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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-01535-01

Fecha
22 de mayo de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-01535-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. MODIFICAR el ordinal segundo de la sentencia proferida el veintiocho (28) de junio de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, por medio de la cual se accedió a las pretensiones, el cual quedará de la siguiente manera: «[…] Segundo: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, a reconocer la pensión de jubilación por aportes a la señora LUZ MARINA DEL SOCORRO GÓMEZ QUINTERO, liquidada teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en la Ley 71 de 1988, esto es, sobre un 75% del promedio actualizado de lo devengado por concepto de asignación básica en el último año de servicio anterior a la adquisición del estatus pensional, configurado a partir del 29 de julio de 2013, con efectividad desde esta fecha, pero con efectos fiscales desde el 22 de septiembre de 2017 por prescripción trienal de mesadas. Adicionalmente se ordena a la Nación – Ministerio de Educación – FOMAG, a través de la administradora del fondo, realizar las actuaciones interadministrativas a que haya lugar para obtener el pago de las cotizaciones a pensión de conformidad con la ley durante los períodos en los que esta se desempeñó como docente para la entidad territorial por medio de contratos de prestación de servicios, esto es, por el interregno comprendido entre el 23 de octubre de 2001 y el 12 de julio de 2002 (dentro de sus respectivos intervalos o duración de los contratos), y solo en caso de que estas no se hayan pagado aún, o en el evento en que estos valores sean inferiores o presenten diferencias respecto de las liquidadas por el mismo fondo del magisterio. Para el efecto, el FOMAG deberá verificar mensualmente si esta última realizó los aportes a pensión por los tiempos en que laboró mediante contratos de prestación de servicios en su porcentaje como trabajador, y en caso afirmativo, también verificará si existe una diferencia entre las sumas. Con este fin, la parte demandada efectuará los requerimientos necesarios a fin de que, tanto el municipio de Santiago de Cali como la demandante acrediten […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2020-01535-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

22 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-000-2020-01535-01 (0552-2026)
Demandante: Luz Marina del Socorro Gómez Quintero
Demandada: Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)

Temas: Reconocimiento de pensión por aportes de la Ley 71 de 1988 a
favor de un docente con acumulación de tiempos cotizados del
sector privado y del sector público, en virtud de la Ley 91 de
1989. El régimen pensional se determina en virtud de la fecha
de vinculación como maestro oficial sin importar el tipo de
relación laboral, como puede ser a través de OPS. Aplicación de
la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019. Legitimación
del Ministerio de Educación – FOMAG para asumir el pago de la
pensión. MODIFICA Y CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el veintiocho (28) de junio de dos mil veinticuatro (2024) por
el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, por medio de la cual se accedió a las
pretensiones.

ANTECEDENTES

1. La señora Luz Marina del Socorro Gómez Quintero instauró demanda1 en contra
de la Nación - Ministerio de Educación Nacional – FOMAG, en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

1 Ver expediente digital en el índice 3 de SAMAI – Tribunales.

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2. Que se declare la nulidad de la Resolución 4143.010.21.0.00838 del 22 de
febrero de 2021, por medio del cual la Secretaría de Educación Municipal de
Santiago de Cali en nombre y representación del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio negó el reconocimiento y pago de una pensión ordinaria de
jubilación a la edad de 55 años y con 1.000 semanas de cotización.

3. A título de restablecimiento del derecho, se reconozca dicha prestación en
cuantía del 75% del promedio de todos los factores salariales devengados durante
el último año de servicio anterior al cumplimiento del estatus ocurrido el 26 de marzo
de 2013, efectiva desde esta misma fecha, sin exigir el retiro definitivo del servicio
por ser compatible con el salario percibido en actividad.

4. Se ordene el pago de las mesadas atrasadas desde la consolidación del derecho,
la indexación sobre las sumas adeudadas por este concepto, así como el
reconocimiento de intereses moratorios hasta que se materialice el respectivo
abono.

5. Que la entidad accionada dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los
artículos 192 y 195 del CPACA; y que se disponga sobre la condena en costas.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

6. Que nació el 16 de noviembre de 1955 y realizó aportes al antiguo ISS (hoy
Colpensiones) por concepto de 603,57 semanas derivadas de contratos de trabajo
con particulares.

7. Con el municipio de Santiago de Cali trabajó como docente oficial mediante
órdenes de prestación de servicios celebradas del 23 de octubre de 2001 al 15 de
abril de 2002, y del 21 de mayo al 12 de julio de 2002.

8. Luego fue nombrada por dicha entidad territorial en el cargo de maestra en
propiedad desde el 1.º de septiembre de 2005, por lo menos hasta la fecha de
presentación de la demanda (9 de diciembre de 2020), cuando seguía en ejercicio
de dicho cargo, efectuando cotizaciones al FOMAG.

9. El 22 de septiembre de 2020 solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación
ante la Secretaría de Educación de la mencionada autoridad, y para ello pretendía
que le fuera aplicado el régimen especial del magisterio para consolidar el derecho
con base en la Ley 71 de 1988 por acumulación de aportes privados y públicos,
pero la parte accionada negó lo reclamado mediante el acto reprochado.

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NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

10. Consideró vulnerados: los artículos 1.º, inciso 2.º de la Ley 33 de 1985; 15 de la
Ley 91 de 1989; 6 de la Ley 60 de 1993; 115 de la Ley 115 de 1993; 279 de la Ley
100 de 1993; 81 de la Ley 812 de 2003; y 1 y 2 del Decreto 3752 de 2003.

11. Expresó que en virtud de lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003,
a los docentes vinculados con anterioridad al año 2003 se les aplican las normas
anteriores a la expedición esta norma, es decir la Ley 33 de 1985 como servidores
públicos regulares, o si se trataba de educadores que tenían cotizaciones al sector
privado, sería la Ley 71 de 1988 para obtener una pensión por aportes. Precisó que
su ingreso inicial como maestra fue antes de 2003, pero destacó que así se hubiera
vinculado con posterioridad a esa fecha donde le sería aplicable el Decreto 2278 de
2002 y no el Decreto 2277 de 1979, lo cierto es que tal circunstancia no afecta el
régimen pensional de la Ley 812 de 2003 de los maestros que fueron vinculados
antes del año 2003, a quienes se les debe respetar el régimen anterior de esta
disposición normativa.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

12. El 16 de abril de 2021 fue admitida la demanda,2 y la Nación – Ministerio de
Educación – FOMAG3 precisó que la demandante no cumple con los requisitos
establecidos en la ley para ser beneficiaria de la pensión reclamada, y que, en todo
caso, de accederse a lo solicitado, la prestación deberá ser liquidada solo con los
factores salariales utilizados para realizar las cotizaciones, tal y como está previsto
actualmente por la jurisprudencia. Añadió que, en el caso de la actora, se advierte
que fue vinculada con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
por lo que el régimen pensional aplicable es el contenido en esta norma y no en el
reclamado.

13. Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva,
inexistencia de la obligación o cobro de lo no debido y la genérica.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN4

14. El Tribunal Administrativo de Valle del Cauca mediante sentencia del 28 de junio
de 2024 accedió a las pretensiones, en el sentido de declarar la nulidad del acto
demandado y ordenar a la entidad accionada reconocer la pensión de jubilación por
aportes a favor de la actora en cuantía del 75% del promedio de los factores
salariales percibidos con anterioridad a la adquisición del estatus pensional, pero

2 Ver expediente digital en el índice 6 de SAMAI – Tribunales.
3 Ver expediente digital en el índice 8 de SAMAI – Tribunales.
4 Ver expediente digital en el índice 32 de SAMAI – Tribunales.

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solo con inclusión de aquellos que hayan sido objeto de las respectivas
cotizaciones, con efectividad desde el 24 de abril de 2023, pero con efectos fiscales
a partir del 22 de septiembre de 2017 por efectos de la excepción de prescripción
que declaró probada.

15. Adicionalmente dispuso que la demandante deberá acreditar las cotizaciones
que realizó al Sistema Pensional durante sus vínculos contractuales y en la
eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá
la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía. Por
último, se abstuvo de condenar en costas.

16. Expresó que el régimen de seguridad social en materia pensional establecido
en la Ley 100 de 1993 únicamente se aplica a los docentes que se vincularon con
posterioridad al 26 de junio de 2003 (fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003). Por su parte, a los maestros oficiales que ingresaron con anterioridad a esa
fecha, se les aplica el régimen general consagrado en la Ley 33 de 1985, Ley 71 de
1988 y demás disposiciones vigentes, puesto que la Ley 91 de 1989, la Ley 60 de
1993 y la Ley 115 de 1994, no establecieron un régimen especial para las pensiones
de jubilación del magisterio, como tampoco lo hacía el Estatuto Nacional Docente.

17. Afirmó que el Consejo de Estado en su jurisprudencia ha precisado que los
periodos laborados por educadores mediante la modalidad de prestación de
servicios sí pueden computarse válidamente para efectos de un reconocimiento
pensional, pues se estableció que esta clase de contratistas merecen una
protección especial por parte del Estado, al haber ejercido una labor que no es ajena
al elemento de la subordinación existente con el servicio público de educación.

18. Por esa razón estimó que es válido estudiar la situación de una relación laboral
encubierta, pues solo tiene incidencia en cuanto a los aportes pensionales que son
imprescriptibles, y además, la entidad de previsión respectiva podrá repetir contra
las entidades empleadoras de la actora obligadas al reembolso de la cantidad
proporcional que le corresponda.

19. Manifestó que, en virtud de lo anterior, es válido tener en cuenta como tiempo
de servicio efectivamente laborado y acumulable en materia de acreditación de
requisitos para acceder al reconocimiento de una pensión de jubilación los periodos
ejercidos por la accionante mediante contrato de prestación de servicios.

20. Señaló que la primera vinculación de la demandante al servicio educativo oficial
data del 23 de octubre de 2001 como contratista, por lo que al haber ingresado con
anterioridad al 26 de junio de 2003 (fecha de entrada en vigor de la Ley 812 de
2003), su derecho pensional ha de regirse por las disposiciones legales aplicables
a los pensionados del sector público nacional anterior a la Ley 100 de 1993, entre
las cuales se encuentra la Ley 33 de 1985 y Ley 71 de 1988, especialmente esta

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última en su caso, dado que acreditó aportes tanto a Colpensiones (antiguo ISS),
como al FOMAG.

21. Por lo expuesto aseguró que la reclamante acreditó la edad de 55 años el 16 de
noviembre de 2010 y acumuló los 20 años de servicios cotizados el 24 de abril de
2013, al sumar tanto los períodos en el sector privado reportados ante
Colpensiones, como público en calidad de docente contratista y nombrada, lo que
la hace titular del derecho a la pensión por aportes de la Ley 71 de 1988 con
efectividad desde esta última fecha, liquidada con el promedio de los factores
salariales devengados durante el año anterior, pero solo respecto de aquellos sobre
los cuales se hubiesen realizado cotizaciones a pensión de acuerdo con el artículo
1.º de la Ley 62 de 1985.

22. Agregó que, en razón a que la actora cuando fue contratista no pudo haber
efectuado pagos a pensión ante el FOMAG, dicha entidad a través de su fiduciaria
estaría facultada para repetir contra la administración municipal por el monto de las
cotizaciones que debieron realizarse por el período de configuración del vínculo de
trabajo, en la proporción que como empleador le habría correspondido, bajo la
precisión de que la demandante tendrá que acreditar los giros por tal concepto
efectuados en su momento a cualquier entidad de previsión por el lapso durante el
cual subsistió la relación contractual, a riesgo de que deba pagar o completar el
monto que le hubiese correspondido abonar.

23. Frente a la prescripción indicó que la demandante adquirió el estatus pensional
el 24 de abril de 2013 y presentó solicitud ante la entidad demandada el 22 de
septiembre de 2020, por lo que se encuentra configurada esta excepción sobre las
mesadas causadas con anterioridad al 22 de septiembre de 2017.

RECURSO DE APELACIÓN5

24. La parte demandada interpuso recurso de apelación con el fin de que revoque
la sentencia y se nieguen las pretensiones, bajo el argumento de que, en la hipótesis
del docente oficial que sin el tiempo de 20 años en el sector público, pretende
completarlos con tiempos servidos como trabajador privado, debe verificarse su
situación con base en la Ley 71 de 1988, siempre que sea beneficiario del régimen
de transición de la Ley 100 de 1993, pues de lo contrario, su situación se entiende
configurada con esta última norma en su integridad.

25. Argumentó que la actora se vinculó como docente el 1.º de septiembre de 2005,
por lo que no era aplicable a su caso el régimen anterior solicitado, a menos que
fuera beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, el cual tampoco
acreditó, pues si bien a la fecha de entrada en vigencia de esta última norma tenía

5 Ver índice 61 de SAMAI – Tribunales.

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39 años de edad y por tanto cumplía con el primer requisito, lo cierto es que no se
tiene claridad del tiempo de servicio requerido para ese mismo momento.

26. Expuso que el juez de primera instancia no tuvo en cuenta que el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no es la entidad llamada a
reconocer este tipo de derechos pensionales pues esta solo cumple con funciones
de ser una cuenta especial de la Nación que administra los dineros concernientes a
las prestaciones sociales de los docentes, pero no tiene personería jurídica y
tampoco es quien ejerce los tramites llamados a reconocer tal derecho como sí lo
hace la entidad territorial que fue empleadora de la accionante.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

27. El 11 de marzo de 20266 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que,
una vez ejecutoriada esta decisión, el expediente pasaría a despacho para dictar
sentencia sin necesidad de traslados, y se advirtió que el Ministerio Público podría
emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara al mismo.

28. La parte demandante7 aseguró que quedó demostrado que se desempeñó
como docente oficial desde el 23 de octubre de 2001 hasta el 22 de julio de 2020
en diferentes intervalos, a través de vinculación bajo la modalidad de OPS y con su
nombramiento como docente oficial al servicio de la Secretaría de Educación del
Distrito de Santiago de Cali mediante nombramiento en propiedad, junto con los
aportes realizados a Colpensiones, lo que la hace titular del derecho concedido en
primera instancia, por lo que solicita que se confirme el fallo apelado.

29. El Ministerio Público8 solicitó que se confirme la sentencia recurrida, para lo
cual aseguró que se desvirtuó el reparo formulado por la entidad demandada
relativo a la supuesta insuficiencia en el cumplimiento de los requisitos, al
evidenciarse que la demandante cumple con las condiciones exigidas para acceder
a la pensión por aportes, por lo que tiene derecho al reconocimiento de la pensión
de jubilación, liquidada en un 75% del promedio de lo devengado en el último año
de servicios anterior a la consolidación del estatus pensional, esto es, al 24 de abril
de 2013, con inclusión de los factores sobre los cuales efectuó los aportes.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

6 Ver índice 4 de SAMAI.
7 Ver índice 8 de SAMAI.
8 Ver índice 8 de SAMAI.

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30. Deberá resolver la Subsección si a la demandante, en su calidad de docente
oficial con acumulación de aportes del sector privado y público, y con períodos
laborados mediante OPS antes del 27 de junio de 2003, le asiste el derecho al
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a cargo del FOMAG, según la
Ley 71 de 1988, en cuantía del 75% del promedio de los factores salariales
devengados y objeto de cotización en el año anterior a la adquisición del estatus
jurídico respectivo y con efectividad desde tal fecha, y si para el efecto debía ser
beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993. En caso afirmativo, se
verificará si la Nación – Ministerio de Educación – FOMAG carece de legitimación
en la causa por pasiva para asumir dicha obligación.

Marco normativo y jurisprudencial

31. Para resolver el presente asunto, le corresponde a la Subsección dar aplicación
a la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, proferida por la Sección
Segunda del Consejo de Estado,9 en la cual se estableció principalmente la forma
de liquidar la pensión ordinaria de jubilación de los docentes prevista bajo los
postulados remisorios de la Ley 91 de 1989.

32. Lo anterior porque, además de dicho punto, tal providencia en sus reglas
jurisprudenciales desarrolló lineamientos específicos y de obligatorio acatamiento
acerca del entendimiento de los diferentes regímenes pensionales aplicables a los
educadores del Estado en atención a la fecha de vinculación, debido a la expedición
de la Ley 812 de 2003.

33. Como se advierte, el ámbito de aplicación de las directrices de unificación es
más amplio que el de los litigios de reliquidación pensional, pues este se extiende
también a los asuntos de reconocimiento del derecho en sí mismo, 10 tal como
acontece en el caso bajo estudio donde la determinación del marco normativo que
rige la situación particular de la accionante es esencial para verificar la pertinencia
de sus pretensiones.11

9 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-

CE-S2 -2019. Expediente: 680012333000201500569-01 (0935-17). Actor: Abadía Reynel Tolosa.
10 Lo anterior se indica en la medida en que las reglas de unificación plateadas fueron las siguientes: «[…] a)

En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley
812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del
orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre
los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, y por lo
tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.

b) Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes
100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será
de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los
previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones. […]»
11 Se destaca que la aludida decisión judicial fijó sus efectos retrospectivamente según el ordinal segundo de la

parte resolutiva, a fin de extenderse a todas las situaciones pendientes de definición y que no se hayan
consolidado bajo el fenómeno de cosa juzgada, tal como sucede con el presente litigio pendiente del
pronunciamiento de segunda instancia.

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34. Pues bien, según la referida sentencia, el criterio relevante para determinar el
marco jurídico pensional de un educador oficial es la acreditación de su primera
vinculación al magisterio, contrastada con la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003 (27 de junio de 2003), sin que para estos efectos deba verificarse si esa
relación inicial fue continua, con interrupciones, o si fue mediante contratos de
prestación de servicios, con un nombramiento legal y reglamentario en
provisionalidad, en propiedad o temporal como una interinidad, así como tampoco
si para la mencionada fecha la reclamante seguía o no vinculada bajo dicha calidad.

35. Lo expuesto en razón a que dicha norma en ningún momento distinguió estas
condiciones de un maestro como un criterio excluyente de sus previsiones en cuanto
a la determinación del régimen pensional, sino que solo exigió la acreditación de
haber laborado como docente oficial antes de su vigencia, lo cual podía haber
ocurrido bajo cualquiera de las referidas modalidades, pues en observancia del
principio de la condición más beneficiosa,12 es claro que esta situación corresponde
a un cambio legislativo sin un régimen de transición específico que hace necesario
proteger la expectativa de pensionarse con una regulación más favorable prevista
especialmente para quien haya ejercido labores como educador del Estado.

36. Ahora, debido a las condiciones del caso particular abordado por el proveído
unificador en mención, este únicamente planteó unas reglas para fijar los
regímenes aplicables en eventos de profesores oficiales cuyo tiempo de servicio
hubiese sido prestado en el sector público y cotizado exclusivamente al FOMAG, lo
que hacía pertinente en virtud de la Ley 91 de 1989 hacer una remisión directa a la
Ley 33 de 1985 para determinar el derecho pensional.

37. Por lo mismo, en esa oportunidad no fue posible analizar y definir el supuesto
cuando, por ejemplo, como se advierte para el presente litigio, la docente tiene un
período de servicio educativo que no es suficiente para adquirir la prestación con
base en esta última norma, pero igualmente realizó cotizaciones a otra
administradora como lo era el entonces ISS (hoy Colpensiones), derivadas de
actividades laborales prestadas mediante contratos de prestación de servicios, por
contratos de trabajo con personas jurídicas de derecho privado, o como trabajadora
independiente; con las que pretende satisfacer la exigencia del tiempo de labor.

38. Bajo tal supuesto, la normativa aplicable necesariamente sería la Ley 71 de
1988 que regulaba la materia en lo que respecta a la denominada “pensión por
aportes”, la cual se da con la acumulación de tiempos de servicio cotizados al
mencionado ISS y a otras entidades de previsión como lo prevé el artículo 7.º de
dicha norma.

12 Sobre este principio ver sentencia del 15 de febrero de 2011, proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala

de Casación Laboral. Radicación: 40.662.

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39. Acerca de la posibilidad de tener en cuenta tal disposición como el marco
regulatorio de los maestros que se encuentren en las referidas condiciones, esta
Subsección13 ya se ha pronunciado en el sentido de que lo propio es procedente
en la medida en que se apliquen también los criterios jurisprudenciales expuestos
anteriormente.

40. Al respecto, bajo dicha línea de interpretación también se precisó la forma en
que debe calcularse el respectivo IBL pensional, para lo cual se indicó que este
corresponderá al 75% del promedio de los factores salariales percibidos durante el
último año de servicio anterior a la adquisición del estatus, sobre los cuales se
hubiesen realizado o debieran haberse efectuado cotizaciones, siempre y cuando
estén exclusivamente consagrados en el listado del artículo 1.º de la Ley 62 de
1985, así como en las normas posteriores que les haya otorgado el carácter salarial

13 Al respecto ver las sentencias proferidas por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Segunda, Subsección “A”, del 31 de julio de 2025 proferida en el proceso 25000-23-42-000-2020-
00847-01 (3708-2022), y del 14 de agosto de 2025 dictadas en los procesos 68001-23-33-000-2020-00819-01
(0380-2023) y 05001-23-33-000-2020-03991-01 (5790-2023). En dichas providencias se precisó lo siguiente:

«[…] al observar los antecedentes legislativos de la referida Ley 91 de 1989, expuestos en la ponencia para
primer debate en el Senado de la República, es posible concluir que los educadores sometidos a la primera
regla de unificación de la sentencia del 25 de abril de 2019 por haberse vinculado antes de la entrada en vigencia
de la Ley 812 de 2003, no solo pueden ser beneficiarios de la Ley 33 de 1985, sino también de la Ley 71 de
1988, la cual hace parte integral de la normativa aplicable a los servidores del orden nacional, tal como el mismo
artículo 11 de esta última ley lo contempló, así como el Consejo de Estado lo ha corroborado en varias de sus
providencias.

En consecuencia, es dable aplicar la mencionada providencia, aun para los casos en que se solicite el
reconocimiento de la pensión por aportes, por lo que los docentes bajo este supuesto se someterán a los
requisitos de dicha norma, pero también quedarán regidos por los postulados jurisprudenciales en materia de
fijación del IBL, los cuales no se oponen a lo regulado específicamente para esta clase de prestación en el
artículo 6.º del Decreto 2709 de 1994.

De allí que, este derecho deberá determinarse con base en el 75% del promedio de los factores salariales
percibidos durante el último año de servicio anterior a la adquisición del estatus, sobre los cuales se hubiesen
realizado cotizaciones y que estén exclusivamente consagrados en el listado del artículo 1.º de la Ley 62 de
1985, así como los previstos en normas posteriores con carácter salarial para efectos pensionales como ya lo
ha sostenido esta corporación en casos similares.

Se aclara que este último precepto legal también es aplicable en el caso del derecho bajo estudio, por ser
aquella la norma que regula la materia en el caso de los servidores públicos como son los docentes que
reclaman el pago de dicha prestación al FOMAG.

Al respecto, basta con verificar que los docentes afiliados al aludido fondo que soliciten el reconocimiento de la
pensión por aportes de la Ley 71 de 1988, lo hacen precisamente en su calidad de empleados públicos al
momento de consolidar su estatus, solo que pretenden acumular algún tiempo de servicio privado, lo que hace
que los factores de salario que pueden integrar el IBL pensional solo puedan ser los del último año anterior a la
adquisición del derecho que necesariamente ocurre cuando están vinculados al servicio oficial.

Tal hecho implica que, únicamente podrían incluirse para el cálculo de la pensión los emolumentos que hayan
sido objeto de cotización bajo dicha calidad de servidores del Estado, los cuales están expresamente
consagrados en la Ley 62 de 1985 que es la norma aplicable para estos mismos, tal como se precisó en la
sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, la cual, según lo referido anteriormente, también debe ser
observada para definir la referida prestación derivada de la acumulación de aportes privados y públicos. […]»

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para efectos pensionales14 como ya lo ha sostenido esta corporación en casos
similares.15

Resolución del caso concreto

41. Como se desprende de lo expuesto, es indispensable determinar cuál es la
normativa que gobierna el caso de la accionante en virtud de la fecha de su primer
ingreso al servicio educativo oficial,16 sin que cobre relevancia que en este caso se
presentaron interrupciones en sus vínculos contractuales y que solo con
posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 fue nombrada
formalmente, pues como se explicó en el marco jurídico en mención, el legislador
no contempló tal circunstancia como un elemento excluyente para que un docente
accediera o no al régimen pensional anterior al de la Ley 100 de 1993.

42. Ahora bien, para definir este punto debe acudirse al Oficio del 12 de marzo de
2002 suscrito por el rector del Instituto Rafael Navia Barón, así como al acta de
liquidación del contrato de prestación de servicios 42110353 suscrito entre la
Secretaría de Educación Municipal de Santiago de Cali y la accionante,17 pues a
partir de estos medios probatorios se corrobora que esta última efectivamente
laboró como docente contratada para ejercer funciones eminentemente educativas
a favor de dicha entidad territorial desde el 23 de octubre hasta el 14 de diciembre
de 2001.

43. En este punto la sala resalta que, frente al hecho de que la solicitante haya
acumulado tiempos de labor como maestra a través de contratos u órdenes de
prestación de servicios (OPS), la sentencia de unificación CESUJ2-5 del 25 de
agosto de 2016 proferida por el Consejo de Estado18 abordó el tema y concluyó a
título de regla que la labor de los educadores con ese tipo de vínculo no es diferente
ni opuesto al que se deriva de una relación laboral legal y reglamentaria, pues
también se distingue por reunir los elementos esenciales del trabajo como la
subordinación, la prestación personal del servicio y la remuneración.

14 Por ejemplo, en los Decretos 633 y 634 de 2007, 1566 de 2014 y 2354 de 2018.
15 Al respecto ver sentencias proferidas por esta misma Subsección en sentencias del 22 de junio de 2023

dictadas en los procesos con números internos 5111-2022, 4056-2021 y 1863-2022.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del

25 de abril de 2022. Radicado: 25000-23-42-000-2020-00046-01 (2494-2021). Esta afirmación se ratifica con
este fallo en el que se indicó que: «[…] resulta necesario determinar con exactitud la fecha a partir de la cual
aquella asumió la calidad de educadora estatal, que es la que le permitiría acceder a uno u otro régimen
pensional con motivo de la excepcionalidad que se predica de esta clase de servidores públicos. […]»
17 Ver expediente digital en el índice 1 de SAMAI – Tribunales.
18 Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Segunda. Sentencia de Unificación CESUJ2 n.° 5 del 25 de

agosto de 2016. Rad.: 23001233300020130026001 (00882015). En dicha providencia se señaló: «[…] la
vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de servicios, no desvirtúa el carácter personal de su
labor ni mucho menos es ajena al elemento subordinación existente con el servicio público de educación, en
razón a que al igual que los docentes empleados públicos (i) se someten permanentemente a las directrices,
inspección y vigilancia de las diferentes autoridades educativas, por lo que carecen de autonomía en el ejercicio
de sus funciones, (ii) cumplen órdenes por parte de sus superiores jerárquicos y (iii) desarrollan sus funciones
durante una jornada laboral de acuerdo con el calendario académico de los establecimientos educativos
estatales en los que trabajen, motivo por el cual en virtud de los principios de primacía de la realidad sobre las
formalidades e igualdad, los docentes contratistas merecen una protección especial por parte del Estado. […]».

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44. Bajo ese contexto, en la mencionada providencia se estableció que para tales
eventos se permite presumir la existencia de un nexo laboral y, por tanto, considerar
dichos lapsos como verdaderos períodos con efectos prestacionales, no solo para
computarlos, sino además a fin de determinar el régimen pensional aplicable. 19

45. En consecuencia, para esta clase de contrataciones es evidente que el ejercicio
material de la labor educativa necesariamente se da bajo las condiciones de un
presunto vínculo de trabajo en atención al principio de la realidad sobre las
formalidades previsto en el artículo 53 constitucional, el cual, aunque no se
declarará como tal en este proceso debido a que lo propio no fue materia del litigio
como fue fijado, sí permite advertirlo, considerarlo y afirmarlo judicialmente para
determinar la procedencia de la pensión ordinaria de jubilación.20

46. Por lo expuesto, en atención al marco normativo y jurisprudencial aplicable, lo
primero que debe recordarse es que, las vinculaciones de un docente bajo la
modalidad contractual de OPS no impide considerar tales lapsos para
contabilizarlos a fin de cumplir el requisito del tiempo de servicio, ello incluso al
margen de la efectiva contribución al sistema de seguridad social mientras laboró
como contratista, pues este no fue el criterio fijado para tal fin en la sentencia de
unificación del 25 de abril de 2019, sino el de la demostración de algún tiempo de
labor oficial educativa antes de que entrara a regir la ley de aprobación del Plan
Nacional de Desarrollo 2003-2006.

41. Esto sin desconocer que los aportes pendientes de recaudo por tales lapsos con
contratos necesariamente deben ser abonados al FOMAG, por lo que este fondo a
través de su administradora tiene la facultad y el deber de efectuar el cobro
completo, actualizado y real de los aportes por tales tiempos en la proporción que
le correspondía respectivamente a la demandante como empleada, así como al

19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del

24 de febrero de 2022. Radicado: 63001-23-33-000-2018-00183-01 (4650-2019). En esta providencia se planteó
que: «[...] Ahora, si bien no se niega la existencia de contratos de prestación de servicios de la demandante con
la mentada entidad territorial, lo cierto es que tal hecho de ninguna manera implica asumir que la calidad de sus
actividades fue otra diferente a la de una docente oficial propiamente dicha, esto al margen de que los efectos
jurídicos en cuanto a la relación laboral no se hayan configurado en su momento. Lo expuesto implica que sin
perjuicio del vínculo contractual existente en los lapsos aludidos, y sin que en esta sentencia se emita
pronunciamiento sobre una eventual declaratoria de existencia de una relación laboral para aquella época, sí
debe entenderse que la señora Marín Cardona ejerció funciones propias e inherentes a la condición de docente
estatal desde el 2 de febrero de 1998, es decir, a partir de la primera ejecución del contrato de prestación de
servicios como docente, suscrito con la mentada autoridad departamental para ser desarrollado en algunas de
sus instituciones educativas. […] A partir de este razonamiento, se deduce preliminarmente que ante casos en
los que se avizora el desempeño de actividades y funciones como docente, fundada en vínculos contractuales
con entidades de derecho público o a su servicio, es posible tener por configurados los tres elementos
constitutivos de una relación laboral, con fundamento en que la misma naturaleza de la actividad desarrollada
por un educador, hace que esta sea necesariamente personal, remunerada y sometida a reglamentaciones,
instrucciones y lineamientos de obligatorio cumplimiento. […]»
20 Tales afirmaciones encuentran respaldo en las sentencias del 20 de junio de 2024 dictada por el Consejo de

Estado, Sección Segunda, Subsección A, en el proceso con radicado 17001-23-33-000-2019-00174-01 (0506-
2022). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez, y del 18 de febrero de 2021 en el asunto con número interno 4163-
2014.

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empleador, pues su naturaleza parafiscal conlleva la obligatoriedad del recaudo y la
imprescriptibilidad, tal como se desprende del artículo 2.2.3.3.3. del Decreto 1833
de 2016.

47. Pues bien, una vez precisado lo anterior, se advierte que la entidad demandada
negó el derecho reclamado por medio del acto reprochado bajo el entendido de que
la primera vinculación válida como docente de la reclamante fue la derivada de su
nombramiento a partir del 1.º de septiembre de 2005, lo que le hacía titular del
derecho pensional conforme al régimen de la Ley 100 de 1993, mas no al de la Ley
71 de 1988.

48. A pesar de esta consideración, lo cierto es que ni en vía administrativa ni en
sede judicial se ha puesto en duda la existencia y ejecución del primer vínculo
contractual ni de los siguientes contraídos por la actora, lo que significa que, al no
existir controversia acerca de la labor ejercida materialmente por la demandante
como docente, pero sí sobre cuál es el tipo de vinculación habilitante para analizar
el derecho prestacional, se puede tener demostrado el hecho de que inició su labor
propiamente educativa el 23 de octubre de 2001, fecha que definitivamente es
anterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003).

49. Se concluye entonces al igual que el juez de primera instancia que, conforme a
las reglas de la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019 y el marco normativo
desarrollado anteriormente, el hecho de que el primer vínculo de la accionante haya
sido mediante OPS no desdice la naturaleza educativa del servicio prestado que es
lo que la hace beneficiaria del régimen anterior al de la Ley 812 de 2003, por lo que
es viable verificar la situación jurídica reclamada de acuerdo con las previsiones del
artículo 81 de dicha norma.

50. De allí que, efectivamente la pensión de la educadora debía analizarse
conforme a la regulación previa contenida en los artículos 2.º, parágrafo y 15
numeral 2.º de la Ley 91 de 1989, disposiciones que remiten a las normas de los
empleados públicos del orden nacional, consagradas esencialmente en la Ley 33
de 1985, pero también en la Ley 71 de 1988 para la pensión por aportes como se
precisó en acápites anteriores.

51. Lo expuesto incluso sin tener que haber analizado la aplicación del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993 como lo sostuvo la parte recurrente, pues la actora
consolidó su situación jurídica con base en la normativa anterior a esta última, solo
por aplicación directa del artículo 81 de la Ley 812 de 2003, ello sin tener que acudir
a las previsiones transitorias del régimen general que no regulaba su situación,
precisamente por haberse vinculado con anterioridad a la entrada en vigor de esta
última ley (27 de junio de 2003).

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52. Acorde con lo expuesto, se encuentra que la reclamante sí había acreditado los
requisitos necesarios para consolidar el derecho a una pensión de jubilación como
la pretendida con base en los postulados de la Ley 71 de 1988, pero adicional,
conforme a los lineamientos de la sentencia de unificación del Consejo de Estado
proferida el 25 de abril de 2019 acerca de la materia.

53. Sobre el punto, del material probatorio obrante en el expediente se concluye
que:

i) la actora en su calidad de mujer acreditó la edad de 55 años el 16 de noviembre
de 201021;

ii) al tener en cuenta toda clase de vínculo laboral de la reclamante, tanto en el
sector público como privado bajo cualquier cargo, incluido el de docente contratista
y nombrada, se encuentra que:

54. De la sumatoria de los lapsos por aportes realizados a Colpensiones en virtud
de diversos contratos de trabajo particulares (603,57 semanas, correspondientes
a 11 años, 7 meses y 11 días),22 así como de los períodos desarrollados mediante
contratos de prestación de servicios celebrados con el municipio de Santiago de
Cali para ejercer como maestra y que no reportan cotizados a ninguna entidad de
previsión (6 meses y 4 días),23 y, finalmente, del interregno prestado como
educadora estatal afiliada al FOMAG y nombrada formalmente por dicha autoridad
territorial desde el 1.º de septiembre de 200524 en adelante, se concluye que el 29
de julio de 201325 logró acreditar los 20 años de servicio público y privado objeto

21 Según la copia de la cédula de ciudadanía que obra en el expediente digital del índice 1 de SAMAI –
Tribunales, la actora nació el 16 de noviembre de 1955.
22 De acuerdo con el reporte de semanas cotizadas a Colpensiones, la actora tenía un total de 603.57 semanas

por concepto de aportes realizados entre 1979 y 2005 en razón de algunos vínculos de carácter privado, los
cuales fueron objeto de cotización a dicha entidad de previsión y que pueden ser tenidos en cuenta para
acreditar el total del tiempo de servicio requerido. La prueba aludida se encuentra en el expediente digital del
índice 1 de SAMAI - Tribunales.
23 Conforme las constancias laborales y las actas de liquidación de los contratos de prestación de servicios

celebrados entre la actora y el municipio de Santiago de Cali, se advierte que aquella ejerció funciones en
calidad de docente de la mencionada autoridad para los períodos comprendidos entre el 23 de octubre y el 14
de diciembre de 2001, del 24 de enero al 15 de abril de 2002 y del 21 de mayo al 12 de julio de 2002. Las
pruebas reposan en el expediente digital del índice 1 de SAMAI – Tribunales.
24
Según el Formato Único para la Expedición del Certificado de Historia Laboral expedido por la Secretaría de
Educación Municipal de Satiago de Cali, la accionante fue nombrada como docente oficial en virtud de la
Resolución 1951 del 19 de agosto de 2005 para desempeñarse como tal a partir del 1.º de septiembre de 2005.
De este lapso se descontará el período comprendido entre el 5 y el 16 de enero de 2009 en el que se acreditó
que tuvo una licencia no remunerada. Este documento obra en el expediente digital del índice 1 y 10 de SAMAI
– Tribunales.
25 Conforme al siguiente cálculo:

DESDE HASTA AÑOS MESES DÍAS
603,57 SEMANAS COTIZADAS A COLPENSIONES 11 7 11
23/10/2001 14/12/2001 0 1 21
24/01/2002 15/04/2002 0 2 22
21/05/2002 12/07/2002 0 1 21
1/09/2005 4/01/2009 3 4 3

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de aportes para obtener el derecho a la pensión de la Ley 71 de 1988.

55. Contrario a esta fecha, el tribunal de origen estimó que el cumplimiento de dicho
requisito tuvo lugar el 24 de abril de 2013. Sin embargo, revisado el cálculo anterior,
lo cierto es que la demandante solo acumuló los 20 años de cotizaciones
habilitantes de la pensión hasta el 29 de julio de 2013, fecha que es posterior a la
definida en primera instancia, razón por la cual, como esta determinación al
postergar la efectividad de la prestación favorece a la parte demandada en su
calidad de apelante única, se realizará la modificación del estatus conforme a lo
definido anteriormente.

iii) Para el período comprendido entre el 29 de julio de 2012 y el 28 de julio de
2013 (año anterior al estatus configurado a los 20 años de servicio que se
acreditaron con posterioridad al cumplimiento de la edad), la educadora devengó,26
entre otros conceptos, solamente la asignación básica como el único haber salarial
computable y percibido en su caso sobre el que debió realizarse aportes y que se
encuentra enlistado en el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985.

56. Lo expuesto demuestra que a la accionante se le debió reconocer una pensión
por aportes bajo los preceptos de la mencionada ley, tal como fue solicitada, de
manera que se encuentra configurada la ilegalidad del acto reprochado por falsa
motivación al haber negado el derecho reclamado, lo cual implica su anulación, tal
como lo determinó el juez de origen.

57. Ahora bien, la Sala advierte que, para los interregnos laborados por la
demandante entre el 23 de octubre y el 14 de diciembre de 2001, del 24 de enero
al 15 de abril de 2002 y del 21 de mayo al 12 de julio de 2002; prestados al municipio
de Santiago de Cali mediante contratos de prestación de servicios, no se aportó
prueba que demostrara la realización de las cotizaciones completas a pensión por
dichos lapsos a ninguna entidad de previsión.

58. Frente a este punto hubo pronunciamiento expreso por parte del tribunal de
primera instancia, pero sin las precisiones en la parte resolutiva sobre la forma en
que se deben recaudar estos fondos. No obstante, en atención a la necesidad de
dar claridad al fallo para su cumplimiento material, resulta necesario que la Sala
modifique el ordinal segundo del fallo impugnado en este punto, el cual no afecta la
situación original creada a la apelante única, sino que, por el contrario, la beneficia
y se ajusta al litigio bajo estudio en la medida en que son aspectos legales que
deben ser objeto de cumplimiento indistintamente si fue o no solicitado.

17/01/2009 29/07/2013 4 6 12
TOTAL 18 + 2 = 20 AÑOS 21 + 3 = 24 MESES (2 AÑOS) 90 (3 MESES)

26 De conformidad con la certificación de factores salariales que obra en el expediente digital.

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59. Pues bien, derivado de lo expuesto y con el fin de garantizar el financiamiento
de la prestación en observancia del principio de sostenibilidad fiscal del sistema
pensional, la Nación – Ministerio de Educación – FOMAG, a través de su
administradora, dentro de sus competencias previstas en los artículos 24 de la Ley
100 de 199327 y 2.2.3.3.3. del Decreto 1833 de 2016,28 y por tratarse de aportes
imprescriptibles deberá realizar las gestiones interadministrativas necesarias para
obtener, de conformidad con la ley, el pago total de las cotizaciones pendientes por
los mencionados períodos en que estuvo vigente las OPS, siempre y cuando estos
giros no se hayan hecho en su oportunidad o no se demuestre lo propio.

60. Por lo mismo, será responsabilidad del FOMAG verificar con la reclamante si
esta los realizó y a cuál fondo lo hizo, así como que tales montos correspondan a
los valores totales por dicho concepto sobre el IBC fijado para tales lapsos. En caso
contrario, también deberá realizar las gestiones necesarias y legales para obtener
el pago completo del aporte.

61. Sobre el particular, si eventualmente la referida entidad territorial no asumió la
proporción del pago que por esta misma carga les correspondía tanto a esta como a
la actora, el fondo a través de la autoridad ministerial deberá verificar mensualmente
si esta última realizó las cotizaciones a pensión por los tiempos en que laboró para
dicha autoridad, bien sea mediante vínculo legal y reglamentario o a través de
órdenes de prestación de servicios, y en caso afirmativo, también verificará si existe
una diferencia entre tales sumas.

62. Para ello, la parte apelante deberá realizar las acciones tendientes a validar
tanto por parte del mencionado ente local como de la docente si realizaron los
pagos por los mencionados conceptos.

63. Si se demuestra que tales pagos se efectuaron a otro fondo diferente al
FOMAG, la autoridad accionada gestionará que quienes hayan recibido los giros o
hubiesen tenido el deber de efectuar la afiliación a alguna entidad de previsión,
asuman la obligación legal de concurrir con el pago de la pensión en la cuota parte
que le corresponda en aplicación directa del artículo 11 del Decreto 2709 de 1994,
el cual debe ser tenido en cuenta exclusivamente para asuntos como el presente

27 ARTÍCULO 24. Acciones de Cobro. Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes regímenes

adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del empleador de
conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto, la liquidación mediante la
cual la administradora determine el valor adeudado, prestará mérito ejecutivo.
28 Artículo 2.2.3.3.3. Acciones de cobro. Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes

regímenes entablar contra los empleadores las acciones de cobro de las cotizaciones que se encuentren en
mora así como de los intereses de mora a que haya lugar, pudiendo repetir contra los respectivos empleadores
por los costos que haya demandado el trámite pertinente, en los términos señalados en el literal h) del artículo
14 del Decreto número 656 de 1994.

Estas acciones deberán iniciarse de manera extrajudicial a más tardar dentro de los tres meses siguientes a la
fecha en la cual se entró en mora. Lo anterior es aplicable inclusive a las administradoras del régimen de prima
media con prestación definida, las cuales podrán iniciar los correspondientes procesos coactivos para hacer
efectivos sus créditos de conformidad con el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso
Administrativo y el artículo 112 de la Ley 6ª de 1992 y demás normas que los adicionen o reformen.

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donde la pensión se reconoce en virtud de la Ley 71 de 1988 que es la que
precisamente dicha norma reglamenta.

64. Lo propio deberá realizar con Colpensiones por los aportes efectuados a esta
última que fueron computados en este caso para consolidar el derecho pensional
de la actora.

65. Con todo, como lo estimó el juez de origen, dicha prestación se concederá con
efectividad desde el 29 de julio de 2013, esto es, cuando la accionante adquirió el
estatus jurídico pensional, y sin el condicionamiento del retiro definitivo del servicio,
en la medida en que este derecho sí es compatible con el salario de docente de
conformidad con los artículos 19, literal g) de la Ley 4.ª de 1992 y 5 del Decreto 224
de 1972, aplicables a su caso particular por haber sido vinculada antes de la entrada
en vigencia de la Ley 812 de 2003.29

66. Ahora, frente al fenómeno jurídico de la prescripción de mesadas también
acertó la primera instancia, pues se concluye que este se configuró en la medida
en que entre las fechas de exigibilidad del derecho (29 de julio de 2013), de
radicación de la reclamación administrativa (22 de septiembre de 2020),30 y de la
presentación de la demanda (9 de diciembre de 2020),31 transcurrieron más de tres
años de que tratan los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, por lo que se tiene
consolidada esta figura respecto de las sumas adeudadas con anterioridad al 22 de
septiembre de 2017, tal como lo determinó el juez de origen.

67. Por último, en lo relacionado con la legitimación en la causa por pasiva de la
Nación – Ministerio de Educación – FOMAG y su defensa asegurando que la
entidad encargada del reconocimiento pensional en debate es el municipio de
Santiago de Cali, esto por cuanto la entidad territorial fue la que elaboró el acto
administrativo demandado y era la empleadora de la accionante, se destaca que,
en realidad, es la referida cartera gubernamental en comento la que debe asumir
todas las condenas relativas al reconocimiento y liquidación de la prestación de la
reclamante.

68. Lo anterior por cuanto según la Ley 91 de 1989 relativa a la creación del aludido
fondo, así como en atención a la reglamentación de los trámites que le son propios,
prevista en los Decretos 1775 de 1990 y 2831 de 2005, para la Sala es claro,
conservando la postura pacífica de esta corporación sobre la materia, que las
autoridades locales en las actuaciones de concesión de prerrogativas como las
pensiones del magisterio, solo intervienen a título de facilitadores para elaborar un
proyecto de acto administrativo, mas no para emitir una decisión unilateral y propia
frente al otorgamiento del derecho.

29 Sobre este planteamiento ver sentencia del 23 de octubre de 2024 proferida por esta misma Subsección en

el proceso con radicado 05001-23-33-000-2020-00600-01 (7813-2023). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
30 Según la parte motiva del acto demandado visible en el índice 10 de SAMAI - Tribunales.
31 Ver acta de reparto en el índice 1 de SAMAI – Tribunales.

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69. Es decir, la normativa aplicable a este caso nunca ha delegado en los
municipios la facultad para reconocer o no una pensión ordinaria de jubilación de
los educadores afiliados al FOMAG. Por el contrario, en virtud de la aprobación por
parte de este último, es evidente que aquel fondo adscrito al Ministerio de
Educación Nacional, actuando a través de su administrador fiduciario, es quien
detenta la potestad para definir las condiciones, la liquidación y todos los aspectos
propios del derecho bajo estudio, tal como sería su reconocimiento con base en
determinado régimen, pues la manifestación de voluntad que finalmente produce
efectos es la del referido ente nacional y no la del territorial.

70. Por lo expuesto, no tiene sustento el planteamiento de la falta de legitimación
en la causa propuesta por la parte recurrente.

71. Estos argumentos son suficientes para modificar la sentencia apelada en los
puntos referidos y confirmarla en todo lo demás.

Condena en costas de segunda instancia

72. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

73. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

74. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

75. En este contexto, no procede la condena en costas de segunda instancia, toda
vez que se están haciendo ajustes a la decisión del Tribunal, por lo que no puede
predicarse que alguna de las partes haya sido vencida en la presente oportunidad.
En consecuencia, se prescindirá de la condena en costas en esta instancia.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. MODIFICAR el ordinal segundo de la sentencia proferida el veintiocho
(28) de junio de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Valle
del Cauca, por medio de la cual se accedió a las pretensiones, el cual quedará de
la siguiente manera:

«[…] Segundo: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la NACIÓN-
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, a reconocer la pensión de
jubilación por aportes a la señora LUZ MARINA DEL SOCORRO GÓMEZ
QUINTERO, liquidada teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en la Ley 71
de 1988, esto es, sobre un 75% del promedio actualizado de lo devengado por
concepto de asignación básica en el último año de servicio anterior a la adquisición
del estatus pensional, configurado a partir del 29 de julio de 2013, con efectividad
desde esta fecha, pero con efectos fiscales desde el 22 de septiembre de 2017 por
prescripción trienal de mesadas.

Adicionalmente se ordena a la Nación – Ministerio de Educación – FOMAG, a través
de la administradora del fondo, realizar las actuaciones interadministrativas a que
haya lugar para obtener el pago de las cotizaciones a pensión de conformidad con
la ley durante los períodos en los que esta se desempeñó como docente para la
entidad territorial por medio de contratos de prestación de servicios, esto es, por el
interregno comprendido entre el 23 de octubre de 2001 y el 12 de julio de 2002
(dentro de sus respectivos intervalos o duración de los contratos), y solo en caso de
que estas no se hayan pagado aún, o en el evento en que estos valores sean
inferiores o presenten diferencias respecto de las liquidadas por el mismo fondo del
magisterio.

Para el efecto, el FOMAG deberá verificar mensualmente si esta última realizó los
aportes a pensión por los tiempos en que laboró mediante contratos de prestación de
servicios en su porcentaje como trabajador, y en caso afirmativo, también verificará
si existe una diferencia entre las sumas.

Con este fin, la parte demandada efectuará los requerimientos necesarios a fin de
que, tanto el municipio de Santiago de Cali como la demandante acrediten
documentalmente ante el FOMAG las cotizaciones que hubiesen realizado a dicho
fondo o a cualquier otro durante su vínculo contractual (si las hicieron).

Si se demuestra que tales pagos se efectuaron a otro fondo diferente al FOMAG, la
autoridad accionada gestionará que quienes hayan recibido los giros o hubiesen
tenido el deber de efectuar la afiliación a alguna entidad de previsión, asuman la
obligación legal de concurrir con el pago de la pensión en la cuota parte que le
corresponda en aplicación directa del artículo 11 del Decreto 2709 de 1994, el cual
debe ser tenido en cuenta exclusivamente para asuntos como el presente donde la
pensión se reconoce en virtud de la Ley 71 de 1988 que es la que precisamente
dicha norma reglamenta.

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Lo propio deberá realizar con Colpensiones por los aportes efectuados a esta última
que fueron computados en este caso para consolidar el derecho pensional de la
actora. […]»

Segundo. CONFIRMAR la providencia recurrida en todo lo demás.

Tercero. Abstenerse de condenar en costas de segunda instancia.

Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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