Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00682-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00682-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2020-00682-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
12 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 25000-23-42-000-2020-00682-01 (1449-2023)
Demandante: Fabio Retavisca Álvarez
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacio-
nal de Prestaciones Sociales del Magisterio
Tema: Reliquidación pensional de docente oficial.
Decisión: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia que accedió
a las pretensiones de la demanda, toda vez que el deman-
dante ingresó al servicio educativo oficial con anterioridad al
27 de junio de 2003 y acreditó el tiempo de servicios exigidos
por la Ley 33 de 1985 a partir de las vinculaciones por órde-
nes de prestación de servicio y nombramientos en provisio-
nalidad y en propiedad.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por Fiduprevisora contra la
sentencia de primera instancia del 20 de octubre de 2022 dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. Fabio Retavisca Álvarez, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, promovió demanda en contra de la Nación, el Mi-
nisterio de Educación Nacional y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG) con el propósito de que se declare la nulidad de la Resolu-
ción No. 000992 del 23 de julio de 2019, acto administrativo en el que se le reco-
noció una pensión de jubilación en los términos de la Ley 100 de 1993 y la Ley
797 de 2003, en cuantía inicial de $ 1.120.543, efectiva a partir de la fecha de
retiro del servicio, liquidada sobre 1.300 semanas de cotización y una tasa de
reemplazo de 64.50%.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó se ordene el reconoci-
miento y liquidación pensional en los términos de la Ley 91 de 1989, la Ley 33 de
1985 y la Ley 62 de 1985. Como consecuencia de lo anterior, el pago de las
diferencias pensionales causadas, debidamente indexadas desde la consolida-
ción de su estatus pensional y hasta la ejecutoria de la sentencia que acceda a
las pretensiones, con base en el 75 % del promedio de lo devengado durante el
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Demandante: Fabio Retavisca Álvarez
último año de servicios e incluyendo la totalidad de los factores salariales perci-
bidos. Finalmente, solicitó se declare la compatibilidad entre la percepción de
pensión y salario, el pago de intereses moratorios a los que haya lugar y la con-
dena en costas.
3. Como sustento fáctico, explicó haber ingresado y prestado sus servicios
en el sector educativo oficial específicamente ante la Secretaría de Educación de
Cundinamarca en los siguientes períodos: (i) desde 1971 hasta 1978, (ii) desde
2002 hasta 2003 y (iii) desde 2006 hasta la fecha de presentación de la demanda.
De igual manera, indicó haber prestado sus servicios para la Alcaldía de Yacopí
entre el 1989 y 2001.
4. En esa medida, dado que su ingreso ocurrió antes del 27 de junio de 2003
– fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 – argumentó tener derecho
al reconocimiento pensional de jubilación bajo el amparo de las Leyes 91 de
1989, 33 de 1985 y 62 de 1985, particularmente en cuanto a los requisitos de
acceso al derecho, el método de liquidación y la compatibilidad entre sueldo y
pensión.
5. Como concepto de la violación, alegó la vulneración de los artículos 1°, 2°,
3°, 4°, 6°, 13, 25, 29, 53 y 58 de la Constitución Política, el artículo 15 de la Ley
91 de 1989, , el Decreto 2285 de 1955, el Decreto 224 de 1972, los Decretos
1042 y 1045 de 1978, el Decreto 2277 de 1979, la Ley 33 de 1985, la Ley 62 de
1985, el artículo 60 de la Ley 60 de 1993, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993,
el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y el parágrafo transitorio 1° del Acto Legisla-
tivo 01 de 2005.
6. También sustento sus consideraciones a partir de la jurisprudencia del
Consejo de Estado, particularmente las sentencias de unificación CE-SUJ2-005-
16 del 25 de agosto de 2016, SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019 y del
28 de agosto de 2018 bajo el radicado No. 52001-23-33-000-2012-00143-01, así
como el concepto del 10 de septiembre de 2009 rendido por la Sala de Consulta
y Servicio Civil de la misma Corporación bajo el radicado No. 1001-03-06-000-
2007-00084-00(1857).
Contestación de la demanda
7. La parte demandada se opuso a la totalidad de las pretensiones de la de-
manda y solicitó que fueran desestimadas por carecer de supuestos fácticos y
jurídicos que las respaldaran.
8. Inicialmente, alegó que el demandante desconoció la sentencia de unifica-
ción SUJ014-CE-S2-19 del 25 de abril de 2019 en relación con la determinación
del IBL en el régimen pensional de los docentes y desarrolló el marco normativo
aplicable en materia prestacional para los docentes oficiales que se hubiesen
vinculado al servicio educativo después del 27 de junio de 2003. Con base en
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Demandante: Fabio Retavisca Álvarez
ello, determinó que el régimen vinculante para el caso del demandante se encon-
traba en la Ley 100 de 1993 y la Ley 787 de 2003, toda vez que ingresó por
primera vez al servicio el 2 de marzo de 2006.
9. Como excepciones de mérito, alegó la legalidad de los actos administrati-
vos, la aplicación de la sentencia de unificación SUJ014-CE-S2-19 del 25 de abril
de 2019 del Consejo de Estado, la improcedencia de condena en costas y la
genérica.
Sentencia apelada
10. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió a las pretensiones de
la demanda el 20 de octubre de 2022 en consideración a que el demandante
demostró haber ingresado al servicio educativo oficial antes del 27 de junio de
2003.
11. Reconstruyó el marco normativo en materia pensional de los docentes ofi-
ciales y determinó que la disyuntiva entre uno y otro régimen (i) la Ley 91 de 1989
y la Ley 33 de 1985, así como los decretos concordantes y (ii) la Ley 100 de 1993,
la Ley 797 de 2003 y la Ley 812 del mismo año dependía según la fecha de
vinculación al servicio oficial del docente. Destacó que dicho criterio había sido
reiterado por el Consejo de Estado por medio de la sentencia de unificación del
25 de abril de 2019.
12. En relación con los factores salariales para tener en cuenta dentro de la
liquidación, señaló que los docentes oficiales fueron exceptuados del Sistema
General de Pensiones mediante el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, criterio
reiterado en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 dictada por el
Consejo de Estado. En esa medida, la determinación del IBL a liquidar para las
prestaciones de los afiliados al Magisterio debían ceñirse a la Ley 91 de 1989 y
no conforme el artículo 36 de la Ley 100.
13. Al examinar el caso en concreto, el Tribunal constató que el demandante
prestó sus servicios al sector educativo oficial de la siguiente manera:
Archivo No. 2
Entidad Desde Hasta Tiempo laborado del expediente
digital
Secretaría de 6/09/1971 08/08/1978 6 años, 11 meses y 2 Pág. 41
Educación de días, menos 210 días de
Cundinamarca interrupción
6 años, 4 meses y 2 días
05/03/198 03/12/1989 4 años, 8 meses y 28
días
Municipio de 01/12/1989 01/09/1990 9 meses Pág. 43
Yacopí
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Demandante: Fabio Retavisca Álvarez
14/08/1992 24/11/1994 2 años, 3 meses y 10
días
10/05/2000 20/11/2000 6 meses y 10 días (OPS)
06/02/2001 16/09/2001 7 meses y 10 días (OPS)
Secretaría de 01/05/2002 14/06/2002 1 mes y 13 días (OPS) Pág. 39
Educación de
Cundinamarca Contrato 146 días (OPS)
(OPS)
8/07/2002
Contrato 152 días (OPS)
(OPS)
5/03/2003
14/07/2003 05/12/2003 4 meses y 21 días
(OPS)
14/03/2006 09/09/2019
(para esta fe- 13 años, 5 meses y Págs. 45 y 46
cha se en- 25 días
contraba ac-
tivo)
Total: 29 años, 2 meses y 29
días
14. También observó que la pensión de jubilación reconocida mediante la Re-
solución No. 000992 de 23 de julio de 2019 se basó en que el docente había
presentado solución de continuidad en la prestación del servicio y la nueva vin-
culación en propiedad había sido a partir del 14 de marzo de 2006, razón por la
cual se encontraba bajo el régimen prestacional de la Ley 100 de 1993.
15. Así, pese a que el demandante laboró como docente por vinculaciones (i)
en provisionalidad, (i) por contratos de prestación de servicios y (iii) en propiedad,
entre las cuales hubo solución de continuidad, el Tribunal Administrativo de Cun-
dinamarca declaró que la entidad no podía desconocer que el señor Retavisca
prestó sus servicios con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003, específicamente a partir del 16 de septiembre de 1971 – en virtud de la
sentencia del 18 de septiembre de 2020 del Consejo de Estado1., providencia en
la cual se aplicó el siguiente criterio:
“En el sub lite, se tiene que si bien es cierto que el demandante tuvo una
vinculación laboral con posterioridad a la Ley 812 de 2003, también lo es
que no es dable desconocer los tiempos de servicios prestados, como do-
cente nacionalizado, antes de que empezara a regir tal normativa, máxime
cuando para el 27 de junio de 2003 había acumulado 18 años, 5 meses y 16
días de labor (entre el 19 de agosto de 1978 y el 28 de enero de 1997).
1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
Radicación Número: 66001-23-33-000-2017-00470-01 (3514-2019).
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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00682-01 (1449-2023)
Demandante: Fabio Retavisca Álvarez
Por lo tanto, al vincularse nuevamente al servicio oficial docente el 16 de febrero
de 2009, haber acumulado más de 20 años de servicios en condición de maestro
estatal y adquirido la edad pensional prevista en la Ley 33 de 1985, resulta con-
trario a los principios de equidad, justicia social y pro homine, así como a los
tratados internacionales atañederos a estos, desconocer que el accionante ha-
bía laborado como profesor en el sector público antes de la entrada en vigor
de la Ley 812 de 2003, máxime cuando de tal norma se infiere que su apli-
cación es para los nuevos docentes vinculados durante su vigencia, mas
no para los que con anterioridad fueron nombrados en dicha condición”.
(Negrilla y subrayado fuera del texto original y aplicado por la primera instancia).
16. De esa manera, el Tribunal concluyó que el demandante estaba cobijado
por el régimen pensional previsto con anterioridad a la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003, esto es, la Ley 33 de 1985 y declaró la nulidad de la Resolución
No. 000992 del 23 de julio de 2019.
17. Para la liquidación de la prestación tuvo en cuenta que el demandante dio
aplicación al artículo 1° de la Ley 33 de 1985 y la jurisprudencia del Consejo de
Estado y determinó que (i) adquirió el estatus pensional el 10 de junio de 2010,
fecha en la que cumplió 20 años de servicios, (ii) el año anterior transcurrió entre
el 10 de junio de 2009 y el 10 de junio de 2010 y (iii) debía aplicarse la sentencia
de unificación del 25 de abril de 2019 dictada por el Consejo de Estado, que
determinó que únicamente se deben tener en cuenta los factores sobre los cuales
se hubiesen efectuado aportes de conformidad con el artículo 1° de la Ley 62 de
1985.
18. Por lo anterior, concluyó que el demandante tenía derecho a la reliquida-
ción pensional de jubilación equivalente al 75% del salario promedio devengado
en el año inmediatamente anterior a la adquisición del estatus pensional e inclu-
yendo como factores salariales aquellos que hayan servido como base para cal-
cular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, junto con el pago indexado y los
reajustes anuales correspondientes.
19. Frente a la compatibilidad entre pensión y salario, señaló que los artículos
5° del Decreto 224 de 1872, 19, literal g de la Ley 4° de 1992 y 6° de la Ley 60
de 1993 consagraron este derecho en cabeza de los docentes oficiales. En res-
paldo de lo anterior, citó jurisprudencia del Consejo de Estado2. Así, dado que el
señor Retavisca cumplió con los requisitos pensional y acreditó el tiempo de ser-
vicios de manera exclusiva al sector de docencia oficial, determinó que la pensión
de jubilación reconocida era compatible con el salario que para la fecha recibía,
sin que estuviera condicionada al retiro del servicio.
20. Ahora bien, declaró la prescripción trienal de las mesadas causadas con
anterioridad al 29 de agosto de 2014. Para ello, tuvo en cuenta que la solicitud
2 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección B.
Sentencia de 23 de febrero de 2006, radicado No. 25000-23-25-000-2001-07475-01 (1406-2004);
Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de 24 de octubre de 2012, radicado No. 05001-23-
31-000-2006-03476-01 (0249-2011).
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Demandante: Fabio Retavisca Álvarez
de reconocimiento pensional fue presentada el 29 de agosto de 2017 y la de-
manda el 13 de agosto de 2020, fechas en que las cuales advirtió que transcu-
rrieron más de 3 años, término dispuesto por el artículo 41 del Decreto 3135 de
1968.
21. Por último, condenó en costas y agencias en derecho a la parte deman-
dada con base en los artículos 188 del CPACA, 365 del CGP y 47 de la Ley 2080
de 2021, así como la jurisprudencia del Consejo de Estado3. En virtud del numeral
1° del artículo 5° del Acuerdo PSSAA16-10554 de 2016 expedido por el Consejo
Superior de la Judicatura, tasó dicho pago por el valor de 1 SMLMV en favor del
demandante.
Recurso de apelación
22. Fiduprevisora apeló la sentencia de primera instancia y solicitó su revoca-
toria para que, en su lugar, se negaran todas las pretensiones de la demanda.
23. Argumentó que al demandante le correspondía el régimen pensional de
jubilación por aportes dispuesto en la Ley 71 de 1988 y no la Ley 33 de 1985,
puesto que no acreditó el cumplimiento del tiempo de servicio al ejercicio de la
docencia.
24. Para ello, alegó que la solución de continuidad que hubo entre las vincu-
laciones del demandante daba lugar a interpretar que cada una de ellas era una
nueva relación laboral, razón por la cual el régimen jurídico aplicable cambió
constantemente según los preceptos legales vigentes para la fecha de cada
vínculo y conforme la última 14 de marzo de 2006, no podía acceder al régimen
prestacional anterior a la Ley 812 de 2003.
25. También examinó el Decreto 1160 de 1989, el artículo 1° del Decreto 2709
de 1994 y el artículo 6° del Decreto 2709 de 1994, pertinentes frente a la pensión
por aportes y afirmó que (i) no era posible computar dentro del tiempo para ad-
quirir el estatus pensional aquellos períodos laborados en entidades oficiales de
todos los órdenes cuando dichos empleados no aporten al sistema de seguridad
social que los protege, (ii) solo sería posible acceder a la pensión por aportes
quienes acreditaran 20 años o más continuos o discontinuos de cotizaciones en
el ISS y en una o varias de las entidades de previsión social del sector público y
(iii) la determinación del IBL de aquellas pensiones cobijadas por el régimen de
transición de la Ley 100 de 1993 debía ser por el 75% del salario promedio que
sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios.
26. Por otro lado, sostuvo que el régimen pensional por aportes exigía el retiro
del servicio como requisito para disfrutar de la efectividad de la prestación, no
3 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia de 22 de marzo de 2018, radicado No. 08001-23-33-000-2014-00565-01; Sección Se-
gunda, Subsección A. Sentencia del 30 de enero de 2020, radicado No. 05001-23-33-000-2016-
00693-01(1623-2018).
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siendo posible entonces la compatibilidad entre pensión y salario. Lo anterior,
porque la pensión por aportes permitió el acceso a la prestación para quienes,
como empleados públicos, no lograran completar el tiempo de servicios exigido.
En respaldo de lo anterior, relacionó jurisprudencia del Consejo de Estado4.
27. Finalmente, respecto de la condena en costas, aseguró que durante el
transcurso de la primera instancia no se demostró que la entidad hubiese actuado
(i) bajo la manifiesta carencia de fundamentos legales, (ii) bajo calidades inexis-
tentes, (iii) con el propósito de utilizar las garantías procesales para fines ilegales,
dolosos o fraudulentos y (iv) para obstruir, por acción u omisión, el normal desa-
rrollo del proceso. Por ende, solicitó fuera absuelto de la condena en costas en
primera instancia.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
28. Mediante auto del 11 de diciembre de 2023, el despacho sustanciador ad-
mitió el recurso de apelación presentado por Fiduporevisora y corrió traslado de
este a la parte demandante para que se pronunciara al respecto y al Ministerio
Público para que rindiera concepto.
29. El demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
30. De conformidad con el inciso 1° del artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante
CPACA, en concordancia con los artículos 615 del Código General del Proceso
y el 26 de la Ley 2080 de 2021, la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de los
recursos de apelación presentados en contra de las sentencias dictadas por los
tribunales administrativos.
Problema jurídico
31. Le corresponde a la Sala determinar si los servicios prestados a través de
órdenes de prestación de servicios por parte del señor Fabio Retavisca Álvarez
pueden ser acumulados para efectos de (i) determinar la fecha de vinculación a
servicio oficial educativo y (ii) establecer el cómputo de los 20 años exigidos para
el reconocimiento de la pensión de jubilación en los términos de la Ley 33 de
1985. En caso de ser negativo, la Sala estudiará la procedencia de la Ley 71 de
1988, la reliquidación de la prestación y la compatibilidad entre salario y pensión.
Análisis del problema jurídico
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección B.
Sentencia del 4 de agosto de 2022, radicado No. 25000-23-42-000-2018-00956-01 (1331-2022).
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Demandante: Fabio Retavisca Álvarez
32. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia dictada por el Tribu-
nal Administrativo de Cundinamarca, toda vez que el demandante ingresó al ser-
vicio educativo oficial con anterioridad al 27 de junio de 2003 y acreditó el tiempo
de servicios exigidos por la Ley 33 de 1985.
33. Tratándose del régimen pensional aplicable a docentes oficiales, el artículo
279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó a estos afiliados de las reglas del Sistema
General de Pensiones. Sin embargo, a través del artículo 81 de la Ley 812 de
2003, el legislador estableció que los docentes que se vincularan al servicio oficial
a partir de la entrada en vigencia de dicha norma afiliados al FOMAG tendrían
los derechos prestacionales del régimen de prima media con prestado definida,
con excepción de la edad de pensión de vejez. En todo caso, quienes para esa
misma fecha se encontraran vinculados al servicio, mantendrían el régimen pres-
tacional anterior integrado por la Ley 91 de 1989 y los Decretos 3135 de 1968,
1848 de 1968 y 1045 de 1978.
34. La anterior interpretación se dio con ocasión de la sentencia de unificación
del 25 de abril de 2019 dictada por la Sección Segunda del Consejo de Estado,
oportunidad en la que el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo definió principalmente el método de liquidación de la pensión ordi-
naria de jubilación de los docentes en los términos de la Ley 91 de 1989. Adicio-
nalmente, desarrolló los parámetros específicos y de obligatorio cumplimiento
para cada uno de los diferentes regímenes pensionales que podían amparar a
los docentes oficiales según fuera su fecha de vinculación.
35. La Corporación también señaló que la providencia tendría efectos retros-
pectivos, es decir, sería vinculante sobre todas aquellas situaciones jurídicas
pendientes de ser definidas y sobre las cuales no se hubiese configurado la cosa
juzgada, tal y como ocurre en el caso de referencia.
36. Dicho lo anterior, la sentencia unificadora estableció lo siguiente:
“(…) a) En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo
régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden
nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta
son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de
acuerdo con el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir
ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.
b) Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003,
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el
régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797
de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad
que será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir
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en el ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994
sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones. (…)”5.
37. En esa medida, con ocasión del tránsito legislativo, la fecha de vinculación
se consolidó como el factor determinante para establecer el régimen prestacional
aplicable, así como las reglas de liquidación que gobernarían el método de liqui-
dación de la asignación.
38. Ahora bien, en relación con los tiempos de servicio prestados como do-
cente oficial a través de contratos u órdenes de prestación de servicio, la Sección
Segunda precisó que la labor de dichos empleados no era diferente al de aquellos
vinculados a través de una relación laboral legal y reglamentaria, en tanto tam-
bién cumplían con los elementos esenciales de trabajo: subordinación, prestación
personal del servicio y remuneración. Por lo tanto, dichos períodos no solo se
consolidaron como verdaderos períodos de cotización con efectos prestacionales
tanto en la determinación del régimen pensional aplicable, como para efectos del
requisito de tiempo y determinación del IBL.
39. Dicho lo anterior, en el caso del señor Retavisca es necesario determinar
a qué régimen prestacional tiene derecho según su fecha de ingreso al servicio
educativo oficial. De las pruebas que obran en el plenario6, el demandante se
vinculó por primera vez el 6 de septiembre de 1971, suscribiendo en períodos
posteriores otros contratos de la misma naturaleza con la Secretaría de Educa-
ción y siendo nombrado en propiedad hasta marzo de 2006.
40. Contrario a los argumentos de la entidad apelante, para esta Sala no es
de recibo el considerar cada una de las vinculaciones como una nueva relación
laboral a la cual, según su fecha, le aplicaba un régimen jurídico distinto. Sin
perjuicio de la forma continua o discontinua en que el demandante prestó sus
servicios, el señor Retavisca ingresó por primera vez al servicio educativo oficial
mucho antes del 27 de junio de 2003 bajo una vinculación distinta al nombra-
miento en propiedad y que, en todo caso, se materializó como una relación labo-
ral que le permite acceder al derecho pensional bajo el régimen anterior a la Ley
812 de 2003.
41. Por ende, la Sala insiste que el marco normativo y jurisprudencial vigente
han establecido la siguiente regla: las vinculaciones de un docente oficial bajo
modalidades distintas la provisión definitiva o en propiedad de un cargo no impi-
den tener en cuenta dichos períodos para establecer el régimen pensional apli-
cables ni tampoco para contabilizar el requisito de tiempo de servicio 7.
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del
25 de abril de 2019, radicado No. 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017) SUJ-014-CE-
S2-19.
6 Expediente digital, archivo “02.Demanda”, páginas 39 – 43.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 3 de julio de 2026, radicado No. 73001-23-33-000-2021-00447-01 (3562-2024).
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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00682-01 (1449-2023)
Demandante: Fabio Retavisca Álvarez
42. Superado este primer interrogante, es claro que la situación pensional del
demandante debía ser verificada conforme el parágrafo del artículo 2° y el nume-
ral 1° del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, disposiciones que remiten al régimen
pensional de los empleados públicos del orden nacional como la Ley 33 de 1985,
tal y como lo determinó el a quo, el cual exige haber prestado 20 años de servicio
continuos o discontinuos y tener 55 años.
43. En el caso en concreto, el señor Retavisca (i) nació el 16 de febrero de
1950, por lo que cumplió 55 años en el año 2005 y (ii) prestó sus servicios al
servicio educativo oficial por más de 20 años, bajo órdenes de prestación de ser-
vicios y nombramientos en provisionalidad y en propiedad; períodos en los que
los aportes en pensión fueron efectuados ante las correspondientes cajas de pre-
visión del departamento.
44. Si bien la entidad apelante argumentó de manera abstracta que al docente
le correspondía el régimen pensional de jubilación por aportes porque “no acre-
ditó el cumplimiento del tiempo de servicio al ejercicio de la docencia”, lo cierto
es que las pruebas remitidas dentro del escrito de la demanda y la contestación
de la misma no demuestran dicha afirmación y, al contrario, demuestran que el
señor Retavisca únicamente trabajó en calidad de tal. De ahí que no sea nece-
sario estudiar la aplicación de la Ley 71 de 1988, la reliquidación de la pensión
reconocida ni la compatibilidad entre salario y pensión.
45. Por todo lo anterior, la Sala procederá a confirmar integralmente la sen-
tencia de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda, con-
forme la parte motiva de esta providencia.
Condena en costas
46. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
Corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo an-
terior, de una lectura armónica y útil de la norma, se colige que la aludida reforma
de ninguna manera significó un desconocimiento o alteración del criterio objetivo
que gobierna esta materia.
47. Así las cosas, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liqui-
dación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta
la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
48. En consecuencia, y teniendo en cuenta que se confirmará la sentencia
apelada, se impondrán costas a la parte demandada en segunda instancia, por
cuanto se niegan totalmente a las peticiones del recurso de apelación. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
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Demandante: Fabio Retavisca Álvarez
serán fijadas por el despacho ponente de la primera instancia y las expensas
serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley
IV. RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 20 de octubre de 2022 dictada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se accedió a las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida
por Fabio Retavisca Álvarez en contra de la Nación, el Ministerio de Educación y
el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
SEGUNDO. CONDENAR EN COSTAS en segunda instancia a la parte deman-
dada en favor del señor Retavisca. Para tal efecto, las agencias en derecho serán
fijadas por el despacho sustanciador de primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de ori-
gen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integri-
dad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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