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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2021-00177-01

Fecha
13 de febrero de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2021-00177-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 28 de julio de 2022, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Quindío accedió a las súplicas de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 29 Número Interno: 5740-2022 Demandante: Luz Eneida Valderrama Castrillón Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag SEGUNDO: ADICIONAR el numeral tercero de la sentencia del 28 de julio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, en lo siguiente: “Ordenar al Fomag adelantar los procedimientos o acciones pertinentes para lograr el traslado de los aportes para pensión que corresponden por el tiempo servido por la señora Luz Eneida Valderrama al municipio de la tebaida”. TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia. CUARTO: Por Secretaría, devolver el expediente al Tribunal de origen. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 63001-23-33-000-2021-00177-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

13 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 63001-23-33-000-2021-00177-01(5740-2022)
Demandante: Luz Eneida Valderrama Castrillón
Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG1)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Reconocimiento de pensión de jubilación por aportes
conforme a la Ley 71 de 1988; maestro vinculado con
anterioridad a la Ley 812 de 2003
Decisión: Apelación sentencia, segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia de 28 de julio de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo del Quindío, Sala Primera de Decisión, que accedió a las
pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES
1. La demanda2.

1.1. Pretensiones.

La señora Luz Eneida Valderrama Castrillón, por intermedio de apoderado
judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)
para solicitar la nulidad del acto ficto configurado el 14 de octubre de 2021,
frente a la petición presentada el día 14 de julio de 2021, en cuanto negó́ el

1
En adelante FOMAG.
2
Las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la herramienta electrónica Samai.

2

Número Interno: 5740-2022
Demandante: Luz Eneida Valderrama Castrillón
Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

derecho a la cancelación de la pensión de jubilación de la demandante a los
55 años de edad y con el cumplimiento de 1.000 semanas de cotización, sin
exigir el retiro definitivo del cargo docente, para efectuar la inclusión en la
nómina de pensionados.

A título de restablecimiento del derecho,

La demandante solicitó que se condenara a la Nación – Ministerio de
Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
FOMAG a reconocer y ordenar el pago de una pensión de jubilación,
equivalente al 75% de los salarios y las primas recibidas, anteriores al
cumplimiento del estatus jurídico de pensionado, es decir, a partir de 15 de
marzo de 2020, momento en que cumplió́ los 55 años de edad y las 1.000
semanas de cotización, sin exigir el retiro definitivo del cargo, para proceder a
su cancelación, en compatibilidad con el salario en la docencia oficial.

La señora Amanda Hercília Torres Franco pidió, además, reconocer y ordenar
el pago de los ajustes con ocasión a la disminución del poder adquisitivo de
las sumas adeudadas y de las mesadas pensionales de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 192 del CPACA, y a que la Nación – Ministerio de
Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
FOMAG cumpla la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del
CPACA, y reconocer el pago de intereses.

La parte actora, finalmente, solicitó condenar en costas al demandado.

Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:

La señora Luz Eneida Valderrama Castrillón nació el 15 de marzo de 1965, y
que en la actualidad cuenta con más de 55 años de edad.

La demandante puso de presente que ha laborado en el sector privado y como
docente en el sector público antes y durante la vigencia de la Ley 812 de 2003

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Número Interno: 5740-2022
Demandante: Luz Eneida Valderrama Castrillón
Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

por contratos de prestación de servicios y por nombramientos en
provisionalidad y en propiedad con la secretaría de educación del
departamento y del municipio del Quindío, asimismo, ha realizado cotizaciones
al instituto de los seguros sociales hoy Colpensiones.

Expuso que por medio de escrito de 14 de julio de 2021, pidió a la demandada
el reconocimiento de una pensión de jubilación por aportes, la cual fue resuelta
negativamente con el acto administrativo demandado.

1.2. Concepto de violación.

El apoderado de la demandante señaló el artículo 7 de la Ley 71 de 1988,
artículo 15 numerales 1 y 2 de la Ley 91 de 1989, artículo 6 de la Ley 60 de
1993, artículo 115 de la Ley 115 de 1993, artículo 279 de la Ley 100 de 1993,
artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y artículos 1 y 2 del Decreto 3752 de 2003.

Expuso que la señora Luz Eneida Valderrama Castrillón estuvo vinculada y
realizó aportes al FOMAG antes del 26 de junio de 2003, motivo por el cual se
entiende como vinculada para efectos del cumplimiento del artículo 81 de la
Ley 812 de 2003, toda vez que el artículo 7 de la Ley 71 de 1988, es aplicable
a todos los servidores públicos de la rama ejecutiva del poder público.

Hizo alusión a la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 16 de marzo
de 2017 con radicado 25-000-23-42-000-2012-00275-01, con relación a la
situación de la demandante y aseguró que, a pesar que la accionante estuvo
vinculada como docente oficial antes del 26 de junio de 2003, la exigencia en
la norma no es acreditar el vínculo laboral sino haber realizado aportes antes
del 26 de junio de 2003 al antiguo Instituto de Seguro Social.

2. Contestación de la demanda3.

La accionada se opuso a las pretensiones de la demanda por carecer de
fundamento de derecho.

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índice 10 del aplicativo Samai radicado 63001-23-33-000-2021-00177-00 primera instancia.

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Número Interno: 5740-2022
Demandante: Luz Eneida Valderrama Castrillón
Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

Frente al régimen pensional de los docentes oficiales, señaló que conforme a
la Ley 71 de 1988, el Decreto 1160 de 1989, el Decreto 2709 de 1994, y el
Decreto 3752 del 2003, el docente que acredite en cualquier tiempo 20 años o
más de cotizaciones o aportes continuos o discontinuos en el Instituto de
Seguros Sociales y en uno o varias entidades de previsión social del sector
público, será equivalente al 75% del promedio de los factores salariales
devengados el año anterior al estatus.

Igualmente, indicó que el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, consagró el
régimen prestacional de los docentes que se encontraban vinculados al
servicio público educativo oficial, por lo que le correspondería las disposiciones
vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de dicha ley, por ende, los que
se vincularan a partir de su entrada en vigencia, serían afiliados al FOMAG
con los derechos pensionales del régimen de prima media señalados en las
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

Finalmente, propuso como excepciones las que denominó inexistencia de la
obligación y la genérica.

3. La sentencia de primera instancia.

El Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Primera de Decisión, mediante
sentencia proferida el 28 de julio de 20224, que tuvo por no probada la
excepción propuesta por la demandada, declaró la nulidad del acto
demandado, y a título de restablecimiento condenó al pago de la pensión por
aportes, [sin condena en costas]. Dispuso:

«Primero: declárese no probada la excepción de “Inexistencia de la obligación”,
propuestas por la entidad demandada, de acuerdo a la parte motiva de esta providencia.

Segundo: declarar la nulidad del oficio del 02 de agosto de 2021 radicado
ARM2021EE011198 mediante la cual se negó el reconocimiento de la pensión de
jubilación consagrada en la Ley 71 de 1988, por las consideraciones expuestas en esta
sentencia.

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índice 20 del aplicativo Samai radicado 63001-23-33-000-2021-00177-00 primera instancia.

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Número Interno: 5740-2022
Demandante: Luz Eneida Valderrama Castrillón
Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

[…]

Cuarto: Las sumas debidas deberán ser indexadas mes a mes hasta la fecha de quedar
en firme la decisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final)
del CPACA y mediante la aplicación de la fórmula matemática financiera adoptada por
el Consejo de Estado.

Quinto: Se reconoce el derecho del demandante a percibir simultáneamente la
presente pensión y la asignación salarial como docente; lo anterior, hasta la
subsistencia de dicho vinculo, es decir, hasta que se produzca el retiro definitivo del
servicio docente, conforme lo previamente considerado.

Sexto: La entidad pública demandada deberá́ dar cumplimiento a la decisión y
reconocer intereses moratorios en la forma y términos dispuestos en los artículos 192 y
195 del CPACA.

El tribunal señaló que la demandante es beneficiaria del régimen de transición
pensional del sector docente consagrado en el artículo 81 de la Ley 812 de
2003 y el parágrafo transitorio 1o del Acto Legislativo 01 de 2005, condición
jurídica y jurisprudencial para la aplicación de la Ley 71 de 1988, toda vez que
la accionante acreditó que tuvo un primer vinculó al servicio docente con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, a saber, el 06 de
marzo de 2001 según Contrato de Prestación de Servicios en Educación No.
143 de 2001; aclarando que el ordenamiento que regula la prestación
reclamada no establece una condición diferente a la simple vinculación, de
acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación en sentencia del 19 de
enero de 2019.

Por lo anterior, concluyó que la señora Luz Eneida Valderrama Castrillón al
haber tenido una vinculación como docente estatal con anterioridad al 27 de
junio de 2003; no le es aplicable la Ley 100 de 1993 sino la Ley 71 de 1988
que consagra la pensión por aportes, teniendo en cuenta que demostró tener
más de 20 años de servicios sumados el tiempo público y privado y 55 años
de edad.

En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, ordenó:

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Número Interno: 5740-2022
Demandante: Luz Eneida Valderrama Castrillón
Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

«[…]

Tercero: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho,
se CONDENA a la Nación- Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio a reconocer, liquidar y pagar la pensión por aportes a la señora
LUZ ENEIDA VALDERRAMA CASTRILLÓN, teniendo como fecha de estatus pensional
el día 15 de marzo de 2020, y equivalente al 75% de los factores salariales enlistados
en las Leyes 33 y 62 de 1986 cotizados en el año inmediatamente anterior a la
consolidación de su estatus pensional, esto es, entre el 16 de marzo de 2019 al 15 de
marzo de 2020. La mesada pensional reconocida quedará sujeta a los reajustes
anuales y a las deducciones de ley.
[…]»

4. Recurso de apelación

La parte demandada5 solicitó revocar la sentencia de primera instancia, al
considerar que la accionante no es beneficiaria del régimen de transición de la
Ley 100 de 1993, teniendo en cuenta que con anterioridad a la vigencia de la
Ley 812 de 2003 la demandante no registra afiliación al FOMAG, pues su
vinculación data el 26 de julio de 2006.

Afirmó que, el contrato de prestación de servicios con el municipio de
Montenegro, no puede tenerse como afiliación válida, ante la falta de
declaración previa de existencia de una relación laboral encubierta como
requisito para computar el período correspondiente en materia pensional.

5. Trámite de segunda instancia

Mediante auto del 21 de marzo de 20236, el despacho sustanciador admitió el
recurso de apelación y corrió traslado a las partes para presentar los alegatos
de conclusión y al Ministerio Público para rendir informe.

5.1. La demandante7 reiteró los argumentos expuestos en la demanda e
indicó que a la actora le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la

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índice 23 del aplicativo Samai radicado 63001-23-33-000-2021-00177-00 primera instancia.
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índice 4 del aplicativo Samai.
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índice 10 del aplicativo Samai.

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Número Interno: 5740-2022
Demandante: Luz Eneida Valderrama Castrillón
Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

pensión de jubilación por aportes conforme a lo establecido por la Ley 71 de
1988.

Resaltó que la accionante es beneficiaria del régimen de transición previsto en
el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y el parágrafo transitorio 1º del Acto
Legislativo 01 de 2005, para la aplicación de la Ley 71 de 1988, por cuanto
acreditó el primer vinculó al servicio docente con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003, a través del Contrato de prestación de
servicios en Educación No. 143 de 2001, por el periodo comprendido del 6 de
marzo al 29 de junio de 2001 y cumplió con los requisitos de edad y años de
servicio públicos y privados.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De
igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)8, el juez
de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos en el recurso de apelación.

Cuestión previa

La Sala precisa que si bien en las pretensiones de la demanda, se solicita la
nulidad del acto ficto configurado respecto de la petición del 14 de julio de
2021, lo cierto es que el Tribunal en la primera instancia declaró la nulidad del
oficio del 2 de agosto de 2021, por medio del cual la Secretaría de Educación
Municipal de Armenia manifestó que era improcedente la reclamación del
derecho pensional de la demandante. Para la Sala esta situación no es óbice

8
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia.”

8

Número Interno: 5740-2022
Demandante: Luz Eneida Valderrama Castrillón
Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

para resolver el recurso de apelación, teniendo en cuenta que este punto no
fue objeto de reparto y que, en cualquier caso, la argumentación de negar el
reconocimiento pensional se mantuvo, y resulta aplicable a ambos
instrumentos jurídicos, esto es, a través de acto ficto o acto expreso, lo cierto
es que se controvierte la negativa de la entidad de cara al derecho pensional
reclamado.

2. Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante,
le corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia del Tribunal
Administrativo del Quindío que accedió parcialmente a las pretensiones. Para
el efecto se analizará si a la accionante le asiste derecho al reconocimiento de
la pensión de jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de 1988 o, por el
contrario, carece de razón, pues su vinculación a la docencia oficial pese a que
es anterior a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, no reúne la totalidad
de tiempo de servicios en el servicio docente, es decir, sin incluir tiempo
laborado a través de órdenes de prestación de servicios.

Con el propósito de desatar los problemas jurídicos, se abordarán los
siguientes aspectos: 3. Marco normativo y jurisprudencial; 4 Hechos probados;
5. Caso concreto, 6. Condena en costas.

3. Marco normativo y jurisprudencial.

3.1 El derecho fundamental a la seguridad social

Como es bien sabido, la seguridad social es un derecho reconocido como un
derecho fundamental. La Constitución Política de Colombia en su artículo 48
define la seguridad social como un servicio público de carácter obligatorio que
debe ser prestado bajo la dirección, coordinación y control del Estado a través
de las entidades dispuestas para ello, como una garantía irrenunciable de
todas las personas9.

9
Corte Constitucional Sentencia T-321 de 1999.

9

Número Interno: 5740-2022
Demandante: Luz Eneida Valderrama Castrillón
Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

Ciertamente este derecho, guarda una estrecha relación con la dignidad
humana puesto que permite que cualquier persona haga frente a las
circunstancias que las privan de su capacidad para ejercer plenamente sus
derechos y disfrutar de los aspectos sencillos de la vida. Se ha reconocido, por
las Naciones Unidas que la seguridad social desempeña una importante labor
en la reducción y el alivio de la pobreza y la prevención de la exclusión social.

Ahora bien, la protección que el orden constitucional le confiere al derecho a
la seguridad social también encuentra respaldo en varios instrumentos
internacionales que reconocen este derecho. Así sucede con la Declaración
Universal de Derechos Humanos la cual establece que: “Toda persona, como
miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y obtener,
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de
la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos
económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre
desarrollo de su personalidad”.

Por su parte, el artículo 16 de la Declaración Americana de los Derechos de la
Persona afirma que: “Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le
proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la
incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la
imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia”.

En igual sentido, el artículo 9° del Pacto Internacional de Derechos Sociales y
Culturales pregona que “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen
el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social”.

De manera similar, el artículo 9 del Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales prescribe que: “Toda persona tiene derecho a la
seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la
incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios
para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las
prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes”.

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Número Interno: 5740-2022
Demandante: Luz Eneida Valderrama Castrillón
Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

Como se infiere de las normas internacionales mencionadas, el derecho a la
seguridad social busca proteger a todas las personas que, se encuentran en
imposibilidad física o mental para obtener los medios de subsistencia que le
permitan llevar una vida digna a causa de la vejez, del desempleo o de una
enfermedad o incapacidad laboral.

La Corte Constitucional, se ha pronunciado sobre la necesidad que existe de
cubrir riesgos que son propios a la condición humana que no pueden
desconocerse y requieren un alto grado de protección. Tal es el caso, de la
pensión de vejez, que es uno de los mecanismos que, en virtud del derecho a
la seguridad social, protege a las personas cuando se produce una disminución
de la producción laboral que impide o dificulta obtener los recursos para
disfrutar de una vida digna”10 .

En este sentido, la pensión de vejez ha sido definida por la jurisprudencia
constitucional como un "salario diferido del trabajador, fruto de su ahorro
forzoso durante toda una vida de trabajo". Por lo tanto, "el pago de una pensión
no es una dádiva súbita de la Nación, sino el simple reintegro que del ahorro
constante durante largos años, es debido al trabajador"11.

Por su parte, el Convenio núm. 102 “Sobre la Seguridad Social” de la
Organización Internacional del Trabajo establece un deber de los estados
miembros de garantizar el derecho a la seguridad social.

3.2 Marco normativo y jurisprudencial del régimen pensional docente

En un inicio, los docentes oficiales fueron destinatarios de la pensión de
jubilación prevista por la Ley 6ª de 1945, según la cual, quien acumulara 20
años de servicio y llegara a 50 años de edad, tendría derecho a una pensión
vitalicia de jubilación liquidada con el 75% del «promedio de los sueldos
devengados durante el último año». Posteriormente, sus derechos

10
Sentencia T 163 de 2013
11
Sentencia C.177 de 1998.

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Número Interno: 5740-2022
Demandante: Luz Eneida Valderrama Castrillón
Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

pensionales fueron regidos por la Ley 33 de 1985, norma que consagró el
derecho a obtener una pensión de jubilación para aquellos que acumularan 20
años de servicio y cumplieran 55 años de edad, liquidada con el 75% «del
salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de
servicio».

Con la Ley 91 de 1989 se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio concebido como una cuenta especial de la nación, que tenía
como finalidad realizar el pago de las prestaciones sociales de los docentes.
En estos términos, el Fondo tiene dentro de sus funciones, reconocer la
pensión de jubilación, post mortem, de retiro por vejez, de invalidez y la
sustitución pensional.

Ahora bien, en la misma ley mencionada, se determinó que a los docentes
afiliados a dicho Fondo se les aplicaría el mismo régimen pensional de los
empleados del sector público nacional. Así lo prescribe, el artículo 15 literal b)
de la Ley 91 de 1989 según el cual ”para los docentes vinculados a partir del
1º de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se
nombren a partir del 1 de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de
Ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del
salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del
régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y
adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional”. (Subrayado fuera de texto).

En ese orden, aunque si bien es cierto que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989
determinó que la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
corresponderá al equivalente al 75% del salario mensual promedio del último
año de servicios, también lo es que, no especificó los requisitos de
reconocimiento de la prestación, y por ello, remite al régimen vigente para los
pensionados del sector público nacional. Ahora bien, ese régimen atendiendo
a la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado 12,

12
Sentencia del 20 de octubre de 2014, proferida por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado.
Radicado 68001233100020110027601.

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Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

corresponde al consagrado para el sector público en la Ley 33 de 1985, esto
teniendo en cuenta que el régimen de seguridad social en materia pensional
establecido en la Ley 100 de 1993 no se aplica a los afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por expreso mandato del
artículo 279 de esta normativa.

De acuerdo con lo anterior, el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 consagra que
el empleado oficial que sirva o haya servido 20 años continuos o discontinuos
y llegue a la edad de 55 años tendrá derecho a que la respectiva Caja de
Previsión le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al
75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último
año de servicio. Por su parte, el artículo 3° de esta misma disposición,
modificado por el artículo 1° de la Ley 62 de 1985, indica que la base de
liquidación de los aportes estará constituida por la asignación básica, los
gastos de representación, la prima técnica, los dominicales y feriados, las
horas extras, la bonificación por servicios prestados y trabajo suplementario o
realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio. Y precisa
que, en todo caso, “las pensiones de los empleados oficiales de cualquier
orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de
base para calcular los aportes”.

Así las cosas, la expedición de la Ley 100 de 1993, no varió las condiciones
de como se venían reconociendo las pensiones para el sector docente, puesto
que como dicho gremio estaba exceptuado, se les seguía aplicando las
condiciones fijadas, en las ya mencionada Ley 91 de 1989 en concordancia
con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este
último derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.

Esta realidad cambió con la expedición de la Ley 812 de 2003 “Por la cual se
aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado
comunitario", puesto que a través del artículo 8113introdujo importantes

13
Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 2341 de 2003, Reglamentado Parcialmente por el Decreto
Nacional 3752 de 2003.

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Número Interno: 5740-2022
Demandante: Luz Eneida Valderrama Castrillón
Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

cambios en el régimen de los docentes oficiales, con el fin de incorporar a este
sector al sistema de seguridad en pensiones regulado por la Ley 100 de 1993.

En efecto, el artículo 81 en cita, determinó que el régimen de los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales que se encontraban vinculados al
servicio público educativo oficial sería «[…] el establecido para el Magisterio
en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de [esa]
ley»; sin embargo, en seguida reguló que los docentes oficiales vinculados a
partir de su entrada en vigor (27 de junio de 2003), deben ser afiliados al
Fomag y tendrán los derechos del régimen pensional de prima media
establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, «con los requisitos
previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57
años para hombres y mujeres».

El Acto Legislativo 01 de 2005, por medio del cual se reformó el artículo 48 de
la Constitución Política, ratificó el alcance del art. 81 de la Ley 812 de 2003 en
relación con el régimen docente. En el parágrafo transitorio núm.1 o dispuso
que “El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y
territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido
para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de
esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia
de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes
del Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley
812 de 2003”.

La Sección Segunda del Consejo de Estado, en el marco del anunciado
cambio legislativo, profirió la Sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25
de abril de 201914, en la cual estableció que para definir el régimen pensional
que regula el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para los docentes
nacionales, nacionalizados o territoriales, es necesario tomar como punto de

14
Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P.
César Palomino Cortés.

14

Número Interno: 5740-2022
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Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

partida la fecha de ingreso al servicio educativo oficial docente. En esos
términos quedó explicado en la citada sentencia:

«[…]
I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985
para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al
servicio público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigencia
de la Ley 812 de 2003.
II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se
vincularon a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A
estos docentes, también afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media
establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos
previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57
años para hombres y mujeres».

De acuerdo con esta interpretación, la Sección Segunda concluyó que para
quienes se hayan vinculado al servicio público educativo oficial con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, lo cual ocurrió el 27
de junio del mismo año15 la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación
sería la que corresponde “al mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación
para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985,
los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se
hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la
Ley 62 de 1985, y normas concordantes, por lo tanto, no se puede incluir
ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo”16.

Ahora bien, para los docentes que ingresaron al servicio educativo a partir de
la Ley 812 de 2003, en el mismo fallo se dispuso lo siguiente:

«[…] 68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, y son beneficiarios del régimen pensional de prima
media en las condiciones previstas en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo
en lo que tiene que ver con la edad, la que, según el artículo 81 de la citada Ley
812 de 2003 se unificó para hombres y mujeres en 57 años 17. Esto quiere decir,
que para el ingreso base de liquidación de este grupo de docentes debe tenerse
en cuenta lo previsto en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.
69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de
pensiones y no la regulación prevista en la Ley 91 de 1989. Los factores que se
deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto

15 Diario Oficial No. 45.231, de 27 de junio de 2003.
16 0937-2017. MP CésarPalomino Cortés.

17
La Ley 1151 de 2007 en el artículo 160 conservó la vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y derogó el
artículo 3 del Decreto 3752 de 2003.

15

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1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones […]».

En resumen, a los docentes vinculados antes del 27 de junio de 2003 se les
aplicarán las leyes 91 de 1989, 33 de 1985 y 71 de 1988. Requisito de edad:
55 años. Requisito de tiempo o semanas: 20 años de servicio. Monto: 75%.con
un IBL o Componente temporal: del último año anterior a la adquisición del
derecho a la pensión, en consideración de la compatibilidad del ejercicio de la
docencia con el goce de la pensión de jubilación prevista por el art. 5º de la
Ley 224 de 1972; o último año de prestación de servicios, según corresponda.

En contraste, a los docentes vinculados a partir del 27 de junio de 2003, se les
aplicará la Ley 100 de 1993 y Ley 797 de 2003. Requisito de edad: 57 años.
Requisito de tiempo de servicios: según corresponda de acuerdo con el
artículo 33 de la Ley 100 de 1993. Monto: el que resulte de aplicar las reglas
previstas en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993, según corresponda en el
tiempo y con IBL o componente temporal de los últimos 10 años o toda la vida
laboral, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.

De acuerdo con lo anterior, el régimen de los docentes vinculados con
antelación a la promulgación de la Ley 812 de 2003, es el previsto en la Ley
91 de 1989 que, a su vez, remite al «[…] régimen vigente para los pensionados
del sector público nacional», contenido en los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945
y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último derogado por el artículo 25 de la
Ley 33 de 1985.

Es importante destacar, aunque parezca de perogrullo que, el régimen de los
pensionados del sector público nacional, consagrado en la Ley 33 de 1985,
solo permite sumar los tiempos públicos servidos al sector oficial.

3.3 La Ley 71 de 1988- Finalidad y alcance

Con anterioridad a la Constitución de 1991 y la Ley 100 de 1993, no era posible
que los trabajadores del sector público y del sector privado sumaran el tiempo
servido en los dos sectores para efectos de obtener su derecho pensional, esto

16

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traía como consecuencia que unos y otros no logran en varias oportunidades
completar el tiempo para acceder a dicha prestación.

Con la expedición de la Ley 71 de 1988, el legislador buscó dar solución a esta
contingencia consagrando la “pensión de jubilación por acumulación de
aportes”, según el artículo 7º de esta disposición, como aquella que se obtiene
sumando los tiempos de cotización en el sector público y privado. De acuerdo
con ello, a partir de esta normatividad, los empleados oficiales y públicos y los
trabajadores particulares que acrediten, 55 años si es mujer y 60 años si es
varón, y 20 años de aportes sufragados en cualquier tiempo en una o varias
entidades de previsión social o de las que hagan sus veces, con los efectuados
ante el I.S.S., tendrán derecho a acceder a la prestación jubilatoria mediante
la acumulación de aportes y cotizaciones derivados de la relación contractual
particular u oficial y la legal y reglamentaria.

Es importante mencionar que el nacimiento en el ordenamiento jurídico de la
Ley 71 de 1988, no produjo ninguna modificación en los regímenes ordinarios
de pensión que existían hasta ese momento. Así quedó claramente señalado
en el artículo 11º de la misma Ley 71 en el que se indicó que "esta ley y las
leyes 33 de 1973, 12 de 1975, 4a. de 1976, 44 de 1980, 33 de 1985, 113 de
1985 y sus decretos reglamentarios, contienen los derechos mínimos en
materia de pensiones y sustituciones pensionales y se aplicarán en favor de
los afiliados de cualquier naturaleza de las entidades de previsión social, del
sector público en todos sus niveles y de las normas aplicables a las entidades
de previsión social del sector privado, lo mismo que a las personas naturales
y jurídicas que reconozcan y paguen pensiones de jubilación, vejez e
invalidez".

La Corte Constitucional en la Sentencia C-012 de 1994, puso de presente que
con anterioridad a la Ley 71 de 1998 “los regímenes jurídicos sobre pensiones
no permitían obtener el derecho a la pensión de jubilación acumulando el
tiempo servido en entidades oficiales, afiliadas a instituciones de previsión
social oficiales y a las cuales se habían hecho aportes, con el tiempo servido
a patronos particulares, afiliados al Instituto Colombiano de los Seguros

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Sociales, y al cual, igualmente se había aportado, aun cuando si era
procedente obtener el derecho a la pensión acumulando el tiempo servido a
diferentes entidades oficiales, cuando se hubieren hecho aportes a diferentes
entidades de previsión social oficial o al ISS".

En el contexto descrito, el establecimiento de la pensión de jubilación por
aportes se convirtió en una garantía para los empleados oficiales y públicos y
los trabajadores particulares, de sumar todas las cotizaciones realizadas en su
historia laboral, independientemente de si estas tuvieron origen en el sector
público o privado, para cubrir su riesgo de vejez.

La Sección Segunda, también se ha pronunciado sobre las implicaciones que
ha tenido la expedición de la Ley 71 de 1998 al consagrar la pensión por
aportes. Sobre dicha prestación, esta Corporación18 ha explicado lo siguiente:

«[…] En el modelo de prestaciones sociales y de seguridad social anterior a la
Constitución de 1991 y la Ley 100 de 1993, el sistema pensional aplicable a los
trabajadores del sector privado era diferente al aplicable a los servidores
públicos, al punto de que por regla general no era posible, para efectos de la
pensión, sumar el tiempo servido en una u otra calidad de vínculo laboral. Para
remediar esta situación el Congreso expidió la Ley 71 de 1988, la cual, en su
artículo 7 de la Ley 71 de 1988 consagró la denominada “pensión de jubilación
por acumulación de aportes”, es decir, aquella que se obtiene sumando los
tiempos de cotización y de servicios en el sector público y en el privado.»

De acuerdo con todo lo dicho, la pensión por aportes representó la oportunidad
para empleados públicos y privados de sumar sus aportes para efectos
pensionales.

3.4 Aplicación de la pensión por aportes regulada por la Ley 71 de 1988,
a los docentes vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003.

18
Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección B; sentencia de 9 de junio de 2011; expediente: 25000-23-25-
000-2005-05520-01(1117-09); consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve.

18

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Aunque en oportunidades anteriores, el suscrito ponente de esta decisión
había salvado el voto en asuntos como el que se discute en esta ocasión, a
partir de la sentencia del 30 de enero del 2023 acompaño la posición
mayoritaria de la Sala, en la que se determinó que la Ley 71 de 1988 si era
aplicable a los docentes estatales.

Ciertamente, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
llegó a la mencionada conclusión al interpretar la Ley 71 de 1988, de
conformidad con lo previsto en los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y 15,
numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989. La Sala expresó en esta oportunidad
varios razonamientos que dan lugar a esta interpretación. En síntesis estos
fueron los siguientes:

En primer lugar, el legislador tuvo la intención al establecer en el numeral 2,
literal b), del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 que los docentes «gozarán del
régimen vigente para los pensionados del sector público nacional» lo que
significa que dicha expresión también incluye que puedan ser beneficiarios
de la Ley 71 de 1988 puesto que esta normativa está dirigida a todos los
empleados públicos en general, sin hacer exclusión expresa de algún sector.

En segundo lugar, interpretar que el artículo 15.2 literal b), de la Ley 91 de
1989 no remitió también al 7 de la Ley 71 de 1988 implicaría aceptar que los
docentes no hacen parte de la categoría de «empleados oficiales»19 a los
que esta última norma gobierna. Tal entendimiento conllevaría a aseverar,
sin ser cierto, (i) que esta última ley no contiene un régimen pensional
aplicable a los empleados «del sector público nacional» cuando los cobija a
todos; y (ii) que la Ley 33 de 1985 es la única aplicable a esta clase de
trabajadores, cuando no es así.

En tercer lugar, la Ley 71 de 1988, fijó unos derechos pensionales que no
pueden ser desconocidos a ningún servidor público o trabajador privado. En
efecto, en su artículo 11, analizado antes en esta providencia y que debe ser
interpretado de manera sistemática con el 7 por ser parte de un mismo texto
legal y referirse a igual materia, determinó que su contenido y las

19
El Decreto 2277 de 1979 «Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión
docente» los clasificó en su artículo 3 como «empleados oficiales de régimen especial».

19

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disposiciones que quedaron vigentes de las leyes 4 de 1976, 33 de 1973, 12
de 1975, 44 de 1980 y 113 de 1985, junto con la Ley 33 de 1985, comprenden
los «derechos mínimos» en materia de pensiones y sustituciones
pensionales aplicables «al sector público en general y en todos los niveles».

En cuarto lugar, no hay un mandato legal que disponga que los docentes
oficiales deben ejercer durante toda su vida laboral la enseñanza en el sector
público para que se les aplique el numeral 2 literal b), del artículo 15 de la
Ley 91 de 1989, esto es, para tener derecho a pensionarse con las normas
del régimen pensional de los empleados del sector público nacional. En
efecto, el numeral referido trae como única condición la de ser docente oficial
nacional o nacionalizado vinculado a partir del 1.° de enero de 1981 o del 1.°
de enero de 1990. En ninguno de sus apartes exige que deba ejercerse
durante un determinado tiempo la docencia oficial.

En quinto lugar, si bien la Ley 33 de 1985 en su artículo 1 dispuso que
quedaban cobijados por sus reglas todos los empleados públicos salvo «los
empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza
justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente, ni
aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones», lo cierto
es que tal enunciado normativo que establece una excepción tan estricta no
implica que a los docentes no los pueda gobernar otra norma en temas
pensionales porque las leyes 71 de 1988 y 91 de 1989 se expidieron con
posterioridad.

Para la Sala, los argumentos expuestos en esta oportunidad, no solo ofrecen
una interpretación sistemática de las normas que regulan el régimen docente,
sino además de ello, corresponden a una interpretación que materializa el
principio de favorabilidad en materia laboral consagrado en el artículo 53 de la
Constitución Política. Ciertamente, considerar que la denominada pensión por
aportes creada por la Ley 71 de 1988, es aplicable a los docentes oficiales,
conlleva a la obligación de optar por la situación más favorable al empleado,
incluso cuando de la norma surjan varias interpretaciones posibles, como en
el presente, en donde respecto al numeral 2, literal b), del artículo 15 de la Ley
91 de 1989 en donde se afirma que los docentes «gozarán del régimen vigente
para los pensionados del sector público nacional» podría acogerse una
primera interpretación que los excluye, porque expresamente no se mencionó

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la Ley 71 de 1988, y una segunda, que si los incluye, bajo la idea que los
docentes como empleados públicos también pueden acceder al régimen
pensional por aportes señalado en la pluricitada Ley 71 de 1988, postura que
fue expuesta por la Sala.

De igual manera, esta posición, también encuentra sustento en una
interpretación Finalista de la Ley 71 de 1988 que como se expuso en párrafos
precedentes, tenía como objetivo que cualquier empleado del sector público o
privado, contara con la posibilidad de sumar sus cotizaciones, sin importar el
origen del sector en donde éstas fueron causadas, en tal sentido, considerar
que los docentes no tienen derecho a sumar sus aportes a la luz de dicha
normativa, trae como consecuencia, una transgresión al derecho a la igualdad
de este sector de la población, puesto que mientras el art. 7º de la Ley 71 de
1988 permite que accedan a la pensión por aportes todos los empleados
públicos, oficiales y los trabajadores privados, una interpretación restrictiva los
excluiría, y con ello se crea una barrera de acceso al derecho a la pensión de
aquellos que no puedan obtenerla sumando únicamente los tiempos públicos.

Ciertamente aplicar una interpretación favorable, según la cual los docentes
también puedan acumular las semanas sin importar que cambien de
empleador, permite sin duda que se materialice el derecho fundamental a
percibir una pensión de vejez, que solamente tiene origen en el trabajo
continuado del trabajador que espera en algún momento recibir el ahorro que
ha guardado para disfrutar de un descanso remunerado y en condiciones
dignas.

3.5 Marco Normativo para reconocer el pago de la pensión de jubilación
por aportes.

Bajo el contexto que se ha descrito, los docentes tienen derecho a que se
aplique la Ley 71 de 1988, siempre y cuando se hayan vinculado al ejercicio
docente público oficial con anterioridad al 27 de junio de 2003, fecha en la que
entró en vigencia la Ley 812 del mismo año. Cumplida esta condición, y en el
evento en que los docentes hayan prestado sus servicios en entidades

21

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públicas y privadas, podrán acceder al reconocimiento de la pensión por
aportes, de acuerdo a lo requisitos establecidos en el artículo 7º de dicha
normativa, que dispone lo siguiente:

«Artículo 7. A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados
oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes
sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las
entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional,
departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el
Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de
jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es
varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer.

El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el
reconocimiento y pago de esta prestación y determinará las cuotas partes
que correspondan a las entidades involucradas».

Esta disposición, fue reglamentada por el Decreto 2709 del 13 de diciembre
de 1994, de la siguiente manera:

«Artículo 1°. Pensión de jubilación por aportes. La pensión que se refiere el
artículo 7o. de la Ley 71 de 1988, se denomina pensión de jubilación por aportes.

Tendrán derecho a la pensión de jubilación por aportes quienes al cumplir 60
años o más de edad si es varón, o 55 años o más si se es mujer, acrediten en
cualquier tiempo, 20 años o más de cotizaciones o aportes continuos o
discontinuos en el Instituto de Seguros Sociales y en una o varias de las
entidades de previsión social del sector público.

Artículo 2°. Efectividad y pago de la pensión de jubilación por aportes. La pensión
de jubilación por aportes, para los servidores públicos se hará efectiva una vez
se retiren del servicio. Para los demás trabajadores, se requiere la desafiliación
de los seguros de invalidez, vejez o muerte y accidente de trabajo y enfermedad
profesional, salvo las excepciones previstas en la ley.

Artículo 3°. Incompatibilidad de la pensión de jubilación por aportes. La pensión
de jubilación por aportes es incompatible con las pensiones de jubilación,
invalidez, vejez y retiro por vejez. El empleado o trabajador podrá optar por la
más favorable cuando haya concurrencia entre ellas.

Artículo 4°. Entidad de previsión. Para efectos de la pensión de jubilación por
aportes, se tendrá como entidad de previsión social a cualquiera de las cajas de
previsión social, fondos de previsión, o las que hagan sus veces del orden
nacional, departamental, intendencial, comisarial, municipal o distrital y al
Instituto de los Seguros Sociales.
[…]

Artículo 6º. Salario base para la liquidación de la pensión de jubilación por
aportes. El salario base para la liquidación de esta pensión, será el salario
promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios,
salvo las excepciones contenidas en la ley.

Si la entidad de previsión es el ISS se tendrá en cuenta el promedio del salario
base sobre el cual se efectuaron los aportes durante el último año y dicho instituto
deberá certificar lo pagado por los citados conceptos durante el período

22

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correspondiente.

Artículo 8o. Monto de la pensión de jubilación por aportes. El monto de la pensión
de jubilación por aportes será equivalente al 75 % del salario base de liquidación.
El valor de la pensión de jubilación por aportes, no podrá ser inferior al salario
mínimo legal mensual vigente ni superior a quince (15) veces dicho salario, salvo
lo previsto en la ley».

Siguiendo el tenor literal de las normas transcritas, para tener derecho a una
pensión de jubilación, bajo la Ley 71 de 1988, se requiere que los empleados
oficiales y trabajadores cumplan los siguientes requisitos: 1) que acumulen 20
años continuos o discontinuos cotizados en una o varias entidades de
previsión de cualquier orden y en el ISS (hoy Colpensiones); 2) que cumplan
la edad de 55 años si es mujer y 60 si es hombre.

De otra parte, en lo que se refiere al monto que se tiene en cuenta para liquidar
esta pensión de jubilación por aportes, este corresponde al 75% del salario
promedio base para los aportes durante el último año de servicios.

4. Hechos probados.

i) Cédula de ciudadanía de la actora, que demuestra que nació el 15 de marzo
de 196520.

ii) La accionante laboró a través de órdenes de prestación de servicio y
certificados por los siguientes periodos21, así:

Contrato Nos. Periodo Certificado Tiempo

20
Expediente Electrónico, archivo: 003: anexo demanda pdf, pag 10 del aplicativo Samai radicado 63001-23-33-000-
2021-00177-00 primera instancia.
21
Expediente Electrónico, archivo: 003: anexo demanda pdf, pag 13 a 35 del aplicativo Samai radicado 63001-23-33-
000-2021-00177-00 primera instancia.

23

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143 del 2001, 06 de marzo de Certificado laboral Rad. 3 meses y 23 días =
prestando sus 2001 hasta el 29 7970 expedido el 09 de 16,14 semanas
servicios como de junio de 2001 noviembre de 2021 por (113 días)
docente en el Centro el Profesional
Educativo Francisco Universitario Hojas de
José de Caldas del Vida de la Secretaría de
Municipio de Educación
Tebaida (Q), Departamental y copia
suscrito por el del Contrato de
secretario de Prestación de Servicios
Educación del en Educación No. 143
Departamento del de 2001.
Quindío.

055 del 2001, 18 de julio de Certificado laboral Rad. 4 meses y 19 días =
prestando sus 2001 hasta el 07 7970 expedido el 09 de 19,85 semanas
servicios como de diciembre de noviembre de 2021 por (139 días)
docente en el Centro 2001 el Profesional
Educativo Francisco Universitario Hojas de
José de Caldas del Vida de la Secretaría de
Municipio de Educación
Tebaida (Q), Departamental y copia
suscrito por el del Contrato de
secretario de Prestación de Servicios
Educación del en Educación No. 143
Departamento del de 2001.
Quindío.

038 del 2022, 22 de enero de Certificado laboral Rad. 4 meses y 22 días =
prestando sus 2002 hasta el 14 7970 expedido el 09 de 20,28 semanas
servicios como de junio de 2002 noviembre de 2021 por (142 días)
docente en el Centro el Profesional
Educativo Francisco Universitario Hojas de
José de Caldas del Vida de la Secretaría de
Municipio de Educación
Tebaida (Q), Departamental y copia
suscrito por el del Contrato de
secretario de Prestación de Servicios
Educación del en Educación No. 143
Departamento del de 2001.
Quindío.

Resolución No. 335 20 de mayo de Fondo Nacional de 11 meses y 12 días
del 10 de mayo de 2004 hasta el 02 Prestaciones Sociales = 48,85 semanas
2004, por la cual se de mayo de 2005 del Magisterio - Formato (342 días)
realiza un Único para la
nombramiento en Expedición de
provisionalidad. Certificados de Historia
Laboral, expedido por la
Secretaría de
Educación Municipal de
Armenia, el 03 de
noviembre de 2021

Resolución No. 960 Fondo Nacional de 08 meses y 03 días
del 11 de julio de Prestaciones Sociales = 34,71 semanas
2006, por la cual se 17 de julio de del Magisterio - Formato (243 días)
realiza un 2006 hasta el 20 Único para la
nombramiento en de marzo de Expedición de
periodo de prueba 2007 Certificados de Historia
Laboral, expedido por la

24

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Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

Secretaría de
Educación Municipal de
Armenia, el 03 de
noviembre de 2021

Resolución No. 335 Desde el 21 de Fondo Nacional de 14 años, 07 meses
del 10 de mayo de marzo de 2007 a Prestaciones Sociales y 12 días = 751,71
2004, por la cual se la fecha de del Magisterio - semanas (5.262
realiza un expedición del Formato Único para la días)
nombramiento en certificado Expedición de
propiedad (03/11/2021) Certificados de Historia
Laboral, expedido por
la Secretaría de
Educación Municipal de
Armenia, el 03 de
noviembre de 2021

Total 891,54 semanas

iii) La demandante ha realizado aportes para pensión al Instituto de Seguros
Sociales (hoy Colpensiones), según reporte de semanas cotizadas en pensión
a 02 de junio de 202122 durante los tiempos que a continuación se relacionan:

Periodos Empleador Tiempo
03/02/1988 a 01/10/1992 COOP MOTORISTAS EL 243,29 semanas
CACIQUE

Total 243,29 semanas

vi) Certificaciones expedidas por la Directora del Fondo Territorial de
Pensiones del Departamento del Quindío23, la demandante no recibe pensión
del Departamento.

vii) Que entre los años 2019 y 2020 ha percibido la asignación básica mensual,
la bonificación mensual docentes, horas extras, la prima de navidad, la prima
de servicios, la prima de vacaciones y la bonificación pedagógica, de acuerdo
al Formato Único para la Expedición de Certificados de Salario, expedido el 05
de noviembre de 2021 por la Secretaría de Educación Municipal de Armenia24.

22
Expediente Electrónico, archivo: 003: anexo demanda pdf, pag 11 a 12 del aplicativo Samai radicado 63001-23-33-
000-2021-00177-00 primera instancia.
23
Expediente Electrónico, archivo: 003: anexo demanda pdf, pag 38 del aplicativo Samai radicado 63001-23-33-000-
2021-00177-00 primera instancia.
24
Expediente Electrónico, archivo: 003: anexo demanda pdf, pag 36 a 37 del aplicativo Samai radicado 63001-23-33-
000-2021-00177-00 primera instancia.

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Número Interno: 5740-2022
Demandante: Luz Eneida Valderrama Castrillón
Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

4.1 Actuación administrativa.

• Escrito del 14 de julio de 202125 ante radicado en la Secretaría de Educación
Municipal de Armenia, por cuyo conducto la actora solicitó el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes, con
fundamento en la Ley 71 de 1988, reglamentado por el Decreto 2709 de
1994.

• Oficio del 02 de agosto de 202126 radicado ARM2021EE011198, de la
Secretaría de Educación de Municipal de Armenia, por medio de la cual se
le negó́ a la demandante el reconocimiento de la pensión de jubilación.

5. Caso concreto.

La señora Luz Eneida Valderrama Castrillón acude en sede de nulidad y
restablecimiento del derecho para solicitar la nulidad del acto ficto configurado el 14
de octubre de 2021, frente a la petición presentada el día 14 de julio de 2021, en
cuanto negó el derecho a la cancelación de la pensión de jubilación de la demandante
a los 55 años de edad y con el cumplimiento de 1.000 semanas de cotización, sin
exigir el retiro definitivo del cargo docente, para efectuar la inclusión en la nómina de
pensionados.

El Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Primera de Decisión, mediante sentencia
proferida el 28 de julio de 2022, declaró la nulidad del acto demandado, y a título de
restablecimiento condenó al pago de la pensión por aportes, al estimar que
comoquiera que la actora se vinculó como docente estatal con anterioridad al 27 de
junio de 2003; le es aplicable el régimen pensional de la Ley 71 de 1988 que consagra
la pensión por aportes, teniendo en cuenta que demostró tener más de 20 años de
servicios sumados el tiempo público y privado y 55 años de edad.

La demandada interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, para que el
fallo de primera instancia sea revocado, en el sentido de disponer que el contrato de

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Expediente Electrónico, archivo: 003: anexo demanda pdf, pag 5 a 15 del aplicativo Samai radicado 63001-23-33-
000-2021-00177-00 primera instancia.
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Expediente Electrónico, archivo: 003: anexo demanda pdf, pag 6 del aplicativo Samai radicado 63001-23-33-000-
2021-00177-00 primera instancia.

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Número Interno: 5740-2022
Demandante: Luz Eneida Valderrama Castrillón
Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

prestación de servicios con el municipio de Montenegro, no puede tenerse como
afiliación válida, ante la falta de declaración previa de existencia de una relación
laboral encubierta como requisito para computar el periodo correspondiente en
materia pensional.

En el sub lite se tiene que la demandante (i) nació el 15 de marzo de 196527 (ii) prestó
sus servicios como docente por contrato de prestación de servicios antes del 14 de
junio de 2002, por los interregnos del 06 de marzo de 2001 hasta el 29 de junio de
2001, 18 de julio de 2001 hasta el 07 de diciembre de 2001 y del 22 de enero de 2002
hasta el 14 de junio de 2002 (56,27 semanas), asimismo, (iii) periodos certificados
como docente provisional y en periodo de prueba (83,56 semanas), (iv) periodo con
vinculación al Fomag en propiedad desde el 21 de marzo de 2007 hasta la fecha de
expedición del certificado del 03 de noviembre de 2021 (751,71 semanas)28 (v) según
el reporte de Colpensiones cuenta con semanas cotizadas (243,29 semanas)29; y (vi)
mediante escrito del 14 de julio de 202130, solicitó el reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación por aportes, con fundamento en la Ley 71 de 1988,
reglamentado por el Decreto 2709 de 1994, frente a lo cual obtuvo una respuesta
negativa mediante oficio del 02 de agosto de 202131.

Ahora bien, aquellos docentes cuya vinculación sea anterior al 27 de junio de 2003
tendrán derecho a adquirir la pensión de jubilación de que tratan las Leyes 91 de 1989
y 33 de 1985 o 71 de 1988 (en caso de acumulación de tiempos públicos y privados).
Por su parte, los educadores que ingresaron con posterioridad a dicha fecha podrán
acceder a la pensión de vejez contemplada en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993
(modificado por el 9 de la Ley 797 de 2003).

En este orden de ideas, dado que la accionante se vinculó al servicio docente con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, el 07 de marzo de 2001
según Contrato de Prestación de Servicios en Educación No. 143 de 200132, es
beneficiaria del régimen de transición pensional del sector docente consagrado en el

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Expediente Electrónico, archivo: 003: anexo demanda pdf, pag 10 del aplicativo Samai radicado 63001-23-33-000-
2021-00177-00 primera instancia.
28
Expediente Electrónico, archivo: 003: anexo demanda pdf, pag 13 a 35 del aplicativo Samai radicado 63001-23-33-
000-2021-00177-00 primera instancia.
29
Expediente Electrónico, archivo: 003: anexo demanda pdf, pag 11 a 12 del aplicativo Samai radicado 63001-23-33-
000-2021-00177-00 primera instancia.
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Expediente Electrónico, archivo: 003: anexo demanda pdf, pag 5 a 15 del aplicativo Samai radicado 63001-23-33-
000-2021-00177-00 primera instancia.
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Expediente Electrónico, archivo: 003: anexo demanda pdf, pag 6 del aplicativo Samai radicado 63001-23-33-000-
2021-00177-00 primera instancia.
32
Expediente Electrónico, archivo: 003: anexo demanda pdf, pag 13 a 35 del aplicativo Samai radicado 63001-23-33-
000-2021-00177-00 primera instancia.

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Número Interno: 5740-2022
Demandante: Luz Eneida Valderrama Castrillón
Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y el parágrafo transitorio 1º del Acto Legislativo 01
de 2005, para la aplicación de la Ley 71 de 1988, que consagra la pensión por aportes,
toda vez que demostró tener más de 20 años de servicios sumados el tiempo público
y privado y 55 años de edad, tal como lo determinó el a quo.

Frente a la vinculación de los docentes vía contrato de prestación de servicios y la
contabilización de ese tiempo para efectos del reconocimiento pensional, esta
Subsección en sentencia del 6 de noviembre del 202033, indicó:

«…Consecuente con lo anterior, y de acuerdo con la más reciente tesis planteadas por
esta Corporación, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades y en tratándose de docentes oficiales, esta Subsección estima que resulta
procedente contabilizar el tiempo durante el cual estos prestaron sus servicios al Estado
bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, para efectos del
reconocimiento de la pensión de jubilación […]»

Por lo expuesto, el tiempo laborado a través de contrato de prestación de
servicios celebrados como docente en el Centro Educativo Francisco José de
Caldas del municipio de Tebaida (Q), suscrito por el Secretario de Educación
del Departamento del Quindío, por los interregnos del 06 de marzo de 2001
hasta el 29 de junio de 2001, 18 de julio de 2001 hasta el 07 de diciembre de
2001 y del 22 de enero de 2002 hasta el 14 de junio de 2002, serán tenidos en
cuenta comoquiera que en aplicación del principio de la realidad sobre las
formas34, es relevante para el reconocimiento de la pensión de jubilación de
los docentes oficiales, máxime cuando no realizaron aportes por los periodos
referidos según el reporte allegado al plenario por parte de Colpensiones35.

Como consecuencia de lo anterior, se hace necesario ordenar al Fomag,
adelantar los procedimientos o acciones pertinentes para lograr el traslado de
los aportes para pensión respecto de los factores que deben incluirse, lo
anterior en virtud de los dispuesto en los numerales 4 y 5 del artículo 5 de la
Ley 91 de 1989, pues tal y como se evidenció en el acápite respectivo, cuando

33
C.P.: César Palomino Cortés, seis (6) de noviembre de dos mil veinte (2020), radicación número: 52001-23-33-000-
2014-00394-01(3021-16).
34
C.P.: Jorge Edison Portocarrero Banguera, dieciséis (16) de mayo de dos mil veinticuatro (2024), Radicado :17001-
23-33-000-2020-00038-01 (6307-2022), Demandante: Miguel Ángel González Vélez
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Expediente Electrónico, archivo: 003: anexo demanda pdf, pag 11 a 12 del aplicativo Samai radicado 63001-23-33-
000-2021-00177-00 primera instancia.

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Número Interno: 5740-2022
Demandante: Luz Eneida Valderrama Castrillón
Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

laboró al servicio del municipio de Tebaida fue esta la entidad encargada de
asumir las cotizaciones y lo cierto es que, le corresponde al fondo asegurar el
financiamiento de dichas prestaciones.

Asimismo, Luz Eneida Valderrama Castrillón deberá realizar los aportes que
le corresponden por los períodos señalados, en cumplimiento de su deber de
asumir los deberes que se desprenden de su condición de trabajadora.

6. Condena en costas.

Sobre la condena en costas, es importante destacar que no procede de
manera automática, pues tal y como se indica en el numeral 8 del artículo 365
del Código General del Proceso, «[…] solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación
[…]». Siendo así, teniendo en cuenta que en el trámite no se observa que se
hayan causado, ni de las partes un actuar temerario, esta Sala no condenará
en costas a la parte vencida.

DECISIÓN

En atención a lo anterior, la Sala confirmará la sentencia del 28 de julio de
2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, que accedió las
pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 28 de julio de 2022, por medio de la
cual el Tribunal Administrativo del Quindío accedió a las súplicas de la
demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

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Número Interno: 5740-2022
Demandante: Luz Eneida Valderrama Castrillón
Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

SEGUNDO: ADICIONAR el numeral tercero de la sentencia del 28 de julio de
2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, en lo siguiente:

“Ordenar al Fomag adelantar los procedimientos o acciones pertinentes
para lograr el traslado de los aportes para pensión que corresponden por
el tiempo servido por la señora Luz Eneida Valderrama al municipio de la
tebaida”.

TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.

CUARTO: Por Secretaría, devolver el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

(Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Con aclaración de voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024)

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad.
Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA

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