Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2020-00782-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2020-00782-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2020-00782-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
25 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 52001 23 33 000 2020 00782 01 (2023-2025)
Demandante: Jorge Gonzalo Moncayo Ortiz
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
Tema: Pensión jubilación docentes. Aplica Ley 33 de 1985 porque la
vinculación al servicio educativo fue anterior a la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003.
Decisión: Adicionar la sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por
la parte demandada contra la sentencia del 31 de enero de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Nariño, que accedió a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1. Pretensiones de la demanda
2. Se pretende la nulidad de la Resolución 2576 del 27 de diciembre de 2019 por
medio del cual la secretaría de educación del departamento de Nariño negó el
reconocimiento y pago de una pensión jubilación docente. A título de
restablecimiento del derecho, el reconocimiento y pago de dicha prestación, así
como la indexación de las sumas adeudadas, el pago de intereses moratorios, y se
condene en costas a la entidad demandada.
1.2. Hechos que fundamentan la demanda
3. El señor Jorge Gonzalo Moncayo Ortiz manifestó que nació el 8 de agosto de
1963 y que prestó sus servicios como docente en el municipio de Albán - Nariño,
mediante contratos de prestación de servicios celebrados entre el 1.º de abril de
1989 y el 30 de junio de 2000; Agregó que, posteriormente, fue vinculado al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio mediante Decreto 031 del 1.º de
septiembre de 2000, vínculo que, según afirmó, se mantenía vigente para la fecha
de presentación de la demanda.
4. Indicó que el 23 de noviembre de 2018 solicitó el reconocimiento de la pensión
de jubilación ante la Secretaría de Educación Departamental de Nariño, entidad que
con ocasión de dicho trámite consultó al Municipio de Albán sobre la aceptación de
la cuota parte correspondiente al tiempo servido mediante contratos de prestación
1
Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo – SAMAI.
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de servicios. Señaló que, ante la falta de respuesta de la entidad territorial, la
Secretaría entendió aceptada dicha cuota parte; sin embargo, la Fiduprevisora negó
el reconocimiento de la prestación, al considerar que esos periodos no podían
computarse para efectos pensionales.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación
5. Señaló como vulneradas las siguientes disposiciones: artículos 1, 2, 23, 25,
48 y 53 de la Constitución Política; las leyes 33 de 1985, 91 de 1989, 60 de 1993,
100 de 1993 y 115 de 1994. Así como los artículos 2 y 45 del Decreto 2277 de 1979.
6. En resumen, sostuvo que el acto acusado se encuentra viciado de nulidad
por falsa motivación e infracción de las normas en que debía fundarse, pues las
entidades demandadas desconocieron que los servicios prestados mediante
contratos de prestación de servicios correspondieron, en realidad, a una relación
laboral docente, continua, personal y subordinada con el Municipio de Albán. En ese
sentido, afirmó que dichos periodos debían computarse para efectos pensionales,
en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades.
1.4. Contestación de la demanda
7. El Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales
del Magisterio2 por intermedio de la Fiduprevisora, se opuso a las pretensiones de
la demanda. Afirmó que el acto acusado fue expedido conforme a las normas
aplicables y que el reconocimiento de la pensión de jubilación solicitada resultaba
improcedente por cuanto el demandante no acreditó los requisitos exigidos para
acceder a dicha prestación. Asimismo, se opuso al reconocimiento de reajustes y a
la condena en costas. Propuso como excepciones: i) presunción de legalidad de los
actos administrativos acusados; ii) cobro de lo no debido; iii) prescripción; y iv)
excepción genérica.
8. A su vez, el Departamento de Nariño – Secretaría de Educación
Departamental3 se opuso a las pretensiones de la demanda. Sostuvo que su
actuación se encontraba ajustada al ordenamiento jurídico, pues, de conformidad
con el trámite previsto para el reconocimiento de prestaciones sociales a cargo del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, la Secretaría de Educación
certificada solo actúa como intermediaria, encargada de elaborar el proyecto de acto
administrativo y remitirlo a la Fiduprevisora para su aprobación.
9. Explicó que remitió el expediente administrativo a la Fiduprevisora, entidad
que devolvió el trámite con estado de negado, al considerar que el demandante no
acreditó los 7200 días de servicio exigidos para acceder a la pensión de jubilación,
toda vez que solo fue nombrado en planta mediante acto administrativo del 1.º de
septiembre de 2000 y los periodos anteriores correspondían a contratos de
prestación de servicios. Por esa razón, afirmó que se encontraba jurídicamente
2 Visible en el archivo 02 Contestación Fiduprevisora del expediente digital de primera instancia
3 Visible en el archivo 01 Contestación demanda SED NARIÑO del expediente digital de primera instancia
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imposibilitada para expedir un acto de reconocimiento pensional sin la aprobación
previa de la fiduciaria.
10. Propuso como excepciones: i) inexistencia del derecho para demandar; ii) no
comprender la demanda todos los litisconsortes necesarios, al considerar que debía
vincularse al Municipio de Albán por el tiempo servido mediante contratos de
prestación de servicios; y iii) reconocimiento oficioso de excepciones.
1.5. Sentencia de primera instancia4
11. El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante sentencia del 31 de enero de
2025, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Para ello, consideró
que la primera vinculación del señor Jorge Gonzalo Moncayo Ortiz al servicio
docente oficial se produjo antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, a
través de contratos de prestación de servicios celebrados con el municipio de Albán
los cuales debían computarse para efectos pensionales, dada la naturaleza
subordinada de la labor docente.
12. En ese sentido, concluyó que al demandante le resultaban aplicables las
Leyes 33 y 62 de 1985, y no el régimen pensional previsto en las Leyes 100 de 1993
y 797 de 2003. Al verificar los requisitos exigidos por la Ley 33 de 1985, encontró
acreditado que el actor nació el 8 de agosto de 1963, cumplió 55 años el 8 de agosto
de 2018 y acumuló 10.264 días de servicio, por lo que superó el mínimo de 7.200
días requerido para acceder a la pensión de jubilación.
13. Así, declaró la nulidad de la Resolución 2576 del 27 de diciembre de 2019 y
ordenó al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocer la
pensión de jubilación a favor del actor desde el 8 de agosto de 2018. Además,
declaró de oficio la falta de legitimación en la causa por pasiva del departamento de
Nariño – Secretaría de Educación Departamental, al estimar que el reconocimiento
y pago de la prestación correspondía al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, entidad a la que también le ordenó adelantar los trámites internos
para obtener el recaudo de las cuotas partes que correspondieran por el tiempo
servido por el demandante en el municipio de Albán. Finalmente, declaró no probada
la excepción de prescripción y condenó en costas al FOMAG en un 80% a favor del
demandante y al demandante en un 50% a favor del departamento de Nariño.
1.6. Recurso de apelación5
14. La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio solicitó revocar la sentencia y en su lugar negar
las pretensiones de la demanda. Para ello, sostuvo que el actor no tiene derecho al
reconocimiento de la pensión bajo la Ley 33 de 1985, pues, para definir el régimen
aplicable debía atenderse a la fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo
oficial, conforme al artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y a la sentencia de unificación
del 25 de abril de 2019.
4
Visible en el archivo 39 Sentencia de primera instancia del expediente digital que reposa en el aplicativo SAMAI.
5
Visible en el archivo 022RECURSO del expediente digital de primera instancia que reposa en el aplicativo SAMAI
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15. Señaló que los periodos desarrollados bajo contratos de prestación de
servicios no podían computarse automáticamente como tiempo válido para efectos
pensionales, ya que no se acreditó que durante dichos lapsos se hubieren realizado
aportes o cotizaciones al sistema de seguridad social. Agregó que tampoco existía
decisión judicial que declarara la existencia de una relación laboral bajo la figura del
contrato realidad.
16. Sostuvo que el actor no cumplía los requisitos para ser beneficiario del
régimen de transición, en la medida en que no demostró contar con 750 semanas o
su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del Acto Legislativo
01 de 2005, lo que impedía la aplicación extensiva de dicho régimen.
17. De igual modo, recordó que la jurisprudencia de unificación del Consejo de
Estado de 2019 restringió los factores salariales para la liquidación de la pensión a
aquellos sobre los cuales se efectuaron aportes, y afirmó que no resulta viable la
compatibilidad entre pensión y salario en docentes vinculados con posterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
18. Propuso la falta de legitimación en la causa por pasiva alegando que la
competencia para verificar el reconocimiento de la prestación corresponde al ente
territorial al cual se encontraba vinculado el docente, mientras que el Fondo solo
sería responsable del pago de las prestaciones previamente reconocidas por la
respectiva Secretaría de Educación. Finalmente, se opuso a la condena en costas,
ya que esta no es automática y exige valorar la actuación de la parte, así como la
causación y comprobación de las expensas, de conformidad con el artículo 365 del
CGP.
1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia
19. Mediante auto de 25 de julio de 2025, se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandada.
20. En esta oportunidad, el Ministerio Público solicitó confirmar la sentencia de
primera instancia al estimar que el demandante acreditó una vinculación docente
oficial anterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 y cumplió los requisitos
exigidos para acceder a la pensión de jubilación bajo el régimen previsto en las Leyes
33 y 62 de 1985. Señaló que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado,
los periodos servidos mediante contratos u órdenes de prestación de servicios
docentes pueden computarse para determinar el régimen pensional aplicable y
acreditar el tiempo de servicio, sin perjuicio del cobro de los aportes
correspondientes.
21. Por su lado, el demandante y la entidad demandada guardaron silencio.
22. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y sin que
observe la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
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procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1 . Competencia
23. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo6. Así, al tenor de lo dispuesto en
el artículo 328 del Código General del Proceso7, la competencia del juez de segunda
instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante, en este caso, por la parte
demandada.
2.2 . Problema jurídico
24. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si el señor Jorge Gonzalo
Moncayo Ortiz, tiene derecho a que se le aplique el régimen pensional establecido
en la Ley 33 de 1985, como lo analizó el a quo en la sentencia apelada, y si cumple
con las exigencias para obtener el reconocimiento pensional.
2.3. Normativa y jurisprudencia aplicable al caso
2.3.1 Del derecho pensional de los docentes
25. La Ley 812 de 20038 en torno al sector de educación nacional, definió el
régimen prestacional de los docentes, distinguiendo entre quienes se vincularon
antes de la entrada en vigencia de dicha ley, y quienes lo hicieron con posterioridad
a esta. Se destaca:
“ARTÍCULO 81. RÉGIMEN PRESTACIONAL DE LOS DOCENTES OFICIALES. El régimen
prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren
vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las
disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.
Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán afiliados
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales
del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con
los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años
para hombres y mujeres. (…)”
26. Dicho régimen anterior no es otro que el contemplado en la Ley 33 de 1985,
que en su artículo 1° dispone el reconocimiento de una pensión de jubilación al
empleado oficial que sirva o haya servido 20 años continuos o discontinuos y que
acredite 55 años de edad9; siendo modificada posteriormente por la Ley 62 de 1985,
en la que se enlistan los factores a tener en cuenta para efectos de liquidación de la
mentada prestación, a saber: asignación básica, gastos de representación;
primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y
6
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
7
«Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos
por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»
8 mediante la cual se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario
9 Debiendo la respectiva Caja de Previsión pagar una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al
setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año
de servicio.
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feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo
suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso
obligatorio.
27. De manera que, existía un régimen prestacional para los empleados públicos,
y otro para los trabajadores del sector privado. Así entonces, respecto de quienes no
alcanzaban a completar los requisitos exigidos en uno u otro régimen, surge la Ley
71 de 1988, por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras
disposiciones, y que en el artículo 7° dispuso los requisitos para acceder a una
pensión a partir de la suma de los períodos cotizados y laborados tanto en el sector
público como en el privado.10
28. Ahora bien, en la sentencia de unificación de 25 de abril de 2019 (SUJ-014-
CE-S2-2019), expedida por la Sección Segunda del Consejo de Estado 11, se fijaron
las reglas respecto a la forma de liquidación de la pensión de jubilación a los
docentes, teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley 91 de 1989. Y a su vez se
analizaron los diferentes regímenes aplicables a dicho sector atendiendo a la fecha
de ingreso al servicio docente, ello en consonancia con lo dispuesto en el artículo 81
de la Ley 812 de 2003, entre estos, la Ley 33 de 1985.
29. Por tratarse de una sentencia de unificación, las reglas fijadas en ésta tienen
valor vinculante y son de obligatorio cumplimiento en todos los casos pendientes de
solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones
ordinarias; salvo los asuntos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud
del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.
30. De manera que, del fallo de unificación referenciado, se advierte que para
efectos del régimen pensional del docente, resulta relevante establecer la fecha de
su primera vinculación al magisterio, pues, en concordancia con el artículo 81 de la
Ley 812 de 2003 i) los educadores que estuvieren vinculados al servicio oficial les
será aplicable el régimen dispuesto para el Magisterio en las disposiciones vigentes
con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley, a saber, el 27 de junio de
2003; normativa que no sería otra que la referida en el artículo 15 de la Ley 91 de
198912 , esto es, la Ley 33 de 1985 y la Ley 71 de 1988. Y ii) los docentes oficiales
que ingresen a partir de la vigencia de la ley mencionada, les resultaría aplicable el
régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, con los requisitos previstos en el, con excepción de la edad de pensión de
vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.
31. Aunque se establecieron esos dos escenarios para la aplicación de las
normas que rigen el reconocimiento pensional de los docentes de acuerdo con su
fecha de vinculación; la Sección Segunda no hizo ningún tipo de diferenciación frente
10
En reiteradas providencia esta Sala ha señalado que la pensión por aportes resulta aplicable a los docentes que acrediten
una vinculación anterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, aspecto que dado los contornos fácticos del caso, no
amerita profundización en esta oportunidad.
11
Expediente 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-17)
12
Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
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al tipo de vinculación, ya sea en propiedad o provisionalidad, para catalogar los
tiempos de servicios, ni tampoco se indicó que perderían los derechos a la aplicación
de la Ley 33 de 1985 en caso de presentarse el fenómeno de la solución de
continuidad establecido en el Decreto 3135 de 1968.
32. En punto a lo relacionado con los factores de liquidación, la Sala estima que
hay que tener en cuenta además de lo dispuesto en la Ley 62 de 1985, los factores
que en disposiciones posteriores se les haya dado carácter salarial, como por
ejemplo la bonificación mensual de docentes y directivos docentes (Decreto 1566 de
2014) y la bonificación pedagógica (Decreto 2354 de 2018); no siendo posible
extenderse a incluir la totalidad de factores sobre los que hubiere cotizado en el año
anterior a la adquisición del estatus, pues, ello podría tener como consecuencia la
existencia de distintos regímenes al interior del servicio docente, que conllevaría a la
vulneración de derechos como el de igualdad, y desconocería lo dispuesto en la
sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, con la cual se abandonó el criterio
jurisprudencial de la sentencia del 4 de agosto de 2010, que avalaba dicha
liquidación con todos los emolumentos percibidos, al margen de si estaba o no
contenidos en las disposiciones de liquidación pensional.
2.4 Caso concreto
33. Da cuenta el material probatorio que el actor, el 23 de noviembre de 2018,
presentó solicitud al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio para el
reconocimiento y pago de una pensión jubilación, la cual fue resuelta
desfavorablemente a través de la Resolución 2576 del 27 de diciembre de 2019, al
considerar que el demandante no acreditaba los 7200 días de servicio exigidos para
acceder a la prestación.
34. Teniendo en cuenta lo expuesto en el acápite del marco normativo y
jurisprudencial, es necesario establecer las disposiciones que regulan la situación
del demandante, atendiendo a su fecha de ingreso al servicio docente oficial. Pues
bien, la Sala desde ya anuncia que existe prueba en el plenario de que el señor
Moncayo Ortiz prestó servicios como docente oficial antes de la entrada en vigencia
de la Ley 812 de 2003, lo que permite la aplicación de la Ley 91 de 1989, que remite
al régimen anterior en materia pensional contemplado en la Ley 33 de 1985.
35. De la revisión del material probatorio se evidencia que el demandante nació
el 8 de agosto de 1963, y laboró como docente oficial durante los periodos y las
modalidades que se detallan a continuación:
Desde Hasta Modalidad / entidad Tiempo
Contrato de prestación de
1.º de abril de 30 de junio de
servicios como docente – 3 meses
1989 1989
Municipio de Albán
Contrato de prestación de
1.º de septiembre 31 de diciembre de
servicios como docente – 4 meses
de 1989 1989
Municipio de Albán
Contrato de prestación de
1.º de enero de 30 de junio de
servicios como docente – 6 meses
1990 1990
Municipio de Albán
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Demandante: Jorge Gonzalo Moncayo Ortiz
Contrato de prestación de
1.º de septiembre 31 de diciembre de
servicios como docente – 4 meses
de 1990 1990
Municipio de Albán
Contrato de prestación de
1.º de enero de 30 de junio de
servicios como docente – 6 meses
1991 1991
Municipio de Albán
Contrato de prestación de
1.º de septiembre 30 de junio de
servicios como docente – 10 meses
de 1991 1992
Municipio de Albán
Contrato de prestación de
1.º de septiembre 31 de diciembre de
servicios como docente – 4 meses
de 1992 1992
Municipio de Albán
Contrato de prestación de
18 de enero de
18 de julio de 1993 servicios como docente – 6 meses
1993
Municipio de Albán
Contrato de prestación de
1.º de septiembre 31 de diciembre de
servicios como docente – 4 meses
de 1993 1993
Municipio de Albán
Orden de prestación de
11 de enero de
11 de abril de 1994 servicios como docente – 3 meses
1994
Municipio de Albán
Orden de prestación de
12 de abril de 1994 12 de julio de 1994 servicios como docente – 3 meses
Municipio de Albán
Orden de prestación de
1.º de septiembre 31 de diciembre de
servicios como docente – 4 meses
de 1994 1994
Municipio de Albán
Orden de prestación de
1.º de enero de 30 de junio de
servicios como docente – 6 meses
1995 1995
Municipio de Albán
Orden de prestación de
1.º de septiembre 31 de diciembre de
servicios como docente – 4 meses
de 1995 1995
Municipio de Albán
Orden de prestación de
1.º de enero de 31 de diciembre de
servicios como docente – 1 año
1996 1996
Municipio de Albán
1.º de enero de 31 de diciembre de Contrato de trabajo como
1 año
1997 1997 docente – Municipio de Albán
Autorización de prestación de
1.º de enero de 30 de junio de
servicios educativos – 6 meses
1998 1998
Municipio de Albán
Autorización de prestación de
31 de diciembre de
1.º de julio de 1998 servicios educativos – 6 meses
1998
Municipio de Albán
1.º de enero de 30 de junio de Servicio docente certificado –
6 meses
1999 1999 Municipio de Albán
31 de agosto de Servicio docente certificado –
1.º de julio de 1999 2 meses
1999 Municipio de Albán
1.º de septiembre 31 de diciembre de Servicio docente certificado –
4 meses
de 1999 1999 Municipio de Albán
1.º de enero de 30 de junio de Servicio docente certificado –
6 meses
2000 2000 Municipio de Albán
Docente en propiedad –
1.º de septiembre 5 de octubre de 18 años, 1 mes
Decreto 031 del 1.º de
de 2000 2018 y 4 días
septiembre de 2000
28 años, 2
Total tiempo de servicios docentes
meses y 4 días
36. Importante destacar que, contrario a lo señalado por la entidad demandada
en el recurso, para efectos del reconocimiento pensional que se reclama, no tiene
incidencia alguna el hecho de que la labor docente se haya ejecutado en virtud de
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Demandante: Jorge Gonzalo Moncayo Ortiz
contratos de prestación de servicios, pues, tal como lo ha dispuesto esta corporación
en la sentencia de unificación CESUJ2-5 del 25 de agosto de 2016, la actividad
educativa desarrollada mediante dichos contratos no difiere a la adelantada en virtud
de una designación legal y reglamentaria, e incluso en materia de docentes en esa
oportunidad se señaló que es viable presumir la existencia de un vínculo laboral, y
tener en cuenta dicho tiempo servido, entre otros, para efectos pensionales.
37. Así mismo, aun cuando en este asunto no hay lugar a establecer la existencia
de una verdadera relación laboral respecto al tiempo prestado como docente en
establecimientos oficiales mediante contrato de prestación de servicios, en tanto no
hace parte de la controversia, nada impide valorar dichos períodos para efectos de
la prestación que se reclama, máxime que el tipo de vinculación13 no le resta valor al
hecho probado de que se ejecutó la actividad docente oficial, aun cuando la entidad
no desconoce la ejecución del servicio docente.
38. Ahora, de conformidad con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y el parágrafo
transitorio 1°15 del artículo 48 de la Constitución Política, los maestros que ingresaron
a la docencia oficial antes del 27 de junio de 2003 se rigen por las disposiciones
vigentes con anterioridad a esa fecha, mientras que quienes lo hicieron después
quedan sujetos al régimen de prima media regulado en las Leyes 100 de 1993 y 797
de 2003, con la particularidad de que la edad de jubilación se fija en 57 años tanto
para hombres como para mujeres.
39. Sobre este aspecto, la sentencia de unificación del Consejo de Estado (SUJ-
014-CE-S2-19 de 25 de abril de 2019) estableció que los educadores vinculados
antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003 se sujetan al régimen especial previsto
en la Ley 91 de 1989, que remite a las disposiciones de la Ley 33 de 1985 y, en
ciertos supuestos, también a la Ley 71 de 1988.
40. En ese orden, no resulta atendible el argumento de la entidad demandada
según el cual al actor le serían aplicables las disposiciones de las Leyes 100 de 1993
y 797 de 2003. Lo anterior, toda vez que dicha conclusión parte de excluir los
periodos laborados mediante contratos y órdenes de prestación de servicios y, que
como se explicó se ejecutaron entre los años 1989 a 2000; además, desconoce que
el señor Moncayo Ortiz fue vinculado en propiedad mediante Decreto 031 del 1.º de
septiembre de 2000, esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
Por tanto, como se relacionó en el cuadro anterior, el demandante acreditó una
vinculación docente oficial anterior a dicha normativa, tiempo que resulta válido para
determinar el régimen pensional aplicable y acreditar el requisito de servicio exigido
por la Ley 33 de 1985.
41. De otro lado, se tiene que, conforme a la condición más beneficiosa, lo
relevante para determinar el régimen aplicable no es la permanencia continua en el
cargo al momento de la expedición de la Ley 812 de 2003, ni el tipo de vinculación
que da lugar a la labor docente oficial sino la fecha de la primera vinculación como
13 Se itera, mediante contrato de prestación de servicios
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docente oficial. En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la
existencia de interrupciones en la prestación del servicio no desvirtúa la posibilidad
de aplicar el régimen especial vigente antes de 2003, en tanto la finalidad de la norma
es proteger las expectativas legítimas de quienes ya habían ingresado al
magisterio.
42. Bajo esta regla, no resulta atendible la conclusión de la entidad en cuanto a
que el tiempo laborado mediante contratos de prestación de servicios no es posible
valorarlo para los efectos pensionales que se reclama, en tanto, no se hicieron los
aportes correspondientes; pues, se itera, que en torno a los aportes esta Corporación
en asuntos de similar naturaleza ha precisado que el hecho de que no se hubieren
realizado los mismos, no imposibilita el reconocimiento pensional14, pues, en este
caso el Fomag debe adelantar las gestiones administrativas necesarias para obtener
los mismos, como así se ha ordenado de manera reiterada. A ello se suma que, para
efectos de la pensión objeto de análisis, no se fijó como criterio para su
reconocimiento en la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, la
demostración del pago de tales aportes.
43. En esa línea de consideraciones resulta necesario destacar que, si bien esta
Subsección con anterioridad en asuntos con similitud fáctica había sostenido que los
artículos 4 y 9 de la Ley 797 de 2003 que modificaron los artículos 17 y 33 de la Ley
100 de 1993 establecieron desde 2003 como exigencia para el reconocimiento de la
pensión de jubilación que se demostraran los aportes al sistema pensional,
corresponde precisar que ni antes ni después de esta fecha debe verificarse como
exigencia la realización efectiva de las cotizaciones por parte de docentes
contratistas para poder tener en cuenta los períodos laborados bajo esa modalidad
con fines pensionales15. Ello, sin dejar de lado, como se mencionó que el Fomag
cuenta con mecanismos para recaudar dichos aportes16 por lo que tampoco puede
considerarse que se configure un detrimento patrimonial de la entidad.
44. En ese orden, se tiene que el actor cumplió con la exigencia de los 55 años
de edad el 8 de agosto de 2018, momento para el cual ya había acreditado los 20
años de servicios -el 1° de agosto de 2010-17. De manera que adquirió el estatus
pensional a partir del 8 de agosto de 2018, como lo dispuso el tribunal de instancia.
14
Ver sentencia de 21 de agosto de 2025, expediente 15001-23-33-000-2021-00635-01 (6197-2024), C.P. Jorge Iván Duque
Gutiérrez, en la que se señaló:
“Ahora, en atención al marco normativo y jurisprudencial aplicable, lo primero que debe recordarse es que, contrario a las
afirmaciones del juez de primera instancia, las vinculaciones de un docente bajo la modalidad contractual de OPS no impide
considerar tales interregnos para contabilizarlos a fin de cumplir el requisito del tiempo de servicio, ello incluso al margen de la
efectiva contribución al sistema de seguridad social mientras laboró como contratista, pues este no fue el criterio fijado para tal
fin en la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, sino el de la demostración de algún tiempo de labor oficial educativa
antes de que entrara a regir la ley de aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006. No obstante, como ya lo ha
advertido la Subsección en casos similares18, si bien los artículos 4 y 9 de la Ley 797 de 2003 que modificaron los artículos 17
y 33 de la Ley 100 de 1993, establecieron como exigencia para el reconocimiento de la pensión de jubilación bajo el régimen
de prima media que se demostraran los aportes al sistema pensional, en el caso particular, la referida disposición normativa
no resulta aplicable al actor al ser este beneficiario de la Ley 33 de 1985.”
15 Ver sentencia de 5 de marzo de 2026, expediente 15001-23-33-000-2021-00181-01 (2263-2023), C.P. Jorge Iván Duque
Gutiérrez.
16 Tal como se dispone en el artículo 2.2.3.3.3. del Decreto 1833 de 2016
17
Si bien el Tribunal Administrativo de Nariño señaló una fecha distinta de consolidación del requisito de tiempo de servicio, la
Sala advierte que, al depurar los periodos certificados y excluir los lapsos en los que no obra acreditada la prestación del
servicio, el actor completó los 20 años el 1.º de agosto de 2010. En todo caso, dicha diferencia no incide en la adquisición del
estatus pensional, pues este se consolidó con el cumplimiento de la edad de 55 años, el 8 de agosto de 2018, momento para
el cual el requisito de tiempo ya se encontraba satisfecho.
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45. Ahora bien, en lo que corresponde a la liquidación de la prestación, se advierte
que el a quo ordenó reconocer la pensión de jubilación en cuantía equivalente al
75% del promedio de lo devengado durante el año anterior a la adquisición del
estatus pensional, esto es, entre el 8 de agosto de 2017 y el 8 de agosto de 2018,
con inclusión de la asignación básica y de la bonificación mensual docente, esta
última siempre que corresponda a la prevista en el Decreto 1566 de 2014, previa
verificación de la entidad.
46. En el presente asunto se observa que, conforme al certificado salarial que
reposa en el expediente, durante dicho periodo el demandante percibió asignación
básica, bonificación mensual docente, prima de navidad, prima de servicios y
prima de vacaciones docentes. Por lo que, se estima ajustada la decisión del
tribunal frente a los factores a tener en cuenta para liquidación, pues, corresponde
únicamente los factores previstos en el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985 y aquellos
a los que normas posteriores18 les hayan reconocido carácter salarial para efectos
pensionales en el régimen docente.
47. En cuanto a la prescripción, se observa que el señor Jorge Gonzalo Moncayo
Ortiz adquirió el estatus pensional el 8 de agosto de 2018, solicitó el reconocimiento
de la prestación el 23 de noviembre del mismo año y presentó la demanda el 1.º de
julio de 2020. En consecuencia, entre la consolidación del derecho, la reclamación
administrativa y el ejercicio del medio de control no transcurrió el término trienal
previsto en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de
1969. En consecuencia, se confirmará la decisión del a quo en cuanto declaró no
probada la excepción de prescripción.
48. Frente al argumento de la entidad demandada relacionado con la prohibición
del artículo 128 de la Constitución Política, el mismo no tiene prosperidad, en tanto,
atendiendo a la fecha de vinculación al servicio educativo oficial del actor, esta se
encuentra cobijada por la excepción consagrada en el literal g) del artículo 19 de la
Ley 4ª de 1992 y por consiguiente es beneficiario de la compatibilidad entre la
pensión de jubilación y el salario en los términos del artículo 5.° del Decreto 224 de
1972.
49. En cuanto al cargo de apelación relacionado con la falta de legitimación en la
causa por pasiva del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el
mismo no tiene vocación de prosperidad, dado que, como lo sostuvo el
tribunal, tratándose de la pensión de jubilación docente y de conformidad con la Ley
91 de 1989, las prestaciones sociales del personal docente se encuentran a cargo
de la Nación y su reconocimiento y pago corresponde al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio –FOMAG–, siendo las entidades territoriales, a
través de sus Secretarías de Educación, meras tramitadoras de las solicitudes.
18 Por ejemplo, en los Decretos 633 y 634 de 2007, 1566 de 2014 y 2354 de 2018.
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50. Ahora bien, resulta necesario precisar que la orden impartida por el Tribunal
en relación con las gestiones administrativas de recaudo se circunscribió a las cuotas
partes que correspondan por el tiempo servido por el demandante en el municipio de
Albán mediante contratos de prestación de servicios. No obstante, nada dispuso
frente al recaudo de los aportes que pudieren causarse con ocasión de la inclusión
de la bonificación mensual docente como factor salarial. Por consiguiente, la Sala
adicionará la sentencia, a fin de precisar que, en caso de verificarse que dicho
emolumento corresponde a la bonificación mensual docente prevista en el Decreto
1566 de 2014, su inclusión en la base de liquidación no estará condicionada a la
acreditación previa de aportes, sin perjuicio de que el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio adelante las gestiones administrativas
necesarias para obtener su recaudo, si a ello hubiere lugar.
2.5. Conclusión
51. Por lo anterior, se confirmará la decisión del Tribunal Administrativo del
Nariño, que accedió a las pretensiones del demandante, esto por cuanto logró
acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos para que su derecho pensional
sea analizado bajo lo contemplado en la Ley 33 de 1985, dado que su primera
vinculación al servicio docente oficial se produjo con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003. Asimismo, se adicionará la sentencia, en el sentido
de precisar el alcance de la inclusión de la bonificación mensual docente y de las
gestiones administrativas de recaudo de aportes que correspondan.
2.6. Condena en costas
52. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta Corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
53. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.
54. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
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55. En el presente asunto, el Tribunal condenó en costas al FOMAG en un 80%
a favor del demandante y al demandante en un 50% a favor del Departamento de
Nariño – Secretaría de Educación Departamental. Aunque la entidad apelante
cuestionó dicha decisión, no se advierten razones para modificarla, pues se
confirmará la orden de reconocimiento pensional impartida en primera instancia.
56. En todo caso, no se condenará en costas de segunda instancia a la Nación –
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, pues se adiciona de oficio la sentencia en esta instancia como se explicó
en el párrafo 51.
57. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. ADICIONAR la sentencia proferida el 31 de enero de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Nariño, en el siguiente sentido:
“SEPTIMO. ORDENAR que, en caso de verificarse que la bonificación
mensual docente devengada por el señor Jorge Gonzalo Moncayo Ortiz
corresponde a la prevista en el Decreto 1566 de 2014, esta deberá incluirse
en la liquidación de la pensión de jubilación, sin que su reconocimiento esté
condicionado a la acreditación previa de aportes, sin perjuicio de que el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio adelante las gestiones
administrativas necesarias para obtener el recaudo de los aportes a que haya
lugar.”
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada, por las razones
expuestas.
TERCERO: Condenar en costas de segunda instancia a la entidad demandada -
parte vencida- por las razones expuestas en la motivación.
CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
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Demandante: Jorge Gonzalo Moncayo Ortiz
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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