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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04091-00

Fecha
30 de junio de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04091-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Amparar los derechos fundamentales de Nohemy Tavera Baena, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C. Segundo. Dejar sin efectos la sentencia proferida el 18 de marzo de 2026 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 150013303500720250003401 Tercero. Ordenar al Tribunal Administrativo de Boyacá que, en el término de 20 días siguientes, contados a partir de la notificación de la presente providencia, emita un pronunciamiento de reemplazo, de conformidad con las consideraciones expuestas en esta providencia. Cuarto. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Quinto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-04091-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

30 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., treinta (30) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04091-00
Demandante: Nohemy Tavera Baena
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C

Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho / Pensión por aportes / Defecto sustantivo,
desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución Política
Decisión: Acceder al amparo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________

La Sala decide la solicitud formulada por Nohemy Tavera Baena en ejercicio de la
acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y desarrollada
en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud

1. Nohemy Tavera Baena promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos y garantías fundamentales a la igualdad, al debido proceso
y al acceso a la administración de justicia, con ocasión de la sentencia proferida el
18 de marzo del 2026 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado 11001-33-035-007-2025-00034-01.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente1:

2.1. La demandante nació el 3 de octubre de 1960 y cumplió 55 años de edad en
el año 2015, además laboró por espacio de 20 años en las siguientes entidades:

1
Archivo obrante en el índice 2 del Samai.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04091-00
Demandante: Nohemy Tavera Baena

2.2. Adquirió el estatus de pensionada el 11 de septiembre de 2023, al alcanzar
20 años de servicio y 55 años de edad, en la medida en que prestó sus servicios
como docente antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, se encontraba
excluida del Régimen General de Pensiones, por lo que contaba con la posibilidad
de acceder a su derecho bajo los postulados de la Ley 71 de 1988, máxime cuando
tenía cotizaciones ante Colpensiones entre el 16 de enero de 1980 y el 31 de marzo
de 2016 para un total de 177 semanas.

2.3. La Secretaría de Educación de Bogotá profirió la Resolución 4307 del 15 de
diciembre de 2023 con la que retiró del servicio a la demandante por lo que el 10 de
abril de 2024 solicitó el reconocimiento y pago de su pensión por aportes, sin
embargo, la entidad le negó el derecho pretendido con la Resolución 1057 del 26
de abril de 2024.

2.4. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
presentó demanda en contra de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - Fomag, con el fin de que se
dejara sin efecto el acto administrativo con el que se le negó el reconocimiento de
la pensión por aportes.

2.5. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá en
sentencia del 15 de septiembre de 2025 accedió parcialmente a las súplicas de la
demanda al considerar que la demandante prestó sus servicios por espacio de 20
años, 7 meses y 15 días, en el sector público y privado, razón por la cual le asistía
el derecho a devengar la prestación de conformidad con lo establecido en la Ley 71
de 1988, con el 75% del promedio de los factores cotizados en el año anterior a la
consolidación del status de pensionada. Decisión contra la cual la parte demandada
interpuso recurso de apelación.

2.6. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
C, en sentencia del 18 de marzo de 2026 revocó el fallo de primera instancia para,
en su lugar, negar las pretensiones de la demanda al considerar que la demandante

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04091-00
Demandante: Nohemy Tavera Baena

para el 1.º de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993,
sólo acreditaba 33 años de edad y no contaba con 15 años de servicios cotizados,
debido a que los aportes por los tiempos que trabajó en entidades del sector privado,
los efectuó conforme a las pruebas aportadas, a partir del 16 de enero de 1980, de
manera que no cumplía con la condición que la haría beneficiaria de la aplicación
favorable de la Ley 71 de 1988, como era estar amparada por el régimen de
transición previsto en la Ley 100 de 1993.

2.7. Se vulneraron sus derechos fundamentales al incurrir en defecto sustantivo,
desconocimiento del precedente y violación directa de la constitución, como se
explica a continuación:

2.7.1. Defecto sustantivo: Se aplicó de manera indebida el régimen general de la
Ley 100 de 1993 a una docente que pertenece a un régimen exceptuado para lo
cual se impusieron requisitos inexistentes y se omitió la normativa especial aplicable
al magisterio.

2.7.2. Desconocimiento del precedente: Se ignoró jurisprudencia unificada y
reiterada del Consejo de Estado que excluye a los docentes del régimen de
transición y se aplicaron en su lugar criterios superados sin justificación2.

2.7.3.Violación directa de la Constitución Política: Se vulneraron sus derechos
fundamentales (igualdad, debido proceso, seguridad social y favorabilidad), al
apartarse del marco constitucional y aplicar una interpretación más gravosa.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] PRIMERA. - DECLARAR que, en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, la sentencia de segunda instancia calendada el 18 de marzo de 2026,
notificada el 26 de marzo de este año, expediente No. 11001-33-035-007-2025-00034-
01 el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – Sección Segunda
Subsección “C” – M.P.: Samuel José Ramírez Poveda al revocar la sentencia del 15 de
septiembre de 2025 emitida por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá D.C. y negar las pretensiones de la demanda encaminada al reconocimiento
de mi pensión de jubilación, vulneró los derechos fundamentales a la igualdad frente a
la ley y la jurisprudencia, el debido proceso judicial, el régimen especial de la pensión de

2
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación de 28
de agosto de 2018, Rad. 52001-23-33-000-2012-00143-01 (IJ); Consejo de Estado, Sección
Segunda, sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019, Rad.
680012333000201500569-01 (0935-2017); Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsecciones A
y B, entre otras, sentencias de 7 de abril de 2022 (Rad. 63001-23-33-000-2018-00184-01), 30 de
enero de 2024 (Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01) y 13 de febrero de 2025 (Rads. 68001-23-
33-000-2018-00120-01 y 63001-23-33-000-2021-00177-01); así como Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, sentencia de tutela de 6 de septiembre de 2021, Rad.
11001031500020210376600, en las que se reitera que los docentes vinculados antes de la Ley 812
de 2003 están exceptuados del Sistema General de Pensiones y no les es aplicable el régimen de
transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04091-00
Demandante: Nohemy Tavera Baena

jubilación docente, el acceso de la administración de justicia, los derechos adquiridos
con justo título y demás que considere la Honorable Corporación.

SEGUNDA. - Declarar que el fallo de segunda instancia del 18 de marzo de 2026
notificado el 26 de marzo de este año, con radicación No. 11001-33-035-007-2025-
00034-01 carece de efectos legales.

TERCERA- En consecuencia, ordenar para que dentro de los términos que considere
prudente el señor Juez Constitucional, la Corporación accionada profiera nueva
sentencia evaluando de manera integral las normas que conforman el régimen
exceptuado docente, el cual debe estar en armonía con los artículos 4, 13, 29, 48 y 53
de la Constitución Política, la jurisprudencia sobre la materia, específicamente la
Sentencia de Unificación de SALA PLENA del 28 de agosto de 2018, radicado 52001-
23-33-000-2012-00143-01(IJ), la Sentencia de Unificación de fecha 25 de abril de 2019,
radicado 680012333000201500569-01 (0935-2017). M.P.: César Palomino Cortés en lo
relativo a que no me cobija como docente el régimen de transición de Ley 100 de 1993
y además considerando que me asiste el derecho a la pensión de jubilación corte Ley 91
de 1989 – Ley 71 de 1988, en concordancia con la línea jurisprudencial citada en la
presente acción.

CUARTA. - Las declaraciones y ordenes que el Honorable Tribunal Corporativo
considere necesarias para restablecer los derechos fundamentales vulnerados con el
fallo de segundo grado, objeto de la controversia constitucional. […]». (sic)

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá3
expuso que la demanda fue admitida, tramitada conforme a las etapas procesales
y decidida mediante sentencia de primera instancia que declaró la nulidad del acto
administrativo que negó la pensión por aportes y ordenó al FOMAG reconocer y
pagar esa prestación a la demandante, sin embargo, en segunda instancia fue
revocada, de tal manera, sostuvo que todas las actuaciones y decisiones adoptadas
por ese despacho judicial se ajustaron a los preceptos constitucionales, legales,
probatorios y jurisprudenciales aplicables, que no existió vulneración de derechos
fundamentales por su parte y que la modificación del resultado obedeció
exclusivamente a la decisión adoptada por el juez de segunda instancia, razón por
la cual solicitó que se tengan en cuenta estas circunstancias dentro del trámite de
tutela.

5. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C4 afirmó que no existió vía de hecho ni vulneración de derechos
fundamentales, sino una diferencia interpretativa legítima respaldada por
precedente del Consejo de Estado, por lo que la tutela carecía de relevancia
constitucional, de tal manera, argumentó que la pensión reclamada (por aportes
bajo la Ley 71 de 1988) no le era aplicable porque la demandante no estaba cobijada
por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, requisito indispensable para
acumular tiempos públicos y privados en este caso, y además se advirtió que no es
válido mezclar ese régimen con las prerrogativas propias del sistema docente, pues

3
Archivo obrante en el índice 12 del Samai.
4
Archivo obrante en el índice 13 del Samai.

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Demandante: Nohemy Tavera Baena

ello generaría desigualdad y vulneraría principios como la inescindibilidad normativa

6. El Ministerio de Educación Nacional5 pidió declarar improcedente la
solicitud de tutela y su desvinculación por falta de legitimación en la causa, pues no
tiene competencia ni injerencia sobre las decisiones adoptadas por las autoridades
judiciales demandadas ni puede intervenir en el contenido de sus providencias,
además de que la tutela cuestiona una sentencia de segunda instancia que negó el
reconocimiento de una pensión de jubilación, la cual goza de autonomía e
independencia constitucional.

7. Los demás terceros interesados guardaron silencio.

2. Consideraciones

8. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iv) determinación del problema jurídico; y v) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

9. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución
Política y 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con 1.º del Decreto 333
del 6 de abril de 20216, esta Sala es competente para conocer de la solicitud de
amparo contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

10. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo contencioso-administrativo
del Consejo de Estado7 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las
distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema8. Al
respecto señaló lo siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,

5
Archivo obrante en el índice 14 del Samai.
6
Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, MP María Elizabeth García González.
8
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04091-00
Demandante: Nohemy Tavera Baena

de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
[…]».

11. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

12. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado9 adoptó los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para
la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar
además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos
fundamentales.

13. Ahora bien, la Corte Constitucional10 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante de manera constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que
se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

14. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores
requisitos11, el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió
la autoridad judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los
derechos fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la
prosperidad del amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno
de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto
sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales12.

9
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
10
Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
11
Corte Constitucional, sentencia T-309 de 2015, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
12
Corte Constitucional, sentencia SU-337 de 2017, MP Antonio José Lizarazo Ocampo.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04091-00
Demandante: Nohemy Tavera Baena

15. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal
entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente
reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.4. Problema jurídico

16. La Sala deberá definir: ¿si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C, vulneró los derechos fundamentales de Nohemy
Tavera Baena con ocasión de la sentencia del 18 de marzo de 2026 con la cual se
negó la pretensión de nulidad del acto que se pronunció de manera desfavorable en
cuanto al reconocimiento de una pensión por aportes, incurriendo, presuntamente,
en defectos sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución Política?

2.5. Análisis de la Sala

2.5.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

17. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud
de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo
actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

18. En este punto, se precisa que, si bien la demandante alegó la configuración
del defecto sustantivo y la violación directa de la Constitución Política, así como el
desconocimiento del precedente, lo cierto es que la motivación expuesta se
subsume en este último, razón por la cual el estudio se efectuará en cuanto a aquel.

2.5.2. Desconocimiento del precedente judicial

19. En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se
recuerda que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política
permite afirmar que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes
relevantes como un imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para
promover la seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la
predictibilidad de las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las
normas jurídicas. Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo
adecuado de estos, como medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones
judiciales, presupuesto esencial del Estado Social de Derecho.

20. La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión
previa adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes
jurisdicciones que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos
o semejantes desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver
el juez, debe ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de
igualdad. El adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de
seguir el curso de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04091-00
Demandante: Nohemy Tavera Baena

previas, salvo si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan
modificarlo.

21. Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de
la modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de
cosas actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de
decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos,
no existe un precedente claro que lo vincule.

22. En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia,
identificando los precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las
razones que en su concepto justifican el cambio de dirección decisional, y
precisando por qué esa modificación lleva a una mejor interpretación del orden
jurídico además de ello reporta mayores beneficios que el detrimento en la
seguridad jurídica y la igualdad que se derivara de la desobediencia al precedente.

2.5.3. Sobre el caso concreto

23. Nohemy Tavera Baena acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan
sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la sentencia
del 18 de marzo de 2026 con la cual negó la pretensión de nulidad del acto que se
pronunció de manera desfavorable respecto al reconocimiento de la pensión por
aportes solicitada.

24. Lo anterior, por cuanto la referida decisión judicial incurrió en defecto
sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución
Política, en tanto se aplicó de manera indebida el régimen general de la Ley 100 de
1993 a una docente que pertenece a un régimen exceptuado para lo cual se
impusieron requisitos inexistentes y se omitió la normativa especial aplicable al
magisterio con lo que se ignoró jurisprudencia unificada y reiterada del Consejo de
Estado que excluye a los docentes del régimen de transición y se aplicaron en su
lugar criterios superados sin justificación13.

13
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación de 28
de agosto de 2018, Rad. 52001-23-33-000-2012-00143-01 (IJ); Consejo de Estado, Sección
Segunda, sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019, Rad.
680012333000201500569-01 (0935-2017); Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsecciones A
y B, entre otras, sentencias de 7 de abril de 2022 (Rad. 63001-23-33-000-2018-00184-01), 30 de
enero de 2024 (Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01) y 13 de febrero de 2025 (Rads. 68001-23-
33-000-2018-00120-01 y 63001-23-33-000-2021-00177-01); así como Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, sentencia de tutela de 6 de septiembre de 2021, Rad.
11001031500020210376600, en las que se reitera que los docentes vinculados antes de la Ley 812
de 2003 están exceptuados del Sistema General de Pensiones y no les es aplicable el régimen de
transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04091-00
Demandante: Nohemy Tavera Baena

25. Al descender al caso en concreto, se observa que el Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, en sentencia del 15 de septiembre de
2025, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al considerar que
conforme a los tiempos de servicio acreditados por la demandante, aquella prestó
sus servicios por espacio de 20 años, 7 meses y 15 días, en el sector público y
privado, razón por la cual le asistía el derecho a devengar la prestación de
conformidad con lo establecido en la Ley 71 de 1988, con el 75% del promedio de
los factores cotizados en el año anterior a la consolidación del status de pensionada.

26. La demandada interpuso recurso de apelación en el que sostuvo que la
demandante solo adquirió una vinculación legal y reglamentaria con el sistema
educativo oficial el 16 de diciembre de 2022, es decir, con posterioridad a la entrada
en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003). Por lo tanto, el régimen
que le era aplicable no era el previsto en la Ley 33 de 1985 ni en la Ley 91 de 1989,
sino el régimen de prima media con prestación definida contenido en la Ley 100 de
1993, modificado por la Ley 797 de 2003.

27. De tal manera, se evidencia que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C en sentencia del 18 de marzo de 202614 revocó el
fallo de primera instancia para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda
al considerar que la demandante para el 1.º de abril de 1994, fecha de entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993, sólo acreditaba 33 años de edad y no contaba con
15 años de servicios cotizados, debido que los aportes por los tiempos que trabajó
en entidades del sector privado, a partir del 16 de enero de 1980, de manera que
no cumplía con la condición que la haría beneficiaria de la aplicación favorable de
la Ley 71 de 1988, como era estar amparada por el régimen de transición previsto
en la Ley 100 de 1993, de tal manera, en la providencia cuestionada, se señaló:

«[…] Igual posición se conservó en sentencia del 18 de abril de 2024 dentro del Radicado
No. 25000-23-42-000-2020-00549-01 (3118-2022), con ponencia del consejero Dr. Juan
Enrique Bedoya Escobar de Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, que consideró:

“De otra parte, el reconocimiento de la pensión por aportes también procede para los
beneficiarios de la transición de la Ley 100 de 1993, esto es, para quienes, de acuerdo
con el artículo 36, «al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco
(35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son
hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados». Sin embargo, como lo
concluyó el tribunal, la demandante tampoco era beneficiaria de este, puesto que el
1° de abril de 1994, tenía 32 años de edad y había cotizado 8 años, 11 meses y 7
días”.

Así las cosas, se tiene que en el caso particular, la demandante para el 1º de abril de
1994, fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, sólo acreditaba 33 años de
edad y no contaba con 15 años de servicios cotizados, dado que los aportes por los

14
Uno de los magistrados que conformaron la Sala de decisión salvó su voto en el sentido de
manifestar que el régimen pensional aplicable a los docentes depende exclusivamente de la fecha
de vinculación al servicio educativo oficial, no del régimen de transición fijado en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993.

9

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04091-00
Demandante: Nohemy Tavera Baena

tiempos que trabajó en entidades del sector privado, los efectuó conforme a las pruebas
aportadas, a partir del 16 de enero de 1980, de manera que es evidente que NO
CUMPLE con la condición que la haría beneficiaria de la aplicación favorable de la Ley
71 de 1988, como es estar amparada por el régimen de transición previsto en la Ley 100.

De esta manera, la demandante como no es beneficiaria del régimen de transición del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no está sujeta a las condiciones para pensionarse
determinadas en la Ley 71 de 1988.

No se comparte lo dicho por el a quo en el sentido que si el demandante se vinculó con
anterioridad a la ley 812 de 2003 le sea aplicable la figura de la pensión por aportes,
debido a que la Ley 71 como lo señala en su art. 7°, permite que, los empleados oficiales
y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo
y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces,
del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el
Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación, es decir,
permitió combinar tiempos privados y públicos para lograr la pensión, que se tasará en
los términos del Decreto 2709 de 1994, lo cual, ya no es necesario con la expedición de
la Ley 100 de 1993, que permitió sumar todas las semanas cotizadas sin importar si el
cargo desempeñado es público o privado.

Por consiguiente, la aplicación de la Ley 71 solo es para quienes estando en régimen de
transición tengan que acumular semanas de aportes de distinto origen.

En cambio, lo que dice la Ley 812, que se ha interpretado como una transición, es que:
“El régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que
se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el
Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la
presente ley”, mientras que la Ley 71 no fue expedida para el magisterio, sino como un
mecanismo de permitir alcanzar la pensión, para empleados que como se dijo, acumulen
tiempos en el sector privado y en el público, que de otro modo no la lograrían.

En este punto resulta pertinente señalar que, si bien existe precedente vertical que
reconoce la denominada pensión por aportes a los docentes sin exigir el cumplimiento
de la transición prevista en la Ley 100 de 1993, hasta la fecha no se ha expedido una
unificación jurisprudencial sobre la materia.

Por lo anterior, esta Sala mayoritaria considera adecuado mantener la tesis según la
cual, dicho requisito sí es exigible, conforme a la línea trazada en las sentencias citadas
en esta providencia. En efecto, cuando un docente oficial que no acredita los 20 años de
servicio en el sector público pretende completarlos con tiempos laborados en el sector
privado, su situación debe analizarse bajo la Ley 71 de 1988, siempre que sea
beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993; de lo contrario, deberá
aplicarse íntegramente esta última norma.

Debe tenerse en cuenta que la prerrogativa prevista en la Ley 71 de 1988, ante la
ausencia de tiempos exclusivamente oficiales, permite la acumulación de periodos de
servicio público y privado para alcanzar el tiempo requerido para consolidar el derecho.
De ello se desprende que no puede otorgarse el mismo tratamiento a quienes cumplen
los 20 años exclusivamente en la docencia oficial, supuesto en el cual procede la
aplicación de la Ley 33 de 1985, norma que, como es sabido, se circunscribe al sector
público. En contraste, la Ley 71 de 1988, al ser un régimen general, admite el cómputo
conjunto de tiempos privados y públicos, lo que hace indispensable que el docente se
encuentre amparado por el régimen de transición dispuesto en la Ley 100 de 1993.

Finalmente, no se efectuará el estudio del reconocimiento de la pensión conforme a las
disposiciones consagradas en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, debido a que no
fue solicitado en la vía administrativa ni en la demanda.

10

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04091-00
Demandante: Nohemy Tavera Baena

En atención a las consideraciones que anteceden, se revocará la sentencia de primera
instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y, en su lugar, se
negarán las súplicas de la demanda. […]». (sic)

28. Así pues, sea lo primero decir que en la providencia cuestionada el tribunal
demandado se fundamenta en una línea jurisprudencial superada por el Consejo de
Estado, y que, por lo tanto, no refleja la interpretación normativa que prevalece en
el régimen pensional del magisterio.

29. Al respecto, es pertinente precisar que, si bien es cierto, en principio, el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sostuvo que la aplicación de la Ley 71
de 1988 a los docentes oficiales dependía del cumplimiento de los requisitos del
régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, también
lo es que tal criterio fue revaluado al concluir que tal requisito no es exigible para los
docentes vinculados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.
Postura que también ha sido reiterada por la Subsección A de esta corporación
judicial.

30. En este punto, en razón a la controversia a decidir y el desconocimiento del
precedente judicial alegado, se hace necesario hacer alusión a algunos
pronunciamientos del Consejo de Estado, Sección Segunda, sobre la materia, así.

31. En sentencia del 30 de enero de 202515, refirió:

«[…] 26. En cuanto a la posibilidad de aplicar la Ley 71 de 1988 a los docentes oficiales,
de conformidad con lo previsto en los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y 15, numeral
2, literal b), de la Ley 91 de 1989. La Sala considera que es procedente su aplicación,
por las razones que se presentan a continuación y cuyo fundamento es lo hasta ahora
expuesto:

27. La primera razón tiene que ver con la intención que tuvo el legislador al establecer
en el numeral 2, literal b), del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 que los docentes «gozarán
del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional» la cual permite
concluir que la expresión también incluyó el régimen previsto en la Ley 71 de 1988. Es
así por cuanto en el debate legislativo del proyecto que condujo a la expedición de la Ley
91 de 1989, al explicar el sentido del artículo 15, señaló:

«[e]l principio de iniciación prestacional o de régimen único es relativo y se entiende
de la siguiente manera: Todos los maestros colombianos, con excepción de los del
nivel superior o universitario, vinculados a la nación, de conformidad con las leyes
vigentes, a partir del 1 de enero de 1990, quedarán sometidos al sistema prestacional
y de cesantías aplicable a los empleados públicos del orden nacional […] [a]cerca del

15
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia de fecha 30 de enero de 2025.
Número de radicación: 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022). Consejero Ponente: Juan
Enrique Bedoya Escobar. Al respecto, también, consultar: Consejo de Estado. Sección Segunda.
Subsección B. Sentencia de fecha 13 de junio de 2025. Número de radicación: 54001-23-33-000-
2021-00157-01 (0439-2023). Consejera Ponente: Elizabeth Becerra Cornejo. Sentencia del 26 de
junio de 2025. Número de radicación: 25000-23-42-000-2019-01589-01 (2655-2022). Consejero
Ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar. – Sentencia de fecha 3 de septiembre de 2025. Número de
radicación: 15001-23-33-000-2019-00381-01 (2274-2023). Consejero Ponente: Juan Enrique
Bedoya Escobar. – Sentencia de fecha 7 de noviembre de 2025. Número de radicación: 23001-23-
33-000-2019-00015-01 (2278-2025). Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04091-00
Demandante: Nohemy Tavera Baena

articulo 15 habría que referirse finalmente a dos aspectos: La Ley 71 de 1988 sobre
pensiones de jubilación; recoge amplias aspiraciones del movimiento pensional que
al beneficiar al Magisterio exonera de la repetición en este texto. El Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, recibe la autorización legal de extender los
servicios asistenciales a las familias de los docentes, cuando su situación financiera
lo permite»22 (se destaca).

28. De la sustentación en cita se infiere que para el legislador era innecesario «repetir»
de forma taxativa las disposiciones de la Ley 71 de 1988 o señalar la remisión directa a
esta dentro del texto de la Ley 91 de 1989, pues consideró que aquellas se entendían
incluidas dentro «del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional»
al cual remite la segunda. En ese orden, es inviable interpretar que al régimen pensional
al que se refiere esta última es solo el de la Ley 33 de 1985. Aceptar ello equivaldría a
restringir el campo de aplicación que el legislador quiso darle al enunciado, máxime
cuando no especificó, ni en la exposición de motivos del proyecto de ley ni en su texto,
qué parte de la Ley 71 de 1988 era aplicable y cuál no. Por ende, debe deducirse que
se refería a toda.

29. Lo anterior concuerda con la segunda razón que permite asegurar que la Ley 71 de
1988 sí gobierna a los docentes por remisión del artículo 15.2 literal b) de la Ley 91 de
1989. Este otro motivo se refiere a que aquella (incluido su artículo 7) de manera explícita
señaló que regula las pensiones de todos los servidores públicos, sin excepción. En ese
orden, también es un régimen aplicable a los empleados de carácter nacional, por lo que
encaja en el supuesto normativo contenido en la última ley mencionada que remite para
efectos pensionales de los docentes al «régimen vigente para los pensionados del sector
público nacional». El que la ley se aplique también a trabajadores particulares no le quita
este alcance y descifrarlo de este modo desconoce su propio campo de reglamentación.

30. Ciertamente, el contenido de la Ley 71 de 1988 modificó las leyes que regían a todos
los servidores públicos en lo relacionado con el reajuste de las pensiones, su monto
máximo, las reglas de su sustitución, el momento a partir del cual puede disfrutarse su
pago y el derecho a la reliquidación de quien continuó en el servicio. Lo anterior significa
que sus postulados abarcaron a todos los trabajadores que encajan en la categoría de
servidores públicos.

31. Esto último también se predica del contenido de su artículo 7, puesto que el nuevo
régimen de pensión de jubilación por aportes no lo enfocó a un sector determinado de
los servidores públicos y, por el contrario, los incluyó a todos, al prescribir que se
aplicaría a los «empleados oficiales». Ello se refuerza con lo explicado en los debates
parlamentarios examinados con anterioridad y que dan cuenta de que la norma buscó
beneficiar a todos los trabajadores de los sectores público y privado. Entonces, si
legislador no señaló en la disposición normativa que una parte de estos sería excluida
del beneficio pensional, el intérprete no puede darle ese alcance, pues del artículo no se
desprende regla alguna que así permita inferirlo.

32. Para la Sala, interpretar que el artículo 15.2 literal b), de la Ley 91 de 1989 no remitió
también al 7 de la Ley 71 de 1988 implicaría aceptar que los docentes no hacen parte
de la categoría de «empleados oficiales»24 a los que esta última norma gobierna. Tal
entendimiento conllevaría a aseverar, sin ser cierto, (i) que esta última ley no contiene
un régimen pensional aplicable a los empleados «del sector público nacional» cuando
los cobija a todos; y (ii) que la Ley 33 de 1985 es la única aplicable a esta clase de
trabajadores, cuando no es así.

33. Si bien la última expresión entre comillas puede dar lugar a la confusión referida, en
su entendimiento armónico con el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 debe prevalecer la
interpretación que más garantice los derechos de los docentes en virtud del principio de
favorabilidad en materia laboral, según el cual cuando exista más de una posible
interpretación de una norma debe escogerse aquella que mayor provecho otorgue al

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04091-00
Demandante: Nohemy Tavera Baena

trabajador. En ese orden, la que más se ajusta a la protección de su derecho pensional
es la que se afirma en esta providencia, pues amplía su grado de protección pensional.
Por consiguiente, debe inferirse que el texto normativo también remite al artículo 7 de la
Ley 71 de 1988.

34. Este último argumento se relaciona directamente con la tercera razón que avala la
tesis de aplicabilidad de la Ley 71 de 1988 a los docentes vinculados con anterioridad a
la expedición de la Ley 812 de 2003 y que consiste en afirmar que la ley fijó unos
derechos pensionales que no pueden ser desconocidos a ningún servidor público o
trabajador privado. En efecto, en su artículo 11, analizado antes en esta providencia y
que debe ser interpretado de manera sistemática con el 7 por ser parte de un mismo
texto legal y referirse a igual materia, determinó que su contenido y las disposiciones
que quedaron vigentes de las leyes 4 de 1976, 33 de 1973, 12 de 1975, 44 de 1980 y
113 de 1985, junto con la Ley 33 de 1985, comprenden los «derechos mínimos» en
materia de pensiones y sustituciones pensionales aplicables «al sector público en
general y en todos los niveles».

35. En este sentido, se debe destacar que la expresión «derechos mínimos» prevista en
este artículo fijó una base de protección de las garantías pensionales en favor de todos
los servidores públicos que no pueden ser desconocidas a un sector de estos so pena
de afectar su posibilidad de acceder a la pensión, lograr su reajuste y sustitución. Por
consiguiente, dejar de aplicar a los docentes el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 suprimiría
uno de esos derechos esenciales a los que se refiere el artículo 11 ibidem, por cuanto
se les impediría completar el requisito de aportes o tiempo de servicios con la
acumulación de los prestados en el sector privado y en el público sin justificación
constitucional o legal alguna.

36. Aunque puede afirmarse que ese derecho se garantiza con el régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, puesto que si el docente cumple con los
requisitos allí establecidos, como cualquier servidor público, accede a los beneficios de
la Ley 71 de 1988, lo cierto es que una exégesis en esa dirección va en contravía del
querer del legislador de darle un tratamiento diferenciado y más favorable en materia
pensional a los docentes oficiales cuya razón de ser radica en la naturaleza de la labor
que desempeñan, que es única y que consiste en enseñar en los planteles oficiales de
educación.

37. En esa línea, someterlos a que se rijan por el régimen transicional aludido conlleva
los siguientes efectos:

38. (i) desconoce que el hecho de ser «docente oficial» otorga por sí mismo el derecho
a regirse por el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 porque esta categoría hace parte de los
«empleados oficiales» a los que gobierna, incluidos los «del sector público nacional» a
los que se refiere el artículo 15.2 literal b), de la Ley 91 de 1989;

39. (ii) contradice el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y el parágrafo transitorio 1 del Acto
Legislativo 01 de 2005 que exoneraron de la aplicación de la Ley 100 de 1993 a tales
docentes con el único requisito de ser vinculados antes del 27 de junio de 2003 sin
supeditarlo al cumplimiento de otros, como puede ser que hubiesen cotizado de manera
exclusiva en el sector público;

40. (iii) impone a los docentes cargas adicionales para acceder a la pensión por aportes
que el legislador no previó y que pone en riesgo su derecho en caso de no completarlas;
y

41. (iv) desmejora su monto pensional al someter la pensión a una liquidación con el IBL
previsto en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993, pues el régimen de transición
excluyó este aspecto como beneficio al aplicar el régimen anterior […]». (sic)

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04091-00
Demandante: Nohemy Tavera Baena

32. En igual sentido se pronunció la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en sentencia del 2 de octubre de 202516, en la que sostuvo:

«[…] 41. En ese orden debe destacarse que, contrario a lo señalado por la entidad
demandada en el recurso, a la actora no le son aplicables las disposiciones de las Leyes
100 de 1993 y 797 de 2003, y su acceso al régimen pensional de la Ley 71 de 1988 no
está condicionado al cumplimiento de los requisitos de la transición que establece el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 […]». (sic)

33. De tal manera, a partir de esta evolución jurisprudencial, se evidencia que la
Sección Segunda del Consejo de Estado se ha decantado por una línea pacífica de
discusión según la cual la determinación del régimen pensional aplicable a los
docentes depende de la fecha de vinculación al servicio educativo oficial, no del
régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

34. A juicio de la Sala, la corporación judicial demandada incurrió en
desconocimiento del precedente judicial según la cual debe aplicarse la Ley 71 de
1988 a docentes vinculados al servicio oficial antes de la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003 sin exigir el cumplimiento del régimen de transición del artículo 36
de la Ley 100 de 1993. Con ello se desconoció que exigir requisitos propios del
régimen general que no corresponden a la estructura del régimen docente no solo
desvirtúa ese propósito, sino que produce resultados inequitativos y regresivos,
razones por las cuales se concederá el amparo solicitado.

3. Conclusión

35. En este orden de ideas, las inconformidades en las que la demandante centró
sus esfuerzos tienen vocación de prosperidad, de forma que se amparará los
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia
de Nohemy Tavera Baena.

36. En consecuencia, i) se dejará sin efectos la sentencia proferida el 18 de
marzo de 2026 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
150013303500720250003401, y ii) se le ordenará a esa corporación judicial que, en
el término de 20 días siguientes, contados a partir de la notificación de la presente
providencia, emita un pronunciamiento de reemplazo, de conformidad con los
argumentos expuestos en precedencia.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

16
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia de fecha 2 de octubre de 2025.
Número de radicación: 05001 23 33 000 2020 02685 01 (0199-2025). Consejero Ponente: Luis
Eduardo Mesa Nieves. También, ver: Sentencia de fecha 16 de octubre de 2025. Radicación número:
05001-23-33-000-2019-02883-01 (0197-2025). Consejero Ponente: Juan Camilo Morales Trujillo.

14

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04091-00
Demandante: Nohemy Tavera Baena

F A L L A:

Primero. Amparar los derechos fundamentales de Nohemy Tavera Baena, en la
solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C.

Segundo. Dejar sin efectos la sentencia proferida el 18 de marzo de 2026 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
150013303500720250003401

Tercero. Ordenar al Tribunal Administrativo de Boyacá que, en el término de 20
días siguientes, contados a partir de la notificación de la presente providencia, emita
un pronunciamiento de reemplazo, de conformidad con las consideraciones
expuestas en esta providencia.

Cuarto. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Quinto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de su ejecutoria.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
JVD
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

15

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