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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2021-00347-01

Fecha
17 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2021-00347-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. MODIFICAR el ordinal tercero de la sentencia proferida el veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo del Tolima, por medio de la cual se accedió a las pretensiones., el cual quedará de la siguiente forma: «[…] Tercero: a título de restablecimiento del derecho, condenar a la Nación- Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a que reconozca, liquide y pague a favor de la señora Inés Morales Reyes la pensión de jubilación a que tiene derecho, de acuerdo con lo establecido en la Ley 91 de 1989 y las Leyes 33 y 62 de 1985, con el 75% del promedio de los factores salariales percibidos el año anterior a la adquisición de estatus pensional (6 de mayo de 2018 al 5 de mayo de 2019), tales como la asignación básica en concordancia con lo dispuesto por la Ley 62 de 1985, la bonificación mensual de docentes, establecida en artículo 1º de Decreto 1566 de 2014 y la bonificación pedagógica, prevista en el Decreto Número 2354 del 19 de diciembre de 2018, con efectividad a partir del 6 de mayo de 2019, fecha de adquisición del estatus pensional, de acuerdo a lo expuesto anteriormente. […]» Segundo. ADICIONAR el ordinal tercero bis a la providencia recurrida, el cual quedará de la siguiente manera: Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 14 Radicado: 73001-23-33-000-2021-00347-01 (3626-2025) «[…] Adicionalmente se ordena a la Nación – Ministerio de Educación – FOMAG, a través de la administradora del fondo, realizar las actuaciones interadministrativas a que haya lugar para obtener el pago de las cotizaciones a pensión de conformidad con la ley durante el período en el que la actora se desempeñó como docente para el departamento del Tolima y para el municipio del Líbano por medio de contratos u órdenes de prestación de servicios, esto es, por el interregno comprendido entre el 1987 y 2002 (con sus respectivos intervalos de acuerdo a los períodos contratados), y solo en caso de que estas no se hayan pagado aún, o en el evento en que estos valores sean inferiores o presenten diferencias respecto de las liquidadas por el […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 73001-23-33-000-2021-00347-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

17 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 73001-23-33-000-2021-00347-01 (3626-2025)
Demandante: Inés Morales Reyes
Demandada: Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)

Temas: Reconocimiento de pensión ordinaria de jubilación con base en
Ley 33 de 1985. Fecha de vinculación como docente anterior a
la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. El régimen
pensional se determina en virtud de la fecha de vinculación como
maestro oficial sin importar si tuvo OPS y si se realizaron
descuentos para aportes a pensión por tales lapsos. Aplicación
de la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019.
ADICIONA, MODIFICA Y CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025) por
el Tribunal Administrativo del Tolima, por medio de la cual se accedió a las
pretensiones.

ANTECEDENTES

1. La señora Inés Morales Reyes instauró demanda1 en contra de la Nación -
Ministerio de Educación Nacional – FOMAG, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad del Oficio TOL2021EE024355 del 19 de julio de 2021,
por medio del cual le fue negado el reconocimiento y pago de una pensión ordinaria
de jubilación con base en el régimen de las Leyes 91 de 1989, 33 de 1985 y 62 de

1
Ver expediente digital en el índice 46 de SAMAI – Tribunales.

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1985.

3. A título de restablecimiento del derecho, se conceda dicha prestación equivalente
al 75% de los factores percibidos durante el año anterior a la adquisición de su
estatus jurídico, con efectividad desde esa misma fecha en compatibilidad con el
salario, junto con el pago de las mesadas atrasadas con la indexación sobre las
sumas adeudadas por este concepto, así como el reconocimiento de intereses
moratorios hasta que se materialice el respectivo abono.

4. Que se dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 189 y 192
del CPACA; y que, además, se disponga sobre la condena en costas.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

5. Que nació el 6 de octubre de 1958 y ejecutó unos contratos de prestación de
servicios en calidad de educadora del municipio del Líbano durante los siguientes
periodos: del 24 de marzo al 24 de noviembre de 1987, del 18 de julio al 17 de
noviembre de 1988, del 1.º de marzo al 20 de agosto de 1989, del 28 de agosto al
7 de noviembre de 1989, del 1.º de septiembre al 30 de noviembre de 1994, del 2
de mayo al 30 de noviembre de 1995, del 1.º de marzo al 31 de agosto de 1996, del
1.º de marzo al 31 de agosto de 1997, del 1.º de marzo al 30 de noviembre de 1998,
del 1.º de junio al 30 de noviembre de 1999, del 1.º de marzo al 22 de junio de 2001,
del 17 de julio al 18 de noviembre de 2001, del 17 de mayo al 17 de junio de 2002,
y del 21 de junio al 21 de julio de 2002.

6. Además, fue nombrada como docente oficial temporal por parte del departamento
del Tolima desde el 8 de marzo hasta el 8 de junio de 2000. Luego fue vinculada en
provisionalidad en el mismo cargo entre el 19 de enero de 2004 y el 15 de junio de
2005 y del 17 de julio de 2006 al 3 de mayo de 2010. Finalmente tuvo una
designación en propiedad como educadora, efectuada por la referida autoridad a
partir del 5 de mayo de 2010, al menos, hasta la fecha de presentación de la
demanda (17 de septiembre de 2021).

7. En el año 2021 solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación, expresando
que le debía ser aplicado el régimen propio del magisterio para consolidar el
derecho con base en la Ley 33 de 1985, por disposición de la Ley 91 de 1989. Sin
embargo, esta petición fue negada por la parte accionada mediante el acto
demandado en el sentido de asegurar que la única fecha de vinculación válida para
determinar la normativa aplicable era la del nombramiento en propiedad posterior a
2003, lo cual implicaba tener en cuenta los requisitos de la Ley 100 de 1993.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

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8. Considera vulnerados: el Acto Legislativo 01 de 2005; los artículos: 1, 2, 3, 4, 6,
13, 25, 29, 53 y 58 de la Constitución Política; así como las Leyes 91 de 1989, 812
de 2003, 33 y 62 de 1985 y 100 de 1993; e igualmente los Decretos 2285 de 1955,
224 de 1972, 1042 y 1045 de 1978 y 2277 de 1979.

9. Expresa que la vinculación por primera vez es la que determina el régimen
pensional de los docentes, independientemente que se encuentre hoy escalafonado
bajo el Decreto 1278 de 2002, ya que, si el ingreso como docente fue con
anterioridad al 27 de junio 2003, en lo referente al régimen pensional se les aplica
la normativa anterior que es la Ley 91 de 1989 artículo 15, la cual remite a las
disposiciones prestacionales de la Ley 33 de 1985, que es la que resulta aplicable
a su situación jurídica.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

10. La demanda fue admitida el 23 de noviembre de 2021.2 La Nación – Ministerio
de Educación – FOMAG3 precisó que conforme a la vinculación de la demandante
al FOMAG, la normativa aplicable para el estudio de la prestación pensional no es
otra que las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, por remisión analógica de la Ley
812 de 2003. Aseguró que, en todo caso, el tiempo acreditado por la actora con
anterioridad a esa fecha no puede ser tenido en cuenta, porque se consolidó bajo
órdenes de prestación de servicios, lo cual corresponde a un vínculo civil y no
laboral, que si bien es cierto se fundamenta en la primacía de la realidad, se
considera que no se puede aplicar dado que no existe proceso en donde se debatan
los elementos esenciales para la configuración de un contrato de trabajo.

11. Propuso las excepciones de legalidad de los actos administrativos, la
demandante no es beneficiaria de las normas alegadas, los factores salariales son
los definidos en la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, improcedencia
de condena en costas, prescripción y genérica.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN4

12. El Tribunal Administrativo del Tolima mediante sentencia del 23 de octubre de
2025 accedió a las pretensiones en el sentido de declarar la nulidad del acto
demandado y ordenar a la entidad accionada reconocer la pensión de jubilación a
favor del actor en cuantía del 75% del promedio de los factores salariales percibidos
con anterioridad a la adquisición del estatus pensional que estén enlistados en la
Ley 62 de 1985, así como la bonificación mensual docentes, y la bonificación
pedagógica, con efectividad desde el 10 de mayo de 2018. Finalmente condenó en
costas a la parte accionada.

2
Ibid.
3
Ibid.
4
Índice 41 de SAMAI – Tribunales.

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13. Expresó que al haberse vinculado la reclamante como docente desde el 24 de
marzo de 1987, es decir, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003 (27 de junio de 2003), y haber laborado por más de 20 años (20 años, 7 mes
y 21 días), única y exclusivamente al servicio del sector educativo oficial -Secretaría
de Educación Departamental del Tolima-, se concluye que tiene derecho a que su
pensión de jubilación sea reconocida, liquidada y pagada con la aplicación integral
de la Ley 33 de 1985 conforme las reglas de unificación de la sentencia del 25 de
abril de 2019 proferida por el Consejo de Estado.

14. Manifestó que como quedó demostrado, la demandante laboró varios periodos
por contratos de prestación de servicio (24 de marzo de 1987 al 30 de noviembre
de 1999 y del 1 de marzo de 2001 al 21 de julio de 2002), tiempos que deben ser
tenidos en cuenta para determinar el régimen pensional que se le debe aplicar, tal
como se planteó en la providencia de la Sala Plena del Consejo de Estado del 25
de agosto de 2016, en la que se indicó que la vinculación de docentes bajo la
modalidad de prestación de servicios no desvirtúa el carácter personal de su labor,
ni mucho menos es ajena al elemento subordinación existente con el servicio
público de educación. Por esa razón estimó que esos tiempos que no requieren
declaración judicial previa sí pueden ser tenidos en cuenta para efectos
pensionales.

15. Añadió que aun cuando no se advierte el total de cotizaciones durante el periodo
laboral de la docente como contratista, lo cierto es que la falta de acreditación de
aportes pensionales antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 no da
lugar a la perdida de la aplicación del régimen pensional establecido en la Ley 33
de 1985, en virtud a que tales abonos para los trabajadores independientes no
revestían la calidad de obligatorios según el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, al
margen de ello haya cambiado con la expedición de la Ley 797 de 2003.

16. Frente a la forma de liquidar la prestación argumentó que los factores salariales
que han de tenerse en cuenta corresponden a los que fueron fijados en los
parámetros establecidos por el Consejo de Estado en sentencia de unificación del
25 de abril de 2019, Radicación No. 680012333000201500569-01 (Exp. 0935-
2017), en la que se indicó que, en atención a la libertad configurativa del legislador,
la misma ley se ha ocupado de enlistar los emolumentos sobre los cuales se debe
calcular el IBL, que no son otros que los contemplados en el artículo 1.º de la Ley
62 de 1985 y en los decretos autónomos como los de la bonificación mensual
docente y la bonificación pedagógica.

17. Planteó que, de acuerdo con el artículo 5 del Decreto 224 de 1972, el goce de
la pensión de jubilación no es incompatible con el ejercicio de empleos docentes,
siempre y cuando el beneficiario esté mental y físicamente apto para la tarea
docente, lo que hace que los educadores estén facultados para percibir la pensión
de jubilación y el salario, en la medida en que se encuentran exceptuados de la
prohibición de recibir doble asignación del tesoro público, en virtud a que el artículo

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6 de la Ley 60 de 1993 dejó a salvo la compatibilidad entre las prestaciones
pensionales y las asignaciones derivadas del ejercicio de la actividad educativa.
Esto hace que la prestación tenga que ser otorgada desde el 10 de mayo de 2018
cuando adquirió el estatus pensional por cumplimiento de la edad.

18. Con base en lo anterior, sobre la prescripción indicó que esta no se encuentra
configurada, ya que la accionante adquirió el derecho pensional en la mencionada
fecha, y la reclamación administrativa la presentó en 2021, es decir antes del
vencimiento de los 3 años posteriores a la exigibilidad de la prestación.

RECURSO DE APELACIÓN5

19. La parte demandada interpuso recurso de apelación con el fin de que revoque
la sentencia y se nieguen las pretensiones, bajo el argumento de que, si el docente
se retiró del FOMAG, ante su eventual regreso, con posterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003, se le deben aplicar las normas en vigor a la fecha
de su ingreso, no las normas que regulaban su situación cuando realizó las primeras
cotizaciones al fondo.

20. Además afirmó que, si bien la parte actora allegó certificaciones y copias de los
contratos de prestación de servicios suscritos con las instituciones educativas,
dichos documentos no acreditan el cumplimiento del deber legal de efectuar aportes
al sistema de seguridad social durante los periodos contratados, lo cual constituye
un requisito indispensable para que tales tiempos puedan ser tenidos en cuenta con
fines pensionales, pues conforme al artículo 48 de la Constitución Política, el
derecho a la pensión solo se consolida cuando se cumple con los requisitos de edad
y tiempo de servicio, debidamente respaldados por cotizaciones efectivas al sistema
pensional. Resaltó que reconocer tiempos de servicio sin prueba del pago de
aportes vulneraría los principios de sostenibilidad financiera y solidaridad que rigen
el Sistema de Seguridad Social en Colombia.

21. Expuso que los tiempos laborados mediante órdenes de prestación de servicios
no generan vínculo laboral ni dan lugar a la adquisición de derechos pensionales,
conforme lo ha establecido la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado, salvo
que exista sentencia judicial previa que declare la existencia de contrato realidad, lo
cual no ocurrió en este proceso. En consecuencia, no podían computarse dichos
períodos para acreditar el cumplimiento del requisito de tiempo de servicio exigido
por la Ley 33 de 1985.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

22. El 10 de marzo de 20266 se admitió el recurso de apelación.

5
Índice 47 de SAMAI – Tribunales.
6
Ver índice 4 de SAMAI.

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5

Radicado: 73001-23-33-000-2021-00347-01 (3626-2025)

23. El Ministerio Público7 solicitó que se modifique el numeral 3.º del fallo apelado
al argumentar que, si bien debe accederse al reconocimiento pensional porque la
actora reunió los requisitos para el efecto, no le asiste razón a la primera instancia
cuando manifiesta que pese a que no se advierte el total de cotizaciones durante el
periodo laboral de la reclamante como contratista, la falta de acreditación de aportes
no da lugar a la pérdida de la aplicación del régimen pensional establecido en la Ley
33 de 1985; pues si bien es cierto que se encuentra probada la vinculación en
periodos que le permiten sumar los tiempos exigidos para acceder a la pensión, lo
cierto es que se deben acreditar las cotizaciones al sistema pensional o asumir las
diferencias por tales lapsos a fin de garantizar la sostenibilidad del sistema
pensional.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

24. Deberá resolver la Subsección si a la demandante como docente oficial con
vinculaciones mediante contratos de prestación de servicios y relaciones legales y
reglamentarias, le asiste derecho a la pensión de jubilación con base en la Ley 33
de 1985, en cuantía del 75% del promedio de los factores salariales sobre los que
haya efectuado cotizaciones durante el año anterior a la adquisición del estatus
jurídico pensional, y con efectividad desde esa misma fecha, y si para poder tener
en cuenta los tiempos laborados a través de OPS, se debía exigir o no la
acreditación del pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones.

Marco normativo y jurisprudencial

25. Para resolver el presente asunto, le corresponde a la subsección dar aplicación
a la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, proferida por la Sección
Segunda del Consejo de Estado,8 en la cual se estableció principalmente la forma
de liquidar la pensión ordinaria de jubilación de los docentes prevista bajo los
postulados remisorios de la Ley 91 de 1989.

26. Lo anterior porque, además de dicho punto, tal providencia en sus reglas
jurisprudenciales desarrolló lineamientos específicos y de obligatorio acatamiento
acerca del entendimiento de los diferentes regímenes pensionales aplicables a los
educadores del Estado en atención a la fecha de vinculación, debido a la expedición
de la Ley 812 de 2003.

7
Ver índice 8 de SAMAI.
8
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-
CE-S2 -2019. Expediente: 680012333000201500569-01 (0935-17). Actor: Abadía Reynel Tolosa.

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27. Como se advierte, el ámbito de aplicación de las directrices de unificación es
más amplio que el de los litigios de reliquidación pensional, pues este se extiende
también a los asuntos de reconocimiento del derecho en sí mismo,9 tal como
acontece en el caso bajo estudio donde la determinación del marco normativo que
rige la situación particular de la accionante es esencial para verificar la pertinencia
de sus pretensiones.10

28. Pues bien, según la referida sentencia, el criterio relevante para determinar el
marco jurídico pensional de un educador oficial es la acreditación de su primera
vinculación al magisterio, contrastada con la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003 (27 de junio de 2003), sin que para estos efectos deba verificarse si esa
relación inicial fue continua, con interrupciones, o si fue mediante contratos de
prestación de servicios, con un nombramiento legal y reglamentario en
provisionalidad, en propiedad o temporal como una interinidad, así como tampoco
si para la mencionada fecha la reclamante seguía o no vinculada bajo dicha calidad.

29. Lo expuesto en razón a que dicha norma en ningún momento distinguió estas
condiciones de un maestro como un criterio excluyente de sus previsiones en cuanto
a la determinación del régimen pensional, sino que solo exigió la acreditación de
haber laborado como docente oficial antes de su vigencia, lo cual podía haber
ocurrido bajo cualquiera de las referidas modalidades, pues en observancia del
principio de la condición más beneficiosa,11 es claro que esta situación corresponde
a un cambio legislativo sin un régimen de transición específico que hace necesario
proteger la expectativa de pensionarse con una regulación más favorable prevista
especialmente para quien haya ejercido labores como educador del Estado.

Resolución del caso concreto

30. Como se desprende de lo expuesto, es indispensable determinar cuál es la
normativa que gobierna el caso de la accionante en virtud de la fecha de su primer

9
Lo anterior se indica en la medida en que las reglas de unificación planteadas fueron las siguientes: «[…] a)
En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley
812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del
orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre
los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, y por lo
tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.

b) Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes
100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será
de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los
previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones. […]»
10
Se destaca que la aludida decisión judicial fijó sus efectos retrospectivamente según el ordinal segundo de la
parte resolutiva, a fin de extenderse a todas las situaciones pendientes de definición y que no se hayan
consolidado bajo el fenómeno de cosa juzgada, tal como sucede con el presente litigio pendiente del
pronunciamiento de segunda instancia.
11
Sobre este principio ver sentencia del 15 de febrero de 2011, proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Laboral. Radicación: 40.662.

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Radicado: 73001-23-33-000-2021-00347-01 (3626-2025)

ingreso al servicio educativo oficial,12 sin que cobre relevancia el argumento de
apelación relativo a que en este caso se presentaron interrupciones en sus vínculos
contractuales y que solo con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003 fue nombrada formalmente, pues como se explicó en el marco jurídico en
mención, el legislador no contempló tal circunstancia como un elemento excluyente
para que un docente accediera o no al régimen pensional anterior al de la Ley 100
de 1993.

31. Ahora bien, para definir este punto debe acudirse a la copia de la orden de
trabajo n.o 96 del 24 de marzo de 1987 (que es la más antigua en el expediente),13
suscrita por el secretario de educación del departamento del Tolima, pues a partir
de este medio probatorio se corrobora que la demandante efectivamente fue
designada para laborar como docente contratada para ejercer funciones
eminentemente educativas a favor de dicha entidad territorial desde esa misma
fecha hasta el 24 de noviembre de 1987.

32. En este punto la sala resalta que, frente al hecho de que la solicitante haya
acumulado tiempos de labor como maestra a través de contratos u órdenes de
prestación de servicios (OPS), la sentencia de unificación CESUJ2-5 del 25 de
agosto de 2016 proferida por el Consejo de Estado14 abordó el tema y concluyó a
título de regla que la labor de los educadores con ese tipo de vínculo no es diferente
ni opuesta a la que se deriva de una relación laboral legal y reglamentaria, pues
también se distingue por reunir los elementos esenciales del trabajo como la
subordinación, la prestación personal del servicio y la remuneración.

33. Bajo ese contexto, en la mencionada providencia se estableció que para tales
eventos se permite presumir la existencia de un nexo laboral y, por tanto, considerar
dichos lapsos como verdaderos períodos con efectos prestacionales, no solo para
computarlos, sino además a fin de determinar el régimen pensional aplicable.15

12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del
25 de abril de 2022. Radicado: 25000-23-42-000-2020-00046-01 (2494-2021). Esta afirmación se ratifica con
este fallo en el que se indicó que: «[…] resulta necesario determinar con exactitud la fecha a partir de la cual
aquella asumió la calidad de educadora estatal, que es la que le permitiría acceder a uno u otro régimen
pensional con motivo de la excepcionalidad que se predica de esta clase de servidores públicos. […]»
13
Ver expediente digital en el índice 46 de SAMAI – Tribunales.
14
Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Segunda. Sentencia de Unificación CESUJ2 n.° 5 del 25 de
agosto de 2016. Rad.: 23001233300020130026001 (00882015). En dicha providencia se señaló: «[…] la
vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de servicios, no desvirtúa el carácter personal de su
labor ni mucho menos es ajena al elemento subordinación existente con el servicio público de educación, en
razón a que al igual que los docentes empleados públicos (i) se someten permanentemente a las directrices,
inspección y vigilancia de las diferentes autoridades educativas, por lo que carecen de autonomía en el ejercicio
de sus funciones, (ii) cumplen órdenes por parte de sus superiores jerárquicos y (iii) desarrollan sus funciones
durante una jornada laboral de acuerdo con el calendario académico de los establecimientos educativos
estatales en los que trabajen, motivo por el cual en virtud de los principios de primacía de la realidad sobre las
formalidades e igualdad, los docentes contratistas merecen una protección especial por parte del Estado. […]».
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del
24 de febrero de 2022. Radicado: 63001-23-33-000-2018-00183-01 (4650-2019). En esta providencia se planteó
que: «[...] Ahora, si bien no se niega la existencia de contratos de prestación de servicios de la demandante con
la mentada entidad territorial, lo cierto es que tal hecho de ninguna manera implica asumir que la calidad de sus
actividades fue otra diferente a la de una docente oficial propiamente dicha, esto al margen de que los efectos

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Radicado: 73001-23-33-000-2021-00347-01 (3626-2025)

34. En consecuencia, para esta clase de contrataciones es evidente que el ejercicio
material de la labor educativa necesariamente se da bajo las condiciones de un
presunto vínculo de trabajo en atención al principio de la primacía de la realidad
sobre las formalidades previsto en el artículo 53 constitucional, el cual, aunque no
se declarará como tal en este proceso debido a que lo propio no fue materia del
litigio como fue fijado, sí permite advertirlo, considerarlo y afirmarlo judicialmente
para determinar la procedencia de la pensión ordinaria de jubilación, contrario a lo
argumentado por la parte accionada en su recurso.16

35. Por lo expuesto, en atención al marco normativo y jurisprudencial aplicable, lo
primero que debe recordarse es que, a diferencia de las afirmaciones de la entidad
recurrente, las vinculaciones de un docente bajo la modalidad contractual de OPS
no impide considerar tales lapsos para contabilizarlos a fin de cumplir el requisito
del tiempo de servicio, ello incluso al margen de la efectiva contribución al sistema
de seguridad social mientras laboró como contratista, pues este no fue el criterio
fijado para tal fin en la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, sino el de la
demostración de algún tiempo de labor oficial educativa antes de que entrara a regir
la ley de aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006.

36. Sobre el particular, si bien la subsección en algunos casos similares había
indicado que los artículos 4 y 9 de la Ley 797 de 2003 que modificaron los artículos
17 y 33 de la Ley 100 de 1993 establecieron desde 2003 como exigencia para el
reconocimiento de la pensión de jubilación que se demostraran los aportes al
sistema pensional, lo cierto es que ni antes ni después de esta fecha debe
verificarse como requisito la realización efectiva de las cotizaciones por parte de
docentes contratistas para poder tener en cuenta los períodos laborados bajo esa
modalidad con fines pensionales.

41. Esto sin desconocer que los aportes pendientes de recaudo por tales lapsos con
contratos necesariamente deben ser abonados al FOMAG, por lo que este fondo a
través de su administradora tiene la facultad y el deber de efectuar el cobro
completo, actualizado y real de los aportes por tales tiempos en la proporción que
le correspondía respectivamente a la demandante como empleada, así como al

jurídicos en cuanto a la relación laboral no se hayan configurado en su momento. Lo expuesto implica que sin
perjuicio del vínculo contractual existente en los lapsos aludidos, y sin que en esta sentencia se emita
pronunciamiento sobre una eventual declaratoria de existencia de una relación laboral para aquella época, sí
debe entenderse que la señora Marín Cardona ejerció funciones propias e inherentes a la condición de docente
estatal desde el 2 de febrero de 1998, es decir, a partir de la primera ejecución del contrato de prestación de
servicios como docente, suscrito con la mentada autoridad departamental para ser desarrollado en algunas de
sus instituciones educativas. […] A partir de este razonamiento, se deduce preliminarmente que ante casos en
los que se avizora el desempeño de actividades y funciones como docente, fundada en vínculos contractuales
con entidades de derecho público o a su servicio, es posible tener por configurados los tres elementos
constitutivos de una relación laboral, con fundamento en que la misma naturaleza de la actividad desarrollada
por un educador, hace que esta sea necesariamente personal, remunerada y sometida a reglamentaciones,
instrucciones y lineamientos de obligatorio cumplimiento. […]»
16
Tales afirmaciones encuentran respaldo en las sentencias del 20 de junio de 2024 dictada por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, en el proceso con radicado 17001-23-33-000-2019-00174-01 (0506-
2022). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez, y del 18 de febrero de 2021 en el asunto con número interno 4163-
2014.

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empleador, pues su naturaleza parafiscal conlleva la obligatoriedad del recaudo y la
imprescriptibilidad, tal como se desprende del artículo 2.2.3.3.3. del Decreto 1833
de 2016, lo que implica que no encuentra respaldo el argumento del supuesto
detrimento patrimonial, en la medida en que siempre contará con los mecanismos
legales para obtener los recursos necesarios para la financiación plena de la
prestación.

37. Pues bien, una vez precisado lo anterior, se advierte que la entidad demandada
negó el derecho reclamado por medio del acto reprochado, pero en vía judicial
sustentó que esa decisión obedeció al hecho que no era dable tener en cuenta los
tiempos desarrollados mediante OPS por la reclamante por no haber sido objeto de
cotización al fondo y no haberse determinado la existencia de una relación laboral
encubierta, argumentos que ya fueron rebatidos anteriormente.

38. A pesar de esta consideración, lo cierto es que ni en vía administrativa ni en
sede judicial se ha puesto en duda la existencia y ejecución del primer vínculo
contractual ni de los siguientes contraídos por la actora, lo que significa que, al no
existir controversia acerca de la labor ejercida materialmente por la demandante
como docente, pero sí sobre cuál es el tipo de vinculación habilitante para analizar
el derecho prestacional, se puede tener demostrado el hecho de que inició su labor
propiamente educativa el 24 de marzo de 1987, fecha que definitivamente es
anterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003).

39. Se concluye entonces al igual que el juez de primera instancia que, conforme a
las reglas de la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019 y el marco normativo
desarrollado anteriormente, el hecho de que el primer vínculo de la accionante haya
sido mediante OPS no desdice la naturaleza educativa del servicio prestado que es
lo que la hace beneficiaria del régimen anterior al de la Ley 812 de 2003, por lo que
es viable verificar la situación jurídica reclamada de acuerdo con las previsiones del
artículo 81 de dicha norma.

40. De allí que, efectivamente la pensión de la educadora debía analizarse
conforme a la regulación previa contenida en los artículos 2.º, parágrafo y 15
numeral 2.º de la Ley 91 de 1989, disposiciones que remiten a las normas de los
empleados públicos del orden nacional, consagradas esencialmente en la Ley 33
de 1985 cuando se acumulan solo tiempos de origen público, tal como lo estimó
acertadamente el tribunal de origen.

41. Bajo este entendido se corrobora la ilegalidad del acto administrativo
demandado, más aún porque la demandante sí había acreditado los requisitos
necesarios para consolidar el derecho a una pensión de jubilación con base en los
postulados de la aludida Ley 33 de 1985, pero adicional, conforme a los
lineamientos de la sentencia de unificación del Consejo de Estado proferida el 25
de abril de 2019 sobre la materia.

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Radicado: 73001-23-33-000-2021-00347-01 (3626-2025)

42. Sobre el punto, del material probatorio obrante en el expediente se concluye al
igual que en la sentencia recurrida que: i) la accionante acreditó 55 años de edad el
6 de octubre de 2013;17 ii) de la sumatoria de los tiempos servidos como docente
contratista del departamento del Tolima y del municipio del Líbano entre 1987 y
2002,18 y de los períodos nombrada en provisionalidad por la primera entidad del 19
de enero de 2004 hasta el 15 de junio de 2005, del 17 de julio de 2006 al 3 de mayo
de 2010 y luego en propiedad del 5 de mayo de 2010, al menos hasta el año 2021
cuando se radicó la petición y aún seguía activa, se observa que acreditó 20 años
de labor el 6 de mayo de 2019,19 y iii) dentro del período comprendido entre el 6 de
mayo de 2018 y el 5 de mayo de 2019 (año anterior al estatus configurado con los
20 años de servicio que se acreditaron con posterioridad al cumplimiento de la
edad), la educadora devengó20 la asignación básica, la bonificación mensual
docente, y la bonificación pedagógica como únicos haberes salariales computables
y percibidos en su caso sobre los que debió realizar aportes y que se encuentran
enlistados en el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985 y en los decretos únicos
prestacionales de los maestros, tal como lo determinó el tribunal de origen.

43. Ahora, contrario a la fecha de consolidación del derecho pensional, el tribunal
de origen estimó que el cumplimiento del requisito de los 20 años de servicio tuvo
lugar el 10 de mayo de 2018. Sin embargo, revisado el cálculo anterior, lo cierto es
que la demandante solo acumuló ese tiempo de labor oficial hasta el 6 de mayo de
2019, fecha que es posterior a la definida en primera instancia, razón por la cual,
como esta determinación al postergar la efectividad de la prestación favorece a la
parte demandada en su calidad de apelante única, se realizará la modificación del

17
La demandante nació el 6 de octubre de 1958. Ver copia de la cédula de ciudadanía obrante en el expediente
digital del índice 46 de SAMAI - Tribunales.
18
Ver copia de los contratos y órdenes de prestación de servicios generados a favor de la actora con el municipio
del Líbano entre 1987 y 2002, los cuales reposan en el expediente digital del índice 46 de SAMAI – Tribunales.
19
Ver certificados de información laboral y de salarios expedidos por el departamento del Tolima que reposa en
el expediente digital. La fecha final se extrae del siguiente cálculo:

DESDE HASTA AÑOS MESES DÍAS
24/03/1987 24/11/1987 0 8 0
18/07/1988 17/11/1988 0 3 30
1/03/1989 20/08/1989 0 5 19
28/08/1989 7/11/1989 0 2 10
1/09/1994 30/11/1994 0 2 29
2/05/1995 30/11/1995 0 6 28
1/03/1996 31/08/1996 0 5 30
1/03/1997 31/08/1997 0 5 30
1/03/1998 30/11/1998 0 8 29
1/06/1999 30/11/1999 0 5 29
1/03/2001 22/06/2001 0 3 21
8/03/2000 8/06/2000 0 3 0
17/07/2001 18/11/2001 0 4 1
17/05/2002 17/06/2002 0 1 0
21/06/2002 21/07/2002 0 1 0
19/01/2004 15/06/2005 1 4 27
17/07/2006 3/05/2010 3 9 16
5/05/2010 6/05/2019 9 0 1
TOTAL 13 + 7 = 20 AÑOS 74 + 10 = 84 MESES (7 AÑOS) 300 (10 MESES)

20
Ver certificados de salarios que reposan en el expediente digital.

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11

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estatus conforme a lo definido anteriormente.

44. Con todo, acertó el tribunal al afirmar que dicha prestación debe concederse
con efectividad desde el momento en que la accionante adquirió la condición
habilitante de la pensión, esto es, según el referido cambio, desde el 6 de mayo de
2019, ello en la medida en que este derecho es compatible con el salario de docente
sin necesidad de demostrar el retiro del servicio de conformidad con los artículos
19, literal g) de la Ley 4.ª de 1992 y 5 del Decreto 224 de 1972, aplicables a su caso
particular por haber sido vinculada antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003.

45. Ahora, se concuerda con el tribunal en que no prospera la excepción de
prescripción porque efectivamente entre las fechas de exigibilidad del derecho (6 de
mayo de 2019), de radicación de la reclamación administrativa (2021),21 y de la
presentación de la demanda (17 de septiembre de 2021),22 no transcurrieron más
de tres años de que tratan los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969.

46. Por otro lado, la Sala advierte que, para el interregno laborado por la
demandante entre entre 1987 y 2002 (con sus respectivos intervalos según cada
período contratado), prestado al departamento del Tolima y al municipio del Líbano
mediante contratos u órdenes de prestación de servicios, no se aportó prueba que
demostrara la realización de las cotizaciones completas a pensión por dichos lapsos
a ninguna entidad de previsión.

47. Frente a este punto no hubo pronunciamiento expreso por parte del tribunal de
primera instancia, por lo que, ante el recurso de apelación contra la totalidad de la
sentencia por parte de la entidad demandada, y con el fin de garantizar el
financiamiento de la prestación en observancia del principio de sostenibilidad fiscal
del sistema pensional que afecta a la parte accionada, se adicionará el ordinal
tercero bis a fin de que la Nación – Ministerio de Educación – FOMAG, a través de
su administradora, dentro de sus competencias previstas en los artículos 24 de la
Ley 100 de 199323 y 2.2.3.3.3. del Decreto 1833 de 2016,24 y por tratarse de aportes

21
Ver fecha en el acto administrativo demandado que obra en el expediente digital del índice 46 de SAMAI -
Tribunales.
22
Ver acta individual de reparto del proceso en el expediente digital.
23
ARTÍCULO 24. Acciones de Cobro. Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes regímenes
adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del empleador de
conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto, la liquidación mediante la
cual la administradora determine el valor adeudado, prestará mérito ejecutivo.
24
Artículo 2.2.3.3.3. Acciones de cobro. Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes
regímenes entablar contra los empleadores las acciones de cobro de las cotizaciones que se encuentren en
mora así como de los intereses de mora a que haya lugar, pudiendo repetir contra los respectivos empleadores
por los costos que haya demandado el trámite pertinente, en los términos señalados en el literal h) del artículo
14 del Decreto número 656 de 1994.

Estas acciones deberán iniciarse de manera extrajudicial a más tardar dentro de los tres meses siguientes a la
fecha en la cual se entró en mora. Lo anterior es aplicable inclusive a las administradoras del régimen de prima
media con prestación definida, las cuales podrán iniciar los correspondientes procesos coactivos para hacer
efectivos sus créditos de conformidad con el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso
Administrativo y el artículo 112 de la Ley 6ª de 1992 y demás normas que los adicionen o reformen.

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imprescriptibles, realice las gestiones interadministrativas necesarias para obtener,
de conformidad con la ley, el pago total de las cotizaciones pendientes por los
mencionados períodos en que estuvieron vigentes las OPS, siempre y cuando estos
giros no se hayan hecho en su oportunidad o no se demuestre lo propio.

48. Por lo mismo, será responsabilidad de la parte accionada realizar las acciones
tendientes a validar tanto por parte del departamento del Tolima y del municipio del
Líbano, así como de la demandante, si estos realizaron los pagos por los
mencionados conceptos y a cuál fondo lo hicieron, así como que tales montos
correspondan a los valores totales por dicho concepto sobre el IBC fijado para tales
lapsos. En caso contrario, también deberá realizar las gestiones necesarias y
legales para obtener el pago completo del aporte de conformidad con la ley.

49. Sobre el particular, si eventualmente las referidas entidades territoriales no
asumieron la proporción del pago que por esta misma carga les correspondía tanto
a estas como a la actora, el fondo a través de la autoridad ministerial deberá
verificar mensualmente si esta último realizó las cotizaciones a pensión por el
tiempo en que laboró para dicha autoridad a través de orden de prestación de
servicios, y en caso afirmativo, también verificará si existe una diferencia entre tales
sumas.

50. Si se demuestra que estos pagos se efectuaron a otro fondo diferente al
FOMAG, la autoridad accionada gestionará el traslado de los recursos a su favor
para asumir en su totalidad el pago de la pensión de conformidad con la facultad
prevista en el artículo 2.2.4.3.3. del Decreto 1833 de 2016.25

51. Estos argumentos son suficientes para modificar, adicionar y confirmar el fallo
apelado en todo lo demás conforme a lo anterior.

Condena en costas de segunda instancia

52. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta

25
Decreto Único Reglamentario del Sector Seguridad Social en Pensiones. «[…] Artículo 2.2.4.3.3. Solicitud de
traslado de cotizaciones e información. De conformidad con el Artículo 17 de la Ley 549 de 1999 todos los
tiempos laborados o cotizados en el sector público y los cotizados al ISS serán utilizados para financiar la
pensión. Cuando algún tiempo no se tome en cuenta para el reconocimiento de la pensión, y por ello no se
incluya en el cálculo del bono pensional o no proceda la expedición de bono o cuota parte, la caja, fondo o
entidad pública que deba hacer el reconocimiento de la pensión, según el Artículo 2.2.4.3.2. del presente
Decreto, solicitará a las administradoras o entidades de los tiempos cotizados o servidos que no se tienen en
cuenta para el reconocimiento de la pensión, el traslado del valor de las cotizaciones para la pensión de vejez
y de la información que posea(n) sobre el trabajador, incluyendo su historial laboral. Dicho traslado se deberá
efectuar dentro de los dos (2) meses siguientes al recibo de la solicitud. El monto a trasladar se determinará de
conformidad con el Artículo 17 de la Ley 549 de 1999. […]»

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materia.

53. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

54. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

55. En consecuencia, no procede la condena en costas de segunda instancia, toda
vez que se están haciendo ajustes a la decisión del tribunal que favorecen a la parte
apelante, por lo que no puede predicarse que haya sido vencida en la presente
oportunidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. MODIFICAR el ordinal tercero de la sentencia proferida el veintitrés (23)
de octubre de dos mil veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo del Tolima,
por medio de la cual se accedió a las pretensiones., el cual quedará de la siguiente
forma:

«[…] Tercero: a título de restablecimiento del derecho, condenar a la Nación-
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio a que reconozca, liquide y pague a favor de la señora Inés Morales Reyes
la pensión de jubilación a que tiene derecho, de acuerdo con lo establecido en la
Ley 91 de 1989 y las Leyes 33 y 62 de 1985, con el 75% del promedio de los factores
salariales percibidos el año anterior a la adquisición de estatus pensional (6 de mayo
de 2018 al 5 de mayo de 2019), tales como la asignación básica en concordancia
con lo dispuesto por la Ley 62 de 1985, la bonificación mensual de docentes,
establecida en artículo 1º de Decreto 1566 de 2014 y la bonificación pedagógica,
prevista en el Decreto Número 2354 del 19 de diciembre de 2018, con efectividad a
partir del 6 de mayo de 2019, fecha de adquisición del estatus pensional, de acuerdo
a lo expuesto anteriormente. […]»

Segundo. ADICIONAR el ordinal tercero bis a la providencia recurrida, el cual
quedará de la siguiente manera:

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14

Radicado: 73001-23-33-000-2021-00347-01 (3626-2025)

«[…] Adicionalmente se ordena a la Nación – Ministerio de Educación – FOMAG, a
través de la administradora del fondo, realizar las actuaciones interadministrativas a
que haya lugar para obtener el pago de las cotizaciones a pensión de conformidad
con la ley durante el período en el que la actora se desempeñó como docente para
el departamento del Tolima y para el municipio del Líbano por medio de contratos u
órdenes de prestación de servicios, esto es, por el interregno comprendido entre el
1987 y 2002 (con sus respectivos intervalos de acuerdo a los períodos contratados),
y solo en caso de que estas no se hayan pagado aún, o en el evento en que estos
valores sean inferiores o presenten diferencias respecto de las liquidadas por el
mismo fondo del magisterio.

Para el efecto, el FOMAG deberá verificar mensualmente si el accionante realizó los
aportes a pensión por los tiempos en que laboró mediante contratos de prestación de
servicios en su porcentaje como trabajador, y en caso afirmativo, también verificará
si existe una diferencia entre las sumas.

Con este fin, la parte demandada efectuará los requerimientos necesarios a fin de
que, tanto el departamento del Tolima, el municipio del Líbano, así como la
demandante acrediten documentalmente ante el FOMAG las cotizaciones que
hubiesen realizado a dicho fondo o a cualquier otro durante su vínculo contractual
(si las hicieron).

Si se demuestra que tales pagos se efectuaron a otro fondo diferente al FOMAG, la
autoridad accionada gestionará el traslado de los recursos a su favor para asumir
en su totalidad el pago de la pensión de conformidad con la facultad prevista en el
artículo 2.2.4.3.3. del Decreto 1833 de 2016. […]»

Tercero. CONFIRMAR el fallo apelado en todo lo demás.

Cuarto. Abstenerse de condenar en costas de segunda instancia.

Quinto. Devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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