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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 15001-23-33-000-2021-00301-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2021-00301-01

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2021-00301-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. MODIFICAR el ordinal tercero de la sentencia proferida el trece (13) de julio de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo de Boyacá, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones, el cual quedará de la siguiente forma: «[…] Tercero: A título de restablecimiento del derecho, condenar a la Nación- Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a reconocer la pensión de jubilación por aportes a favor del señor José Guillermo Martínez Vargas, liquidada teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en la Ley 71 de 1988, esto es, sobre un 75% del promedio actualizado de lo devengado por concepto de asignación básica, horas extras y bonificación mensual docente en el último año de servicio anterior a la adquisición del estatus pensional (entre el 30 de marzo de 2018 y el 29 de marzo de 2019), con efectividad desde el 30 de marzo de 2019. […]» Segundo. ADICIONAR el ordinal sexto bis a la providencia recurrida, el cual quedará de la siguiente manera: «[…] Adicionalmente se ordena a la Nación – Ministerio de Educación – FOMAG, a través de la administradora del fondo, realizar las actuaciones interadministrativas a que haya lugar para obtener el pago de las cotizaciones a pensión de conformidad con la ley durante el período en el que el actor se desempeñó como docente para el departamento de Boyacá por medio de contrato de prestación de servicios, esto es, por el interregno comprendido entre el 21 de octubre y el 26 de noviembre de 1999, y solo en caso de que estas no se hayan pagado aún, o en el evento en que estos valores sean inferiores o presenten diferencias respecto de las liquidadas por el mismo fondo del magisterio. Para el efecto, el FOMAG deberá verificar mensualmente si el accionante realizó los aportes a pensión por los tiempos en que laboró mediante contratos de prestación de servicios en su porcentaje como trabajador, y en caso afirmativo, también verificará si existe una diferencia entre las sumas. Con este fin, la parte demandada efectuará los requerimientos necesarios a fin de que, tanto el departamento de Boyacá como el demandante acrediten […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 15001-23-33-000-2021-00301-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 15001-23-33-000-2021-00301-01 (5648-2022)
Demandante: José Guillermo Martínez Vargas
Demandada: Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)

Temas: Reconocimiento de pensión por aportes de la Ley 71 de 1988 a
favor de un docente con acumulación de tiempos cotizados del
sector privado y del sector público, en virtud de la Ley 91 de
1989. El régimen pensional se determina en virtud de la fecha
de vinculación como maestro oficial sin importar el tipo de
relación laboral, como puede ser a través de OPS, y al margen
de la realización de aportes. Aplicación de la sentencia de
unificación del 25 de abril de 2019. MODIFICA, ADICIONA Y
CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por ambas partes contra la
sentencia proferida el trece (13) de julio de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, por medio de la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones.

ANTECEDENTES

1. El señor José Guillermo Martínez Vargas instauró demanda1 en contra de la
Nación - Ministerio de Educación Nacional – FOMAG, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad del acto presunto derivado de la configuración del
silencio administrativo negativo ante la ausencia de respuesta por medio del cual la

1
Ver expediente digital en el índice 1 de SAMAI – Tribunales.

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Radicado: 15001-23-33-000-2021-00301-01 (5648-2022)

Secretaría de Educación Departamental de Boyacá en nombre y representación del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio negó la petición del 30 de
noviembre de 2020 con la que se solicitaba el reconocimiento y pago de una pensión
ordinaria de jubilación.

3. A título de restablecimiento del derecho, se reconozca dicha prestación en
cuantía del 75% del promedio de todos los factores salariales devengados durante
el último año de servicio anterior al cumplimiento del estatus ocurrido el 30 de marzo
de 2014, efectiva desde esta misma fecha.

4. Que se ordene el pago de las mesadas atrasadas desde la consolidación del
derecho, la indexación sobre las sumas adeudadas por este concepto, así como el
reconocimiento de intereses moratorios hasta que se materialice el respectivo
abono.

5. Que la entidad accionada dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los
artículos 192 y 195 del CPACA; y que se disponga sobre la condena en costas.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

6. Que nació el 30 de marzo de 1959 y realizó aportes al antiguo ISS (hoy
Colpensiones) por concepto de 1.033,86 semanas derivadas de una vinculación
como empleado público entre el 12 de junio de 1978 y el 12 de marzo de 1995, y
mediante contratos de trabajo con particulares.

7. Con el departamento de Boyacá trabajó como docente oficial mediante orden de
prestación de servicios celebrada desde el 20 de octubre hasta el 26 de noviembre
de 1999.

8. Luego fue nombrado por dicha entidad territorial en el cargo de maestro en
propiedad desde el 1.º de agosto de 2008, por lo menos hasta la fecha de
presentación de la demanda (9 de abril de 2021), cuando seguía en ejercicio de
dicho cargo, efectuando cotizaciones al FOMAG.

9. El 30 de noviembre de 2020 solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación
ante la secretaría de educación de la mencionada autoridad, y para ello pretendía
que le fuera aplicado el régimen especial del magisterio anterior a la Ley 100 de
1993 por aplicación del artículo 81 de la Ley 812 de 2003, pero la parte accionada
negó lo reclamado al abstenerse de dar respuesta a la petición.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

10. Consideró vulnerados: los artículos 1.º, inciso 2.º de la Ley 33 de 1985; 15 de la

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Ley 91 de 1989; 6 de la Ley 60 de 1993; 115 de la Ley 115 de 1993; 279 de la Ley
100 de 1993; 81 de la Ley 812 de 2003; y 1 y 2 del Decreto 3752 de 2003.

11. Expresó que en virtud de lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003,
a los docentes vinculados con anterioridad al año 2003 se les aplican las normas
anteriores a la expedición esta norma, es decir la Ley 33 de 1985 como servidores
públicos regulares, o si se trataba de educadores que tenían cotizaciones al sector
privado, sería la Ley 71 de 1988 para obtener una pensión por aportes. Precisó que
su ingreso inicial como maestro fue antes de 2003, pero destacó que así se hubiera
vinculado con posterioridad a esa fecha donde le sería aplicable el Decreto 2278 de
2002 y no el Decreto 2277 de 1979, lo cierto es que tal circunstancia no afecta el
régimen pensional de la Ley 812 de 2003 de los maestros que fueron vinculados
antes del año 2003, a quienes se les debe respetar el régimen anterior de esta
disposición normativa.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

12. La demanda fue admitida el 2 de julio de 2021.2 La Nación – Ministerio de
Educación – FOMAG3 planteó que el régimen prestacional aplicable a los docentes
depende de si la vinculación ocurrió con anterioridad al 27 de junio de 2003 (fecha
de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003), caso en el cual será el establecido
en la Ley 91 de 1989, pues en caso de que el ingreso al servicio educativo se
hubiese dado con posterioridad esa fecha, el marco jurídico regulatorio sería el de
la Ley 100 de 1993 con las modificaciones introducidas por la Ley 797 de 2003.

13. Propuso las excepciones de legalidad de los actos administrativos, el
demandante no es beneficiario de las disposiciones invocadas, factores salariales
que integran el IBL de conformidad con la sentencia del 25 de abril de 2019, ineptitud
de la demanda por carencia de fundamento jurídico, cobro de lo no debido y
genérica.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN4

14. El Tribunal Administrativo de Valle del Cauca mediante sentencia del 13 de julio
de 2022 accedió parcialmente a las pretensiones, en el sentido de declarar la
nulidad del acto demandado y ordenar a la entidad accionada reconocer la pensión
de jubilación con base en el régimen de la Ley 100 de 1993, calculada con el
promedio salarial de los últimos 10 años anteriores al retiro del servicio,
condicionada a la demostración de tal hecho y sin que supere el 80% del IBL.
Además, dispuso que la entidad demandada tendría que requerir a Colpensiones
para que asuma el pago de la cuota parte que le corresponde para la financiación

2
Ver expediente digital en el índice 9 de SAMAI – Tribunales.
3
Ver expediente digital en el índice 14 de SAMAI – Tribunales.
4
Ver expediente digital en el índice 41 de SAMAI – Tribunales.

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Radicado: 15001-23-33-000-2021-00301-01 (5648-2022)

de la prestación de conformidad con el artículo 11 del Decreto 2709 de 1994.
Finalmente negó las demás pretensiones y se abstuvo de condenar en costas.

15. Expresó que el actor fue vinculado como docente por medio de orden de
prestación de servicios en la Institución Educativa del Municipio del Cocuy desde el
21 de octubre hasta el 26 de noviembre de 1999. Sin embargo, no se demostró que
durante este lapso realizara aportes a pensión, ya que el 22 de abril de 2022 se
solicitó al alcalde del municipio de Cucuy y al secretario de educación de Boyacá
información sobre el pago de parafiscales del referido contrato, quien a través de
Oficio del 25 de mayo de 2022 certificó que no se había realizado ninguna cotización
a pensión, lo que hace inviable considerar este tiempo de servicio según la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

16. Afirmó que, según lo anterior, se concluye que el demandante ingresó al servicio
público como docente oficial el 1 de agosto de 2008, esto es, con posterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003), lo que implica que,
conforme la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, su régimen pensional
aplicable es el de la Ley 100 de 1993.

17. Al analizar la situación en litigio bajo esta última norma, encontró que si bien en
principio el reclamante era beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de
dicha ley, esto por haber cotizado más de 15 años de servicio a la entrada en
vigencia de tal disposición y tener acreditadas más de 750 semanas al 25 de julio
de 2005 cuando se expidió el Acto Legislativo 01 de 2005, lo cierto es que, como el
estatus pensional lo consolidó al cumplir la edad de 57 años el 30 de marzo de 2016,
es decir, con posterioridad al 31 de diciembre de 2014, no podría acceder al
reconocimiento pensional con la normativa anterior de la Ley 71 de 1988 para
obtener una pensión por aportes, sino al régimen general de la Ley 100 de 1993 en
su integridad.

18. Al revisar su situación conforme esta regulación, advirtió que cumplió la edad
de 57 años (específica para los docentes según el artículo 81 de la Ley 812 de
2003), el 30 de marzo de 2016, y por haber cotizado más de 31 años de servicio,
tenía acumuladas más de 1.300 semanas, lo que hacía que tuviera derecho al pago
de una pensión de vejez con base en el cálculo del IBL previsto en el artículo 14 de
la Ley 100 de 1993, con inclusión de los factores salariales del Decreto 1158 de
1994 y de la bonificación mensual docente del Decreto 1566 de 2014.

19. Por último precisó que, como quedó demostrado, se realizaron aportes al extinto
Instituto de Seguro Social (hoy Colpensiones), de manera que el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio tendrá derecho a repetir contra dicha entidad
de previsión a prorrata del tiempo que hubiese sido objeto de cotización.

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RECURSOS DE APELACIÓN

20. La parte demandada5 se opuso a la totalidad de la sentencia al asegurar que,
contrario a la decisión de primera instancia, no debe repetir contra Colpensiones,
puesto que es dicha entidad la verdaderamente responsable del reconocimiento y
pago de la prestación. Añadió que la parte accionante solo realizó cotizaciones al
FOMAG hasta el 1 de agosto de 2008, y aquel fondo cumplió con el pago
establecido, por lo que la aplicación de la Ley 71 de 1988 para obtener una pensión
por aportes dependerá de que el destinatario se encuentre cobijado por el régimen
de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

21. Al respecto argumentó que el actor nació el 30 de marzo de 1959, por lo cual,
al 1 de abril de 1994 (fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993), contaba
con 35 años, por lo que se debe concluir que no es beneficiario del régimen de
transición del artículo 36 de dicha norma al no haber acreditado la edad o el tiempo
de servicios exigidos, lo que tampoco lo hace titular del derecho reclamado.

22. La parte demandante6 solicitó que se revoque parcialmente el fallo en el
sentido de que debe aplicarse el régimen de la pensión por aportes de la Ley 71 de
1988 y no el general de la Ley 100 de 1993. Afirmó que dicha prestación por virtud
del Acto Legislativo 01 de 2005, parágrafo transitorio 1, es procedente en favor de
los docentes oficiales siempre que se acredite que existió alguna vinculación con
anterioridad al 27 de junio de 2003, como es su caso, dado que laboró por medio
de orden de prestación de servicios en la Institución Educativa del Municipio del
Cocuy desde el 21 de octubre al 26 de noviembre de 1999.

23. Dijo que pese a que el tribunal fundamentó su decisión en pronunciamientos
proferidos por el Consejo de Estado en el año 2021, lo cierto es que dicha
corporación también ha desarrollado una postura distinta, por lo que al ser el
derecho pensional de una persona de tercera edad el que está en discusión, debe
ser aplicada la posición jurídica más favorable que en este caso es el
reconocimiento de una pensión por aportes conforme lo establecido en la Ley 71 de
1988, tal como se hizo en la sentencia del 17 de junio de 2022 dictada en el proceso
con número interno 4678-2021.

24. Manifestó que el tiempo laborado como docente por medio de órdenes de
prestación de servicio se debe tener en cuenta para efectos pensionales, sin que
sea necesario que se haya declarado la relación laboral encubierta, pues su labor,
independiente del tipo de contratación, se entiende que estuvo sometida a los tres
elementos que constituyen un vínculo de trabajo, lo que hace que pueda
considerarse como su primer ejercicio de la labor educativa el ocurrido en 1999,

5
Ver índice 45 de SAMAI – Tribunales.
6
Ver índice 46 de SAMAI – Tribunales.

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5

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situación que le permite acceder al régimen jurídico anterior al general y a la
posibilidad de la compatibilidad entre salario y pensión.

25. Expuso que, si bien el tiempo laborado como maestro oficial por medio de OPS
no tiene aporte pensional, lo cierto es que resultaría una carga desproporcionada
exigirle para el reconocimiento de la prestación, tener previamente la declaración
judicial de la relación laboral, más, cuando existe múltiple jurisprudencia del Consejo
de Estado en la que refiere la acumulación de estos tiempos para reconocer tal
derecho.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

26. El 1.º de noviembre de 20227 se admitieron los recursos de apelación. Las
partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

27. Deberá resolver la Subsección si al demandante, en su calidad de docente
oficial con acumulación de aportes del sector privado y público, y con un período
laborado mediante OPS antes del 27 de junio de 2003, le asiste el derecho al
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a cargo del FOMAG, según la
Ley 71 de 1988, en cuantía del 75% del promedio de los factores salariales
devengados y objeto de cotización en el año anterior a la adquisición del estatus
jurídico respectivo y con efectividad desde tal fecha, y si para el efecto debía ser
beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

Marco normativo y jurisprudencial

28. Para resolver el presente asunto, le corresponde a la Subsección dar aplicación
a la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, proferida por la Sección
Segunda del Consejo de Estado,8 en la cual se estableció principalmente la forma
de liquidar la pensión ordinaria de jubilación de los docentes prevista bajo los
postulados remisorios de la Ley 91 de 1989.

29. Lo anterior porque, además de dicho punto, tal providencia en sus reglas
jurisprudenciales desarrolló lineamientos específicos y de obligatorio acatamiento
acerca del entendimiento de los diferentes regímenes pensionales aplicables a los
educadores del Estado en atención a la fecha de vinculación, debido a la expedición
de la Ley 812 de 2003.

7
Ver índice 4 de SAMAI.
8
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-
CE-S2 -2019. Expediente: 680012333000201500569-01 (0935-17). Actor: Abadía Reynel Tolosa.

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6

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00301-01 (5648-2022)

30. Como se advierte, el ámbito de aplicación de las directrices de unificación es
más amplio que el de los litigios de reliquidación pensional, pues este se extiende
también a los asuntos de reconocimiento del derecho en sí mismo,9 tal como
acontece en el caso bajo estudio donde la determinación del marco normativo que
rige la situación particular del accionante es esencial para verificar la pertinencia de
sus pretensiones.10

31. Pues bien, según la referida sentencia, el criterio relevante para determinar el
marco jurídico pensional de un educador oficial es la acreditación de su primera
vinculación al magisterio, contrastada con la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003 (27 de junio de 2003), sin que para estos efectos deba verificarse si esa
relación inicial fue continua, con interrupciones, o si fue mediante contratos de
prestación de servicios, con un nombramiento legal y reglamentario en
provisionalidad, en propiedad o temporal como una interinidad, así como tampoco
si para la mencionada fecha la reclamante seguía o no vinculada bajo dicha calidad.

32. Lo expuesto en razón a que dicha norma en ningún momento distinguió estas
condiciones de un maestro como un criterio excluyente de sus previsiones en cuanto
a la determinación del régimen pensional, sino que solo exigió la acreditación de
haber laborado como docente oficial antes de su vigencia, lo cual podía haber
ocurrido bajo cualquiera de las referidas modalidades, pues en observancia del
principio de la condición más beneficiosa,11 es claro que esta situación corresponde
a un cambio legislativo sin un régimen de transición específico que hace necesario
proteger la expectativa de pensionarse con una regulación más favorable prevista
especialmente para quien haya ejercido labores como educador del Estado.

33. Ahora, debido a las condiciones del caso particular abordado por el proveído
unificador en mención, este únicamente planteó unas reglas para fijar los
regímenes aplicables en eventos de profesores oficiales cuyo tiempo de servicio
hubiese sido prestado en el sector público y cotizado exclusivamente al FOMAG, lo
que hacía pertinente en virtud de la Ley 91 de 1989 hacer una remisión directa a la
Ley 33 de 1985 para determinar el derecho pensional.

9
Lo anterior se indica en la medida en que las reglas de unificación plateadas fueron las siguientes: «[…] a) En
la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812
de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden
nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los
que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, y por lo
tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.

b) Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes
100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será
de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los
previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones. […]»
10
Se destaca que la aludida decisión judicial fijó sus efectos retrospectivamente según el ordinal segundo de la
parte resolutiva, a fin de extenderse a todas las situaciones pendientes de definición y que no se hayan
consolidado bajo el fenómeno de cosa juzgada, tal como sucede con el presente litigio pendiente del
pronunciamiento de segunda instancia.
11
Sobre este principio ver sentencia del 15 de febrero de 2011, proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Laboral. Radicación: 40.662.

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34. Por lo mismo, en esa oportunidad no fue posible analizar y definir el supuesto
cuando, por ejemplo, como se advierte para el presente litigio, el maestro oficial
tiene un período de servicio educativo que no es suficiente para adquirir la
prestación con base en esta última norma, pero igualmente realizó cotizaciones a
otra administradora como lo era el entonces ISS (hoy Colpensiones), derivadas de
actividades laborales prestadas mediante contratos de prestación de servicios, por
contratos de trabajo con personas jurídicas de derecho privado, como trabajador
independiente o incluso como empleado público distinto a docente; con las que
pretende satisfacer la exigencia del tiempo de labor.

35. Bajo tal supuesto, la normativa aplicable necesariamente sería la Ley 71 de
1988 que regulaba la materia en lo que respecta a la denominada “pensión por
aportes”, la cual se da con la acumulación de tiempos de servicio cotizados al
mencionado ISS y a otras entidades de previsión como lo prevé el artículo 7.º de
dicha norma.

36. Acerca de la posibilidad de tener en cuenta tal disposición como el marco
regulatorio de los maestros que se encuentren en las referidas condiciones, esta
Subsección12 ya se ha pronunciado en el sentido de que lo propio es procedente

12
Al respecto ver las sentencias proferidas por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección “A”, del 31 de julio de 2025 proferida en el proceso 25000-23-42-000-2020-
00847-01 (3708-2022), y del 14 de agosto de 2025 dictadas en los procesos 68001-23-33-000-2020-00819-01
(0380-2023) y 05001-23-33-000-2020-03991-01 (5790-2023). En dichas providencias se precisó lo siguiente:

«[…] al observar los antecedentes legislativos de la referida Ley 91 de 1989, expuestos en la ponencia para
primer debate en el Senado de la República, es posible concluir que los educadores sometidos a la primera
regla de unificación de la sentencia del 25 de abril de 2019 por haberse vinculado antes de la entrada en vigencia
de la Ley 812 de 2003, no solo pueden ser beneficiarios de la Ley 33 de 1985, sino también de la Ley 71 de
1988, la cual hace parte integral de la normativa aplicable a los servidores del orden nacional, tal como el mismo
artículo 11 de esta última ley lo contempló, así como el Consejo de Estado lo ha corroborado en varias de sus
providencias.

En consecuencia, es dable aplicar la mencionada providencia, aun para los casos en que se solicite el
reconocimiento de la pensión por aportes, por lo que los docentes bajo este supuesto se someterán a los
requisitos de dicha norma, pero también quedarán regidos por los postulados jurisprudenciales en materia de
fijación del IBL, los cuales no se oponen a lo regulado específicamente para esta clase de prestación en el
artículo 6.º del Decreto 2709 de 1994.

De allí que, este derecho deberá determinarse con base en el 75% del promedio de los factores salariales
percibidos durante el último año de servicio anterior a la adquisición del estatus, sobre los cuales se hubiesen
realizado cotizaciones y que estén exclusivamente consagrados en el listado del artículo 1.º de la Ley 62 de
1985, así como los previstos en normas posteriores con carácter salarial para efectos pensionales como ya lo
ha sostenido esta corporación en casos similares.

Se aclara que este último precepto legal también es aplicable en el caso del derecho bajo estudio, por ser
aquella la norma que regula la materia en el caso de los servidores públicos como son los docentes que
reclaman el pago de dicha prestación al FOMAG.

Al respecto, basta con verificar que los docentes afiliados al aludido fondo que soliciten el reconocimiento de la
pensión por aportes de la Ley 71 de 1988, lo hacen precisamente en su calidad de empleados públicos al
momento de consolidar su estatus, solo que pretenden acumular algún tiempo de servicio privado, lo que hace
que los factores de salario que pueden integrar el IBL pensional solo puedan ser los del último año anterior a la
adquisición del derecho que necesariamente ocurre cuando están vinculados al servicio oficial.

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Radicado: 15001-23-33-000-2021-00301-01 (5648-2022)

en la medida en que se apliquen también los criterios jurisprudenciales expuestos
anteriormente.

37. Al respecto, bajo dicha línea de interpretación también se precisó la forma en
que debe calcularse el respectivo IBL pensional, para lo cual se indicó que este
corresponderá al 75% del promedio de los factores salariales percibidos durante el
último año de servicio anterior a la adquisición del estatus, sobre los cuales se
hubiesen realizado o debieran haberse efectuado cotizaciones, siempre y cuando
estén exclusivamente consagrados en el listado del artículo 1.º de la Ley 62 de
1985, así como en las normas posteriores que les haya otorgado el carácter salarial
para efectos pensionales13 como ya lo ha sostenido esta corporación en casos
similares.14

Resolución del caso concreto

38. Como se desprende de lo expuesto, es indispensable determinar cuál es la
normativa que gobierna el caso del accionante en virtud de la fecha de su primer
ingreso al servicio educativo oficial,15 sin que cobre relevancia que en este caso se
presentó un solo vínculo contractual interrumpido y que solo con posterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 fue nombrado formalmente, pues como
se explicó en el marco jurídico en mención, el legislador no contempló tal
circunstancia como un elemento excluyente para que un docente accediera o no al
régimen pensional anterior al de la Ley 100 de 1993.

39. Ahora bien, para definir este punto debe acudirse a la copia de la Orden de
Prestación de Servicios n.o 1442 del 20 de octubre de 1999, así como al acta de
presentación del 21 de octubre del mismo año,16 documentos con base en los cuales
se corrobora que entre el departamento de Boyacá y el accionante suscribieron
contrato a fin de que se desempeñara como docente en el Colegio Nacionalizado
“José Santos Gutiérrez” con funciones eminentemente educativas a favor de dicha
entidad territorial desde el 21 de octubre hasta el 26 de noviembre de 1999.

40. En este punto la sala resalta que, frente al hecho de que el solicitante haya
acumulado tiempos de labor como maestro a través de contrato u orden de

Tal hecho implica que, únicamente podrían incluirse para el cálculo de la pensión los emolumentos que hayan
sido objeto de cotización bajo dicha calidad de servidores del Estado, los cuales están expresamente
consagrados en la Ley 62 de 1985 que es la norma aplicable para estos mismos, tal como se precisó en la
sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, la cual, según lo referido anteriormente, también debe ser
observada para definir la referida prestación derivada de la acumulación de aportes privados y públicos. […]»
13
Por ejemplo, en los Decretos 633 y 634 de 2007, 1566 de 2014 y 2354 de 2018.
14
Al respecto ver sentencias proferidas por esta misma Subsección en sentencias del 22 de junio de 2023
dictadas en los procesos con números internos 5111-2022, 4056-2021 y 1863-2022.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del
25 de abril de 2022. Radicado: 25000-23-42-000-2020-00046-01 (2494-2021). Esta afirmación se ratifica con
este fallo en el que se indicó que: «[…] resulta necesario determinar con exactitud la fecha a partir de la cual
aquella asumió la calidad de educadora estatal, que es la que le permitiría acceder a uno u otro régimen
pensional con motivo de la excepcionalidad que se predica de esta clase de servidores públicos. […]»
16
Ver anexos de la demanda en el expediente digital del índice 1 de SAMAI – Tribunales.

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Radicado: 15001-23-33-000-2021-00301-01 (5648-2022)

prestación de servicios (OPS), la sentencia de unificación CESUJ2-5 del 25 de
agosto de 2016 proferida por el Consejo de Estado17 abordó el tema y concluyó a
título de regla que la labor de los educadores con ese tipo de vínculo no es diferente
ni opuesto al que se deriva de una relación laboral legal y reglamentaria, pues
también se distingue por reunir los elementos esenciales del trabajo como la
subordinación, la prestación personal del servicio y la remuneración.

41. Bajo ese contexto, en la mencionada providencia se estableció que para tales
eventos se permite presumir la existencia de un nexo laboral y, por tanto, considerar
dichos lapsos como verdaderos períodos con efectos prestacionales, no solo para
computarlos, sino además a fin de determinar el régimen pensional aplicable.18

42. En consecuencia, para esta clase de contrataciones es evidente que el ejercicio
material de la labor educativa necesariamente se da bajo las condiciones de un
presunto vínculo de trabajo en atención al principio de la realidad sobre las
formalidades previsto en el artículo 53 constitucional, el cual, aunque no se
declarará como tal en este proceso debido a que lo propio no fue materia del litigio
como fue fijado, sí permite advertirlo, considerarlo y afirmarlo judicialmente para
determinar la procedencia de la pensión ordinaria de jubilación.19

43. Por lo expuesto, en atención al marco normativo y jurisprudencial aplicable, lo
primero que debe recordarse es que, las vinculaciones de un docente bajo la
modalidad contractual de OPS no impide considerar tales lapsos para

17
Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Segunda. Sentencia de Unificación CESUJ2 n.° 5 del 25 de
agosto de 2016. Rad.: 23001233300020130026001 (00882015). En dicha providencia se señaló: «[…] la
vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de servicios, no desvirtúa el carácter personal de su
labor ni mucho menos es ajena al elemento subordinación existente con el servicio público de educación, en
razón a que al igual que los docentes empleados públicos (i) se someten permanentemente a las directrices,
inspección y vigilancia de las diferentes autoridades educativas, por lo que carecen de autonomía en el ejercicio
de sus funciones, (ii) cumplen órdenes por parte de sus superiores jerárquicos y (iii) desarrollan sus funciones
durante una jornada laboral de acuerdo con el calendario académico de los establecimientos educativos
estatales en los que trabajen, motivo por el cual en virtud de los principios de primacía de la realidad sobre las
formalidades e igualdad, los docentes contratistas merecen una protección especial por parte del Estado. […]».
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del
24 de febrero de 2022. Radicado: 63001-23-33-000-2018-00183-01 (4650-2019). En esta providencia se planteó
que: «[...] Ahora, si bien no se niega la existencia de contratos de prestación de servicios de la demandante con
la mentada entidad territorial, lo cierto es que tal hecho de ninguna manera implica asumir que la calidad de sus
actividades fue otra diferente a la de una docente oficial propiamente dicha, esto al margen de que los efectos
jurídicos en cuanto a la relación laboral no se hayan configurado en su momento. Lo expuesto implica que sin
perjuicio del vínculo contractual existente en los lapsos aludidos, y sin que en esta sentencia se emita
pronunciamiento sobre una eventual declaratoria de existencia de una relación laboral para aquella época, sí
debe entenderse que la señora Marín Cardona ejerció funciones propias e inherentes a la condición de docente
estatal desde el 2 de febrero de 1998, es decir, a partir de la primera ejecución del contrato de prestación de
servicios como docente, suscrito con la mentada autoridad departamental para ser desarrollado en algunas de
sus instituciones educativas. […] A partir de este razonamiento, se deduce preliminarmente que ante casos en
los que se avizora el desempeño de actividades y funciones como docente, fundada en vínculos contractuales
con entidades de derecho público o a su servicio, es posible tener por configurados los tres elementos
constitutivos de una relación laboral, con fundamento en que la misma naturaleza de la actividad desarrollada
por un educador, hace que esta sea necesariamente personal, remunerada y sometida a reglamentaciones,
instrucciones y lineamientos de obligatorio cumplimiento. […]»
19
Tales afirmaciones encuentran respaldo en las sentencias del 20 de junio de 2024 dictada por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, en el proceso con radicado 17001-23-33-000-2019-00174-01 (0506-
2022). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez, y del 18 de febrero de 2021 en el asunto con número interno 4163-
2014.

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Radicado: 15001-23-33-000-2021-00301-01 (5648-2022)

contabilizarlos a fin de cumplir el requisito del tiempo de servicio, ello incluso al
margen de la efectiva contribución al sistema de seguridad social mientras laboró
como contratista, pues contraria a la afirmación del juez de primera instancia, este
no fue el criterio fijado para tal fin en la sentencia de unificación del 25 de abril de
2019, sino el de la demostración de algún tiempo de labor oficial educativa antes de
que entrara a regir la ley de aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006.

41. Esto sin desconocer que los aportes pendientes de recaudo por tales lapsos con
contratos necesariamente deben ser abonados al FOMAG, por lo que este fondo a
través de su administradora tiene la facultad y el deber de efectuar el cobro
completo, actualizado y real de los aportes por tales tiempos en la proporción que
le correspondía respectivamente al demandante como empleado, así como al
empleador, pues su naturaleza parafiscal conlleva la obligatoriedad del recaudo y la
imprescriptibilidad, tal como se desprende del artículo 2.2.3.3.3. del Decreto 1833
de 2016.

44. Pues bien, ni en vía administrativa ni en sede judicial se ha puesto en duda la
existencia y ejecución del primer vínculo contractual, lo que significa que, al no
existir controversia acerca de la labor ejercida materialmente por el demandante
como docente, pero sí sobre cuál es el tipo de vinculación habilitante para analizar
el derecho prestacional, se puede tener demostrado el hecho de que inició su labor
propiamente educativa el 21 de octubre de 1999, fecha que definitivamente es
anterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003).

45. Opuesto al análisis del tribunal, se concluye entonces que, conforme a las reglas
de la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019 y el marco normativo
desarrollado anteriormente, el hecho de que el primer vínculo del accionante haya
sido mediante OPS sin realización de aportes a pensión no desdice la naturaleza
educativa del servicio prestado que es lo que lo hace beneficiario del régimen
anterior al de la Ley 812 de 2003, por lo que es viable verificar la situación jurídica
reclamada de acuerdo con las previsiones del artículo 81 de dicha norma.

46. De allí que, efectivamente la pensión del educador debía analizarse conforme
a la regulación previa contenida en los artículos 2.º, parágrafo y 15 numeral 2.º de
la Ley 91 de 1989, disposiciones que remiten a las normas de los empleados
públicos del orden nacional, consagradas esencialmente en la Ley 33 de 1985, pero
también en la Ley 71 de 1988 para la pensión por aportes como se precisó en
acápites anteriores.

47. Lo expuesto incluso sin tener que haber analizado la aplicación del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993 como lo sostuvo la entidad recurrente, pues el actor
consolidó su situación jurídica con base en la normativa anterior a esta última, solo
por aplicación directa del artículo 81 de la Ley 812 de 2003, ello sin tener que acudir
a las previsiones transitorias del régimen general que no regulaba su situación,
precisamente por haberse vinculado con anterioridad a la entrada en vigor de esta

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última ley (27 de junio de 2003).

48. Acorde con lo expuesto, se encuentra que el reclamante sí había acreditado los
requisitos necesarios para consolidar el derecho a una pensión de jubilación como
la pretendida con base en los postulados de la Ley 71 de 1988, pero adicional,
conforme a los lineamientos de la sentencia de unificación del Consejo de Estado
proferida el 25 de abril de 2019 acerca de la materia.

49. Sobre el punto, del material probatorio obrante en el expediente se concluye
que:

i) el actor en su calidad de hombre acreditó la edad de 60 años el 30 de marzo de
201920;

ii) al tener en cuenta toda clase de vínculo laboral del reclamante, tanto en el sector
público como privado bajo cualquier cargo, incluido el de docente contratista,
empleado público y educador oficial nombrado, se encuentra que:

De la sumatoria de los lapsos por aportes realizados a Colpensiones en virtud de
diversos contratos de trabajo particulares y como supernumerario III del extinto
Banco Cafetero, adscrito al Ministerio de Hacienda (1.033,86 semanas,
correspondientes a 19 años, 10 meses y 21 días),21 así como del período
desarrollado mediante contrato de prestación de servicios celebrado con el
departamento de Boyacá para ejercer como maestro y que no reportan cotizados a
ninguna entidad de previsión (1 mes y 5 días),22 y, finalmente, del interregno
prestado como educador estatal afiliado al FOMAG y nombrado formalmente por
dicha autoridad territorial desde el 1.º de agosto de 200823 en adelante, se concluye
que el 5 de agosto de 200824 logró acreditar los 20 años de servicio público y

20
Según la copia de la cédula de ciudadanía que obra en el expediente digital del índice 1 de SAMAI –
Tribunales, el actor nació el 30 de marzo de 1959.
21
De acuerdo con el reporte de semanas cotizadas a Colpensiones, el demandante tenía un total de 1.033,86
semanas por concepto de aportes realizados entre 1978 y 2008 en razón de algunos vínculos de carácter
privado y otro público como empleado del Banco Cafetero, los cuales fueron objeto de cotización a dicha entidad
de previsión y que pueden ser tenidos en cuenta para acreditar el total del tiempo de servicio requerido. La
prueba aludida se encuentra en el expediente digital del índice 1 de SAMAI - Tribunales.
22
Conforme a la copia de la orden de prestación de servicios y el acta de presentación del accionante, se
advierte que este ejerció funciones en calidad de docente de la mencionada autoridad para el período
comprendido entre el 21 de octubre y el 26 de noviembre de 1999. Las pruebas reposan en el expediente digital
del índice 1 de SAMAI – Tribunales.
23
Según el Formato Único para la Expedición del Certificado de Historia Laboral expedido por la Secretaría de
Educación Departamental de Boyacá, el acto de nombramiento y el acta de posesión, el reclamante fue
nombrado como docente oficial en virtud del Decreto 1087 del 9 de julio de 2008 para desempeñarse como tal
a partir del 1.º de agosto de 2008. Este documento obra en el expediente digital del índice 1 de SAMAI –
Tribunales.
24
Conforme al siguiente cálculo:

DESDE HASTA AÑOS MESES DÍAS
1.033,86 SEMANAS COTIZADAS A COLPENSIONES 19 10 21
21/10/1999 26/11/1999 0 1 5
1/08/2008 5/08/2008 0 0 4
TOTAL 19 + 1 = 20 AÑOS 11 + 1 = 12 MESES (1 AÑO) 30 (1 MES)

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privado objeto de aportes para obtener el derecho a la pensión de la Ley 71 de 1988.

iii) Para el período comprendido entre el 30 de marzo de 2018 y el 29 de marzo
de 2019 (año anterior al estatus configurado con el cumplimiento de la edad de 60
años que se acreditó con posterioridad al del tiempo de servicio), el educador
devengó,25 entre otros conceptos, la asignación básica, las horas extras y la
bonificación mensual docente como los únicos haberes salariales computables y
percibidos en su caso sobre los que debió realizar aportes y que se encuentran
enlistados en el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, y en el Decreto 1566 de 2014.

50. Lo expuesto demuestra que, a diferencia de la decisión apelada, al accionante
se le debió reconocer una pensión por aportes bajo los preceptos de la mencionada
norma, tal como fue solicitada, y no de la Ley 100 de 1993, de manera que se
encuentra configurada la ilegalidad del acto reprochado por falsa motivación al
haber negado el derecho reclamado, lo cual implica su anulación, pero no por las
razones expuestas por el tribunal, sino por las planteadas en esta providencia, lo
que conlleva modificar el ordinal tercero, para ajustar el reconocimiento al régimen
verdaderamente aplicable.

51. Con todo, dicha prestación se concederá con efectividad desde el 30 de marzo
de 2019, esto es, cuando adquirió el estatus jurídico pensional, y sin el
condicionamiento del retiro definitivo del servicio, en la medida en que este derecho
sí es compatible con el salario de docente de conformidad con los artículos 19,
literal g) de la Ley 4.ª de 1992 y 5 del Decreto 224 de 1972, aplicables a su caso
particular por haber sido vinculado antes de la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003.26

52. Ahora bien, la Sala advierte que, para el interregno laborado por el demandante
entre el 21 de octubre y el 26 de noviembre de 1999, prestado al departamento de
Boyacá mediante contrato de prestación de servicios, no se aportó prueba que
demostrara la realización de las cotizaciones completas a pensión por dichos lapsos
a ninguna entidad de previsión.

53. Frente a este punto no hubo pronunciamiento expreso por parte del tribunal de
primera instancia, por lo que, ante la habilitación para estudiar toda la demanda en
virtud de la apelación total de la sentencia por ambas partes, y con el fin de
garantizar el financiamiento de la prestación en observancia del principio de
sostenibilidad fiscal del sistema pensional, se adicionará el ordinal sexto bis a fin de
que la Nación – Ministerio de Educación – FOMAG, a través de su administradora,

25
De conformidad con la certificación de factores salariales que obra en el expediente digital.
26
Sobre este planteamiento ver sentencia del 23 de octubre de 2024 proferida por esta misma Subsección en
el proceso con radicado 05001-23-33-000-2020-00600-01 (7813-2023). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.

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dentro de sus competencias previstas en los artículos 24 de la Ley 100 de 199327 y
2.2.3.3.3. del Decreto 1833 de 2016,28 y por tratarse de aportes imprescriptibles,
realice las gestiones interadministrativas necesarias para obtener, de conformidad
con la ley, el pago total de las cotizaciones pendientes por los mencionados
períodos en que estuvo vigente la OPS, siempre y cuando estos giros no se hayan
hecho en su oportunidad o no se demuestre lo propio.

54. Por lo mismo, será responsabilidad de la parte accionada realizar las acciones
tendientes a validar tanto por parte del departamento de Boyacá como del
demandante si realizaron los pagos por los mencionados conceptos y a cuál fondo
lo hicieron, así como que tales montos correspondan a los valores totales por dicho
concepto sobre el IBC fijado para tales lapsos. En caso contrario, también deberá
realizar las gestiones necesarias y legales para obtener el pago completo del
aporte.

55. Sobre el particular, si eventualmente la referida entidad territorial no asumió la
proporción del pago que por esta misma carga les correspondía tanto a esta como
al actor, el fondo a través de la autoridad ministerial deberá verificar mensualmente
si este último realizó las cotizaciones a pensión por el tiempo en que laboró para
dicha autoridad a través de orden de prestación de servicios, y en caso afirmativo,
también verificará si existe una diferencia entre tales sumas.

56. Si se demuestra que estos pagos se efectuaron a otro fondo diferente al
FOMAG, la autoridad accionada gestionará que quienes hayan recibido los giros o
hubiesen tenido el deber de efectuar la afiliación a alguna entidad de previsión,
asuman la obligación legal de concurrir con el pago de la pensión en la cuota parte
que le corresponda en aplicación directa del artículo 11 del Decreto 2709 de 1994,
el cual debe ser tenido en cuenta exclusivamente para asuntos como el presente
donde la pensión se reconoce en virtud de la Ley 71 de 1988 que es la que
precisamente dicha norma reglamenta.

57. Lo propio deberá realizar con Colpensiones por los aportes efectuados a esta
última que fueron computados en este caso para consolidar el derecho pensional
del actor, tal como lo previó el tribunal en el fallo recurrido.

27
ARTÍCULO 24. Acciones de Cobro. Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes regímenes
adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del empleador de
conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto, la liquidación mediante la
cual la administradora determine el valor adeudado, prestará mérito ejecutivo.
28
Artículo 2.2.3.3.3. Acciones de cobro. Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes
regímenes entablar contra los empleadores las acciones de cobro de las cotizaciones que se encuentren en
mora así como de los intereses de mora a que haya lugar, pudiendo repetir contra los respectivos empleadores
por los costos que haya demandado el trámite pertinente, en los términos señalados en el literal h) del artículo
14 del Decreto número 656 de 1994.

Estas acciones deberán iniciarse de manera extrajudicial a más tardar dentro de los tres meses siguientes a la
fecha en la cual se entró en mora. Lo anterior es aplicable inclusive a las administradoras del régimen de prima
media con prestación definida, las cuales podrán iniciar los correspondientes procesos coactivos para hacer
efectivos sus créditos de conformidad con el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso
Administrativo y el artículo 112 de la Ley 6ª de 1992 y demás normas que los adicionen o reformen.

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58. Ahora, frente al fenómeno jurídico de la prescripción de mesadas acertó la
primera instancia, pues se concluye que este no se configuró en la medida en que
entre las fechas de exigibilidad del derecho (30 de marzo de 2019), de radicación
de la reclamación administrativa (30 de noviembre de 2020),29 y de la presentación
de la demanda (9 de abril de 2021),30 no transcurrieron más de tres años de que
tratan los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, por lo que el reconocimiento
pensional deberá efectuarse desde la consolidación del derecho como se indicó
previamente, esto es, a partir del 30 de marzo de 2019.

59. Estos argumentos son suficientes para adicionar y modificar parcialmente la
sentencia apelada en los puntos referidos y confirmarla en todo lo demás.

Condena en costas de segunda instancia

60. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

61. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

62. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

63. En este contexto, no procede la condena en costas de segunda instancia, toda
vez que se están haciendo ajustes a la decisión del Tribunal, por lo que no puede
predicarse que alguna de las partes haya sido vencida en la presente oportunidad.
En consecuencia, se prescindirá de la condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en

29
Según la parte motiva del acto demandado visible en el índice 10 de SAMAI - Tribunales.
30
Ver acta de reparto en el índice 1 de SAMAI – Tribunales.

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nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. MODIFICAR el ordinal tercero de la sentencia proferida el trece (13) de
julio de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo de Boyacá, por medio
de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones, el cual quedará de la
siguiente forma:

«[…] Tercero: A título de restablecimiento del derecho, condenar a la Nación-
Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, a reconocer la pensión de jubilación por aportes a favor del señor José
Guillermo Martínez Vargas, liquidada teniendo en cuenta las disposiciones
contenidas en la Ley 71 de 1988, esto es, sobre un 75% del promedio actualizado
de lo devengado por concepto de asignación básica, horas extras y bonificación
mensual docente en el último año de servicio anterior a la adquisición del estatus
pensional (entre el 30 de marzo de 2018 y el 29 de marzo de 2019), con efectividad
desde el 30 de marzo de 2019. […]»

Segundo. ADICIONAR el ordinal sexto bis a la providencia recurrida, el cual
quedará de la siguiente manera:

«[…] Adicionalmente se ordena a la Nación – Ministerio de Educación – FOMAG, a
través de la administradora del fondo, realizar las actuaciones interadministrativas a
que haya lugar para obtener el pago de las cotizaciones a pensión de conformidad
con la ley durante el período en el que el actor se desempeñó como docente para el
departamento de Boyacá por medio de contrato de prestación de servicios, esto es,
por el interregno comprendido entre el 21 de octubre y el 26 de noviembre de 1999,
y solo en caso de que estas no se hayan pagado aún, o en el evento en que estos
valores sean inferiores o presenten diferencias respecto de las liquidadas por el
mismo fondo del magisterio.

Para el efecto, el FOMAG deberá verificar mensualmente si el accionante realizó los
aportes a pensión por los tiempos en que laboró mediante contratos de prestación de
servicios en su porcentaje como trabajador, y en caso afirmativo, también verificará
si existe una diferencia entre las sumas.

Con este fin, la parte demandada efectuará los requerimientos necesarios a fin de
que, tanto el departamento de Boyacá como el demandante acrediten
documentalmente ante el FOMAG las cotizaciones que hubiesen realizado a dicho
fondo o a cualquier otro durante su vínculo contractual (si las hicieron).

Si se demuestra que tales pagos se efectuaron a otro fondo diferente al FOMAG, la
autoridad accionada gestionará que quienes hayan recibido los giros o hubiesen
tenido el deber de efectuar la afiliación a alguna entidad de previsión, asuman la
obligación legal de concurrir con el pago de la pensión en la cuota parte que le
corresponda en aplicación directa del artículo 11 del Decreto 2709 de 1994. […]»

Tercero. CONFIRMAR el fallo apelado en todo lo demás.

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Radicado: 15001-23-33-000-2021-00301-01 (5648-2022)

Cuarto. Abstenerse de condenar en costas de segunda instancia.

Quinto. Devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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