Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-00284-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-00284-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2021-00284-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
27 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001 23 33 000 2021 00284 01 (1693-2024)
Demandante: Absalón Yela González
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
Tema: Pensión jubilación docentes. Aplica Ley 33 de 1985 porque la
vinculación al servicio educativo fue anterior a la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003.
Decisión: Revocar la sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por
la parte demandante contra la sentencia del 31 de mayo de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la
demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1. Pretensiones de la demanda
2. Se pretende la nulidad de las Resoluciones 01682 del 06 de junio de 2019
y 02743 del 27 de agosto de 2019, por medio de las cuales el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio negó una pensión. A título de restablecimiento
del derecho solicitó el reconocimiento y pago de dicha prestación con fundamento
en las Leyes 33 de 1985, 91 de 1989 y normas concordantes, tomando como base
de liquidación el último salario devengado y aplicando una tasa de reemplazo del
75% sobre los factores salariales correspondientes. De manera subsidiaria, la
indexación de las diferencias salariales y el reconocimiento de intereses legales y
moratorios.
1.2. Hechos que fundamentan la demanda
3. El señor Absalón Yela González manifestó que fue nombrado en propiedad
mediante Decreto 006 del 1.º de enero de 1996, como docente oficial en la Escuela
Nuestra Señora de Fátima No. 032, ubicada en el corregimiento de El Carmen,
municipio de Dagua, Valle del Cauca; posteriormente, con ocasión de la
nacionalización de la educación, fue incorporado a la planta departamental mediante
Decreto 0244 del 12 de febrero de 2004 y tomó posesión el 29 de marzo de ese
mismo año.
1
Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo – SAMAI.
Radicado: 76001 23 33 000 2021 00284 01 (1693-2024)
Demandante: Absalón Yela González
4. Señaló que el 26 de abril de 2018 deprecó el reconocimiento de la pensión, al
considerar que cumplía los requisitos exigidos, petición que fue negada mediante los
actos administrativos demandados.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación
5. Señaló como vulnerados los artículos 1.º, 2.º, 6.º, 25, 53 y 90 de la
Constitución Política; las Leyes 91 de 1981, 115 de 1994, 33 de 1985 y 812 de 2003;
y el Decreto 3135 de 1968.
6. En resumen, explicó que cumplía los requisitos de 55 años de edad y 20 años
de servicio previstos en la Ley 33 de 1985 para acceder a la pensión de jubilación y
que, conforme al artículo 81 de la Ley 812 de 2003, debía respetarse el régimen
pensional de los docentes vinculados con anterioridad a su entrada en vigencia.
Agregó que la entidad desconoció su vinculación como docente municipal desde el
1.º de enero de 1996, al tomar como fecha de ingreso al servicio oficial la
incorporación a la planta departamental efectuada en el año 2004.
1.4. Contestación de la demanda2
7. El Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio se opuso a las pretensiones de la demanda alegando que
el actor no tiene derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación prevista en la
Ley 33 de 1985, por cuanto su vinculación al FOMAG se produjo con posterioridad
al 27 de junio de 2003, esto es, durante la vigencia de la Ley 812 de 2003; por lo
que, estimó aplicable el régimen previsto en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003,
cuyos requisitos de edad y tiempo de cotización afirmó que no se encontraban
acreditados.
8. Propuso como excepciones: i) legalidad de los actos administrativos
demandados; ii) inexistencia de la obligación; iii) caducidad; iv) prescripción; y v)
excepción genérica.
1.5. Sentencia de primera instancia3
9. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 31 de
mayo de 2023, negó las pretensiones de la demanda; consideró que al actor no le
asistía el derecho a la aplicación de los regímenes pensionales previstos en las
Leyes 33 de 1985 y 71 de 1988 y que, por tanto, su situación debía analizarse
conforme a las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.
10. Para ello, señaló que al 1.º de abril de 1994 el demandante tenía 31 años de
edad y que acreditaba aportes a pensión a partir de abril de 1996, efectuados por el
municipio de Dagua, Valle, razón por la cual estimó improcedente el reconocimiento
pensional en los términos de la Ley 71 de 1988 y el Decreto 2709 de 1994. Asimismo,
2
Visible en el archivo 9_CONTESTACIONDEDEMANDA_76001233300020210028.ZIP del expediente digital de primera
instancia que reposa en el aplicativo SAMAI.
3
Visible en el archivo 15_SENTENCIAQUENIEGALASPRETENSIONES.pdf del expediente digital que reposa en el aplicativo
SAMAI.
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Demandante: Absalón Yela González
consideró que no reunía los requisitos previstos en las Leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, pues al momento de la reclamación administrativa no contaba con 62 años de
edad ni acumulaba 1.300 semanas de cotización.
1.6. Recurso de apelación4
11. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia;
sostuvo que se vinculó al servicio docente oficial desde el 1.º de enero de 1996,
mediante nombramiento en propiedad efectuado por el municipio de Dagua a través
del Decreto 006 de esa fecha, y que tomó posesión del cargo el mismo día. Agregó
que se encontraba inscrito en el escalafón nacional docente mediante Resolución
35580 del 9 de octubre de 1995.
12. Señaló que, por haberse vinculado al servicio público educativo con
anterioridad al 27 de junio de 2003, le resulta aplicable el régimen pensional anterior
previsto en las Leyes 91 de 1989, 33 de 1985, 62 de 1985 y 71 de 1988, de
conformidad con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003. Trajo a colación
jurisprudencias con las que afirma sustenta que lo determinante es la fecha de
vinculación al servicio docente.
13. Agregó que la falta de afiliación al FOMAG desde el momento de su
nombramiento obedeció a circunstancias atribuibles al municipio de Dagua y que ello
no podía impedir que se tuviera en cuenta el tiempo laborado desde 1996 para
efectos pensionales. En consecuencia, reiteró que tenía derecho al reconocimiento
de la pensión bajo el régimen de la Ley 33 de 1985, al considerar cumplidos los
requisitos de 55 años de edad y 20 años de servicio.
14. De otra parte, cuestionó que la providencia apelada hubiera señalado que el
Tribunal conocía del asunto en segunda instancia, pues sostuvo que no existía
sentencia de primera instancia y que el proceso había sido remitido por el Juzgado
Once Administrativo de Cali por competencia.
1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia
15. Mediante auto de 6 de mayo de 2024, se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandante.
16. Posteriormente, a través de auto para mejor proveer de fecha 7 de mayo de
2026, se requirió a las secretarías de Educación del Valle del Cauca y del municipio
de Dagua para que remitieran los actos relativos a la vinculación docente y
certificaran sus tiempos de servicio, con el propósito de esclarecer el tiempo y la
naturaleza de la vinculación.
17. En esta oportunidad el Ministerio Público solicitó confirmar la sentencia de
primera instancia. Consideró que, aunque el señor Yela González se vinculó al
servicio docente oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003, al pretender acumular tiempos públicos y privados debía verificarse la
4
Visible en el archivo 016_MemorialWeb_Otro.pdf del expediente digital que reposa en el aplicativo SAMAI.
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aplicación de la Ley 71 de 1988 y el régimen de transición previsto en el artículo 36
de la Ley 100 de 1993, cuyos requisitos estimó que no acreditaba.
18. Por su parte, el demandante y la entidad demandada guardaron silencio.
19. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y sin que
observe la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
20. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo5. Así, al tenor de lo dispuesto en
el artículo 328 del Código General del Proceso6, la competencia del juez de segunda
instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que, en el
caso de la referencia, únicamente la parte demandante presentó recurso de alzada,
el análisis se encuentra limitado a lo allí plasmado.
2.2 Problema jurídico
21. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si el señor Absalón Yela
González tiene derecho a que se le aplique el régimen pensional establecido en la
Ley 33 de 1985, por haberse vinculado al servicio docente oficial con anterioridad a
la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y si cumple con las exigencias para
obtener el reconocimiento pensional.
2.3. Normativa y jurisprudencia aplicable al caso
2.3.1 Del derecho pensional de los docentes
22. La Ley 812 de 20037 en torno al sector de educación nacional, definió el
régimen prestacional de los docentes, distinguiendo entre quienes se vincularon
antes de la entrada en vigencia de dicha ley, y quienes lo hicieron con posterioridad
a esta. Se destaca:
“ARTÍCULO 81. RÉGIMEN PRESTACIONAL DE LOS DOCENTES OFICIALES. El régimen
prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren
vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las
disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.
Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán afiliados
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales
del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con
los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años
para hombres y mujeres. (…)”
5
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
6
«Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos
por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»
7 mediante la cual se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario
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23. Dicho régimen anterior no es otro que el contemplado en la Ley 33 de 1985,
que en su artículo 1° dispone el reconocimiento de una pensión de jubilación al
empleado oficial que sirva o haya servido 20 años continuos o discontinuos y que
acredite 55 años de edad8; siendo modificada posteriormente por la Ley 62 de 1985,
en la que se enlistan los factores a tener en cuenta para efectos de liquidación de la
mentada prestación, a saber: asignación básica, gastos de representación;
primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y
feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo
suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso
obligatorio.
24. De manera que, existía un régimen prestacional para los empleados públicos,
y otro para los trabajadores del sector privado. Así entonces, respecto de quienes no
alcanzaban a completar los requisitos exigidos en uno u otro régimen, surge la Ley
71 de 1988, por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras
disposiciones, y que en el artículo 7° dispuso los requisitos para acceder a una
pensión a partir de la suma de los períodos cotizados y laborados tanto en el sector
público como en el privado.9
25. Ahora bien, en la sentencia de unificación de 25 de abril de 2019 (SUJ-014-
CE-S2-2019), expedida por la Sección Segunda del Consejo de Estado 10, se fijaron
las reglas respecto a la forma de liquidación de la pensión de jubilación a los
docentes, teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley 91 de 1989. Y a su vez se
analizaron los diferentes regímenes aplicables a dicho sector atendiendo a la fecha
de ingreso al servicio docente, ello en consonancia con lo dispuesto en el artículo 81
de la Ley 812 de 2003, entre estos, la Ley 33 de 1985.
26. Por tratarse de una sentencia de unificación, las reglas fijadas en ésta tienen
valor vinculante y son de obligatorio cumplimiento en todos los casos pendientes de
solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones
ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del
principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.
27. De manera que, del fallo de unificación referenciado, se advierte que para
efectos del régimen pensional del docente, resulta relevante establecer la fecha de
su primera vinculación al magisterio, pues, en concordancia con el artículo 81 de la
Ley 812 de 2003 i) los educadores que estuvieren vinculados al servicio oficial les
será aplicable el régimen dispuesto para el Magisterio en las disposiciones vigentes
con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley, a saber, el 27 de junio de
8 Debiendo la respectiva Caja de Previsión pagar una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al
setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año
de servicio.
9 En reiteradas providencia esta Sala ha señalado que la pensión por aportes resulta aplicable a los
docentes que acrediten una vinculación anterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
aspecto que dado los contornos fácticos del caso, no amerita profundización en esta oportunidad.
10 Expediente 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-17)
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2003; normativa que no sería otra que la referida en el artículo 15 de la Ley 91 de
198911 , esto es, la Ley 33 de 1985 y la Ley 71 de 1988. Y ii) los docentes oficiales
que ingresen a partir de la vigencia de la ley mencionada, les resultaría aplicable el
régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, con los requisitos previstos en el, con excepción de la edad de pensión de
vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.
28. Aunque se establecieron esos dos escenarios para la aplicación de las
normas que rigen el reconocimiento pensional de los docentes de acuerdo con su
fecha de vinculación; la Sección Segunda no hizo ningún tipo de diferenciación frente
al tipo de vinculación, ya sea en propiedad o provisionalidad, para catalogar los
tiempos de servicios, ni tampoco se indicó que perderían los derechos a la aplicación
de la Ley 33 de 1985 en caso de presentarse el fenómeno de la solución de
continuidad establecido en el Decreto 3135 de 1968.
29. En punto a lo relacionado con los factores de liquidación, la Sala estima que
hay que tener en cuenta además de lo dispuesto en la Ley 62 de 1985, los factores
que en disposiciones posteriores se les haya dado carácter salarial, como por
ejemplo la bonificación mensual de docentes y directivos docentes (Decreto 1566 de
2014) y la bonificación pedagógica (Decreto 2354 de 2018); no siendo posible
extenderse a incluir la totalidad de factores sobre los que hubiere cotizado en el año
anterior a la adquisición del estatus, pues, ello podría tener como consecuencia la
existencia de distintos regímenes al interior del servicio docente, que conllevaría a la
vulneración de derechos como el de igualdad, y desconocería lo dispuesto en la
sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, con la cual se abandonó el criterio
jurisprudencial de la sentencia del 4 de agosto de 2010, que avalaba dicha
liquidación con todos los emolumentos percibidos, al margen de si estaba o no
contenidos en las disposiciones de liquidación pensional.
2.4 Caso concreto
30. Da cuenta el material probatorio que el actor, el 26 de abril de 2018, presentó
solicitud para el reconocimiento de una pensión de jubilación. Si bien no obra en el
expediente el escrito de reclamación inicial, se encuentra acreditada su radicación y,
además, en el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 01682 del 6 de
junio de 2019, el señor Absalón Yela González controvirtió expresamente la
aplicación de la Ley 100 de 1993, al sostener que su vinculación al servicio docente
oficial databa del año 1996 y que, por tanto, debía aplicársele el régimen pensional
anterior a la Ley 812 de 2003. Dicho planteamiento fue estudiado al resolverse el
recurso mediante la Resolución 02743 del 27 de agosto de 2019, en la que la
administración confirmó la negativa, al considerar que su vinculación al FOMAG se
produjo el 29 de marzo de 2004 y que, en consecuencia, le resultaba aplicable la Ley
100 de 1993, cuyos requisitos de 57 años de edad y 1.300 semanas de cotización
estimó que no acreditaba.
11 Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
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31. En atención a lo expuesto en el acápite del marco normativo y jurisprudencial,
es necesario establecer las disposiciones que regulan la situación del demandante,
atendiendo a su fecha de ingreso al servicio docente oficial. Pues bien, la Sala desde
ya anuncia que existe prueba en el plenario de que el señor Yela González prestó
servicios como docente oficial antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
lo que permite la aplicación de la Ley 91 de 1989, que remite al régimen anterior en
materia pensional contemplado en la Ley 33 de 1985.
32. Observa la Sala que, en respuesta al auto para mejor proveer, el municipio de
Dagua allegó certificación de los tiempos de servicio del señor Absalón Yela
González, en la que se hizo constar que prestó servicios como docente municipal
mediante contratos de prestación de servicios en distintos períodos comprendidos
entre los años 1992 y 1995 y que, posteriormente, fue nombrado en propiedad
mediante Decreto 006 del 1.º de enero de 1996, de manera que, contrario a lo
considerado por la administración y por el a quo, la vinculación del demandante al
servicio docente oficial es anterior al 27 de junio de 2003.
33. Aclarado lo anterior, el material probatorio evidencia que el actor nació el 25
de marzo de 1963, y laboró como docente durante los periodos y las modalidades
que se detallan a continuación:
Desde Hasta Modalidad12 Tiempo
Contrato administrativo de prestación
7 de 20 de
de servicios docentes – Escuela 3 meses y 14
septiembre diciembre de
Nuestra Señora de Fátima, La días
de 1992 1992
Clorinda13
Contrato administrativo de prestación
18 de enero 30 de junio de de servicios docentes– Escuela 5 meses y 13
de 1993 1993 Nuestra Señora de Fátima, La días
Clorinda14
Contrato administrativo de prestación
1.º de 17 de
de servicios docentes – Escuela 3 meses y 17
septiembre diciembre de
Nuestra Señora de Fátima, La días
de 1993 1993
Clorinda15
Contrato administrativo de prestación
16 de enero 30 de junio de de servicios docentes – Escuela 5 meses y 15
de 1994 1994 Nuestra Señora de Fátima, La días
Clorinda16
Contrato administrativo de prestación
5 de
5 de diciembre de servicios docentes – Escuela 3 meses y 1
septiembre
de 1994 Nuestra Señora de Fátima, La día
de 1994
Clorinda17
12 Los contratos administrativos de prestación de servicios docentes relacionados fueron celebrados por el señor
Absalón Yela González con el Municipio de Dagua, representado en cada caso por el respectivo alcalde
municipal
13Visible en las págs. 4 a 6 del archivo 021_MemorialWeb_Respuesta-RESPUESTAALREQUERI
14págs. 7 a 9 del archivo 021_MemorialWeb_Respuesta-RESPUESTAALREQUERI
15págs. 10 a 12 del archivo 021_MemorialWeb_Respuesta-RESPUESTAALREQUERI
16págs. 13 a 15 del archivo 021_MemorialWeb_Respuesta-RESPUESTAALREQUERI
17págs. 16 a 18 del archivo 021_MemorialWeb_Respuesta-RESPUESTAALREQUERI. Para el cómputo se tuvo
en cuenta el tiempo certificado en el Certificado de Tiempo de Servicio Departamental n.º 587, esto es, hasta el
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Demandante: Absalón Yela González
Desde Hasta Modalidad12 Tiempo
Contrato administrativo de prestación
2 de enero 1.º de abril de de servicios docentes – Escuela
3 meses
de 1995 1995 Nuestra Señora de Fátima, La
Clorinda18
Contrato administrativo de prestación
21 de
22 de agosto de servicios docentes – Escuela
noviembre de 3 meses
de 1995 Nuestra Señora de Fátima, La
1995
Clorinda19
Contrato administrativo de prestación
23 de 29 de
de servicios docentes – Escuela 1 mes y 7
noviembre de diciembre de
Nuestra Señora de Fátima, La días
1995 1995
Clorinda20
Nombramiento en propiedad –
8 años, 2
1.º de enero 28 de marzo Decreto 006 del 1.º de enero de
meses y 28
de 1996 de 2004 1996; Escuela Nuestra Señora de
días
Fátima21
Incorporación / vinculación
departamental en propiedad –
29 de marzo 4 de mayo de 11 años, 1
Decreto 244 del 12 de febrero de
de 2004 2015 mes y 6 días
2004; I.E. Santa Teresita del Niño
Jesús22
21 años, 8
Total tiempo de servicio docente meses y 11
días
34. Importante destacar que, para efectos del reconocimiento pensional que se
reclama, no tiene incidencia alguna el hecho de que la labor docente se haya
ejecutado en virtud de contratos de prestación de servicios, pues, tal como lo ha
dispuesto esta corporación en la sentencia de unificación CESUJ2-5 del 25 de
agosto de 2016, la actividad educativa desarrollada mediante dichos contratos no
difiere de la adelantada en virtud de una designación legal y reglamentaria, e incluso
en materia de docentes en esa oportunidad se señaló que es viable presumir la
existencia de un vínculo laboral, y tener en cuenta dicho tiempo servido, entre otros,
para efectos pensionales.
35. Así mismo, aun cuando en este asunto no hay lugar a establecer la existencia
de una verdadera relación laboral respecto al tiempo prestado como docente en
establecimientos oficiales mediante contrato de prestación de servicios, en tanto no
hace parte de la controversia, nada impide valorar dichos períodos para efectos de
5 de diciembre de 1994, equivalente a 3 meses y 1 día, pese a que la copia del contrato refiere una duración de
105 días y contiene una anotación manuscrita hasta el 19 de diciembre de 1994.
18págs. 19 a 21 del archivo 021_MemorialWeb_Respuesta-RESPUESTAALREQUERI
19págs. 22 a 24 del archivo 021_MemorialWeb_Respuesta-RESPUESTAALREQUERI
20págs. 25 a 27 del archivo 021_MemorialWeb_Respuesta-RESPUESTAALREQUERI
21pág. 28 del archivo 021_MemorialWeb_Respuesta-RESPUESTAALREQUERI. El Certificado de tiempo de
servicio departamental n.º 1124 registra el periodo del 1.º de enero de 1996 al 28 de marzo de 2004, por 8 años,
2 meses y 28 días.
22 Decreto aclaratorio del Decreto 0244 del 12 de febrero de 2004, en el que consta la incorporación del
demandante, y acta de posesión del 29 de marzo de 2004, visibles en las págs. 44 y 46 del archivo
025RECIBEMEMORIAL_CORREO_EXPEDIENTEADTIVOABSA. del expediente digital. A su vez, en la pág. 186
del mismo índice obra la resolución de ascenso al grado 12 del Escalafón Nacional Docente, en la que se acreditó
tiempo de servicio hasta el 4 de mayo de 2015.
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Demandante: Absalón Yela González
la prestación que se reclama, máxime que el tipo de vinculación23 no le resta valor al
hecho probado de que se ejecutó la actividad docente oficial.
36. Ahora, de conformidad con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y el parágrafo
transitorio 1° del artículo 48 de la Constitución Política, los maestros que ingresaron
a la docencia oficial antes del 27 de junio de 2003 se rigen por las disposiciones
vigentes con anterioridad a esa fecha, mientras que quienes lo hicieron después
quedan sujetos al régimen de prima media regulado en las Leyes 100 de 1993 y 797
de 2003, con la particularidad de que la edad de jubilación se fija en 57 años tanto
para hombres como para mujeres.
37. Sobre este aspecto, la sentencia de unificación del Consejo de Estado (SUJ-
014-CE-S2-19 de 25 de abril de 2019) estableció que los educadores vinculados
antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003 se sujetan al régimen especial previsto
en la Ley 91 de 1989, que remite a las disposiciones de la Ley 33 de 1985 y, en
ciertos supuestos, también a la Ley 71 de 1988.
38. En ese orden, debe destacarse que, contrario a lo señalado por el a quo, al
actor no le son aplicables las disposiciones de las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003,
pues, como se relacionó en el cuadro anterior, aquel se vinculó al servicio docente
oficial desde el año 1992 de manera discontinua, tiempo que resulta válido para los
efectos pensionales que reclama.
39. De otro lado, se tiene que, conforme a la condición más beneficiosa, lo
relevante para determinar el régimen aplicable no es la permanencia continua en el
cargo al momento de la expedición de la Ley 812 de 2003, ni el tipo de vinculación
que da lugar a la labor docente oficial sino la fecha de la primera vinculación como
docente oficial. En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la
existencia de interrupciones en la prestación del servicio no desvirtúa la posibilidad
de aplicar el régimen especial vigente antes de 2003, en tanto la finalidad de la norma
es proteger las expectativas legítimas de quienes ya habían ingresado al
magisterio.
40. Bajo esta regla, la ausencia de aportes correspondientes a los períodos
laborados mediante contratos de prestación de servicios no impide su valoración
para efectos pensionales; pues, se itera, que en torno a los aportes esta Corporación
en asuntos de similar naturaleza ha precisado que el hecho de que no se hubieren
realizado los mismos, no imposibilita el reconocimiento pensional24, pues, en este
23 Se itera, mediante contrato de prestación de servicios
24 Ver sentencia de 21 de agosto de 2025, expediente 15001-23-33-000-2021-00635-01 (6197-2024), C.P. Jorge
Iván Duque Gutiérrez, en la que se señaló:
“Ahora, en atención al marco normativo y jurisprudencial aplicable, lo primero que debe recordarse es que,
contrario a las afirmaciones del juez de primera instancia, las vinculaciones de un docente bajo la modalidad
contractual de OPS no impide considerar tales interregnos para contabilizarlos a fin de cumplir el requisito del
tiempo de servicio, ello incluso al margen de la efectiva contribución al sistema de seguridad social mientras
laboró como contratista, pues este no fue el criterio fijado para tal fin en la sentencia de unificación del 25 de abril
de 2019, sino el de la demostración de algún tiempo de labor oficial educativa antes de que entrara a regir la ley
de aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006.
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caso el Fomag debe adelantar las gestiones administrativas necesarias para obtener
los mismos, como así se ha ordenado de manera reiterada. A ello se suma que, para
efectos de la pensión objeto de análisis, no se fijó como criterio para su
reconocimiento en la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, la
demostración del pago de tales aportes.
41. En esa línea de consideraciones resulta necesario destacar que, si bien esta
Subsección con anterioridad en asuntos con similitud fáctica había sostenido que los
artículos 4 y 9 de la Ley 797 de 2003 que modificaron los artículos 17 y 33 de la Ley
100 de 1993 establecieron desde 2003 como exigencia para el reconocimiento de la
pensión de jubilación que se demostraran los aportes al sistema pensional,
corresponde precisar que ni antes ni después de esta fecha debe verificarse como
exigencia la realización efectiva de las cotizaciones por parte de docentes
contratistas para poder tener en cuenta los períodos laborados bajo esa modalidad
con fines pensionales25. Ello, sin dejar de lado, como se mencionó que el Fomag
cuenta con mecanismos para recaudar dichos aportes26 por lo que tampoco puede
considerarse que se configure un detrimento patrimonial de la entidad.
42. Así las cosas, existiendo claridad de que al actor le aplica la Ley 33 de 1985,
corresponde entonces verificar si aquel cumple con dichas exigencias para obtener
la pensión de jubilación.
43. En ese orden, se tiene que el señor Yela González completó el requisito de
20 años de servicio el 23 de agosto de 2013, mientras que cumplió los 55 años de
edad el 25 de marzo de 2018, de manera que el estatus pensional lo alcanzó en
esta última fecha. En efecto, el material probatorio da cuenta de que nació el 25 de
marzo de 1963, y el cómputo de los tiempos relacionados en el cuadro anterior
evidencia que para entonces ya había superado los 20 años de servicios docentes.
44. Así las cosas, hay lugar a revocar la sentencia de primera instancia que negó
las pretensiones, pues, como se mencionó a aquél le resulta aplicable la Ley 33 de
1985 y cumple con las exigencias previstas en dicha normativa. En consecuencia,
se declarará la nulidad de las Resoluciones 01682 del 6 de junio de 2019 y 02743
del 27 de agosto de 2019.
45. A título de restablecimiento del derecho, se ordenará a la Nación – Ministerio
de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –
FOMAG– reconocer y pagar al demandante una pensión de jubilación con
fundamento en la Ley 33 de 1985, a partir del 25 de marzo de 2018, fecha en la que
consolidó el estatus pensional, en cuantía equivalente al 75% del promedio de los
No obstante, como ya lo ha advertido la Subsección en casos similares 18, si bien los artículos 4 y 9 de la Ley 797
de 2003 que modificaron los artículos 17 y 33 de la Ley 100 de 1993, establecieron como exigencia para el
reconocimiento de la pensión de jubilación bajo el régimen de prima media que se demostraran los aportes al
sistema pensional, en el caso particular, la referida disposición normativa no resulta aplicable al actor al ser este
beneficiario de la Ley 33 de 1985.”
25 Ver sentencia de 5 de marzo de 2026, expediente 15001-23-33-000-2021-00181-01 (2263-2023), C.P. Jorge
Iván Duque Gutiérrez.
26 Tal como se dispone en el artículo 2.2.3.3.3. del Decreto 1833 de 2016
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factores salariales legalmente computables devengados durante el año anterior a la
adquisición del estatus.
46. Para efectos de la respectiva liquidación, esta deberá sujetarse
exclusivamente a los factores enlistados en el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985 y a
aquellos a los que normas posteriores27 hayan reconocido carácter salarial para
efectos pensionales en el sector docente, siempre que hubiesen sido percibidos por
el demandante durante el año anterior a la consolidación del estatus pensional, esto
es, entre el 25 de marzo de 2017 y el 24 de marzo de 2018.
47. En cuanto al fenómeno de la prescripción, se tiene que no hay lugar a declarar
probada dicha excepción, en tanto el actor adquirió el estatus pensional el 25 de
marzo de 2018, presentó reclamación administrativa el 26 de abril de 2018 y la
demanda se radicó el 3 de julio de 2020, esto es, dentro del término de 3 años al
que hacen referencia los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969.
48. De otra parte, en relación con la prohibición prevista en el artículo 128 de la
Constitución Política, se advierte que, atendiendo a la fecha de vinculación del
demandante al servicio educativo oficial, su situación se encuentra cobijada por la
excepción consagrada en el literal g) del artículo 19 de la Ley 4.ª de 1992. En
consecuencia, la pensión de jubilación que aquí se reconoce es compatible con el
salario percibido por el ejercicio de la actividad docente, en los términos del artículo
5.º del Decreto 224 de 1972.
49. Así entonces, respecto de los períodos laborados mediante contratos de
prestación de servicios, de manera discontinua entre los años 1992 y 1995,
celebrados con el municipio de Dagua, se ordenará al FOMAG que adelante las
gestiones administrativas pertinentes para obtener el pago de los aportes
pensionales causados con ocasión de la labor docente oficial desarrollada por el
demandante durante los períodos relacionados en esta providencia, sin que la
ausencia de tales cotizaciones constituya una condición para el reconocimiento de
la prestación.
50. Las sumas de dinero que resulten de la condena anterior se ajustarán al valor
presente de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por el
Consejo de Estado, según la cual:
R= RH Índice Final
Índice inicial
51. En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico
(RH), que corresponde a lo dejado de percibir por la parte demandante por concepto
de mesadas pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de
precios al consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia,
27 Por ejemplo, en los Decretos 633 y 634 de 2007, 1566 de 2014 y 2354 de 2018.
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por el índice inicial vigente a la fecha en que la parte actora obtuvo el estatus
pensional. Por tratarse de prestaciones de tracto sucesivo, la indexación deberá
hacerse mes por mes.
52. Finalmente, respecto a la pretensión de pago de intereses moratorios que se
causen a partir de la ejecutoria de esta sentencia, la Sala no advierte la necesidad
de impartir orden en tal sentido, en tanto dichos intereses se causan por disposición
de la ley, tal como se dispone en el artículo 192 del CPACA.
2.5. Conclusión
53. Por lo anterior, se revocará la decisión del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, que negó las pretensiones del demandante, por cuanto se acreditó que
su vinculación al servicio docente oficial se produjo con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003 y que cumple los requisitos previstos en la Ley 33 de
1985 para acceder a la pensión de jubilación.
2.6. Condena en costas
53. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta Corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
54. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.
55. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
56. En consecuencia, se impondrán costas a la entidad demandada -parte
vencida-, en ambas instancias, por cuanto la sentencia de primera instancia será
revocada en su totalidad. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del
CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.
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57. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 31 de mayo de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: En su lugar, DECLARAR la nulidad de las Resoluciones 01682 del 6
de junio de 2019 y 02743 del 27 de agosto de 2019, por medio de las cuales se negó
al señor Absalón Yela González el reconocimiento de la pensión de jubilación.
TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la Nación –
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio –FOMAG– reconocer y pagar al señor Absalón Yela González una
pensión de jubilación, con fundamento en la Ley 33 de 1985, a partir del 25 de marzo
de 2018, sin que se encuentre condicionada a la demostración del retiro definitivo
del servicio, en cuantía equivalente al 75% del promedio mensual de los factores
salariales legalmente computables devengados durante el año anterior a la
adquisición del estatus pensional, esto es, entre el 25 de marzo de 2017 y el 24 de
marzo de 2018, incluidos los previstos en la Ley 62 de 1985 y aquellos a los que
disposiciones posteriores hayan reconocido carácter salarial para efectos
pensionales. La prestación deberá reajustarse anualmente en los términos previstos
en la ley.
CUARTO. ORDENAR a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –FOMAG– que adelante las
gestiones administrativas necesarias para obtener el pago de los aportes de ley
correspondientes a los períodos en los que el demandante prestó servicios docentes
oficiales mediante contratos de prestación de servicios, de manera discontinua entre
los años 1992 y 1995.
QUINTO. ORDENAR a la Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio) actualizar las sumas adeudadas, según lo
establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, conforme se dispuso en la
parte considerativa.
SEXTO. ORDENAR a la Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio) dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo
dentro del plazo señalado en el artículo 192 del CPACA.
SÉPTIMO: DECLARAR no probada la excepción de prescripción, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
OCTAVO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
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NOVENO. CONDENAR en costas en ambas instancias a la parte vencida -entidad
demandada-, por las razones expuestas en la motivación. Para tal efecto, las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia
y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca.
DÉCIMO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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