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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-01971-01

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-01971-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. ADICIONAR el ordinal cuarto bis a la sentencia proferida el seis (6) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 Radicado: 05001-23-33-000-2018-01971-01 (0259-2024) por medio de la cual se accedió a las pretensiones, el cual quedará de la siguiente forma: «[…] Cuarto bis: La entidad demandada deberá realizar las gestiones necesarias ante la UGPP para obtener el traslado a su favor de los recursos por concepto de cotizaciones del accionante durante los períodos en los que laboró para el departamento del Quindío, a fin de asumir en su totalidad el pago de la pensión de conformidad con la facultad prevista en el artículo 2.2.4.3.3. del Decreto 1833 de 2016. […]» Segundo. CONFIRMAR el fallo apelado en todo lo demás. Tercero. Abstenerse de condenar en costas de segunda instancia. Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2018-01971-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001-23-33-000-2018-01971-01 (0259-2024)
Demandante: Luz Dary Zuluaga Calderón
Demandada: Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)

Temas: Reconocimiento de pensión ordinaria de jubilación de docente
con base en Ley 33 de 1985. Fecha de vinculación como
docente anterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
Aplicación de la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019.
Traslado de recursos de una entidad de previsión al FOMAG
para la financiación de la prestación. ADICIONA Y CONFIRMA
SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el seis (6) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual se accedió a las
pretensiones.

ANTECEDENTES

1. La señora Luz Dary Zuluaga Calderón instauró demanda1 en contra de la Nación
• Ministerio de Educación Nacional – FOMAG, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad de la Resolución 201800004664 del 6 de septiembre
de 2018 por medio del cual la Secretaría de Educación Municipal de Bello en nombre
y representación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio negó
el reconocimiento y pago de una pensión ordinaria de jubilación.

1
Folios 1 a 18.

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Radicado: 05001-23-33-000-2018-01971-01 (0259-2024)

3. A título de restablecimiento del derecho, se reconozca dicha prestación en
cuantía del 75% del promedio de todos los factores salariales devengados durante
el último año de servicio anterior al cumplimiento del estatus ocurrido el 9 de abril
de 2015, efectiva desde esta misma fecha.

4. Que se ordene el pago de las mesadas atrasadas desde la consolidación del
derecho, la indexación sobre las sumas adeudadas por este concepto, así como el
reconocimiento de intereses moratorios hasta que se materialice el respectivo
abono.

5. Que la entidad accionada dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los
artículos 192 y 195 del CPACA; y que se disponga sobre la condena en costas.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

6. Que nació el 27 de mayo de 1952 y tuvo su primera vinculación como docente al
servicio del departamento del Quindío desde el 11 de febrero de 1974 hasta el 30
de noviembre de 1992.

7. Luego fue nombrada por el municipio de Bello en el cargo de maestra a partir del
19 de octubre de 2004, por lo menos hasta la fecha de presentación de la demanda
(1.º de octubre de 2018), cuando seguía en ejercicio de dicho cargo, efectuando
cotizaciones al FOMAG.

8. El 2 de abril de 2018 solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación ante la
secretaría de educación de la mencionada autoridad, y para ello pretendía que le
fuera aplicado el régimen especial del magisterio para consolidar el derecho con
base en la Ley 33 de 1985 por acumulación de aportes públicos, pero la parte
accionada negó lo reclamado.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

9. Consideró vulnerados: los artículos 1.º, inciso 2.º de la Ley 33 de 1985; 15 de la
Ley 91 de 1989; 6 de la Ley 60 de 1993; 115 de la Ley 115 de 1993; 279 de la Ley
100 de 1993; 81 de la Ley 812 de 2003; y 1 y 2 del Decreto 3752 de 2003.

10. Expresó que en virtud de lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003,
a los docentes vinculados con anterioridad al año 2003 se les aplican las normas
anteriores a la expedición esta norma, es decir la Ley 33 de 1985 como servidores
públicos regulares, o si se trataba de educadores que tenían cotizaciones al sector
privado, sería la Ley 71 de 1988 para obtener una pensión por aportes. Precisó que
su ingreso inicial como maestro fue antes de 2003, pero destacó que así se hubiera
vinculado con posterioridad a esa fecha donde le sería aplicable el Decreto 2278 de

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2002 y no el Decreto 2277 de 1979, lo cierto es que tal circunstancia no afecta el
régimen pensional de la Ley 812 de 2003 de los maestros que fueron vinculados
antes del año 2003, a quienes se les debe respetar el régimen anterior de esta
disposición normativa.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

11. La demanda fue admitida el 22 de enero de 2019.2 La Nación – Ministerio de
Educación – FOMAG guardó silencio.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN3

12. El Tribunal Administrativo de Antioquia mediante sentencia del 6 de septiembre
de 2023 accedió a las pretensiones, en el sentido de declarar la nulidad del acto
demandado y ordenar a la entidad accionada reconocer la pensión de jubilación con
base en el régimen de la Ley 33 de 1985, calculada con el 75% de los factores
salariales percibidos de conformidad con la Ley 62 de 1985. Además, autorizó a la
parte demandada a efectuar los descuentos sobre la condena por concepto de
aportes a salud causados. Finalmente negó las demás pretensiones y se abstuvo
de condenar en costas.

13. Expresó que la docente demostró que tenía 64 años de edad a la fecha de su
petición de reconocimiento pensional y que había acumulado un total de tiempo de
servicio público como docente oficial de más de 1.101 semanas equivalentes a 21
años, 4 meses y 24 días.

14. Precisó que el cumplimiento de estos requisitos la hacía beneficiaria de una
pensión ordinaria de jubilación de conformidad con la Ley 33 de 1985, dado que fue
vinculada al servicio del magisterio por primera vez el 11 de febrero de 1974, es
decir, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, lo que le
permitía acceder al régimen anterior de la Ley 100 de 1993 para consolidar su
prestación según la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 25 de abril
de 2019.

15. Añadió que como la edad de 55 años la acreditó el 27 de mayo de 2007, el
estatus pensional lo adquirió con el cumplimiento de los 20 años de servicio el 16
de mayo de 2015, sin necesidad que se exija la demostración del retiro definitivo del
servicio por estar exceptuada como maestra oficial de la prohibición constitucional
de devengar doble asignación del erario de acuerdo con los artículos 19 de la Ley
4 de 1992 y 5 del Decreto 224 de 1972.

2
Folios 96 a 97.
3
Ver expediente digital en el índice 2 de SAMAI.

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Radicado: 05001-23-33-000-2018-01971-01 (0259-2024)

16. Sobre la prescripción aseguró que esta no se configuró en la medida en que
entre la fecha del estatus (16 de mayo de 2015), y la de reclamación administrativa
radicada el 19 de diciembre de 2016, no transcurrieron más de tres (3) años, y, en
todo caso, si bien la demanda se radicó el 1 de octubre de 2018, lo cierto es que la
presentación de la reclamación interrumpió la prescripción.

17. Acerca del descuento de aportes en salud indicó que conforme al principio
constitucional de solidaridad que cobija dicho sistema, deberán deducirse
previamente las cotizaciones que dejaron de efectuarse sobre los ingresos
adicionales que tendrá la demandante en virtud del pago de la pensión de jubilación,
que se hará efectiva a partir del 16 de mayo de 2015 y hasta la fecha de retiro.

RECURSO DE APELACIÓN4

18. La parte demandada se opuso a la totalidad de la sentencia al asegurar que
conforme al material probatorio se evidencia que la vinculación de la actora como
docente tuvo lugar el 16 de enero de 2006, razón por la cual se le deben aplicar las
previsiones de la Ley 812 de 2003 en el sentido de que, si bien como maestra oficial
sería afiliada al FOMAG, sus derechos pensionales serían los contemplados en las
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 con los requisitos previstos en esta normativa, a
excepción de la edad que es de 57 años tanto para hombres como para mujeres.

19. En todo caso, afirmó que la actora no era beneficiaria del régimen de transición
de la Ley 100 de 1993, ya que a la entrada en vigencia de esta disposición no
contaba con 15 años de servicio ni 35 años de edad.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

20. El 13 de febrero de 20245 se admitió el recurso de apelación. Las partes y el
Ministerio Público guardaron silencio.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

21. Deberá resolver la Subsección si a la demandante como docente oficial con
vinculaciones anteriores a la Ley 812 de 2003, le asiste derecho a la pensión con
base en la Ley 33 de 1985, en cuantía del 75% del promedio de los factores
salariales sobre los que haya efectuado cotizaciones durante el año anterior a la
adquisición del estatus jurídico pensional, y con efectividad desde esa misma fecha.

Marco normativo y jurisprudencial

4
Ibid.
5
Ver índice 4 de SAMAI.

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4

Radicado: 05001-23-33-000-2018-01971-01 (0259-2024)

22. Para resolver el presente asunto, le corresponde a la Sala dar aplicación a la
sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, proferida por la Sección Segunda
del Consejo de Estado,6 en la cual se estableció principalmente la forma de liquidar
la pensión ordinaria de jubilación de los docentes prevista bajo los postulados
remisorios de la Ley 91 de 1989.

23. Lo anterior porque, además de dicho punto, tal providencia en sus reglas
jurisprudenciales desarrolló lineamientos específicos y de obligatorio acatamiento
acerca del entendimiento de los diferentes regímenes pensionales aplicables a los
educadores del Estado en atención a la fecha de vinculación, debido a la expedición
de la Ley 812 de 2003.

24. Como se advierte, el ámbito de aplicación de las directrices de unificación es
más amplio que el de los litigios de reliquidación pensional, pues este se extiende
también a los asuntos de reconocimiento del derecho en sí mismo,7 tal como
acontece en el caso bajo estudio donde la determinación del marco normativo que
rige la situación particular de la accionante es esencial para verificar la pertinencia
de sus pretensiones.8

25. Pues bien, según la referida sentencia, el criterio relevante para determinar el
marco jurídico pensional de un educador oficial es la acreditación de su primera
vinculación al magisterio, contrastada con la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003 (27 de junio de 2003), sin que para estos efectos deba verificarse si esa
relación inicial fue continua, con interrupciones, o si fue mediante contratos de
prestación de servicios, con un nombramiento legal y reglamentario en
provisionalidad, en propiedad o temporal como una interinidad, así como tampoco
si para la mencionada fecha la reclamante seguía o no vinculada bajo dicha calidad.

26. Lo expuesto en razón a que dicha norma en ningún momento distinguió estas
condiciones de un maestro como un criterio excluyente de sus previsiones en cuanto
a la determinación del régimen pensional, sino que solo exigió la acreditación de
haber laborado como docente oficial antes de su vigencia, lo cual podía haber

6
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-
CE-S2 -2019. Expediente: 680012333000201500569-01 (0935-17). Actor: Abadía Reynel Tolosa.
7
Lo anterior se indica en la medida en que las reglas de unificación plateadas fueron las siguientes: «[…] a) En
la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812
de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden
nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los
que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, y por lo
tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.

b) Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes
100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será
de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los
previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones. […]»
8
Se destaca que la aludida decisión judicial fijó sus efectos retrospectivamente según el ordinal segundo de la
parte resolutiva, a fin de extenderse a todas las situaciones pendientes de definición y que no se hayan
consolidado bajo el fenómeno de cosa juzgada, tal como sucede con el presente litigio pendiente del
pronunciamiento de segunda instancia.

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ocurrido bajo cualquiera de las referidas modalidades, pues en observancia del
principio de la condición más beneficiosa,9 es claro que esta situación corresponde
a un cambio legislativo sin un régimen de transición específico que hace necesario
proteger la expectativa de pensionarse con una regulación más favorable prevista
especialmente para quien haya ejercido labores como educador del Estado.

Resolución del caso concreto

27. Como se desprende de lo expuesto, es indispensable determinar cuál es la
normativa que gobierna el caso de la accionante en virtud de la fecha de su primer
ingreso al servicio educativo oficial,10 sin que cobre relevancia el argumento de
apelación relativo a que en este caso se presentaron interrupciones en sus vínculos
y que solo con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 fue
nombrada formalmente, pues como se explicó en el marco jurídico en mención, el
legislador no contempló tal circunstancia como un elemento excluyente para que un
docente accediera o no al régimen pensional anterior al de la Ley 100 de 1993.

28. Ahora bien, para definir este punto debe acudirse a la copia del Decreto 0048
del 30 de enero de 1974 proferido por el gobernador del departamento del Quindío,
así como al acta de posesión del 11 de febrero de 1974,11 pues a partir de estos
medio probatorios se corrobora que la accionante efectivamente laboró como
maestra seccional urbana del municipio de Calarcá en la categoría primaria del
Colegio San José, para ejercer funciones eminentemente educativas a favor de
dicha entidad territorial desde esta última fecha, hasta el 1.º de enero de 1975.

29. Pues bien, una vez precisado lo anterior, se advierte que la entidad accionada
negó el derecho reclamado por medio del acto demandado12 bajo el argumento de
que La Fiduprevisora había emitido concepto negativo para el reconocimiento de la
prestación al evidenciar que no había acreditado el total de 1.300 semanas de
cotización conforme al régimen de la Ley 100 de 1993.

30. A pesar de esta consideración, lo cierto es que ni en vía administrativa ni en
sede judicial se ha puesto en duda la existencia y ejecución del primer vínculo
contractual ni de los siguientes contraídos por la actora, lo que significa que, al no
existir controversia acerca de la labor ejercida materialmente por la demandante
como docente, pero sí sobre cuál es el tipo de vinculación habilitante para analizar
el derecho prestacional, se puede tener demostrado el hecho de que inició su labor
propiamente educativa el 11 de febrero de 1974, fecha que definitivamente es

9
Sobre este principio ver sentencia del 15 de febrero de 2011, proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Laboral. Radicación: 40.662.
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del
25 de abril de 2022. Radicado: 25000-23-42-000-2020-00046-01 (2494-2021). Esta afirmación se ratifica con
este fallo en el que se indicó que: «[…] resulta necesario determinar con exactitud la fecha a partir de la cual
aquella asumió la calidad de educadora estatal, que es la que le permitiría acceder a uno u otro régimen
pensional con motivo de la excepcionalidad que se predica de esta clase de servidores públicos. […]»
11
Folios 38 a 40.
12
Folios 25 a 26.

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anterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003).

31. Se concluye entonces al igual que el juez de primera instancia que, conforme a
las reglas de la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019 y el marco normativo
desarrollado anteriormente, el hecho de que el primer vínculo de la accionante haya
tenido una interrupción y que el último nombramiento haya sido con posterioridad al
27 de junio de 2003, no desdice la naturaleza educativa del servicio prestado que
es lo que la hace beneficiaria del régimen anterior al de la Ley 812 de 2003, por lo
que es viable verificar la situación jurídica reclamada de acuerdo con las previsiones
del artículo 81 de dicha norma.

32. De allí que, efectivamente la pensión de la educadora debía analizarse
conforme a la regulación previa contenida en los artículos 2.º, parágrafo y 15
numeral 2.º de la Ley 91 de 1989, disposiciones que remiten a las normas de los
empleados públicos del orden nacional, consagradas esencialmente en la Ley 33
de 1985 cuando se acumulan solo tiempos de origen público, tal como lo estimó
acertadamente el tribunal de origen.

33. Bajo este entendido se corrobora la ilegalidad del acto administrativo
demandado, más aún porque la demandante sí había acreditado los requisitos
necesarios para consolidar el derecho a una pensión de jubilación con base en los
postulados de la aludida Ley 33 de 1985, pero adicional, conforme a los
lineamientos de la sentencia de unificación del Consejo de Estado proferida el 25
de abril de 2019.

34. Sobre el punto, del material probatorio obrante en el expediente se concluye al
igual que en la sentencia recurrida que: i) la accionante acreditó 55 años de edad el
27 de mayo de 2007;13 ii) de la sumatoria de los tiempos servidos como docente del
departamento del Quindío, secretaria tesorera del Colegio San José, catedrática
externa y maestra contratista de dicha entidad con cotizaciones a la entonces Caja
Nacional de Previsión Social,14 y finalmente como educadora nombrada por el
municipio de Bello desde el 19 de octubre de 2004, al menos hasta el 2 de abril de
2018 cuando se radicó la petición y aún seguía activa, se observa que acreditó 20
años de labor el 16 de mayo de 2015,15 y iii) dentro del período comprendido entre

13
La demandante nació el 27 de mayo de 1952. Ver copia de la cédula de ciudadanía obrante a folio 22.
14
Ver copia de los certificados laborales emitido por la Secretaría de Educación del Quindío (folio 29), así como
certificados de información laboral generados por la misma entidad (folios 30 a 31), al igual que el formato de
historia laboral expedido por el municipio de Bello y los actos de nombramiento de la actora (folios 32 y 38 a
78), con base en los cuales se observan los referidos vínculos de la actora, como docente y solo un período
como secretaria tesorera (empleada pública) que también podía ser contabilizado para estos efectos como
tiempo público destinado al reconocimiento de la pensión ordinaria de jubilación.
15
Según el siguiente cálculo:

DESDE HASTA AÑOS MESES DÍAS
11/02/1974 1/01/1975 0 10 21
6/02/1975 16/02/1983 8 0 10
12/08/1991 30/11/1991 0 3 18

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7

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el 16 de mayo de 2014 y el 15 de mayo de 2015 (año anterior al estatus configurado
con los 20 años de servicio que se acreditaron con posterioridad al cumplimiento de
la edad), la educadora devengó16 únicamente la asignación básica como haber
salarial computable y percibido en su caso sobre el que debió realizar aportes y que
se encuentra enlistado en el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985.

35. Con todo, acertó el tribunal al afirmar que dicha prestación debe concederse
con efectividad desde el momento en que la accionante adquirió la condición
habilitante de la pensión, esto es, desde el 16 de mayo de 2015, ello en la medida
en que este derecho es compatible con el salario de docente sin necesidad de
demostrar el retiro del servicio de conformidad con los artículos 19, literal g) de la
Ley 4.ª de 1992 y 5 del Decreto 224 de 1972, aplicables a su caso particular por
haber sido vinculada antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

36. Ahora, acertó también el tribunal al declarar que no prospera la excepción de
prescripción porque efectivamente entre las fechas de exigibilidad del derecho (16
de mayo de 2015), de radicación de la reclamación administrativa (2 de abril de
2018),17 y de la presentación de la demanda (1.º de octubre de 2018),18 no
transcurrieron más de tres años de que tratan los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de
1969.

37. Finalmente, como se demostró según los certificados laborales de la actora
expedidos por el departamento del Quindío el 5 de febrero de 2009, y el 24 de
octubre de 2016,19 durante el tiempo que laboró para dicha entidad territorial se
realizaron aportes a pensión a la entonces Cajanal (hoy UGPP), por lo que la parte
demandada deberá realizar las gestiones necesarias para obtener el traslado de los
recursos a su favor para asumir en su totalidad el pago de la pensión de conformidad
con la facultad prevista en el artículo 2.2.4.3.3. del Decreto 1833 de 2016.20

27/07/1992 30/11/1992 0 4 3
19/10/2004 30/11/2005 1 1 11
16/01/2006 30/11/2006 0 10 14
1/12/2006 16/05/2015 8 5 13
TOTAL 17 + 3 = 20 AÑOS 33 + 3 = 36 MESES (3 AÑOS) 90 (3 MESES)

16
Conforme al certificado de salarios de 2014 a 2015 visible a folio 34 a 35.
17
Ver parte motiva del acto demandado a folio 25.
18
Ver sello de radicación a folio 18.
19
Folios 29 a 31.
20
Decreto Único Reglamentario del Sector Seguridad Social en Pensiones. «[…] Artículo 2.2.4.3.3. Solicitud de
traslado de cotizaciones e información. De conformidad con el Artículo 17 de la Ley 549 de 1999 todos los
tiempos laborados o cotizados en el sector público y los cotizados al ISS serán utilizados para financiar la
pensión. Cuando algún tiempo no se tome en cuenta para el reconocimiento de la pensión, y por ello no se
incluya en el cálculo del bono pensional o no proceda la expedición de bono o cuota parte, la caja, fondo o
entidad pública que deba hacer el reconocimiento de la pensión, según el Artículo 2.2.4.3.2. del presente
Decreto, solicitará a las administradoras o entidades de los tiempos cotizados o servidos que no se tienen en
cuenta para el reconocimiento de la pensión, el traslado del valor de las cotizaciones para la pensión de vejez
y de la información que posea(n) sobre el trabajador, incluyendo su historial laboral. Dicho traslado se deberá
efectuar dentro de los dos (2) meses siguientes al recibo de la solicitud. El monto a trasladar se determinará de
conformidad con el Artículo 17 de la Ley 549 de 1999. […]»

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Radicado: 05001-23-33-000-2018-01971-01 (0259-2024)

38. Debido a que esta disposición no fue contemplada por el tribunal en el fallo
apelado, y como la parte accionada es apelante en esta oportunidad, se adicionará
el ordinal cuarto bis con el fin de ordenar a la entidad que realicen las actuaciones
conforme el presupuesto anterior para recaudar el total de los aportes
indispensables para la financiación plena de la pensión otorgada.

39. Estos argumentos son suficientes para confirmar el fallo apelado en todo lo
demás.

Condena en costas de segunda instancia

40. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

41. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

42. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

43. En este contexto, no procede la condena en costas de segunda instancia, toda
vez que se están haciendo ajustes a la decisión del tribunal que favorecen a la parte
apelante, por lo que no puede predicarse que haya sido vencida en la presente
oportunidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. ADICIONAR el ordinal cuarto bis a la sentencia proferida el seis (6) de
septiembre de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de Antioquia,

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por medio de la cual se accedió a las pretensiones, el cual quedará de la siguiente
forma:

«[…] Cuarto bis: La entidad demandada deberá realizar las gestiones necesarias
ante la UGPP para obtener el traslado a su favor de los recursos por concepto de
cotizaciones del accionante durante los períodos en los que laboró para el
departamento del Quindío, a fin de asumir en su totalidad el pago de la pensión de
conformidad con la facultad prevista en el artículo 2.2.4.3.3. del Decreto 1833 de
2016. […]»

Segundo. CONFIRMAR el fallo apelado en todo lo demás.

Tercero. Abstenerse de condenar en costas de segunda instancia.

Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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