Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2017-00029-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2017-00029-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 18001-23-33-000-2017-00029-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
12 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 18001-23-33-000-2017-00029-01 (3667-2024)
Demandante: Francisco Javier Montes Tangarife
Demandadas: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), Departamento
del Caquetá y Fiduciaria La Previsora S.A.
Temas: Reliquidación de pensión ordinaria de jubilación. Procede la
inclusión en el IBL del promedio salarial percibido en el último
año de servicio anterior al estatus derivado del ejercicio de un
cargo distinto a docente, mientras no subsista incompatibilidad
del artículo 128 constitucional. Condena en costas de primera
instancia. ADICIONA Y CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el diecisiete (17) de abril de dos mil veinticuatro (2024) por el
Tribunal Administrativo de Caquetá, por medio de la cual se accedió parcialmente a
las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. El señor Francisco Javier Montes Tangarife instauró demanda1 en contra de la
Nación – Ministerio de Educación – FOMAG, el departamento del Caquetá y la
Fiduciaria La Previsora S.A.; en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: (i) Resolución
00619 del 20 de diciembre de 2010, por medio de la cual le fue reconocida una
pensión de jubilación, y (ii) Oficios ODP – 0511 del 17 de noviembre de 2011 y SAC
1
Ver expediente digital en el índice 2 de SAMAI.
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2016EE6110 del 21 de junio de 2016, con los que le fue negada la solicitud de
reliquidación pensional.
3. A título de restablecimiento del derecho, se ordene reajustar el monto de la
pensión con base en el 75% de lo devengado durante el año anterior a la adquisición
del estatus jurídico (10 de abril de 2007), conforme a lo ordenado en la sentencia
del 19 de febrero de 2010 que ordenó el reconocimiento de la prestación con base
en el régimen de la Ley 33 de 1985, especialmente con inclusión del salario como
secretario de educación que percibió en dicho período.
4. Que las sumas objeto de condena sean actualizadas de acuerdo con el IPC fijado
por el DANE, que se reconozcan intereses moratorios, que se dé cumplimiento a la
sentencia de conformidad con el artículo 192 del CPACA y que se disponga el pago
de las costas.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
5. Que mediante sentencia del 19 de febrero de 2010, el Juzgado Segundo
Administrativo de Florencia ordenó a la Secretaría de Educación Departamental del
Caquetá que, a través del FOMAG le reconociera y pagara pensión ordinaria de
jubilación con fundamento en el artículo 1.° de la Ley 33 de 1985, efectiva a partir
del 10 de abril de 2007.
6. Que la referida entidad profirió la Resolución 00619 del 20 de diciembre de 2010
con la que concedió la prestación en cuantía de $1.069.757, correspondiente al 75%
del salario promedio devengado como docente, sin considerar que, durante el último
año de servicios previo al cumplimiento del estatus se desempeñó en comisión no
remunerada como secretario de educación departamental.
7. Que el 24 de mayo de 2011 solicitó la reliquidación de su pensión con inclusión
de la asignación percibida como secretario de educación departamental, pero la
petición fue negada a través del Oficio ODP-0511 del 17 de noviembre de 2011 al
indicar que la liquidación se realizó de acuerdo con la sentencia judicial.
8. Que el 12 de abril de 2016 nuevamente formuló petición con el fin de obtener el
reajuste pensional, lo cual fue negado mediante el Oficio 2016EE6110 del 21 de
junio de 2016.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
9. Considera vulnerados: los artículos 5, 6, 13, 29, 48, 53 y 90 de la Constitución
Política; 2, 77, 78 y 85 del CCA; 1 de la Ley 33 de 1985; 12 del Decreto 717 de
1978; 56 de la Ley 962 de 2005; y la Ley 100 de 1993.
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Radicado: 18001-23-33-000-2017-00029-01 (3667-2024)
10. Expresa que con los actos demandados se desconocieron sus derechos
fundamentales a la vida digna y el disfrute a la tercera edad, además del debido
proceso. Igualmente señala que incurrieron en la causal de nulidad de falsa
motivación porque la pensión no se reconoció en los términos ordenados en la
sentencia del 19 de febrero de 2010, pues no se tuvieron en cuenta los aportes
realizados al FOMAG en calidad de secretario de educación departamental.
11. Además, indicó que tales decisiones fueron expedidas por funcionario sin
competencia, ya que esta radica en el secretario de educación departamental y,
pese a ello, fueron proferidas por la coordinadora y licenciada del FOMAG de la
Secretaría de Educación Departamental.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
12. La demanda fue admitida el 15 de diciembre de 2017.2 El Ministerio de
Educación – FOMAG y La Fiduprevisora S.A. guardaron silencio.
13. El departamento del Caquetá3 manifestó que no existe fundamento legal que
permita inferir su responsabilidad por la expedición de los actos, pues se configuró
la falta de legitimación en la causa por pasiva al no ser el ente encargado de aprobar
tales decisiones, sino que esto le corresponde al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio.
14. Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, y
inexistencia de causal de nulidad.
15. En audiencia inicial del 15 de mayo de 2019 se declaró probada la excepción
de falta de legitimación a favor del departamento del Caquetá, por lo que fue
excluida del proceso.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN4
16. El Tribunal Administrativo de Caquetá mediante sentencia del 17 de abril de
2024 accedió parcialmente a las pretensiones en el sentido de declarar la nulidad
de los actos demandados y a su vez ordenar la reliquidación de la pensión conforme
los preceptos de la Ley 33 de 1985 y de la sentencia de unificación del 25 de abril
de 2019, calculada sobre el 75% del promedio salarial devengado en el último año
de servicio previo al estatus pensional, con efectividad desde el 11 de abril de 2007,
pero con efectos fiscales a partir del 8 de febrero de 2014 por la excepción de
prescripción trienal que declaró probada. Por último, negó las demás pretensiones
y condenó en costas a la parte demandada.
2
Ibid.
3
Ibid.
4
Ver índice 77 de SAMAI – Tribunales.
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17. Argumentó que, si el demandante adquirió el estatus de pensionado el 10 de
abril de 2007 (cuando cumplió los 55 años) y en dicha fecha laboraba como
secretario de educación, lo procedente era que el ente territorial reconociera la
prestación periódica, teniendo en cuenta el 75% del salario del salario promedio que
sirvió de base para los aportes durante ese último año de servicio de conformidad
con el artículo 1.° de la Ley 33 de 1985, pues el desempeño de dicho cargo lo hizo
bajo la situación administrativa de una comisión no remunerada.
18. Por esta razón manifestó que, si bien el acto de reconocimiento pensional era
de ejecución, podía ser analizada su legalidad en la medida en que no acató
adecuadamente la sentencia del Juzgado Administrativo de Florencia que ordenó el
pago de la prestación, pues al aplicar la referida norma no tuvo en cuenta el salario
devengado por el demandante durante el último año de servicio previo adquirir el
estatus de pensionado (del 10 de abril de 2006 al 10 de abril de 2007), aun así haya
sido empleado público distinto a docente.
19. Dijo que de las pruebas decretadas dentro del proceso se logró acreditar que
nunca estuvo vinculado y/o afiliado a la Sociedad Administradora de Fondos de
Pensiones y Cesantías Porvenir S.A, y por eso dicha entidad realizó giros con
destino al ISS y al Magisterio. Con base en lo anterior expresó que debe entenderse
que los aportes a seguridad social en pensión se hicieron ante el FOMAG en todo
momento.
20. Frente a la base de liquidación de la prestación, aseguró que en cumplimiento
de la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, como el actor ingresó a la
labor docente antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, se debe tener
en cuenta la asignación mensual percibida durante el último año anterior a la
adquisición del estatus, la cual corresponde a la que recibió como secretario de
educación departamental, lo que implica que los actos demandados están viciados
de nulidad por falsa motivación.
21. En cuanto a la prescripción añadió que esta se encuentra configurada, ya que
desde la fecha en que consolidó el derecho (11 de abril de 2007), la solicitud de
reajuste (24 de mayo de 2011), y la demanda (8 de febrero de 2017), transcurrieron
más de tres años, por lo que la reliquidación objeto de condena debe ser efectiva a
partir del 8 de febrero de 2014.
RECURSO DE APELACIÓN5
22. La parte demandada interpuso recurso de apelación bajo el argumento de que
de la lectura aislada del artículo 7 de la Ley 71 de 1988, no se tiene en cuenta que
ante el traslado de un régimen pensional por otro, en un eventual regreso se deben
5
Ver índice 80 de SAMAI – Tribunales.
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aplicar las normas vigentes de dicho régimen pensional al momento de su reintegro,
por lo que, si el docente se retiró del FOMAG, ante su eventual retorno con
posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, al educador le deben
ser tenidas en cuenta las normas vigentes a la fecha de su ingreso, no las normas
que le eran aplicables cuando realizó las primeras cotizaciones al FOMAG.
23. Agregó que el accionante se vinculó al servicio docente con anterioridad a la
vigencia de la Ley 812 de 2003, tal como es visible en la documental, por lo que le
es aplicable el artículo 3 de la Ley 33 de 1985 y el Decreto 1045 de 1978 en cuanto
a los factores salariales que constituyen el Ingreso Base de Liquidación pensional,
bajo el entendido de que el legislador de manera reiterativa e inequívoca ha
establecido que tal concepto lo integran únicamente los emolumentos que fueron
objeto de descuento para los aportes, lo cual es un criterio ratificado por el Consejo
de Estado en sentencia del 28 de agosto de 2018.
24. Afirmó que, en todo caso, los únicos factores computables pueden ser aquellos
sobre los cuales se hubiesen hecho cotizaciones al FOMAG a fin de no afectar los
principios de sostenibilidad financiera, sostenibilidad fiscal y la economía.
25. Frente a la condena en costas planteó que la condena en costas no es objetiva,
sino que el juez debe tener en cuenta la buena fe de la entidad respecto a sus
actuaciones procesales.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
26. El 16 de agosto de 20246 se admitió el recurso de apelación y las partes y el
Ministerio Público guardaron silencio.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
27. Deberá resolver la Subsección si el demandante tiene derecho a la reliquidación
de su pensión de jubilación con base en el 75% del salario promedio durante su
último año de servicio anterior a la adquisición del estatus jurídico. Igualmente se
determinará si era procedente la condena en costas de primera instancia.
Marco normativo y jurisprudencial
28. En atención a que el debate versa sobre el ingreso base de liquidación
pensional, y por consiguiente en la determinación del valor final de la pensión de los
docentes oficiales, resulta necesario poner de presente la sentencia de unificación
SUJ-014-CE-S2-2019 proferida el 25 de abril de 2019 por la Sección Segunda del
6
Ver índice 4 de SAMAI.
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Radicado: 18001-23-33-000-2017-00029-01 (3667-2024)
Consejo de Estado, dictada dentro del expediente 68001233300020150056901, a
través de la cual se sentó jurisprudencia frente al IBL en el régimen pensional de los
educadores vinculados al servicio público educativo oficial, afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
29. En la providencia se fijaron las siguientes reglas de unificación sobre el tema
en cuestión:
«[…]
i.v. Reglas de unificación sobre el IBL en pensión de jubilación y vejez de los
docentes
De todo lo expuesto se extraen las siguientes reglas de unificación de la
jurisprudencia en materia de régimen pensional de los docentes:
De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, son dos los
regímenes prestacionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez
para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio
público educativo oficial. La aplicación de cada uno de estos regímenes está
condicionada a la fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial de
cada docente, y se deben tener en cuenta las siguientes reglas:
En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo
régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del
orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener
en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos
aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se
puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado
artículo.
Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les
aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de
1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con
excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. Los
factores que se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los
previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las
respectivas cotizaciones.
Efectos de la presente decisión
Como se dijo en la sentencia de unificación de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo de 28 de agosto de 2018, “La Corte Constitucional, en sentencia C-
816 de 2011, estableció que las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, el
Consejo de Estado, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura -
autoridades de cierre de las correspondientes jurisdicciones- y la Corte
Constitucional - como guardiana de la Constitución -, tienen valor vinculante por
emanar de órganos diseñados para la unificación de la jurisprudencia, y en virtud de
los principios de igualdad, buena fe y seguridad jurídica previstos en los artículos 13
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y 83 de la Constitución Política7. Por lo tanto, su contenido y la regla o norma jurídica
que exponen, tienen características de permanencia, identidad y carácter
vinculante y obligatorio”.
En esta oportunidad y retomando lo indicado la Sala Plena de la Corporación, se
acudirá al método de aplicación en forma retrospectiva del precedente, disponiendo
para ello, que las reglas jurisprudenciales que se han fijado en este pronunciamiento
se acojan de manera obligatoria en todos los casos pendientes de solución tanto en
vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los
casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de
seguridad jurídica, resultan inmodificables. […]» (Subrayado y negrilla del texto
original).
30. En conclusión, la citada sentencia fijó como regla jurisprudencial para el tema
que interesa en este proceso, que en la liquidación de la pensión ordinaria de
jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003
(quienes gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los
servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985), los factores
que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado
los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, y por
tanto, no se puede incluir ningún concepto diferente a estos.
31. En tal sentido, esta Sala acogerá la posición del Consejo de Estado establecida
en la sentencia de unificación y la normativa analizada previamente.
Resolución del caso concreto
32. Inicialmente, a partir del certificado laboral del 4 de julio de 2008,8 la Sala
advierte que el actor comenzó su vínculo legal y reglamentario con el departamento
del Caquetá como docente nombrado desde el 1.º de julio de 1993. Luego, el 23 de
junio de 1997 fue designado en encargo como rector hasta el 8 de mayo de 2006
cuando en virtud del Decreto 000691 del 5 de mayo de 20069 se le otorgó una
comisión no remunerada para ejercer el cargo de secretario de educación de la
entidad territorial a partir de la segunda fecha en mención hasta el 31 de diciembre
de 2007 cuando fue terminada dicha situación administrativa para continuar en el
ejercicio de la plaza como educador inicialmente ocupada, al menos hasta el día de
expedición de la referida prueba documental.
7
La Corte Constitucional ha reconocido la gran responsabilidad que tienen los órganos situados en el vértice
de las respectivas especialidades de la rama judicial, puesto que la labor de unificación de la jurisprudencia
nacional implica una forma de realización del principio de igualdad. Sentencia T-123/95 citada en la Sentencia
T-321/98.
En la sentencia C-179 de 2016 reafirmó dicha tesis al exponer lo siguiente: «[…] la función de unificación
jurisprudencial la cumplen en sus diferentes especialidades y en su condición de órganos de cierre, según el
Texto Superior, (i) la Corte Constitucional en materia de derechos fundamentales y de examen de validez
constitucional de las reformas a la Carta como de las normas con fuerza de ley (CP arts. 86 y 241); (ii) el Consejo
de Estado en relación con su rol de Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativos (CP arts. 236 y 237);
y (iii) la Corte Suprema de Justicia en su calidad de tribunal de casación y máxima autoridad de la jurisdicción
ordinaria (CP art. 235). […]»
8
Ver expediente digital en el índice 2 de SAMAI.
9
Ibid.
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Radicado: 18001-23-33-000-2017-00029-01 (3667-2024)
33. Lo anterior permite asegurar que durante el período de liquidación pensional
solicitado (del 10 de abril de 2006 al 9 de abril de 2007), el reclamante ejerció el
cargo de rector (entre el 10 de abril y el 7 de mayo de 2006), y el de secretario de
educación departamental (entre el 8 de mayo de 2006 y el 9 de abril de 2007).
34. Pues bien, como este último empleo lo desempeñó en comisión no remunerada,
es claro que no se presentó ninguna incompatibilidad del artículo 128 constitucional
que impida tener en cuenta este tiempo de servicio oficial como un período
computable con el salario respectivo para la fijación del IBL pensional, pues no
recibió simultáneamente 2 salarios, ni pensión y asignación provenientes del tesoro
público, porque precisamente no había consolidado esta prestación y su
reclamación es para que el ajuste sea puntualmente durante el año estatus.
35. De otra parte, la Secretaría de Educación Departamental del Caquetá, actuando
en representación de la Nación - Ministerio de Educación Nacional – FOMAG, y en
cumplimiento de la sentencia proferida el 19 de febrero de 2010 por el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Florencia, 10 a través de la Resolución 00619
del 20 de diciembre de 201011 concedió la pensión vitalicia de jubilación en cuantía
mensual de $1.069.757 con efectividad desde el 11 de abril de 2007. En la referida
sentencia y en dicha resolución quedó establecido lo siguiente:
• Que la pensión vitalicia de jubilación debía ser reconocida con fundamento en los
requisitos de la Ley 33 de 1985.
• Que el valor de la pensión vitalicia de jubilación sería el equivalente al 75% del
salario promedio mensual devengado durante el último año anterior a la fecha de
adquisición del estatus jurídico pensional. Sin embargo, en este punto, la entidad
demandada tuvo en cuenta la asignación básica percibida solo como educador,
pues al computar los valores devengados en calidad de secretario de educación
departamental entre 2006 y 2007 que eran mayores a los de maestro oficial, una
vez aplicada la tasa de reemplazo, arrojan un monto de $2.619.179, el cual es
superior al otorgado por la administración.
36. Ahora, como se precisó en el marco normativo, a la Sala le corresponde dar
aplicación a la regla jurisprudencial establecida en la sentencia de unificación del 25
de abril de 2019 porque tal como allí se estableció, aquella constituye un precedente
vinculante y obligatorio para los casos que guardan identidad fáctica y que se
encuentran pendientes de solución tanto en vía administrativa como judicial,
siempre que no se haya configurado el fenómeno de la cosa juzgada12, tal como
10
Ibid.
11
Ibid.
12
Ver Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 25 de abril de 2019, Expediente:
680012333000201500569-01 (0935-2017), Demandante: Abadía Reynel Toloza, acápite «Efectos de la
decisión».
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sucede en el presente asunto, dado que la providencia apelada no ha quedado
ejecutoriada.
37. Al respecto, sin que exista discusión en esta instancia sobre el régimen
pensional que rige la situación del actor, esto es, el de la Ley 33 de 1985 por haber
sido vinculado como docente oficial antes del 27 de junio de 2003 cuando entró en
vigencia de la Ley 812 de 2003, resulta evidente que, para definir el litigio bajo
estudio se debe acudir a la primera regla jurisprudencial esbozada anteriormente.
38. Sobre el punto, dicho postulado indica que el IBL de la pensión comprende:
i) el período correspondiente al último año de servicio, anterior a la consolidación
del estatus pensional o del retiro del servicio si es el caso, y
ii) los factores que hayan servido de base para calcular los aportes previstos en el
artículo 1° de la Ley 62 de 1985, que corresponden a los siguientes: asignación
básica, gastos de representación, primas de antigüedad, técnica, ascensional y de
capacitación; dominicales y feriados; horas extras, bonificación por servicios
prestados, y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de
descanso obligatorio.
39. Por su parte, el demandante pretende que se le tenga en cuenta el promedio de
la asignación salarial que percibió entre 2006 y 2007, en parte como docente, y en
otra (la mayor), como empleado de libre nombramiento y remoción distinto a
docente, esto es, como secretario de educación departamental del Caquetá.
40. Bajo ese entendido, tal reclamación resulta procedente por cuanto al haberse
descartado la incompatibilidad constitucional de doble erogación del Estado como
se planteó anteriormente, y al margen de la entidad a la que se hayan hecho los
aportes derivados de este último empleo, lo cierto es que el actor es docente afiliado
activo al FOMAG (solo que estuvo en situación administrativa de comisión en otro
cargo distinto durante el año estatus), y bajo esa misma calidad, tanto administrativa
como judicialmente, siempre ha pretendido el reconocimiento de una pensión de
jubilación por su labor exclusivamente en el sector público con fundamento en la
Ley 33 de 1985, tal como incluso fue ordenado al momento del reconocimiento por
sentencia judicial proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia el
19 de febrero de 2010.
41. Bajo este entendido, como en efecto es dicha norma la que regula su situación
jurídica por haber trabajado como educador estatal con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003, la cual prevé precisamente el reconocimiento de
una pensión de jubilación por la labor oficial, resulta inadecuado tener en cuenta
solo el tiempo de servicio en calidad de docente para calcular la prestación, ya que
nada obsta que al momento de determinar el IBL pensional pueda tenerse en cuenta
el promedio salarial del último año anterior al estatus devengado en un empleo
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distinto al de maestro oficial, siempre que sobre el mismo se hubiesen realizado
cotizaciones y puedan trasladarse dichos recursos en caso de que no hayan sido
efectuados directamente al fondo del magisterio.
42. Al respecto es pertinente recordar que esta misma Subsección ya ha tenido en
cuenta para el reconocimiento de la pensión de jubilación docente los tiempos
servidos por estos en cargos oficiales con funciones distintas a las educativas,
incluso en otras entidades,13 y además, con inclusión de tiempos privados en virtud
de la Ley 71 de 1988,14 razón por la cual sería contradictorio no computar los
salarios recibidos por el educador durante su año estatus, así hubiese sido otra
clase de servidor público, siempre que no subsista una incompatibilidad como la del
artículo 128 superior.
43. Lo expuesto implica entonces que la Nación – Ministerio de Educación –
FOMAG, en calidad de entidad de previsión encargada del reconocimiento de la
pensión, necesariamente tendrá la facultad, pero a la vez la obligación de realizar
las gestiones ante Porvenir S.A., o cualquier otra administradora que haya tenido o
tenga actualmente los recursos por concepto de cotizaciones del actor como
secretario de educación entre el 8 de mayo de 2006 y el 9 de abril de 2007, para
obtener el traslado de dichos recursos a fin de financiar completamente la prestación
de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.2.4.5. del Decreto 1833 de 2016.15
13
Ver sentencia proferida el 23 de mayo de 2024 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
en el proceso con radicado: 25000-23-42-000-2019-01673-01 (1950-2023).
14
Ver sentencia de esta misma Subsección dictada el 9 de julio de 2026 en el proceso con radicado: 23001-23-
33-000-2021-00052-01 (0177-2025).
15
ARTÍCULO 2.2.2.4.5. Cotizaciones erróneas, aportes sin vinculación, afiliaciones, simultaneas,
compartibilidad pensional. En aquellos casos en que el traslado de régimen pensional se haya efectuado
atendiendo el término de permanencia mínima pero no se hayan hecho cotizaciones a la entidad seleccionada,
por una única vez, para aquellas situaciones presentadas hasta 31de diciembre de 2007, la persona se
entenderá vinculada a la administradora a la cual ha realizado las cotizaciones.
Por otra parte, salvo las situaciones planteadas en el inciso anterior, cuando se realicen cotizaciones a cualquier
administradora distinta de la seleccionada válidamente por el afiliado, se debe proceder a regularizar la
situación, trasladando las cotizaciones y la información a la administradora seleccionada válidamente y a la cual
se encuentra vinculado el afiliado, atendiendo el artículo 2.2.3.1.20. del presente Decreto.
En aquellos casos en que por una persona se hayan realizado cotizaciones sin que nadie una afiliación al
sistema, se entenderá vinculado el trabajador a la administradora donde realizó el mayor número de
cotizaciones entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2007. En caso de no haber realizado cotizaciones en
dicho término, se entenderá vinculado a la administradora que haya recibido la última cotización efectiva. Esta
situación deberá ser informada al afiliado y al empleador para que se proceda a afiliar estos trabajadores al
sistema, mediante la suscripción del formulario respectivo. En este evento se tendrán en cuenta las cotizaciones
realizadas antes de la fecha de afiliación.
Cuando el afiliado presente simultaneidad en la fecha de vinculación a los dos regímenes pensionales, se
entenderá vinculado a la administradora en donde haya efectuado el mayor número de cotizaciones efectivas.
En virtud de la incompatibilidad de regímenes prevista en el artículo 16 de la Ley100 de 1993, cuando un
trabajador tenga derecho a una pensión compartida no podrá vincularse al régimen de ahorro individual con
solidaridad (RAIS). En consecuencia, el trabajador se entenderá vinculado a Colpensiones y los aportes
efectuados en el RAIS se consideran como cotizaciones erróneas, las cuales deberán ser trasladadas a
Colpensiones en los términos del artículo 2.2.3.1.20. del presente Decreto.
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10
Radicado: 18001-23-33-000-2017-00029-01 (3667-2024)
44. Este trámite se indica ante Porvenir, pues en el certificado laboral emitido el 4
de enero de 2012 por la Gobernación del Caquetá,16 se señaló que los aportes a
pensión por el período en comisión del accionante como secretario de educación
fueron girados a dicha administradora.
45. No obstante, se observa que esta última también indicó en Oficios del 19 de
septiembre de 2008, 23 de octubre de 2008, 28 de octubre de 2008 y 4 de diciembre
de 2008, junto con sus respectivos anexos (visibles en el índice 2 de SAMAI), que
ya realizó el traslado de dichos montos por concepto de cotizaciones del
demandante hacia el FOMAG, lo cual, como se indicó, deberá ser verificado por la
entidad demandada y en caso contrario, realizar las gestiones que se mencionan
en este punto, por lo que se adicionará un ordinal en tal sentido.
46. Con base en lo expuesto, se corrobora la ilegalidad de los actos administrativos
demandados, pues reconocieron una pensión de jubilación sin incluir en el IBL la
totalidad de los valores del promedio salarial del actor percibido como secretario de
educación departamental durante su último año de servicio anterior al estatus (10
de abril de 2006 a 9 de abril de 2007), y, además, porque negaron el reajuste
solicitado pese a que el mismo era procedente. En consecuencia, se confirmará el
fallo apelado.
De la condena en costas: análisis de primera y segunda instancia
47. Pues bien, en lo que respecta a este punto de impugnación de la parte
demandada, la Sala advierte que la modificación del artículo 188 del CPACA,
efectuada por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos
entendimientos por parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena
en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige
que la aludida reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del
criterio objetivo que gobierna esta materia.
48. En este contexto, es preciso aclarar que el término «dispondrá» de la referida
norma equivale a condenar a la parte vencida como regla general, y no debe
interpretarse como una facultad del juez para decidir si procede o no la condena,
además porque la norma no permite efectuar valoración alguna sobre su
procedencia en razón de la actuación de las partes, salvo cuando se trate de
procesos donde se ventile un interés público.
49. Es por ello que, la pretensión del legislador con la reforma introducida por la
mencionada ley no fue establecer una regla nueva o distinta a la objetividad de la
condena, sino aclarar que, incluso en procesos de interés público, si la demanda
carece manifiestamente de fundamento legal, también procede la condena.
16
Ver expediente digital en índice 2 de SAMAI.
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Radicado: 18001-23-33-000-2017-00029-01 (3667-2024)
50. De esta forma, se creó una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos, pero tratándose de los demás
asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho,
lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la
sentencia dispondrá, es decir, ordenará, la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
51. En consecuencia, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
52. Con base en lo anterior se concluye que sí era procedente la condena en costas
impuesta en primera instancia contra la accionada al haberse accedido parcialmente
a las pretensiones, pues esto implicó una decisión desfavorable en su contra. En
consecuencia, deberá confirmarse también la providencia en este sentido.
53. Por lo mismo, también se fijará lo propio en esta instancia a cargo de la parte
recurrente, por cuanto se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación.
Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 de la misma norma, las agencias
en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la secretaría del tribunal de origen.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. ADICIONAR el ordinal cuarto bis a la sentencia proferida el diecisiete
(17) de abril de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Caquetá,
por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones, el cual quedará de
la siguiente forma:
«[…] Cuarto bis. La Nación – Ministerio de Educación – FOMAG a través de su
fiduciaria verificará si la administradora Porvenir S.A. efectivamente realizó el traslado
completo de los recursos por concepto de aportes del demandante durante el período
en que laboró secretario de educación departamental del Caquetá, y en caso contrario
o faltante, deberá realizar las gestiones a que haya lugar de conformidad con el artículo
2.2.2.4.5. del Decreto 1833 de 2016, ante esta o cualquier otra entidad que tenga
dichos montos, para que le sean abonados en su totalidad con el fin de financiar la
pensión reliquidada. […]»
Segundo. CONFIRMAR en todo lo demás la providencia recurrida.
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Radicado: 18001-23-33-000-2017-00029-01 (3667-2024)
Tercero. Condenar en costas de segunda instancia a la parte apelante.
Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
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