Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2021-00172-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2021-00172-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 50001-23-33-000-2021-00172-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
3 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D.C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicado : 50001-23-33-000-2021-00172-01 (1291-2026)1
Demandante : Doris Nayibe Castañeda Reyes
Demandado : Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Reconocimiento pensión de jubilación
Decisión : Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la
sentencia del Dieciséis (16) de abril de Dos Mil Veintiséis (2026), proferida por el Tribunal
Administrativo del Meta, que negó las pretensiones de la demanda, e impuso condena en
costas a la parte demandante.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda2
1.1. Pretensiones3
1. La señora Doris Nayibe Castañeda Reyes, a través de apoderado judicial, promovió
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la Nación – Ministerio de
Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG-, por medio
de la cual, solicitó la nulidad del Oficio N° 17000.2020 058 del Veinticuatro (24) de agosto
de Dos Mil Veinte (2020), que le negó el reconocimiento y pago de una pensión de vejez.
2. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, pretende
que, se ordene a la parte demandada, reconocer, liquidar y pagar, la pensión de jubilación
equivalente al 75% del promedio mensual de la totalidad de los factores salariales
devengados en el año inmediatamente anterior a la fecha en que adquirió el estatus
pensional, sin exigir el retiro definitivo del cargo, para proceder a su pago, dada la
compatibilidad con el salario de los docentes oficiales.
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Expediente digital – Sistema Samai
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Expediente digital – Sistema Samai, gestión en otros despachos, índice 010
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Expediente digital – Sistema Samai, gestión en otros despachos, índice 010, folios 2-3
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Número interno: 1291-2026
Demandante: Doris Nayibe Castañeda Reyes
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG)
3. Asimismo, solicita se le condene a: i) indexar las sumas dejadas de percibir por
concepto de pensión de jubilación, ii) dar cumplimiento a la sentencia en los términos de ley,
iii) al reconocimiento y pago de intereses comerciales y moratorios, y iv) en costas.
4. Los hechos en que se fundamentan las pretensiones de la demanda, son los
siguientes4.
5. La señora Doris Nayibe Castañeda Reyes, nació el Dieciséis (16) de febrero de Mil
Novecientos Sesenta y Cinco (1965), razón por la cual, tiene más de cincuenta y cinco
(55) años de edad.
6. Afirmó que, realizó aportes al antiguo Instituto de los Seguros Sociales -ISS-, hoy -
COLPENSIONES, alcanzando a cotizar 488,86 semanas.
7. Señaló que, una vez surtidos todos los trámites para el nombramiento en
propiedad, fue vinculada a la docencia oficial el Dieciséis (16) de enero de Dos Mil Seis
(2006), por lo que, desde entonces, se desempeña como docente oficial.
8. Alegó que, por medio del acto administrativo demandado, se le exigen 57 años y
1.300 semanas de cotización, cuando la ley contempla que, solo debían exigírsele 1.000
semanas de aportes, sin la exigencia del retiro definitivo del cargo, como consecuencia
de la compatibilidad con el salario docente.
9. Resaltó que, en su actividad como docente oficial, posee más de 1.000 semanas
de cotización y cuenta con más de 55 años de edad, además, realizó aportes antes del
Veintitrés (23) de junio de Dos Mil Tres (2003), lo que le otorga derecho a la pensión de
jubilación por aportes, de conformidad con la Ley 812 de 2003 y La ley 71 de 1988, en
compatibilidad con el salario de docente.
1.2. Contestación de la demanda
10. El Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, presentó contestación de la demanda, en la que, se opone a la prosperidad
de las pretensiones tanto declarativas como condenatorias, por carecer de fundamentos
de derecho.
11. Expone que, la demandante se vinculó al servicio oficial docente, mediante
Resolución No. 462 de Diez (10) de enero de Dos Mil Seis (2006), en el cual, se posesionó
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Expediente digital – Sistema Samai, gestión en otros despachos, índice 010, folios 3-4
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Número interno: 1291-2026
Demandante: Doris Nayibe Castañeda Reyes
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG)
el Dieciséis (16) de enero de Dos Mil Seis (2006), razón por la que considera, sus
derechos pensionales son los del régimen de prima media, señalados en las leyes 100 de
1993 y 797 de 2003, y no, en lo dispuesto por la Ley 71 de 1988.
12. Señaló que, de la lectura aislada del artículo 7 de la Ley 71 de 1988, si el docente
se retiró del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG-, ante su
eventual regreso, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, se le
deben aplicar las normas vigentes a la fecha de su ingreso, y no, las normas que le eran
aplicables cuando realizó las primeras cotizaciones a dicho fondo.
13. Sostuvo que, la aplicación Literal de la Ley 71 de 1988, no solo atenta contra el
principio de proporcionalidad, sino también, contra el principio de solidaridad y el principio
de sostenibilidad Financiera del Sistema Pensional, en la medida que, no existe una
correspondencia entre los aportes y la prestación económica que se solicita por el
demandante.
14. Con fundamento en las razones de defensa, formuló las excepciones de legalidad
de los actos administrativos atacados de nulidad, inexistencia de la obligación o cobro de
lo no debido, prescripción, compensación y, la condena en costas no es objetiva.
1.3. Sentencia de primera instancia5
15. Mediante sentencia del Dieciséis (16) de abril de Dos Mil Veintiséis (2026), el Tribunal
Administrativo del Meta, negó las pretensiones de la demanda, e impuso condena en costas
a la parte actora.
16. Luego de analizar los supuestos fácticos, resaltó que, en cuanto al requisito de edad
que, la demandante nació el Dieciséis (16) de febrero de Mil Novecientos Sesenta y Cinco
(1965), por lo que, cumplió 55 años de edad, el Dieciséis (16) de febrero de Dos Mil Veinte
(2020), con lo que, acreditó el requisito de edad exigido por la norma.
17. En cuanto al requisito de los 20 años de aportes, también lo encontró acreditado,
pues, la actora demostró haber prestado sus servicios como docente durante 31 años, 28
meses y 93 días o 33 años, 7 meses y 3 días.
18. No obstante, resaltó que, en el expediente no encontró prueba que, acredite la
vinculación de la docente al servicio educativo oficial, con anterioridad al Veintiséis (26)
de junio de Dos Mil Tres (2003) —fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003—,
pues, su ingreso al sector docente oficial, se dio a partir del Veinticinco (25) de enero de
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Expediente digital – Sistema Samai, gestión en otros despachos, índice 005
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Número interno: 1291-2026
Demandante: Doris Nayibe Castañeda Reyes
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG)
Dos Mil Cinco (2005), por ende, no le resulta aplicable el régimen de transición contenido
en la Ley 812 de 2003.
19. Señaló que, si bien las pruebas daban cuenta que, la actora fue docente con
anterioridad a la citada fecha, no es menos cierto que, dicha vinculación corresponde al
sector privado y no al oficial, siendo este último, requisito indispensable para acceder al
régimen de transición previsto en la Ley 812 de 2003, y por esa vía acceder a la aplicación
de la Ley 71 de 1988, toda vez que, las actividades docentes desempeñadas antes de su
ingreso al sector oficial, no generan efectos frente al régimen prestacional especial del
Magisterio.
20. En consecuencia, señaló que, los servicios prestados por la docente en
instituciones privadas, se encuentran sometidos al régimen laboral común, y no resultan
computables para efectos del régimen de transición, previsto exclusivamente para
quienes estaban vinculados al servicio educativo oficial, en los términos del artículo 81 de
la Ley 812 de 2003.
21. Explicó que, el hecho generador del beneficio transicional no es la experiencia
docente en abstracto, sino, la vinculación efectiva y vigente al servicio educativo oficial, al
momento de la entrada en vigor de la norma, así, el legislador utilizó un criterio objetivo y
verificable, como elemento diferenciador del régimen pensional aplicable.
22. Por otra parte, al encontrar acreditada la acumulación de tiempos de servicio en los
sectores público y privado, y que, la vinculación de la demandante al sector docente oficial
ocurrió con posterioridad al Veintitrés (23) de junio de Dos Mil Tres (2003), analizó si,
resultaba procedente la aplicación de la Ley 71 de 1988, por vía del régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
23. Por ello, al efectuar la valoración probatoria, resaltó que, la demandante nació el
Dieciséis (16) de febrero de Mil Novecientos Sesenta y Cinco (1965), motivo por el cual,
al Primero (1) de abril de Mil Novecientos Noventa y Cuatro (1994) - fecha de entrada en
vigencia del Sistema General de Pensiones - contaba con apenas 29 años de edad y
acreditaba únicamente 8 años de servicios, de manera que, no cumple ninguno de los
requisitos exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esto es, 35 años de edad si
se trata de mujer o 15 años de servicios cotizados.
24. Finalmente, de cara a la solicitud del apoderado de la parte actora, sostuvo que, no
le era dable entrar a analizar todos los regímenes pensionales, para establecer cual le
permitiría acceder al derecho pensional, pues, ello transgrede el debido proceso y el
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Número interno: 1291-2026
Demandante: Doris Nayibe Castañeda Reyes
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG)
derecho de defensa de la parte demandada, cuya oposición se estructuró exclusivamente
en torno a los hechos y pretensiones invocados en la demanda.
1.3 Recurso de apelación6
25. La parte demandante, interpuso recurso de apelación por medio del cual, pretende
se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se concedan las pretensiones
de la demanda, pues, discrepa del análisis que realizó el A-quo para denegar las
pretensiones de la demanda, referente al reconocimiento de la pensión de vejez
contemplada en la Ley 100 de 1.993, en razón a que, al momento de radicar el presente
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en el contexto jurídico, existía
una disparidad de criterios jurisprudenciales sobre el régimen pensional aplicable a los
docentes, lo que justificaba plenamente su procedencia.
26. Sin embargo, con posterioridad el H. Consejo de Estado unificó su criterio y
determinó que, solo aquellos docentes cuya vinculación se haya producido antes de la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, pueden beneficiarse del régimen de prima
media con prestación definida, conforme a las disposiciones de la Ley 71 de 1988 y la Ley
33 de 1985. Por el contrario, aquellos docentes que ingresaron al servicio después de la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, deben ser pensionados bajo el régimen general
de la Ley 100 de 1993.
27. Así, en el momento en que se presentó la demanda, existía una interpretación
judicial según la cual, la fecha de vinculación no era un criterio determinante para acceder
al régimen anterior, lo que permitía la aplicación de la Ley 71 de 1988 y la Ley 33 de 1985
a docentes sin distinción.
28. Considera que, resulta imperativo que, el Estado brinde una verdadera protección
a los docentes afectados, evitando que, deban movilizar nuevamente el aparato
jurisdiccional para presentar una nueva demanda. La imposición de este trámite adicional
genera un desgaste innecesario, no solo para los peticionarios y sus familias, sino también
para la administración de justicia y el presupuesto público.
29. De acuerdo con lo anterior, resalta que, la jurisprudencia ha desarrollado un criterio
interpretativo que salvaguarda los principios pro persona y de tutela judicial efectiva en
materia pensional, permitiendo que, el análisis del derecho a la pensión no se limite
estrictamente al régimen invocado en la demanda, sino que, también considere el marco
normativo aplicable en favor del solicitante.
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Expediente digital – Sistema Samai, índice 032
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Número interno: 1291-2026
Demandante: Doris Nayibe Castañeda Reyes
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG)
30. Por lo tanto, solicita que, se garantice el reconocimiento de su pensión, en estricta
aplicación de la normativa vigente y los precedentes judiciales, permitiendo la
compatibilidad con su salario, sin exigir el retiro del cargo, en consonancia con las
pretensiones elevadas ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
31. De igual forma, disiente de la condena en costas impuesta por el A-quo, en razón
a que, en el expediente no obra material probatorio, que soporte la existencia de costas y
expensas procesales, ni de su causación a cargo del extremo pasivo, motivo por el cual,
solicita sean revocadas, por no estar de conformidad con lo previsto en el artículo 365 del
Código General del Proceso.
1.4. Trámite de segunda instancia
32. Por auto de Primero (1º) de junio de Dos Mil Veintiséis (2026), el despacho
sustanciador admitió el recurso de apelación interpuesto por el extremo activo de la litis,
de acuerdo con lo establecido por el artículo 247 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) 7.
33. La parte actora, presentó escrito de alegatos, en el cual, reiteró los argumentos
expuestos el recurso de apelación8.
34. A su turno, la parte demandada en su escrito de alegatos9, señala que, lo principal a
verificar, es la fecha de vinculación de la docente al servicio docente, toda vez que, esto
determina el régimen pensional aplicable, así resalta que, la señora Doris Nayibe
Castañeda Reyes, se vinculó a dicho servicio en el año 2006, esto es, posterior a la
vigencia de la Ley 812 de 2003, lo que la obliga a someterse a las disposiciones de la Ley
100 de 1993, y no a las de la Ley 71 de 1988, razón por la cual, no procede el
reconocimiento de la pensión de jubilación solicitada.
35. Reitera que, la pensión solicitada no es compatible con el salario docente oficial, según
lo establecido por la normatividad vigente. En consecuencia, se debe declarar que no le
asiste derecho a la pensión de jubilación por aportes bajo los términos solicitados y que
no procede la inclusión en la nómina de pensionados ni la exigencia de pagos adicionales
por ajustes de valor o intereses moratorios.
7
Expediente digital – Sistema Samai, índice 004 admite recurso
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Expediente digital – Sistema Samai, índice 010
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Expediente digital – Sistema Samai, índice 004 memorial alegatos
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Número interno: 1291-2026
Demandante: Doris Nayibe Castañeda Reyes
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG)
1.4.1. Concepto Ministerio Público10.
36. El Procurador Delegado de Intervención Tercero ante el Consejo de Estado, emitió
concepto de fondo, en el sentido de solicitar se confirme la sentencia de primera instancia,
toda vez que, el A-quo, negó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por
aportes, bajo las previsiones de la Ley 71 de 1988, atendiendo su vinculación al servicio
docente oficial con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, situación
que, no es materia de discusión en el recurso.
37. Añadió que, no es procedente estudiar el derecho pensional de la actora, a la luz del
régimen contenido en la Ley 100 de 1993, comoquiera que, conforme a los principios de
justicia rogada y congruencia, el análisis no puede extenderse a regímenes pensionales
distintos al invocado por la demandante, pues, ello trasgrede el principio de congruencia
de la sentencia, y los derechos de defensa y debido proceso, que le asiste a la parte
demandada.
38. Por ello, señala que, a la actora le corresponde agotar la sede administrativa ante la
entidad obligada a efectuar el reconocimiento pensional, con base en el régimen en el
cual considere que le asiste derecho, para que, este en el margen de sus competencias
legales, proceda a reconocerlo o negarlo, función que, no está radicada en cabeza de los
Jueces de República, máxime, cuando la demandante actualmente se encuentra
trabajando al servicio de la docencia y cuenta con 61 años de edad, por lo que, no se
afecta su derecho al mínimo vital.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
39. De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo11, el Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación. De igual forma, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 328 del
Código General del Proceso (CGP)12, el juez de segunda instancia debe pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
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Expediente digital – Sistema Samai, índice 013
11
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja
cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del
que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
12
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar
de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la
sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la
apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en
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Número interno: 1291-2026
Demandante: Doris Nayibe Castañeda Reyes
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG)
2.2. Problema jurídico
40. Corresponde a la Sala, resolver lo siguiente:
i) ¿A la señora Doris Nayibe Castañeda Reyes, le asiste derecho al
reconocimiento de una pensión de jubilación por aportes, bajo las
previsiones de la Ley 71 de 1988, o, su situación debe regirse por las
disposiciones de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, en materia pensional,
evento en el cual, en virtud del principio iura novit curia, le corresponde a la
Sala determinar, si tiene derecho al reconocimiento pensional reclamado,
bajo las reglas de este último régimen?
ii) ¿Es procedente o no, la condena en costas impuesta por el A-quo a la parte
demandante?
41. Con el fin de resolver los problemas jurídicos, se abordarán los siguientes aspectos:
2.3. Marco normativo y jurisprudencial sobre el sistema general de pensiones docentes,
2.4. Hechos probados y 2.5. Caso concreto.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso concreto 13.
42. En un inicio, los docentes oficiales fueron destinatarios de la pensión de jubilación
prevista por la Ley 6ª de 1945, según la cual, quien acumulara 20 años de servicio y
llegara a 50 años de edad, tendría derecho a una pensión vitalicia de jubilación liquidada
con el 75% del «promedio de los sueldos devengados durante el último año».
Posteriormente, sus derechos pensionales fueron regidos por la Ley 33 de 1985, norma
que consagró el derecho a obtener una pensión de jubilación para aquellos que
acumularan 20 años de servicio y cumplieran 55 años de edad, liquidada con el 75% «del
salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio».
43. Con la Ley 91 de 1989 se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio concebido como una cuenta especial de la nación, que tenía como finalidad
realizar el pago de las prestaciones sociales de los docentes. En estos términos, el Fondo
costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que
en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el
trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia.”
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección B, consejero
ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera, sentencia del Cinco (5) de marzo de Dos Mil Veintiséis
(2026). radicado76001-23-33-000-2021-00976-01 (0285-2025).
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Número interno: 1291-2026
Demandante: Doris Nayibe Castañeda Reyes
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG)
tiene dentro de sus funciones, reconocer la pensión de jubilación, post mortem, de retiro
por vejez, de invalidez y la sustitución pensional.
44. Ahora bien, en la misma ley mencionada, se determinó que a los docentes afiliados a
dicho Fondo se les aplicaría el mismo régimen pensional de los empleados del sector
público nacional. Así lo prescribe, el artículo 15 literal b) de la Ley 91 de 1989 según el
cual “para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1 de enero de 1990, cuando
se cumplan los requisitos de Ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación
equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados
gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y
adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional”.
45. En ese orden, aunque si bien es cierto que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989
determinó que la pensión ordinaria de jubilación de los docentes corresponderá al
equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año de servicios, también lo
es que, no especificó los requisitos de reconocimiento de la prestación, y por ello, remite
al régimen vigente para los pensionados del sector público nacional. Ahora bien, ese
régimen atendiendo a la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado 14,
corresponde al consagrado para el sector público en la Ley 33 de 1985, esto teniendo en
cuenta que el régimen de seguridad social en materia pensional establecido en la Ley 100
de 1993 no se aplica a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, por expreso mandato del artículo 279 de esta normativa.
46. De acuerdo con lo anterior, el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 consagra que el
empleado oficial que sirva o haya servido 20 años continuos o discontinuos y llegue a la
edad de 55 años tendrá derecho a que la respectiva Caja de Previsión le pague una
pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del salario promedio que sirvió
de base para los aportes durante el último año de servicio. Por su parte, el artículo 3° de
esta misma disposición, modificado por el artículo 1° de la Ley 62 de 1985, indica que la
base de liquidación de los aportes estará constituida por la asignación básica, los gastos
de representación, la prima técnica, los dominicales y feriados, las horas extras, la
bonificación por servicios prestados y trabajo suplementario o realizado en jornada
nocturna o en días de descanso obligatorio. Y precisa que, en todo caso, “las pensiones
de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos
factores que hayan servido de base para calcular los aportes”.
14
Sentencia del 20 de octubre de 2014, proferida por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de
Estado. Radicado 68001233100020110027601.
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Número interno: 1291-2026
Demandante: Doris Nayibe Castañeda Reyes
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG)
47. Así las cosas, la expedición de la Ley 100 de 1993, no varió las condiciones de cómo
se venían reconociendo las pensiones para el sector docente, puesto que como dicho
gremio estaba exceptuado, se les seguía aplicando las condiciones fijadas, en la ya
mencionada Ley 91 de 1989 en concordancia con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y
27 del Decreto 3135 de 1968, este último derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.
48. Esta realidad cambió con la expedición de la Ley 812 de 2003 “Por la cual se aprueba
el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario", puesto que a
través del artículo 8115 introdujo importantes cambios en el régimen de los docentes
oficiales, con el fin de incorporar a este sector al sistema de seguridad en pensiones
regulado por la Ley 100 de 1993.
49. En efecto, el artículo 81 en cita, determinó que el régimen de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales que se encontraban vinculados al servicio público educativo
oficial sería «[…] el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con
anterioridad a la entrada en vigencia de [esa] ley»; sin embargo, enseguida reguló que los
docentes oficiales vinculados a partir de su entrada en vigor (27 de junio de 2003), deben
ser afiliados al Fomag y tendrán los derechos del régimen pensional de prima media
establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, «con los requisitos previstos en él,
con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y
mujeres».
50. El Acto Legislativo 01 de 2005, por medio del cual se reformó el artículo 48 de la
Constitución Política, ratificó el alcance del art. 81 de la Ley 812 de 2003 en relación con
el régimen docente. En el parágrafo transitorio núm.1o dispuso que “El régimen pensional
de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo
81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de
la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema
General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003”.
51. La Sección Segunda del Consejo de Estado, en el marco del anunciado cambio
legislativo, profirió la Sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de Veinticinco (25) de abril
de Dos Mil Diecinueve (2019)16, en la cual, estableció que, para definir el régimen
15
Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 2341 de 2003, Reglamentado Parcialmente por el
Decreto Nacional 3752 de 2003.
16
Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino Cortés.
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Número interno: 1291-2026
Demandante: Doris Nayibe Castañeda Reyes
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG)
pensional que regula el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para los docentes
nacionales, nacionalizados o territoriales, es necesario tomar como punto de partida la
fecha de ingreso al servicio educativo oficial docente. En esos términos quedó explicado
en la citada sentencia:
«[…] I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público
educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se vincularon
a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos docentes, también
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el
régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que
será de 57 años para hombres y mujeres».
52. De acuerdo con esta interpretación, esta sección concluyó que, para quienes se hayan
vinculado al servicio público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigor de la
Ley 812 de 2003, lo cual ocurrió el 27 de junio del mismo año17, la liquidación de la pensión
ordinaria de jubilación sería la que, corresponde «al mismo régimen de pensión ordinaria
de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985,
los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan
efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y
por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado
artículo»18.
53. Ahora bien, para los docentes que ingresaron al servicio educativo a partir de la Ley
812 de 2003, en el mismo fallo se dispuso lo siguiente:
«[…] 68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, y son beneficiarios del régimen pensional de prima media en las
condiciones previstas en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo en lo que tiene que
ver con la edad, la que, según el artículo 81 de la citada Ley 812 de 2003 se unificó
para hombres y mujeres en 57 años12. Esto quiere decir, que para el ingreso base
de liquidación de este grupo de docentes debe tenerse en cuenta lo previsto en la
Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994. 69. A este grupo de docentes les aplican
las normas generales del sistema de pensiones y no la regulación prevista en la Ley
91 de 1989. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de liquidación son
los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas
cotizaciones […]».
54. En resumen, a los docentes vinculados antes del Veintisiete (27) de junio de Dos Mil
Tres (2003) se les aplicaran las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, requisito de edad: 55
años, requisito de tiempo o semanas: 20 años de servicio, monto: 75% con un IBL o
componente temporal: del último año anterior a la adquisición del derecho a la pensión,
17
Diario Oficial No. 45.231, de 27 de junio de 2003.
18
0937-2017. MP César Palomino Cortés.
12
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Demandante: Doris Nayibe Castañeda Reyes
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en consideración de la compatibilidad del ejercicio de la docencia con el goce de la
pensión de jubilación prevista por el art. 5º de la Ley 224 de 1972; o último año de
prestación de servicios, según corresponda.
55. En contraste, a los docentes vinculados a partir del Veintisiete (27) de junio de Dos
Mil Tres (2003), se les aplicará las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, requisito de edad:
57 años, requisito de tiempo de servicios: según corresponda de acuerdo con el artículo
33 de la Ley 100 de 1993, monto: el que resulte de aplicar las reglas previstas en el artículo
34 de la Ley 100 de 1993, según corresponda en el tiempo y con IBL o componente
temporal de los últimos 10 años o toda la vida laboral, de acuerdo con el artículo 21 de la
Ley 100 de 1993.
56. De acuerdo con lo anterior, el régimen de los docentes vinculados con antelación a la
promulgación de la Ley 812 de 2003, es el previsto en la Ley 91 de 1989 que, a su vez,
remite al «[…] régimen vigente para los pensionados del sector público nacional»,
contenido en los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este
último derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.
57. Es importante destacar, aunque que, el régimen de los pensionados del sector público
nacional, consagrado en la Ley 33 de 1985, solo permite sumar los tiempos públicos
servidos al sector oficial.
2.3.1. La Ley 71 de 1988- Finalidad y alcance.
58. Antes de la expedición de la Ley 71 de 1988, no era posible que los trabajadores del
sector público y del sector privado sumaran el tiempo servido en los dos sectores para
efectos de obtener su derecho pensional, esto traía como consecuencia que unos y otros
no logran en varias oportunidades completar el tiempo para acceder a dicha prestación.
59. A través de esta, el legislador buscó dar solución a esta contingencia consagrando la
“pensión de jubilación por acumulación de aportes”, según el artículo 7º de esta
disposición, como aquella que se obtiene sumando los tiempos de cotización en el sector
público y privado. De acuerdo con ello, a partir de esta normatividad, los empleados
oficiales y públicos y los trabajadores particulares que acrediten, 55 años si es mujer y 60
años si es varón, y 20 años de aportes sufragados en cualquier tiempo en una o varias
entidades de previsión social o de las que hagan sus veces, con los efectuados ante el
I.S.S., tendrán derecho a acceder a la prestación jubilatoria mediante la acumulación de
aportes y cotizaciones derivados de la relación contractual particular u oficial y la legal y
reglamentaria.
13
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Demandante: Doris Nayibe Castañeda Reyes
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60. Es importante mencionar que, el nacimiento en el ordenamiento jurídico de la Ley 71
de 1988, no produjo ninguna modificación en los regímenes ordinarios de pensión que
existían hasta ese momento. Así quedó claramente señalado en el artículo 11º de la
misma Ley 71 en el que se indicó que "esta ley y las leyes 33 de 1973, 12 de 1975, 4a.
de 1976, 44 de 1980, 33 de 1985, 113 de 1985 y sus decretos reglamentarios, contienen
los derechos mínimos en materia de pensiones y sustituciones pensionales y se aplicarán
en favor de los afiliados de cualquier naturaleza de las entidades de previsión social, del
sector público en todos sus niveles y de las normas aplicables a las entidades de previsión
social del sector privado, lo mismo que a las personas naturales y jurídicas que
reconozcan y paguen pensiones de jubilación, vejez e invalidez".
61. La Corte Constitucional en la Sentencia C-012 de 1994, puso de presente que con
anterioridad a la Ley 71 de 1998 “los regímenes jurídicos sobre pensiones no permitían
obtener el derecho a la pensión de jubilación acumulando el tiempo servido en entidades
oficiales, afiliadas a instituciones de previsión social oficiales y a las cuales se habían
hecho aportes, con el tiempo servido a patronos particulares, afiliados al Instituto
Colombiano de los Seguros Sociales, y al cual, igualmente se había aportado, aun cuando
si era procedente obtener el derecho a la pensión acumulando el tiempo servido a
diferentes entidades oficiales, cuando se hubieren hecho aportes a diferentes entidades
de previsión social oficial o al ISS".
62. En el contexto descrito, el establecimiento de la pensión de jubilación por aportes se
convirtió en una garantía para los empleados oficiales y públicos y los trabajadores
particulares, de sumar todas las cotizaciones realizadas en su historia laboral,
independientemente de si estas tuvieron origen en el sector público o privado, para cubrir
su riesgo de vejez.
63. La Sección Segunda, también se ha pronunciado sobre las implicaciones que ha
tenido la expedición de la Ley 71 de 1998 al consagrar la pensión por aportes. Sobre dicha
prestación, esta Corporación19 también se ha pronunciado de la siguiente manera:
«[…] En el modelo de prestaciones sociales y de seguridad social anterior a la
Constitución de 1991 y la Ley 100 de 1993, el sistema pensional aplicable a los
trabajadores del sector privado era diferente al aplicable a los servidores públicos, al
punto de que por regla general no era posible, para efectos de la pensión, sumar el
tiempo servido en una u otra calidad de vínculo laboral. Para remediar esta situación
el Congreso expidió la Ley 71 de 1988, la cual, en su artículo 7 de la Ley 71 de 1988
consagró la denominada “pensión de jubilación por acumulación de aportes”, es
19
Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección B; sentencia de 9 de junio de 2011; expediente:
25000-23-25-000-2005-05520 01(1117-09); consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve.
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decir, aquella que se obtiene sumando los tiempos de cotización y de servicios en el
sector público y en el privado.»
64. De acuerdo con todo lo dicho, la pensión por aportes representó la oportunidad para
empleados públicos y privados de sumar sus aportes para efectos pensionales.
2.3.2. Aplicación de la pensión por aportes regulada por la Ley 71 de 1988, a los docentes
vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
65. Aunque en oportunidades anteriores, el suscrito ponente de esta decisión había
salvado el voto en asuntos como el que se discute en esta ocasión, a partir de la sentencia
del 30 de enero del 2025 con radicado interno 0391-2022, acompañó la posición
mayoritaria de la Sala, en la que se determinó que la Ley 71 de 1988 si era aplicable a los
docentes estatales.
66. Ciertamente, la Subsección B, de la Sección Segunda del Consejo de Estado 20, llegó
a la mencionada conclusión al interpretar la Ley 71 de 1988, de conformidad con lo
previsto en los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91
de 1989. La Sala expresó en esta oportunidad varios razonamientos que dan lugar a esta
interpretación. En síntesis, fueron los siguientes:
«En primer lugar, el legislador tuvo la intención al establecer en el numeral 2, literal
b), del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 que los docentes «gozarán del régimen
vigente para los pensionados del sector público nacional» lo que significa que
dicha expresión también incluye que puedan ser beneficiarios de la Ley 71 de
1988 puesto que esta normativa está dirigida a todos los empleados públicos en
general, sin hacer exclusión expresa de algún sector.
En segundo lugar, interpretar que el artículo 15.2 literal b), de la Ley 91 de 1989
no remitió también al 7 de la Ley 71 de 1988 implicaría aceptar que los docentes
no hacen parte de la categoría de «empleados oficiales»14 a los que esta última
norma gobierna. Tal entendimiento conllevaría a aseverar, sin ser cierto, (i) que
esta última ley no contiene un régimen pensional aplicable a los empleados «del
sector público nacional» cuando los cobija a todos; y (ii) que la Ley 33 de 1985 es
la única aplicable a esta clase de trabajadores, cuando no es así.
En tercer lugar, la Ley 71 de 1988, fijó unos derechos pensionales que no pueden
ser desconocidos a ningún servidor público o trabajador privado. En efecto, en su
artículo 11, analizado antes en esta providencia y que debe ser interpretado de
manera sistemática con el 7 por ser parte de un mismo texto legal y referirse a
igual materia, determinó que su contenido y las disposiciones que quedaron
vigentes de las leyes 4 de 1976, 33 de 1973, 12 de 1975, 44 de 1980 y 113 de
1985, junto con la Ley 33 de 1985, comprenden los «derechos mínimos» en
materia de pensiones y sustituciones pensionales aplicables «al sector público en
general y en todos los niveles».
20 Reiterada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda –
Subsección B, consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera, sentencia del Cinco (5)
de marzo de Dos Mil Veintiséis (2026). radicado76001-23-33-000-2021-00976-01 (0285-2025).
15
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En cuarto lugar, no hay un mandato legal que disponga que los docentes oficiales
deben ejercer durante toda su vida laboral la enseñanza en el sector público para
que se les aplique el numeral 2 literal b), del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, esto
es, para tener derecho a pensionarse con las normas del régimen pensional de
los empleados del sector público nacional. En efecto, el numeral referido trae como
única condición la de ser docente oficial nacional o nacionalizado vinculado a partir
del 1.° de enero de 1981 o del 1.° de enero de 1990. En ninguno de sus apartes
exige que deba ejercerse durante un determinado tiempo la docencia oficial.
En quinto lugar, si bien la Ley 33 de 1985 en su artículo 1 dispuso que quedaban
cobijados por sus reglas todos los empleados públicos salvo «los empleados
oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción
que la Ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de
un régimen especial de pensiones», lo cierto es que tal enunciado normativo que
establece una excepción tan estricta no implica que a los docentes no los pueda
gobernar otra norma en temas pensionales porque las leyes 71 de 1988 y 91 de
1989 se expidieron con posterioridad.»
67. Para la Sala, los argumentos expuestos en esta oportunidad, no solo ofrecen una
interpretación sistemática de las normas que regulan el régimen docente, sino además de
ello, corresponden a una interpretación que materializa el principio de favorabilidad en
materia laboral consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política. Ciertamente,
considerar que la denominada pensión por aportes creada por la Ley 71 de 1988, es
aplicable a los docentes oficiales, conlleva a la obligación de optar por la situación más
favorable al empleado, incluso cuando de la norma surjan varias interpretaciones posibles,
como en el presente, en donde respecto al numeral 2, literal b), del artículo 15 de la Ley
91 de 1989 en donde se afirma que los docentes «gozarán del régimen vigente para los
pensionados del sector público nacional» podría acogerse una primera interpretación que
los excluye, porque expresamente no se mencionó la Ley 71 de 1988, y una segunda, que
sí los incluye, bajo la idea que los docentes como empleados públicos también pueden
acceder al régimen pensional por aportes señalado en la pluricitada Ley 71 de 1988,
postura que fue expuesta por la Sala.
68. De igual manera, esta posición, también encuentra sustento en una interpretación
finalista de la Ley 71 de 1988 que como se expuso en párrafos precedentes, tenía como
objetivo que cualquier empleado del sector público o privado, contara con la posibilidad
de sumar sus cotizaciones, sin importar el origen del sector en donde éstas fueron
causadas, en tal sentido, considerar que los docentes no tienen derecho a sumar sus
aportes a la luz de dicha normativa, trae como consecuencia, una transgresión al derecho
a la igualdad de este sector de la población, puesto que mientras el art. 7º de la Ley 71
de 1988 permite que accedan a la pensión por aportes todos los empleados públicos,
oficiales y los trabajadores privados, una interpretación restrictiva los excluiría, y con ello
se crea una barrera de acceso al derecho a la pensión de aquellos que no puedan
obtenerla sumando únicamente los tiempos públicos.
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69. Ciertamente aplicar una interpretación favorable, según la cual, los docentes también
puedan acumular las semanas sin importar que cambien de empleador, permite sin duda
que se materialice el derecho fundamental a percibir una pensión de vejez, que solamente
tiene origen en el trabajo continuado del trabajador que espera en algún momento recibir
el ahorro que ha guardado para disfrutar de un descanso remunerado y en condiciones
dignas.
2.3.3. Marco normativo para reconocer el pago de la pensión de jubilación por
aportes.
70. Bajo el contexto que se ha descrito, los docentes tienen derecho a que se aplique la
Ley 71 de 1988, siempre y cuando se hayan vinculado al ejercicio docente público oficial
con anterioridad al 27 de junio de 2003, fecha en la que entró en vigencia la Ley 812 del
mismo año. Cumplida esta condición, y en el evento en que los docentes hayan prestado
sus servicios en entidades públicas y privadas, podrán acceder al reconocimiento de la
pensión por aportes, conforme a los requisitos establecidos en el artículo 7º de dicha
normativa, que dispone lo siguiente:
«Artículo 7. A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y
trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier
tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que
hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial,
comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a
una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más
si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer. El Gobierno Nacional
reglamentará los términos y condiciones para el reconocimiento y pago de esta
prestación y determinará las cuotas partes que correspondan a las entidades
involucradas».
71. Esta disposición, fue reglamentada por el Decreto 2709 del 13 de diciembre de 1994,
de la siguiente manera:
«Artículo 1°. Pensión de jubilación por aportes. La pensión que se refiere el artículo
7o. de la Ley 71 de 1988, se denomina pensión de jubilación por aportes.
Tendrán derecho a la pensión de jubilación por aportes quienes al cumplir 60 años o
más de edad si es varón, o 55 años o más si se es mujer, acrediten en cualquier
tiempo, 20 años o más de cotizaciones o aportes continuos o discontinuos en el
Instituto de Seguros Sociales y en una o varias de las entidades de previsión social
del sector público.
Artículo 2°. Efectividad y pago de la pensión de jubilación por aportes. La pensión de
jubilación por aportes, para los servidores públicos se hará efectiva una vez se retiren
del servicio. Para los demás trabajadores, se requiere la desafiliación de los seguros
de invalidez, vejez o muerte y accidente de trabajo y enfermedad profesional, salvo
las excepciones previstas en la ley.
Artículo 3°. Incompatibilidad de la pensión de jubilación por aportes. La pensión de
jubilación por aportes es incompatible con las pensiones de jubilación, invalidez,
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vejez y retiro por vejez. El empleado o trabajador podrá optar por la más favorable
cuando haya concurrencia entre ellas.
Artículo 4°. Entidad de previsión. Para efectos de la pensión de jubilación por aportes,
se tendrá como entidad de previsión social a cualquiera de las cajas de previsión
social, fondos de previsión, o las que hagan sus veces del orden nacional,
departamental, intendencial, comisarial, municipal o distrital y al Instituto de los
Seguros Sociales.
[…]
Artículo 6º. Salario base para la liquidación de la pensión de jubilación por aportes.
El salario base para la liquidación de esta pensión, será el salario promedio que sirvió
de base para los aportes durante el último año de servicios, salvo las excepciones
contenidas en la ley.
Si la entidad de previsión es el ISS se tendrá en cuenta el promedio del salario base
sobre el cual se efectuaron los aportes durante el último año y dicho instituto deberá
certificar lo pagado por los citados conceptos durante el período correspondiente.
Artículo 8o. Monto de la pensión de jubilación por aportes. El monto de la pensión de
jubilación por aportes será equivalente al 75 % del salario base de liquidación. El
valor de la pensión de jubilación por aportes, no podrá ser inferior al salario mínimo
legal mensual vigente ni superior a quince (15) veces dicho salario, salvo lo previsto
en la ley».
72. Siguiendo el tenor literal de las normas transcritas, para tener derecho a una pensión
de jubilación, bajo la Ley 71 de 1988, se requiere que los empleados oficiales y
trabajadores cumplan los siguientes requisitos: 1) que acumulen 20 años continuos o
discontinuos cotizados en una o varias entidades de previsión de cualquier orden y en el
ISS (hoy Colpensiones); 2) que cumplan la edad de 55 años si es mujer y 60 si es hombre.
73. De otra parte, en lo que se refiere al monto que se tiene en cuenta para liquidar esta
pensión de jubilación por aportes, este corresponde al 75% del salario promedio base
para los aportes durante el último año de servicios, en aplicación de lo consagrado en los
artículos 6º. y 8º. del Decreto 2709, así como de los factores previstos en la Ley 62 de
1985 y demás normas posteriores que creen prestaciones sociales con carácter salarial,
y en consecuencia, sirven de base para calcular los aportes a pensión.
2.4. Hechos probados
74. A continuación, procede la Sala a analizar las particularidades del caso objeto de
juzgamiento, frente al marco normativo que rige la materia. En ese sentido, y con base en
el material probatorio que resulta relevante para dar solución a la litis en esta instancia ,
se destaca:
• La señora Doris Nayibe Castañeda Reyes, nació el Dieciséis (16) de febrero de Mil
Novecientos Sesenta y Cinco (1965)21.
21
Expediente digital, gestión en otros despachos, índice 21 folios 150-151
18
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Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG)
75. En lo que corresponde al tiempo de servicio prestado se acredito lo siguiente:
Servicio prestado Cargo Inicio Terminación Publica o Fondo de
privada pensiones
Febrero Noviembre 30
Caja de Docente 10 de de 2003
Compensación bachillerato – 2023
Familiar del Meta área de Febrero Noviembre 30 Privada Colpensiones23
• contrato -22 español 02 de de 2004
2004
Febrero Noviembre 30
01 de de 2005
2005
Institución Coordinadora 3 de 21 de octubre Privada Colpensiones
educativa de disciplina y febrero de 2003
CETEL24 docente en las de 2003
áreas de
castellano,
filosofía,
digitación y
Técnica del
aprendizaje
Colegio Docente en la 2002 2003 Privada
Universitario cátedra de
CIDCA de filosofía y
bachillerato25 castellano
Colegio Docente de 2000 2001 Privada
Santísima tiempo
Trinidad26 completo en la
asignatura de
castellano
Instituto del Docente medio 22 de 30 de Privada Colpensiones
Centro Cultural27 tiempo, hora febrero noviembre de
cátedra, de 2000 2000
modalidad
comercial,
secretariado -
auxiliar
contable
Colegio liceo Docente área 1986 1999 Privada Colpensiones
Bolívar28 de contabilidad
y comercio
Instituto del Docente medio 20 enero 19 de Privada Colpensiones
Centro Cultural29 tiempo de 1999 noviembre
1999
Docente hora 22 de 30 de
cátedra en la febrero noviembre de
modalidad 2000 2000
comercial,
secretariado
auxiliar
contable
Institución Docente 25 de 31 de Pública
Educativa enero de diciembre de
Agricola -sede 2005 2015
principal agrícola
22
Expediente digital, gestión en otros despachos, índice 21 folio 64
23
Expediente digital, gestión en otros despachos, índice 10 folios 40-42
24
Expediente digital, gestión en otros despachos, índice 21 folio 65
25
Expediente digital, gestión en otros despachos, índice 21 folio 66
26
Expediente digital, gestión en otros despachos, índice 21 folio 67
27
Expediente digital, gestión en otros despachos, índice 21 folio 68
28
Expediente digital, gestión en otros despachos, índice 21 folio 70
29
Expediente digital, gestión en otros despachos, índice 21 folio 71
19
Número interno: 1291-2026
Demandante: Doris Nayibe Castañeda Reyes
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG)
de Guaviare,
municipio
Cumaral30
Sede principal Docente 01 de 28 de febrero Pública Afiliada al
agrícola de enero de de 2020 FOMAG a partir
Guacavia 2016 (fecha de del 16 de enero
(internado)31 expedición del de 2016
certificado de
salario la
actora se
encontraba
activo en el
servicio
docente
76. En atención a la información consignada en el reporte de semanas cotizadas en
pensiones, expedido en enero de Dos Mil Diecisiete (2017) por la Administradora
Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, la señora Doris Nayibe Castañeda Reyes,
acumulaba -para esa fecha- un total de 488,86 semanas de cotización, por tiempos
privados.
77. El formato único para la expedición de certificado de salarios, expedido por la
Secretaría de Educación del Meta, hace constar que, la señora Doris Nayibe Castañeda
Reyes, fue vinculada en propiedad, en un cargo docente, bajo el régimen de cesantías -
anual-, régimen de pensión vigencia Ley 812 de 2003, nivel básica secundaria, entre las
anualidades 2018 y 2019, devengó los siguientes factores: Asignación Básica, Bonif.
Mensual Docentes, Bonificación Pedagógica, Prima de Navidad, Prima de Servicios y
Prima de Vacaciones Docentes32.
78. Certificados de no pensión, expedidos por Administradora Colombiana de Pensiones -
Colpensiones-, el Dieciocho (18) de febrero de Dos Mil Veinte (2020) 33, la Unidad de
Gestión Pensional y Parafiscales -UGPP- el Diecisiete (17) de febrero de Dos Mil Veinte
(2020)34 y talento humano del departamento del Meta el Diecinueve (19) de febrero de
Dos Mil Veinte (2020)35, por medio de las cuales, se hizo constar que, la señora Doris
Nayibe Castañeda Reyes no figura como pensionada.
2.5. Caso concreto.
79. En el sub judice, la señora Doris Nayibe Castañeda Reyes, pretende la nulidad del
acto administrativo contenido en el Oficio N° 17000.2020 058 del Veinticuatro (24) de
agosto de Dos Mil Veinte (2020), por medio del cual, se le negó la pensión de vejez y,
30
Expediente digital, gestión en otros despachos, índice 10 folios 34-35 / índice 21 folios 172-173
31
Expediente digital, gestión en otros despachos, índice 21 folio 73
32
Expediente digital, gestión en otros despachos, índice 10 folio 40
33
Expediente digital, gestión en otros despachos, índice 10 folio 50
34
Expediente digital, gestión en otros despachos, índice 10 folio 57
35
Expediente digital, gestión en otros despachos, índice 10 folio 58
20
Número interno: 1291-2026
Demandante: Doris Nayibe Castañeda Reyes
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG)
como consecuencia de lo anterior, el reconocimiento y pago a la pensión de jubilación por
aportes, de conformidad con la Ley 812 de 2003 y La ley 71 de 1988.
80. El Tribunal Administrativo del Meta, negó las pretensiones de la demanda, al considerar
que, la demandante no demostró su vinculación al servicio docente oficial, antes del
Veintisiete (27) de junio de Dos Mil Tres (2003), conforme a la Ley 812 de 2003, razón por
la cual, no tenía derecho al reconocimiento pensional descrito en el artículo 7 de la Ley
71 de 1988, y tampoco, por virtud del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100
de 1993.
81. La parte demandante solicitó que, se revoque el fallo de primera instancia, habida
cuenta que, en su criterio, la situación pensional debe ser analizado bajo las reglas
contenidas en la sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de Veinticinco (25) de abril de
Dos Mil Diecinueve (2019)36, para con ello, proceder a resolver la solicitud pensional, a la
luz de lo establecido en la Ley 100 de 1993, en atención a la fecha de vinculación de la
actora al sector docente oficial.
82. En el sub examine, la Sala encuentra acreditado que, la vinculación de la actora como
docente oficial al servicio de la Secretaría de Educación Departamental del Meta, fue a
partir del Veinticinco (25) de enero de Dos Mil Cinco (2005), es decir, con posterioridad a
la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 (el 27 de junio de 2003).
83. Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, en consonancia
con lo señalado en el parágrafo transitorio 1º del Acto Legislativo 01 de 2005, los docentes
que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la mencionada ley, es decir, desde
el Veintisiete (27) de junio de Dos Mil Tres (2003), serán afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen
pensional de prima media, establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los
requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez, que será de 57
años para hombres y mujeres. Quiere ello decir que, en razón a la vinculación de la parte
actora con posterioridad a la fecha en comento, le resulta aplicable lo establecido en el
régimen pensional de prima media.
84. De igual manera, la Sala destaca que, los aspectos relativos a la definición del régimen
pensional de los docentes oficiales, fueron precisados por la Sección Segunda del
Consejo de Estado en la Sentencia de Unificación SUJ-014-CE-S2 del Veinticinco (25) de
abril de Dos Mil Diecinueve (2019), oportunidad en la cual, esta Corporación reiteró que,
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Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino Cortés.
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Demandante: Doris Nayibe Castañeda Reyes
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG)
los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, son
igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y
beneficiarios del régimen pensional de prima media, en las condiciones previstas en la
leyes 100 de 1993 y 797 de 2003. Además, se precisó que, a este grupo de docentes les
aplican las normas generales del sistema de pensiones y no la regulación prevista en la
Ley 91 de 1989.
85. La Sala resalta que le asiste razón al A quo, al considerar que, la parte demandante
no tiene derecho pensional, bajo lo postulado en la Ley 71 de 1988, debido a que, no
demostró su vinculación al servicio docente oficial, antes del Veintisiete (27) de junio de
Dos Mil Tres (2003), conforme lo señalado por la Ley 812 de 2003.
86. No obstante, la Sala no pasa inadvertido que, al estar en debate el derecho
fundamental a la seguridad social, ha sido criterio reiterado de este colegiado37, verificar
si, la parte actora cumplió con los presupuestos para el reconocimiento de la prestación
reclamada, a la luz de lo previsto en el régimen de prima media, contemplado en la Ley
100 de 1993, con las modificaciones introducidas en virtud de la Ley 797 de 2003 y 812
del mismo año.
87. La Sala advierte que, el estudio frente al reconocimiento pensional, a la luz de los
requisitos recogidos en la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2003, y demás disposiciones
concordantes, exige un análisis detallado del expediente administrativo actualizado, así
como, de la historia laboral y el reporte de semanas cotizadas por la parte actora,
encaminado a determinar si, al día de hoy, y con sujeción a los requisitos señalados para
el régimen de prima media, puede ser o no beneficiaria de la pensión deprecada.
88. De acuerdo con las documentales allegadas al proceso, es posible colegir que: (i) la
demandante se vinculó al servicio educativo oficial, después de la entrada en vigor de la
Ley 812 de 2003, (Veintisiete (27) de junio de Dos Mil Tres (2003), debiendo someterse a
los requisitos previstos para el régimen general de prima media; (ii) a la fecha, la
demandante cuenta con 61 años de edad, razón por la cual, acredita el requisito de edad
(57 años para hombres y mujeres), previsto en el artículo 81 ibídem; (iii) no obstante, para
la fecha en la que se promovió la demanda, el reporte de semanas aportado por la
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección B, consejero
ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera, sentencia del Veintisiete (27) de marzo de Dos Mil Veintiséis
(2026) Radicado: 15001-23-33-000-2020-01972-01 (3336-2025), Demandante: Alirio Rodríguez Lara,
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
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Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
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Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, de fecha enero de Dos Mil
Diecisiete (2017) daba cuenta que, tenía 488,86 semanas cotizadas y en el sector docente
público, entre el 25 de enero de 2005 y el 28 de febrero de 2020, acredita 15 años, 1 mes
y 3 días, lo que equivale a 776.14 semanas; para un total entre tiempos públicos y privados
de 1.265 semanas, número con el cual, no se satisface el requisito de cotización (1300
semanas), contemplado en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, con la modificación que
introdujo el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, normas que, se insiste, le resultan aplicables,
con arreglo a la Ley 812 de 2003 y la jurisprudencia ya relacionada de esta Corporación.
89. En ese orden de ideas, no es posible que, en esta instancia, y con el acervo probatorio
valorado integral y razonadamente, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, la Sala
decida sobre el reconocimiento pensional deprecado, máxime, en un escenario en el que
se ha definido que, la norma aplicable es distinta a la invocada en la demanda, al amparo
de la cual, no se cuentan con los elementos de juicio suficientes para acreditar el
cumplimiento de los requisitos tendientes al reconocimiento de la prestación. Empero, no
se desconoce que, si la señora Doris Nayibe Castañeda Reyes continuó aportando ante
el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG-, tendría derecho al
reconocimiento de su pensión, una vez verificados los requisitos de ley.
90. Con miras a salvaguardar el derecho a la seguridad social de la parte actora, se
ordenará a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), a que verifique la situación pensional de
la señora Doris Nayibe Castañeda Reyes y, en el evento de demostrar que cumplió con
la totalidad de los requisitos exigidos por la leyes 100 de 1993, 797 de 2003, y demás
disposiciones que resulten concordantes, proceda al reconocimiento de la pensión de
vejez a su favor con en efectividad al momento en que, adquirió la condición habilitante
de la pensión, en la medida en que, este derecho es compatible con el salario de docente,
sin necesidad de demostrar el retiro del servicio, de conformidad con los artículos 19,
literal g) de la Ley 4.ª de 1992 y 5 del Decreto 224 de 1972.
91. Siendo, así las cosas, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, que negó
las pretensiones de la demanda, con las anotaciones de rigor sobre lo antes expuesto.
2.5. Condena en costas
92. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala temeridad
o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es decir, no se cumplen los
presupuestos exigidos en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, razón por la cual, no se
impondrá condena en costas.
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Número interno: 1291-2026
Demandante: Doris Nayibe Castañeda Reyes
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Sociales del Magisterio (FOMAG)
93. En el caso concreto, si bien es cierto, la parte demandante resultó vencida en el
proceso y en primera instancia fue condenada en costas, tampoco es menos cierto que,
revisada su actuación a lo largo del trámite, no se evidencia una conducta temeraria o de
mala fe; por consiguiente, se revocará el ordinal segundo de la sentencia de primera
instancia.
2.6. Conclusiones
En el presente asunto, la parte demandante, no acreditó en grado de certeza, con el
material probatorio que reposa en el expediente que, cumplía con los requisitos para
acceder a la pensión de jubilación por aportes, de conformidad con la leyes 812 de 2003
y 71 de 1988, y tampoco a la pensión de vejez, bajo los postulados de la leyes 100 de
1993, 797 de 2003, y demás disposiciones que resulten concordantes, razón por la cual,
la decisión en esta instancia, no puede ser otra que la de confirmar la sentencia objeto del
recurso de alzada.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley.
FALLA:
PRIMERO. REVOCAR el ordinal segundo de la sentencia del Dieciséis (16) de Abril de
Dos Mil Veintiséis (2026), proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, que impuso
condena en costas a la parte demandante.
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia del Dieciséis (16) de Abril de Dos Mil
Veintiséis (2026), proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, que negó las
pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva.
TERCERO. ORDENAR a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), verificar la situación pensional de la
señora Doris Nayibe Castañeda Reyes y, en el evento en el que acredite que cumplió con
los requisitos exigidos para el reconocimiento de una pensión de vejez, particularmente
las 1.300 semanas de cotización, proceda al reconocimiento de dicha prestación, con
fundamento en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con efectividad al momento en que,
adquirió la condición habilitante de la pensión, en la medida en que, este derecho es
compatible con el salario de docente, sin necesidad de demostrar el retiro del servicio, de
conformidad con los artículos 19, literal g) de la Ley 4.ª de 1992 y 5 del Decreto 224 de
1972.
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Demandante: Doris Nayibe Castañeda Reyes
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG)
CUARTO: Sin condena en costas en ambas instancias, por las razones expuestas en la
parte motiva de la presente providencia.
QUINTO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, previas las
anotaciones y constancias de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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