáneamente la presente
pensión y la asignación salarial como docente; lo anterior, hasta la subsistencia de dicho
vínculo, es decir, hasta que se produzca el retiro definitivo del servicio docente, conforme
lo previamente considerado.
SÉPTIMO. A la sentencia se le dará cumplimiento en los términos previstos en el artículo
192 del CPACA.
OCTAVO. Sin condena en costas en ninguna de las instancias.
NOVENO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclara voto
Cfr. Rad. 05001233300020200047201
(1251-2024)
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
32
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