Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-06235-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-06235-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-06235-00
Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora
21 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06235-00
Accionante: OLINDA SOGAMOSO CAPERA
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A Y
OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela contra providencias judiciales de altas cortes / Decisión sin motivación
/ Valoración probatoria del tiempo de servicio docente / Desconocimiento del precedente /
Violación directa de la Constitución.
Sentencia de Primera Instancia
I. Síntesis de la Decisión
1. La Sala negará el amparo solicitado por Olinda Sogamoso Capera, porque la
sentencia cuestionada explicó las razones por las que consideró insuficientemente
acreditado el tiempo de servicio necesario para reconocer la pensión de jubilación. La
providencia aceptó el cómputo de los períodos docentes bajo órdenes de prestación de
servicios y fundamentó la negativa en el alcance de las pruebas. Los reproches no
demostraron una motivación constitucionalmente insuficiente, el desconocimiento del
precedente invocado ni la violación directa de la Constitución.
II. Antecedentes
La demanda
2. La señora Olinda Sogamoso Capera, a través de apoderado judicial, presentó acción
de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A 1. Invocó la
protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a la
seguridad social, que estimó vulnerados con la sentencia del 3 de julio de 2026, proferida
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 73001-23-33-000-2021-
00447-01 (3562-2024).
Hechos relevantes
3. La señora Olinda Sogamoso Capera prestó servicios docentes en el municipio de
Coyaima durante distintos períodos entre 1994 y 2003, mediante órdenes de prestación
de servicios y vinculaciones a través de cooperativas. Posteriormente, se vinculó al
departamento del Tolima el 8 de junio de 2004.
4. La Secretaría de Educación y Cultura del Tolima, en oficio TOL2021EE022539 del 6
de julio de 2021, le informó que no procedía estudiar la liquidación de la pensión de
jubilación solicitada porque su historia laboral registraba la vinculación desde el 8 de
junio de 2004. Le indicó que debía presentar la solicitud de pensión de vejez bajo el
régimen de la Ley 100 de 1993.
1 SAMAI, índice 2.
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Accionante: Olinda Sogamoso Capera
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A y otros
Referencia: Acción de Tutela
5. La accionante promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio. Solicitó anular el oficio y reconocer la pensión de jubilación
conforme a las Leyes 33 y 62 de 1985 y 91 de 1989, porque ingresó a la docencia oficial
antes de la Ley 812 de 2003. El departamento del Tolima fue vinculado al proceso.
6. El Tribunal Administrativo del Tolima, en sentencia del 18 de abril de 2024, accedió a
las pretensiones porque la demandante cumplía los requisitos de edad y tiempo de
servicio de la Ley 33 de 1985, al computar los períodos docentes bajo órdenes de
prestación de servicios y la vinculación al departamento. Ordenó reconocer y pagar la
pensión desde el 5 de agosto de 2018, con una tasa del 75 % sobre el promedio del año
anterior a la adquisición del estatus pensional.
7. También reconoció la compatibilidad entre la pensión y el salario, y ordenó adelantar
las gestiones para recaudar los aportes correspondientes a los tiempos servidos bajo
contratación. Precisó que ese trámite no podía impedir el reconocimiento de la
prestación.
8. La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag apeló porque se debía aplicar
el régimen de las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 y las órdenes de prestación de
servicios constituían vínculos civiles, sin que se hubieran debatido los elementos de una
relación laboral. Cuestionó la falta de prueba de las cotizaciones y las consecuencias
patrimoniales del reconocimiento.
9. La Sección Segunda, Subsección A, en auto del 16 de octubre de 2025, decretó una
prueba de oficio. Requirió a la Alcaldía de Coyaima certificar la naturaleza de los vínculos
docentes entre 1994 y 1998, remitir sus soportes y aportar el convenio 164 del 26 de
mayo de 2003, relacionado con la orden de prestación de servicios 029.
10. El municipio remitió el oficio 120-1598 y una certificación del Archivo Central el 26
de noviembre de 2025. Respecto de las órdenes de prestación de servicios de 1994 a
1998 y del convenio 164 de 2003, informó que no había encontrado copias de esos
documentos.
11. La Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 3 de julio de 2026, revocó la
decisión y negó las pretensiones porque consideró acreditados 19 años, 6 meses y 17
días de servicio. Aceptó que la demandante estaba cobijada por la Ley 33 de 1985 y que
los tiempos docentes bajo órdenes de prestación de servicios podían computarse para
efectos pensionales, pero concluyó que no demostró los 20 años requeridos.
12. La providencia señaló inconsistencias en las certificaciones sobre los períodos
laborados y ausencia de soportes que permitieran corroborarlas. También cuestionó la
aptitud de la constancia del rector y de la orden 029, por provenir de autoridades sin
facultad nominadora y por la falta del convenio que sustentaba esta última. La respuesta
municipal no despejó esas dudas y no se acreditaron períodos adicionales de servicio.
Pretensiones
13. La demandante solicitó amparar sus derechos fundamentales y dejar sin efectos la
sentencia del 3 de julio de 2026, proferida por la Sección Segunda, Subsección A, del
Consejo de Estado.
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Referencia: Acción de Tutela
Fundamento de la demanda
14. La demandante alegó decisión sin motivación porque la sentencia no explicó
suficientemente la exclusión de parte del tiempo de servicio. Consideró contradictorio
aceptar el régimen pensional reclamado y el cómputo de las órdenes de prestación de
servicios, para luego restar eficacia a las certificaciones que respaldaban esos períodos.
15. Cuestionó que se desestimaran documentos públicos sin demostrar su falsedad,
adulteración o inexactitud y que se otorgara distinto mérito a certificaciones similares sin
explicar los criterios utilizados. La falta de conservación de los soportes no podía
trasladarse en su perjuicio y la revocatoria requería razones suficientes para desvirtuar
la valoración del Tribunal.
16. Alegó desconocimiento del precedente e invocó las sentencias del Consejo de
Estado del 11 de febrero de 2021 y del 17 de junio de 2022. La jurisprudencia permitía
computar los tiempos docentes bajo órdenes de prestación de servicios y atribuía a la
entidad que encubrió la relación laboral la responsabilidad por los aportes. Por ello, las
consecuencias de esa contratación no podían impedirle acceder a la pensión.
17. Por último, alegó violación directa de la Constitución por la valoración restrictiva
de las pruebas y la imposición de exigencias documentales que consideró imposibles de
satisfacer por su antigüedad. Reprochó el desconocimiento de la primacía de la realidad,
la favorabilidad y la prevalencia del derecho sustancial, así como la afectación de la
igualdad, el debido proceso, la seguridad social y el acceso a la administración de
justicia.
Trámite impartido e intervenciones
18. En auto del 10 de agosto de 20262, el despacho admitió la tutela, dispuso la
notificación de la autoridad judicial demandada y vinculó a la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fomag, al departamento del Tolima y al Tribunal Administrativo
del Tolima. También ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, requirió el expediente ordinario íntegro y suspendió los términos hasta su
reingreso al despacho.
19. El Tribunal Administrativo del Tolima3 contestó y solicitó negar el amparo porque
la demanda pretendía reabrir la discusión jurídica y probatoria resuelta en el proceso
ordinario. Además, los cuestionamientos se dirigían contra la sentencia de segunda
instancia.
20. El Ministerio de Educación Nacional4 solicitó declarar improcedente la tutela
porque la controversia tenía naturaleza económica y carecía de relevancia
constitucional. Invocó la subsidiariedad del amparo y la autonomía e independencia
judicial. No se demostró una vulneración de derechos fundamentales.
21. El Departamento del Tolima5 solicitó su desvinculación por falta de legitimación en
la causa por pasiva, porque la actuación cuestionada provenía de una autoridad judicial.
2 SAMAI, índice 4.
3 SAMAI, índice 14.
4 SAMAI, índice 16.
5 SAMAI, índice 15.
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Referencia: Acción de Tutela
Subsidiariamente, pidió declarar improcedente la tutela o negar el amparo. La sentencia
examinó los documentos y la prueba de oficio y explicó las inconsistencias advertidas.
La demanda expresa un desacuerdo con esa valoración y no satisface la carga
argumentativa exigida para controvertir una providencia de alta corte.
22. Fiduprevisora S. A.6 solicitó declarar improcedente la tutela y disponer su
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva. Explicó que no existía
una acción u omisión atribuible a la fiduciaria que hubiera ocasionado la afectación
alegada y sostuvo que las autoridades judiciales actuaron conforme al ordenamiento.
23. La Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado guardó silencio.
III. Consideraciones
Competencia
24. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
proferir sentencia de tutela de primera instancia dentro de la acción de tutela de la
referencia, en virtud de lo establecido en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo dispuesto en el Acuerdo 080 de 20197.
Cuestión previa. Solicitudes de desvinculación
25. El departamento del Tolima y Fiduprevisora S. A. solicitaron su desvinculación por
falta de legitimación en la causa por pasiva. El departamento fue parte del proceso
ordinario y la fiduciaria participa en la administración de los recursos del FOMAG,
circunstancias que les confieren interés en el resultado de esta acción y justifican su
permanencia como terceros interesados. Por ello, aunque la providencia cuestionada no
les es atribuible, la Sala negará sus solicitudes de desvinculación.
Problema jurídico
26. Corresponde a la Sala determinar si la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo
de Estado expuso razones suficientes para considerar que las pruebas aportadas no
acreditaban el tiempo de servicio requerido para reconocer la pensión de jubilación de la
accionante. Asimismo, deberá establecer si esa decisión desconoció el precedente
invocado o vulneró directamente la Constitución.
Procedencia excepcional de la tutela contra providencia judicial
27. La acción de tutela contra providencias judiciales procede de forma excepcional. La
Corte Constitucional sistematizó los requisitos generales de procedencia en la Sentencia
C-590 de 20058: que la cuestión discutida tenga relevancia constitucional, que se hayan
agotado los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, que se cumpla la
inmediatez, que la irregularidad procesal alegada tenga incidencia en la decisión, que la
parte identifique razonablemente los hechos y derechos vulnerados, y que no se trate de
una sentencia de tutela.
6 SAMAI, índice 17.
7 Reglamento interno de esta corporación, puntualmente el artículo 13, “Distribución de los procesos entre las
secciones”.
8 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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28. La relevancia constitucional no se satisface con la sola invocación de derechos
fundamentales ni con la denominación formal de defectos. La acción de tutela contra
providencias judiciales constituye un juicio de validez constitucional y no un juicio de
corrección del fallo cuestionado; por ello, no puede utilizarse como instancia adicional
para discutir asuntos probatorios o de interpretación legal resueltos por el juez natural9.
29. La Corte Constitucional señaló que este requisito cumple tres finalidades: preservar
la competencia e independencia de los jueces de las jurisdicciones distintas a la
constitucional, restringir la tutela a controversias que comprometan derechos
fundamentales e impedir que el amparo se convierta en un recurso adicional para
controvertir decisiones judiciales10.
30. Un asunto carece de relevancia constitucional cuando la discusión se limita a la
determinación de aspectos legales de un derecho o cuando tiene naturaleza
estrictamente económica, particular o privada, salvo que de esa controversia se
desprenda claramente una violación de derechos fundamentales11. También carece de
relevancia cuando la tutela busca reabrir un debate ya decidido por la jurisdicción
competente, sin mostrar una actuación judicial arbitraria o ilegítima.
Tutela contra providencias judiciales de altas cortes
31. La jurisprudencia constitucional exige particular rigor al examinar las solicitudes de
amparo dirigidas contra providencias de las altas cortes. La Sentencia T-495 de 2024
precisó que los argumentos deben satisfacer una carga transversal, que se concreta en
«un análisis más restrictivo y riguroso sobre el cumplimiento de los requisitos generales
y específicos de procedencia» 12 . Esta exigencia modula la comprobación de los
requisitos generales y específicos y orienta el examen constitucional.
32. La intensidad del control responde a la función de las altas cortes como órganos de
cierre de sus respectivas jurisdicciones y a su competencia para establecer precedentes
con la interpretación de las normas. En ese contexto, la misma providencia, con cita de
la Sentencia T-466 de 2022, señaló que la intervención constitucional se justifica cuando:
«[…] la providencia judicial sea definitivamente incompatible con el alcance y límite de los
derechos fundamentales que han sido desarrollados por la Corte o que ella genere una
anomalía en el sistema jurídico de tal entidad que haga necesaria o imperiosa la
intervención del juez constitucional»13.
33. Este estándar también incide en el examen de la relevancia constitucional. La
Sentencia T-495 de 2024, al reiterar la SU-573 de 2019, indicó que la tutela contra una
providencia de alta corte:
«[…] exige valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e
ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de derechos fundamentales»14.
34. Por tanto, la solicitud debe explicar por qué el cuestionamiento trasciende una
discrepancia sobre la interpretación del derecho o la valoración de las pruebas y plantea
9 Corte Constitucional, Sentencia T-352 de 2025, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
10 Ibidem.
11 Corte Constitucional, Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
12 Corte Constitucional, Sentencia T-495 de 2024.
13 Ibidem.
14 Ibidem.
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Referencia: Acción de Tutela
una afectación constitucional que requiere la intervención del juez de tutela. Este examen
preliminar debe diferenciarse del estudio de fondo: la acreditación de los requisitos
generales habilita el análisis de los defectos, pero no demuestra su configuración.
Desconocimiento del precedente
35. La Corte Constitucional ha precisado que no toda providencia anterior constituye un
precedente judicial. El antecedente corresponde a una decisión previa que «contiene
algunos puntos de derecho […] que guían al juez para resolver el caso objeto de estudio»
y que, por ello, tiene un «carácter orientador». En cambio, existe precedente cuando la
sentencia anterior presenta similitudes con el nuevo asunto en cuanto a «(i) patrones
fácticos y (ii) problemas jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha fijado una
regla para resolver la controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso» 15.
36. La Corte Constitucional distingue tres clases de precedente según la autoridad que
profirió la decisión: (i) el horizontal, integrado por las reglas fijadas por el mismo juez o
por autoridades de igual jerarquía; (ii) el vertical, proveniente del superior funcional o del
órgano de cierre de la respectiva jurisdicción; y (iii) el constitucional, conformado por las
reglas establecidas por la Corte Constitucional16.
37. La fuerza vinculante del precedente busca garantizar la igualdad de trato, la
seguridad jurídica y la confianza legítima, así como dotar de una «racionalidad mínima»
a la función judicial. Sin embargo, esa vinculación no elimina la autonomía e
independencia de los jueces, quienes pueden modificar una interpretación anterior si
cumplen la carga argumentativa correspondiente.17
38. Para apartarse del precedente horizontal, el juez debe «hacer referencia al
precedente con el que ha resuelto cargos análogos», como expresión de la carga de
transparencia, y «exponer las razones suficientes» que justifiquen el cambio
jurisprudencial. Frente al precedente vertical, la carga de suficiencia se acentúa, porque
la autoridad debe justificar por qué la interpretación alternativa ofrece una mejor
realización de los derechos, principios y valores constitucionales. Por tanto, no basta
invocar la autonomía judicial ni manifestar un simple desacuerdo con la regla anterior18.
39. La configuración del defecto exige que la decisión invocada como precedente
existiera cuando el juez resolvió el asunto. La Sección Quinta del Consejo de Estado ha
señalado que «el precedente debe ser anterior a la decisión en la que se pretende
aplicar» y que, además, debe existir «una semejanza de problemas jurídicos, escenarios
fácticos y normativos»19.
Decisión sin motivación y valoración probatoria
40. La Corte Constitucional, en la Sentencia T-041 de 2018, explicó que la decisión sin
motivación como causal de procedencia de la tutela contra providencias judiciales
protege el derecho de las personas a recibir respuestas razonadas de la administración
de justicia y les permite ejercer su derecho de contradicción. Por ello, al examinar este
defecto, «el juez de tutela deberá tener presente que el deber de presentar las razones
15 Corte Constitucional, Sentencia T-438 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
16 Corte Constitucional, Sentencia SU-016 de 2026, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
17 Ibidem.
18 Ibidem.
19 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de febrero de 2018, radicado 11001-03-15-000-2017-03315-
00, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio con cita de la Sentencia T-762 de 2011.
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fácticas y jurídicas que sustentan un fallo es un principio de la función judicial que, de
transgredirse, supone una clara vulneración del debido proceso»20.
41. El defecto no se configura por la sola discrepancia con las razones expuestas. La
Corte Constitucional ha precisado que la intervención del juez de tutela procede cuando
la argumentación es «decididamente defectuosa, abiertamente insuficiente o, en últimas,
inexistente»21. Por tanto, el examen debe diferenciar la ausencia o insuficiencia
constitucional de motivación del desacuerdo con una conclusión judicial razonada.
42. En materia probatoria, la Corte Constitucional ha señalado que el juez natural
dispone de amplias facultades para apreciar las pruebas, por lo que el examen
constitucional debe respetar su autonomía e independencia. Sin embargo, esas
facultades deben ejercerse conforme a las reglas de la sana crítica y a criterios de
objetividad, racionalidad, legalidad y motivación22.
43. El juez debe valorar integralmente el material probatorio y explicar las razones por
las cuales un hecho se considera demostrado o no. El defecto fáctico puede configurarse
cuando el juzgador valora arbitrariamente las pruebas, distorsiona su contenido o, sin
justificación, omite decretar o apreciar pruebas determinantes para resolver la
controversia23.
Caso concreto
44. La señora Olinda Sogamoso Capera cuestionó la sentencia del 3 de julio de 2026,
en la que la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado revocó el
reconocimiento de su pensión de jubilación. Sostuvo que la providencia no explicó
suficientemente por qué restó mérito a las certificaciones aportadas para demostrar el
tiempo de servicio, desconoció el precedente sobre el cómputo de los períodos docentes
bajo órdenes de prestación de servicios y vulneró directamente la Constitución.
45. Se cumple el requisito de inmediatez. La sentencia cuestionada se notificó el 23 de
julio de 202624 y la tutela se presentó el 6 de agosto de 2026, lapso razonable.
46. La subsidiariedad se cumple porque el proceso ordinario agotó ambas instancias.
Los reproches sobre la suficiencia de la motivación, la valoración probatoria y el
precedente no se enmarcan, en los términos planteados, en las causales del recurso
extraordinario de revisión. Tampoco procedía el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia contra una sentencia del Consejo de Estado.
47. El asunto tiene relevancia constitucional porque la demandante plantea un
cuestionamiento concreto sobre las garantías de motivación y valoración probatoria.
Atribuye a la autoridad judicial la imposición de exigencias documentales
desproporcionadas y una contradicción entre el reconocimiento de los efectos
pensionales de los servicios prestados y la negativa de la prestación. Corresponde
examinar si esas razones comprometieron el debido proceso y el acceso a la seguridad
social, con el rigor exigible al control de una providencia de alta corte.
20 Corte Constitucional, Sentencia T-041 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
21 Corte Constitucional, Sentencia T-233 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
22 Corte Constitucional, Sentencia T-698 de 2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
23 Ibidem.
24 SAMAI, índice 26 del proceso 73001-23-33-000-2021-00447-01.
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48. Olinda Sogamoso Capera está legitimada por activa porque fue demandante en el
proceso ordinario y solicita, mediante apoderado judicial, la protección de los derechos
que estima vulnerados. La Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado está
legitimada por pasiva porque profirió la sentencia cuestionada. Esta decisión resolvió un
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que no se controvierte una
sentencia de tutela.
49. La demandante identificó los hechos que sustentan sus reproches y su relación con
los derechos al debido proceso, a la igualdad y a la seguridad social. Los
cuestionamientos sobre la suficiencia de la motivación, la valoración de las pruebas y el
desconocimiento del precedente se dirigen a las razones adoptadas en la sentencia de
segunda instancia. Por ello, no era exigible formular esos reproches antes de que se
profiriera la decisión a la que se atribuyen las afectaciones alegadas.
50. Este examen se circunscribe a la validez constitucional de las razones cuestionadas.
La Sala estudiará conjuntamente los argumentos sobre la insuficiencia de la motivación
y la valoración de las pruebas, por su estrecha relación, y luego abordará el precedente
y los reproches de violación directa de la Constitución. La posibilidad de examinar esos
cargos no anticipa su prosperidad.
51. La sentencia cuestionada aceptó que la situación pensional de la demandante debía
examinarse bajo la Ley 33 de 1985, porque acreditó una vinculación docente anterior a
la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003. También reconoció que los servicios prestados
a través de órdenes y de cooperativas podían computarse para completar el requisito
temporal. La negativa se sustentó en que los períodos que consideró demostrados
sumaban 19 años, 6 meses y 17 días, inferiores a los veinte años exigidos.
52. Esa conclusión no contiene la contradicción alegada. La determinación del régimen
aplicable y la acreditación del tiempo necesario para causar la pensión son cuestiones
diferentes. Demostrar una vinculación anterior al cambio normativo permite establecer
las disposiciones que gobiernan la prestación, pero no acredita, por ese solo hecho,
todos los períodos reclamados. Por ello, era posible reconocer los efectos pensionales
de las OPS y concluir que el tiempo probado resultaba insuficiente.
53. La autoridad judicial expuso las dificultades que encontró al examinar las
certificaciones. En los párrafos 38 y 39 confrontó la constancia del coordinador de
educación municipal del 22 de noviembre de 1995 con la expedida por el alcalde de
Coyaima el 5 de marzo de 1999. La primera refería labores desde el 1 de febrero de
1994 y señalaba que la docente continuaba trabajando al momento de su expedición. La
segunda discriminaba períodos anuales de trabajo.
54. El contraste descrito tiene respaldo en los documentos anexos a la demanda
ordinaria. Mientras una certificación contiene una referencia general al inicio de las
labores y a la situación de la docente al momento de su expedición, la otra identifica
intervalos específicos. La Subsección consideró necesario esclarecer esa diferencia
para determinar cuáles tiempos podían sumarse. Su reparo se relacionó con la extensión
del servicio que se pretendía acreditar y con la ausencia de elementos que, a su juicio,
permitieran corroborarla.
55. La accionante sostiene que las certificaciones conservaban plena eficacia porque no
fueron tachadas de falsas. Sin embargo, la autenticidad documental no impide examinar
el alcance de lo certificado ni confrontarlo con los demás medios de prueba. La sentencia
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no declaró falsos esos documentos, pues explicó por qué su contenido no le ofrecía
certeza suficiente sobre los períodos adicionales reclamados. La ausencia de tacha no
imponía tener por demostrado todo el tiempo pretendido ni impedía una valoración
desfavorable, siempre que estuviera razonada.
56. El auto del Tribunal del 31 de marzo de 2023 confirma esa distinción. Aunque
incorporó los documentos aportados por las partes y dejó constancia de que no habían
sido tachados ni desconocidos, precisó que serían valorados en la sentencia. Por tanto,
su incorporación no fijó de manera definitiva el mérito que debían recibir ni eximió al juez
de examinarlos en conjunto.
57. Tampoco se advierte que la autoridad judicial hubiera asignado distinto mérito a las
pruebas sin expresar un criterio de diferenciación. La Sección Segunda, en el párrafo 37
y sus notas, identificó las órdenes, autorizaciones y acuerdos que consideró suficientes,
con sus fechas de inicio y terminación. Luego explicó las dificultades que atribuía a las
certificaciones restantes. La comparación propuesta en la tutela, fundada en que todos
eran documentos de origen público, no demuestra que tuvieran el mismo contenido o
capacidad para acreditar los extremos del servicio.
58. Frente a la constancia del rector y a la orden de prestación de servicios no. 029, el
párrafo 40 también expuso razones específicas. La Subsección cuestionó la
competencia de quienes los expidieron o suscribieron para vincular docentes al servicio
educativo oficial y señaló que no se aportó el convenio 164 de 2003 al que remitía la
contratación. La sola naturaleza pública de los documentos, invocada en la tutela, no
resolvía el reparo sobre la vinculación que se pretendía acreditar. Este fue, además, uno
de los aspectos que la autoridad buscó esclarecer con la prueba de oficio.
59. Además, la Sección Segunda decretó una prueba de oficio el 16 de octubre de 2025.
Requirió a la Alcaldía de Coyaima certificar la naturaleza de los vínculos docentes entre
1994 y 1998, remitir los documentos que los soportaban y aportar el convenio 164 del
26 de mayo de 2003. La solicitud estaba dirigida a esclarecer las dudas identificadas en
el material aportado y comprendía tanto relaciones legales y reglamentarias como
contratos de prestación de servicios.
60. El municipio atendió el requerimiento en la comunicación remitida el 26 de noviembre
de 2025. Respecto de los documentos solicitados, informó que no encontró copias de
las órdenes de prestación de servicios de 1994 a 1998 ni del convenio 164 de 2003. Los
párrafos 41 a 43 de la sentencia reseñaron la actuación y explicaron que la información
recibida no había permitido superar las dudas sobre los períodos adicionales.
61. La falta de localización de esas piezas debe entenderse dentro del razonamiento
expuesto en la providencia. La negativa no se apoyó únicamente en ese resultado, pues
estuvo precedida del examen de las certificaciones y de las dificultades para precisar el
tiempo y las condiciones de la vinculación. La antigüedad de los hechos y las dificultades
de conservación documental no convierten, por sí solas, los períodos reclamados en
tiempos plenamente acreditados.
62. Tampoco se estableció que el servicio únicamente pudiera demostrarse a través del
nombramiento o el contrato original. El párrafo 39 mencionó otros medios, como soportes
de pago y actas de inicio o terminación. La exigencia expuesta consistió en contar con
elementos suficientes para esclarecer los hechos relevantes. A ello se sumó el
requerimiento dirigido a la entidad que podía suministrar la información, por lo que la
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Accionante: Olinda Sogamoso Capera
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A y otros
Referencia: Acción de Tutela
actuación no se limitó a exigir a la demandante que obtuviera los documentos bajo
custodia de la administración.
63. La valoración favorable del Tribunal tampoco imponía conservar el reconocimiento.
La sentencia de apelación identificó los períodos que computó, explicó por qué no
atribuyó igual alcance a los demás soportes y vinculó la negativa con el requisito
temporal que consideró incumplido. Esas razones permiten comprender su discrepancia
con la primera instancia. La tutela no demuestra que debiera prevalecer aquella
valoración por la sola circunstancia de resultar favorable a la demandante.
64. Por tanto, los argumentos examinados no acreditan el defecto por decisión sin
motivación. El fallo contiene una explicación relacionada con las pruebas discutidas y
con el requisito que sustentó la negativa pensional. Tampoco se demuestra, en los
términos de esos reproches, una valoración caprichosa que autorice sustituir el criterio
de la autoridad judicial. La inconformidad con el alcance asignado a los documentos no
basta para desvirtuar la racionalidad de las razones expuestas.
65. En cuanto al desconocimiento del precedente, la regla invocada sobre el cómputo
de los servicios docentes prestados mediante OPS fue acogida expresamente. Los
párrafos 33 a 37 reconocieron esa posibilidad y sumaron los períodos que la Subsección
consideró demostrados. La diferencia con la pretensión de la demandante se produjo al
establecer la extensión del tiempo acreditado, de modo que la negativa no evidencia un
apartamiento de aquella regla.
66. Por su parte, los apartes transcritos en la demanda de las sentencias del 11 de
febrero de 2021 y del 17 de junio de 2022 se refieren a la responsabilidad por los aportes
derivados de relaciones laborales encubiertas y a su recaudo. Esas reglas, en los
términos en que fueron invocadas, no resuelven la suficiencia de las certificaciones para
demostrar los períodos controvertidos. La providencia cuestionada negó la pensión por
falta de acreditación del tiempo requerido, sin fundar esa negativa en la ausencia de
cotizaciones. La responsabilidad de la entidad por los aportes no sustituía, entonces, la
prueba de la duración del servicio.
67. Los reproches de violación directa de la Constitución parten de la misma objeción
probatoria. En relación con la primacía de la realidad, la sentencia reconoció
expresamente los efectos pensionales de los servicios docentes prestados mediante
OPS y permitió su cómputo sin exigir una vinculación formal como empleada pública. La
aplicación de ese principio no relevaba de establecer durante cuánto tiempo se
desarrollaron las labores. La demanda no demuestra que la necesidad de esclarecer ese
hecho equivaliera a desconocer la realidad del vínculo que la propia providencia admitió.
68. La invocación de la favorabilidad y de la prevalencia del derecho sustancial tampoco
impone la conclusión pretendida. La Subsección aceptó el régimen pensional reclamado;
el desacuerdo recae sobre la acreditación de uno de sus requisitos. La protección de la
seguridad social exige una valoración razonada de las pruebas, pero no permite tener
por satisfecho el tiempo de servicio a partir de la sola aplicación del régimen favorable.
Los argumentos de la tutela no desvirtúan, por esa vía, las razones que sustentaron la
insuficiencia probatoria.
69. Finalmente, el reproche de igualdad se apoya en el distinto mérito atribuido a
documentos que la demandante considera semejantes y en la solución favorable de
primera instancia. Como se explicó, la providencia expresó las razones para diferenciar
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Accionante: Olinda Sogamoso Capera
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A y otros
Referencia: Acción de Tutela
los soportes y para apartarse de la conclusión del Tribunal. La tutela no identifica, a partir
de esas circunstancias, un trato arbitrario que obligue a asignar a todos los documentos
idéntica eficacia ni a mantener el resultado de la primera instancia.
70. En consecuencia, la Sala negará el amparo solicitado por Olinda Sogamoso Capera,
porque los cargos examinados no acreditan una insuficiencia constitucional de la
motivación, el desconocimiento de las reglas jurisprudenciales invocadas ni la
vulneración directa de las garantías superiores alegadas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por el departamento
del Tolima y Fiduprevisora S. A., por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO. NEGAR el amparo solicitado por Olinda Sogamoso Capera, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.
TERCERO. NOTIFICAR esta decisión a las partes y a los interesados por el medio más
expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO. De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
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