Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2021-00254-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2021-00254-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2021-00254-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
16 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 17001 23 33 000 2021 00254 01 (3163-2025)
Demandante: José Alcides Betancurth Bueno
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
Tema: Pensión jubilación docentes. Aplica Ley 33 de 1985 porque la
vinculación al servicio educativo fue anterior a la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003.
Decisión: Adicionar la sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por
la parte demandada contra la sentencia del 4 de julio de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Caldas, que accedió a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1. Pretensiones de la demanda
2. Se pretende la nulidad parcial de la Resolución 2735-6 del 9 de junio de 2021
por medio del cual la secretaría de educación del departamento de Caldas, negó el
reconocimiento y pago de una pensión jubilación docente. A título de
restablecimiento del derecho, el reconocimiento y pago de dicha prestación
equivalente al 75% de los salarios y las primas devengados en el año
inmediatamente anterior a la adquisición del estatus, con los reajustes de ley; el pago
de intereses moratorios; el cumplimiento de la sentencia en los términos de los
artículos 192 y 195 del CPACA; y se condene en costas a la parte demandada.
1.2. Hechos que fundamentan la demanda
3. El señor José Alcides Betancurth Bueno manifestó que nació el 12 de febrero
de 1959, por lo que, en la actualidad tiene más de 55 años; y laboró al servicio
docente con el municipio de Riosucio y el departamento de Caldas, de la siguiente
manera:
• Desde el 10 de abril de 1991 hasta el 30 de diciembre de 1991, en modalidad
de hora cátedra al servicio del departamento de Caldas, en la Escuela Costa Rica
del municipio de Riosucio.
• Desde el 1.º de febrero de 1994 hasta el 15 de diciembre de 1994, mediante
contrato de prestación de servicios educativos, en la Escuela La Palma, ubicada en
el resguardo indígena de la Montaña, municipio de Riosucio (Caldas).
1
Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo – SAMAI.
Radicado: 17001 23 33 000 2021 00254 01 (3163-2025)
Demandante: José Alcides Betancurth Bueno
• Entre el 1.º de marzo de 1995 y el 30 de noviembre de 2002, con el municipio
de Riosucio (Caldas), mediante contratos de prestación de servicio a través de la
Cooperativa Multiactiva del Magisterio Colombiano – CODEMAS, en periodos
discontinuos.
• Durante el año 2003, prestó servicios en distintos periodos, vinculado por el
departamento de Caldas; y, a partir del 18 de marzo de 2004, se encuentra vinculado
de manera continua como docente oficial hasta la fecha de presentación de la
demanda.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación
4. Señaló como vulneradas las siguientes disposiciones: artículo 1° inciso 2° de
la Ley 33 de 1985; artículo 15, numerales 1° y 2° de la Ley 91 de 1989; artículo 6°
de la Ley 60 de 1993; artículo 115 de la Ley 115 de 1993; artículo 279 de la Ley 100
de 1993; artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y artículos 1° y 2° del Decreto 3752 de
2003.
5. En resumen, explicó que el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 determinó que
los docentes vinculados hasta el 26 de junio de 2003, tienen derecho al
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación según el régimen anterior, es
decir, la Ley 33 de 1985, el cual establece como requisitos para la pensión haber
laborado 20 años de servicios y tener 55 años para hombres y mujeres, los cuales
cumple.
1.4. Contestación de la demanda2
6. El Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales
del Magisterio se opuso a las pretensiones de la demanda al sostener que el
actor no tiene derecho al reconocimiento de la pensión deprecada, por cuanto su
vinculación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio se produjo
con posterioridad al 27 de junio de 2003, esto es, durante la vigencia del artículo 81
de la Ley 812 de 2003; por lo que, el régimen aplicable es el previsto en la Ley 100
de 1993 y en la Ley 797 de 2003, el cual exige el cumplimiento de 57 años de vida y
1.300 semanas de cotización para acceder a la pensión de vejez, requisitos que no
se acreditan en este caso al momento de la presentación de la demanda.
7. Agrego que, si bien el docente allega documentación relacionada con pagos
derivados de contratos de prestación de servicios, no acredita que durante los
periodos en los que laboró bajo dicha modalidad hubiere efectuado las cotizaciones
correspondientes al sistema pensional, ni ante la entidad competente ni, en
particular, ante el Fondo de Prestaciones del Magisterio.
8. Propuso como excepciones: i) la legalidad de los actos administrativos
demandados; ii) la inexistencia de la obligación; iii) improcedencia de condena en
costas; y iv) la excepción genérica.
2
La demanda se presentó el 06 de octubre de 2021 y fue admitida el 16 de febrero de 2022.
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Demandante: José Alcides Betancurth Bueno
1.5. Sentencia de primera instancia3
9. El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia del 4 de julio de
2025, accedió a las pretensiones de la demanda; consideró acreditado que el actor
prestó servicio a la docencia oficial por más de 20 años y se vinculó al mismo con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo cual estimó
aplicable el régimen previsto en la Ley 33 de 1985. Para arribar a dicha conclusión,
valoró los distintos periodos laborados, incluyendo aquellos desarrollados bajo
órdenes de prestación de servicios entre los años 1994 y 2002, frente a lo que
consideró que se ejercieron funciones propias de la actividad docente en
instituciones oficiales.
10. En consecuencia, una vez verificados las demás exigencias, ordenó el
reconocimiento de la pensión en cuantía del 75% del promedio de lo devengado por
el demandante durante el último año anterior a la adquisición del estatus, incluyendo
únicamente los factores sobre los cuales se hubieren efectuado cotizaciones. Dicho
reconocimiento no estaba condicionado al retiro definitivo del servicio, en atención a
la compatibilidad entre salario y pensión en el régimen del Magisterio. Finalmente,
condenó en costas a la entidad demandada.
1.6. Recurso de apelación4
11. La entidad demandada Ministerio de Educación – Fomag solicitó revocar la
sentencia, al considerar que el actor no tiene derecho al reconocimiento de la
pensión bajo la Ley 33 de 1985, por cuanto su vinculación al servicio docente oficial
se produjo el 18 de marzo de 2004, esto es, con posterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003, insistiendo que le son aplicables las Leyes 100 de
1993 y 797 de 2003, cuyos requisitos —edad y semanas de cotización— no se
encontraban acreditados al momento de la reclamación.
12. Sostuvo que el actor tampoco es beneficiario del régimen de transición, en la
medida en que no demostró contar con 750 semanas de cotización a la entrada en
vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, lo que impide la aplicación de regímenes
anteriores como el previsto en la Ley 33 de 1985 o en la Ley 71 de 1988.
13. Señaló que los periodos desarrollados bajo órdenes de prestación de servicios
no pueden ser computados automáticamente como tiempo válido para efectos
pensionales, ya que para ello se requiere una decisión judicial previa que declare la
existencia de relación laboral, sin que sea posible aplicar la primacía de la realidad
de manera indirecta en este proceso. Añadió que, en todo caso, dichos periodos solo
podrían ser considerados para efectos pensionales si se demostrara que durante los
mismos se realizaron aportes al sistema de seguridad social, circunstancia que no
se encuentra acreditada en el expediente.
3
023Sentencia1ai_sentencia_17001233300020210025(.pdf) NroActua 18.pdf
4
026_MemorialWeb_Recurso-RecApeRecursode(.pdf) NroActua 21.pdf
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14. De igual modo, recordó que la jurisprudencia de unificación del Consejo de
Estado de 2019 restringió los factores salariales para la liquidación de la pensión a
aquellos sobre los que se efectuaron aportes, y que no resulta viable la
compatibilidad entre pensión y salario en docentes vinculados con posterioridad a
2003.
15. Propuso la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación –
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG), al sostener que la competencia para el reconocimiento de la
prestación y la determinación de su monto corresponde a la entidad territorial
certificada en educación que expidió el acto administrativo, y no al Fondo.
16. Refirió que debe aplicar el fenómeno prescriptivo a las mesadas, contenido
en el Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969; y se opuso a la condena
en costas, para lo que alegó que su imposición no es automática y exige acreditación
de su causación, de conformidad con el artículo 365 del Código General del Proceso.
1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia
17. Mediante auto de 14 de noviembre de 2025, se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandada. No hubo intervenciones en esta instancia.
18. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y sin que
observe la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
19. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo5. Así, al tenor de lo dispuesto en
el artículo 328 del Código General del Proceso6, la competencia del juez de segunda
instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que, en el
caso de la referencia, únicamente la parte demandada presentó recurso de alzada,
el análisis se encuentra limitado a lo allí plasmado.
2.2 Problema jurídico
20. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si el señor José Alcides
Betancurth Bueno, tiene derecho a que se le aplique el régimen pensional
establecido en la Ley 33 de 1985, como lo analizó el a quo en la sentencia apelada.
5
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
6
«Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos
por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»
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2.3. Normativa y jurisprudencia aplicable al caso
2.3.1 Del derecho pensional de los docentes
21. La Ley 812 de 20037 en torno al sector de educación nacional, definió el
régimen prestacional de los docentes, distinguiendo entre quienes se vincularon
antes de la entrada en vigencia de dicha ley, y quienes lo hicieron con posterioridad
a esta. Se destaca:
“ARTÍCULO 81. RÉGIMEN PRESTACIONAL DE LOS DOCENTES OFICIALES. El régimen
prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren
vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las
disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.
Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán afiliados
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales
del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con
los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años
para hombres y mujeres. (…)”
22. Dicho régimen anterior no es otro que el contemplado en la Ley 33 de 1985,
que en su artículo 1° dispone el reconocimiento de una pensión de jubilación al
empleado oficial que sirva o haya servido 20 años continuos o discontinuos y que
acredite 55 años de edad8; siendo modificada posteriormente por la Ley 62 de 1985,
en la que se enlistan los factores a tener en cuenta para efectos de liquidación de la
mentada prestación, a saber: asignación básica, gastos de representación;
primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y
feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo
suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso
obligatorio.
23. De manera que, existía un régimen prestacional para los empleados públicos,
y otro para los trabajadores del sector privado. Así entonces, respecto de quienes no
alcanzaban a completar los requisitos exigidos en uno u otro régimen, surge la Ley
71 de 1988, por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras
disposiciones, y que en el artículo 7° dispuso los requisitos para acceder a una
pensión a partir de la suma de los períodos cotizados y laborados tanto en el sector
público como en el privado.9
24. Ahora bien, en la sentencia de unificación de 25 de abril de 2019 (SUJ-014-
CE-S2-2019), expedida por la Sección Segunda del Consejo de Estado 10, se fijaron
las reglas respecto a la forma de liquidación de la pensión de jubilación a los
docentes, teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley 91 de 1989. Y a su vez se
analizaron los diferentes regímenes aplicables a dicho sector atendiendo a la fecha
7 mediante la cual se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario
8
Debiendo la respectiva Caja de Previsión pagar una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por
ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.
9
En reiteradas providencia esta Sala ha señalado que la pensión por aportes resulta aplicable a los docentes que acrediten
una vinculación anterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, aspecto que dado los contornos fácticos del caso, no
amerita profundización en esta oportunidad.
10
Expediente 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-17)
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de ingreso al servicio docente, ello en consonancia con lo dispuesto en el artículo 81
de la Ley 812 de 2003, entre estos, la Ley 33 de 1985.
25. Por tratarse de una sentencia de unificación, las reglas fijadas en ésta tienen
valor vinculante y son de obligatorio cumplimiento en todos los casos pendientes de
solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones
ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del
principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.
26. De manera que, del fallo de unificación referenciado, se advierte que para
efectos del régimen pensional del docente, resulta relevante establecer la fecha de
su primera vinculación al magisterio, pues, en concordancia con el artículo 81 de la
Ley 812 de 2003 i) los educadores que estuvieren vinculados al servicio oficial les
será aplicable el régimen dispuesto para el Magisterio en las disposiciones vigentes
con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley, a saber, el 27 de junio de
2003; normativa que no sería otra que la referida en el artículo 15 de la Ley 91 de
198911 esto es, la Ley 33 de 1985 y la Ley 71 de 1988. Y ii) los docentes oficiales
que ingresen a partir de la vigencia de la ley mencionada, les resultaría aplicable el
régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, con los requisitos previstos en el, con excepción de la edad de pensión de
vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.
27. Aunque se establecieron esos dos escenarios para la aplicación de las
normas que rigen el reconocimiento pensional de los docentes de acuerdo con su
fecha de vinculación; la Sección Segunda no hizo ningún tipo de diferenciación frente
al tipo de vinculación, ya sea en propiedad o provisionalidad, para catalogar los
tiempos de servicios, ni tampoco se indicó que perderían los derechos a la aplicación
de la Ley 33 de 1985 en caso de presentarse el fenómeno de la solución de
continuidad establecido en el Decreto 3135 de 1968.
28. En punto a lo relacionado con los factores de liquidación, la Sala estima que
hay que tener en cuenta además de lo dispuesto en la Ley 62 de 1985, los factores
que en disposiciones posteriores se les haya dado carácter salarial, como por
ejemplo la bonificación mensual de docentes y directivos docentes (Decreto 1566 de
2014) y la bonificación pedagógica (Decreto 2354 de 2018); no siendo posible
extenderse a incluir la totalidad de factores sobre los que hubiere cotizado en el año
anterior a la adquisición del estatus, pues, ello podría tener como consecuencia la
existencia de distintos regímenes al interior del servicio docente, que conllevaría a la
vulneración de derechos como el de igualdad, y desconocería lo dispuesto en la
sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, con la cual se abandonó el criterio
jurisprudencial de la sentencia del 4 de agosto de 2010, que avalaba dicha
liquidación con todos los emolumentos percibidos, al margen de si estaba o no
contenidos en las disposiciones de liquidación pensional.
11
Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
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2.4 Caso concreto
29. Da cuenta el material probatorio que el actor, el 18 de mayo de 2021, presentó
solicitud al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio para el reconocimiento y
pago de una pensión jubilación, la cual fue resuelta desfavorablemente a través de
la Resolución 2735-6 del 9 de junio de 2021, al considerar que ingresó al magisterio
en vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo tanto, se le debía aplicar el régimen previsto
en la Ley 100 de 1993.
30. Teniendo en cuenta lo expuesto en el acápite del marco normativo y
jurisprudencial, es necesario establecer las disposiciones que regulan la situación
del demandante, atendiendo a su fecha de ingreso al servicio docente oficial. Pues
bien, la Sala desde ya anuncia que existe prueba en el plenario de que el señor
Betancurth Bueno prestó servicios como docente oficial antes de la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003, lo que permite la aplicación de la Ley 91 de 1989,
que remite al régimen anterior en materia pensional contemplado en la Ley 33 de
1985.
31. Véase entonces que el material probatorio evidencia que el demandante
nació el 12 de febrero de 1959, es decir que cumplió los 55 años de edad el mismo
día y mes del año 2014.
Ahora bien, la Sala advierte que, en relación con la vinculación referida al año 1991
bajo la modalidad de hora cátedra, si bien obra un documento expedido por la
Secretaría de Educación del Departamento de Caldas, este únicamente da cuenta
de una designación puntual sin que sea posible establecer con claridad los extremos
temporales del vínculo ni la continuidad en la prestación del servicio, razón por la
cual dicho periodo no será tenido en cuenta para efectos del cómputo del tiempo de
servicios.
De igual manera, frente a la supuesta vinculación durante el año 2003, a pesar de
que obran algunos soportes de pago que darían cuenta de actividades desarrolladas
en ese periodo, lo cierto es que tales documentos no permiten acreditar con certeza
la existencia de un vínculo docente oficial ni establecer sus extremos temporales,
por lo que tampoco pueden ser valorados para efectos pensionales.
32. Existiendo claridad sobre lo anterior, se encuentra probado que laboró como
docente oficial durante los periodos y las modalidades que se detallan a
continuación:
Desde Hasta Tiempo Modalidad
1° de febrero de 1994 15 de diciembre de 10 meses y Contrato de
1994 15 días prestación de
servicios con el
municipio de
Riosucio-Caldas
1.° de marzo de 1995 15 de junio de 1995 3 meses y 15
días
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15 de julio de 1995 7 de diciembre de 4 meses y 22 Órdenes de
1995 días prestación de
12 de febrero de 1996 12 de junio de 1996 4 meses servicios
15 de julio de 1996 15 de noviembre de 4 meses suscritas con la
1996 Cooperativa
20 de febrero de 1997 20 de junio de 1997 4 meses Multiactiva del
20 de julio de 1997 20 de noviembre de 4 meses Magisterio
1997 Colombiano
19 de febrero de 1998 12 de junio de 1998 3 meses y 24 “CODEMAS”
días para ejercer
1° de agosto de 1998 30 de noviembre de 3 meses y 29 como docente
1998 días en el municipio
15 de febrero de 1999 26 de marzo de 1999 1 mes y 10 de Riosucio en
días la Institución
5 de abril de 1999 20 de mayo de 1999 1 mes y 15 Educativa
días María Fabiola
21 de mayo de 1999 11 de junio de 1999 20 días Largo Cano y
en la Institución
24 de agosto de 1999 3 de diciembre de 3 meses y 9
Educativa San
1999 días
Jerónimo12
21 de marzo del 2000 23 de junio del 2000 3 meses y 2
días
8 de agosto del 2000 22 de noviembre del 3 meses y 14
2000 días
2 de abril de 2001 15 de junio de 2001 2 meses y 13
días
16 de julio de 2001 30 de noviembre de 4 meses y 14
2001 días
11 de marzo de 2002 14 de junio de 2002 3 meses y 3
días
22 de julio de 2002 30 de noviembre de 4 meses y 8
2002 días
18 de marzo de 2004 05 de abril de 2021- 17 años y 17 Nombramiento
fecha de último días en propiedad
certificado de tiempo en el municipio
de servicios- de Riosucio
TOTAL TIEMPO DE SERVICIOS DOCENTES 22 años, 10
meses y 20
días
33. Importante destacar que, contrario a lo señalado por la entidad demandada
en el recurso de alzada, para efectos del reconocimiento pensional que se reclama,
no tiene incidencia alguna el hecho de que la labor docente se haya ejecutado en
virtud de contratos de prestación de servicios, pues, tal como lo ha dispuesto esta
corporación en la sentencia de unificación CESUJ2-5 del 25 de agosto de 2016, la
actividad educativa desarrollada mediante dichos contratos no difiere a la adelantada
en virtud de una designación legal y reglamentaria, e incluso en materia de docentes
en esa oportunidad se señaló que es viable presumir la existencia de un vínculo
12
Así se evidencia en el certificado de tiempo de servicio expedido por la secretaría de la Cooperativa Multiactiva del Magisterio
Colombiano “CODEMAS” de fecha 07 de junio de 2003. De igual forma la secretaria de educación del municipio de Riosucio
certificó el 24 de enero de 2020 la prestación del servicio docente, señalando la entidad nominadora, la institución educativa,
la sede educativa, los extremos temporales y el tipo de vinculación.
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laboral, y tener en cuenta dicho tiempo servido, entre otros, para efectos
pensionales.
34. Así mismo, aun cuando en este asunto no hay lugar a establecer la existencia
de una verdadera relación laboral respecto al tiempo prestado como docente en
establecimientos oficiales mediante contrato de prestación de servicios, en tanto no
hace parte de la controversia, nada impide valorar dichos períodos para efectos de
la prestación que se reclama, máxime que el tipo de vinculación13 no le resta valor al
hecho probado de que se ejecutó la actividad docente oficial, aun cuando la entidad
no desconoce la ejecución del servicio docente.
35. Ahora, de conformidad con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y el parágrafo
transitorio 1°15 del artículo 48 de la Constitución Política, los maestros que ingresaron
a la docencia oficial antes del 27 de junio de 2003 se rigen por las disposiciones
vigentes con anterioridad a esa fecha, mientras que quienes lo hicieron después
quedan sujetos al régimen de prima media regulado en las Leyes 100 de 1993 y 797
de 2003, con la particularidad de que la edad de jubilación se fija en 57 años tanto
para hombres como para mujeres.
36. Sobre este aspecto, la sentencia de unificación del Consejo de Estado (SUJ-
014-CE-S2-19 de 25 de abril de 2019) estableció que los educadores vinculados
antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003 se sujetan al régimen especial previsto
en la Ley 91 de 1989, que remite a las disposiciones de la Ley 33 de 1985 y, en
ciertos supuestos, también a la Ley 71 de 1988.
37. En ese orden debe destacarse que, contrario a lo señalado por la entidad
demanda, al actor no le son aplicables las disposiciones de las Leyes 100 de 1993 y
797 de 2003, pues, como se relacionó en el cuadro anterior, aquel se vinculó al
servicio docente oficial desde el año 1994 de manera discontinua, tiempo que resulta
válido para los efectos pensionales que reclama.
38. De otro lado, se tiene que, conforme a la condición más beneficiosa, lo
relevante para determinar el régimen aplicable no es la permanencia continua en el
cargo al momento de la expedición de la Ley 812 de 2003, ni el tipo de vinculación
que da lugar a la labor docente oficial sino la fecha de la primera vinculación como
docente oficial. En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la
existencia de interrupciones en la prestación del servicio no desvirtúa la posibilidad
de aplicar el régimen especial vigente antes de 2003, en tanto la finalidad de la norma
es proteger las expectativas legítimas de quienes ya habían ingresado al
magisterio.
39. Bajo esta regla, no resulta atendible la conclusión de la entidad en cuanto a
que el tiempo laborado mediante contratos de prestación de servicios no es posible
valorarlo para los efectos pensionales que se reclama, en tanto, no se hicieron los
13
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aportes correspondientes; pues, se itera, que en torno a los aportes esta Corporación
en asuntos de similar naturaleza ha precisado que el hecho de que no se hubieren
realizado los mismos, no imposibilita el reconocimiento pensional14, pues, en este
caso el Fomag debe adelantar las gestiones administrativas necesarias para obtener
los mismos, como así se ha ordenado de manera reiterada. A ello se suma que, para
efectos de la pensión objeto de análisis, no se fijó como criterio para su
reconocimiento en la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, la
demostración del pago de tales aportes.
40. En esa línea de consideraciones resulta necesario destacar que, si bien esta
Subsección con anterioridad en asuntos con similitud fáctica había sostenido que los
artículos 4 y 9 de la Ley 797 de 2003 que modificaron los artículos 17 y 33 de la Ley
100 de 1993 establecieron desde 2003 como exigencia para el reconocimiento de la
pensión de jubilación que se demostraran los aportes al sistema pensional,
corresponde precisar que ni antes ni después de esta fecha debe verificarse como
exigencia la realización efectiva de las cotizaciones por parte de docentes
contratistas para poder tener en cuenta los períodos laborados bajo esa modalidad
con fines pensionales15. Ello, sin dejar de lado, como se mencionó que el Fomag
cuenta con mecanismos para recaudar dichos aportes16 por lo que tampoco puede
considerarse que se configure un detrimento patrimonial de la entidad.
41. En ese orden, se tiene que el actor cumplió el requisito de 20 años de servicio
el 16 de mayo de 2018, y el de 55 años de edad el 12 de febrero de 2014, de manera
que el estatus pensional lo alcanzó en la primera fecha, mas no el 22 de febrero de
2019, como se dispuso en la sentencia del a quo. No obstante, no es posible
modificar la decisión en tal sentido ni derivar efectos económicos a partir de dicha
data, dado que la entidad demandada ostenta la calidad de apelante único y, de
procederse de esa forma, se lesionaría el principio de la no reformatio in peius, al
imponérsele una carga más gravosa que la fijada en la sentencia de primera
instancia.
42. Ahora bien, aun cuando no es posible modificar la fecha de adquisición del
estatus pensional, en lo que respecta a la liquidación de la prestación la Sala advierte
que el a quo consideró que no se encontraban acreditados los factores salariales
devengados por el actor. Sin embargo, revisado el expediente, se constata que sí
obra certificación de factores salariales que abarca los años 2007 a 2021, lo que
14
Ver sentencia de 21 de agosto de 2025, expediente 15001-23-33-000-2021-00635-01 (6197-2024), C.P. Jorge Iván Duque
Gutiérrez, en la que se señaló:
“Ahora, en atención al marco normativo y jurisprudencial aplicable, lo primero que debe recordarse es que, contrario a las
afirmaciones del juez de primera instancia, las vinculaciones de un docente bajo la modalidad contractual de OPS no impide
considerar tales interregnos para contabilizarlos a fin de cumplir el requisito del tiempo de servicio, ello incluso al margen de la
efectiva contribución al sistema de seguridad social mientras laboró como contratista, pues este no fue el criterio fijado para tal
fin en la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, sino el de la demostración de algún tiempo de labor oficial educativa
antes de que entrara a regir la ley de aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006.
No obstante, como ya lo ha advertido la Subsección en casos similares 18, si bien los artículos 4 y 9 de la Ley 797 de 2003 que
modificaron los artículos 17 y 33 de la Ley 100 de 1993, establecieron como exigencia para el reconocimiento de la pensión
de jubilación bajo el régimen de prima media que se demostraran los aportes al sistema pensional, en el caso particular, la
referida disposición normativa no resulta aplicable al actor al ser este beneficiario de la Ley 33 de 1985.”
15 Ver sentencia de 5 de marzo de 2026, expediente 15001-23-33-000-2021-00181-01 (2263-2023), C.P. Jorge Iván Duque
Gutiérrez.
16 Tal como se dispone en el artículo 2.2.3.3.3. del Decreto 1833 de 2016
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permite identificar los emolumentos percibidos por el demandante durante el año
anterior a la consolidación del estatus pensional, esto es, entre el 16 de mayo de
2017 y el 15 de mayo de 2018.
43. En el presente asunto se observa que, conforme al certificado salarial que
reposa en el expediente, durante el año anterior a la adquisición del estatus
pensional el demandante percibió asignación básica, bonificación mensual
docente, prima de navidad, prima de servicios, prima de vacaciones docentes
y bonificación pedagógica.
44. No obstante, no todos los emolumentos señalados pueden ser tenidos en
cuenta para efectos de la liquidación pensional. En efecto, conforme al artículo 1.º
de la Ley 62 de 1985, únicamente resultan computables los factores allí previstos,
de modo que las primas antes referidas no pueden ser incluidas.
45. De otra parte, en relación con la bonificación pedagógica, si bien aparece
certificada dentro del año 2018, lo cierto es que dicho emolumento fue creado
mediante el Decreto 2354 de 19 de diciembre de 2018 y, conforme al parágrafo 1.º
del artículo 3.º, su primer pago se efectuó en el mes de diciembre de esa anualidad.
Por consiguiente, dado que el estatus pensional se consolidó el 16 de mayo de 2018,
resulta claro que ese factor no fue devengado durante el año anterior a su
adquisición, por lo que tampoco es procedente su inclusión dentro del ingreso base
de liquidación.
46. En consecuencia, la liquidación deberá efectuarse con fundamento en la
asignación básica y la bonificación mensual docente. En el evento que no se
hubieren realizado descuentos para pensión sobre la bonificación mensual, la
demandada en virtud de sus competencias y por tratarse de aportes imprescriptibles,
deberá realizar las gestiones interadministrativas necesarias para obtener el pago
de los aportes de ley; por lo que, en este último sentido se adicionará la sentencia.
47. Frente al argumento de la entidad demandada relacionado con la prohibición
del artículo 128 de la Constitución Política, el mismo no tiene prosperidad, en tanto,
atendiendo a la fecha de vinculación al servicio educativo oficial de la actora, esta se
encuentra cobijada por la excepción consagrada en el literal g) del artículo 19 de la
Ley 4ª de 1992 y por consiguiente es beneficiaria de la compatibilidad entre la
pensión de jubilación y el salario en los términos del artículo 5.° del Decreto 224 de
1972.
48. En cuanto al cargo de apelación relacionado con la falta de legitimación en la
causa por pasiva del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el
mismo no tiene vocación de prosperidad, dado que, como lo sostuvo el
tribunal, tratándose de la pensión de jubilación docente y de conformidad con la Ley
91 de 1989, las prestaciones sociales del personal docente son de cargo de la Nación
y su reconocimiento y pago corresponde al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
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del Magisterio –FOMAG–, siendo las entidades territoriales, a través de sus
Secretarías de Educación, meras tramitadoras de las solicitudes.
49. Ahora bien, resulta necesario precisar que el Tribunal de primera instancia, no
ordenó que se realizaran las gestiones interadministrativas necesarias para el cobro
de los aportes. En consecuencia, la Sala estima necesario adicionar la sentencia a
fin de ordenar a la demandada que proceda a realizar las gestiones administrativas
necesarias para el cobro de aportes pensionales, durante el periodo comprendido
entre 1° de febrero de 1994 al 30 de noviembre de 2002, los cuales no figuran
probados, y que obedecen a la labor docente oficial ejecutada mediante contratos
de prestación de servicio. Tal aspecto no afecta al apelante único -entidad-, sino que
por el contrario garantiza la sostenibilidad del sistema pensional.
50. Por otra parte, en aplicación de lo previsto en el artículo 5, numeral 5, de la
Ley 91 de 1989 y en el artículo 11 del Decreto 2709 de 1994, se dispondrá que el
FOMAG realice las gestiones administrativas pertinentes para realizar el cobro de
aportes pensionales causados en virtud de la labor ejecutada mediante contratos de
prestación de servicios suscritos con la Cooperativa Multiactiva del Magisterio
Colombiano “CODEMAS”, y que fueron relacionados en el cuadro del párrafo 37 de
esta providencia.
3. Conclusión
51. Por lo anterior, se confirmará la decisión del Tribunal Administrativo de
Caldas, que accedió a las pretensiones del demandante, esto por cuanto logró
acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos para que su derecho pensional
sea analizado bajo lo contemplado en la Ley 33 de 1985, dado que todas las
vinculaciones del demandante se llevaron a cabo en el sector público con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. Y se adicionará en
cuanto a ordenar al FOMAG que realice las gestiones administrativas necesarias
para el cobro de aportes pensionales y a ordenar los descuentos para pensión sobre
la bonificación mensual.
4. Condena en costas
53. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
54. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
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como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.
55. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
56. En consecuencia, se impondrán costas a la entidad demandada -parte
vencida-, en esta instancia, por cuanto no prosperó el recurso. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
secretaría del Tribunal Administrativo de Caldas.
57. Con esta misma argumentación, resulta procedente confirmar la condena en
costas impuesta en primera instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. ADICIONAR la sentencia proferida el 4 de julio de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Caldas, en el siguiente sentido:
“Noveno: Ordenar a la Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio) que proceda a realizar las gestiones
administrativas necesarias para obtener el pago de los aportes de ley, durante
el periodo comprendido entre 1° de febrero de 1994 al 30 de noviembre de
2002, los cuales no figuran probados, y que obedecen a la labor docente
oficial ejecutada mediante contrato de prestación de servicio.
Así mismo, en el evento que no se hubieren realizado descuentos para
pensión sobre la bonificación mensual, la demandada en virtud de sus
competencias y por tratarse de aportes imprescriptibles, deberá realizar las
gestiones interadministrativas necesarias para obtener el pago de los aportes
de ley.”
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada, por las razones
expuestas.
TERCERO: Condenar en costas en esta instancia a la parte vencida -entidad
demandada-, por las razones expuestas en la motivación. Para tal efecto, las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia
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y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de
Caldas.
CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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