Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2021-00447-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2021-00447-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 73001-23-33-000-2021-00447-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
3 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 73001-23-33-000-2021-00447-01 (3562-2024)
Demandante: Olinda Sogamoso Capera
Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) – Departamento
de Tolima
Temas: Reconocimiento pensión de jubilación de docente oficial.
Aplicación integral de la sentencia de unificación del 25 de abril
de 2019. Fecha de vinculación anterior a la entrada en vigencia
de la Ley 812 de 2003 y períodos de servicio con vínculos como
docente contratada mediante OPS. No demostró 20 años de
servicio. Falta de actividad probatoria. REVOCA SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia proferida el dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro
(2024) por el Tribunal Administrativo del Tolima, por medio de la cual se accedió
a las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. La señora Olinda Sogamoso Capera instauró demanda1 en contra de la Nación
– Ministerio de Educación Nacional – FOMAG en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad del oficio TOL2021EE022539 del 6 de julio de 2021,
mediante el cual se negó el reconocimiento de una pensión a su favor.
1 Ver índice 8 de SAMAI –Tribunales.
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3. Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene el reconocimiento y
pago de una pensión conforme con lo establecido en las Leyes 91 de 1989, 33
y 62 de 1985, equivalente al 75% del promedio de lo devengado en el año
anterior a la adquisición del estatus, y de manera indexada sin que se exija el
retiro definitivo del servicio para su pago.
4. Que la entidad dé cumplimiento al fallo en los términos de los artículos 192 del
CPACA; que se reconozcan y paguen los ajustes de valor a que haya lugar, y
que sea condenada en costas.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
5. Que ha laborado como docente del servicio público de educación del Tolima,
iniciando el ejercicio de sus labores por medio de órdenes de prestación de
servicios a favor del municipio de Coyaima, desde el 1.° de febrero de 1994 hasta
el 16 de diciembre de 2003 (de forma interrumpida), y luego, fue vinculada al
departamento del Tolima desde 8 de junio de 2004 al menos hasta la fecha de
presentación de la demanda.
6. Estimó que en consideración a su ingreso al servicio público educativo antes de
la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, su pensión debe ser reconocida
según lo establecido en las Leyes 33 de 1985 y 91 de 1989, esto es, a los 55
años de edad y 20 años de servicio. Que adquirió su estatus pensional el 3 de
agosto de 2018.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
7. Considera violados los artículos: 1, 2, 3, 4, 6, 13, 25, 29, 53 y 58 de la
Constitución Política; las Leyes 33 y 63 de 1985, 91 de 1989, 100 de 1993, los
Decretos 2285 de 1955, 224 de 1972, 1042 y 1045 de 1978, y 2277 de 1979, y
el Acto Legislativo 01 de 2005.
8. Sostuvo que el acto acusado desconoció las normas que regulan su situación
pensional, pues se vinculó al servicio docente en 1994, con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, razón por la cual considera aplicable el
régimen previsto en la Ley 91 de 1989.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
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9. El 18 de marzo de 2022 fue admitida la demanda2 en contra de la Nación –
Ministerio de Educación – FOMAG y se vinculó al departamento del Tolima en
calidad de demandado.
10. La Nación – Ministerio de Educación – FOMAG presentó memorial3 oponiéndose
a las pretensiones. Argumentó que la demandante fue vinculada al FOMAG con
posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, lo cual implica que
su régimen pensional es el de prima media establecido en la Ley 100 de 1993 y
la Ley 797 de 2003. En ese sentido, no le resulta aplicable la Ley 33 de 1985.
Respecto al tiempo desempeñado por OPS, consideró que era una vinculación
de carácter civil que no debe confundirse con una de orden legal para el cómputo
de las semanas para pensión de jubilación. Propuso como excepciones las que
denominó: (i) excepción genérica, y (ii) legalidad de los actos administrativos
atacados de nulidad.
11. El departamento del Tolima, por su parte, expuso4 que la actora se vinculó al
servicio público educativo el 8 de junio de 2004, fecha posterior a la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003. En consecuencia, su régimen pensional
corresponde al de prima media de las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los
requisitos allí previstos, entre ellos, 57 años de edad y 20 años de servicio. Bajo
esta normativa, la actora aún no cumple los requisitos exigidos para acceder a
la pensión de jubilación. Propuso como excepciones las que denominó: (i)
inexistencia del derecho reclamado, (ii) imposibilidad legal del departamento
para acceder a lo pretendido por inaplicación de las normas, y (iii)
reconocimiento oficioso de excepciones.
12. El 31 de marzo de 20235, el tribunal consideró configurados los presupuestos
del literal c) numeral 1 del artículo 182A de la Ley 1437 de 2011 para dictar
sentencia anticipada, para el efecto, fijó el litigio, incorporó las pruebas
documentales aportadas por las partes, y corrió traslado a las partes para que
presentaran sus alegatos de conclusión.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN6
13. El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia del 18 de abril de
2024, accedió a las pretensiones. Expuso que, la docente se vinculó por primera
vez al servicio educativo oficial antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003, mediante contratos de prestación de servicios con el municipio de
Coyaima, Tolima, desde el 1.° de febrero de 1994 hasta el 16 de enero de 2004
con interrupciones en algunos periodos, los cuales han sido aceptados por el
Consejo de Estado para el reconocimiento de la pensión de jubilación, sin exigir
2 Ver índice 5 de SAMAI- Tribunales.
3 Ver índice 13 de SAMAI- Tribunales.
4 Ver índice 29 de SAMAI- Tribunales.
5 Ver índice 31- Tribunales.
6 Ver índice 54, Ibid.
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prueba de una relación laboral con los entes territoriales. Que en consecuencia
le aplica la Ley 33 de 1985.
14. Que acreditó el cumplimiento de la totalidad de los requisitos exigidos por la
norma aplicable, específicamente los 20 años de servicio, que fueron
completados al tener en cuenta el tiempo laborado a favor del municipio de
Coyaima (6 años y 2 meses) por contrato de prestación de servicios, y del
departamento del Tolima (13 años y 10 meses), vínculo laboral iniciado en el 8
de junio de 2004 y ejercido de manera continua.
15. Concluyó que adquirió el estatus pensional el 5 de agosto de 2018; en cuanto a
la liquidación, incluyó como factores la asignación básica, la bonificación
mensual docente y la pedagógica, y advirtió que el reconocimiento pensional es
compatible con el salario que le corresponda como docente.
16. No declaró la prescripción de mesadas y condenó en costas a la parte vencida.
RECURSO DE APELACIÓN7
17. La demandada interpuso recurso de apelación solicitando que se revoque el
fallo. Expresó que, no se evidencia que durante los tiempos de servicio de la
demandante se hubieran realizado aportes al sistema de pensiones, y que la
norma aplicable es clara al establecer que el derecho corresponde únicamente
a quienes estén vinculados laboralmente al sector oficial como trabajadores, y
no a los contratistas, pues estos constituyen un vínculo civil y no laboral.
18. Que aunque el despacho se apoya en el principio de primacía de la realidad
sobre las formas, se considera inaplicable en este caso, ya que no existe un
proceso en el que se debatan los elementos propios de un contrato de trabajo,
como subordinación, remuneración o prestación personal del servicio. De
aceptarse de forma indirecta, se desnaturalizarían los procesos de contrato
realidad.
19. Advirtió además que se declaren prescritas las mesadas que no fueron
reclamadas de forma oportuna, y que, en atención al principio de congruencia,
se verifique si se solicitó adecuadamente la pensión por aportes, pues en la
actuación administrativa se reclamó una pensión de jubilación sin referirse a la
pensión por aportes.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
20. El 16 de agosto de 20248 se admitió el recurso. Las partes guardaron silencio.
El agente del Ministerio Público rindió concepto9 solicitando que se modifique el
7 Ver índice 61, Ibid.
8 Ver índice 4 de SAMAI.
9 Ver índice 15 en SAMAI.
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fallo apelado al considerar que en el caso de las vinculaciones por órdenes de
prestación de servicios anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
aunque son válidas, deben acreditarse los aportes de la demandante en calidad
de contratista.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
21. Deberá resolver la Subsección si el servicio prestado por la docente a través de
contratos u órdenes de prestación de servicios (OPS) puede ser acumulado para
efectos del cómputo de los 20 años exigidos por la normatividad para el
reconocimiento de la pensión de jubilación con base en la Ley 33 de 1985, y si
con la inclusión de este se acredita el mencionado requisito temporal.
Marco normativo y jurisprudencial
22. Para resolver el presente asunto, le corresponde a la Subsección dar aplicación
a la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, proferida por la Sección
Segunda del Consejo de Estado,10 en la cual se estableció principalmente la
forma de liquidar la pensión ordinaria de jubilación de los docentes prevista bajo
los postulados remisorios de la Ley 91 de 1989.
23. Lo anterior porque, además de dicho punto, tal providencia en sus reglas
jurisprudenciales desarrolló lineamientos específicos y de obligatorio
acatamiento acerca del entendimiento de los diferentes regímenes pensionales
aplicables a los educadores del Estado en atención a la fecha de vinculación al
magisterio, debido a la expedición de la Ley 812 de 2003.
24. Como se advierte, el ámbito de aplicación de las directrices unificadoras es más
amplio que el de los litigios de reliquidación pensional, pues este se extiende
también a los asuntos de reconocimiento del derecho en sí mismo, tal como
acontece en el caso bajo estudio donde la determinación del marco normativo
que rige la situación particular del accionante es esencial para verificar la
pertinencia de sus pretensiones.
25. Se destaca que la aludida decisión judicial fijó sus efectos retrospectivamente
según el ordinal segundo de la parte resolutiva, a fin de extenderse a todas las
situaciones pendientes de definición jurídica que no se hayan consolidado el
fenómeno de cosa juzgada, tal como se presenta en el litigio objeto de examen.
10 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-
CE-S2 -2019. Expediente: 680012333000201500569-01 (0935-17). Actor: Abadía Reynel Tolosa.
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26. Con las anteriores precisiones se resalta que la sentencia de unificación11 en
comento fijó en síntesis las siguientes reglas de interpretación normativa:
«[…] a) En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo
régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del
orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener
en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos
aportes de acuerdo con el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no
se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado
artículo.
b) Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003,
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica
el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y
797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de
la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se
deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto
1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones. […]».
(Subrayado fuera de texto).
27. Como se observa, el criterio relevante para determinar el marco jurídico
pensional del educador oficial es la acreditación de su primera vinculación al
magisterio, contrastada con la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de
junio de 2003), sin que para estos efectos deba verificarse si para esa fecha el
reclamante seguía o no vinculado bajo dicha calidad, pues en observancia del
11 El sustento jurídico de estas reglas fue, esencialmente, los siguientes planteamientos: «[…] 51. En criterio de
la Sala, los factores que hacen parte de la base de liquidación y sobre los cuales se deben hacer los aportes en
el régimen general de pensiones de la Ley 33 de 1985, son únicamente los señalados de manera expresa en
el mencionado artículo 1º de la Ley 62 de 1985.
52. Luego entonces, los factores que deben incluirse en la base de la liquidación de la pensión de jubilación de
los docentes bajo el régimen general de la Ley 33 de 1985 son: asignación básica, gastos de representación;
primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación
por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso
obligatorio.
[…] 62. La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los principios constitucionales de
igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de interpretación sobre los factores salariales que se deben tener
en cuenta para la liquidación de la mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los factores que se deben tener en cuenta para
la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes del servicio público oficial afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando
la siguiente regla:
•En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley
812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del
orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo los factores
sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y
por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.
63. Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la Sección Segunda a partir de
la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual, en la base de liquidación de la pensión de jubilación
ordinaria de los docentes se incluían todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.
[...] 67. En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes nacionales y nacionalizados y de los
nombrados a partir del 1 de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige por las
siguientes reglas:
Edad: 55 años
Tiempo de servicios: 20 años
Tasa de remplazo: 75%
Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del último año de servicio docente y ii)
los factores que hayan servido de base para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son:
asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación;
dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado
en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio. […]». (Resalta la Sala).
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principio de la condición más beneficiosa,12 es claro que esta situación
corresponde a un tránsito legislativo sin un régimen de transición específico, que
hace necesario proteger la expectativa legítima que tenía el maestro de
pensionarse con una regulación más favorable.
28. Ahora, frente al supuesto en que un solicitante haya acumulado tiempos de labor
como docente a través de contratos u órdenes de prestación de servicios (OPS),
la Sala resalta que en la sentencia de unificación CESUJ2-5 del 25 de agosto de
2016 proferida por el Consejo de Estado,13 se precisó que la labor de los
maestros con ese tipo de vínculo no es diferente ni opuesto al que se deriva de
una relación laboral legal y reglamentaria, pues también se distingue por reunir
los elementos esenciales del trabajo como la subordinación, la prestación
personal del servicio y la remuneración, lo que permite considerar dichos lapsos
como verdaderos períodos con efectos prestacionales, no solo para
computarlos, sino además a fin de determinar el régimen pensional aplicable.14
Resolución del caso concreto
29. Como se desprende de lo anterior, es indispensable determinar cuál es la
normativa que gobierna el caso de la accionante en virtud de la fecha de su
primer ingreso al servicio educativo oficial15.
12 Sobre este principio ver sentencia del 15 de febrero de 2011, proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Laboral. Radicación: 40.662
13 Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Segunda. Sentencia de Unificación CESUJ2 n.° 5 del 25 de
agosto de 2016. Rad.: 23001233300020130026001 (00882015). En dicha providencia se señaló: «[…] la
vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de servicios, no desvirtúa el carácter personal de su
labor ni mucho menos es ajena al elemento subordinación existente con el servicio público de educación, en
razón a que al igual que los docentes empleados públicos (i) se someten permanentemente a las directrices,
inspección y vigilancia de las diferentes autoridades educativas, por lo que carecen de autonomía en el ejercicio
de sus funciones, (ii) cumplen órdenes por parte de sus superiores jerárquicos y (iii) desarrollan sus funciones
durante una jornada laboral de acuerdo con el calendario académico de los establecimientos educativos
estatales en los que trabajen, motivo por el cual en virtud de los principios de primacía de la realidad sobre las
formalidades e igualdad, los docentes contratistas merecen una protección especial por parte del Estado. […]».
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del
24 de febrero de 2022. Radicado: 63001-23-33-000-2018-00183-01 (4650-2019). En esta providencia se planteó
que: «[...] Ahora, si bien no se niega la existencia de contratos de prestación de servicios de la demandante con
la mentada entidad territorial, lo cierto es que tal hecho de ninguna manera implica asumir que la calidad de sus
actividades fue otra diferente a la de una docente oficial propiamente dicha, esto al margen de que los efectos
jurídicos en cuanto a la relación laboral no se hayan configurado en su momento. Lo expuesto implica que sin
perjuicio del vínculo contractual existente en los lapsos aludidos, y sin que en esta sentencia se emita
pronunciamiento sobre una eventual declaratoria de existencia de una relación laboral para aquella época, sí
debe entenderse que la señora Marín Cardona ejerció funciones propias e inherentes a la condición de docente
estatal desde el 2 de febrero de 1998, es decir, a partir de la primera ejecución del contrato de prestación de
servicios como docente, suscrito con la mentada autoridad departamental para ser desarrollado en algunas de
sus instituciones educativas. […] A partir de este razonamiento, se deduce preliminarmente que ante casos en
los que se avizora el desempeño de actividades y funciones como docente, fundada en vínculos contractuales
con entidades de derecho público o a su servicio, es posible tener por configurados los tres elementos
constitutivos de una relación laboral, con fundamento en que la misma naturaleza de la actividad desarrollada
por un educador, hace que esta sea necesariamente personal, remunerada y sometida a reglamentaciones,
instrucciones y lineamientos de obligatorio cumplimiento. […]»
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del
25 de abril de 2022. Radicado: 25000-23-42-000-2020-00046-01 (2494-2021). Esta afirmación se ratifica con
este fallo en el que se indicó que: «[…] resulta necesario determinar con exactitud la fecha a partir de la cual
aquella asumió la calidad de educadora estatal, que es la que le permitiría acceder a uno u otro régimen
pensional con motivo de la excepcionalidad que se predica de esta clase de servidores públicos. […]»
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30. En tal sentido, debe acudirse inicialmente a la orden de trabajo n.° 062 suscrita
el 1.° de febrero de 1996, entre la actora y el municipio de Coyaima, Tolima16 en
la que se observa y se ratifica que la primera se desempeñó como docente oficial
desde el 5 de febrero hasta el 5 de abril de 1996.
31. Ahora, la entidad demandada negó el derecho reclamado por medio del oficio
TOL2021EE022539 del 6 de julio de 2021 por considerar que el régimen
pensional aplicable era el de la Ley 100 de 1993. Adicionalmente, en vía judicial
se observa que, tanto el FOMAG como el departamento del Tolima insistieron
en que la vinculación de actora fue posterior a la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003.
32. Al margen de este argumento, lo cierto es que se encuentra demostrado que la
reclamante inició su labor como educadora estatal el 5 de febrero de 1996, fecha
que definitivamente es anterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003
(27 de junio de 2003), y que puede valorarse como la primera en ejercicio de un
cargo docente, incluso habiéndose desarrollado en el marco de un contrato de
prestación de servicios, ya que este período de labor se materializó en virtud de
un nexo de carácter laboral encubierto que sin dudas es procedente para
establecer la normativa aplicable en materia pensional como se fijó en la
sentencia de unificación del 25 de abril de 2019.
33. En atención al marco normativo y jurisprudencial aplicable, lo primero que debe
recordarse es que, las vinculaciones de un docente bajo la modalidad contractual
de OPS no impide considerar tales interregnos para establecer el régimen
pensional aplicable, y mucho menos para contabilizarlos a fin de cumplir el
requisito del tiempo de servicio.
34. En esta clase de contrataciones es evidente que el ejercicio material de la labor
educativa necesariamente se da bajo una relación laboral encubierta, que,
aunque no se declarará como tal en este proceso debido a que lo propio no es
materia del litigio como fue establecido, sí permite advertirla, considerarla y
afirmarla judicialmente para efectos prestacionales como los de la pensión
ordinaria de jubilación.17
35. De hecho, resulta claro que la sola naturaleza de las funciones ejercidas por el
accionante durante el tiempo que celebró el contrato de prestación de servicios
con la Alcaldía de Coyaima, da cuenta de que en atención al principio de la
realidad sobre las formalidades previsto en el artículo 53 Constitucional, y sin
necesidad de concederle judicialmente la calidad de empleada pública, aquella
sí puede ser asimilada (sin los efectos jurídicos), a una docente con un vínculo
oficial formal.
16 Ver índice 8 de SAMAI- Tribunales, expediente digital, archivo: 004- ESCRITO DE DEMANDA, página 19.
17 Tales afirmaciones encuentran respaldo en la sentencia del 20 de junio de 2024 dictada por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, en el proceso con radicado 17001-23-33-000-2019-00174-01 (0506-
2022). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
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36. Por tanto, se concluye que, como el primer vínculo docente de la accionante
ocurrió antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, sí era dable
verificar su situación jurídica de acuerdo con las previsiones del artículo 81 de
dicha norma, las cuales habilitan la posibilidad de tener en cuenta la regulación
anterior contenida en los artículos 2.º, parágrafo y 15 numeral 2.º de la Ley 91
de 1989, disposiciones que remiten a las normas de los empleados públicos del
orden nacional, consagradas esencialmente en la Ley 33 de 1985, tal como lo
estimó acertadamente el tribunal de origen, y que entre las exigencias que la
misma dispone para el reconocimiento de la pensión de jubilación, requiere se
presten mínimo 20 años de servicios, continuos o discontinuos.
37. Ahora bien, en consideración a las vinculaciones debidamente probadas, la
docente sólo acreditó un total 19 años, 6 meses y 17 días. En efecto, laboró
mediante órdenes de prestación de servicios18 celebradas directamente con el
municipio de Coyaima y como docente tercerizada a través de cooperativas19,
periodos que suman 2 años, 8 meses y 6 días. Además, de acuerdo con el
Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral del 19 de
abril de 2021, ejerció funciones como docente a favor del departamento del
Tolima, en virtud del nombramiento efectuado por Decreto 0546 de 2004, desde
el 8 de junio de 2004 y, por lo menos, hasta la fecha de expedición de dicho
certificado, en la que continuaba activa en el servicio, acumulando un total de 16
años, 10 meses y 12 días.
38. Aunque en el expediente obra una constancia expedida por el alcalde de
Coyaima20 el 5 de marzo de 1999, en la que se certifica que la actora laboró en
diferentes instituciones educativas del municipio durante los periodos
comprendidos entre el 1.° de febrero y el 30 de noviembre de 1994, el 1.° de
marzo y el 30 de noviembre de 1995, el 5 de febrero y el 30 de noviembre de
1996, el 17 de febrero y «a la fecha» (sic) así como entre el 4 de febrero y el 30
de octubre de 1998, dicho documento resulta contradictorio, en parte, con la
18 Del 05 de febrero al 5 de abril de 1996, según OT 062 (página 19, demanda); del 4 de febrero al 30 de marzo
de 1998, según OT 064 (página 20, demanda); del 1.° de mayo al 31 de julio de 1998, según Autorización de
Prestación de Servicios Docentes N.° 57 (página 21, demanda); del 1.° de agosto al 30 de octubre de 1998,
según Autorización de Prestación de Servicios Docentes N.° 055 (página 22, demanda); del 1.° al 30 de marzo
de 1999, según Autorización de Prestación de Servicios Docentes N.° 123 (página 24, demanda); del 5 de abril
al 9 de mayo de 1999, según OT 356/1999 (página 25, demanda); del 22 de julio al 22 de septiembre de 1999,
según OT 356/1999 (página 26, demanda); del 23 de septiembre 18 de noviembre de 1999, según OT 356/1999
(página 27, demanda); del 23 de septiembre 18 de noviembre de 1999, según OT 356/1999 (página 27,
demanda); del 2 de mayo al 2 de junio de 2000, según OT 0119/2000 (página 28, demanda); del 6 al 30 de junio
del 2000, según OT 121/2000 (página 29, demanda); del 2 de octubre al 10 de noviembre del 2000, según OT
113/2000 (página 30, demanda); del 5 de marzo al 6 de abril de 2001, según OT 006/2001 (página 31,
demanda); del 16 de abril al 16 de junio de 2001, según OT 345/2001 (página 32, demanda); del 24 de julio al
31 de agosto de 2001, según OT 556/2001 (página 33, demanda); del 3 al 28 de septiembre de 2001, según
Acuerdo Individual Cooperativo de Labores del 3 de septiembre de 2001 (página 34, demanda); del 1.° de
octubre al 7 de diciembre de 2001, según Acuerdo Individual Cooperativo de Labores del 1.° de octubre de 2001
(página 36, demanda); del 14 de mayo al 21 de junio de 2002 según OPS 326 (página 38, demanda); del 22 de
julio al 21 de agosto de 2002 según OPS 495 (página 39, demanda), y del 24 de agosto al 30 de noviembre de
2002 según OPS 663 (página 40, demanda).
19 Los contratos celebrados con las diferentes cooperativas pueden ser tenidos en cuenta porque fueron
vínculos laborales como docente oficial, al margen de que se hubiesen concretado a través de una modalidad
de tercerización laboral a favor de una entidad territorial.
20 Demanda, página 17.
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constancia expedida por el coordinador de educación municipal de Coyaima el
22 de noviembre de 199521. En esta última se certifica que la demandante
laboraba para esa entidad territorial desde el 1.° de febrero de 1994 y que, al
menos para la fecha de expedición del certificado, continuaba vinculada al
servicio, sin aludir a ninguna interrupción en el servicio.
39. Además, debe resaltarse que ambas constancias omitieron la remisión
documental que sustentara lo declarado, lo que hace insuficiente su contenido y
que bien pudo la demandante demostrar mediante cualquier otro medio
probatorio como: copia del nombramiento o contrato, soportes de pago, actas de
inicio y/o terminación. Por lo tanto, estos medios de convicción, además de
contradictorios, no tienen la aptitud probatoria suficiente para establecer la
prestación del servicio como docente.
40. Por otro lado, también se encuentra en las pruebas aportadas por la accionante
una constancia expedida por el rector del Colegio Departamental Juan XXIII de
Coyaima22, según la cual la demandante laboró en dicha institución entre el 17
de febrero y el 30 de noviembre de 1997, y el 4 de febrero y el 30 de noviembre
de 1998. A su vez, reposa la orden de prestación de servicios N.° 02923 suscrita
entre la rectora de la Institución Educativa Agroindustrial Juan XXIII y la actora
para el ejercicio de la docencia por el término de 6 meses, en virtud del convenio
164 de 2003, que no fue aportado. Sin embargo, ninguno de estos medios de
prueba resulta idóneo para acreditar los hechos alegados, toda vez que fueron
expedidos o suscritos por autoridades que no ostentaban la facultad
nominadora, sino que hacían parte del personal directivo o administrativo del
establecimiento educativo y, por ende, carecían de competencia para vincular o
designar docentes al servicio de la educación pública.
41. Sin perjuicio de lo anterior, en virtud de la diligencia de esta corporación para
aclarar puntos oscuros del debate en búsqueda de la verdad material, el 16 de
octubre de 2025 se decretó una prueba de oficio24 dirigida a la Alcaldía de
Coyaima, a fin de que dicha autoridad certificara los vínculos de la actora entre
los años 1994 y 1998, el soporte documental que demostrara tales
vinculaciones, bien fueran a través de relaciones legales y reglamentarias o
mediante contratos de prestación de servicios, y la copia del convenio 164 del
26 de mayo de 2003.
42. Ante dicho requerimiento, la entidad oficiada remitió su respuesta. No obstante,
lejos de aportar claridad, esta generó nuevas dudas sobre la idoneidad de lo
consignado para acreditar los hechos, pues afirmó que no se encontraron
contratos o documentos que soporten el vínculo de la actora con las instituciones
educativas del municipio, ni copia alguna del convenio en virtud del cual se
suscribió el contrato 029 antes mencionado.
21 Ibid, página 18.
22 Ibid, página 23.
23 Ibid, página 41.
24 Ver índice 10 de SAMAI.
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43. Como se observa, la respuesta de la entidad territorial resta credibilidad a las
pruebas documentales allegadas por la actora, y pese al intento de la Sala por
despejar las dudas derivadas del material probatorio inicialmente aportado, las
mismas persisten y la respuesta suministrada por la entidad no permitió
resolverlas. En consecuencia, lo demostrado en el proceso mantiene un
panorama de incertidumbre y no ofrece un soporte probatorio sólido que
respalde el supuesto que se pretende demostrar.
44. Así, de una valoración bajo elementos propios de la sana crítica, y, teniendo en
cuenta que la pensión solo puede reconocerse cuando existe plena prueba de
lo alegado, las múltiples inconsistencias impiden determinar con certeza
periodos adicionales durante los cuales la actora ejerció su labor educativa.
45. Por tal razón, en esta oportunidad lo que se busca, más allá de descartar unos
medios de convicción, es realizar un examen crítico sobre ellos, tal y como fueron
practicados en la actuación, valorados en conjunto con los demás elementos con
el fin de garantizar el principio de la unidad de la prueba contenido en el artículo
176 del CGP.25
46. En tal sentido, para la Subsección no resultan idóneas las pruebas allegadas por
la accionante ni las recaudadas de oficio, lo que implica entonces en el
incumplimiento de la accionante de la carga probatoria que le correspondía para
demostrar sus supuestos de hecho, pues tal como lo prevé la regulación
procesal, quien alega la ilegalidad es quien debe invocar las normas violadas, el
concepto de la violación, y además, desplegar una actividad probatoria suficiente
y adecuada para lograr el efecto jurídico de los preceptos que fundamentan el
derecho reclamado a través de un medio de control como el de nulidad o nulidad
y restablecimiento del derecho, lo cual se traduce en la concreción del postulado
adjetivo de la carga de la prueba al tenor del artículo 167 del CGP.
47. En ese entendido, la inobservancia de dicha carga conlleva resultados adversos
para la parte que no la satisface, puesto que al no probar los supuestos de hecho
que alega, se somete a que la decisión se profiera en su contra, ya sea con
fundamento en lo demostrado por la otra parte o por la ausencia de medios de
comprobación.
48. De este modo, aunque le asiste razón al tribunal de origen al concluir que la
docente es beneficiaria del régimen previsto en la Ley 33 de 1985 por demostrar
una vinculación anterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, lo cierto
es que aquella no acreditó el cumplimiento de 20 años de servicio requeridos.
25 Al respecto ver sentencia de la Corte Constitucional C-830 del 8 de octubre de 2002. Expediente D-3991. En
dicha providencia se señaló lo siguiente sobre el particular: «[…] en el campo probatorio rige, entre otros, un
importante principio denominado de unidad de la prueba, en virtud del cual se considera que todas las pruebas
del proceso forman una unidad y por consiguiente el juez debe apreciarlas en conjunto, esto es, en forma
integral. La razón de ser del mismo es que la evaluación individual o separada de los medios de prueba no es
suficiente para establecer la verdad de los hechos y se requiere, además de ella, efectuar la confrontación de
tales medios para establecer sus concordancias y divergencias y lograr conclusiones fundadas y claras
sobre aquella verdad. […]»
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En consecuencia, se revocará el fallo apelado que accedió a las pretensiones y,
en su lugar, estas serán negadas.
De la condena en costas en ambas instancias
49. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
50. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás
asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
51. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
52. En consecuencia, se impondrán costas en ambas instancias en contra de la
parte demandante, por cuanto se accede totalmente a las peticiones del recurso
de apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 de la misma
norma, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del tribunal
de origen.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. REVOCAR la sentencia proferida el dieciocho (18) de abril de dos mil
veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo del Tolima, por medio de la se
accedió las pretensiones. En su lugar,
Segundo. Negar las pretensiones de la demanda.
Tercero. Condenar en costas a la demandante en ambas instancias.
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Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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