Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2021-00192-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2021-00192-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 18001-23-33-000-2021-00192-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
25 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 18001 23 33 000 2021 00192 01 (2860-2025)
Demandante: Iber José Castiblanco Dueñas
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
Tema: Pensión jubilación docentes. Aplica Ley 33 de 1985 porque la
vinculación al servicio educativo fue anterior a la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003.
Decisión: Adicionar la sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por
la parte demandada contra la sentencia del 13 de agosto de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo del Caquetá, que accedió a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1. Pretensiones de la demanda
2. Se pretende la nulidad de la Resolución 001391 del 27 de septiembre de 2021
por medio del cual la secretaría de educación del departamento de Caquetá, negó el
reconocimiento y pago de una pensión jubilación docente. A título de
restablecimiento del derecho, el reconocimiento y pago de dicha prestación
equivalente al 75% de los salarios y las primas devengados en el año
inmediatamente anterior a la adquisición del estatus, con los reajustes de ley; el pago
de intereses moratorios; el cumplimiento de la sentencia en los términos de los
artículos 192 y 195 del CPACA; y se condene en costas a la parte demandada.
1.2. Hechos que fundamentan la demanda
3. El señor Iber José Castiblanco Dueñas manifestó que nació el 10 de abril de
1960, por lo que, en la actualidad tiene más de 55 años; y laboró al servicio docente
del departamento de Caquetá en los municipios de San Vicente del Caguán y Puerto
Rico, así: i) en periodos discontinuos comprendidos entre el 1.º de abril de 1987 y el
30 de noviembre de 2003; y ii) desde el 17 de febrero de 2004 hasta el 5 de agosto
de 2020.
1
Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede Electrónica de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo – SAMAI.
Radicado: 18001 23 33 000 2021 00192 01 (2860-2025)
Demandante: Iber José Castiblanco Dueñas
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación
4. Señaló como vulneradas las siguientes disposiciones: artículo 1° inciso 2° de
la Ley 33 de 1985; artículo 15, numerales 1° y 2° de la Ley 91 de 1989; artículo 6°
de la Ley 60 de 1993; artículo 115 de la Ley 115 de 1993; artículo 279 de la Ley 100
de 1993; artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y artículos 1° y 2° del Decreto 3752 de
2003.
5. En resumen, explicó que el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 determinó que
los docentes vinculados hasta el 26 de junio de 2003, tienen derecho al
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación según el régimen anterior, es
decir, la Ley 33 de 1985, el cual establece como requisitos para la pensión haber
laborado 20 años de servicios y tener 55 años para hombres y mujeres, los cuales
cumple.
1.4. Contestación de la demanda2
6. El Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales
del Magisterio se opuso a las pretensiones de la demanda al sostener que el
actor no tiene derecho al reconocimiento de la pensión deprecada, por cuanto su
vinculación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio se produjo
con posterioridad al 27 de junio de 2003, esto es, durante la vigencia del artículo 81
de la Ley 812 de 2003; por lo que, el régimen aplicable es el previsto en la Ley 100
de 1993 y en la Ley 797 de 2003, el cual exige el cumplimiento de 57 años de vida y
1.300 semanas de cotización para acceder a la pensión de vejez, requisitos que no
se acreditan en este caso al momento de la presentación de la demanda.
7. Agregó que debía vincularse a la Gobernación del Caquetá – Secretaría de
Educación Departamental como litisconsorte necesario por pasiva, por cuanto fue la
autoridad que profirió el acto acusado y, además, sería la llamada a responder por
una eventual condena. Propuso como excepciones: i) litisconsorcio necesario por
pasiva; ii) legalidad de los actos administrativos demandados; iii) inexistencia de la
obligación; iv) caducidad; v) prescripción; y vi) excepción genérica.
1.5. Sentencia de primera instancia3
8. El Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante sentencia del 13 de agosto
de 2025, accedió a las pretensiones de la demanda; consideró acreditado que el
actor prestó servicio en la docencia oficial por más de 20 años y se vinculó al mismo
con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo cual estimó
aplicable el régimen previsto en la Ley 33 de 1985.
9. Para ello, precisó que no podían desconocerse los tiempos prestados en
1990, 1993, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002 y 2003 en instituciones educativas
del municipio de Puerto Rico, Caquetá, bajo el argumento de que la afiliación actual
al FOMAG ocurrió el 2 de marzo de 2004, pues no se trataba de un nuevo docente
2
Visible en el archivo 038ContestacionFomag del expediente digital que reposa en el aplicativo SAMAI. La demanda se
presentó el 13 de abril de 2021.
3
Visible en el archivo 018Sentencia primera instancia.pdf del expediente digital que reposa en el aplicativo SAMAI.
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vinculado con posterioridad a la Ley 812 de 2003, toda vez que los tiempos servidos
mediante contratos de prestación de servicios podían computarse para efectos
pensionales, en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las
formalidades, al acreditarse que correspondían al ejercicio de actividad docente
oficial.
10. En consecuencia, concluyó que el demandante adquirió el estatus pensional
el 23 de noviembre de 2019, al cumplir 20 años de servicio docente, y ordenó el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación equivalente al 75% de los factores
salariales devengados durante el año anterior a la consolidación del derecho,
incluyendo únicamente aquellos sobre los cuales se efectuaron cotizaciones, de
conformidad con la Ley 62 de 1985. Asimismo, consideró que el Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio era
la entidad obligada al reconocimiento y pago de la prestación, por ser aquella a la
cual el actor se encontraba afiliado al momento de adquirir el estatus pensional.
Finalmente, declaró no probada la excepción de prescripción y negó la condena en
costas.
1.6. Recurso de apelación4
11. La entidad demandada Ministerio de Educación – Fomag solicitó revocar la
sentencia, al considerar que el actor no tiene derecho al reconocimiento de la
pensión bajo la Ley 33 de 1985, por cuanto su vinculación al servicio docente oficial
se produjo el 2 de marzo de 2004, esto es, con posterioridad a la entrada en vigencia
de la Ley 812 de 2003, insistiendo que le son aplicables las Leyes 100 de 1993 y
797 de 2003, cuyos requisitos —edad y semanas de cotización— no se encontraban
acreditados al momento de la reclamación.
12. Sostuvo que el actor tampoco es beneficiario del régimen de transición, en la
medida en que no demostró contar con 750 semanas de cotización a la entrada en
vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, lo que impide la aplicación de regímenes
anteriores como el previsto en la Ley 33 de 1985 o en la Ley 71 de 1988.
13. Señaló que los periodos desarrollados bajo órdenes de prestación de servicios
no pueden ser computados automáticamente como tiempo válido para efectos
pensionales, ya que para ello se requiere una decisión judicial previa que declare la
existencia de relación laboral, sin que sea posible aplicar la primacía de la realidad
de manera indirecta en este proceso. Añadió que, en todo caso podrían ser
considerados para efectos pensionales si se demostrara que durante los mismos se
realizaron aportes al sistema de seguridad social, lo que en todo caso no está
acreditado.
14. De igual modo, recordó que la jurisprudencia de unificación del Consejo de
Estado de 2019 restringió los factores salariales para la liquidación de la pensión a
aquellos sobre los que se efectuaron aportes, y que no resulta viable la
4
022RecursoApelacion.pdf
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compatibilidad entre pensión y salario en docentes vinculados con posterioridad a
2003.
15. Propuso la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación –
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG), al sostener que la competencia para el reconocimiento de la
prestación y la determinación de su monto corresponde a la entidad territorial
certificada en educación que expidió el acto administrativo, y no al Fondo. De manera
subsidiaria, solicitó que, en caso de mantenerse la condena, se ordene a la entidad
territorial girar al FOMAG los valores correspondientes, debidamente indexados, por
cuanto aquella solo habría efectuado aportes al Fondo desde el 2 de marzo de 2004.
16. Refirió que debe aplicarse el fenómeno prescriptivo a las mesadas, contenido
en el Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969; y se opuso a la condena
en costas, alegando que su imposición no es automática y exige acreditación de su
causación, de conformidad con el artículo 365 del Código General del Proceso.
1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia
17. Mediante auto de 20 de febrero de 2026, se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandada.
18. En esta oportunidad el Ministerio Público solicitó confirmar la sentencia de
primera instancia, al considerar que la decisión se ajustó al ordenamiento jurídico y
a las pruebas del proceso. Señaló que el actor acreditó vinculaciones docentes
oficiales anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, incluso desde
abril de 1987, por lo que su régimen pensional es el previsto en la Ley 91 de 1989,
en concordancia con las Leyes 33 y 62 de 1985. Indicó que no era válido desconocer
los tiempos servidos antes de 2003 bajo el argumento de que la afiliación al FOMAG
ocurrió en 2004, pues la fecha relevante para definir el régimen aplicable es la
vinculación al servicio docente oficial y no el momento formal de afiliación al Fondo.
Agregó que los servicios prestados mediante OPS y contratos laborales en
instituciones oficiales podían ser computados para efectos pensionales. Finalmente,
sostuvo que el FOMAG es la entidad competente para pagar las pensiones de los
docentes oficiales y que debía acatar la orden impartida por el Tribunal
Administrativo del Caquetá.
19. Por su lado, el demandante y la entidad demandada guardaron silencio.
20. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y sin que
observe la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
21. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
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interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo5. Así, al tenor de lo dispuesto en
el artículo 328 del Código General del Proceso6, la competencia del juez de segunda
instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que, en el
caso de la referencia, únicamente la parte demandada presentó recurso de alzada,
el análisis se encuentra limitado a lo allí plasmado.
2.2 Problema jurídico
22. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si el señor Iber José
Castiblanco Dueñas, tiene derecho a que se le aplique el régimen pensional
establecido en la Ley 33 de 1985, como lo analizó el a quo en la sentencia apelada,
y si cumple con las exigencias para obtener el reconocimiento pensional.
2.3. Normativa y jurisprudencia aplicable al caso
2.3.1 Del derecho pensional de los docentes
23. La Ley 812 de 20037 en torno al sector de educación nacional, definió el
régimen prestacional de los docentes, distinguiendo entre quienes se vincularon
antes de la entrada en vigencia de dicha ley, y quienes lo hicieron con posterioridad
a esta. Se destaca:
“ARTÍCULO 81. RÉGIMEN PRESTACIONAL DE LOS DOCENTES OFICIALES. El régimen
prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren
vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las
disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.
Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán afiliados
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales
del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con
los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años
para hombres y mujeres. (…)”
24. Dicho régimen anterior no es otro que el contemplado en la Ley 33 de 1985,
que en su artículo 1° dispone el reconocimiento de una pensión de jubilación al
empleado oficial que sirva o haya servido 20 años continuos o discontinuos y que
acredite 55 años de edad8; siendo modificada posteriormente por la Ley 62 de 1985,
en la que se enlistan los factores a tener en cuenta para efectos de liquidación de la
mentada prestación, a saber: asignación básica, gastos de representación;
primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y
feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo
suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso
obligatorio.
5
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
6
«Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos
por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»
7 mediante la cual se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario
8
Debiendo la respectiva Caja de Previsión pagar una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por
ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.
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25. De manera que, existía un régimen prestacional para los empleados públicos,
y otro para los trabajadores del sector privado. Así entonces, respecto de quienes no
alcanzaban a completar los requisitos exigidos en uno u otro régimen, surge la Ley
71 de 1988, por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras
disposiciones, y que en el artículo 7° dispuso los requisitos para acceder a una
pensión a partir de la suma de los períodos cotizados y laborados tanto en el sector
público como en el privado.9
26. Ahora bien, en la sentencia de unificación de 25 de abril de 2019 (SUJ-014-
CE-S2-2019), expedida por la Sección Segunda del Consejo de Estado 10, se fijaron
las reglas respecto a la forma de liquidación de la pensión de jubilación a los
docentes, teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley 91 de 1989. Y a su vez se
analizaron los diferentes regímenes aplicables a dicho sector atendiendo a la fecha
de ingreso al servicio docente, ello en consonancia con lo dispuesto en el artículo 81
de la Ley 812 de 2003, entre estos, la Ley 33 de 1985.
27. Por tratarse de una sentencia de unificación, las reglas fijadas en ésta tienen
valor vinculante y son de obligatorio cumplimiento en todos los casos pendientes de
solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones
ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del
principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.
28. De manera que, del fallo de unificación referenciado, se advierte que para
efectos del régimen pensional del docente, resulta relevante establecer la fecha de
su primera vinculación al magisterio, pues, en concordancia con el artículo 81 de la
Ley 812 de 2003 i) los educadores que estuvieren vinculados al servicio oficial les
será aplicable el régimen dispuesto para el Magisterio en las disposiciones vigentes
con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley, a saber, el 27 de junio de
2003; normativa que no sería otra que la referida en el artículo 15 de la Ley 91 de
198911 , esto es, la Ley 33 de 1985 y la Ley 71 de 1988. Y ii) los docentes oficiales
que ingresen a partir de la vigencia de la ley mencionada, les resultaría aplicable el
régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, con los requisitos previstos en el, con excepción de la edad de pensión de
vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.
29. Aunque se establecieron esos dos escenarios para la aplicación de las
normas que rigen el reconocimiento pensional de los docentes de acuerdo con su
fecha de vinculación; la Sección Segunda no hizo ningún tipo de diferenciación frente
al tipo de vinculación, ya sea en propiedad o provisionalidad, para catalogar los
tiempos de servicios, ni tampoco se indicó que perderían los derechos a la aplicación
de la Ley 33 de 1985 en caso de presentarse el fenómeno de la solución de
continuidad establecido en el Decreto 3135 de 1968.
9
En reiteradas providencia esta Sala ha señalado que la pensión por aportes resulta aplicable a los docentes que acrediten
una vinculación anterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, aspecto que dado los contornos fácticos del caso, no
amerita profundización en esta oportunidad.
10
Expediente 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-17)
11
Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
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30. En punto a lo relacionado con los factores de liquidación, la Sala estima que
hay que tener en cuenta además de lo dispuesto en la Ley 62 de 1985, los factores
que en disposiciones posteriores se les haya dado carácter salarial, como por
ejemplo la bonificación mensual de docentes y directivos docentes (Decreto 1566 de
2014) y la bonificación pedagógica (Decreto 2354 de 2018); no siendo posible
extenderse a incluir la totalidad de factores sobre los que hubiere cotizado en el año
anterior a la adquisición del estatus, pues, ello podría tener como consecuencia la
existencia de distintos regímenes al interior del servicio docente, que conllevaría a la
vulneración de derechos como el de igualdad, y desconocería lo dispuesto en la
sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, con la cual se abandonó el criterio
jurisprudencial de la sentencia del 4 de agosto de 2010, que avalaba dicha
liquidación con todos los emolumentos percibidos, al margen de si estaba o no
contenidos en las disposiciones de liquidación pensional.
2.4 Caso concreto
31. Da cuenta el material probatorio que el actor, el 1° de diciembre de 2020,
presentó solicitud al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio para el
reconocimiento y pago de una pensión jubilación, la cual fue resuelta
desfavorablemente a través de la Resolución 001391 del 27 de septiembre de 2021,
al considerar que ingresó al magisterio en vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo
tanto, se le debía aplicar el régimen previsto en la Ley 100 de 1993.12
32. Teniendo en cuenta lo expuesto en el acápite del marco normativo y
jurisprudencial, es necesario establecer las disposiciones que regulan la situación
del demandante, atendiendo a su fecha de ingreso al servicio docente oficial. Pues
bien, la Sala desde ya anuncia que existe prueba en el plenario de que el señor
Castiblanco Dueñas prestó servicios como docente oficial antes de la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003, lo que permite la aplicación de la Ley 91 de 1989,
que remite al régimen anterior en materia pensional contemplado en la Ley 33 de
1985.
33. Observa la Sala que obra en el plenario la certificación No. 2518 del 12 de
julio de 2018, expedida por el jefe administrativo y financiero de la Secretaría de
Educación Departamental del Caquetá, en la que se hizo constar que el señor Iber
José Castiblanco Dueñas prestó sus servicios bajo la modalidad de horas cátedra
en las instituciones educativas Escuela Gibraltar y Escuela Juan de Garay del
municipio de San Vicente del Caguán, durante los periodos comprendidos entre el
1.º de abril de 1987 y el 31 de mayo de 1988. Si bien dichos periodos no fueron
12
Aunque la Resolución 001391 del 27 de septiembre de 2021 se denominó “por la cual se niega el reconocimiento y pago
de una pensión de jubilación por aportes”, lo cierto es que la solicitud elevada por el actor tuvo por objeto el reconocimiento
de la pensión de jubilación docente conforme a la Ley 33 de 1985. En esa misma línea, del contenido del acto se advierte que
la administración estudió si, por razón de su vinculación al servicio educativo oficial antes de la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003, le resultaba aplicable el régimen anterior previsto para los docentes, y no una pensión por aportes en los términos
de la Ley 71 de 1988.
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objeto de valoración por el a quo ni de reparo concreto en el recurso de alzada, se
encuentran debidamente acreditados en el expediente y no se advierte razón alguna
para excluirlos del estudio del tiempo de servicio, máxime cuando esta Corporación13
ha reconocido la posibilidad de computar el tiempo servido bajo dicha modalidad
para efectos pensionales, de conformidad con el parágrafo 1.º del artículo 1.º de la
Ley 33 de 1985.
34. Aclarado lo anterior, el material probatorio evidencia que el demandante nació
el 10 de abril de 1960, y laboró como docente oficial durante los periodos y las
modalidades que se detallan a continuación:
Desde Hasta Modalidad Tiempo
1° de abril de 1987 30 de abril de 1987 Horas cátedra – 1 mes
Escuela Gibraltar,
municipio de San
Vicente del
Caguán
1.° de septiembre de 30 de octubre de Horas cátedra – 2 meses
1987 1987 Escuela Gibraltar,
municipio de San
Vicente del
Caguán
1° de noviembre de 30 de noviembre de Horas cátedra – 1 mes
1987 1987 Escuela Gibraltar,
municipio de San
Vicente del
Caguán
08 de febrero de 1988 31 de mayo de Horas cátedra – 3 meses y 23
1988 Escuela Juan de días
Garay, municipio
de San Vicente del
Caguán
1° de febrero de 1990 30 de junio de 1990 Soluciones 5 meses
educativas –
Escuela Rural Alto
Guadalosa
municipio de San
Vicente del
Caguán
21 de mayo de 1993 11 de junio de 1993 Provisionalidad- 21 días
Colegio Luis
Hernando Turbay
Turbay
1° de marzo de 1996 30 de noviembre de Contrato de 9 meses
1996 prestación de
servicios a término
fijo - Municipio de
Puerto Rico
1° de febrero de 1997 30 de junio de 1997 Contrato de 5 meses
prestación de
servicios –
municipio de
Puerto Rico
13
Ver sentencia del 23 de abril de 2025, rad. 25000-23-42-000-2018-00943-01 (4634-2024), C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
En esa providencia se recordó que el tiempo servido como docente hora cátedra puede computarse para efectos pensionales
y que, conforme al parágrafo 1.º del artículo 1.º de la Ley 33 de 1985, cuatro horas diarias de labor académica equivalen a una
jornada completa; si la intensidad es inferior, el tiempo debe calcularse con base en las horas efectivamente laboradas,
adicionando descansos remunerados y vacaciones conforme a la ley.
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Demandante: Iber José Castiblanco Dueñas
1° de mayo de 1997 30 de abril de 1998 Contrato de trabajo 10 meses14
a término fijo –
Municipio de
Puerto Rico
1° de mayo de 1998 30 de noviembre de Contrato de 7 meses
1998 prestación de
servicios –
municipio de
Puerto Rico
1° de junio de 1999 31 de diciembre de Contrato individual 7 meses
1999 de trabajo a
término fijo –
Municipio de
Puerto Rico
08 de agosto de 2001 31 de octubre de Orden de 2 meses y 23
2001 prestación de días
servicios – Escuela
los Laureles -
Secretaria de
Educación
Departamental –
Caquetá
1° de noviembre de 30 de noviembre Orden de 1 mes
2001 de 2001 prestación de
servicios – Escuela
los Laureles -
Secretaria de
Educación
Departamental –
Caquetá
18 de marzo de 2002 18 de junio de 2002 Contrato de trabajo 3 meses
a término fijo –
Municipio de
Puerto Rico
1° de junio de 2002 30 de noviembre Orden de 5 meses y 11
de 2002 prestación de días15
servicios –
Municipio de
Puerto Rico
21 de marzo de 2003 13 de junio de 2003 Orden de 2 meses y 23
prestación de días
servicios –
Secretaria de
Educación
Departamental –
Caquetá
05 de agosto de 2003 31 de octubre de Orden de 2 meses y 26
2003 prestación de días
servicios -
Secretaria de
Educación
Departamental –
Caquetá
1° de noviembre de 30 de noviembre Orden de 1 mes
2003 de 2003 prestación de
servicios -
Secretaria de
Educación
14
Se suma a partir del periodo comprendido entre el 1° de julio de 1997 y el 30 de abril de 1998 para efectos de no computar
tiempos dobles
15
Se suma a partir del periodo comprendido entre el 19 de junio de 2002 y el 30 de noviembre de 2002 para efectos de no
computar tiempos dobles
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Demandante: Iber José Castiblanco Dueñas
Departamental –
Caquetá
02 de marzo de 2004 05 de junio de 2020- Provisionalidad 16 años, 3
fecha de último meses y 3 días
certificado de tiempo
de servicios-
TOTAL TIEMPO DE SERVICIOS 22 años, 1 mes y 10 días
DOCENTES
35. Importante destacar que, contrario a lo señalado por la entidad demandada
en el recurso de alzada, para efectos del reconocimiento pensional que se reclama,
no tiene incidencia alguna el hecho de que la labor docente se haya ejecutado en
virtud de contratos de prestación de servicios, pues, tal como lo ha dispuesto esta
corporación en la sentencia de unificación CESUJ2-5 del 25 de agosto de 2016, la
actividad educativa desarrollada mediante dichos contratos no difiere a la adelantada
en virtud de una designación legal y reglamentaria, e incluso en materia de docentes
en esa oportunidad se señaló que es viable presumir la existencia de un vínculo
laboral, y tener en cuenta dicho tiempo servido, entre otros, para efectos
pensionales.
36. Así mismo, aun cuando en este asunto no hay lugar a establecer la existencia
de una verdadera relación laboral respecto al tiempo prestado como docente en
establecimientos oficiales mediante contrato de prestación de servicios, en tanto no
hace parte de la controversia, nada impide valorar dichos períodos para efectos de
la prestación que se reclama, máxime que el tipo de vinculación16 no le resta valor al
hecho probado de que se ejecutó la actividad docente oficial, aun cuando la entidad
no desconoce la ejecución del servicio docente.
37. Ahora, de conformidad con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y el parágrafo
transitorio 1°15 del artículo 48 de la Constitución Política, los maestros que ingresaron
a la docencia oficial antes del 27 de junio de 2003 se rigen por las disposiciones
vigentes con anterioridad a esa fecha, mientras que quienes lo hicieron después
quedan sujetos al régimen de prima media regulado en las Leyes 100 de 1993 y 797
de 2003, con la particularidad de que la edad de jubilación se fija en 57 años tanto
para hombres como para mujeres.
38. Sobre este aspecto, la sentencia de unificación del Consejo de Estado (SUJ-
014-CE-S2-19 de 25 de abril de 2019) estableció que los educadores vinculados
antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003 se sujetan al régimen especial previsto
en la Ley 91 de 1989, que remite a las disposiciones de la Ley 33 de 1985 y, en
ciertos supuestos, también a la Ley 71 de 1988.
39. En ese orden debe destacarse que, contrario a lo señalado por la entidad
demandada, al actor no le son aplicables las disposiciones de las Leyes 100 de 1993
y 797 de 2003, pues, como se relacionó en el cuadro anterior, aquel se vinculó al
16
Se itera, mediante contrato de prestación de servicios
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Demandante: Iber José Castiblanco Dueñas
servicio docente oficial desde el año 1987 de manera discontinua, tiempo que resulta
válido para los efectos pensionales que reclama.
40. De otro lado, se tiene que, conforme a la condición más beneficiosa, lo
relevante para determinar el régimen aplicable no es la permanencia continua en el
cargo al momento de la expedición de la Ley 812 de 2003, ni el tipo de vinculación
que da lugar a la labor docente oficial sino la fecha de la primera vinculación como
docente oficial. En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la
existencia de interrupciones en la prestación del servicio no desvirtúa la posibilidad
de aplicar el régimen especial vigente antes de 2003, en tanto la finalidad de la norma
es proteger las expectativas legítimas de quienes ya habían ingresado al
magisterio.
41. Bajo esta regla, no resulta atendible la conclusión de la entidad en cuanto a
que el tiempo laborado mediante contratos de prestación de servicios no es posible
valorarlo para los efectos pensionales que se reclama, en tanto, no se hicieron los
aportes correspondientes; pues, se itera, que en torno a los aportes esta Corporación
en asuntos de similar naturaleza ha precisado que el hecho de que no se hubieren
realizado los mismos, no imposibilita el reconocimiento pensional17, pues, en este
caso el Fomag debe adelantar las gestiones administrativas necesarias para obtener
los mismos, como así se ha ordenado de manera reiterada. A ello se suma que, para
efectos de la pensión objeto de análisis, no se fijó como criterio para su
reconocimiento en la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, la
demostración del pago de tales aportes.
42. En esa línea de consideraciones resulta necesario destacar que, si bien esta
Subsección con anterioridad en asuntos con similitud fáctica había sostenido que los
artículos 4 y 9 de la Ley 797 de 2003 que modificaron los artículos 17 y 33 de la Ley
100 de 1993 establecieron desde 2003 como exigencia para el reconocimiento de la
pensión de jubilación que se demostraran los aportes al sistema pensional,
corresponde precisar que ni antes ni después de esta fecha debe verificarse como
exigencia la realización efectiva de las cotizaciones por parte de docentes
contratistas para poder tener en cuenta los períodos laborados bajo esa modalidad
con fines pensionales18. Ello, sin dejar de lado, como se mencionó que el Fomag
cuenta con mecanismos para recaudar dichos aportes19 por lo que tampoco puede
considerarse que se configure un detrimento patrimonial de la entidad
17
Ver sentencia de 21 de agosto de 2025, expediente 15001-23-33-000-2021-00635-01 (6197-2024), C.P. Jorge Iván Duque
Gutiérrez, en la que se señaló:
“Ahora, en atención al marco normativo y jurisprudencial aplicable, lo primero que debe recordarse es que, contrario a las
afirmaciones del juez de primera instancia, las vinculaciones de un docente bajo la modalidad contractual de OPS no impide
considerar tales interregnos para contabilizarlos a fin de cumplir el requisito del tiempo de servicio, ello incluso al margen de la
efectiva contribución al sistema de seguridad social mientras laboró como contratista, pues este no fue el criterio fijado para tal
fin en la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, sino el de la demostración de algún tiempo de labor oficial educativa
antes de que entrara a regir la ley de aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006.
No obstante, como ya lo ha advertido la Subsección en casos similares 18, si bien los artículos 4 y 9 de la Ley 797 de 2003 que
modificaron los artículos 17 y 33 de la Ley 100 de 1993, establecieron como exigencia para el reconocimiento de la pensión
de jubilación bajo el régimen de prima media que se demostraran los aportes al sistema pensional, en el caso particular, la
referida disposición normativa no resulta aplicable al actor al ser este beneficiario de la Ley 33 de 1985.”
18 Ver sentencia de 5 de marzo de 2026, expediente 15001-23-33-000-2021-00181-01 (2263-2023), C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
19 Tal como se dispone en el artículo 2.2.3.3.3. del Decreto 1833 de 2016
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43. En ese orden, se tiene que el actor cumplió el requisito de 20 años de servicio
el 25 de abril de 201820, y el de 55 años de edad el 10 de abril de 2015, de manera
que el estatus pensional lo alcanzó en la primera fecha, mas no el 23 de noviembre
de 2019, como se dispuso en la sentencia del a quo. No obstante, no es posible
modificar la decisión en tal sentido ni derivar efectos económicos a partir de dicha
data, dado que la entidad demandada ostenta la calidad de apelante único y, de
procederse de esa forma, se lesionaría el principio de la no reformatio in peius, al
imponérsele una carga más gravosa que la fijada en la sentencia de primera
instancia.
44. Ahora bien, aun cuando no es posible modificar la fecha de adquisición del
estatus pensional, en lo que corresponde a la liquidación de la prestación, la Sala
advierte que el a quo dispuso que esta debía efectuarse con el 75% de los factores
salariales devengados durante el año anterior a la consolidación del derecho,
siempre que correspondieran a los previstos en el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985
y sobre los cuales se hubieren efectuado cotizaciones.
45. En el presente asunto se observa que, conforme al certificado salarial que
reposa en el expediente, durante el año anterior al estatus pensional reconocido por
el Tribunal —esto es, entre el 23 de noviembre de 2018 y el 22 de noviembre de
2019— el demandante percibió asignación básica, movilización, bonificación
mensual docente, prima de alimentación, prima de servicios, prima de
vacaciones docentes y prima de navidad. En dicho certificado también aparece
la denominada “bonificación 1566 junio/2014”; sin embargo, advierte la Sala que esta
corresponde al mismo concepto de bonificación mensual docente previsto para estos
servidores públicos, sin que pueda entenderse como un factor autónomo o adicional.
46. No obstante, no todos los emolumentos señalados pueden ser tenidos en
cuenta para efectos de la liquidación pensional. En efecto, la base de liquidación no
comprende la totalidad de lo devengado, sino únicamente los factores previstos en
el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985 y aquellos a los que normas posteriores 21 les
hayan reconocido carácter salarial para efectos pensionales en el régimen docente.
47. Bajo ese entendido, si bien la bonificación mensual docente tiene carácter
salarial en el régimen docente, su inclusión en esta instancia ampliaría la base de
liquidación fijada por el Tribunal y, por ende, podría agravar la situación de la entidad
demandada, quien ostenta la calidad de apelante única. En consecuencia, en
aplicación del principio de no reformatio in peius, la Sala se abstendrá de adicionar
la condena para incluir dicho concepto y mantendrá la orden de liquidación en los
términos dispuestos por el a quo.
20
La diferencia frente a la fecha determinada por el a quo obedece a que en esta instancia se computan los periodos laborados
bajo la modalidad de horas cátedra entre el 1.º de abril de 1987 y el 31 de mayo de 1988, acreditados mediante certificación
No. 2518 del 12 de julio de 2018 anteriormente referenciada.
21
Por ejemplo, en los Decretos 633 y 634 de 2007, 1566 de 2014 y 2354 de 2018.
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48. En cuanto a la prescripción alegada por la entidad demandada, la Sala
advierte que dicho fenómeno no se encuentra configurado. Lo anterior, por cuanto el
actor adquirió el estatus pensional el 23 de noviembre de 2019, la reclamación
administrativa se presentó el 1.º de diciembre de 2020 y la demanda el 13 de abril
de 2021, esto es, dentro del término trienal previsto en los artículos 41 del Decreto
3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969. En consecuencia, se confirmará la
decisión del a quo en cuanto declaró no probada la excepción de prescripción.
49. Frente al argumento de la entidad demandada relacionado con la prohibición
del artículo 128 de la Constitución Política, el mismo no tiene prosperidad, en tanto,
atendiendo a la fecha de vinculación al servicio educativo oficial del actor, esta se
encuentra cobijada por la excepción consagrada en el literal g) del artículo 19 de la
Ley 4ª de 1992 y por consiguiente es beneficiario de la compatibilidad entre la
pensión de jubilación y el salario en los términos del artículo 5.° del Decreto 224 de
1972.
50. En cuanto al cargo de apelación relacionado con la falta de legitimación en la
causa por pasiva del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el
mismo no tiene vocación de prosperidad, dado que, como lo sostuvo el
tribunal, tratándose de la pensión de jubilación docente y de conformidad con la Ley
91 de 1989, las prestaciones sociales del personal docente se encuentran a cargo
de la Nación y su reconocimiento y pago corresponde al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio –FOMAG–, siendo las entidades territoriales, a
través de sus Secretarías de Educación, meras tramitadoras de las solicitudes.
51. Ahora bien, resulta necesario precisar que el Tribunal de primera instancia, no
ordenó que se realizaran las gestiones interadministrativas necesarias para el cobro
de los aportes. En consecuencia, en aplicación de lo previsto en el artículo 5.º,
numeral 5.º, de la Ley 91 de 1989 y en el artículo 11 del Decreto 2709 de 1994, la
Sala adicionará la sentencia, a fin de ordenar al FOMAG que realice las gestiones
administrativas pertinentes para el cobro de los aportes pensionales causados en
virtud de la labor docente oficial ejecutada mediante horas cátedra y contratos de
prestación de servicios, durante el periodo comprendido entre el 1.º de abril de 1987
y el 30 de noviembre de 2003, con el municipio de San Vicente del Caguán, el
municipio de Puerto Rico y el departamento de Caquetá, conforme a los tiempos
relacionados en esta providencia. Tal aspecto no afecta a la entidad apelante única,
sino que, por el contrario, garantiza la sostenibilidad del sistema pensional.
2.5. Conclusión
52. Por lo anterior, se confirmará la decisión del Tribunal Administrativo del
Caquetá, que accedió a las pretensiones del demandante, esto por cuanto logró
acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos para que su derecho pensional
sea analizado bajo lo contemplado en la Ley 33 de 1985, dado que todas las
vinculaciones del demandante se llevaron a cabo en el sector público con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. Y se adicionará en
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cuanto a ordenar al FOMAG que realice las gestiones administrativas necesarias
para el cobro de aportes pensionales.
2.6. Condena en costas
53. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta Corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
54. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.
55. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
56. En consecuencia, teniendo en cuenta que se adiciona la sentencia, no hay
lugar a condenar en costas en esta instancia.
57. Finalmente, no hay lugar a resolver sobre el cargo relacionado con costas en
primera instancia, pues, el tribunal se abstuvo de imponerlas a la parte vencida.
58. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
3. FALLA
PRIMERO. ADICIONAR la sentencia proferida el 13 de agosto de 2025 por el
Tribunal Administrativo del Caquetá, en el siguiente sentido:
“Noveno: Ordenar a la Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio) que proceda a realizar las gestiones
administrativas necesarias para obtener el pago de los aportes de ley, durante
el periodo comprendido entre el 1.º de abril de 1987 y el 30 de noviembre de
2003, los cuales no figuran probados, y que obedecen a la labor docente
oficial ejecutada mediante horas cátedra y contratos de prestación de
servicios.”
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SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada, por las razones
expuestas.
TERCERO: Sin condena en costas por las razones expuestas en la motivación.
CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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