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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2018-00658-01

Fecha
3 de julio de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2018-00658-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia del Ocho (8) de noviembre de Dos Mil Veintitrés 32 Número interno: 3299-2024 Demandante: Luis Guillermo Medina Pinzón Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y Secretaría de Educación de Boyacá (2023)55, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá Sala Primera de Decisión, que negó las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: DECLARAR la nulidad la Resolución No. 009338 del Diecinueve (19) de diciembre de Dos Mil Dieciséis (2016), en razón a que, le negó el reconocimiento y pago de la pensión jubilación, así como de la Resolución No 009517 del Diecinueve (19) de diciembre de Dos Mil Diecisiete (2017), por no reponer la anterior decisión, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, se ORDENA a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y Secretaría de Educación de Boyacá, reliquidar la pensión reconocida por medio de la Resolución No. 008814 de fecha Veintitrés (23) de octubre de Dos Mil Dieciocho (2018), y confirmada a través de la resolución No. 004512 del Veintiuno (21) de junio de Dos Mil Diecinueve (2019), bajo los postulados de la Ley 33 de 1985, en concordancia con las reglas fijadas en la sentencia de unificación del Consejo de Estado SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019, esto es, en cuantía equivalente al 75% del ingreso base de liquidación, determinado conforme con el promedio de lo devengado durante el año inmediatamente anterior a la adquisición del estatus, con inclusión de aquellos factores salariales percibidos y que se encuentra enlistados en el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985 como en los Decretos 123 de 2016 y 2354 de 2018, así como, todos aquellos así dispuestos por el legislador para ser incluidos en el Ingreso Base de Liquidación y con efectos fiscales a partir del Dieciséis (16) de julio de Dos Mil Dieciséis (2016), por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. CUARTO: ORDENAR a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 15001-23-33-000-2018-00658-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

3 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D.C., Tres (3) de julio de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado : 15001-23-33-000-2018-00658-01 (3299-2024)1
Demandante : Luis Guillermo Medina Pinzón
Demandada : Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y
Secretaría de Educación de Boyacá
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Reconocimiento pensión de jubilación
Decisión : Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la
sentencia del Ocho (8) de noviembre de Dos Mil Veintitrés (2023)2, proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá Sala Primera de Decisión, que negó las pretensiones de la
demanda, sin condena en costas.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda3

1.1. Pretensiones4

1. El señor Luis Guillermo Medina Pinzón, a través de apoderado judicial, promovió
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la Nación – Ministerio de
Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y la
Secretaría de Educación de Boyacá, por medio de la cual, solicitó la nulidad de la Resolución
No. 009338 del Diecinueve (19) de diciembre de Dos Mil Dieciséis (2016), en razón a que,
le negó el reconocimiento y pago de la pensión jubilación, así como, de la Resolución No
009517 del Diecinueve (19) de diciembre de Dos Mil Diecisiete (2017), por no reponer la
anterior decisión.

2. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, pretende
que, se ordene a la parte demandada, reconocer, liquidar y pagar la pensión de jubilación,
equivalente al 75% del promedio mensual, de la totalidad de los factores salariales
devengados en el año inmediatamente anterior a la fecha en que adquirió el estatus

1
Expediente digital – Sistema Samai
2
Expediente digital – Sistema Samai, gestión en otros despachos, índice 005 Notificada el 10 de noviembre
de 2023.
3
Expediente digital – Sistema Samai, gestión en otros despachos, índice 004
4
Expediente digital – Sistema Samai, gestión en otros despachos, índice 004, folio 2

2

Número interno: 3299-2024
Demandante: Luis Guillermo Medina Pinzón
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG) y Secretaría de Educación de Boyacá

pensional, es decir, a partir del Dieciséis (16) de julio de Dos Mil Dieciséis (2016), de acuerdo
con lo previsto en la Ley 33 de 1985 y la Ley 91 de 1989.

3. Asimismo, solicita se le condene a: i) indexar las sumas dejadas de percibir por
concepto de pensión de jubilación, ii) dar cumplimiento a la sentencia en los términos de ley,
iii) al reconocimiento y pago de intereses comerciales y moratorios, y iv) en costas.

4. Los hechos en que se fundamentan las pretensiones de la demanda, son los
siguientes5.

5. El señor Luis Guillermo Medina Pinzón, prestó sus servicios como empleado
público –docente en el Instituto Técnico Industrial Rafael Reyes, de la ciudad de Duitama,
adscrito para la época, a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, desde el
Diez (10) de febrero de Mil Novecientos Ochenta y Nueve (1989), hasta el Siete (7) de
junio de Dos Mil Seis (2006), tiempo durante el cual, realizó aportes a pensión a la Caja
Nacional de Previsión (hoy Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP), y desde
el Siete (7) de junio de 2006 labora como Directivo – Docente (Rector), con la Secretaría
de Educación de Boyacá, razón por la cual, cuenta con más de 27 años al servicio de la
docencia oficial.

6. Mediante sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, el
Veintiocho (28) de octubre de Mil Novecientos Noventa y Ocho (1998), dentro del medio
de control nulidad y restablecimiento del derecho, presentado entre otros, por el señor
Luis Guillermo Medina en contra de la Universidad Pedagógica, se precisó que, el régimen
aplicable para los docentes del Instituto Técnico Industrial Rafael Reyes, es el consagrado
en el Decreto 2277 de 1979, decisión que, se encuentra bajo el principio jurídico de cosa
juzgada.

7. Afirma que, su vinculación con la Secretaría de Educación de Boyacá como
Directivo Docente (Rector), se produjo el Treinta y Uno (31) de mayo de Dos Mil Seis
(2006), sin solución de continuidad y mediante Decreto 000086 del Dieciocho (18) de
enero de Dos Mil Siete (2007), el Gobernador del Departamento de Boyacá lo nombró en
propiedad, en la Planta Global de cargos adoptada por el Departamento de Boyacá.

8. Indica que, cumplió 55 años, el Dieciséis (16) de julio de Dos Mil Dieciséis (2016),
y para esa fecha, contaba con más de 27 años de servicio como educador oficial: 17 años
5 meses con el Instituto Técnico Industrial Rafael Reyes, y 10 años 15 días con la
Secretaría de Educación de Boyacá.

5
Expediente digital – Sistema Samai, gestión en otros despachos, índice 004, folios 2-3

3

Número interno: 3299-2024
Demandante: Luis Guillermo Medina Pinzón
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG) y Secretaría de Educación de Boyacá

9. Al cumplir los requisitos exigidos por la normatividad vigente, solicitó la pensión de
jubilación a la Secretaría de Educación de Boyacá, Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio- Fiduprevisora “La Previsora S.A”; sin embargo, por medio de la Resolución
009338 del Diecinueve (19) de diciembre de Dos Mil Dieciséis (2016), se le negó la
prestación solicitada.

10. Señala que, interpuso recurso de reposición, no obstante, la Secretaría de
Educación de Boyacá, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio –
FIDUPREVISORA «La Previsora S.A.», confirmó la negativa mediante Resolución No
009517 del Diecinueve (19) de diciembre de Dos Mil Diecisiete (2017).

11. Aduce que, para la fecha de cumplimiento del estatus pensional, devengaba un
sueldo básico mensual de $3.120.336, asignación adicional rector (30%) $954.823,
asignación adicional jornada única (25%) $795.686, bonificación mensual docente
$62407, prima de navidad $5.352.921.

1.2. Contestación de la demanda

12. El Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
guardó silencio.

1.3. Sentencia de primera instancia6

13. Mediante sentencia del Ocho (8) de noviembre de Dos Mil Veintitrés (2023), el Tribunal
Administrativo de Boyacá Sala Primera de Decisión, resolvió negar las pretensiones de la
demanda, sin condena en costas.

14. Lo anterior, en razón a que, luego de analizar el material probatorio existente en el
expediente, señaló que, el demandante laboró en el Instituto Técnico Industrial Rafael
Reyes adscrito a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, desde el Diez
(10) de febrero de Mil Novecientos Ochenta y Nueve (1989) hasta el Nueve (9) de julio de
Dos Mil Seis (2006), término en el cual, aportó a la Caja Nacional de Previsión (hoy Unidad
de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP).

15. Además, fue nombrado en propiedad mediante el Decreto 00636 de Cinco (5) de abril
de Dos Mil Seis (2006), expedido por la Secretaría de Educación de Boyacá, desde el
Diez (10) de julio de Dos Mil Seis (2006) hasta el Dos (2) de febrero de Dos Mil Dieciocho

6
Expediente digital – Sistema Samai, gestión en otros despachos, índice 005

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Número interno: 3299-2024
Demandante: Luis Guillermo Medina Pinzón
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG) y Secretaría de Educación de Boyacá

(2018), realizando aportes al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG- de
acuerdo con el certificado de historia laboral Nro. 271 expedido por la demandada.

16. Resaltó que, de conformidad con el acto administrativo demandado, el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG-, negó el reconocimiento pensional, al
argumentar que no cumplía con el requisito del tiempo de servicio, toda vez que, el
laborado era inferior al exigido en la Ley 100 de 1993, debido a que, su vinculación al
sector docente, lo fue a partir del Treinta y Uno (31) de mayo de Dos Mil Seis (2006), por
lo tanto, le correspondía acreditar 57 años de edad y 1300 semanas.

17. De cara a lo anterior y al analizar la sentencia de unificación del Veintiuno (21) de junio
de Dos Mil Dieciocho (2018), y la sentencia del Quince (15) de septiembre de Dos Mil
Dieciséis (2016), proferidas por el H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso –
Administrativo, Sección Segunda, dentro de los expedientes con radicados 3805-2014 y
4779-13 respectivamente, concluyó que, dicha vinculación no determina su condición de
docente del sector oficial, pues, el demandante, durante el periodo referido, fue nombrado
mediante Resolución Nro. 00053 del Seis (6) de febrero de Mil Novecientos Ochenta y
Nueve (1989), por el rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
como empleado público del Instituto, sin personería jurídica, adscrito a este ente
universitario autónomo y del orden nacional, en consecuencia, no fue vinculado como
docente oficial, de conformidad con la Ley 91 de 1988.

18. Resaltó que, independiente que el demandante haya realizado aportes a pensión en
la Caja Nacional de Previsión -CAJANAL-, lo cierto era que, solo desde el comienzo de
su vinculación legal y reglamentaria en el sector docente, adquirió el derecho a ser regido
por las disposiciones normativas y jurisprudenciales, propias de los educadores oficiales.

19. Advirtió que, el actor demostró que, su primera vinculación como docente oficial, fue
con la Secretaría de Educación de Boyacá y de contera, su afiliación al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG- inició el Diez (10) de julio de Dos Mil
Seis (2006), y no, en la fecha en que inició a realizar aportes a través de su vinculación
con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, como se adujo en la demanda.

20. Así, comoquiera que, la vinculación legal y reglamentaria del docente, acaeció con
posterioridad al Veintisiete (27) de junio de Dos Mil Tres (2003), cuando entró en vigencia
la Ley 812 de 2003, su situación jurídica pensional quedó regulada por las leyes 100 de
1993 y 797 de 2003, que exige como requisitos para la consolidación del derecho
prestacional, 57 años de edad y 1.300 semanas cotizadas de servicio público oficial, con

5

Número interno: 3299-2024
Demandante: Luis Guillermo Medina Pinzón
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG) y Secretaría de Educación de Boyacá

el promedio de lo devengado en los últimos 10 años contados hacia atrás, motivo por el
cual, concluyó que, no le asistía razón al demandante al pretender que su pensión sea
concedida bajo los postulados de la Ley 33 de 1985 y Ley 91 de 1989.

1.4. Recurso de apelación

1.4.1. Parte demandante7

21. El apoderado judicial de la parte demandante, interpuso recurso de apelación por
medio del cual, pretende que, se revoque la sentencia de primera instancia y en su lugar
se concedan las pretensiones de la demanda, pues, considera que, el A quo incurrió en
indebida valoración de la situación fáctica y jurídica, bajo la cual, se debe atender el
derecho pensional reclamado.

22. El A quo, precisó que el demandante fue nombrado mediante la Resolución Nro. 00053
del Seis (6) de febrero de Mil Novecientos Ochenta y Nueve (1989), por el rector de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, como empleado público (docente)
del Instituto Técnico Industrial Rafael Reyes de la ciudad de Duitama, establecimiento
oficial de educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y media técnica, pero
no tuvo en cuenta que, en la constancia de tiempos de servicio y laboral, la Secretaría de
Educación de Boyacá omitió certificar el nombramiento interino, efectuado mediante
Decreto 00274 del 17 de febrero de 1987.

23. Aduce que, a la luz de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá
-Sala Plena, Radicado 13.871/1180/99, el régimen de carrera docente, aplicable a quienes
prestaron sus servicios al Instituto Técnico Rafael Reyes de Duitama, corresponde al
establecido en el Decreto 2277 de 1979, por lo tanto, quedó cobijado por la denominación
educador oficial, esto es, empleado oficial, de régimen especial.

24. Afirma que, los docentes al servicio del Estado, se pensionan con el régimen que les
corresponda según la fecha en que se hayan vinculado, antes o a partir de la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003, luego entonces, para el caso concreto, señala se
encuentra acreditado que, el señor Luis Medina Pinzón ingresó al servicio educativo
estatal, el Seis (6) de febrero de Mil Novecientos Ochenta y Nueve (1989), por lo tanto, el
régimen pensional aplicable, es el anterior al establecido por la Ley 812 de 2003.

7
Expediente hibrido, sistema Samai, índice 055

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Número interno: 3299-2024
Demandante: Luis Guillermo Medina Pinzón
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG) y Secretaría de Educación de Boyacá

25. Considera que, el hecho de resaltar que, el Instituto Técnico Rafael Reyes resulte ser
un establecimiento adscrito a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, no
determina que el régimen de los docentes de dicha institución educativa, sea el mismo
que cobija a los demás servidores públicos que laboren en esta clase de instituciones,
más aún, cuando las labores realizadas por unos y otros resultan ser diversas.

26. A tono con lo expuesto, afirma que, la decisión del A quo desconoce que, al señor Luis
Medina Pinzón, le es aplicable el régimen legal existente a la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003, en el cual, se fijó como criterio para su aplicación el momento de
vinculación del docente, teniendo derecho a ser cobijado con dicho régimen, todo aquel
que se hubiese vinculado con anterioridad a la entrada en vigencia de la citada ley.

27. Aduce que, el A quo, con la decisión objeto del recurso de alzada, desconoce
principios constitucionales como la igualdad material, la supremacía de la realidad sobre
las formas y la favorabilidad en materia laboral.

28. Alega que, el A quo al interpretar que, “su vinculación legal y reglamentaria” solamente
se produjo, desde cuando se vinculó con la Secretaría de Educación de Boyacá, no es
más que una errónea aplicación de la ley, sin embargo, no se puede desconocer que, el
demandante se encuentra amparado por lo consagrado en la Ley 33 de 1985; pues, al ser
nombrado como docente del Instituto Técnico Industrial Rafael Reyes, plantel oficial, está
cobijado por la denominación educador y empleado oficial de régimen especial, según lo
establecido en el Estatuto Docente, Decreto 2277 de 1979.

1.5. Trámite de segunda instancia

29. Por auto de Veintinueve (29) de julio de Dos Mil Veinticuatro (2024), el despacho
sustanciador admitió el recurso de apelación interpuesto por el extremo activo de la litis,
de acuerdo con lo establecido por el artículo 247 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

30. Posteriormente, por auto del Veinticinco (25) de mayo de Dos Mil Veintiséis (2026), se
negaron las pruebas solicitadas en segunda instancia por la parte demandante, y, en su
lugar, conforme al inciso primero del artículo 213 del CPACA, se decretaron de oficio, en
razón a que, se consideraron necesarias para el esclarecimiento de la verdad. Por lo que,
a su vez, en guarda del debido proceso y derecho de defensa, se ordenó correr traslado
a las partes y al Ministerio Público, para que, durante el término de ejecutoria,
manifestaran lo que consideraran pertinente.

7

Número interno: 3299-2024
Demandante: Luis Guillermo Medina Pinzón
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG) y Secretaría de Educación de Boyacá

31. Aunado a lo anterior, se autorizó a las partes la presentación de alegatos de conclusión
por escrito, por el término común de Diez (10) días.

32. La parte demandante presentó escrito de alegatos, por medio del cual, señala que,
las pruebas documentales contenidas en el Decreto No. 274 del 17 de febrero de 1987,
por el cual, el Gobernador del Departamento de Boyacá designó al actor como docente
interino y el acta de posesión correspondiente, de fecha Veintinueve (29) de mayo de Mil
Novecientos Ochenta y Siete (1987), desvirtúan las premisas bajo las cuales, el A quo
negó las pretensiones de la demanda, y demuestran que, el señor Medina Pinzón ingresó
al servicio docente oficial en mayo de 1987, esto es, con anterioridad a la expedición de
la Ley 91 de 1989, y mucho antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

33. Señala que, al acreditarse una vinculación previa a este límite legal, es evidente que
el actor se encuentra cobijado por el régimen de transición prestacional, y sus derechos
pensionales deben regirse por la Ley 33 de 1985.

34. Resalta que, el artículo 3º del Decreto Ley 2277 de 1979, establece que, los
educadores que prestan sus servicios en entidades oficiales del orden nacional,
departamental, distrital o municipal, son empleados oficiales de régimen especial.

35. Indica que, al sub examine resulta aplicable la línea trazada en la Sentencia de
Unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado, CE-SUO-SII-014-2019 del
Doce (12) de septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019), que fijó las subreglas aplicables
a las relaciones materiales de docencia.

36. La parte demandada no presentó escrito de alegatos.

1.5.1. Concepto Ministerio Público.

37. La Procuradora segunda delegada ante el Consejo de Estado, emitió concepto de
fondo, en el sentido de solicitar se confirme la sentencia de primera instancia, toda vez
que, al analizar el marco normativo y el material probatorio existente en el expediente, la
vinculación al servicio de la docencia oficial del demandante, ocurrió con el nombramiento
hecho por Decreto 00636 del Cinco (5) de abril de Dos Mil Seis (2006), desde el Diez (10)
de julio de Dos Mil Seis (2006), para la Secretaría de Educación de Boyacá, es decir, con
posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, -Veintisiete (27) de junio de
Dos Mil Tres (2003)-, por lo tanto, no le resulta aplicable el régimen de transición previsto

8

Número interno: 3299-2024
Demandante: Luis Guillermo Medina Pinzón
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG) y Secretaría de Educación de Boyacá

en la Ley 100 de 1993, pues, se ha considerado el régimen docente como exceptuado,
según el artículo 279.

38. Resalta que, según el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, aplicable a los docentes
oficiales, hay dos modalidades frente a la vigencia de la norma, esto es: para los
vinculados antes de la entrada en vigor, es decir, Veintiséis (26) de junio de Dos Mil Tres
(2003), el régimen aplicable es el establecido en las normas vigentes con anterioridad,
que para el caso es la Ley 33 de 1985, de otra parte, los que se vinculan a partir de la
entrada en vigencia de la norma y afiliados al FOMAG, le es aplicable el régimen de las
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

39. En consecuencia, al demandante no le resulta aplicable la Ley 33 de 1985, pues, la
norma pertinente para su pensión es la Ley 100 de 1993, en armonía con la Ley 797 de
2003, por lo tanto, para acceder al derecho, debe cumplir los requisitos de 57 años y 1300
semanas, lo que no ocurrió.

II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia

40. De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo8, el Consejo de Estado es competente para resolver los
recursos de apelación. De igual forma, según el artículo 328 del Código General del
Proceso9, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos en el recurso de apelación.

2.2. Problema jurídico

41. Corresponde a la Sala, resolver lo siguiente:

8
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja
cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del
que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
9
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar
de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia
o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos,
el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El
juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se
podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia».

9

Número interno: 3299-2024
Demandante: Luis Guillermo Medina Pinzón
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG) y Secretaría de Educación de Boyacá

i) ¿El periodo laborado por el actor en el Instituto Técnico Industrial Rafael
Reyes, adscrito a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
desde el Diez (10) de febrero de Mil Novecientos Ochenta y Nueve (1989)
hasta el Nueve (9) de julio de Dos Mil Seis (2006), se debe tener en cuenta
para acreditar la calidad de docente oficial?

ii) ¿Al señor Luis Medina Pinzón, le asiste derecho a la pensión de jubilación,
con base en la Ley 33 de 1985, en cuantía del 75% del promedio de todos
los factores devengados y sobre los cuales realizó aportes durante el año
inmediatamente anterior a la adquisición del estatus jurídico pensional?

iii) De resolverse positivamente, el problema jurídico relativo a la asistencia del
derecho se establecerá ¿A partir de qué fecha se debe hacer efectivo el
reconocimiento como el pago de la mesada pensional y, si esta, es
compatible con el salario de docente?

42. Con el fin de resolver los problemas jurídicos, se abordarán los siguientes aspectos:
2.3. Marco normativo y jurisprudencial sobre el sistema general de pensiones docentes,
2.4. Hechos probados y 2.5. Caso concreto.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso concreto10.

43. En un inicio, los docentes oficiales fueron destinatarios de la pensión de jubilación
prevista por la Ley 6ª de 1945, según la cual, quien acumulara 20 años de servicio y
llegara a 50 años de edad, tendría derecho a una pensión vitalicia de jubilación liquidada
con el 75% del «promedio de los sueldos devengados durante el último año».
Posteriormente, sus derechos pensionales fueron regidos por la Ley 33 de 1985, norma
que consagró el derecho a obtener una pensión de jubilación para aquellos que
acumularan 20 años de servicio y cumplieran 55 años de edad, liquidada con el 75% «del
salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio».

44. Con la Ley 91 de 1989 se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio concebido como una cuenta especial de la nación, que tenía como finalidad
realizar el pago de las prestaciones sociales de los docentes. En estos términos, el Fondo
tiene dentro de sus funciones, reconocer la pensión de jubilación, post mortem, de retiro
por vejez, de invalidez y la sustitución pensional.

10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección B, consejero
ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera, sentencia del Cinco (5) de marzo de Dos Mil Veintiséis
(2026). radicado76001-23-33-000-2021-00976-01 (0285-2025).

10

Número interno: 3299-2024
Demandante: Luis Guillermo Medina Pinzón
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG) y Secretaría de Educación de Boyacá

45. Ahora bien, en la misma ley mencionada, se determinó que a los docentes afiliados a
dicho Fondo se les aplicaría el mismo régimen pensional de los empleados del sector
público nacional. Así lo prescribe, el artículo 15 literal b) de la Ley 91 de 1989 según el
cual “para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1 de enero de 1990, cuando
se cumplan los requisitos de Ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación
equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados
gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y
adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional”.

46. En ese orden, aunque si bien es cierto que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989
determinó que la pensión ordinaria de jubilación de los docentes corresponderá al
equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año de servicios, también lo
es que, no especificó los requisitos de reconocimiento de la prestación, y por ello, remite
al régimen vigente para los pensionados del sector público nacional. Ahora bien, ese
régimen atendiendo a la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado 11,
corresponde al consagrado para el sector público en la Ley 33 de 1985, esto teniendo en
cuenta que el régimen de seguridad social en materia pensional establecido en la Ley 100
de 1993 no se aplica a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, por expreso mandato del artículo 279 de esta normativa.

47. De acuerdo con lo anterior, el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 consagra que el
empleado oficial que sirva o haya servido 20 años continuos o discontinuos y llegue a la
edad de 55 años tendrá derecho a que la respectiva Caja de Previsión le pague una
pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del salario promedio que sirvió
de base para los aportes durante el último año de servicio. Por su parte, el artículo 3° de
esta misma disposición, modificado por el artículo 1° de la Ley 62 de 1985, indica que la
base de liquidación de los aportes estará constituida por la asignación básica, los gastos
de representación, la prima técnica, los dominicales y feriados, las horas extras, la
bonificación por servicios prestados y trabajo suplementario o realizado en jornada
nocturna o en días de descanso obligatorio. Y precisa que, en todo caso, “las pensiones
de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos
factores que hayan servido de base para calcular los aportes”.

11
Sentencia del 20 de octubre de 2014, proferida por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de
Estado. Radicado 68001233100020110027601.

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48. Así las cosas, la expedición de la Ley 100 de 1993, no varió las condiciones de cómo
se venían reconociendo las pensiones para el sector docente, puesto que como dicho
gremio estaba exceptuado, se les seguía aplicando las condiciones fijadas, en la ya
mencionada Ley 91 de 1989 en concordancia con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y
27 del Decreto 3135 de 1968, este último derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.

49. Esta realidad cambió con la expedición de la Ley 812 de 2003 “Por la cual se aprueba
el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario", puesto que a
través del artículo 8112 introdujo importantes cambios en el régimen de los docentes
oficiales, con el fin de incorporar a este sector al sistema de seguridad en pensiones
regulado por la Ley 100 de 1993.

50. En efecto, el artículo 81 en cita, determinó que el régimen de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales que se encontraban vinculados al servicio público educativo
oficial sería «[…] el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con
anterioridad a la entrada en vigencia de [esa] ley»; sin embargo, enseguida reguló que los
docentes oficiales vinculados a partir de su entrada en vigor (27 de junio de 2003), deben
ser afiliados al Fomag y tendrán los derechos del régimen pensional de prima media
establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, «con los requisitos previstos en él,
con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y
mujeres».

51. El Acto Legislativo 01 de 2005, por medio del cual se reformó el artículo 48 de la
Constitución Política, ratificó el alcance del art. 81 de la Ley 812 de 2003 en relación con
el régimen docente. En el parágrafo transitorio núm.1o dispuso que “El régimen pensional
de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo
81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de
la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema
General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003”.

52. La Sección Segunda del Consejo de Estado, en el marco del anunciado cambio
legislativo, profirió la Sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de Veinticinco (25) de abril
de Dos Mil Diecinueve (2019)13, en la cual, estableció que, para definir el régimen
pensional que regula el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para los docentes

12
Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 2341 de 2003, Reglamentado Parcialmente por el
Decreto Nacional 3752 de 2003.
13
Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino Cortés.

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nacionales, nacionalizados o territoriales, es necesario tomar como punto de partida la
fecha de ingreso al servicio educativo oficial docente. En esos términos quedó explicado
en la citada sentencia:

«[…] I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público
educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se vincularon
a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos docentes, también
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el
régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que
será de 57 años para hombres y mujeres».

53. De acuerdo con esta interpretación, esta sección concluyó que, para quienes se hayan
vinculado al servicio público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigor de la
Ley 812 de 2003, lo cual ocurrió el 27 de junio del mismo año14, la liquidación de la pensión
ordinaria de jubilación sería la que, corresponde «al mismo régimen de pensión ordinaria
de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985,
los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan
efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y
por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado
artículo»15.

54. Ahora bien, para los docentes que ingresaron al servicio educativo a partir de la Ley
812 de 2003, en el mismo fallo se dispuso lo siguiente:

«[…] 68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, y son beneficiarios del régimen pensional de prima media en las
condiciones previstas en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo en lo que tiene que
ver con la edad, la que, según el artículo 81 de la citada Ley 812 de 2003 se unificó
para hombres y mujeres en 57 años12. Esto quiere decir, que para el ingreso base
de liquidación de este grupo de docentes debe tenerse en cuenta lo previsto en la
Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994. 69. A este grupo de docentes les aplican
las normas generales del sistema de pensiones y no la regulación prevista en la Ley
91 de 1989. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de liquidación son
los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas
cotizaciones […]».

55. En resumen, a los docentes vinculados antes del Veintisiete (27) de junio de Dos Mil
Tres (2003) se les aplicaran las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, requisito de edad: 55
años, requisito de tiempo o semanas: 20 años de servicio, monto: 75% con un IBL o
componente temporal: del último año anterior a la adquisición del derecho a la pensión,
en consideración de la compatibilidad del ejercicio de la docencia con el goce de la

14
Diario Oficial No. 45.231, de 27 de junio de 2003.
15
0937-2017. MP César Palomino Cortés.

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pensión de jubilación prevista por el art. 5º de la Ley 224 de 1972; o último año de
prestación de servicios, según corresponda.

56. En contraste, a los docentes vinculados a partir del Veintisiete (27) de junio de Dos
Mil Tres (2003), se les aplicará las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, requisito de edad:
57 años, requisito de tiempo de servicios: según corresponda de acuerdo con el artículo
33 de la Ley 100 de 1993, monto: el que resulte de aplicar las reglas previstas en el artículo
34 de la Ley 100 de 1993, según corresponda en el tiempo y con IBL o componente
temporal de los últimos 10 años o toda la vida laboral, de acuerdo con el artículo 21 de la
Ley 100 de 1993.

57. De acuerdo con lo anterior, el régimen de los docentes vinculados con antelación a la
promulgación de la Ley 812 de 2003, es el previsto en la Ley 91 de 1989 que, a su vez,
remite al «[…] régimen vigente para los pensionados del sector público nacional»,
contenido en los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este
último derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.

58. Es importante destacar, que, el régimen de los pensionados del sector público
nacional, consagrado en la Ley 33 de 1985, solo permite sumar los tiempos públicos
servidos al sector oficial.

2.3.1. La Ley 71 de 1988- Finalidad y alcance.

59. Antes de la expedición de la Ley 71 de 1988, no era posible que los trabajadores del
sector público y del sector privado sumaran el tiempo servido en los dos sectores para
efectos de obtener su derecho pensional, esto traía como consecuencia que unos y otros
no logran en varias oportunidades completar el tiempo para acceder a dicha prestación.

60. A través de esta, el legislador buscó dar solución a esta contingencia consagrando la
“pensión de jubilación por acumulación de aportes”, según el artículo 7º de esta
disposición, como aquella que se obtiene sumando los tiempos de cotización en el sector
público y privado. De acuerdo con ello, a partir de esta normatividad, los empleados
oficiales y públicos y los trabajadores particulares que acrediten, 55 años si es mujer y 60
años si es varón, y 20 años de aportes sufragados en cualquier tiempo en una o varias
entidades de previsión social o de las que hagan sus veces, con los efectuados ante el
I.S.S., tendrán derecho a acceder a la prestación jubilatoria mediante la acumulación de
aportes y cotizaciones derivados de la relación contractual particular u oficial y la legal y
reglamentaria.

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61. Es importante mencionar que el nacimiento en el ordenamiento jurídico de la Ley 71
de 1988, no produjo ninguna modificación en los regímenes ordinarios de pensión que
existían hasta ese momento. Así quedó claramente señalado en el artículo 11º de la
misma Ley 71 en el que se indicó que "esta ley y las leyes 33 de 1973, 12 de 1975, 4a.
de 1976, 44 de 1980, 33 de 1985, 113 de 1985 y sus decretos reglamentarios, contienen
los derechos mínimos en materia de pensiones y sustituciones pensionales y se aplicarán
en favor de los afiliados de cualquier naturaleza de las entidades de previsión social, del
sector público en todos sus niveles y de las normas aplicables a las entidades de previsión
social del sector privado, lo mismo que a las personas naturales y jurídicas que
reconozcan y paguen pensiones de jubilación, vejez e invalidez".

62. La Corte Constitucional en la Sentencia C-012 de 1994, puso de presente que con
anterioridad a la Ley 71 de 1998 “los regímenes jurídicos sobre pensiones no permitían
obtener el derecho a la pensión de jubilación acumulando el tiempo servido en entidades
oficiales, afiliadas a instituciones de previsión social oficiales y a las cuales se habían
hecho aportes, con el tiempo servido a patronos particulares, afiliados al Instituto
Colombiano de los Seguros Sociales, y al cual, igualmente se había aportado, aun cuando
si era procedente obtener el derecho a la pensión acumulando el tiempo servido a
diferentes entidades oficiales, cuando se hubieren hecho aportes a diferentes entidades
de previsión social oficial o al ISS".

63. En el contexto descrito, el establecimiento de la pensión de jubilación por aportes se
convirtió en una garantía para los empleados oficiales y públicos y los trabajadores
particulares, de sumar todas las cotizaciones realizadas en su historia laboral,
independientemente de si estas tuvieron origen en el sector público o privado, para cubrir
su riesgo de vejez.

64. La Sección Segunda, también se ha pronunciado sobre las implicaciones que ha
tenido la expedición de la Ley 71 de 1998 al consagrar la pensión por aportes. Sobre dicha
prestación, esta Corporación16 también se ha pronunciado de la siguiente manera:

«[…] En el modelo de prestaciones sociales y de seguridad social anterior a la
Constitución de 1991 y la Ley 100 de 1993, el sistema pensional aplicable a los
trabajadores del sector privado era diferente al aplicable a los servidores públicos, al
punto de que por regla general no era posible, para efectos de la pensión, sumar el
tiempo servido en una u otra calidad de vínculo laboral. Para remediar esta situación
el Congreso expidió la Ley 71 de 1988, la cual, en su artículo 7 de la Ley 71 de 1988
consagró la denominada “pensión de jubilación por acumulación de aportes”, es
decir, aquella que se obtiene sumando los tiempos de cotización y de servicios en el
sector público y en el privado.»

16
Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección B; sentencia de 9 de junio de 2011; expediente:
25000-23-25-000-2005-05520 01(1117-09); consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve.

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65. De acuerdo con todo lo dicho, la pensión por aportes representó la oportunidad para
empleados públicos y privados de sumar sus aportes para efectos pensionales.

2.3.2. Aplicación de la pensión por aportes regulada por la Ley 71 de 1988, a los docentes
vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

66. Aunque en oportunidades anteriores, el suscrito ponente de esta decisión había
salvado el voto en asuntos como el que se discute en esta ocasión, a partir de la sentencia
del 30 de enero del 2025 con radicado interno 0391-2022, acompañó la posición
mayoritaria de la Sala, en la que se determinó que la Ley 71 de 1988 sí era aplicable a los
docentes estatales.

67. Ciertamente, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, llegó a
la mencionada conclusión al interpretar la Ley 71 de 1988, de conformidad con lo previsto
en los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989.
La Sala expresó en esta oportunidad varios razonamientos que dan lugar a esta
interpretación. En síntesis, fueron los siguientes:

«En primer lugar, el legislador tuvo la intención al establecer en el numeral 2, literal
b), del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 que los docentes «gozarán del régimen
vigente para los pensionados del sector público nacional» lo que significa que
dicha expresión también incluye que puedan ser beneficiarios de la Ley 71 de
1988 puesto que esta normativa está dirigida a todos los empleados públicos en
general, sin hacer exclusión expresa de algún sector.

En segundo lugar, interpretar que el artículo 15.2 literal b), de la Ley 91 de 1989
no remitió también al 7 de la Ley 71 de 1988 implicaría aceptar que los docentes
no hacen parte de la categoría de «empleados oficiales»14 a los que esta última
norma gobierna. Tal entendimiento conllevaría a aseverar, sin ser cierto, (i) que
esta última ley no contiene un régimen pensional aplicable a los empleados «del
sector público nacional» cuando los cobija a todos; y (ii) que la Ley 33 de 1985 es
la única aplicable a esta clase de trabajadores, cuando no es así.

En tercer lugar, la Ley 71 de 1988, fijó unos derechos pensionales que no pueden
ser desconocidos a ningún servidor público o trabajador privado. En efecto, en su
artículo 11, analizado antes en esta providencia y que debe ser interpretado de
manera sistemática con el 7 por ser parte de un mismo texto legal y referirse a
igual materia, determinó que su contenido y las disposiciones que quedaron
vigentes de las leyes 4 de 1976, 33 de 1973, 12 de 1975, 44 de 1980 y 113 de
1985, junto con la Ley 33 de 1985, comprenden los «derechos mínimos» en
materia de pensiones y sustituciones pensionales aplicables «al sector público en
general y en todos los niveles».

En cuarto lugar, no hay un mandato legal que disponga que los docentes oficiales
deben ejercer durante toda su vida laboral la enseñanza en el sector público para
que se les aplique el numeral 2 literal b), del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, esto
es, para tener derecho a pensionarse con las normas del régimen pensional de
los empleados del sector público nacional. En efecto, el numeral referido trae como
única condición la de ser docente oficial nacional o nacionalizado vinculado a partir

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del 1.° de enero de 1981 o del 1.° de enero de 1990. En ninguno de sus apartes
exige que deba ejercerse durante un determinado tiempo la docencia oficial.

En quinto lugar, si bien la Ley 33 de 1985 en su artículo 1 dispuso que quedaban
cobijados por sus reglas todos los empleados públicos salvo «los empleados
oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción
que la Ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de
un régimen especial de pensiones», lo cierto es que tal enunciado normativo que
establece una excepción tan estricta no implica que a los docentes no los pueda
gobernar otra norma en temas pensionales porque las leyes 71 de 1988 y 91 de
1989 se expidieron con posterioridad.»

68. Para la Sala, los argumentos expuestos en esta oportunidad, no solo ofrecen una
interpretación sistemática de las normas que regulan el régimen docente, sino además de
ello, corresponden a una interpretación que materializa el principio de favorabilidad en
materia laboral consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política. Ciertamente,
considerar que la denominada pensión por aportes creada por la Ley 71 de 1988, es
aplicable a los docentes oficiales, conlleva a la obligación de optar por la situación más
favorable al empleado, incluso cuando de la norma surjan varias interpretaciones posibles,
como en el presente, en donde respecto al numeral 2, literal b), del artículo 15 de la Ley
91 de 1989 en donde se afirma que los docentes «gozarán del régimen vigente para los
pensionados del sector público nacional» podría acogerse una primera interpretación que
los excluye, porque expresamente no se mencionó la Ley 71 de 1988, y una segunda, que
sí los incluye, bajo la idea que los docentes como empleados públicos también pueden
acceder al régimen pensional por aportes señalado en la pluricitada Ley 71 de 1988,
postura que fue expuesta por la Sala.

69. De igual manera, esta posición, también encuentra sustento en una interpretación
finalista de la Ley 71 de 1988 que como se expuso en párrafos precedentes, tenía como
objetivo que cualquier empleado del sector público o privado, contara con la posibilidad
de sumar sus cotizaciones, sin importar el origen del sector en donde éstas fueron
causadas, en tal sentido, considerar que los docentes no tienen derecho a sumar sus
aportes a la luz de dicha normativa, trae como consecuencia, una transgresión al derecho
a la igualdad de este sector de la población, puesto que mientras el art. 7º de la Ley 71
de 1988 permite que accedan a la pensión por aportes todos los empleados públicos,
oficiales y los trabajadores privados, una interpretación restrictiva los excluiría, y con ello
se crea una barrera de acceso al derecho a la pensión de aquellos que no puedan
obtenerla sumando únicamente los tiempos públicos.

70. Ciertamente aplicar una interpretación favorable, según la cual los docentes también
puedan acumular las semanas sin importar que cambien de empleador, permite sin duda
que se materialice el derecho fundamental a percibir una pensión de vejez, que solamente
tiene origen en el trabajo continuado del trabajador que espera en algún momento recibir

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el ahorro que ha guardado para disfrutar de un descanso remunerado y en condiciones
dignas.

2.3.3. Marco normativo para reconocer el pago de la pensión de jubilación por
aportes.

71. Bajo el contexto que se ha descrito, los docentes tienen derecho a que se aplique la
Ley 71 de 1988, siempre y cuando se hayan vinculado al ejercicio docente público oficial
con anterioridad al 27 de junio de 2003, fecha en la que entró en vigencia la Ley 812 del
mismo año. Cumplida esta condición, y en el evento en que los docentes hayan prestado
sus servicios en entidades públicas y privadas, podrán acceder al reconocimiento de la
pensión por aportes, conforme a los requisitos establecidos en el artículo 7º de dicha
normativa, que dispone lo siguiente:

«Artículo 7. A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y
trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier
tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que
hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial,
comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a
una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más
si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer. El Gobierno Nacional
reglamentará los términos y condiciones para el reconocimiento y pago de esta
prestación y determinará las cuotas partes que correspondan a las entidades
involucradas».

72. Esta disposición, fue reglamentada por el Decreto 2709 del 13 de diciembre de 1994,
de la siguiente manera:

«Artículo 1°. Pensión de jubilación por aportes. La pensión que se refiere el artículo
7o. de la Ley 71 de 1988, se denomina pensión de jubilación por aportes.

Tendrán derecho a la pensión de jubilación por aportes quienes al cumplir 60 años o
más de edad si es varón, o 55 años o más si se es mujer, acrediten en cualquier
tiempo, 20 años o más de cotizaciones o aportes continuos o discontinuos en el
Instituto de Seguros Sociales y en una o varias de las entidades de previsión social
del sector público.

Artículo 2°. Efectividad y pago de la pensión de jubilación por aportes. La pensión de
jubilación por aportes, para los servidores públicos se hará efectiva una vez se retiren
del servicio. Para los demás trabajadores, se requiere la desafiliación de los seguros
de invalidez, vejez o muerte y accidente de trabajo y enfermedad profesional, salvo
las excepciones previstas en la ley.

Artículo 3°. Incompatibilidad de la pensión de jubilación por aportes. La pensión de
jubilación por aportes es incompatible con las pensiones de jubilación, invalidez,
vejez y retiro por vejez. El empleado o trabajador podrá optar por la más favorable
cuando haya concurrencia entre ellas.

Artículo 4°. Entidad de previsión. Para efectos de la pensión de jubilación por aportes,
se tendrá como entidad de previsión social a cualquiera de las cajas de previsión
social, fondos de previsión, o las que hagan sus veces del orden nacional,

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departamental, intendencial, comisarial, municipal o distrital y al Instituto de los
Seguros Sociales.
[…]

Artículo 6º. Salario base para la liquidación de la pensión de jubilación por aportes.
El salario base para la liquidación de esta pensión, será el salario promedio que sirvió
de base para los aportes durante el último año de servicios, salvo las excepciones
contenidas en la ley.

Si la entidad de previsión es el ISS se tendrá en cuenta el promedio del salario base
sobre el cual se efectuaron los aportes durante el último año y dicho instituto deberá
certificar lo pagado por los citados conceptos durante el período correspondiente.

Artículo 8o. Monto de la pensión de jubilación por aportes. El monto de la pensión de
jubilación por aportes será equivalente al 75 % del salario base de liquidación. El
valor de la pensión de jubilación por aportes, no podrá ser inferior al salario mínimo
legal mensual vigente ni superior a quince (15) veces dicho salario, salvo lo previsto
en la ley».

73. Siguiendo el tenor literal de las normas transcritas, para tener derecho a una pensión
de jubilación, bajo la Ley 71 de 1988, se requiere que los empleados oficiales y
trabajadores cumplan los siguientes requisitos: 1) que acumulen 20 años continuos o
discontinuos cotizados en una o varias entidades de previsión de cualquier orden y en el
ISS (hoy Colpensiones); 2) que cumplan la edad de 55 años si es mujer y 60 si es hombre.

74. De otra parte, en lo que se refiere al monto que se tiene en cuenta para liquidar esta
pensión de jubilación por aportes, este corresponde al 75% del salario promedio base
para los aportes durante el último año de servicios, en aplicación de lo consagrado en los
artículos 6º. y 8º. del Decreto 2709, así como, de los factores previstos en la Ley 62 de
1985 y demás normas posteriores que creen prestaciones sociales con carácter salarial,
y en consecuencia, sirven de base para calcular los aportes a pensión.

2.4. Hechos probados

75. A continuación, procede la Sala a analizar las particularidades del caso objeto de
juzgamiento, frente al marco normativo que rige la materia. En ese sentido, y con base en
el material probatorio aportado al plenario y de acuerdo con los hechos constatados por
esta Subsección, se destaca:

• Decreto 274 del Diecisiete (17) de febrero de Mil Novecientos Ochenta y Siete
(1987), a través del cual, el Gobernador del Departamento de Boyacá, designó al
accionante como docente interino y acta de posesión del Veintinueve (29) de mayo
de Mil Novecientos Ochenta y Siete (1987)17.

17
Expediente digital, sistema Samai, gestión otros despachos, índice 016

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• Resolución No. 000053 del Seis (6) de febrero de Mil Novecientos Ochenta y Nueve
(1989)18, por medio de la cual, el Rector de la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia, nombró al señor Luis Guillermo Medina, en el cargo de
profesor de tiempo completo Grado 7, según Resolución No. 2249 del Dieciocho
(18) de octubre de Mil Novecientos Ochenta y Cinco (1985) de la Junta Seccional
del Escalafón de Boyacá, adscrito al Instituto Técnico «Rafael Reyes» de Duitama.

• Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, el Veintiocho (28) de
octubre de Mil Novecientos Noventa y Ocho (1998), dentro del medio de control
nulidad y restablecimiento del derecho, presentado entre otros, por el señor Luis
Guillermo Medina en contra de la Universidad Pedagógica, con el objetivo de
obtener la nulidad del acto administrativo que negó la aplicación del régimen
salarial y prestacional establecido en el Decreto 1444 de 1992, en la cual, se
resolvió negar las pretensiones de la demanda19.

• Providencia emitida por el H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, el Trece (13) de agosto de Mil
Novecientos Noventa y Nueve (1999), por medio de la cual, declaró desierto el
recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia del Tribunal
Contencioso Administrativo de Boyacá antes mencionada20. Certificado expedido
el Dieciséis (16) de febrero de Dos Mil Cinco (2005), por medio del cual, la directora
del Instituto Técnico Industrial Rafael Reyes de Duitama, hace constar el servicio
prestado por el demandante en la sección secundaria de dicha institución, desde
el Diez (10) de febrero de Mil Novecientos Ochenta y Nueve (1989) con vinculación
activa a la fecha de expedición del certificado (Dieciséis (16) de febrero de Dos Mil
Cinco (2005), de forma ininterrumpida. De igual forma, que desde el Tres (3) de
octubre de Dos mil Cuatro (2004), se desempeña como coordinador de educación
media técnica y productividad21.

• Decreto No. 000086 del Dieciséis (16) de enero de Dos Mil Siete (2007), por medio
del cual, el secretario de educación de Boyacá, nombró en propiedad al
demandante, en el cargo de director docente (Rector), en la Planta Global de
cargos adoptada por el departamento de Boyacá 22.

18
Expediente digital, sistema Samai, índice 003, folio 30
19
Expediente digital, sistema Samai, índice 003, folio 34-45
20
Expediente digital, sistema Samai, índice 003, folio 46-47
21
Expediente digital, sistema Samai, índice 003, folio 33
22
Expediente digital, sistema Samai, índice 003, folio 51

20

Número interno: 3299-2024
Demandante: Luis Guillermo Medina Pinzón
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG) y Secretaría de Educación de Boyacá

• Resolución No. 00636 de Cinco (5) de abril de Dos Mil Ocho (2008), por medio de la
cual, el secretario de educación de Boyacá, entre otros, nombró en periodo de
prueba al señor Luis Guillermo Medina, en el cargo de rector para las instituciones
educativas administradas por el departamento 23.

• Certificado salarial del demandante, emitido el Tres (3) de junio de Dos Mil Dieciséis
(2016), por la Secretaría General de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia24.

• Resolución No. 009338 del Diecinueve (19) de Diciembre de Dos Mil Dieciséis
(2016), por medio de la cual, se le negó al actor el reconocimiento de la pensión de
jubilación, por no cumplir el requisito de tiempo de servicio 25.

• Inconforme con la anterior decisión, interpuso recurso de reposición 26, el cual, fue
resuelto por medio de la Resolución No. 009517 del Diecinueve (19) de diciembre
de Dos Mil Diecisiete (2017)27, en el sentido de confirmar en su integridad la
resolución recurrida.

• Certificado emitido el Siete (7) de febrero de Dos Mil Dieciocho (2018) y por medio
del cual, el vicerrector académico de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia hace constar la existencia de los actos administrativos de vinculación del
demandante con dicha institución28.

• Certificados de salario mes a mes, desde 1996 al 2009, para liquidar pensiones del
régimen de prima media29.

• Certificado de salarios y devengados correspondientes al demandante, entre los
años 2012 al 201830.

• Formato único para la expedición de certificado de historia laboral del demandante,
expedido el Dos (2) de febrero de Dos Mil Dieciocho (2018), por la Secretaría de
Educación Departamental de Boyacá31.

23
Expediente digital, sistema Samai, índice 003, folio 48-50
24
Expediente digital, sistema Samai, índice 003, folio 51-75
25
Expediente digital, sistema Samai, índice 003, folios 18-19
26
Expediente digital, sistema Samai, índice 003, folios 20-24
27
Expediente digital, sistema Samai, índice 003, folios 25-28
28
Expediente digital, sistema Samai, índice 003, folio 31
29
Expediente digital, sistema Samai, índice 003, folio 76-82
30
Expediente digital, sistema Samai, índice 003, folio 83-93
31
Expediente digital, sistema Samai, índice 003, folio 94-96

21

Número interno: 3299-2024
Demandante: Luis Guillermo Medina Pinzón
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG) y Secretaría de Educación de Boyacá

• Copia de la cédula de ciudadanía y registro civil de nacimiento del señor Luis
Guillermo Medina Pinzón32.

• Oficio del Veintitrés (23) de agosto de Dos Mil Diecinueve (2019), por medio del cual,
se solicitó al líder de grupo de gestión pensional de la secretaría de Educación de
Boyacá, certificara si el señor Luis Guillermo Medina Pinzón en calidad de docente,
presentaba retiro y a partir de qué fecha, o si continúa laborando 33.

• El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por medio de la
Resolución N°008814 de fecha Veintitrés (23) de octubre de Dos Mil Dieciocho
(2018), se reconoció y ordenó el pago de una pensión de vejez Ley 100, a favor del
demandante34.

• Resolución No. 004512 del Veintiuno (21) de junio de Dos Mil Diecinueve (2019), por
medio de la cual, la secretaría de educación de Boyacá resolvió un recurso de
reposición, en el sentido de confirmar la Resolución N°008814 de fecha Veintitrés
(23) de octubre de Dos Mil Dieciocho (2018), por medio de la cual, se reconoce y
ordena el pago de una pensión de vejez Ley 100, proferida por el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, dentro de la solicitud radicada N° 2018
PENS-611921 del Dos (2) de agosto de Dos Mil Dieciocho (2018), a favor del
demandante35.

• Oficio del Veintinueve (29) de agosto de Dos Mil Diecinueve (2019), por medio del
cual, el grupo de prestaciones sociales de la secretaría de educación de Boyacá,
informa que, revisados los archivos de la dependencia, no se evidencia que, el
docente Luis Guillermo Medina Pinzon identificado con cédula de ciudadanía No.
7.217.207, haya presentado renuncia o retiro alguno y hasta la fecha continua
laborando en la Institución Educativa Carlos Arturo Torres Peña del municipio de
Santa Rosa de Viterbo, como Rector de la Institución 36.

• Hoja de revisión de solicitud pensional, emitida por la Fiduprevisora, donde se
aprueba la pensión de vejez - Ley 100 de 1993, a favor del demandante, al

32
Expediente digital, sistema Samai, índice 003, folio 97
33
Expediente digital, sistema Samai, índice 003, folio 185
34
Expediente digital, sistema Samai, índice 003, folio 219-221
35
Expediente digital, sistema Samai, índice 003, folio 186-188
36
Expediente digital, sistema Samai, índice 003, folio 184

22

Número interno: 3299-2024
Demandante: Luis Guillermo Medina Pinzón
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG) y Secretaría de Educación de Boyacá

encontrar que, adquirió el estatus pensional el Diecisiete (17) de julio de Dos Mil
Dieciocho (2018)37 y solicitud de reliquidación pensional38.

• 2.5. Caso concreto.

76. El señor Luis Guillermo Medina Pinzón, en su calidad de docente oficial, el Cinco (5)
de octubre de Dos Mil Dieciséis (2016), solicitó el reconocimiento y pago una pensión
vitalicia de jubilación.

77. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por medio de la
Resolución No. 009338 del Diez (10) de diciembre de Dos Mil Dieciséis (2016), negó la
solicitud pensional, al exponer que «la Fiduprevisora "La Previsora" S.A. una vez realizó
el estudio, niega el visto bueno para el reconocimiento de la prestación argumentando:
"no cumple tiempo laborado, periodo laborado inferior al mínimo establecido
observaciones: docente vinculado desde el 3/05/2006 motivo por el cual tiene régimen
pensional Ley 100, el cual exige 57 aaos (sic) de edad y1300 semanas se deberá d
espárara (sic) cumplir requisito de edad para estudiar adecuadamente la prestación, para
dicha ocasión se debe de radicar como ********pensión de vejez ley 100***» -sic-

78. El demandante interpuso recurso de reposición en contra de la anterior decisión, el
cual, fue resuelto por medio de la Resolución No. 009517 del Diecinueve (19) de diciembre
de Dos Mil Diecisiete (2017), en el sentido de confirmar la Resolución No. 009338 del Diez
(10) de diciembre de Dos Mil Dieciséis (2016).

79. En ese orden de ideas, es indispensable determinar, cuál es la normativa que gobierna
el caso del accionante, en virtud de la fecha de su primer ingreso al servicio educativo
oficial39.

80. La Sala, al efectuar el recuento de los hechos acreditados encuentra que, el señor
Luis Guillermo Medina Pinzón, demostró las siguientes vinculaciones y tiempos de
servicios en el sector docente:

37
Expediente digital, sistema Samai, índice 003, folio 200
38
Expediente digital, sistema Samai, índice 003, folio 203
39
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia
del 25 de abril de 2022. Radicado: 25000-23-42-000-2020-00046-01 (2494-2021). Esta afirmación se ratifica
con este fallo en el que se indicó que: «[…] resulta necesario determinar con exactitud la fecha a partir de
la cual aquella asumió la calidad de educadora estatal, que es la que le permitiría acceder a uno u otro
régimen pensional con motivo de la excepcionalidad que se predica de esta clase de servidores públicos.
[…]»

23

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No. Entidad Cargo Fecha Fecha de Tiempo Aportes a
de terminación de pensión
ingreso servicio
Día –
mes –
año
1 Departamento Profesor 29 -
de Boyacá – interino en el mayo –
Secretaría de Instituto 1987
Educación40 Técnico
Industrial
Nacionalizado
Antonio
Ricaurte del
Municipio de
Villa de Leiva
2 Universidad Profesor de 17 años Caja
Pedagógica y tiempo 4 meses Nacional de
Tecnológica de completo 29 días Previsión
41
Colombia Grado 7
(hoy Unidad
adscrito al 10 de 9 de julio de
de Gestión
Instituto febrero 2006
Pensional y
Técnico de 1989
Parafiscales
«Rafael
UGPP).
Reyes» de
Duitama

Coordinador
de Educación
Media
Técnica
Productiva
3 Departamento Rector 10 julio enero de 11 años Fondo
de Boyacá – de 2006 2018 6 meses Nacional de
secretaría de Prestaciones
educación 42
Sociales del
Magisterio
FOMAG

40
Expediente digital, sistema Samai, índice 016.
41
Expediente digital, sistema Samai, índice 003 folios 31-33
42
Expediente digital, sistema Samai, índice 003 folios 83-96

24

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81. Así, se acredita en grado de certeza que, la primera vinculación del demandante al
sector docente oficial, ocurrió por medio del Decreto 000274 del Diecisiete (17) de febrero
de Mil Novecientos Ochenta y Siete (1987), en el que, se le nombró interinamente como
profesor de tiempo completo en el Instituto Técnico Industrial Nacionalizado «Antonio
Ricaurte» del municipio de Villa de Leiva y se posesionó el Veintinueve (29) de mayo de
Mil Novecientos Ochenta y Siete (1987), prueba que fue puesta en conocimiento de la
parte accionada, quien no manifestó desconocimiento o tacha alguna a su contenido, por
lo tanto, goza de plena validez.

82. Frente al ejercicio de la docencia en interinidad, los nombramientos en provisionalidad,
e inclusive el ejercicio de la docencia por horas cátedras o por contratos u órdenes de
prestación de servicios, la Sala ha considerado que resultan válidos para acreditar la
prestación del servicio como docente oficial 43.

83. Al continuar con el análisis probatorio del caso concreto, se advierte que, el
demandante tuvo otras vinculaciones posteriores a la del Veintinueve (29) de mayo de Mil
Novecientos Ochenta y Siete (1987), toda vez que, prestó sus servicios de profesor de
tiempo completo Grado 7, adscrito al Instituto Técnico «Rafael Reyes» de Duitama, así
como, coordinador de Educación Media Técnica Productiva, entre el Diez (10) de febrero
de Mil Novecientos Ochenta y Nueve (1989) y el Nueve (9) de Julio de Dos Mil Seis (2006)
y, desde el Diez (10) de julio de Dos Mil Seis (2006) a enero de Dos Mil Dieciocho (2018),
como rector adscrito Departamento de Boyacá – Secretaría de Educación.

84. La Sala pone de presente que, en cumplimiento del artículo 81 de la Ley 812 de 2003,
el parágrafo transitorio 1 del artículo 48 de la Constitución Política (adicionado por el
artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005) y la Sentencia de Unificación SUJ-014-CE-S2-
19 del Veinticinco (25) de abril de Dos Mil Diecinueve (2019), el régimen pensional de los
docentes vinculados al servicio educativo oficial, antes de la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003 -Veintisiete (27) de junio de Dos Mil Tres (2003)-, es el previsto en la Ley 91
de 1989, que habilita la remisión a la Ley 33 de 1985.

85. Previo a verificar el cumplimiento de los requisitos que establece el legislador, para
acceder a la pensión de jubilación docente, a la luz de lo establecido en el artículo 1 de la
Ley 33 de 1985, estos son: 55 años y Veinte (20) años de servicio docente, resulta
importante, analizar el tiempo de servicio que el actor prestó en virtud del nombramiento

43
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo Sección Segunda, Subsección B Consejero
Ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar, sentencia proferida el dieciséis (16) de octubre de dos mil
veinticinco (2025), expediente 08001-23-33-000-2021-00190-01 (1589-2024)

25

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efectuado por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, para desempeñar los
cargos de Profesor de tiempo completo Grado 7, adscrito al Instituto Técnico «Rafael
Reyes» de Duitama, y coordinador de Educación Media Técnica Productiva, entre el Diez
(10) de febrero de Mil Novecientos Ochenta y Nueve (1989) y el Nueve (9) de Julio de
Dos Mil Seis (2006).

86. Lo anterior, en razón a que, el A quo consideró que dicha vinculación no determina su
condición de docente del sector oficial, toda vez que, durante el periodo referido, fue
nombrado mediante Resolución Nro. 00053 del Seis (6) de febrero de Mil Novecientos
Ochenta y Nueve (1989), por el rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia, como empleado público del instituto sin personería jurídica, adscrito a este ente
universitario autónomo y del orden nacional, en consecuencia, no fue vinculado como
docente oficial, de conformidad con la Ley 91 de 1988.

87. A contrario sensu, el recurrente sostiene que, el artículo 3º del Decreto Ley 2277 de
1979, establece que los educadores que prestan sus servicios en entidades oficiales del
orden nacional, departamental, distrital o municipal, son empleados oficiales de régimen
especial.

88. La Sala al reexaminar el precedente bajo el cual, el A quo consideró que dicho tiempo
no es computable como docencia oficial, no resulta aplicable al caso concreto del actor,
pues la sentencia citada44, se profirió en el marco de contornos fácticos y jurídicos propios
de la pensión gracia, la cual, exige como uno de los requisitos para acceder a su
reconocimiento acreditar una experiencia docente antes del 31 de diciembre de 1980 en
una institución educativa territorial o nacionalizada.

89. Así, nótese que, para el caso de los precedentes contenidos en las sentencias de
fechas del Veintisiete (27) de noviembre de Dos Mil Catorce (2014) y Treinta (30) de
marzo Dos Mil Diecisiete (2017)45 también citadas por el A quo, el tiempo laborado por el

44
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del 15 de septiembre de 2016 Rad.
4779-13, C.P. Dr. César Palomino Cortés, en la que se concluyó que: «… Así las cosas, al hacer parte de
la Universidad Pedagógica Nacional, el Instituto Pedagógico Nacional comparte su misma naturaleza, esto
es, la de un ente del orden nacional adscrito al Ministerio de Educación Nacional. En estos términos, […],
el tiempo laborado por la señora […] no resulta apto para acreditar los 20 años de servicios exigidos
por el legislador para efectos de reconocerle una pensión gracia de jubilación dado que, como quedó
visto, su vinculación laboral se verificó en una institución de educación superior nacional, adscrita al
Ministerio de Educación Nacional, y no del orden territorial o nacionalizada como lo exigían las leyes 114
de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989.»
45
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del 27 de noviembre de 2014, 4 Rad.
0373-14, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez. «[…]La Universidad de Antioquia es una institución estatal
del orden departamental. […]el Gobernador del Departamento de Antioquia creó el Instituto Nocturno de
Bachillerato adscrito a la Universidad de Antioquia que funciona de acuerdo con los reglamentos del Liceo
Antioqueño, […]el tiempo laborado en el Colegio Nocturno de Bachillerato desde el 17 de enero de 1994

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docente en instituciones educativas territoriales, adscritas a universidades del orden
estatal territorial, se tuvo como válido para acreditar el cumplimiento de los requisitos
señalado en las disposiciones que regulan dicha pensión gracia.

90. Lo anterior quiere significar que, el tiempo de servicio que el actor prestó como docente
en el Instituto Técnico «Rafael Reyes» de Duitama, adscrito a la Universidad Pedagógica
y Tecnológica de Colombia, durante el tiempo comprendido entre el Diez (10) de febrero
de Mil Novecientos Ochenta y Nueve (1989) y el Nueve (9) de Julio de Dos Mil Seis (2006),
lo realizó bajo la condición de docente oficial, condición que para el caso de la pensión de
jubilación no requiere distinción alguna sobre el orden nacional, territorial o nacionalizado.

91. En efecto, esta corporación tal como lo anotó el A quo, sobre el Instituto Técnico
Industrial Rafael Reyes, ha tenido la oportunidad de precisar que, antes de su supresión
y traspaso al municipio de Duitama, era un órgano adscrito a la Universidad Pedagógica
y Tecnológica de Colombia, Sede Duitama, y aun cuando hacía parte de su estructura, la
naturaleza jurídica de dicha institución es la de un colegio oficial, del orden
nacional"46.

92. De igual forma, es oportuno recordar que, el artículo 3º del Decreto Ley 2277 de 1979,
establece «Los educadores que prestan sus servicios en entidades oficiales de orden
nacional, departamental, distrital, intendencial, comisarial y municipal, son empleados
oficiales de régimen especial que, una vez posesionados, quedan vinculados a la
administración por las normas previstas en este decreto.»

93. Por lo expuesto, el tiempo de servicio de docente oficial que el actor prestó en el
Instituto Técnico «Rafael Reyes» de Duitama, es válido para acreditar el requisito de
tiempo exigido en el marco normativo y jurisprudencial, que regula la pensión de jubilación
para esta clase de docente.

hasta la fecha es válido para acreditar el cumplimiento de los requisitos señalado en las
disposiciones que regulan dicha pensión gracia.»
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, del 30 de marzo 2017, Rad. 3216-14, C.P. Dr. César
Palomino Cortés, en el que se dijo que: «[…]se resalta que un caso similar al presente, esta Subsección en
sentencia del 27 de noviembre de 2014, determinó que el tiempo laborado como docente el Instituto
Nocturno de Bachillerato adscrito a la Universidad de Antioquia, ente educativo del nivel territorial que
prestaba el servicio de enseñanza secundaria, es válido para acceder al reconocimiento de la pensión
gracia.»
46
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección "B". CP. Dra. Bertha Lucia Ramírez de Páez.
Sentencia de 19 de abril de 2007. Rad.: 15001-23-31-000-1999-02187-01(1114-03).

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94. De la valoración probatoria realizada por la Sala, el actor cumplió los requisitos
previstos artículo 1 de la Ley 33 de 1985, ello, toda vez que, acreditó 55 años, el Dieciséis
(16) de julio de Dos Mil Dieciséis (2016), pues, nació el Dieciséis (16) de julio de Mil
Novecientos Sesenta y Uno (1961) y, más de Veinte (20) años de servicio de docente
oficial, así: Instituto Técnico «Rafael Reyes» de Duitama – 17 años, 4 meses y
Departamento de Boyacá – secretaría de educación 10 años 31 días.

95. Para establecer la fecha del estatus pensional, se tiene de los tiempos de servicios
relacionados en el cuadro que, el demandante, al Nueve (9) de julio de Dos Mil Seis
(2006), acreditaba 17 años, 4 meses y 29 días, luego entonces, para alcanzar los 20 años
de tiempo de servicio que señala la Ley 33 de 1985, para acceder al derecho pensional,
le faltaban dos (2) años, 7 meses, 1 día, los cuales, quedaron comprendidos entre el Diez
(10) de julio de Dos Mil Seis (2006) al Once (11) de marzo de Dos Mil Nueve (2009).

96. El estatus pensional lo adquirió el Dieciséis (16) de julio de Dos Mil Dieciséis (2016),
esto es, cuando cumplió los 55 años y tenía más de 20 años de tiempo de servicio como
docente oficial, razón por la cual, le asiste el derecho al reconocimiento pensional con el
75% del ingreso base de liquidación devengado en el último año anterior a la adquisición
del estatus, comprendido entre el Dieciséis (16) de julio de Dos Mil Quince (2015) y el
Quince (15) de julio de Dos Mil Dieciséis (2016).

97. Sobre la liquidación de la mesada pensional, resulta pertinente traer a colación la
sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019, en la cual, esta
sección sentó jurisprudencia respecto al «ingreso base de liquidación de la pensión
ordinaria de jubilación de los docentes del servicio público oficial afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».

98. En dicha providencia se estableció que, el ingreso base de liquidación de la pensión
ordinaria de jubilación de los docentes, vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de
2003, como es el caso del demandante, debe determinarse conforme a los siguientes
parámetros:

• El período correspondiente al año anterior a la consolidación del estatus pensional,
esto es, al cumplimiento de los requisitos de edad y tiempo de servicios; o a la
terminación del vínculo legal y reglamentario.

• Los factores computables son exclusivamente los previstos en la Ley 62 de 1985, a
saber: asignación básica, gastos de representación, primas de antigüedad, técnica,

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ascensional y de capacitación, dominicales y feriados, horas extras, bonificación
por servicios prestados y trabajo suplementario o nocturno.

99. Asimismo, resulta necesario recordar que los Decretos 123 de 201647 y 2354 de 2018,
introdujeron y reglamentaron nuevos factores salariales aplicables a los docentes
oficiales, los cuales, también integran el ingreso base de liquidación. Dichos factores son:
(i) asignación adicional para directivos docentes; (ii) bonificación mensual de docentes; y
(iii) bonificación pedagógica.

100. Estos conceptos al haber sido incorporados expresamente en la normativa y
configurarse como factores salariales sujetos a cotización, resultan computables para
efectos del cálculo del IBL.

101. Establecido el periodo que, comprende el año anterior al que el actor adquirió el
estatus de pensionado, y las reglas del ingreso base de liquidación de la pensión ordinaria
de jubilación de los docentes, procede la Sala a verificar los factores devengados en dicho
lapso.

102. El certificado de salario y devengados expedido por la Secretaría de Educación de
Boyacá, hace constar que, al actor, durante las anualidades 2015 y 2016, le pagaron:
Asignación básica, bonificación mensual docente, sob rectores 30%, sobre sueldo triple
jornada 30%, prima de vacaciones, prima de navidad, asig.adic.jornada única 25%, doble
jornada 25% prima de servicios48.

103. La Sala advierte que, la asignación básica, asignación adicional para directivos
docentes y bonificación mensual de docentes, hacen parte de factores salariales
computables y que se encuentra enlistados en el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985 como
en los Decretos 123 de 2016 y 2354 de 2018, así como todos aquellos así dispuestos por
el legislador para ser incluidos en el Ingreso Base de Liquidación.

104. Por otra parte, precisa la Sala que, la pensión debe concederse con efectividad al
momento en que, el accionante adquirió la condición habilitante de la pensión, esto es,
desde el Dieciséis (16) de julio de Dos Mil Dieciséis (2016), en la medida en que, este
derecho es compatible con el salario de docente, sin necesidad de demostrar el retiro del
servicio, de conformidad con los artículos 19, literal g) de la Ley 4.ª de 1992 y 5 del Decreto

47 Derogado por el art. 7, del Decreto Nacional 983 de 2017
48
Expediente digital, sistema Samai, índice 003ED, folios 88-90

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224 de 1972, aplicables a su caso particular, por haber sido vinculado antes de la entrada
en vigencia de la Ley 812 de 2003.

105. Establecido todo lo anterior, la Sala no pasa por alto que, en el expediente reposan
las Resoluciones Nos. 008814 de fecha Veintitrés (23) de octubre de Dos Mil Dieciocho
(2018), por medio de la cual, se reconoce y ordena el pago de una pensión de vejez Ley
100, a favor del demandante49 y 004512 del Veintiuno (21) de junio de Dos Mil Diecinueve
(2019), por medio de la cual, se resolvió un recurso de reposición, en el sentido de
confirmar la Resolución N°008814 de fecha Veintitrés (23) de octubre de Dos Mil
Dieciocho (2018)50.

106. De igual forma, se encuentra la hoja de revisión de solicitud pensional emitida por la
Fiduprevisora, donde se aprueba la pensión de vejez - Ley 100 de 1993, a favor del
demandante, al encontrar que, adquirió el estatus pensional el Diecisiete (17) de julio de
Dos Mil Dieciocho (2018)51 y solicitud de reliquidación pensional52.

107. De la valoración de dichas pruebas documentales, se advierte que, el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG- reconoció a favor del demandante
pensión de vejez, bajo los postulados de la Ley 100 de 1993 así:

108. Los elementos de juicio valorados, permiten colegir que en virtud del principio de
favorabilidad al actor le es más beneficioso el reconocimiento de la pensión de jubilación

49
Expediente digital, sistema Samai, índice 003, folio 219-221
50
Expediente digital, sistema Samai, índice 003, folio 186-188
51
Expediente digital, sistema Samai, índice 003, folio 200
52
Expediente digital, sistema Samai, índice 003, folio 203

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Demandante: Luis Guillermo Medina Pinzón
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG) y Secretaría de Educación de Boyacá

bajo los postulados de la Ley 33 de 1985, toda vez que, debe corresponder a la cuantía
equivalente al 75% del ingreso base de liquidación, determinado
conforme con el promedio de lo devengado durante el año inmediatamente anterior a la
adquisición del estatus, con inclusión de aquellos factores salariales percibidos y que se
encuentra enlistados en el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985 como en los Decretos 123 de
2016 y 2354 de 2018, así como todos aquellos así dispuestos por el legislador para ser
incluidos en el Ingreso Base de Liquidación, de conformidad con las reglas fijadas en la
sentencia de unificación del Consejo de Estado.

109. Por su parte, la pensión reconocida en la Resolución No. 008814 de fecha Veintitrés
(23) de octubre de Dos Mil Dieciocho (2018), y confirmada a través de la resolución No.
004512 del Veintiuno (21) de junio de Dos Mil Diecinueve (2019), se otorgó en un 70% del
IBL correspondiente a los 10 últimos años de servicios y efectiva a partir de la fecha de
retiro del servicio activo.

110. En ese orden, como el actor no puede recibir dos pensiones que amparen el mismo
riesgo y provenientes del tesoro público53, la Sala en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo54, ordenará a la parte demandada, reliquidar la pensión reconocida por
medio de la resolución antes mencionada, bajo los postulados de la Ley 33 de 1985, en
concordancia con las reglas fijadas en la sentencia de unificación del Consejo de Estado
SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019.

111. Siendo, así las cosas, la Sala revocará la sentencia objeto de recurso de apelación,
para en su lugar, declarar la nulidad de los actos administrativos objeto de control de
legalidad y, a título de restablecimiento del derecho, atendiendo que el actor no puede
percibir dos pensiones que amparen el mismo riesgo y provenientes del tesoro público, la
Sala en cumplimiento de lo establecido en el artículo 187 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenará reliquidar la pensión
reconocida por medio de la Resolución No. 008814 de fecha Veintitrés (23) de octubre de
Dos Mil Dieciocho (2018), y confirmada a través de la resolución No. 004512 del Veintiuno
(21) de junio de Dos Mil Diecinueve (2019).

53
Artículo 128 de la Constitución Política.
54
(…) Para restablecer el derecho particular, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo podrá estatuir
disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar estas.

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Sociales del Magisterio (FOMAG) y Secretaría de Educación de Boyacá

112. Para ello se deberán actualizar los valores a pagar según la fórmula que se describe
a continuación:

R= Rh Índice final
Índice inicial

113. Según la cual el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh),
que es el que corresponde a la prestación social, por el guarismo que resulta de dividir el
índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente a la fecha de
ejecutoria de esta sentencia) por el índice inicial (vigente para la fecha en que debería
efectuarse el pago). Los intereses serán reconocidos en la forma señalada en el artículo
192 del CPACA. Por tratarse de pagos de tracto sucesivo la fórmula se aplicará
separadamente, mes por mes, para cada mesada prestacional.

2.5. Condena en costas

114. Revisada la conducta de la parte vencida, no evidencia la sala temeridad o mala fe,
sino simplemente la defensa de sus intereses, es decir no se cumplen los presupuestos
exigidos en el artículo 188 de la ley 1437 del 2011, razón por la cual, no se impondrá
condena en costas.

2.6. Conclusiones

En el presente asunto, la parte demandante, cumplió los requisitos previstos en el artículo
1 de la Ley 33 de 1985, esto es, 20 años de servicios y 55 años de edad, el Dieciséis (16)
de julio de Dos Mil Dieciséis (2016), por lo tanto, le asiste el derecho de acceder a la
pensión de jubilación en cuantía equivalente al 75% del ingreso base de liquidación,
determinado conforme con el promedio de lo devengado durante el año inmediatamente
anterior a la adquisición del estatus, con inclusión de aquellos factores salariales sobre
los cuales, se hubieren realizado los aportes respectivos, de conformidad con las reglas
fijadas en la sentencia de unificación del Consejo de Estado

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley.
FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del Ocho (8) de noviembre de Dos Mil Veintitrés

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(2023)55, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá Sala Primera de Decisión, que
negó las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad la Resolución No. 009338 del Diecinueve (19) de
diciembre de Dos Mil Dieciséis (2016), en razón a que, le negó el reconocimiento y pago
de la pensión jubilación, así como de la Resolución No 009517 del Diecinueve (19) de
diciembre de Dos Mil Diecisiete (2017), por no reponer la anterior decisión, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, se ORDENA a la Nación –
Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG) y Secretaría de Educación de Boyacá, reliquidar la pensión reconocida por
medio de la Resolución No. 008814 de fecha Veintitrés (23) de octubre de Dos Mil
Dieciocho (2018), y confirmada a través de la resolución No. 004512 del Veintiuno (21) de
junio de Dos Mil Diecinueve (2019), bajo los postulados de la Ley 33 de 1985, en
concordancia con las reglas fijadas en la sentencia de unificación del Consejo de Estado
SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019, esto es, en cuantía equivalente al 75% del
ingreso base de liquidación, determinado conforme con el promedio de lo devengado
durante el año inmediatamente anterior a la adquisición del estatus, con inclusión de
aquellos factores salariales percibidos y que se encuentra enlistados en el artículo 1.º de
la Ley 62 de 1985 como en los Decretos 123 de 2016 y 2354 de 2018, así como, todos
aquellos así dispuestos por el legislador para ser incluidos en el Ingreso Base de
Liquidación y con efectos fiscales a partir del Dieciséis (16) de julio de Dos Mil Dieciséis
(2016), por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

CUARTO: ORDENAR a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y Secretaría de Educación de Boyacá que
dé cumplimiento a esta sentencia de conformidad con los artículos 192 a 195 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ajustando el valor que
resulte a su cargo, aplicando para estos efectos, la siguiente fórmula en los términos
expuestos en la parte motiva de la presente providencia:

R= Rh Índice final
Índice inicial

QUINTO: Sin condena en costas en esta instancia, por las razones expuestas en la parte

55
Expediente digital – Sistema Samai, gestión en otros despachos, índice 005 Notificada el 10 de noviembre
de 2023.

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motiva de la presente providencia.

SEXTO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclaración de voto Aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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