Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2021-00051-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2021-00051-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 20001-23-33-000-2021-00051-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
6 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 20001-23-33-000-2021-00051-01 (0070-2026)
Demandante: Miladys Contreras Uribe
Demandadas: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
Temas: Cambio de régimen de pensión de invalidez de docente oficial.
La primera fecha de vinculación de la educadora en contraste
con la de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 es la que
determina el marco normativo aplicable. Aplicación de la
sentencia de unificación del 25 de abril de 2019 para efectos de
la pensión de invalidez. No se demostró el vínculo antes del 27
de junio de 2003. CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025) por el
Tribunal Administrativo del Cesar, por medio de la cual se negaron las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. La señora Miladys Contreras Uribe instauró demanda1 contra la Nación -
Ministerio de Educación Nacional - FOMAG, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad parcial de la Resolución 003077 del 4 de junio de 2020,
por medio de la cual la Secretaría de Educación Departamental del Cesar en
nombre y representación del Ministerio de Educación – FOMAG le reconoció una
pensión de invalidez con base en el régimen de la Ley 100 de 1993.
1
Ver expediente digital en el índice 40 de SAMAI – Tribunales.
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3. A título de restablecimiento del derecho, se reliquide dicha prestación de
conformidad con el régimen de la Ley 91 de 1989 en conjunto con los Decretos 3135
de 1968 y 1848 de 1969, esto es, en cuantía del 75% del promedio de todos los
factores salariales devengados durante el último año de servicio anterior a la
estructuración de la invalidez, junto con el pago indexado de las sumas adeudadas
por este concepto.
4. Se ordene el cumplimiento de la sentencia de conformidad con los artículos 189
y 192 del CPACA y que se condene en costas a la entidad accionada en virtud del
artículo 188 de dicha norma.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
5. Que laboró como docente oficial para el municipio de Pailitas del 2 de febrero al
19 de octubre de 1998, y luego fue nombrada educadora del departamento del
Cesar entre el 4 de septiembre de 2008 y el 30 de junio de 2020.
6. Que debido a que fue calificada con pérdida de capacidad laboral del 99% por
enfermedad de origen laboral con estructuración desde el 22 de diciembre de 2018,
solicitó el reconocimiento de una pensión de invalidez, la cual le fue reconocida a
través de la Resolución 003077 del 4 de junio de 2020, pero con fundamento en el
régimen general de la Ley 100 de 1993 por considerar que su primer vínculo formal
fue después de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
7. Considera vulnerados: los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 13, 25, 29, 53, y 58 de la
Constitución Política; las Leyes 91 de 1989, 812 de 2003, 33 y 62 de 1985; y los
Decretos 3135 de 1968 y 1045 de 1978.
8. Expresa que no es procedente aplicar la sentencia de unificación del Consejo de
Estado del 28 de agosto de 2018, por cuanto esta no se refiere a las pensiones
reconocidas por el riesgo de invalidez de los docentes vinculados al Magisterio, más
aún si se tiene en cuenta que las normas propias de este tipo de prestación
expresamente prescriben que se deben incluir la totalidad de sumas percibidas por
el trabajador en la liquidación de la mesada. Argumentó que, en todo caso, lo
importante para resolver este asunto es que se verifique que la vinculación por
primera vez como docente es la que determina el régimen pensional aplicable,
independientemente de que se encuentre hoy sometida al Decreto 1278, pues en
caso de que el ingreso haya sido con anterioridad al 27 de junio 2003, la situación
jurídica estará regulada por la normativa anterior que es la Ley 91 de 1989 que
remite a los Decretos 3135 de 1968 y 1045 de 1978.
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TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
9. El 10 de junio de 2021 fue admitida la demanda.2 La Nación – Ministerio de
Educación - FOMAG3 manifestó que el acto demandado se profirió en estricto
cumplimiento de las normas legales vigentes aplicables al caso de la demandante,
puesto que la liquidación de la pensión reconocida se realizó teniendo en cuenta los
factores sobre los cuales efectuó las cotizaciones, sin que sea procedente un
reajuste para incluir otros emolumentos diferentes a los que sirvieron de base para
el IBL, tal como se deriva de las reglas generadas sobre la materia en la sentencia
de unificación SUJ 014 del 25 de abril de 2019, emitida por la Sección Segunda del
Consejo de Estado.
10. Propuso las excepciones de vinculación de litisconsortes necesarios, legalidad
de los actos administrativos, ineptitud de la demanda por carencia de fundamento
jurídico, cobro de lo no debido y prescripción.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN4
11. El Tribunal Administrativo del Cesar mediante sentencia del 30 de octubre de
2025 declaró probadas las excepciones de legalidad de los actos administrativos y
cobro de lo no debido, por lo que negó las pretensiones y se abstuvo de condenar
en costas.
12. Expresó que a la demandante no le asiste el derecho a la aplicación de las
normas prestacionales anteriores a la Ley 91 de 1989 (como son los Decretos Leyes
3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978), ya que el material probatorio
practicado evidencia que aquella ingresó al servicio de la docencia con posterioridad
a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003).
13. Al respecto precisó que aunque con la demanda se indicó que la actora ingresó
al servicio docente antes de esa fecha, para lo cual se aportó una certificación
expedida por el director de núcleo de desarrollo educativo y cultural del municipio
de Pailitas (Cesar), en donde se señala que laboró para ese ente territorial del 2 de
febrero al 19 de octubre de 1998, lo cierto es que esta información no cuenta con
respaldo probatorio alguno, pues no se allegó medio de convicción alguno que
corroborara cómo fue la forma de vinculación en dicho período, si fue por decreto o
por contratos de prestación de servicios, y tampoco se aportaron soportes ni hubo
ratificación del documento con una prueba testimonial.
14. Planteó que la única prueba sobre la vinculación de la reclamante fue el Formato
Único para la Expedición del Certificado de Historia Laboral, en el que se comprueba
2
Ibid.
3
Ibid.
4
Ver índice 30 de SAMAI – Tribunales.
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que su primera vinculación como maestra oficial ocurrió el 8 de septiembre de 2008,
lo cual fue ratificado por la entidad demandada en el acto de retiro del servicio y en
el de reconocimiento pensional, lo que hace que su régimen aplicable sea el de la
Ley 100 de 1993, tal como fue observado acertadamente por la autoridad accionada
en el acto reprochado.
15. Frente al reconocimiento de la pensión de invalidez afirmó que al tenor de lo
dispuesto en el artículo 40 de dicha norma y con fundamento en la pérdida de
capacidad laboral de la actora (99%), el Ministerio de Educación – FOMAG debía
aplicar la regla del literal b) de aquel precepto normativo, según la cual le
correspondía un monto equivalente al 54%, al no poderse incrementar en 2% por
cada 50 semanas de cotización adicionales a las primeras 800, pues solo cotizó 488
semanas, lo que también concuerda con la decisión adoptada en vía administrativa.
16. Acerca de la inclusión de factores adicionales en el IBL, manifestó que se debe
aplicar en su integridad el nuevo precedente del Consejo de Estado, en el sentido
de que los emolumentos que deben tenerse en cuenta al momento de liquidar las
pensiones para los docentes son solamente los devengados en el último año de
servicio y/o en el último año antes de adquirir el estatus, siempre que se encuentren
enlistados en la ley y sobre los mismos se hubiere realizado los respectivos aportes.
17. Por lo anterior aseguró que, como a la demandante se le aplican las normas del
régimen general, el ingreso base de liquidación de la pensión que debió tenerse en
cuenta era el establecido en la Ley 100 de 1993, corresponde al promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en el
IPC certificado por el DANE, conforme con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, y
los factores salariales que se deben computar son los previstos en el Decreto 1158
de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones.
18. Finalmente afirmó que como la parte actora no allegó pruebas sobre los haberes
laborales percibidos a lo largo del período en mención, sino solo por su último año
de servicio, resulta inviable verificar si debían incluirse otros conceptos salariales en
el cálculo de su pensión.
RECURSO DE APELACIÓN5
19. La parte demandante interpuso recurso de apelación bajo el argumento de que
el tribunal no tuvo en cuenta que el origen de su enfermedad es laboral y no común,
y que, además, el porcentaje de pérdida de capacidad laboral es de 99%, por lo que
la pensión de invalidez se debía pagar con el 100% del último sueldo devengado.
5
Ver índice 33 de SAMAI – Tribunales.
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20. Añadió que, debido a la mencionada causa de la invalidez, no importa si su
vinculación como docente se dio antes o después del 27 de junio de 2003, ya que
el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 reguló el régimen pensional estableciendo que
los maestros oficiales harían parte del régimen de prima media con prestación
definida, pero no reguló lo concerniente a la salud y a los riesgos laborales, de
manera que ante esta omisión se deben aplicar los Decretos 3135 de 1968, 1848
de 1969, 1160 de 1989 y 3752 de 2003, así como la Ley 71 de 1988.
21. Planteó que las facultades otorgadas por el ordenamiento jurídico permiten que
el juez pueda decretar pruebas de oficio cuando existen dudas respecto de la
veracidad de la información aportada, por lo que, al no haberlo hecho en este
proceso se atentaría contra su buena fe, pues la realidad es que se desempeñó
como docente oficial antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 en el
municipio de Pailitas.
22. Respecto de dicha vinculación previa dijo que las órdenes de prestación de
servicios deben tenerse en cuenta, en primer lugar, porque fueron unos contratos
para desarrollar la labor docente y, en segundo lugar, debido a que en virtud del
principio de favorabilidad, el cual fue elevado a rango constitucional a través de lo
dispuesto en el artículo 53 constitucional, debe aplicarse la norma o interpretación
más favorable para el trabajador, tal como se ratificó a través del precedente
contenido en la sentencia del 1º de marzo de 2021 del Consejo de Estado dictada
en el proceso con radicado 11001-03-15-000-2020-04600-01.
23. Por último, indicó que debe tenerse en cuenta el hecho de que la entidad
demandada no aportó la totalidad del expediente administrativo, lo que implica el
incumplimiento del artículo 175, parágrafo 1.º del CPACA, el cual establece que
dicha documentación debe ser allegada con la contestación.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
24. El 10 de marzo de 2026 se admitió el recurso de apelación,6 y las partes y el
Ministerio Público se abstuvieron de intervenir.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
25. Deberá resolver la Subsección si a la demandante le asiste derecho a que su
pensión de invalidez sea reconocida con base en los Decretos 3135 de 1968 y 1848
de 1969, en lugar de la Ley 100 de 1993 como le fue otorgada originalmente.
6
Ver índice 4 de SAMAI.
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Marco normativo y jurisprudencial
Régimen prestacional de los docentes oficiales, y, en especial, de la pensión
de invalidez para estos servidores
26. Con la promulgación de la Ley 100 de 1993 se creó el Sistema General de
Seguridad Social con el fin de unificar los requisitos necesarios para acceder de
manera equitativa a las prestaciones previstas en dicha norma, la cual en sus
artículos 38 a 407 fijó las reglas para el reconocimiento de pensión de invalidez.
27. Sin embargo, el inciso 2°. del artículo 279 exceptuó del ámbito de aplicación del
régimen general a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio,8 esto es, a los docentes oficiales.
7
«[…] ARTÍCULO 38. Estado de Invalidez. Para los efectos del presente CAPÍTULO se considera inválida la
persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el
50 % o más de su capacidad laboral.
ARTÍCULO 39. Requisitos para obtener la Pensión de Invalidez. Tendrá derecho a la pensión de invalidez el
afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválido y acredite las
siguientes condiciones:
Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3)
años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración y su fidelidad de cotización para con el sistema
sea al menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20)
años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez.
Invalidez causada por accidente: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años
inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma, y su fidelidad (de cotización para con el sistema sea
al menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años
de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez.
PARÁGRAFO 1. Los menores de veinte (20) años de edad sólo deberán acreditar que han cotizado veintiséis
(26) semanas en el último año inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su declaratoria.
PARÁGRAFO 2. Cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas
para acceder a la pensión de vejez, solo se requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos tres (3)
años.
ARTÍCULO 40. Monto de la Pensión de Invalidez. El monto mensual de la pensión de invalidez será equivalente
a:
a) El 45 % del ingreso base de liquidación, más el 1.5 % de dicho ingreso por cada 50 semanas de cotización
que el afiliado tuviese acreditadas con posterioridad a las primeras 500 semanas de cotización, cuando la
disminución en su capacidad laboral sea igual o superior al 50 % e inferior al 66 %;
b) El 54 % del ingreso base de liquidación, más el 2 % de dicho ingreso por cada 50 semanas de cotización que
el afiliado tuviese acreditadas con posterioridad a las primeras 800 semanas de cotización, cuando la
disminución en su capacidad laboral es igual o superior al 66 %.
La pensión por invalidez no podrá ser superior al 75 % del ingreso base de liquidación. En ningún caso la
pensión de invalidez podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual.
La pensión de invalidez se reconocerá a solicitud de parte interesada y comenzará a pagarse, en forma
retroactiva, desde la fecha en que se produzca tal estado. […]»
8
«[…] Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado
por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de
remuneración. Este Fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de
educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida. […]»
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28. Es por esta razón que, para resolver el presente asunto, le corresponde a la
Subsección dar aplicación a la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019,
proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado,9 en la cual se estableció
principalmente la forma de liquidar la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
prevista bajo los postulados remisorios de la Ley 91 de 1989.
29. Lo anterior porque, además de dicho punto, tal providencia en sus reglas
jurisprudenciales desarrolló lineamientos específicos y de obligatorio acatamiento
acerca del entendimiento de los diferentes regímenes pensionales (bien sea por
vejez o por invalidez), aplicables a los educadores del Estado en atención a la fecha
de vinculación, debido a la expedición de la Ley 812 de 2003,
30. Como se advierte, el ámbito de aplicación de las directrices de unificación es
más amplio que el de los litigios de reliquidación pensional, pues este se extiende
también a los asuntos de reconocimiento del derecho en sí mismo,10 tal como
acontece en el caso bajo estudio donde la determinación del marco normativo que
rige la situación particular de la accionante es esencial para verificar la pertinencia
de sus pretensiones.11
31. Pues bien, según una interpretación teleológica de la referida sentencia, el
criterio relevante para determinar el marco jurídico pensional de un educador oficial,
—sin distinguir si el derecho es por vejez o por invalidez causada en virtud de una
enfermedad de origen laboral o común—, es la acreditación de su primera
vinculación al magisterio, contrastada con la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003 (27 de junio de 2003), y sin que para estos efectos deba verificarse si esa
relación inicial fue continua, con interrupciones, o si fue mediante contratos de
prestación de servicios, con un nombramiento legal y reglamentario en
provisionalidad, en propiedad o temporal como una interinidad, así como tampoco
si para la mencionada fecha la reclamante seguía o no vinculada bajo dicha calidad.
9
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-
CE-S2 -2019. Expediente: 680012333000201500569-01 (0935-17). Actor: Abadía Reynel Tolosa.
10
Lo anterior se indica en la medida en que las reglas de unificación plateadas fueron las siguientes: «[…] a)
En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley
812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del
orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre
los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, y por lo
tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.
b) Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes
100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será
de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los
previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones. […]»
11
Se destaca que la aludida decisión judicial fijó sus efectos retrospectivamente según el ordinal segundo de la
parte resolutiva, a fin de extenderse a todas las situaciones pendientes de definición y que no se hayan
consolidado bajo el fenómeno de cosa juzgada, tal como sucede con el presente litigio pendiente del
pronunciamiento de segunda instancia.
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7
Radicado: 20001-23-33-000-2021-00051-01 (0070-2026)
32. Lo expuesto en razón a que dicha norma en ningún momento distinguió estas
condiciones de un maestro como un criterio excluyente de sus previsiones en cuanto
a la determinación del régimen pensional, sino que solo exigió la acreditación de
haber laborado como docente oficial antes de su vigencia, lo cual podía haber
ocurrido bajo cualquiera de las referidas modalidades, pues en observancia del
principio de la condición más beneficiosa,12 es claro que esta situación corresponde
a un tránsito legislativo sin un régimen de transición específico que hace necesario
proteger la expectativa de pensionarse con una regulación más favorable prevista
especialmente para quien haya ejercido labores como educador del Estado.
33. Definido lo anterior, es de destacar que la norma que regulaba la pensión de
invalidez tanto en el sector público como privado, con antelación a la expedición de
la Ley 100 de 1993, era el Decreto Ley 3135 de 1968 en su artículo 23,13 el cual en
su momento fue reglamentado por los artículos 60 a 64 del Decreto 1848 de 1969.14
12
Sobre este principio ver sentencia del 15 de febrero de 2011, proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Laboral. Radicación: 40.662.
13
Artículo 23. Pensión de invalidez. La invalidez que determine una pérdida de la capacidad laboral no inferior
a un 75 por ciento, da derecho a una pensión, pagadera por la respectiva entidad de previsión con base en el
último sueldo mensual devengado mientras la invalidez subsista, así:
a) El cincuenta por ciento cuando la pérdida de la capacidad laboral sea del 75%;
b) Del 75%, cuando la pérdida de la capacidad laboral exceda del 75% y no alcance al 95%;
c) El ciento por ciento (100%) cuando la pérdida de la capacidad laboral sea superior al 95%.
Parágrafo.- La pensión de invalidez excluye la indemnización.
14
«[…] Artículo 60. Derecho a la pensión. Todo empleado oficial que se halle en situación de invalidez, transitoria
o permanente, tiene derecho a gozar de la pensión de invalidez a que se refiere este capítulo.
Artículo 61. Definición.
1. Para los efectos de la pensión de invalidez, se considera inválido el empleado oficial que por cualquier causa,
no provocada intencionalmente, ni por culpa grave, o violación injustificada y grave de los reglamentos de
previsión, ha perdido en un porcentaje no inferior al setenta y cinco por ciento (75%) su capacidad para continuar
ocupándose en la labor que constituye su actividad habitual o la profesional a que se ha dedicado
ordinariamente.
2. En consecuencia, no se considera inválido el empleado oficial que solamente pierde su capacidad de trabajo
en un porcentaje inferior al setenta y cinco por ciento (75%).
Artículo 62. Calificación de la incapacidad laboral.
1. La calificación del grado de invalidez se efectuará por el servicio médico de la entidad de previsión social a
la cual esté afiliado el empleado oficial que pretende el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez.
2. En defecto de dicha afiliación esa calificación se hará por el servicio médico de la entidad o empresa
empleadora.
3. Las entidades y empresas oficiales que no tengan servicio médico, deberán contratar dicho servicio con la
Caja Nacional de Previsión Social, para la calificación a que se refiere este artículo.
Artículo 63. Cuantía de la pensión. El valor de la pensión de invalidez se liquidará con base en el segundo
salario devengado por el empleado oficial y será equivalente al grado de incapacidad laboral, conforme a los
porcentajes que se establecen a continuación, así:
a) Cuando la incapacidad sea superior al noventa y cinco por ciento (95%), el valor de la pensión mensual será
igual al último salario devengado por el empleado oficial, o al último promedio mensual, si fuere variable.
b) Si la incapacidad excediere del setenta y cinco por ciento (75%) sin pasar de noventa y cinco por ciento
(95%), la pensión mensual será equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del último salario devengado
por el empleado oficial, o del último promedio mensual.
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8
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34. Pese a lo anterior, con la expedición de la Ley 100 de 1993 se profirió el Decreto
1295 de 1994 en cuyo artículo 98 derogó expresamente el referido artículo 23 del
Decreto 3135 de 1968, esto a fin de reemplazar tal disposición normativa con lo
regulado en sus artículos 46 y 48.15
35. Tal derogatoria implicó necesariamente la misma suerte para su reglamentación
particular a través del Decreto 1848 de 1969,16 lo que en principio permitiría
considerar que la normativa aplicable en materia de invalidez sería la del Decreto
1295 de 1994, si no fuera porque la Corte Constitucional mediante sentencia C-452
de 200217 declaró inexequibles precisamente los dos artículos mencionados
anteriormente.
c) Si la incapacidad laboral es del setenta y cinco por ciento (75%), dicha pensión será igual al cincuenta por
ciento (50%) del último salario devengado por el empleado oficial, o del último promedio mensual, si fuere
variable.
Artículo 64. Efectividad de la pensión.
1. La pensión de invalidez se reconocerá y pagará por la entidad de previsión social a la cual esté afiliado el
empleado.
2. Si el empleado no estuviere afiliado a ninguna entidad de previsión social, el reconocimiento y pago se hará
directamente por la entidad o empresa empleadora.
3. La pensión de invalidez se debe desde que cese el subsidio monetario por incapacidad para trabajar y su
pago se comenzará a hacer inmediatamente después del señalamiento de la incapacidad. […]»
15
ARTÍCULO 46. INEXEQUIBLE. Estado de Invalidez. Para los efectos del presente Decreto, se considera
inválida la persona que por causa de origen profesional, no provocada intencionalmente, hubiese perdido el
50% o más de su capacidad laboral. Corte Constitucional Sentencia C-452 de 2002.
ARTÍCULO 48. INEXEQUIBLE. Monto de la Pensión de Invalidez. Todo afiliado al que se le defina una invalidez
tendrá derecho, desde ese mismo día, a las siguientes prestaciones económicas, según sea el caso:
a) Cuando la invalidez es superior al 50% e inferior al 66%, tendrá derecho a una pensión de invalidez
equivalente al 60% del ingreso base de liquidación.
b) Cuando la invalidez sea superior al 66%, tendrá derecho a una pensión de invalidez equivalente al 75% del
ingreso base de liquidación.
c) Cuando el pensionado por invalidez requiere del auxilio de otra u otras personas para realizar las funciones
elementales de su vida, el monto de la pensión de que trata el numeral anterior se incrementa en un 15%.
PARÁGRAFO 1 INEXEQUIBLE. Los pensionados por invalidez de origen profesional, deberán continuar
cotizando al Sistema General de Seguridad Social en Salud, con sujeción a las disposiciones legales
pertinentes.
PARÁGRAFO 2 INEXEQUIBLE. No hay lugar al cobro simultáneo de las prestaciones por incapacidad temporal
y pensión de invalidez. El trabajador que infrinja lo aquí previsto perderá totalmente los derechos derivados de
ambas prestaciones, sin perjuicio de las restituciones a que haya lugar por lo cobrado indebidamente.
PARÁGRAFO 3 INEXEQUIBLE. Cuando un pensionado por invalidez por riesgos profesionales decida
vincularse laboralmente, y dicha vinculación suponga que el trabajador se ha rehabilitado, o este hecho se
determine en forma independiente, perderá el derecho a la pensión por desaparecer la causa por la cual fue
otorgada. Corte Constitucional Sentencia C-452 de 2002.
16
Esto se afirma en la medida en que, en virtud del principio de la jerarquía normativa, un decreto reglamentario
no puede subsistir ni ser preferente sobre una Ley, o en este caso un decreto ley con la misma fuerza que la
primera, pues al desaparecer la disposición principal, también debe seguir la misma suerte la accesoria en tanto
no tendría ningún fundamento a regular. Al respecto ver el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado emanado el 18 de junio de 2014 (11001-03-06-000-2013-000193-00) en el que se precisó:
«[…] un decreto reglamentario, que es por definición jerárquicamente inferior a la ley, mal podría prevalecer
sobre ella como tampoco derogarla. […]»
17
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-452 del 12 de junio de 2002. Expediente: D-3819.
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36. Esto conllevó que recobraran su vigencia o se reincorporaran al ordenamiento
los artículos 23 del Decreto 3135 de 1968 y 60 a 64 del Decreto 1848 de 1969, a fin
de evitar la configuración de un vacío legal respecto de una prestación con
contenido fundamental derivado del derecho constitucional a la seguridad social.18
37. Por lo mismo, si bien actualmente la regulación sobre la pensión bajo estudio
quedó definida a través de las Leyes 100 de 1993 y 860 de 2003,19 lo cierto es que
para los docentes oficiales que acrediten alguna vinculación antes de la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003, se recuerda que debe seguirse la regla
jurisprudencial de que el régimen pensional aplicable es el anterior a estas normas
que expresamente excluyeron a los educadores, es decir, debe acudirse a la Ley
91 de 1989 que a su vez remite al del personal del sector público nacional.
38. En consecuencia, respecto de los requisitos, condiciones para la calificación de
la invalidez, así como para la cuantía y la efectividad de la mencionada prestación
de los educadores que sean titulares del tránsito legislativo beneficioso referido
18
Este fenómeno es conocido jurisprudencialmente como “reviviscencia de las normas”, respecto del cual la
Corte Constitucional en sentencia C-286 de 2014 explicó lo siguiente: «[…] (i) La reincorporación o reviviscencia
de normas derogadas por mandatos que fueron declarados inexequibles hace parte del ordenamiento jurídico
nacional, desde mucho antes de la Constitución de 1991, como parte de la discusión por los efectos jurídicos
de las sentencias hacia el pasado -ex tunc- o hacia el futuro -ex nunc- y la salvaguarda de la seguridad jurídica.
(ii) La reviviscencia de normas se ha presentado igualmente como solución a los problemas que plantea el vacío
jurídico creado por la derogación de normas que regulan, sobre todo de manera integral, una determinada
materia, conllevando igualmente problemas de seguridad jurídica. (iii) En los primeros pronunciamientos se
asumió la postura de una reviviscencia automática de las normas derogadas por las declaratorias de
inexequibilidad de aquellas que las reemplazaron, pero con posterioridad, se fijaron algunas condiciones para
que se aplicara esta figura jurídica, como que se presentaran los argumentos para la necesidad de
reincorporación, por razones de (a) creación de vacíos normativos; (b) vulneraciones a los derechos
fundamentales; (c) necesidad para garantizar la supremacía de la Constitución Política, y (d) siempre y cuando
las normas reincorporadas sean constitucionalmente admisibles. (iv) La jurisprudencia ha dejado sentado que
la reincorporación o reviviscencia de normas no tienen un carácter declarativo en la parte resolutiva de la
sentencia, sino que la Corte se debe limitar a comprobar si para el caso en estudio se cumplen los requisitos
para que pueda configurarse la reviviscencia de preceptos derogados. (v) Finalmente, la Sala reitera que la
procedencia de la reincorporación debe ser analizada en cada caso concreto, a partir de los criterios de vacíos
normativos o afectación de derechos fundamentales. […]»
19
«Por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de
1993 y se dictan otras disposiciones.». Artículo 1º. El artículo 39 de la Ley 100 quedará así: Artículo 39.
Requisitos para obtener la pensión de invalidez. Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema
que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones:
1. Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3)
años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración y su fidelidad de cotización para con el sistema
sea al menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20)
años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez. (Aparte tachado declarado inexequible
por la sentencia C-428 de 2009).
2. Invalidez causada por accidente: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3)
años inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma, y su fidelidad (de cotización para con el sistema
sea al menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20)
años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez.
Parágrafo 1º. Los menores de veinte (20) años de edad sólo deberán acreditar que han cotizado veintiséis (26)
semanas en el último año inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su declaratoria.
Parágrafo 2º. Cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para
acceder a la pensión de vejez, solo se requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos tres (3) años.
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anteriormente, se les tendrá que analizar su situación jurídica en virtud de lo previsto
para el efecto en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, que como se observa,
son las disposiciones vigentes en su momento para lo propio.
39. Ahora bien, frente al cálculo del IBL para fijar el monto de la pensión de invalidez
bajo dicho marco normativo, la Sala debe precisar que la Sección Segunda ha
tenido pronunciamientos en los que ha dado aplicación a la inclusión de los haberes
salariales consagrados en el Decreto 1045 de 1978.20
40. Esta Subsección acogerá dicha tesis en el sentido de concluir que el ingreso
base de liquidación en casos como el presente equivale al porcentaje que
corresponda según la pérdida de la capacidad laboral sobre el promedio de los
factores salariales devengados durante el último año anterior al retiro por la
estructuración del accidente o enfermedad de trabajo incapacitante, siempre que se
encuentren en el listado del artículo 45 del Decreto Ley 1045 de 1978, el cual
consagra los emolumentos que sirven de base para la liquidación del auxilio de
cesantía y de las pensiones, entre estas, la de invalidez prevista en los Decretos
3135 de 1968 y 1848 de 1969, esto al igual que con inclusión de los conceptos
creados con normas posteriores que les haya otorgado el carácter salarial para
efectos pensionales21 como ya lo ha sostenido esta corporación en casos
similares.22
Resolución del caso concreto
41. Inicialmente la Sala advierte que la negativa de las pretensiones por parte del
tribunal tuvo lugar porque consideró que las pruebas en el expediente fueron
insuficientes para demostrar el vínculo como docente que la accionante alega antes
de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
42. Ahora, la recurrente alega como reparo en primera medida que el juez de origen
no tuvo en cuenta que su pensión de invalidez se consolidó debido a una
enfermedad calificada de origen laboral con un 99% de PCL, en lugar de una
patología común, lo que en su consideración implica que no se le puede dar el
mismo tratamiento previsto para la pensión de jubilación por ser distinta en su
esencia. Incluso sostuvo que resulta innecesario verificar si su primera vinculación
como educadora oficial ocurrió antes o después de la entrada en vigor de la Ley 812
de 2003, pues para estos efectos en los que la causación del derecho se deriva del
ejercicio de sus funciones, el régimen aplicable es directamente el de los Decretos
3135 de 1968 y 1848 de 1969.
20
Sobre el punto ver sentencias de la Sección Segunda, Subsección B, del 12 de septiembre de 2024 (0965-
2024), y de la Subsección A dictada el 31 de marzo de 2022 (0906-2021).
21
Por ejemplo, en los Decretos 633 y 634 de 2007, 1566 de 2014 y 2354 de 2018.
22
Al respecto ver sentencias proferidas por esta misma Subsección en sentencias del 22 de junio de 2023
dictadas en los procesos con números internos 5111-2022, 4056-2021 y 1863-2022.
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43. No obstante, la Sala considera que este criterio no está previsto en ninguna de
las normas invocadas ni en la reciente línea jurisprudencial desarrollada sobre el
magisterio. Al respecto debe tenerse en cuenta que el régimen pensional es uno
solo, pero entendido como un sistema integrado por diferentes riesgos como la
vejez, la invalidez y la muerte en los casos de la sustitución o pensión de
sobrevivientes. Por lo mismo, para determinar una normativa aplicable bajo
cualquiera de estos supuestos, es adecuado que, al margen de la variedad de
disposiciones para cada evento anteriores a la Ley 100 de 1993, la posibilidad de
aplicarlas en lugar del régimen general se haga con fundamento en un solo
presupuesto transversal y común para todos los educadores a pesar de la diferente
circunstancia que les habilite un derecho pensional.
44. Es así que, para resolver esta clase de asuntos, debe recurrirse a los
lineamientos de la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, proferida por la
Sección Segunda del Consejo de Estado, pues es este precedente de obligatoria
observancia el que de manera general en materia pensional dispuso que la fijación
de las normas que regulan los distintos casos dependerá de la primera fecha de
vinculación del maestro oficial.23 Por ello, una vez descartado el argumento anterior,
pasará a analizarse este punto en particular.
45. La recurrente sostuvo que ejerció el cargo de docente al servicio del municipio
de Pailitas (Cesar) entre el 2 de febrero y el 19 de octubre de 1998. Con el fin de
respaldar este hecho, allegó una certificación laboral emitida el 9 de febrero de 2001
por el director de núcleo de desarrollo educativo y cultural de la aludida entidad
territorial,24 en la que se indicó que «[…] CONTRERA URIBE MILADYS, identificado
(sic) con cédula de ciudadanía 49.667.179 de Aguachica, prestó sus servicios
docentes al Municipio de Pailitas así: Año 1998, a partir del 2 de febrero, hasta el
19 de octubre del mismo año. En la Escuela Nueva MANANTIALES. […]»
46. Ahora, para la Sala, al revisar la única prueba aportada sobre este hecho, se
generaron una serie de preguntas respecto del contenido y la capacidad de
demostrar con plena credibilidad lo que allí se consignó, por ejemplo:
47. ¿Con base en qué elementos o pruebas el director de núcleo de Pailitas certificó
que la accionante había laborado como docente en 1998?, ¿por qué no se indica
en el documento cuál fue el tipo de vinculación de la demandante, esto es, fue a
través de órdenes de prestación de servicios, mediante un nombramiento, y si fue
así, de qué clase?, ¿por qué en la Resolución 002964 del 29 de mayo de 2020 por
la cual se retiró del servicio a la reclamante por invalidez, así como en el certificado
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del
25 de abril de 2022. Radicado: 25000-23-42-000-2020-00046-01 (2494-2021). Esta afirmación se ratifica con
este fallo en el que se indicó que: «[…] resulta necesario determinar con exactitud la fecha a partir de la cual
aquella asumió la calidad de educadora estatal, que es la que le permitiría acceder a uno u otro régimen
pensional con motivo de la excepcionalidad que se predica de esta clase de servidores públicos. […]»
24
Ver expediente digital en el índice 40 de SAMAI - Tribunales.
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Radicado: 20001-23-33-000-2021-00051-01 (0070-2026)
de historia laboral expedido el 19 de noviembre de 2020 por la Secretaría de
Educación Departamental del Cesar, se hace alusión como única fecha de ingreso
en calidad de educadora la del 8 de septiembre de 2008?, ¿por qué no se aportó
otra evidencia de la prestación del servicio como constancias de la institución
educativa, certificados de pago, contratos o actos de nombramiento para ese
período?
48. Como se observa, tales preguntas crean una serie de dudas razonables sobre
la idoneidad de la aludida prueba y de su capacidad para acreditar la supuesta labor
desempeñada por la reclamante, tal como lo estimó el tribunal de primera instancia,
ya que dicho documento no permite absolver con certeza tales supuestos, por lo
que es claro que, sin que se trate de una imposición de prueba solemne, en esta
causa judicial es claro que la prueba más idónea eran las copias de los contratos,
sus actas de liquidación o los actos de nombramiento y actas de posesión.
49. Lo expuesto termina generando un ambiente de incertidumbre, toda vez que no
hay un sustento en otro material probatorio incuestionable que permita respaldar el
supuesto que se quiere demostrar, por lo que, bajo un criterio eminentemente
derivado de la sana crítica, necesariamente al elemento en cuestión debe restársele
credibilidad, pero no por considerarlo falso, sino por su falta de idoneidad, es decir,
por no ser un medio inequívoco para poder establecer con precisión la labor
educativa presuntamente desarrollada por la actora.
50. Al respecto, debe precisarse que en esta causa judicial no es dable emitir
pronunciamientos sobre la validez o no del mencionado medio de prueba en lo
relacionado con juicios sobre su fiabilidad, pues, además, debe destacarse que
dicha certificación no fue tachada de falsedad por la parte demandada.
51. Por tal razón, en esta oportunidad lo que se busca, más allá de descartar un
medio de convicción, es realizar un examen crítico sobre este, tal y como fue
practicado en la actuación, pero de ninguna manera desconociendo la procedencia
de su incorporación en el presente proceso, sino valorado en conjunto con los
demás elementos con el fin de garantizar el principio de la unidad de la prueba
contenido en el artículo 176 del CGP.25
52. De allí que, para la Subsección no resulta idónea ni conducente la prueba
allegada por la apelante, porque este criterio, en esencia, equivale a verificar si el
documento es adecuado para demostrar el punto que las partes ponen de presente,
esto es, no solo que esté relacionado con el objeto de la controversia y que se
25
Al respecto ver sentencia de la Corte Constitucional C-830 del 8 de octubre de 2002. Expediente D-3991. En
dicha providencia se señaló lo siguiente sobre el particular: «[…] en el campo probatorio rige, entre otros, un importante
principio denominado de unidad de la prueba, en virtud del cual se considera que todas las pruebas del proceso forman una
unidad y por consiguiente el juez debe apreciarlas en conjunto, esto es, en forma integral. La razón de ser del mismo es que
la evaluación individual o separada de los medios de prueba no es suficiente para establecer la verdad de los hechos y se
requiere, además de ella, efectuar la confrontación de tales medios para establecer sus concordancias y divergencias y lograr
conclusiones fundadas y claras sobre aquella verdad. […]»
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Radicado: 20001-23-33-000-2021-00051-01 (0070-2026)
encuentre permitido por la ley, sino que además tenga la viabilidad de generar
certeza sobre su contenido, o lo que es igual, que de su estudio no se creen dudas,
sino respuestas a un interrogante, tanto por su credibilidad sustancial como formal,
es decir, por la fiabilidad de lo que se consigna y se extrae de dicho material
probatorio, así como por la forma en la que lo hace.
53. En consecuencia, el documento bajo examen no cumple con las referidas
condiciones debido a una falta de capacidad probatoria originada en que, en razón
a este primer postulado (el de la credibilidad sustancial), se generan una serie de
cuestionamientos sobre el sustento de lo allí manifestado.26
54. Lo anterior entonces impide tener como cierto el supuesto de la relación laboral
de la demandante antes del 27 de junio de 2003 cuando entró en vigencia la Ley
812 de 2003, pues se evidenció que la única prueba con las que se intentó
demostrar lo propio es en esencia inconducente27 y, por tanto, incumple con uno de
los elementos esenciales para que esta tuviera capacidad demostrativa.
55. Con todo, lo expuesto no significa que se haya modificado y mucho menos
derogado la normativa procesal aplicable actualmente a todos los casos sometidos
a esta jurisdicción en virtud de lo reglado en el Título V, Capítulo IX del CPACA, y
por remisión directa del artículo 211 de dicha norma, también en el Código General
del Proceso, en concreto en sus artículos 165 y 176, esto es, la libertad probatoria
de las partes.
56. Por eso, para demostrar la prestación del servicio de la reclamante durante el
lapso bajo examen, en principio, se debió aportar copia de los contratos de
prestación de servicios en caso de que hubiese ingresado a través de esta
modalidad, o bien del acto de nombramiento, e incluso, eventualmente, los actos de
reconstrucción de los mismos que hubiesen seguido estrictamente la normativa de
archivo propia para el efecto, así como certificaciones inequívocas y completas
sobre el desarrollo de la labor, suscritas por su propio empleador.
57. Incluso, también pudo haber allegado con lo anterior, constancias laborales de
los rectores de las instituciones donde laboró junto a las constancias de pago o
actos de aprobación de situaciones administrativas; o bien pudo haber solicitado la
práctica de testimonios o informes escritos de parte para poder demostrar de forma
fehaciente el desarrollo material de la labor de maestra, la duración de sus vínculos
y la naturaleza de las plazas ocupadas.
26
A esta misma conclusión llegó esta Subsección en un caso similar al presente, específicamente en sentencia
del 1.º de agosto de 2024, dictada en el radicado: 52001-23-33-000-2016-00208-01 (3052-2019).
27
Recuérdese que la conducencia de la prueba consiste en que: «[…] el medio probatorio propuesto sea
adecuado para demostrar el hecho. […]». Ver sentencia del Consejo de Estado proferida el 15 de marzo de
2013, radicado: 15001-23-31-000-2010-00933-02(19227), y el auto del 12 de diciembre de 2023 dictado por
esta corporación en el proceso 85001-23-33-000-2017-00178-02 (4654-2022).
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58. Sin embargo, la prueba practicada solo fue una certificación carente de
fundamentación que, lejos de hacerla contundente y precisa en su información, lo
que en realidad generó fue una serie de dudas que hacen imposible considerarla
inequívoca, puesto que, esta incertidumbre conlleva la posibilidad de cometer
eventualmente un error al momento de valorar la prueba y de determinar probado
un supuesto fáctico tan importante como el examinado, con base en el cual se
establece el régimen pensional aplicable.
59. En este punto es de resaltar que tal como lo prevé la regulación procesal, quien
alega la ilegalidad es quien debe invocar las normas violadas, el concepto de la
violación, y además, desplegar una actividad probatoria28 suficiente y adecuada
para lograr el efecto jurídico de los preceptos que fundamentan el derecho
reclamado a través de un medio de control como el de nulidad o nulidad y
restablecimiento del derecho, lo cual se traduce en la concreción del postulado
adjetivo de la carga de la prueba al tenor del artículo 167 del CGP.29
60. Es por esa razón que tampoco puede prosperar el argumento que intentaba
trasladar esta carga al juez a través de su facultad oficiosa de decretar pruebas, ni
al alegar que la entidad demandada no aportó la totalidad del expediente
administrativo.
61. En lo que respecta al primer supuesto debe tenerse en cuenta que la posibilidad
de aclarar puntos oscuros de la controversia mediante pruebas de oficio no es una
regla general, sino excepcional que aplica cuando a pesar de la debida diligencia
de las partes para tratar de demostrar un hecho, este sigue confuso en la actuación,
y, por tanto, se justifica la intervención del operador judicial para buscar una mejor
forma de proveer en procura de la verdad material y procesal, pero no como
mecanismo supletorio del deber exclusivo de quien alega un supuesto y no ejecuta
adecuadamente tal responsabilidad.
62. Frente a la obligación de la entidad demandada de aportar el expediente
administrativo con su contestación, si bien lo propio está contemplado
28
El concepto de carga procesal debe entenderse, tal y como fue definido por la Corte Constitucional, en
Sentencia C-123 del 18 de febrero de 2004. M.P. Álvaro Tafur Galvis, así:
«Las cargas procesales son aquellas situaciones instituidas por la ley que comportan o demandan una conducta
de realización facultativa, normalmente establecida en beneficio del mismo sujeto y cuya omisión trae aparejada
para él consecuencias desfavorables, como la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal e inclusive
hasta la pérdida del derecho sustancial debatido en el proceso.
Por tanto, no debe perderse de vista que este principio, ante todo es una carga procesal, cuya inobservancia
genera una desestimación de las pretensiones o excepciones alegadas por los sujetos procesales».
29
«Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá,
de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier
momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una
situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se
considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su
poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los
hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la
contraparte, entre otras circunstancias similares. […]»
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expresamente en el artículo 175 del CPACA y en efecto no se advierte que la Nación
– Ministerio de Educación – FOMAG lo haya allegado al proceso, la consecuencia
de dicha omisión está prevista en el mismo parágrafo de la norma como una posible
falta disciplinaria que deberá ser analizada por la autoridad competente, pero de
ninguna manera implica que dichos antecedentes sean un traslado de la carga
probatoria de los hechos de la demanda hacia la parte accionada.
63. Es decir, tal supuesto no implica que el actor haya dejado de tener la imposición
de demostrar por su propia cuenta el fundamento fáctico de sus pretensiones, lo
que en esencia para este caso era la prestación del servicio educativo antes de la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, situación que no ocurrió como se precisó
anteriormente.
64. De este modo, se concluye que la accionante no satisfizo lo anterior, pues solo
demostró fehacientemente que su primera relación legal y reglamentaria ocurrió el
8 de seprtiembre de 2008 en virtud del nombramiento efectuado con el Decreto
000382 del 28 de agosto del mismo año según el certificado de hisoria laboral
emitido por la Secretaría de Educación Depatamental del Cesar el 19 de noviembre
de 202030, es decir, después de los efectos de la norma en mención, lo que
implicaba que su pensión de invalidez debía ser reconocida conforme a los
preceptos de las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, tal como lo hizo la entidad
demandada mediante el acto reprochado.
65. Estos argumentos son suficientes para confirmar la sentencia apelada que negó
las pretensiones.
Condena en costas de segunda instancia
66. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
67. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
30
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dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
68. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
69. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la parte recurrente,
por cuanto ante la confirmación de la providencia censurada, no prosperan los
argumentos de su recurso de apelación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el treinta (30) de octubre de dos mil
veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo del Cesar, por medio de la cual se
negaron las pretensiones.
Segundo. Condenar en costas de segunda instancia a la parte apelante.
Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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