Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2020-00655-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2020-00655-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2020-00655-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2020-00655-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
14 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026).
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2020-00655-01 (4092-2024)
Demandante: María Cristina Vanegas Correa
Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio
Litisconsorte: Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES
Temas: Pensión de jubilación docente - Ley 71 de 1988, cómputo de
tiempo laborado antes de la Ley 812 de 2003 –
Compatibilidad pensional
Decisión: Revoca la decisión que niega las pretensiones de la
demanda. Accede. Condena en costas.
Ley 1437 de 2011 – Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
I. ASUNTO
1. La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante en contra de la sentencia de 13 de junio de 2024, proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión1, que negó
las súplicas de la demanda instaurada por la señora María Cristina Vanegas
Correa en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda2.
2.1.1. Pretensiones.
2. La señora María Cristina Vanegas Correa, por intermedio de apoderada judicial
y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
establecido en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 solicitó la nulidad de la
1 Con ponencia del magistrado Jorge León Arango Franco.
2Expediente digitalizado correspondiente a la segunda instancia. Índice 2. Archivo «01Cuaderno
1.pdf(.PDF)». Folios 1 y s.s.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Rad icado : 05001-23-33-000- 2020-00655-01 (4092-2024)
De mandan te : M aría C ri sti na Vaneg as Corre a
Resolución 2020060108639 del 19 de agosto de 2020, expedida por la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, por la que se le negó el reconocimiento de la pensión de jubilación
por aportes.
3. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se condene a la entidad
demandada a reconocerle y pagarle una pensión de jubilación por aportes desde
el momento de adquisición de su estatus pensional ( 11 de diciembre de 2017),
tomando como base de liquidación el 75% del promedio de los salarios, primas y
demás factores salariales devengados en el último año de servicios; que se
declare que existe compatibilidad ente la pensión y salario, que le paguen las
diferencias adeudadas, los intereses moratorios y los ajustes de valor sobre las
mismas de acuerdo con el IPC; que se dé cumplimiento a la sentencia en los
términos de los del CPACA y finalmente solicitó que se condene en costas a la
parte demandada.
2.1.2. Hechos.
4. Como fundamentos fácticos relevantes se señalaron los siguientes:
5. La señora María Cristina Vanegas Correa nació el 11 de diciembre de 1962
por lo que a la fecha de presentación de la demanda contaba con más de 55 años
de edad.
6. Laboró en entidades privadas donde realizó aportes en pensión al Instituto de
Seguros Sociales que posteriormente fueron trasladados a COLPENSIONES,
para un total de 372.29 semanas cotizadas.
7. Posteriormente, laboró como docente al servicio del departamento de
Antioquia a través de contratos de prestación de servicios desde el 7 de febrero
de 2003 hasta el 11 de junio de 2004 de forma discontinua.
8. Luego fue vinculada a la docencia oficial en el departamento de Antioquia
desde el 14 de septiembre de 2004, encontrándose activa para la fecha de
presentación de la demanda.
9. Solicitó a la entidad el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes
de conformidad con la Ley 71 de 1988, en compatibilidad con el salario docente,
solicitud que fue denegada a través de la Resolución 2020060108639 del 19 de
agosto de 2020.
2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación.
10. Como normas vulneradas citó los artículos 7 de la Ley 71 de 1988, 15,
numerales 1.° y 2.° de la Ley 91 de 1989, 6.° de la Ley 60 de 1993, 115 de la Ley
835
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Rad icado : 05001-23-33-000- 2020-00655-01 (4092-2024)
De mandan te : M aría C ri sti na Vaneg as Corre a
115 de 1993; 279 de la Ley 100 de 1993, 81 de la Ley 812 de 2003, y los artículos
1.° y 2.° del Decreto 3752 de 2003.
11. En el concepto de violación sostuvo, en síntesis, que el acto acusado
incurrió en violación directa de la ley toda vez que desconoció que, en este caso
la accionante se vinculó como docente oficial con anterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 812 de 2003. En este sentido, los docentes vinculados con
anterioridad al año 2003, se le aplican las normas anteriores a la expedición de
la Ley 812, es decir la Ley 33 de 1985 como servidores públicos regulares, o si
se trataba de docentes que tenían aportes al sector privado la Ley 71 de 1988
para la pensión por aportes.
12. En este orden de ideas, si el docente se encontraba laborando con
anterioridad al 26 de junio del año 2003 y aportaba en alguna entidad de previsión
del sector público o el ISS, debe respetársele el régimen de transición que
contiene el artículo 81 de Ley 812 de 2003. En este orden de ideas, dicho de otra
forma, es de precisar que los servidores públicos docentes vinculadas hasta el
26 de junio de 2003, el reconocimiento se efectuará de conformidad con el
régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial.
13. Citó la sentencia de 16 de marzo de 2017, radicado número: 81001-23-33-
000-2013-00285-01(2806-15) de la que destacó que el cumplimiento efectivo de
labores docentes oficiales es válida sin interesar si ocurrió en periodos diferentes
y acumulados, anteriores y posteriores a la Ley 91 de 1989; asunto que guarda
relación con el presente caso porque hay vinculación anterior a la Ley 812 de
2003 y eso es lo que cuenta para acceder al régimen pensional vigente al entrar
en vigor ese ordenamiento legal.
2.2. Contestación de la demanda3.
2.2.1. La Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio – Fiduprevisora SA, se opuso a las
pretensiones de la demanda con base en que el acto administrativo se encuentra
ajustado al ordenamiento jurídico. Para ello se refirió al régimen pensional
docente pero particularmente a la pensión por aportes, del que extrajo la
demandante se vinculó como docente afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003, de tal suerte que para el caso concreto, su régimen pensional
corresponde al de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de
vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.
14. Mediante sentencias de unificación de la Sala Plena del Consejo de Estado
de 28 de agosto de 2018 y de la Sección Segunda SUJ-014 -CE-S2 -2019 del 25
3 Ibidem. Archivo «07ContataciónDemandaYReforma.pdf».
835
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Rad icado : 05001-23-33-000- 2020-00655-01 (4092-2024)
De mandan te : M aría C ri sti na Vaneg as Corre a
de abril de 2019, se trató sobre los factores que se deben tener en cuenta para
liquidar las pensiones en el régimen general y se determinó, para los servidores
públicos sujetos al régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
que en su liquidación de pensión solo se deben incluir aquellos factores sobre los
que se haya realizado el aporte o cotización, estableciéndose una regla de
interpretación distinta a la que sostenía la Sección Segunda del Consejo de
Estado a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010.
15. Finalmente indicó que no es procedente condenar en costas de forma objetiva
dado que se debe tener en cuenta la actuación de la entidad, en la medida que
siempre actuó de acuerdo con lo señalado por la Ley 91 de 1989, reconociendo
los factures salariales taxativamente consagrados.
16. Formuló las excepciones de «Legalidad de los actos administrativos atacados
de nulidad», «inexistencia de la obligación», «sostenibilidad financiera» y
«ineptitud de la demanda por carencia de fundamento jurídico», «cobro de lo no
debido».
2.2.2. COLPENSIONES4, al contestar la demanda, sostuvo que la Ley 91 de
1989 no regula de manera directa un régimen pensional especial para los
docentes, pero que su artículo 15 estableció que las prestaciones sociales de los
docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 debían
regirse por el régimen que venían disfrutando en cada entidad territorial.
17. En contraste, indicó que el régimen aplicable a los docentes nacionales y a
quienes se vincularon a partir del 1.° de enero de 1990 es el correspondiente a
los empleados del orden nacional, conforme a lo dispuesto en los Decretos 3135
de 1968, 1848 de 1969, 1045 de 1978 y las normas que los modifiquen o
adicionen.
18. Señaló que, al revisar la historia laboral de la demandante, se evidenció que
para el año 2005 no contaba con más de 750 semanas de cotización, requisito
necesario para conservar el régimen de transición y acceder a la pensión de
jubilación por aportes. En consecuencia, afirmó que la demandante no tiene
derecho a la pensión prevista en la Ley 71 de 1988, por no ser beneficiaria del
régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, motivo
por el cual debe cumplir los requisitos exigidos en la Ley 812 de 2003 y en la Ley
100 de 1993 para el reconocimiento de la pensión de vejez.
19. Finalmente, COLPENSIONES se opuso a la condena en costas y propuso
como excepciones la «falta de legitimación en la causa por pasiva», «la
inexistencia de la obligación de reconocer la pensión de vejez conforme a la Ley
71 de 1988», « inexistencia de liquidar la pensión con factores salariales no
reportados», «el principio de sostenibilidad financiera», «la compensación y
pago», «imposibilidad de condena en costas», «prescripción», «buena fe» y
4
Ibidem. Archivo «26.Constestación- Colpensiones.pdf».
835
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Rad icado : 05001-23-33-000- 2020-00655-01 (4092-2024)
De mandan te : M aría C ri sti na Vaneg as Corre a
genérica.
2.3. La sentencia apelada5.
19. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión mediante
sentencia de 13 de junio de 2024 negó las pretensiones de la demanda.
20. Para ello, se refirió a la pensión de jubilación por acumulación de aportes
públicos y privados, para lo cual se refirió al artículo 7.° de la Ley 71 de 1988, que
permite sumar tiempos cotizados en el sector público y privado, exigiendo 55
años de edad para la mujer y 20 años de aportes, así como a la sentencia de la
Corte Constitucional C-623 de 1998, el Decreto 2709 de 1994, y finalmente la Ley
100 de 1993 de lo cual coligió que sólo quienes a 1.º de abril de 1994 tuvieran 35
años de edad o 15 años de servicios podían conservar los requisitos anteriores y
por ello, estimó que la pensión por aportes de la Ley 71 de 1988 subsiste
únicamente como modalidad aplicable a los beneficiarios del régimen de
transición, según lo precisado por el Consejo de Estado en sentencia del 9 de
febrero de 2017.
21.En cuanto al tiempo laborado mediante órdenes de prestación de servicios
docentes, la a quo reiteró que es computable para efectos pensionales cuando
se configura contrato realidad, conforme a la Sentencia C-555 de 1994 de la
Corte Constitucional y a la jurisprudencia del Consejo de Estado (sentencia del
25 de agosto de 2016).
22. Finalmente, la Sala precisó que el régimen pensional aplicable a los docentes
oficiales depende de la fecha de vinculación, conforme al artículo 81 de la Ley
812 de 2003, el Acto Legislativo 01 de 2005, la Ley 91 de 1989 y la Ley 33 de
1985, distinguiendo entre quienes se vincularon antes y después del 26 de junio
de 2003.
23. En el análisis del caso concreto, la Sala estableció que la demandante nació
el 11 de diciembre de 1962, cotizó al Instituto de Seguros Sociales desde 1987;
luego laboró mediante órdenes de prestación de servicios docentes entre el 7 de
febrero de 2003 y el 11 de junio de 2004 y fue nombrada docente en propiedad
desde el 14 de septiembre de 2004. Sumados los tiempos públicos y privados,
acreditó 1.153,86 semanas para la fecha de su solicitud, inferior a las 1.300
exigidas por el régimen general.
24. Aunque la demandante inició cotizaciones antes de la vigencia de la Ley 100
de 1993, la Sala concluyó que no era beneficiaria del régimen de transición del
artículo 36 de dicha ley, porque al 1.º de abril de 1994 tenía 31 años de edad y
menos de 15 años de servicios. Por tanto, no le era aplicable la pensión de
jubilación por aportes de la Ley 71 de 1988. Asimismo, aunque su vinculación
docente fue anterior a la Ley 812 de 2003, tampoco cumplía los requisitos de
5 Archivo «053_SENTENCIA.pdf», Idem.
835
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Rad icado : 05001-23-33-000- 2020-00655-01 (4092-2024)
De mandan te : M aría C ri sti na Vaneg as Corre a
edad y tiempo exigidos por la Ley 33 de 1985 y la Ley 91 de 1989 para la pensión
ordinaria de jubilación.
25. En consecuencia, la Sala concluyó que el acto administrativo demandado se
encontraba ajustado a derecho y negó las pretensiones de la demanda.
26. Finalmente, impuso condena en costas a la demandante.
2.4. Recurso de apelación
27. El apoderado de la demandante6 presentó recurso de apelación, en el que,
solicitó revocar de la sentencia de primera instancia y con ello, acceder las
pretensiones de la accionante.
28. Como argumentos de fondo, expuso que el fallo incurre en una indebida
aplicación normativa, al desconocer que María Cristina Vanegas Correa, nacida
el 11 de diciembre de 1962, cuenta actualmente con más de 55 años de edad y
ha laborado por más de 20 años en el sector público, principalmente como
docente oficial, circunstancia plenamente acreditada con las certificaciones
obrantes en el expediente. Su vida laboral inició en 1987, retomó labores
docentes desde 2003 y continuó ejerciendo en el sector público desde 2004, con
aportes efectuados tanto a Colpensiones como al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio.
29. Precisó que la demandante no estaba sometida al régimen general de la Ley
100 de 1993, por tratarse de una docente oficial afiliada al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, régimen exceptuado expresamente por el
artículo 279 de la Ley 100 de 1993. En consecuencia, el análisis del tribunal de
primera instancia resulta equivocado al supeditar el reconocimiento pensional al
cumplimiento del régimen de transición general.
30. Con fundamento en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, afirmó que a los
docentes vinculados con anterioridad a su vigencia se les deben aplicar las
normas prestacionales anteriores, en especial la Ley 71 de 1988, que regula la
pensión de jubilación por aportes, y la Ley 33 de 1985. Bajo este marco,
consideró que basta acreditar 20 años de aportes acumulados en el sector
público y privado y 55 años de edad si se trata de una mujer, requisitos que se
encuentran cumplidos en el caso concreto, dado que los periodos laborados
mediante contratos de prestación de servicios deben computarse.
31. En cuanto al monto de la prestación, solicitó la aplicación del artículo 8.° de
la Ley 71 de 1988, es decir, en cuantía del 75% del salario base de liquidación,
entendido este como el promedio del salario que sirvió de base para los aportes
durante el último año de servicios, de acuerdo con la vigencia restablecida del
6 Ibidem. Archivo « 006RecursoApelacion.pdf».
835
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Rad icado : 05001-23-33-000- 2020-00655-01 (4092-2024)
De mandan te : M aría C ri sti na Vaneg as Corre a
artículo 6.° del Decreto 2709 de 1994, según la jurisprudencia del Consejo de
Estado.
32. Se refirió a la compatibilidad entre salario y pensión en el sector docente, para
lo cual señaló que históricamente el ordenamiento ha permitido al docente
pensionado continuar ejerciendo la docencia, conforme al Decreto 224 de 1972,
el Decreto 2277 de 1979, la Ley 91 de 1989 y el artículo 19 literal g) de la Ley 4
de 1992, interpretación respaldada por reiterada jurisprudencia del Consejo de
Estado y por la Sentencia C-1157 de 2003 de la Corte Constitucional.
33. Según las certificaciones aportadas, la demandante acredita 372,29 semanas
cotizadas a Colpensiones, 415 días con el departamento de Antioquia (OPS) y
6.390 días con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
superando ampliamente los 20 años de servicios exigidos por la Ley 71 de 1988.
34. Finalmente, el recurso solicita la revocatoria total de la sentencia del 13 de
junio de 2024, la nulidad del acto administrativo del 19 de agosto de 2020, y como
restablecimiento del derecho, el reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación por aportes, equivalente al 75% del salario promedio del último año,
consolidada el 11 de diciembre de 2017, sin exigir el retiro del cargo, dada la
compatibilidad entre pensión y salario en la docencia oficial, así como el acceso
a las demás pretensiones de la demanda.
2.5. Alegatos de segunda instancia
35. En esta oportunidad las partes y el agente del Ministerio Público guardaron
silencio.
36. Como no se observa causal que invalide lo actuado, la Sala de Subsección
procede a decidir previas las siguientes
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
37. Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1507 de la Ley 1437 de 2011.
38. De conformidad con el artículo 328 del Código General del Proceso, la
7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. […]».
835
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Rad icado : 05001-23-33-000- 2020-00655-01 (4092-2024)
De mandan te : M aría C ri sti na Vaneg as Corre a
competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos
expuestos por el apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan
apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.
3.2. Problema jurídico
39. Deberá la Sala verificar cuál es el régimen aplicable al demandante y una vez
establecido lo anterior, si es del caso, verificará la Sala ¿si la señora María
Cristina Vanegas Correa tiene derecho al reconocimiento de la pensión de
jubilación de conformidad con lo establecido en la Ley 71 de 1988?; en caso de
que la respuesta al anterior interrogante sea afirmativa deberá verificarse si
¿cuenta con el derecho a la compatibilidad entre la pensión de jubilación
reconocida y el salario como docente oficial durante el tiempo en que haya estado
activa en servicio?
40. Para desatar la cuestión litigiosa la Sala se referirá al régimen pensional
aplicable a los docentes oficiales y con ello a la sentencia de unificación del 25
de abril de 2019, la compatibilidad de la pensión de jubilación y el sueldo en el
caso de los docentes y se verificará el acervo probatorio.
3.3. Régimen pensional aplicable a los docentes oficiales. Sentencia de
Unificación del 25 de abril de 2019.
42. Mediante sentencia de unificación del 25 de abril de 2019 la Sección Segunda
del Consejo de Estado8 unificó su criterio en torno a la forma de liquidar la pensión
ordinaria de jubilación de los docentes, prevista en la Ley 91 de 1989, oportunidad
en la cual determinó las siguientes reglas jurisprudenciales:
«a. Los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, gozan
del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación de los servidores públicos
del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, y por tanto los factores en sus
liquidaciones pensionales son aquellos sobre los que efectuaron los respectivos
aportes de acuerdo con el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, y, por lo tanto, no se
puede incluir ningún factor diferente a los señalados en el citado artículo.
b. En el caso de los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, se les debe aplicar el régimen pensional de prima media establecido
en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho
régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres.
Para la liquidación pensional los factores que se deben incluir en el ingreso base
de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se
efectuaron las respectivas cotizaciones.»
43. A través de la sentencia citada, se precisó que, según el parágrafo transitorio
del Acto Legislativo 01 de 2005, existen dos regímenes prestacionales que
8Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-CE-S2 -2019.
Expediente: 680012333000201500569-01 (0935-17).
835
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Rad icado : 05001-23-33-000- 2020-00655-01 (4092-2024)
De mandan te : M aría C ri sti na Vaneg as Corre a
regulan el derecho a la pensión de jubilación para los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial, que
dependerá de la fecha de vinculación al servicio educativo oficial que acredite
cada docente, para tal efecto distinguió lo siguiente:
a) El derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir
del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados a
partir del 1 de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33
de 1985, se rige por las siguientes reglas: 55 años de edad, 20 de servicios
y 75% de los factores previstos en la Ley 62 de 1985.
b) Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en
las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho
régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y
mujeres. Para este personal, el ingreso base de liquidación se rige por lo
previsto en la Ley 100 de 1993, con los factores señalados por el Decreto
1158 de 1994, sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones.
44. Como se advierte, la Sala únicamente estableció reglas orientadas a
determinar los regímenes aplicables a los educadores oficiales cuyo tiempo de
servicio hubiese sido prestado en el sector público y cotizado de manera
exclusiva al FOMAG. Precisamente por esa circunstancia, y conforme a lo
previsto en la Ley 91 de 1989, resultaba necesario remitirse de forma directa a la
Ley 33 de 1985 para establecer la procedencia del derecho pensional.
45. En consecuencia, en aquella oportunidad no se analizaron aquellos casos en
que el docente registra un período de servicio educativo insuficiente para
consolidar la prestación bajo la referida Ley 33 de 1985, pero adicionalmente
efectuó cotizaciones al entonces Instituto de Seguros Sociales —hoy
Colpensiones— derivadas de actividades desarrolladas mediante contratos de
prestación de servicios, contratos laborales con entidades privadas o como
trabajadora independiente; aportes con los cuales busca completar el tiempo
requerido9.
46. Es evidente que no existe ninguna justificación jurídica que imposibilite
extender la aplicación de la Ley 71 de 1988 a los docentes en los casos
señalados, máxime que los antecedentes legislativos 10 de la Ley 91 de 1989, dan
cuenta que se contempló y validó como aplicable a los educadores del
9 Sentencia de 31 de julio de 2025, dictada por esta misma Subsección con ponencia del consejero Jorge
Iván Duque Gutiérrez, dentro del proceso radicado 25000-23-42-000-2020-00847-01 (3708-2022).
10 Gaceta del Congreso de la República 103 de fecha 17 de octubre de 1989.
835
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Rad icado : 05001-23-33-000- 2020-00655-01 (4092-2024)
De mandan te : M aría C ri sti na Vaneg as Corre a
magisterio11. A lo que se suma que la Sección Segunda del Consejo de Estado
sentencia de 19 de enero de 202312 también avaló la aplicación de la Ley 71 de
1988 al sector docente, teniendo en cuenta además las previsiones de la
sentencia de unificación de 2019, tantas veces mencionada 13, precisando a su
vez que los factores de liquidación corresponden a los enlistados en la Ley 62 de
1985, sobre los cuales se hubieran efectuado cotizaciones.
47. Sobre este último aspecto relacionado con los factores de liquidación, la Sala
estima que hay que tener en cuenta además de lo dispuesto en la Ley 62 de
1985, los factores que en disposiciones posteriores se les haya dado carácter
salarial, como por ejemplo la bonificación mensual de docentes y directivos
docentes (Decreto 1566 de 2014) y la bonificación pedagógica (Decreto 2354 de
2018); no siendo posible extenderse a incluir la totalidad de factores sobre los
que hubiere cotizado en el año anterior a la adquisición del estatus, pues, ello
podría tener como consecuencia la existencia de distintos regímenes al interior
del servicio docente, que conllevaría a la vulneración de derechos como el de
igualdad, y desconocería lo dispuesto en la sentencia de unificación del 25 de
abril de 2019, con la cual se abandonó el criterio jurisprudencial de la sentencia
del 4 de agosto de 2010, que avalaba dicha liquidación con todos los
emolumentos percibidos, al margen de si estaba o no contenidos en las
disposiciones de liquidación pensional.
48. Finalmente es de señalar que las labores docentes desempeñadas a través
de contrato de prestación de servicios han sido consideradas como computables
para efectos de estimar el tiempo total de servicios, tesis que ha sido reiterada
por esta Corporación en múltiples pronunciamientos14 donde se ha considerado
que además, si se han desplegado antes del 27 de junio de 2003 pueden dar
lugar a la aplicación de las previsiones de transición del artículo 81 de la Ley 812
de 2003, que permiten aplicar la regulación anterior contenida en los artículos 2.º,
parágrafo y 15 numeral 2.º de la Ley 91 de 1989.
3.4. Análisis del caso concreto
49. En este caso las pruebas allegadas dan cuenta de lo siguiente:
11 “Acerca del artículo 15 habría que referirse finalmente a dos aspectos: la Ley 71 de 1988 sobre pensiones
de jubilación; recoge amplias aspiraciones del movimiento pensional que al beneficiar al Magisterio exonera
de la repetición en este texto. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, recibe la
autorización legal de extender los servicios asistenciales a las familias de los docentes, cuando su situación
financiera lo permite.
12 C.P. William Hernández Gómez – Expediente 15001-23-33-000-2019-00103-01 (3083-2022).
13 Se aclaró también que no les es aplicable el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 (artículo 36), y
por ende tampoco están sometidos al ingreso base de liquidación contemplado en el artículo 21 de aquella,
los educadores vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003.
14 Se pueden consultar entre otras, la sentencia de esta Subsección de 23 de mayo de 2024, dentro del
proceso radicado 25000-23-42-000-2019-01673-01.
835
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Rad icado : 05001-23-33-000- 2020-00655-01 (4092-2024)
De mandan te : M aría C ri sti na Vaneg as Corre a
➢ La señora María Cristina Vanegas Correa nació el 11 de diciembre de 1962
como lo indica su cédula de ciudadanía15.
➢ En el folio 36 se aportó copia del reporte de semanas de COLPENSIONES,
actualizado a 29 de diciembre de 2016 y en el que aparecen 372, 29 semanas
de cotizaciones al sector privado, desde el año 1987:
➢ A folio 39 del archivo « 06ReformaA La Demanda.pdf»16 obra certificación
de 19 de junio de 2019 expedida por la directora de Talento Humano de la
Secretaría de Educación de Antioquia en el que se indica que la demandante
laboró allí como docente por el sistema de prestación de servicios docentes así:
• Contrato 2728-01-03. Tiempo laborado desde el 7 de febrero al 20 de junio
de 2003, en la Institución Educativa Antonio Roldán Betancur en el
municipio de Tarazá.
• Contrato 3222-02-03. Tiempo laborado desde el 15 de julio al 14 de
diciembre de 2003, en la Institución Educativa Antonio Roldán Betancur
en el municipio de Tarazá.
• Contrato 2716-01-04. Tiempo laborado desde el 19 de enero al 11 de junio
de 2004, en la Institución Educativa Antonio Roldán Betancur en el
municipio de Tarazá.
15
Expediente digitalizado correspondiente a la segunda instancia. Índice 2. Archivo «01Cuaderno
1.pdf(.PDF)». Folio 26.
16
Ibidem.
835
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Rad icado : 05001-23-33-000- 2020-00655-01 (4092-2024)
De mandan te : M aría C ri sti na Vaneg as Corre a
➢ De acuerdo con el certificado único para la expedición de certificado de
historia laboral remitido por el FOMAG17 se tiene que la demandante fue
vinculada como docente de la Secretaría Departamental de Antioquia desde el 6
de septiembre de 2004, como docente en propiedad y continuaba vinculada a la
fecha de expedición del documento, el 17 de septiembre de 2019.
➢ Así mismo de acuerdo con certificado de factores salariales devengados
en el año 201818 se tiene que devengó los siguientes emolumentos:
50. De acuerdo con ello, la demandante acreditó los siguientes tiempos de
servicios en entidades públicas y privadas:
• En el sector privado. Aportes a Colpensiones, desde el 15 de enero de
1987 hasta el 31 de marzo de 1996 total 338 semanas. Esto dividido en
52 semanas anuales, serán 6 años y 5 meses. Es de aclarar que se
incluyen los aportes que figuran a nombre de la demandante desde 1.° de
julio de 2003 hasta el 30 de junio de 2004, dado que tales periodos son
los ejecutados por OPS.
• Contrato de prestación de servicios docentes con la Secretaría de
Educación de Antioquia: 1 año, 1 mes y 6 días.
• Como docente en propiedad: 15 años y 11 días a la fecha de expedición
del certificado.
• Tiempo total acreditado: 22 años, 6 meses y 17 días de los cuales, 6
años y 5 meses fueron laborados en el sector privado. De acuerdo con
ello, los 20 años de servicios se acreditaron el 28 de febrero de 2017.
51. De acuerdo con lo anterior se aprecia que el estatus pensional se alcanzó el
11 de diciembre de 2017 cuando cumplió 55 años de edad, fecha para la cual
superaba los 20 años de servicios.
52. Como ya se vio, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de
Decisión, negó las pretensiones de la demanda, dado que estimó que la
demandante no acreditaba los requisitos establecidos por el régimen de
transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para dar aplicación
a la Ley 71 de 1988, además que tampoco acreditaba el tiempo de servicios
17
Ibidem. Folio 41.
18
Expediente digitalizado correspondiente a la segunda instancia. Índice 2. Archivo «01Cuaderno
1.pdf(.PDF)». Folio 46.
835
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Rad icado : 05001-23-33-000- 2020-00655-01 (4092-2024)
De mandan te : M aría C ri sti na Vaneg as Corre a
públicos como para dar aplicación a la Ley 33 de 1985.
53. Estima la Sala que no le asistió razón al Tribunal dado que la demandante sí
se encuentra cubierta por la transitoriedad del régimen pensional del sector
docente consagrado en la Ley 812 de 2003, conforme a su primera fecha de
ingreso al sector docente oficial, como quedó establecido en precedencia
comoquiera que las pruebas recaudadas demuestran que la actora laboró
mediante contrato de prestación de servicios desde el 7 de febrero de 2003. Es
decir, tuvo vinculación con el sector docente oficial con anterioridad a la
expedición de la Ley 812 de 2003, razón por la cual, es beneficiaria del régimen
transitorio pensional del sector docente consagrado en el artículo 81 de la Ley
812 de 2003 y el parágrafo transitorio 1.º del Acto Legislativo 01 de 2005,
condición jurídica y jurisprudencial para la aplicación de la Ley 71 de 1988.
54. En efecto, la Ley 812 de 2003 no condicionó la aplicación de tal prerrogativa
a estar cobijado al régimen de transición de la Ley 100 de 1993 siendo que la
única condición es la vinculación como docente, sin que interese si es por
contrato de prestación de servicios, en provisionalidad o en propiedad.
55. Así entonces, le asiste razón a la demandante pues de una parte de vinculó
a la docencia oficial antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, pero
de otra cuenta con tiempos de servicios que no pueden ser desconocidos y que
son los que precisamente remiten a la aplicación de la Ley 71 de 1988.
56. En consecuencia, esta Sala revocará la sentencia de primera instancia,
incluida la condena en costas, y en su lugar, ordenará al FOMAG reconocer y
pagar una pensión de jubilación por aportes a favor de la actora, con base en la
Ley 71 de 1988, cuya mesada deberá calcularse con el 75 % del ingreso base de
liquidación conformado por el promedio mensual de los factores salariales
asignación básica, bonificación mensual docentes y bonificación pedagógica,
esto es, devengados entre el 11 de diciembre de 2017 y el 11 de diciembre de
2018, prestación que será efectiva a partir del 12 de diciembre de 2018.
57.En efecto, en este caso no ocurrió el fenómeno de la prescripción comoquiera
que la petición de reconocimiento pensional se elevó el 13 de noviembre de 2013
como aparece en el radicado a folio 28 ibidem19 y la demanda se presentó el 6
de marzo de 2020 (f. 47 ibidem) de modo que no operó la prescripción de las
prestaciones sociales y económicas causadas con anterioridad al 12 de
diciembre de 2018.
58. Ahora bien, al tratarse de una pensión reconocida en virtud de lo dispuesto
en la Ley 71 de 1988, esta Sala procederá a examinar si dicha prestación resulta
compatible con la remuneración percibida por el desempeño del cargo docente.
19
Expediente digitalizado correspondiente a la segunda instancia. Índice 2. Archivo «01Cuaderno
1.pdf(.PDF)».
835
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Rad icado : 05001-23-33-000- 2020-00655-01 (4092-2024)
De mandan te : M aría C ri sti na Vaneg as Corre a
59. En cuanto a la prohibición del artículo 128 de la Constitución Política, esta
Subsección reitera que tal disposición no impide la compatibilidad entre la
asignación docente y la pensión de jubilación por aportes, pues, atendiendo a la
fecha de vinculación al servicio educativo oficial de la accionante, esta se
encuentra cobijada por la excepción consagrada en el literal g) del artículo 19 de
la Ley 4ª de 1992 y por consiguiente es beneficiaria de la compatibilidad entre la
pensión de jubilación y el salario en los términos del artículo 5.° del Decreto 224
de 1972.
60. Ahora bien, con base en los artículos 5 (numeral 5) de la Ley 91 de 1989 y
11 del Decreto 2709 de 1994, y con el fin de garantizar el financiamiento de dicha
prestación, se ordenará al FOMAG que adelante las actuaciones (i)
administrativas para obtener el traslado de todos los aportes pensionales que
Colpensiones ha recibido a nombre de la accionante, gestión que no
comprometerá el pago de la mesada pensional y (ii) de cobro en contra de del
departamento de Antioquia y/o el municipio de Tarazá, respecto de los aportes
pensionales que debieron realizar, entre los periodos comprendidos entre el 7 de
febrero y el 20 de junio de 2003; desde el 15 de julio hasta el 14 de diciembre de
2003 y desde el 19 de enero hasta el 11 de junio de 2004.
61. En consecuencia, la Sala revocará la sentencia proferida el 13 de junio de
2024, por los motivos acá indicados y accederá a las pretensiones de la demanda
como ha quedado señalado.
3.5. De la condena en costas en segunda instancia
62. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
63. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
835
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Rad icado : 05001-23-33-000- 2020-00655-01 (4092-2024)
De mandan te : M aría C ri sti na Vaneg as Corre a
64. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
65. En consecuencia, se impondrán costas de ambas instancias a la Nación –
Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, por cuanto se accede a las peticiones del recurso de apelación y se
revoca la sentencia de primera instancia. Para el efecto, de conformidad con el
artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal Administrativo de Antioquia.
66. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 13 de junio de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, que negó las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada
por la señora María Cristina Vanegas Correa contra la Nación - Ministerio de
Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la Resolución 2020060108639 del 19 de
agosto de 2020, expedida por la Nación, Ministerio de Educación Nacional,
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por la que se le negó a
la señora María Cristina Vanegas Correa el reconocimiento de la pensión de
jubilación por aportes.
TERCERO: CONDENAR a la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, a reconocer y pagar una pensión de
jubilación a favor de la señora María Cristina Vanegas Correa, con base en la Ley
71 de 1988, equivalente al 75 % del promedio mensual de los factores salariales
que sirvieron de base para los aportes, como son el salario, la bonificación
mensual docentes y la bonificación pedagógica percibidos entre el 11 de
diciembre de 2017 y el 11 de diciembre de 2018, efectiva a partir del 12 de
diciembre de 2018, que es compatible con el salario devengado en ejercicio de
la docencia oficial.
CUARTO: DECLARAR que no se configuró la prescripción trienal de mesadas
pensionales.
QUINTO: Las sumas que resulten a favor de la parte actora por concepto de
mesadas causadas y no pagadas se ajustarán de acuerdo con la siguiente
fórmula:
835
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Rad icado : 05001-23-33-000- 2020-00655-01 (4092-2024)
De mandan te : M aría C ri sti na Vaneg as Corre a
R= Rh x índice final
Índice inicial
SEXTO. ORDENAR a la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio que adelante las actuaciones de cobro
de aportes pensionales en contra del departamento de Antioquia y/o el municipio
de Tarazá, por los periodos comprendidos entre el el 7 de febrero y el 20 de junio
de 2003; desde el 15 de julio hasta el 14 de diciembre de 2003 y desde el 19 de
enero hasta el 11 de junio de 2004, en las proporciones que correspondían como
empleador.
SÉPTIMO. ORDENAR a la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio que realice las gestiones necesarias
para obtener el traslado de todos los aportes pensionales que Colpensiones ha
recibido a nombre de María Cristina Vanegas Correa.
OCTAVO: CONDENAR en costas de ambas instancias a la Nación – Ministerio
de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal
Administrativo de Antioquia, de conformidad con lo señalado en precedencia.
NOVENO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.
835
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.