Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2018-00510-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2018-00510-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2018-00510-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
3 de septiembre de 2026
Radicado: 52001-23-33-000-2018-0051-001 (3702-2022)
Demandante: Carlos Humberto Erazo Chamorro
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 52001-23-33-000-2018-0051-001 (3702-2022)
Demandante: Carlos Humberto Erazo Chamorro
Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y Fiduciaria la
Previsora S.A.1
Temas: Pensión de jubilación docente- cómputo de tiempo laborado a
través de contratos de prestación de servicios- Aportes pensionales
Decisión: Adiciona sentencia de primera instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por el Fomag contra la sentencia del 25 de enero de 2022, proferida por el Tribunal de
Administrativo de Nariño, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
Pretensiones de la demanda.
2. El señor Carlos Humberto Erazo Chamorro por intermedio de apoderado y en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 2, solicitó que
se declare la nulidad de la Resolución núm. 0427 del 15 de abril de 2015 que reconoció
una pensión de jubilación de conformidad con la Ley 100 de 1993, pese a que el
régimen aplicable es el previsto en la Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985.
3. Como consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, peticionó: i) la
pensión de jubilación equivale al 75% del salario básico y demás factores devengados
durante el año inmediatamente anterior al estatus pensional, es decir, entre el 23 de
noviembre de 2010 y el 24 de noviembre de 2011; ii) las mesadas pensionales dejadas
de cancelar, incluyendo las primas y los aumentos anuales previstos en la Ley 71 de
1 Actuando como vocera y administradora del Caprecom Liquidado, vinculado al proceso como litisconsorte
necesario en el auto del 21 de febrero de 2020. (Expediente digital – “01CUADERNO.pdf”. Pág. 559 a 563.
2 Expediente digital visible en SAMAI. Gestión en otros despachos. “01CUADERNO.pdf”.
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Demandante: Carlos Humberto Erazo Chamorro
1988 y el ajuste conforme al IPC previsto en el artículo 187 del CPACA, entre otras
condenas.
Hechos.
4. El señor Carlos Humberto Erazo Chamorro a la fecha de presentación de la
demanda se desempeña como docente en el departamento de Nariño afiliado al
Fomag. Además, laboró durante 6.479 días al servicio de Telecom y como docente
contratista en el municipio de Ipiales con anterioridad al 27 de junio de 2003.
5. Por contar con más de 20 años de servicio y 55 de edad, el 12 de marzo de
2014 solicitó al ente departamental la pensión de jubilación. Petición que fue resuelta
en la Resolución núm. 0427 del 15 de abril de 2015 que reconoció la pensión de
acuerdo a lo previsto en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, sin incluir los periodos
laborados desde 1997 a 2002 en el municipio de Ipiales y durante el año 2003 en el
departamento de Nariño.
Fundamentos de derecho y concepto de violación.
6. Invocó como disposiciones vulneradas las siguientes: artículos 1, 2, 3, 4, 6, 13,
25, 29, 53, 58 y 243 de la Constitución Política; 17 de la Ley 6 de 1945; 1 de la Ley 33
de 1985; 15 de la Ley 91 de 1989; 279 de la Ley 100 de 1993; 81 de la Ley 812 de
2003; 1, 2 y literal f del 36 del Decreto 2277 de 1979 y el Acto Legislativo 01 de 2005.
7. Al desarrollar el concepto de violación expuso que, de conformidad con la
normativa antes expuesta los docentes vinculados hasta el 26 de junio de 2003
conservan el régimen pensional establecido en las Leyes 33 y 62 de 1985 y 71 de
1988, pues la única condición para determinar el régimen es la fecha de ingreso al
sector público educativo, siendo posible, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo
de Estado, computar para efectos pensionales los tiempos de servicios prestados en
cumplimiento de órdenes de prestación de servicios.
Contestación de la demanda.
8. La Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (Fomag) no contestó la demanda.
9. La Fiduprevisora S. A.3, como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo
de Remanentes para Caprecom Liquidado, expuso que desde el 27 de enero de 2017
Caprecom EICE finalizó su proceso de liquidación, por lo que no es sujeto de derechos
y obligaciones.
3 Expediente digital – “05ContestacionDemanda.pdf”.
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10. Expuso que Caprecom EICE constituyó el patrimonio autónomo,
exclusivamente destinado a pagar las condenas con la totalidad de la reserva
adecuada constituida dentro del proceso liquidatorio, por lo que no es dable proceder
a efectuar pagos por encima de los valores entregados por el Fideicomitente, mucho
más cuando no existen recursos para el efecto.
Sentencia de primera instancia.
11. El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante sentencia del 25 de enero de
4
2022 , declaró la nulidad parcial del acto demandado y ordenó al Fomag reconocer la
pensión de jubilación de conformidad «con los preceptos contenidos en la Ley 33 de
1985, efectiva (sic) 24 de noviembre de 2013, de acuerdo con lo previsto por las Leyes
33 y 62 de 1985, teniendo en cuenta los periodos laborados como docente bajo la
modalidad de contratos de prestación de servicios». Además, encontró probadas la
falta de legitimación en la causa pasiva de Caprecom y la prescripción de las mesadas
anteriores al 6 de noviembre de 2018; y condenó en costas a la parte vencida5.
12. Está acreditado que mediante el acto demandado se reconoció una pensión por
un monto de $853.071 COP, los cuales le correspondieron en cuotas partes de 35,2
% y 64,8 % al Fomag y Caprecom, respectivamente.
13. El demandante nació el 24 de noviembre de 1956 y cuenta con los siguientes
tiempos laborados:
4 Expediente digital – “14 Sentencia.pdf”.
5 PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de la Resolución No. 0427 de 15 de abril de 2015, de conformidad con
la parte motiva de este fallo.
SEGUNDO: A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO se ordena a la NACIÓN – MINISTERIO DE
EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, reconocer, liquidar y
pagar a favor del señor Carlos Humberto Erazo Chamorro, una pensión de jubilación a partir del 24 de noviembre
de 2013, de acuerdo con lo previsto por las Leyes 33 y 62 de 1985, teniendo en cuenta los periodos laborados
como docente bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios. Para el cálculo del monto pensional, la
entidad demandada tendrá en cuenta en el IBL, únicamente los factores salariales sobre los cuales se hubiere
realizado la respectiva cotización o aportes (Ley 62 de 1985). [...]
En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es la mesada pensional dejada
de percibir por la demandante, por el guarismo que resulta al dividir el índice final de precios al consumidor
certificado por el DANE, vigente a la fecha de ejecutoria de esta providencia, por el índice inicial, vigente para la
fecha en que debió hacerse el pago.
Por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará separadamente mes por mes para cada mesada
comenzando desde la fecha de su causación, teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de
causación de cada uno de ellos.
TERCERO: DECLARAR PROBADA la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por
CAPRECOM, por las razones dadas.
CUARTO: DECLARAR PROBADA la excepción de PRESCRIPCIÓN de la diferencia de las mesadas causadas con
anterioridad al 6 de noviembre de 2018, según lo anotado.
QUINTO: CONDENAR COSTAS a la parte vencida, de acuerdo con lo anotado.
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14. Por lo anterior, consideró que el actor se vinculó como docente desde el 1 de
septiembre de 1997, antes de la entrada en vigor de la Ley 812 del 27 de junio de
2003, por lo que le son aplicables las disposiciones normativas establecidas en la Ley
33 de 1985, modificada por la Ley 62 de 1985. Normas aplicables «únicamente, a lo
atinente a la edad, tiempo de servicios y monto, mientras que el IBL se rige por lo
preceptuado en la Ley 100 de 1993.»
15. Con arreglo a ello, concluyó el demandante cumple los 20 años de servicio y 55
de edad exigidos por la norma, por lo que le asiste derecho a pensionarse conforme a
ella, con inclusión de los tiempos laborados bajo la modalidad de contrato de
prestación de servicios para efectos del reconocimiento pensional. Sin embargo,
ocurrió la prescripción de las mesadas anteriores a la presentación de la demanda, el
6 de noviembre de 2018.
16. Declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de Caprecom con
fundamento en que «no se encuentra en discusión la cuota parte que le correspondió
a dicha entidad por cuenta de los servicios prestados por el demandante en TELECOM
con anterioridad al año 1997, sino únicamente los tiempos de servicios como docente».
17. Finalmente, condenó en costas a la parte demandada con arreglo al artículo 365
del CGP, aplicable por remisión del artículo 188 del CPACA.
Recurso de apelación.
18. La Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (Fomag)6 inconforme con la decisión presentó el recurso de
apelación, peticionó se revoque o modifique la sentencia de primera instancia y, en
consecuencia, se declare que los actos demandados no son nulos y se absuelva de la
6 Expediente digital – “16RecursoApelaciónParteDemandada.pdf”.
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condena en costas. Lo anterior por cuanto, no es la única entidad llamada a conceder
la pensión de jubilación, pues esta debe ser reconocida junto con los demás
empleadores, ya que no cuenta con la totalidad de los aportes.
19. Expuso que los demás empleadores, Caprecom, el municipio de Ipiales y el
departamento de Nariño deben responder por el traslado de los aportes al Fomag o
por el porcentaje que se encuentra en su poder, so pena de afectar la sostenibilidad
financiera del Sistema General de Pensiones.
20. Asimismo, no es procedente la condena en costas, pues no es el único
empleador del docente y no ha actuado de mala fe.
Trámite correspondiente a la segunda instancia.
21. Mediante auto del 14 de septiembre de 20227 se admitió el recurso de apelación,
dentro de la oportunidad legal, las partes y el agente del Ministerio Público guardaron
silencio.
22. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en legal
forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que se
resolverá la apelación, previas las siguientes:
II. CONSIDERACIONES
Competencia.
23. Esta Corporación es competente para resolver los recursos de apelación
interpuestos de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo8.
24. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 328 del Código General
del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo
expuesto por el apelante y, comoquiera que, en este caso, solo una de las partes
presentó recurso de apelación, el análisis se limita a los argumentos del
respectivo recurso.
Problema jurídico.
25. Le corresponde a la Subsección determinar si la pensión de jubilación del
demandante debe ser reconocida por el Fomag junto con los demás empleadores, por
no contar con la totalidad de los aportes. De ser negativo, si las entidades empleadoras
deben responder por el traslado de los aportes al Fondo.
7 Índice 4 en SAMAI.
8 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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26. Y si no procedía la condena en costas en primera instancia, por cuanto la
entidad apelante no obró de mala fe.
27. A fin de dar respuesta a los problemas jurídicos, la Sala abordará los siguientes
temas: I) De los aportes en pensión al Fomag por tiempos laborados en cumplimiento
de contratos de prestación de servicios y los realizados a otras cajas de previsión social
II) Condena en costas y III) Caso concreto.
De los aportes en pensión al Fomag por tiempos laborados en
cumplimiento de contratos de prestación de servicios y los realizados a
otras cajas de previsión social.
28. Precisa la Sala que las prestaciones sociales del personal docente afiliado al
mencionado Fondo, entre ellas las pensiones, a partir de la vigencia de la Ley 91 de
1989 se encuentran a cargo de la Nación y serán pagadas por el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, de conformidad con el numeral 5 del artículo 4
de norma9.
29. Se destaca que, aunque esta Subsección con anterioridad en asuntos similares
sostuvo que los artículos 4 y 9 de la Ley 797 de 2003 que modificaron los artículos 17
y 33 de la Ley 100 de 1993 establecieron desde 2003 como exigencia para el
reconocimiento de la pensión de jubilación que se demostraran los aportes al sistema
pensional, ni antes ni después de esta fecha debe verificarse como exigencia la
realización efectiva de las cotizaciones por parte de docentes contratistas para tener
en cuenta los períodos laborados bajo esa modalidad con fines pensionales10.
30. Pues el hecho de que no se hayan realizado los mismos o estos se destinaran a
otro fondo administrador no es un impedimento para el reconocimiento pensional11, ya
9 Artículo 2º.- De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975, la Nación y las entidades territoriales, según el
caso, asumirán sus obligaciones prestacionales con el personal docente, de la siguiente manera: […]
5.- Las prestaciones sociales del personal nacional y nacionalizado que se causen a partir del momento de la
promulgación de la presente Ley, son de cargo de la Nación y serán pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio; pero las entidades territoriales, la Caja Nacional de Previsión Social, el Fondo Nacional de
Ahorro o las entidades que hicieren sus veces, pagarán al Fondo las sumas que resulten adeudar hasta la fecha
de promulgación de la presente Ley a dicho personal, por concepto de las prestaciones sociales no causadas o no
exigibles.
10 Ver sentencia de 5 de marzo de 2026, expediente 15001-23-33-000-2021-00181-01 (2263-2023), C.P. Jorge
Iván Duque Gutiérrez.
11 Ver sentencia de 21 de agosto de 2025, expediente 15001-23-33-000-2021-00635-01 (6197-2024), C.P. Jorge
Iván Duque Gutiérrez, en la que se señaló:
“Ahora, en atención al marco normativo y jurisprudencial aplicable, lo primero que debe recordarse es que, contrario
a las afirmaciones del juez de primera instancia, las vinculaciones de un docente bajo la modalidad contractual de
OPS no impide considerar tales interregnos para contabilizarlos a fin de cumplir el requisito del tiempo de servicio,
ello incluso al margen de la efectiva contribución al sistema de seguridad social mientras laboró como contratista,
pues este no fue el criterio fijado para tal fin en la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, sino el de la
demostración de algún tiempo de labor oficial educativa antes de que entrara a regir la ley de aprobación del Plan
Nacional de Desarrollo 2003-2006.
No obstante, como ya lo ha advertido la Subsección en casos similares 18, si bien los artículos 4 y 9 de la Ley 797
de 2003 que modificaron los artículos 17 y 33 de la Ley 100 de 1993, establecieron como exigencia para el
reconocimiento de la pensión de jubilación bajo el régimen de prima media que se demostraran los aportes al
sistema pensional, en el caso particular, la referida disposición normativa no resulta aplicable al actor al ser este
beneficiario de la Ley 33 de 1985.”
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que, en este caso, el Fomag debe adelantar las gestiones administrativas necesarias
para efectuar el cobro completo, actualizado y real de las cotizaciones, que por su
naturaleza parafiscal conllevan la obligatoriedad del recaudo y la imprescriptibilidad,
tal como se desprende del artículo 2.2.3.3.3. del Decreto 1833 de 201612 y el numeral
5 del artículo 5 de la Ley 91 de 198913.
31. Y en caso de que la demandante haya efectuado aportes a pensión a otro fondo
diferente, la autoridad accionada gestionará que tales autoridades asuman la
obligación legal de concurrir con el pago de la pensión en la cuota parte que le
corresponda en aplicación directa del artículo 11 del Decreto 2709 de 199414.
Condena en costas.
32. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
33. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso
de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo
188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
12 Artículo 2.2.3.3.3. Acciones de Cobro. Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes
regímenes entablar contra los empleadores las acciones de cobro de las cotizaciones que se encuentren en mora
así como de los intereses de mora a que haya lugar, pudiendo repetir contra los respectivos empleadores por los
costos que haya demandado el trámite pertinente, en los términos señalados en el literal h) del artículo 14 del
Decreto 656 de 1994.
Estas acciones deberán iniciarse de manera extrajudicial a más tardar dentro de los tres meses siguientes a la
fecha en la cual se entró en mora. Lo anterior es aplicable inclusive a las administradoras del régimen de prima
media con prestación definida, las cuales podrán iniciar los correspondientes procesos coactivos para hacer
efectivos sus créditos de conformidad con el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo
y el artículo 112 de la Ley 6a de 1992 y demás normas que los adicionen o reformen.
PARÁGRAFO. En aquellos casos en que sea pertinente, las administradoras deberán informar al Fondo de
Solidaridad Pensional sobre las acciones de cobro que deban adelantarse, con el objeto de que éste, si lo estima
pertinente y por conducto de su representante, tome participación en el correspondiente proceso.
13 Artículo 5º.- El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, tendrá los siguientes objetivos: […]
5.- Velar para que todas las entidades deudoras del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, cumplan
oportunamente con el pago de sus obligaciones.
14 Artículo 11. Cuotas partes. Todas las entidades de previsión social a las que un empleado haya efectuado
aportes para obtener esta pensión, tienen la obligación de contribuirle a la entidad de previsión pagadora de la
pensión con la cuota parte correspondiente.
Para el efecto de las cuotas partes a cargo de las demás entidades de previsión, la entidad pagadora notificará el
proyecto de liquidación de la pensión a los organismos concurrentes en el pago de la pensión, quienes dispondrán
del término de quince (15) días hábiles para aceptarla u objetarla, vencido el cual, si no se ha recibido respuesta,
se entenderá aceptada y se procederá a expedir la resolución definitiva de reconocimiento de la pensión.
La cuota parte a cargo de cada entidad de previsión será el valor de la pensión por el tiempo aportado a esta
entidad, dividido por el tiempo total de aportación.
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34. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
Caso concreto.
35. Expone el Fomag que, al no contar con las cotizaciones correspondientes a la
totalidad del tiempo laborado, no es la única entidad responsable de la pensión de
jubilación del docente, sino que esta debe ser reconocida junto con los demás
empleadores - Caprecom, el municipio de Ipiales y el departamento de Nariño -, los
cuales deben realizar el traslado de los aportes con destino al Fondo.
36. Encontró el tribunal acreditado que, en el acto demandado, Resolución núm.
0427 del 15 de abril de 2015, el departamento de Nariño en nombre y representación
de la Nación concedió al actor una pensión de jubilación a cuota parte con Caprecom,
sin incluir los tiempos laborados bajo la modalidad de contrato de prestación de
servicios en el municipio de Ipiales y el departamento de Nariño, que sí son
computables para efectos pensionales. Por lo anterior, declaró la nulidad parcial del
acto y ordenó el reconocimiento pensional con su inclusión. Aspectos que no son
objeto de recurso.
37. Ahora bien, contrario al dicho del apelante, dado que el señor Carlos Humberto
Erazo Chamorro fue afiliado al Fomag15, última entidad de previsión a la cual realizó
aportes es esta la llamada a reconocer y pagar su pensión de jubilación.
38. No obstante, como la pensión se causa con ocasión a la totalidad del tiempo
laborado en Telecom, el municipio de Ipiales y el departamento de Nariño, sin que se
advierta la provisión de estos al Fondo, acorde con la normativa transcrita en el acápite
anterior, el Fomag deberá adelantar las gestiones administrativas necesarias para
perseguir la cancelación de las cotizaciones que financian la prestación pensional, sin
que ello se obstáculo para el reconocimiento del derecho.
39. Sin embargo, dado que el tribunal no impartió órdenes en dichos términos, de
conformidad con el artículo 287 del CGP que impone al fallador de segunda instancia
complementar la sentencia de inferior, deviene adicionar el fallo de primera instancia
en el sentido de disponer al Fomag realizar las gestiones interadministrativas
necesarias para obtener el pago del monto actualizado y total de la cotización a las
entidades empleadoras – municipio de Ipiales y departamento de Nariño – por los
lapsos en los que el señor Erazo Chamorro ejerció como docente contratista, pues
estos periodos se consideran en el reconocimiento de la pensión.
15 De conformidad con lo encontrado probado por el tribunal, aspecto que no fue objeto de apelación.
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40. Además, en caso de que la demandante haya efectuado aportes a pensión a
otro fondo diferente al Fomag, entre ellos Caprecom, la autoridad accionada
gestionará que tales autoridades asuman la obligación legal de concurrir con el pago
de la pensión en la cuota parte que le corresponda.
41. Finalmente, de acuerdo con la postura actual de la Subsección16 procede la
condena en costas cuando en el proceso existe una parte vencida, y sobre su
imposición no incide la buena o mala fe de las partes, por lo que no hay lugar a revocar
las mismas.
42. Por lo anterior, la Sala adicionará la sentencia del 25 de enero de 2022, proferida
por el Tribunal de Administrativo de Nariño, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda en el sentido antes explicado y confirmará en todo lo
demás.
Condena en costas.
43. No se impondrán costas en esta instancia, por cuanto no existe una parte
vencida ya que los reparos del recurso prosperaron parcialmente.
44. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Adicionar la sentencia del 25 de enero de 2022, proferida por el Tribunal
de Administrativo de Nariño, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda en el sentido de que la Nación – Ministerio de Educación – Fomag deberá
realizar las gestiones interadministrativas necesarias para obtener el pago del monto
actualizado y total de la cotización sobre dichos conceptos por parte del municipio de
Ipiales y del departamento de Nariño por los lapsos en los que el señor Erazo
Chamorro ejerció como docente contratista, pues estos periodos se consideran en el
reconocimiento de la pensión.
De igual forma, en aplicación de lo previsto en el artículo 5, numeral 5, de la Ley 91 de
1989 y en el artículo 11 del Decreto 2709 de 1994, se dispondrá que el Fomag realice
las gestiones administrativas pertinentes para realizar el cobro de las cuotas partes
que correspondan por todos los aportes que otras entidades de previsión, entre ellos
Caprecom, hubieren recibido a nombre del accionante.
16 Acogida en Sala del 28 de agosto de 2025, para ello, ver núm. Internos: 1160-2025, 1296-2023, entre otros.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 52001-23-33-000-2018-0051-001 (3702-2022)
Demandante: Carlos Humberto Erazo Chamorro
Dicho trámite tiene como finalidad garantizar la financiación de la pensión de jubilación
y no afectará en ningún caso el pago de la mesada correspondiente.
SEGUNDO. Confirmar en todo lo demás la providencia apelada.
TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia.
CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior decisión fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
consejero de Estado
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.
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