Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2021-00181-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2021-00181-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 15001-23-33-000-2021-00181-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 15001-23-33-000-2021-00181-01 (2263-2023)
Demandante: Ligia Inés Salamanca Güecha
Demandada: Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
Temas: Reconocimiento pensión de jubilación de docente oficial.
Aplicación integral de la sentencia de unificación del 25 de abril
de 2019. Fecha de vinculación anterior a la entrada en vigencia
de la Ley 812 de 2003. REVOCA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el veintisiete (27) de octubre de dos mil veintidós (2022) por
el Tribunal Administrativo de Boyacá, por medio de la cual se negaron las
pretensiones.
ANTECEDENTES
La señora Ligia Inés Salamanca Güecha instauró demanda1 en contra de la Nación
• Ministerio de Educación Nacional –FOMAG en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
1. Que se declare la nulidad del acto ficto negativo configurado el 22 de enero de
2021 en virtud de la solicitud elevada el 21 de octubre de 2021 (sic)2, el cual negó
la pensión de jubilación a los 55 años de edad.
1 Ver índice 2 de SAMAI.
2 La fecha correcta es el 21 de octubre de 2020, según la radicación de la solicitud de pensión, visible en la
página 55 de la demanda.
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2. Que, a título de restablecimiento del derecho, se conceda la prestación en un
equivalente al 75% de los emolumentos devengados en el año inmediatamente
anterior a la adquisición del estatus, esto es, a partir de 23 de marzo de 2017,
con el pago de los ajustes de valor correspondientes y las mesadas atrasadas
desde el momento de la consolidación del derecho hasta su inclusión en nómina.
3. Que la entidad dé cumplimiento al fallo según lo previsto en los artículos 192 y
195 del CPACA, y que sea condenada en costas.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
4. Que cuenta con más de 55 años de edad, pues nació el 23 de marzo de 1962;
fue vinculada por OPS como maestra en el municipio de Floresta del 28 de
octubre de 1993 al 31 de diciembre de 2002, y del 13 de febrero de 2003 al 12
de diciembre de 2003. Luego, desempeñó su labor docente en la Secretaría de
Educación de Boyacá desde el 4 de marzo de 2004 hasta el 9 de enero de 2006.
5. Manifestó que prestó sus servicios en la misma entidad del 3 de abril de 2006 al
13 de diciembre de 2007 en periodo de prueba, y que, una vez surtidos los
trámites para el nombramiento en propiedad, fue designada en dicha calidad el
14 de diciembre de 2007 y que al menos hasta la fecha de presentación de la
demandada continuaba activa.
6. Solicitó el reconocimiento pensional una vez estimó cumplidos los 55 años de
edad y 20 años de servicios, pero esta fue negada mediante los actos acusados.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
7. Que con el acto administrativo demandado se transgredieron los artículos: 1.°
inciso 2 de la Ley 33 de 1985; 15 numerales 1 y 2 de la Ley 91 de 1989; 6 de la
Ley 60 de 1993; 15 de la Ley 115 de 1993; 279 de la Ley 100 de 1993; 81 Ley
812 de 2003, y 1 y 2 del Decreto 3752 de 2003.
8. Que a los docentes vinculados antes de la entrada en vigencia de Ley 812 de
2003 conservan el régimen excepcional de la Ley 33 de 1985. Afirmó que la
jurisprudencia del Consejo de Estado ha reiterado que la determinación del
régimen pensional depende únicamente de la fecha de vinculación del docente,
sin que la continuidad laboral afecte el derecho.
9. Que la administración no puede negar la pensión en contravía de la voluntad del
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legislador de salvaguardar los derechos adquiridos y expectativas legítimas de
quienes ejercieron la docencia oficial antes de 2003.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
10. El 25 de junio de 2021 fue admitida la demanda3 en contra de la Nación –
Ministerio de Educación – FOMAG, quien manifestó4 que la demandante se
vinculó como docente después de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
por ello, su pensión debe regirse por el régimen de prima media de las Leyes
100 de 1993 y 797 de 2003.
11. Propuso como excepciones las que denominó: (i) legalidad de los actos
administrativos atacados de nulidad, (ii) demandante no es beneficiario de las
disposiciones normativas que se alegan, (iii) factores salariales que integran el
ingreso base de liquidación sentencia de unificación del 25 de abril de 2019
proferida por el consejo de estado (argumento subsidiario), (iv) ineptitud de la
demanda por carencia de fundamento jurídico, (v) cobro de lo no debido, (vi)
improcedencia de condena en costas, (viii) excepción genérica.
12. El 30 de noviembre de 20215, el tribunal de origen difirió la decisión de las
excepciones al momento de proferir sentencia; decretó como pruebas aquellas
aportadas con la demanda y su contestación, y fijó el litigio, todo esto en orden
de dictar sentencia anticipada.
13. El 28 de enero de 20226 corrió traslado a las partes para presentar sus alegatos
de conclusión y al Ministerio Público para emitir concepto, si a bien lo
consideraba.
14. El 25 de agosto de 20227, se decretó una prueba de oficio y se requirió a la
Secretaría de Educación de Boyacá para que certificara los periodos durante los
cuales la actora estuvo vinculada mediante CPS, las cotizaciones efectuadas,
los factores sobre los que se hicieron los aportes y quien fue el destinatario de
los mismos.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN8
15. El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante sentencia del 27 de octubre de
2022, negó las pretensiones. Expuso que, si bien la demandante suscribió
contratos de prestación de servicios entre 1993 y 2003, no acreditó el pago de
3 Ibid, archivo: 3_150012333000202100181001AUTOADMITEDEMADMITE20210625133952
4 Ibid, carpeta: 14_150012333000202100181002RECEPCIONCORRECONTESTA20210824092527.
5 Ibid, archivo: 17_150012333000202100181001AUTOORDENATENARTICULO120211130072323.
6 Ibid, archivo: 23_150012333000202100181001AUTOCORRETRASCORRETRAS20220128121841.
7 Ibid, archivo: 25_150012333000202100181001AUTODECRETAPRMEJORPROV20220829145540.
8 Ibid, 29_150012333000202100181001SENTENCIADEPRSENTENCIA20221028131158.
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los aportes al sistema pensional durante dichos periodos ni obra decisión judicial
que hubiera declarado la existencia de una relación laboral o que ordenara el
pago de tales aportes, por ello, concluyó que este tiempo no puede computarse
para efectos de reconocer una pensión bajo la Ley 33 de 1985.
16. Sin perjuicio de lo anterior, acudiendo al principio de iura novit curia, el tribunal
de origen estudió el derecho pensional conforme a las Leyes 100 de 1993 y 797
de 2003, por considerarlas como las normas aplicables al caso, ya que la fecha
de vinculación de la demandante al servicio educativo oficial fue posterior del 26
de junio de 2003, es decir, el 3 de marzo de 2004.
17. Sostuvo que la docente tampoco cumple los requisitos del régimen de prima
media, pues no cumplió con las 1.300 semanas exigidas.
18. Sin condena en costas.
RECURSO DE APELACIÓN9
19. La demandante interpuso recurso de apelación por considerar que cumple los
requisitos de la Ley 33 de 1985 para el reconocimiento pensional, pues cuenta
con más de 22 años de servicio, 55 de edad, y que laboró como docente oficial
antes del 26 de junio de 2003, pero que el tribunal de origen descartó el periodo
laborado mediante contratos de prestación de servicios por falta de aportes; sin
embargo, afirma que el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 solo exige acreditar la
vinculación anterior al 26 de junio de 2003, requisito que está debidamente
probado. Sostuvo que exigir aportes o requisitos adicionales resulta
desproporcionado, pues la entidad territorial era la encargada de afiliarla al
FOMAG o asumir las acreencias laborales, incluidos los aportes pensionales.
20. Indicó, además, que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido
como fecha de vinculación docente aquella derivada de actividades ejercidas
mediante órdenes de prestación de servicios antes de la vigencia de la Ley 812
de 2003, y que dicho tiempo puede computarse como servicio docente aun sin
declaración judicial de relación laboral, al reunir los elementos propios de esta.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
21. El 8 de mayo de 202310 se admitió el recurso y por no haber pruebas que
decretar no se hizo necesario otorgar el término de traslado para alegar.
22. En la oportunidad para pronunciarse la demandada allegó memorial de alegatos
9 Ibid, 30_150012333000202100181003MemorialWeb20221111191712.
10 Ver índice 5 de SAMAI.
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de conclusión de segunda instancia11 en el que reiteró los argumentos expuestos
en la demanda y en el recurso de apelación. La demandada guardó silencio y el
Ministerio público no presentó concepto.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
23. Deberá resolver la Subsección si la acreditación de los aportes al sistema de
pensiones durante los periodos laborados mediante contratos de prestación de
servicios constituye un requisito esencial para que dichos tiempos puedan ser
tenidos en cuenta para efectos del reconocimiento de la pensión de jubilación
con base en la Ley 33 de 1985.
Marco normativo y jurisprudencial
24. Para resolver el presente asunto, le corresponde a la Subsección dar aplicación
a la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, proferida por la Sección
Segunda del Consejo de Estado,12 en la cual se estableció principalmente la
forma de liquidar la pensión ordinaria de jubilación de los docentes prevista bajo
los postulados remisorios de la Ley 91 de 1989.
25. Lo anterior porque, además de dicho punto, tal providencia en sus reglas
jurisprudenciales desarrolló lineamientos específicos y de obligatorio
acatamiento acerca del entendimiento de los diferentes regímenes pensionales
aplicables a los educadores del Estado en atención a la fecha de vinculación al
magisterio, debido a la expedición de la Ley 812 de 2003.
26. Como se advierte, el ámbito de aplicación de las directrices unificadoras es más
amplio que el de los litigios de reliquidación pensional, pues este se extiende
también a los asuntos de reconocimiento del derecho en sí mismo, tal como
acontece en el caso bajo estudio donde la determinación del marco normativo
que rige la situación particular del accionante es esencial para verificar la
pertinencia de sus pretensiones.
27. Se destaca que la aludida decisión judicial fijó sus efectos retrospectivamente
según el ordinal segundo de la parte resolutiva, a fin de extenderse a todas las
situaciones pendientes de definición jurídica que no se hayan consolidado el
fenómeno de cosa juzgada, tal como se presenta en el litigio objeto de examen.
11 Ver índice 8 de SAMAI.
12 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-
CE-S2 -2019. Expediente: 680012333000201500569-01 (0935-17). Actor: Abadía Reynel Tolosa.
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28. Con las anteriores precisiones se resalta que la sentencia de unificación13 en
comento fijó en síntesis las siguientes reglas de interpretación normativa:
«[…] a) En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados
antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión
ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley
33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que
se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1.º de la Ley 62
de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo.
b) Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003,
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el
régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003,
con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57
años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de
liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron
las respectivas cotizaciones. […]». (Subrayado fuera de texto).
29. Como se observa, el criterio relevante para determinar el marco jurídico
pensional del educador oficial es la acreditación de su primera vinculación al
magisterio, contrastada con la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de
junio de 2003), sin que para estos efectos deba verificarse si para esa fecha el
13 El sustento jurídico de estas reglas fue, esencialmente, los siguientes planteamientos: «[…] 51. En criterio de
la Sala, los factores que hacen parte de la base de liquidación y sobre los cuales se deben hacer los aportes en
el régimen general de pensiones de la Ley 33 de 1985, son únicamente los señalados de manera expresa en
el mencionado artículo 1º de la Ley 62 de 1985.
52. Luego entonces, los factores que deben incluirse en la base de la liquidación de la pensión de jubilación de
los docentes bajo el régimen general de la Ley 33 de 1985 son: asignación básica, gastos de representación;
primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación
por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso
obligatorio.
[…] 62. La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los principios constitucionales de
igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de interpretación sobre los factores salariales que se deben tener
en cuenta para la liquidación de la mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los factores que se deben tener en cuenta para
la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes del servicio público oficial afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando
la siguiente regla:
• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia
de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores
públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo
los factores sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley
62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.
63. Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la Sección Segunda a partir de
la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual, en la base de liquidación de la pensión de jubilación
ordinaria de los docentes se incluían todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.
[...] 67. En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes nacionales y nacionalizados y de los
nombrados a partir del 1 de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige por las
siguientes reglas:
Edad: 55 años
Tiempo de servicios: 20 años
Tasa de remplazo: 75%
Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del último año de servicio docente y ii)
los factores que hayan servido de base para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son:
asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación;
dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado
en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio. […]». (Resalta la Sala).
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reclamante seguía o no vinculado bajo dicha calidad, pues en observancia del
principio de la condición más beneficiosa,14 es claro que esta situación
corresponde a un tránsito legislativo sin un régimen de transición específico, que
hace necesario proteger la expectativa legítima que tenía el maestro de
pensionarse con una regulación más favorable.
30. Ahora, frente al supuesto en que un solicitante haya acumulado tiempos de labor
como docente a través de contratos u órdenes de prestación de servicios (OPS),
la Sala resalta que en la sentencia de unificación CESUJ2-5 del 25 de agosto de
2016 proferida por el Consejo de Estado,15 se precisó que la labor de los
maestros con ese tipo de vínculo no es diferente ni opuesto al que se deriva de
una relación laboral legal y reglamentaria, pues también se distingue por reunir
los elementos esenciales del trabajo como la subordinación, la prestación
personal del servicio y la remuneración, lo que permite considerar dichos lapsos
como verdaderos períodos con efectos prestacionales, no solo para
computarlos, sino además a fin de determinar el régimen pensional aplicable.16
Resolución del caso concreto
31. El objeto de discusión en el presente caso se circunscribe a la inclusión del
tiempo laborado mediante órdenes de prestación de servicios y la consideración
de estos para efectos de determinar el régimen aplicable, pues el tribunal de
primera instancia no tuvo en cuenta los periodos trabajados por contrato al no
14 Sobre este principio ver sentencia del 15 de febrero de 2011, proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Laboral. Radicación: 40.662
15 Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Segunda. Sentencia de Unificación CESUJ2 n.° 5 del 25 de
agosto de 2016. Rad.: 23001233300020130026001 (00882015). En dicha providencia se señaló: «[…] la
vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de servicios, no desvirtúa el carácter personal de su
labor ni mucho menos es ajena al elemento subordinación existente con el servicio público de educación, en
razón a que al igual que los docentes empleados públicos (i) se someten permanentemente a las directrices,
inspección y vigilancia de las diferentes autoridades educativas, por lo que carecen de autonomía en el ejercicio
de sus funciones, (ii) cumplen órdenes por parte de sus superiores jerárquicos y (iii) desarrollan sus funciones
durante una jornada laboral de acuerdo con el calendario académico de los establecimientos educativos
estatales en los que trabajen, motivo por el cual en virtud de los principios de primacía de la realidad sobre las
formalidades e igualdad, los docentes contratistas merecen una protección especial por parte del Estado. […]».
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del
24 de febrero de 2022. Radicado: 63001-23-33-000-2018-00183-01 (4650-2019). En esta providencia se planteó
que: «[...] Ahora, si bien no se niega la existencia de contratos de prestación de servicios de la demandante con
la mentada entidad territorial, lo cierto es que tal hecho de ninguna manera implica asumir que la calidad de sus
actividades fue otra diferente a la de una docente oficial propiamente dicha, esto al margen de que los efectos
jurídicos en cuanto a la relación laboral no se hayan configurado en su momento. Lo expuesto implica que sin
perjuicio del vínculo contractual existente en los lapsos aludidos, y sin que en esta sentencia se emita
pronunciamiento sobre una eventual declaratoria de existencia de una relación laboral para aquella época, sí
debe entenderse que la señora Marín Cardona ejerció funciones propias e inherentes a la condición de docente
estatal desde el 2 de febrero de 1998, es decir, a partir de la primera ejecución del contrato de prestación de
servicios como docente, suscrito con la mentada autoridad departamental para ser desarrollado en algunas de
sus instituciones educativas. […] A partir de este razonamiento, se deduce preliminarmente que ante casos en
los que se avizora el desempeño de actividades y funciones como docente, fundada en vínculos contractuales
con entidades de derecho público o a su servicio, es posible tener por configurados los tres elementos
constitutivos de una relación laboral, con fundamento en que la misma naturaleza de la actividad desarrollada
por un educador, hace que esta sea necesariamente personal, remunerada y sometida a reglamentaciones,
instrucciones y lineamientos de obligatorio cumplimiento. […]»
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demostrarse los aportes realizados durante el tiempo en el que laboró bajo dicha
modalidad.
32. Debe aclararse de manera previa que, pese a que en la valoración probatoria
que realizó el tribunal estimó como uno de los periodos laborados mediante
contrato de prestación de servicios aquel comprendido entre el 28 de octubre de
1993 y el 31 de diciembre de 2002, esto lo realizó con base en algunas órdenes
de trabajo que coinciden con algunas fechas del periodo y según certificados
expedidos por el alcalde, la personera municipal y la directora de núcleo de
Floresta que hacen constar que la actora trabajó bajo dicha modalidad durante
el tiempo indicado. Al respecto, los mencionados certificados no podrán ser
considerados para los efectos pretendidos, toda vez que todos omitieron
mencionar las fuentes documentales que respaldan su declaración.
33. Por esta razón y en virtud de la diligencia de esta corporación para aclarar puntos
oscuros del debate en búsqueda de la verdad material, el 16 de octubre de 2025
se decretó una prueba de oficio17 dirigida a la Alcaldía de Floresta para que
suministrara la copia de los contratos de prestación de servicio que sirvieron
como insumo para la elaboración de los certificados.
34. Ahora bien, de la respuesta allegada por el municipio de Florencia y del material
probatorio obrante en el expediente, para resolver los motivos de inconformidad
alegados en el recurso de apelación, debe acudirse a la copia de los contratos
de prestación de servicios suscritos entre los años 1997 y 200218 entre la actora
y la Alcaldía de Floresta, y el departamento de Boyacá, en los que se observa y
se ratifica que la primera se desempeñó como docente oficial en los siguientes
periodos:
Contratante Identificación Duración Tiempo
contrato
1 Orden de trabajo no. 01/05/1997-30/05/1997 1 mes
1489
2 Orden de trabajo no. 01/05/1998-30/05/1998 1 mes
0158
3 Orden de trabajo no. 01/01/2000-30/12/200019 12 meses
0010
4 Orden de trabajo no. 01/01/2001-30/02/2001 2 meses
0057
5 Alcaldía de Orden de trabajo no. 01/03/2001-30/03/2001 1 mes
Floresta 0725
6 Orden de trabajo no. 01/04/2001-30/04/2001 1 mes
0118
7 Orden de trabajo no. 01/05/2001-30/05/2001 1 mes
0182
17 Ver índice 24 de SAMAI.
18 Ver demanda, páginas 19 a 67.
19 Si bien se encuentra en el expediente una orden de trabajo del 1° de junio de 2000 por una duración de 30
días, esta por si misma no desvirtúa la continuidad del servicio pactado en la orden de trabajo no. 0010, cuyo
término fue por 360 días.
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8
Radicado: 15001-23-33-000-2021-00181-01 (2263-2023)
8 Orden de trabajo no. 01/06/2001-30/06/2001 1 mes
508
9 Orden de trabajo SF 01/07/2001-30/07/2001 1 mes
10 Orden de trabajo SF 01/08/2001-30/08/2001 1 mes
11 Orden de trabajo no. 16 01/09/2001-30/09/2001 1 mes
12 Orden de trabajo SF 01/10/2001-30/10/2001 1 mes
13 Orden de trabajo SF 01/11/2001-30/11/2001 1 mes
14 Orden de trabajo no. 19 01/12/2001-30/12/2001 1 mes
15 Orden de trabajo SF 01/01/2002-30/02/2002 2 meses
16 Orden de trabajo SF 01/04/2002-30/04/2002 1 mes
17 Orden de trabajo no. 01/05/2002-30/05/2002 1 mes
330
18 Orden de trabajo no. 01/06/2002-30/06/2002 1 mes
385
19 Orden de trabajo no. 01/07/2002-30/07/2002 1 mes
415
20 Orden de trabajo no. 01/08/2002-30/08/2002 1 mes
463
21 Gobernación Orden de prestación de 11/02/2003-12/12/2003 10 meses
de Boyacá servicios no. 1818 y 2 días
S.G.P. PRIM
TIEMPO TOTAL 3 años, 7
meses y 2
días
35. Respecto a la acumulación de tiempos de labor como docente mediante órdenes
de prestación de servicios (OPS), esta corporación en sentencia de unificación
CESUJ2-5 del 25 de agosto de 201620, señaló que la actividad desempeñada
por los docentes bajo ese tipo de vínculo cumple con las condiciones esenciales
de una relación laboral, a saber, la subordinación, el trabajo personal y la
remuneración. Por tanto, las vinculaciones de un docente bajo la modalidad
contractual de OPS no impide considerar tales interregnos para establecer el
régimen pensional aplicable, y mucho menos para contabilizarlos a fin de cumplir
el requisito del tiempo de servicio.
36. En esta clase de contrataciones es evidente que el ejercicio material de la labor
educativa necesariamente se da bajo una relación laboral encubierta, que,
aunque no se declarará como tal en este proceso debido a que lo propio no es
materia del litigio como fue establecido, sí permite advertirla, considerarla y
afirmarla judicialmente para efectos prestacionales como los de la pensión
20 Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Segunda. Sentencia de Unificación CESUJ2 n.° 5 del 25 de
agosto de 2016. Rad.: 23001233300020130026001 (00882015). En dicha providencia se señaló: «[…] la
vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de servicios, no desvirtúa el carácter personal de su
labor ni mucho menos es ajena al elemento subordinación existente con el servicio público de educación, en
razón a que al igual que los docentes empleados públicos (i) se someten permanentemente a las directrices,
inspección y vigilancia de las diferentes autoridades educativas, por lo que carecen de autonomía en el ejercicio
de sus funciones, (ii) cumplen órdenes por parte de sus superiores jerárquicos y (iii) desarrollan sus funciones
durante una jornada laboral de acuerdo con el calendario académico de los establecimientos educativos
estatales en los que trabajen, motivo por el cual en virtud de los principios de primacía de la realidad sobre las
formalidades e igualdad, los docentes contratistas merecen una protección especial por parte del
Estado. […]».
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Radicado: 15001-23-33-000-2021-00181-01 (2263-2023)
ordinaria de jubilación21.
37. De hecho, resulta claro que la sola naturaleza de las funciones ejercidas por la
accionante durante el tiempo que celebró contratos de prestación de servicios
mencionados, da cuenta de que en atención al principio de la realidad sobre las
formalidades previsto en el artículo 53 Constitucional, y sin necesidad de
concederle judicialmente la calidad de empleado público, aquella sí puede ser
asimilada (sin los efectos jurídicos), a un docente con un vínculo oficial formal a
lo largo de los interregnos enlistados22.
38. Precisado lo anterior, deberá analizarse el fundamento principal del tribunal de
origen para negar las pretensiones, relacionado con la supuesta imposibilidad
de tener en cuenta como fechas determinantes para establecer el régimen
pensional aplicable, los tiempos de servicio de la demandante que acumuló en
razón de una serie de contratos de prestación de servicios, ello bajo el entendido
de que no se probó que la demandante realizara aportes a pensión en dichos
periodos.
39. Ahora, en atención al marco normativo y jurisprudencial aplicable, lo primero que
debe recordarse es que, contrario a las afirmaciones del juez de primera
instancia, las vinculaciones de un docente bajo la modalidad contractual de OPS
no impide considerar tales interregnos para establecer el régimen pensional
aplicable, y mucho menos para contabilizarlos a fin de cumplir el requisito del
tiempo de servicio, ello incluso al margen de la efectiva contribución al sistema
de seguridad social mientras laboró como contratista, pues este no fue el criterio
fijado para tal fin en la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, sino el
de la demostración de algún tiempo de labor oficial educativa antes de que
entrara a regir la ley de aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006.
40. Sobre el particular, si bien la Subsección en algunos casos similares había
indicado que los artículos 4 y 9 de la Ley 797 de 2003 que modificaron los
artículos 17 y 33 de la Ley 100 de 1993 establecieron desde 2003 como
exigencia para el reconocimiento de la pensión de jubilación que se demostraran
los aportes al sistema pensional, lo cierto es que ni antes ni después de esta
fecha debe verificarse como requisito la realización efectiva de las cotizaciones
por parte de docentes contratistas para poder tener en cuenta los períodos
laborados bajo esa modalidad con fines pensionales.
41. Esto sin desconocer que los aportes pendientes de recaudo por tales lapsos con
contratos necesariamente deben ser abonados al FOMAG, por lo que este fondo
21 Tales afirmaciones encuentran respaldo en la sentencia del 20 de junio de 2024 dictada por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, en el proceso con radicado 17001-23-33-000-2019-00174-01 (0506-
2022). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
22 Esta tesis también fue expuesta en sentencia del 18 de febrero de 2021, dictada por esta Subsección en el
proceso con número interno 4163-2014.
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Radicado: 15001-23-33-000-2021-00181-01 (2263-2023)
a través de su administradora tiene la facultad y el deber de efectuar el cobro
completo, actualizado y real de los aportes por tales tiempos en la proporción
que le correspondía respectivamente a la demandante como empleada, así
como al empleador, pues su naturaleza parafiscal conlleva la obligatoriedad del
recaudo y la imprescriptibilidad, tal como se desprende del artículo 2.2.3.3.3. del
Decreto 1833 de 2016, lo que implica que no encuentra respaldo el argumento
del supuesto detrimento patrimonial, en la medida en que siempre contará con
los mecanismos legales para obtener los recursos necesarios para la
financiación plena de la prestación.
42. Se concluye entonces que era dable verificar la situación jurídica reclamada por
la demandante de acuerdo con las previsiones del artículo 81 de la Ley 812 de
2003, las cuales habilitan la posibilidad de tener en cuenta la regulación anterior
contenida en los artículos 2.º, parágrafo y 15 numeral 2.º de la Ley 91 de 1989,
disposiciones que remiten para efectos de esta prestación en litigio al régimen
de los empleados públicos del orden nacional, consagrado esencialmente en la
Ley 33 de 1985.
43. En ese orden de ideas, en atención a que es esta última norma la que regula la
situación jurídica de la actora por haber trabajado como maestra estatal con
anterioridad al 27 de junio de 2003, en adición a que sí son computables los
períodos laborados en la modalidad de prestación de servicios, se comprueba la
ilegalidad del acto administrativo demandado a diferencia de lo estimado por el
juez de origen, por lo que debe declararse su nulidad.
44. Esto porque la reclamante sí había acreditado los requisitos necesarios para
consolidar el derecho a una pensión de jubilación con base en los postulados de
la normativa aplicable, pero adicional, conforme a los lineamientos de la
sentencia de unificación del Consejo de Estado proferida el 25 de abril de 2019
sobre la materia. Lo anterior en virtud del tiempo prestado por la demandante:
Tiempo laborado
4 de marzo de 2003 1 de diciembre de
Departamento de Boyacá 2005
(vinculación legal y 3 de abril de 2006 12 de abril de 2007
reglamentaria)23 3 de mayo de 2007 22 de enero de 2021
Suma: 16 años, 6 meses y 28 días
Contratos de prestación de 3 años, 7 meses y 2 días
servicios
Total: 20 años y 2 meses
45. Sobre el punto, del material probatorio se concluye que: i) la demandante
23 Ver Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral emitido por la Secretaría de
Educación de Boyacá, visibles en la demanda.
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acreditó 55 años de edad el 23 de marzo de 201724; y ii) de la sumatoria de los
tiempos servidos como docente en propiedad y como contratista, se observa que
esta acreditó 20 años de labor el 22 de noviembre de 202025, condiciones que
al estar satisfechas le permiten acceder al derecho pretendido conforme al
régimen de la Ley 33 de 1985 invocado para el efecto.
46. Ahora, debe resaltarse que, pese a la permanencia de la actividad docente al
menos hasta el 4 de octubre de 202226, esta Sala solo considerará el tiempo
desempeñado hasta la fecha en que la entidad podía pronunciarse sobre la
solicitud pensional elevada por la actora y cuyo acto ficto dio origen a la acción
que en esta vía judicial cursa, esto es, hasta el 22 de enero de 2021, momento
en el cual el FOMAG debía conocer la situación fáctica de la docente y contaba
con los elementos necesarios para valorar las pruebas aportadas. Esta limitación
temporal responde a la garantía del debido proceso y al alcance de la decisión
previa propia de la actuación administrativa.
47. Lo anterior exige precisar que, aunque esta Sala en casos anteriores ha tenido
en cuenta la decisión previa hasta la fecha de la solicitud, en este asunto debe
considerarse el momento en el que se configuró el silencio administrativo
negativo. Pues bien, el análisis no puede circunscribirse de manera estricta a la
fecha de presentación de la petición, sino que debe extenderse hasta el
momento en que venció el término legal con el que contaba la administración
para resolver, pues el examen del derecho pensional no se agota en el instante
de radicación de la solicitud, sino en el momento en que la entidad adopta, o
debe adoptar como en este caso, la decisión correspondiente; es en esa
oportunidad cuando tiene el deber de verificar el cumplimiento de las condiciones
exigidas y de valorar la situación fáctica del interesado para dar una respuesta
de fondo.
48. En este caso, si bien al 21 de octubre de 2020 (fecha de la petición) la
demandante aún no reunía la totalidad de las exigencias, lo cierto es que el 22
de noviembre de 2020 las satisfizo, esto es, dentro del término que tenía la
entidad para pronunciarse, y de haber cumplido esta última su deber
constitucional y legal de resolver oportunamente, se hacía imperativo el
reconocimiento del derecho.
24 Según las copias de la cédula de ciudadanía y del registro civil de nacimiento que obran en el expediente
digital del índice 2 de SAMAI, la actora nació el 23 de marzo de 1962.
25 Para el efecto se tuvieron en cuenta los tiempos servidos mediante contratos de prestación de servicios (3
años, 7 meses y 2 días), así como las vinculaciones legales y reglamentarias derivadas de los nombramientos
en el departamento de Boyacá, cargos que ejerció desde el 4 de marzo de 2003 hasta el 1 de diciembre de
2005; del 3 de abril de 2006 al 12 de abril de 2007, y del 3 de mayo de 2007 al menos hasta 22 de enero de
2021, fecha de la configuración del silencio administrativo, pues según consta en el certificado laboral, para la
mentada data aún se encontraba activa en el servicio (16 años, 6 meses y 28 días). Estos vínculos se
corroboran a partir de las respectivas copias de los contratos de prestación de servicios y del Formato Único
para la Expedición de Certificado de Historia Laboral emitido por la Secretaría de Educación de Boyacá, visibles
en la demanda.
26 Según el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral n.° 5665, allegado por el
departamento de Boyacá.
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Radicado: 15001-23-33-000-2021-00181-01 (2263-2023)
49. No es admisible entonces que la omisión administrativa afecte a la demandante,
trasladándole las consecuencias negativas de su inactividad, por lo que admitir
que la decisión previa, al menos en el presente caso, se fije a partir de la fecha
de la petición, pese a que el cumplimiento total de las condiciones ocurrió antes
de configurarse el silencio, implicaría permitir que la administración obtenga un
beneficio de su propio incumplimiento.
50. Además, debe tenerse en cuenta que la actora es un sujeto de especial
protección constitucional debido a su condición de persona adulta mayor27, y la
pensión ordinaria que se discute en este proceso constituye, por regla general,
su fuente principal de ingresos y el medio para garantizar su subsistencia en
condiciones dignas, lo que impone a la administración mayor diligencia en su
gestión.
Del restablecimiento del derecho
51. Advertida la nulidad del acto reprochado, resulta indispensable determinar la
forma de restablecer el derecho pensional en litigio, razón por la cual debe
ordenarse el reconocimiento a cargo de la Nación – Ministerio de Educación –
FOMAG de una pensión de jubilación a favor de la accionante, basada en los
preceptos de la Ley 33 de 1985 y en las reglas de unificación de la sentencia del
25 de abril de 2019 proferida por esta corporación.
52. Bajo tal entendido, inicialmente es de precisar que el IBL pensional tendrá que
ser calculado sobre el 75% del promedio de los factores salariales que sirvieron
de base para las cotizaciones durante el año anterior a la adquisición del estatus
jurídico, y que hubiesen estado enlistados en el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985,
sin incluir haberes adicionales, a excepción de aquellos creados legalmente
como conceptos de salario objeto de descuento para aportes a pensión como
los previstos en los Decretos 633 y 634 de 2007, 1566 de 2014 y 2354 de 2018,
tal como lo ha sostenido esta Corporación en recientes providencias.28
53. Pues bien, según el certificado de salarios devengados generado el 6 de octubre
de 2020 por la Secretaría de Educación de Boyacá29, de los emolumentos
devengados por la actora entre el 22 de noviembre de 2019 y el 30 de septiembre
de 2020, los únicos factores computables conforme a la regla de unificación
respecto del IBL descrita anteriormente son la asignación básica y la bonificación
27 Artículo 3 de la Ley 1251 de 2008: “Adulto mayor. Es aquella persona que cuenta con sesenta (60) años de
edad o más.”
28 La mencionada normativa adicional a la Ley 62 de 1985, corresponde a la creación de otros factores salariales
propios de los educadores oficiales sobre los cuales se realizan aportes a pensión, los cuales son: la asignación
adicional para personal directivo docente, la bonificación mensual y la bonificación pedagógica. Tales
emolumentos han sido incluidos para efectos del cálculo de la pensión de los docentes que los hubiesen
devengado durante el año anterior a la consolidación de su estatus, según se ha expuesto por parte de esta
misma Subsección en sentencias del 22 de junio de 2023 dictadas en los procesos con números internos 5111-
2022, 4056-2021 y 1863-2022.
29 Ver demanda.
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mensual docente.
54. Ahora, considerando que el año anterior a la adquisición del estatus comprende
el periodo entre el 22 de noviembre de 2019 y el 21 de noviembre de 2020, y
que el certificado aportado únicamente acredita los factores devengados hasta
septiembre de 2020, se tiene que no existe prueba de los factores percibidos y
cotizados por la demandante en los meses de octubre y noviembre de 2020.
55. Respecto de estos últimos, deberá demostrar la actora ante la entidad que los
devengados hacen parte de los que normativa haya consagrado como haberes
de carácter salarial susceptibles de descuentos a pensión, los cuales son:
asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica,
ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación
por servicios prestados; trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna
o en día de descanso obligatorio; asignación adicional para personal directivo
docente, bonificación mensual y bonificación pedagógica.
56. La prestación se otorgará con efectividad desde el 22 de noviembre de 2020,
esto es, cuando la actora adquirió el estatus jurídico habilitante, en la medida en
que la pensión objeto de reconocimiento es compatible con el salario de docente
sin necesidad de demostrar el retiro del servicio de conformidad con los artículos
19, literal g) de la Ley 4.ª de 1992 y 5 del Decreto 224 de 1972, aplicables al
caso particular de la accionante por haber sido vinculada antes de la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003.30
57. Ahora, no será del caso declarar la prescripción de mesadas, ya que entre la
fecha de exigibilidad de la prestación (22 de noviembre de 2020), la de la
configuración del silencio administrativo (22 de enero de 2021), y la de
radicación de la demanda (23 de febrero de 202131), no transcurrieron más de
los 3 años de que tratan los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969 para que
se materializara dicha figura jurídica, por lo que se ordenará el pago del
retroactivo pensional con efectos fiscales a partir del 22 de noviembre de 2020.
58. Por otra parte, como en el presente caso se tuvo en cuenta la existencia de una
relación laboral encubierta, únicamente para efectos pensionales de la actora
durante los períodos en los cuales aquella se desempeñó como docente
contratada, como ya se mencionó, la entidad demandada debe efectuar el cobro
de los aportes.
59. Sobre este punto se aclara que, en el proceso no obra prueba del giro de
cotizaciones para los mencionados períodos a ninguna entidad de previsión, de
30 Sobre este planteamiento ver sentencia del 23 de octubre de 2024 proferida por esta misma Subsección en
el proceso con radicado 05001-23-33-000-2020-00600-01 (7813-2023). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
31 Ver índice 1 de SAMAI – Tribunales.
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manera que, es responsabilidad del FOMAG verificar con la demandante si esta
los realizó y a cuál fondo lo hizo, así como que tales montos correspondan a los
valores totales por dicho concepto sobre los factores que se ordenan tener en
cuenta en esta sentencia. En caso contrario, deberá realizar las gestiones
interadministrativas necesarias para obtener el pago completo del aporte.
60. Se advierte que, si eventualmente los empleadores no asumieron la proporción
del pago que por este mismo concepto le correspondía a la actora, el FOMAG
deberá verificar mensualmente si esta última realizó los aportes a pensión por los
tiempos en que laboró mediante contratos de prestación de servicios en su
porcentaje como trabajadora, y en caso afirmativo, también verificará si existe
una diferencia entre las sumas.
61. Para ello, tanto el municipio de Floresta, el departamento de Boyacá, y la
docente, deberán acreditar ante el FOMAG las cotizaciones que hubiesen
realizado a dicho fondo o a cualquier otro durante su vínculo contractual (si las
hicieron). Una vez se concrete lo anterior, si la entidad demandada advierte que
faltaron cotizaciones o se presenta diferencia en la proporción que le
correspondía a la accionante como empleada, esta tendrá que cancelar o
completar, según el caso, el porcentaje que tenía a su cargo, por lo que se
autoriza a la autoridad accionada que descuente los valores que le
correspondan a la educadora, única y exclusivamente bajo el referido supuesto.
62. Si se demuestra que tales pagos se hicieron a otro fondo diferente al FOMAG,
la autoridad demandada deberá realizar las gestiones necesarias para obtener
el traslado de los recursos actualizados a su favor para asumir en su totalidad
el pago de la pensión.
63. Las sumas de dinero que resulten de la condena anterior se ajustarán al valor
presente de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por
el Consejo de Estado, según la cual:
R= RH Índice Final
Índice inicial
64. En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH),
que es lo dejado de percibir por la parte demandante por concepto de mesadas
pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por
el índice vigente a la fecha en que la parte actora obtuvo el estatus pensional.
Por tratarse de prestaciones de tracto sucesivo, la indexación deberá hacerse
mes por mes.
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65. Estos argumentos son suficientes para revocar la sentencia apelada, a fin de
acceder a las pretensiones en la forma prevista anteriormente para el
restablecimiento del derecho.
De la condena en costas en ambas instancias
66. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
67. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás
asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
68. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
69. En consecuencia, se impondrán costas en ambas instancias en contra de la
parte demandada, por cuanto se accede totalmente a las peticiones del recurso
de apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 de la misma
norma, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del tribunal
de origen.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. REVOCAR la sentencia proferida el (27) de octubre de dos mil veintidós
(2022) por el Tribunal Administrativo de Boyacá, por medio de la cual se negaron
las pretensiones. En su lugar,
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Segundo. DECLARAR LA NULIDAD del acto ficto negativo frente a la petición del
21 de octubre de 2020 elevada por la señora Ligia Inés Salamanca Güecha a la
Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG)
Tercero. A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Nación –
Ministerio de Educación – FOMAG a reconocer y pagar a favor de la señora Ligia
Inés Salamanca Güecha, una pensión de jubilación de conformidad con las
previsiones de las Leyes 33 y 62 de 1985. Para el cálculo del monto pensional, la
tasa de reemplazo corresponderá al 75% y el IBL al promedio de lo devengado y
objeto de cotización en el último año de servicio anterior a la adquisición del estatus
pensional (22 de noviembre de 2019 y 21 de noviembre de 2020), incluyendo como
factores salariales únicamente: la asignación básica y la bonificación mensual
docentes, y los demás que pruebe la actora que correspondan a los meses de
octubre y noviembre del 2020; ello con efectividad a partir del 22 de noviembre de
2020, sin necesidad de demostrar el retiro del servicio.
Adicionalmente SE ORDENA:
A la señora Ligia Inés Salamanca Güecha, acreditar documentalmente y manifestar
al momento de solicitar el cumplimiento de la sentencia, a cuál entidad de previsión
y por qué valores efectuó cotizaciones a pensión por los períodos durante los cuales
fungió como docente contratista del municipio de Floresta y el departamento de
Boyacá, en caso de haberlas hecho. De lo contrario, si no realizó tales aportes,
indicar lo propio al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
A la Nación – Ministerio de Educación - FOMAG, realizar las actuaciones
interadministrativas a que haya lugar para obtener el pago de las cotizaciones por
el período de contratación por servicios de la actora con el municipio de Floresta y
el departamento de Boyacá comprendido entre 1997 y 2003 (con sus respectivos
intervalos y lapsos anuales), en caso de que estas no se hayan pagado aún, o en
el evento en que tales valores sean inferiores o presenten diferencias respecto de
las liquidadas por el mismo fondo.
Se advierte que, si los mencionados entes territoriales no asumieron la proporción
del pago que por este mismo concepto le correspondía a la demandante, la entidad
demandada deberá verificar mensualmente si esta última realizó los aportes a
pensión por los tiempos en que laboró mediante contratos de prestación de servicios
en su porcentaje como trabajadora, y en caso afirmativo, también verificará si existe
una diferencia entre las sumas.
Para ello, el municipio de Floresta y el departamento de Boyacá, al igual que la
demandante, deberán acreditar ante el FOMAG las cotizaciones que hubiesen
realizado a dicho fondo o a cualquier otro durante su vínculo contractual (si las
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hicieron). Una vez se concrete lo anterior, si la entidad accionada advierte que
faltaron cotizaciones o se presenta diferencia en la proporción que le correspondía
a la accionante como empleada, esta tendrá que cancelar o completar, según el
caso, el porcentaje que tenía a su cargo, por lo que se autoriza a la autoridad
demandada que descuente los valores que le correspondan a la reclamante por
todos los interregnos de labor como contratista con las respectivas autoridades
municipal y departamental, única y exclusivamente bajo el referido supuesto.
Si se demuestra que tales pagos se hicieron a otro fondo diferente al FOMAG, la
autoridad demandada deberá realizar las gestiones necesarias para obtener el
traslado de los recursos actualizados a su favor para asumir en su totalidad el pago
de la pensión.
Las sumas de dinero que resulten de la condena anterior se ajustarán conforme a
las previsiones planteadas en la parte considerativa del fallo.
Cuarto. Dar cumplimiento a la presente sentencia en los términos de los artículos
192 y 195 del CPACA.
Quinto. Condenar en costas a la demandada en ambas instancias.
Sexto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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