Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2020-01972-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2020-01972-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 15001-23-33-000-2020-01972-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
27 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá D. C., Veintisiete (27) de marzo de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado: 15001-23-33-000-2020-01972-01 (3336-2025)
Demandante: Alirio Rodríguez Lara
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Pensión de jubilación
Decisión: Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la Sentencia del Nueve (09) de octubre de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por
la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante la cual,
se negaron las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1) La demanda.1
1.1) Pretensiones.
1. El señor Alirio Rodríguez Lara, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la
jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
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Expediente electrónico. Índice 0001 del Samai (visible en el expediente del Tribunal de origen).
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Número Interno: 3336-2025
Demandante: Alirio Rodríguez Lara
Demandada: Nación – Ministerio de Educación – FOMAG
derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 – Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
fin de solicitar que, se declare la nulidad de la Resolución No. 01563 del Catorce
(14) de abril de Dos Mil Veinte (2020), mediante la cual, la Secretaría de Educación
de Boyacá, le negó el reconocimiento de pensión de jubilación.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del
derecho, solicitó que, se ordene a la entidad demandada: (i) a que reconozca y
pague una pensión de jubilación, equivalente al 75% de los salarios y las primas
recibidas, anteriores al cumplimiento del estatus jurídico de pensionado, es decir, a
partir del Veinticuatro (24) de enero de Dos Mil Diecinueve (2019); (ii) a que se dé
cumplimiento al fallo que resulte del proceso, en los términos contemplados en los
artículos 192 y 195 del CPACA; (iii) a que se hagan las actualizaciones y ajustes de
valor de las sumas reconocidas; (iv) al reconocimiento y pago de los intereses a los
que haya lugar; (v) a la inclusión del demandante en la nómina de pensionados; y,
por último, (vi) solicitó que, se condene en costas de la entidad demandada.
1.2) Los hechos.
3. En el escrito de demanda2 se precisó que, el señor Alirio Rodríguez Lara nació el
Veinticinco (25) de agosto Mil Novecientos Sesenta y Dos (1962), por lo que, para
la fecha de presentación de la demanda, contaba con 55 años de edad.
4. Señaló que, desde el Primero (1º) de julio de Mil Novecientos Noventa y Cinco
(1995), hasta el Treinta y Uno (31) de enero de Dos Mil Cinco (2005), laboró en una
Empresa Social del Estado, esto es, por espacio de nueve (9) años, cuatro (4)
meses y doce (12) días (el equivalente a 481,51 semanas).
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Índice 0001 del Samai (visible en el expediente del Tribunal de origen).
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Número Interno: 3336-2025
Demandante: Alirio Rodríguez Lara
Demandada: Nación – Ministerio de Educación – FOMAG
5. Agregó que, se vinculó como docente de la Secretaría de Educación de Boyacá,
desde el Primero (1º) de agosto de Dos Mil Ocho (2008), labor que continuaba
ejerciendo al momento de presentar la demanda, sumando, para ese entonces, diez
(10) años, ocho (8) meses y veinticinco (25) días.
6. Narró que, al completar los cincuenta y cinco (55) años y los veinte (20) años de
servicio oficial, le solicitó a la entidad demandada, el reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación, a partir del Veinticuatro (24) de enero de Dos Mil Diecinueve
(2019), fecha en la que, según sostuvo, adquirió el estatus pensional. Indicó que,
mediante el acto administrativo contenido en la Resolución No. 01563 del Catorce
(14) de abril de Dos Mil Veinte (2020), se le negó el reconocimiento deprecado.
1.3) Concepto de la violación.
7. El demandante alegó que, el acto administrativo enjuiciado viola el artículo 1º,
inciso segundo, de la Ley 33 de 1985; el artículo 15 de la Ley 91 de 1989; el artículo
6º de la Ley 60 de 1993; el artículo 115 de la Ley 115 de 1993; el artículo 279 de la
Ley 100 de 1993; el artículo 81 de la Ley 812 de 2003; y el Decreto 3752 de 2003.
8. Manifestó que, el régimen pensional de los docentes vinculados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, se determina teniendo
en cuenta la fecha de vinculación de cada docente al servicio educativo estatal, así:
(i) si la vinculación fue anterior al Veintisiete (27) de junio del Dos Mil Tres (2003),
fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 del 2003, el régimen pensional
corresponde al establecido en la Ley 91 de 1989, y las demás normas vigentes a la
fecha en mención, sin olvidar las diferencias provenientes de la condición de
nacional, nacionalizado o territorial, predicable del docente en particular; y (ii) si el
ingreso al servicio ocurrió a partir del Veintisiete (27) de junio del Dos Mil Tres
(2003), el régimen pensional es el de prima media con prestación definida, regulado
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Número Interno: 3336-2025
Demandante: Alirio Rodríguez Lara
Demandada: Nación – Ministerio de Educación – FOMAG
por la Ley 100 de 1993, con las modificaciones introducidas por la Ley 797 del 2003,
pero teniendo en cuenta que la edad se unifica para hombres y mujeres, en 57 años.
9. Aseveró que, el señor Alirio Rodríguez Lara se vinculó con anterioridad al
Veintitrés (23) de junio de Dos Mil Tres (2003), motivo por el cual, consideró que, a
partir de ese momento, se entiende como vinculado para los efectos del
cumplimiento del artículo 81 de la Ley 812 de 2003. Indicó que, lo que protege la
norma, son las situaciones de los docentes que tuvieran tiempo de servicio anterior,
como el caso del actor. Afirmó que, si en gracia de discusión el demandante se
hubiera vinculado después del Dos Mil Tres (2003), se le aplicaría el Decreto 2278
de 2002, en cuanto a escalafón docente y no el Decreto 2277 de 1979.
10. Finalmente, sostuvo que, el acto administrativo demandado resulta vulneratorio
de las disposiciones en las que debió fundarse y, por tanto, solicitó que, se declare
su nulidad y se acceda a las súplicas de la demanda. Aseguró que, el caso de la
parte actora se trata de una grave injusticia en la que ha incurrido la entidad
demandada, teniendo en cuenta que, la intención del legislador fue proteger los
derechos de las personas que han laborado antes del 2003, y que estaban
vinculados a la docencia oficial, situación que, a su juicio, ha sido decantada por la
jurisprudencia del máximo tribunal de la jurisdicción contencioso administrativa.
1.4) La contestación de la demanda.
11. La entidad demandada 3, por conducto de apoderada judicial, se opuso a la
prosperidad de las pretensiones de la demanda, al sostener que, el acto enjuiciado
se expidió con estricto apego a la normatividad pensional aplicable al actor. Aseguró
que, el señor Alirio Rodríguez Lara se vinculó como docente oficial con posterioridad
a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, razón por la cual, le resulta aplicable
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Índice 0008 del Samai (visible en el expediente del Tribunal de origen).
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el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797
de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad
que corresponde a los 57 años para hombres y mujeres.
12. En línea con lo expuesto, precisó que, como el demandante se vinculó con
posterioridad a la vigencia de la Ley 812 de 2003, para la fecha en la que promovió
la demanda no satisfizo los requisitos para adquirir el estatus pensional, previstos
en las precitadas Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, en lo que toca a la edad y al
número de semanas acumuladas. Agregó que, el acto administrativo expedido por
la Secretaría de Educación de Boyacá está revestido de presunción de legalidad,
condición que lo dota de plena eficacia y validez para producir efectos jurídicos.
13. Por último, la entidad propuso como excepciones de mérito (i) la falta de
integración del litisconsorcio necesario, (ii) la legalidad del acto administrativo
enjuiciado, (iii) la ineptitud de la demanda por falta de fundamento jurídico, (iv) el
cobro de lo no debido, (v) y la excepción genérica.
1.5) La sentencia de primera instancia.
14. El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante la Sentencia del Nueve (09) de
octubre de Dos Mil Veinticuatro (2024)4, decidió lo siguiente:
“PRIMERO. NEGAR LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, según lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, procédase a su archivo.”
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Índice 00047 del Samai (visible en el expediente del Tribunal de origen).
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15. En la sentencia apelada, el Tribunal encontró acreditado que, el señor Alirio
Rodríguez Lara ingresó a laborar al servicio público de educación, en propiedad,
con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.
16. En criterio del A quo, como el demandante se vinculó como docente a la
Secretaría de Educación de Boyacá, con posterioridad al Veintisiete (27) de junio
de Dos Mil Tres (2003), no podía acogerse al régimen de la Ley 33 de 1985, toda
vez que, se encontraba vigente únicamente para aquellos servidores públicos
vinculados antes de la fecha en mención.
17. A partir de tales consideraciones, el Tribunal concluyó que, la situación del
demandante debía ser regulada bajo los parámetros establecidos en la Ley 100 de
1993, modificada por las Leyes 797 y 812 de 2003, los cuales, además de exigir un
total de 1,300 semanas de cotización y 57 años, no contemplan los beneficios
pensionales de la Ley 33 de 1985, como son el porcentaje del 75% sobre el
promedio de salarios y primas devengadas, ni la necesidad de acreditar el retiro
definitivo del servicio para la inclusión en nómina de pensionados.
1.6) El recurso de apelación.
18. Mediante memorial5 radicado el Treinta (30) de octubre de Dos Mil Veinticuatro
(2024), la parte demandante solicitó que, se revoque el fallo de instancia y, en su
lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda. Para sustentar la solicitud,
recordó que, el actor cuenta con más de 55 años y que, para la fecha de
presentación de la demanda, acreditaba más de veinte (20) años de servicio en
entidades públicas.
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Índice 00052 del Samai (visible en el expediente del Tribunal de origen).
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Demandante: Alirio Rodríguez Lara
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19. Al respecto, precisó que, el señor Alirio Rodríguez Lara tuvo una vinculación
como empleado público anterior al Veintisiete (27) de junio de Dos Mil Tres (2003),
específicamente, desde el Primero (1º) de julio de Mil Novecientos Noventa y Cinco
(1995), hasta el Treinta y Uno (31) de enero de Dos Mil Cinco (2005), en el Hospital
Regional de Duitama E.S.E. Posteriormente, se vinculó como docente oficial en la
Secretaría de Educación de Boyacá, desde el Primero (1º) de agosto de Dos Mil
Ocho (2008), en donde ha completado más de diez (10) años.
20. A partir de lo anterior, sostuvo que, como el demandante era empleado público
antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, le aplican las previsiones
establecidas en la Ley 33 de 1985, norma que contempla una pensión equivalente
al 75% como ingreso base de liquidación, que debe estar conformado por todos los
factores salariales devengados en el último año de servicios.
21. Precisó que, la vinculación con anterioridad al Veintisiete (27) de junio de Dos
Mil Tres (2003), es motivo suficiente para que el caso sea amparado por el régimen
de transición del sector docente, previsto en la Ley 91 de 1989, y no en Ley 100 de
1993, modificada por la Ley 797 de 2003. Añadió que, para el caso particular, los
tiempos que se tienen en cuenta para el reconocimiento pensional pueden ser
discontinuos y tratarse de tiempos en el sector público, sin discriminar el fondo de
pensión.
22. Concluyó que, como el actor ingresó al servicio público (sin precisar el servicio
docente), con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, el régimen
que le resulta aplicable para el reconocimiento pensional, es el previsto en la Ley
33 de 1985, la Ley 91 de 1989, y en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969.
1.7) Trámite del recurso de apelación y de la segunda instancia.
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23. Mediante el auto del Doce (12) de diciembre de Dos Mil Veinticinco (2025)6, el
Despacho Sustanciador admitió el recurso de apelación y, al no existir pruebas que
decretar en segunda instancia, el proceso ingresó al Despacho para fallo, con
concepto del Ministerio Público7, en el sentido de solicitar la modificación de la decisión
apelada, en orden a analizar el reconocimiento pensional, a la luz del régimen que se
determine aplicable (para el caso, sostuvo que, se trataba del régimen de prima media
contenido en la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003).
II. CONSIDERACIONES
2.1) Competencia.
24. La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la Ley 1437 de
2011. De igual forma, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso (CGP) 8 , el juez de segunda instancia debe pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
2.2) Problema jurídico.
25. En el presente caso, le corresponde a la Sala determinar, si el acto
administrativo contenido en la Resolución No. 01563 del Catorce (14) de abril de
Dos Mil Veinte (2020), proferido por la Secretaría de Educación de Boyacá, está
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Índice 004 del Samai.
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Índice 0010 del Samai.
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“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por
la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia.”
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viciado de nulidad, por infracción de la normativa superior y si, en consecuencia, al
señor Alirio Rodríguez Lara, le asiste derecho al reconocimiento de una pensión de
jubilación, de conformidad con lo previsto en la Ley 33 de 1985, o si su situación
debe regirse por las disposiciones de las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 en
materia pensional, evento en el cual, en virtud del principio iura novit curia, le
corresponde a la Sala determinar si tiene derecho al reconocimiento pensional
reclamado, bajo las reglas de este último régimen.
26. Con el propósito de desatar los problemas jurídicos planteados, se abordarán
los siguientes capítulos: 2.3) el marco normativo y jurisprudencial de la pensión de
jubilación docente; 2.4) los hechos probados; y el 2.5) caso concreto.
2.3) Marco normativo y jurisprudencial del régimen pensional docente.
27. En un inicio, los docentes oficiales fueron destinatarios de la pensión de
jubilación prevista en la Ley 6ª de 1945, según la cual, quien acumulara 20 años de
servicio y llegara a 50 años de edad, tendría derecho a una pensión vitalicia de
jubilación, liquidada con el 75% del «promedio de los sueldos devengados durante
el último año». Posteriormente, sus derechos pensionales fueron regidos por la Ley
33 de 1985, norma que consagró el derecho a obtener una pensión de
jubilación para aquellos que acumularan 20 años de servicio y cumplieran 55 años
de edad, liquidada con el 75% «del salario promedio que sirvió de base para los
aportes durante el último año de servicio».
28. Con la Ley 91 de 1989 se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio – FOMAG, concebido como una cuenta especial de la Nación, que tenía
como finalidad realizar el pago de las prestaciones sociales de los docentes. En
estos términos, el Fondo tiene dentro de sus funciones reconocer la pensión de
jubilación, post mortem, de retiro por vejez, de invalidez y la sustitución pensional.
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Número Interno: 3336-2025
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29. Ahora bien, en la precitada Ley se determinó que, a los docentes afiliados a
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, se les aplicaría el mismo
régimen pensional de los empleados del sector público nacional. Así lo dispone el
artículo 15, literal b), de la Ley 91 de 1989, según el cual, para los docentes
vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para
aquellos que se nombren a partir del 1º de enero de 1990, cuando se cumplan los
requisitos de Ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75%
del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del
régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente
de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional.
30. En ese orden de ideas, si bien es cierto que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989
determinó que la pensión ordinaria de jubilación de los docentes corresponderá al
equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año de servicios,
también lo es que, no especificó los requisitos de reconocimiento de la prestación,
y por ello, remite al régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional. Dicho régimen, atendiendo a la jurisprudencia de la Sección Segunda del
Consejo de Estado9, corresponde al consagrado para el sector público en la Ley 33
de 1985, teniendo en cuenta que, el régimen de seguridad social en materia
pensional establecido en la Ley 100 de 1993 no se aplica a los afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por expreso mandato del artículo
279 de esta normativa.
31. De acuerdo con lo anterior, el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 consagra que el
empleado oficial que sirva, o haya servido, 20 años continuos o discontinuos y llegue
a la edad de 55 años, tendrá derecho a que la respectiva Caja de Previsión le pague
una pensión mensual vitalicia de jubilación, equivalente al 75% del salario promedio
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Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino Cortés.
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que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio. Por su parte,
el artículo 3° de esta misma disposición, modificado por el artículo 1° de la Ley 62
de 1985, indica que la base de liquidación de los aportes, estará constituida por la
asignación básica, los gastos de representación, la prima técnica, los dominicales y
feriados, las horas extras, la bonificación por servicios prestados y trabajo
suplementario o realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio. Y
precisa que, en todo caso, “(…) las pensiones de los empleados oficiales de
cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido
de base para calcular los aportes”.
32. Así las cosas, la expedición de la Ley 100 de 1993 no varió las condiciones
de cómo se venían reconociendo las pensiones para el sector docente, puesto que,
como dicho gremio estaba exceptuado, se les seguía aplicando las condiciones
fijadas en la ya mencionada Ley 91 de 1989, en concordancia con los artículos 17
de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último derogado en virtud
del artículo 25 de la Ley 33 de 1985.
33. Esta realidad cambió con la expedición de la Ley 812 de 2003, puesto que, a
través del artículo 81, introdujo importantes cambios en el régimen de los docentes
oficiales, con el fin de incorporar este sector al sistema de seguridad en pensiones
regulado por la Ley 100 de 1993.
34. En efecto, el artículo 81 en cita determinó que, el régimen de los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales que se encontraban vinculados al servicio
público educativo oficial sería «[…] el establecido para el Magisterio en las
disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de [esa] ley». Sin
embargo, en seguida reguló que los docentes oficiales vinculados a partir de su
entrada en vigor (27 de junio de 2003), debían ser afiliados al FOMAG y tendrían
los derechos del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100
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de 1993 y 797 de 2003, «con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad
de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres».
35. El Acto Legislativo 01 de 2005, por medio del cual, se reformó el artículo 48 de
la Constitución Política, ratificó el alcance del artículo 81 de la Ley 812 de 2003 en
relación con el régimen docente. En el parágrafo transitorio 1º dispuso que: “el
régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales,
vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio
en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la
Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que se
hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán los
derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de
Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003”.
36. La Sección Segunda del Consejo de Estado, en el marco del anunciado cambio
legislativo, profirió la Sentencia de Unificación SUJ-014 -CE-S2 del 25 de abril de
201910, en la cual estableció que, para definir el régimen pensional que regula el
derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para los docentes nacionales,
nacionalizados o territoriales, es necesario tomar como punto de partida la fecha de
ingreso al servicio educativo oficial docente. En la sentencia en cita se explicó así:
«[…] I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público
educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se vincularon a
partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos docentes, también
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el
régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003,
con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57
años para hombres y mujeres».
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Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino Cortés.
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37. De acuerdo con esta interpretación, la Sección Segunda concluyó que, para
quienes se hayan vinculado al servicio público educativo oficial con anterioridad a
la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, lo cual ocurrió el 27 de junio del mismo
año11, la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación sería la que corresponde
“al mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos
del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener
en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos
aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se
puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo”12.
38. Ahora bien, para los docentes que ingresaron al servicio educativo a partir de la
vigencia de Ley 812 de 2003, en el mismo fallo se dispuso lo siguiente:
«[…] 68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, y son beneficiarios del régimen pensional de prima media en las
condiciones previstas en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo en lo que tiene que
ver con la edad, la que, según el artículo 81 de la citada Ley 812 de 2003 se unificó
para hombres y mujeres en 57 años16. Esto quiere decir, que para el ingreso base de
liquidación de este grupo de docentes debe tenerse en cuenta lo previsto en la Ley 100
de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.
69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de
pensiones y no la regulación prevista en la Ley 91 de 1989. Los factores que se deben
incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994
sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones […]».
39. En resumen, a los docentes vinculados antes del 27 de junio de 2003 se les
aplicarán las Leyes 91 de 1989, 33 de 1985 y 71 de 1988. Requisito de edad: 55
años. Requisito de tiempo o semanas: 20 años de servicio. Monto: 75%, con un IBL
o componente temporal: del último año anterior a la adquisición del derecho a la
pensión, en consideración a la compatibilidad del ejercicio de la docencia con el
11
Diario Oficial No. 45.231, de 27 de junio de 2003.
12
Exp. 0937-2017. MP César Palomino Cortés.
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goce de la pensión de jubilación prevista por el art. 5º de la Ley 224 de 1972; o
último año de prestación de servicios, según corresponda.
40. En contraste, a los docentes vinculados a partir del 27 de junio de 2003, se les
aplicará la Ley 100 de 1993 y Ley 797 de 2003. Requisito de edad: 57 años.
Requisito de tiempo de servicios: según corresponda de acuerdo con el artículo 33
de la Ley 100 de 1993. Monto: el que resulte de aplicar las reglas previstas en el
artículo 34 de la Ley 100 de 1993, según corresponda en el tiempo y con IBL o
componente temporal de los últimos 10 años o toda la vida laboral, de acuerdo con
el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.
41. De acuerdo con lo anterior, el régimen de los docentes vinculados con antelación
a la promulgación de la Ley 812 de 2003, es el previsto en la Ley 91 de 1989 que,
a su vez, remite al «[…] régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional», contenido en los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135
de 1968, este último derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.
42. Es importante destacar, aunque parezca de perogrullo que, el régimen de los
pensionados del sector público nacional, consagrado en la Ley 33 de 1985, solo
permite sumar los tiempos públicos servidos al sector oficial.
43. Ahora bien, respecto de aquellos vinculados con posterioridad a la vigencia de
la Ley 812 de 2003, y que les resulta aplicable el régimen de prima media de las
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, se debe verificar el cumplimiento de los requisitos
del régimen de transición del artículo 36 de la primera normatividad, en virtud del
cual, al cumplir con los mismos podría resultarle aplicables las normas anteriores,
como serían la Ley 33 de 1985 o 71 de 1988, siempre que no se sobrepase el límite
temporal de que trata el artículo 1°, parágrafo transitorio 4° del Acto Legislativo 1 de
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2005,13 conforme al cual, el régimen de transición feneció el 31 de julio de 2010,
conservándose hasta el 31 de diciembre de 2014, sólo para quienes acrediten 750
semanas cotizadas el 25 de julio de 2005, con su entrada en vigencia.
2.4) Hechos probados.
44. Para resolver la controversia, la Sala tendrá en cuenta el acervo probatorio
allegado al proceso, el cual le permite tener por acreditados los siguientes hechos:
a) El señor Alirio Rodríguez Lara nació el Veinticinco (25) de agosto de Mil
Novecientos Sesenta y Dos (1962), de acuerdo con la información que reposa en el
Registro Civil de Nacimiento aportado con la demanda14.
b) Según el certificado de información laboral expedido el Ocho (8) de abril de Dos
Mil Diecinueve (2019)15, el señor Alirio Rodríguez Lara estuvo vinculado desde el
Veinte (20) de febrero de Mil Novecientos Ochenta y Nueve (1989), hasta el Treinta
y Uno (31) de enero de Dos Mil Cinco (2005) al Hospital Regional de Duitama E.S.E.,
en donde desempeñó el cargo de “auxiliar información salud”. Durante el tiempo de
vinculación se hicieron aportes, en un primer momento, a Cajanal, luego a Porvenir
y Colfondos.
c) En atención a la información consignada en el reporte de semanas cotizadas en
pensiones16, expedido en enero de Dos Mil Diecinueve (2019) por Colpensiones, el
señor Alirio Rodríguez Lara acumulaba -para esa fecha- un total de 1181,6 semanas
de cotización, entre tiempos públicos y privados.
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"…Parágrafo transitorio 4o. El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen
dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho
régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia
del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año
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d) En atención a la información contenida en el “Formato único para la expedición
de certificado de la historia laboral” del FOMAG17, el señor Alirio Rodríguez Lara fue
vinculado como docente oficial a la Secretaría de Educación Departamental de
Boyacá, el Nueve (09) de julio de Dos Mil Ocho (2008), mediante el Decreto No.
001087 de la fecha, y Acta de Posesión del Treinta y Uno (31) de julio de ese año.
e) De conformidad con el Decreto No. 002074 del Nueve (9) de junio de Dos Mil
Nueve (2009)18, se nombró en propiedad al demandante, en la planta de cargos de
las diferentes áreas del nivel media y secundaria del Departamento de Boyacá.
f) Mediante la certificación del Once (11) de febrero de Dos Mil Diecinueve (2019)19,
la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá acreditó los salarios y demás
factores salariales percibidos por el señor Alirio Rodríguez Lara. En la documental
de la referencia se dejó constancia de la siguiente observación: “con destino al fondo
prestacional (sic) del magisterio mensualmente se efectuaron los descuentos de ley,
de conformidad con las normas legales vigentes.”
g) En el “certificado de no pensión” expedido el Veinticuatro (24) de marzo de Dos
Mil Diecinueve (2019) por la dirección de nómina de pensionados de Colpensiones,
se hizo constar que, el señor Alirio Rodríguez Lara no figura como pensionado.
h) En el Oficio No. 0365 del Seis (6) de mayo del mismo año, la Secretaría de
Educación Departamental de Boyacá confirmó que, el demandante tampoco figura
como pensionado en sus bases de datos. La UGPP hizo lo propio en el “certificado
de no pensión”, expedido el Catorce (14) de mayo de dicho año.20
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i) Está demostrado que, mediante la petición presentada en septiembre de Dos Mil
Diecinueve (2019), el demandante le solicitó a la Nación – Ministerio de Educación
– FOMAG, el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación. La anterior solicitud
fue negada en virtud de la Resolución No. 01563 del Catorce (14) de abril de Dos
Mil Veinte (2020), expedida por el secretario de Educación de Boyacá.21
2.5) Caso concreto.
45. En el sub judice, el señor Alirio Rodríguez Lara pretende la nulidad del acto
administrativo contenido en la Resolución No. 01563 del Catorce (14) de abril de
Dos Mil Veinte (2020) y, como consecuencia de lo anterior, el reconocimiento y pago
de una pensión de jubilación, equivalente al 75% de los salarios y las primas
recibidas con anterioridad al cumplimiento del estatus jurídico de pensionado, al
considerar que, es beneficiario de las previsiones de la Ley 33 de 1985.
46. El Tribunal Administrativo de Boyacá negó las pretensiones de la demanda, toda
vez que, según lo encontró probado en el proceso, el demandante se vinculó como
docente oficial -a la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá- con
posterioridad al Veintisiete (27) de junio de Dos Mil Tres (2003), razón por la cual,
no podía acogerse al régimen de la Ley 33 de 1985, pues, dicha norma se aplicaba
únicamente para aquellos docentes vinculados antes de la fecha en mención. A
partir de tales consideraciones, concluyó que, la situación pensional del
demandante debía ser regulada bajo los parámetros establecidos en la Ley 100 de
1993, modificada por las Leyes 797 y 812 de 2003.
47. Inconforme con la decisión anterior, la parte demandante solicitó que, se
revoque el fallo de primera instancia, habida cuenta que, en su criterio, la vinculación
del señor Alirio Rodríguez Lara, como servidor en una Empresa Social del Estado,
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antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, es motivo suficiente para que
sea amparado por el régimen de transición del sector docente, previsto en la Ley 91
de 1989, y no en Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003.
48. De acuerdo con las pruebas valoradas, la Sala evidencia que, el actor tuvo una
primera vinculación en el Hospital Regional de Duitama E.S.E., desde el Veinte (20)
de febrero de Mil Novecientos Ochenta y Nueve (1989), hasta el Treinta y Uno (31)
de enero de Dos Mil Cinco (2005), en donde desempeñó el cargo de “auxiliar
información salud” por espacio superior a los diez (10) años.
49. Sin embargo, está suficientemente acreditado que, el señor Alirio Rodríguez
Lara, fue vinculado como docente oficial a la Secretaría de Educación
Departamental de Boyacá, el Nueve (09) de julio de Dos Mil Ocho (2008), mediante
el Decreto No. 001087 de la fecha en mención. Así lo confirma el “Formato único
para la expedición de certificado de la historia laboral”, el Acta de Posesión del
Treinta y Uno (31) de julio del Dos Mil Ocho (2008), el Decreto de la referencia y las
demás documentales que fueron objeto de análisis. Incluso, se tiene que, mediante
el Decreto No. 002074 del Nueve (9) de junio de Dos Mil Nueve (2009)22, se nombró
en propiedad al demandante como docente.
50. La Sala no discute que, para la fecha de presentación de la demanda, el actor,
contaba con 55 años de edad y acumulaba, según el reporte de semanas cotizadas
en pensiones23, expedido en enero de Dos Mil Diecinueve (2019) por Colpensiones,
un total de 1181,6 semanas de cotización, entre tiempos públicos y privados.
51. Sin perjuicio de lo anterior, es claro que la vinculación como docente oficial al
servicio de la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá, fue a partir del
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Nueve (09) de julio de Dos Mil Ocho (2008), es decir, con posterioridad a la entrada
en vigor de la Ley 812 de 2003 (el 27 de junio de 2003).
52. Sobre esa base, en el sub examine no es posible aplicar el régimen de pensión
ordinaria de jubilación prevista en la Ley 33 de 1985, comoquiera que, dicho régimen
se predica de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al
servicio público educativo oficial, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003, hecho que no se corrobora en el caso del señor Alirio Rodríguez Lara,
quien se vinculó al servicio educativo oficial con posterioridad, esto es, el Nueve
(09) de julio de Dos Mil Ocho (2008), como se advirtió ut supra.
53. La Sala resalta que, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 812
de 2003, en consonancia con lo señalado en el parágrafo transitorio 1º del Acto
Legislativo 01 de 2005, los docentes que se vinculen a partir de la entrada en
vigencia de la mencionada Ley, es decir, desde el Veintisiete (27) de junio de Dos
Mil Tres (2003), serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima
media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos
previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez, que será de 57 años
para hombres y mujeres. Quiere ello decir que, en razón a la vinculación de la parte
actora con posterioridad a la fecha en comento, le resulta aplicable lo establecido
en el régimen pensional de prima media y no, como lo adujo la apoderada judicial
en el escrito de apelación, las disposiciones de la Ley 33 de 1985.
54. De igual manera, la Sala destaca que, los aspectos relativos a la definición del
régimen pensional de los docentes oficiales, fueron precisados por la Sección
Segunda del Consejo de Estado en la Sentencia de Unificación SUJ-014-CE-S2 del
Veinticinco (25) de abril de Dos Mil Diecinueve (2019), oportunidad en la cual esta
Corporación reiteró que, los docentes que se vinculen a partir de la entrada en
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vigencia de la Ley 812 de 2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, y son beneficiarios del régimen pensional de
prima media en las condiciones previstas en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003.
Además, se precisó que, a este grupo de docentes les aplican las normas generales
del sistema de pensiones y no la regulación prevista en la Ley 91 de 1989.
55. Aunque la parte demandante alegó -en el recurso de apelación-, que le es
aplicable el régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985, por el
hecho de haberse vinculado a una Empresa Social del Estado (Hospital Regional
de Duitama), con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, lo cierto
es que, la Ley en cita y la jurisprudencia de esta Corporación son claras en señalar
que, dicho régimen se predica de aquellos docentes nacionales, nacionalizados y
territoriales vinculados al servicio público educativo oficial con anterioridad al
Veintisiete (27) de junio de Dos Mil Tres (2003). En el caso sub judice, el reparo
esgrimido por el apelante único no tiene vocación de prosperidad, teniendo en
cuenta que, la simple vinculación con el Estado no presupone que el reclamante
haya estado vinculado al servicio público educativo oficial, condición sin la cual no
es dable acceder a los beneficios derivados del régimen previsto en la Ley 33.
56. Si en gracia de discusión, el demandante pretendiera acogerse a los parámetros
establecidos en la Ley 33 de 1985 por, presuntamente, ser beneficiario del régimen
de transición que consagra el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo cierto es que, el
señor Alirio Rodríguez Lara contaba con 32 años para la fecha de entrada en vigor
de la señalada Ley 100 de 1993 (1º de abril de 1994), con lo cual no cumplía con la
edad establecida en la Ley (40 años) y, en adición, según el reporte de semanas
cotizadas aportado, no sumaba los quince (15) años o más de servicios cotizados
que, de igual manera, prevé el artículo en cita frente al régimen de transición.
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57. Ahora bien, para la Sala no pasa inadvertido que, al estar en debate el derecho
fundamental a la seguridad social del demandante, ha sido criterio reiterado de este
colegiado verificar si la parte actora satisfizo los presupuestos para el
reconocimiento de la prestación reclamada, a la luz de lo previsto en el régimen de
prima media, contemplado en la Ley 100 de 1993, con las modificaciones
introducidas en virtud de la Ley 797 de 2003 y 812 del mismo año. Valga anotar
que, en este punto insistió el Ministerio Público, en el concepto rendido en esta
instancia, al solicitar la modificación de la providencia impugnada para que se
estudiara el derecho reclamado bajo las reglas del régimen que resultara aplicable.
58. Atendiendo a lo anteriormente expuesto, la Sala advierte que, el estudio frente
al reconocimiento pensional a la luz de los requisitos recogidos en la Ley 100 de
1993, la Ley 797 de 2003, y demás disposiciones concordantes, exige un análisis
detallado del expediente administrativo actualizado, así como de la historia laboral
y el reporte de semanas cotizadas por la parte actora, encaminado a determinar si,
al día de hoy, y con sujeción a los requisitos señalados para el régimen de prima
media, el demandante puede ser o no beneficiario de la pensión deprecada.
59. De acuerdo con las documentales allegadas al proceso, es posible colegir que:
(i) el demandante se vinculó al servicio educativo oficial después de la entrada en
vigor de la Ley 812 de 2003 (del 27 de junio de 2003), debiendo someterse a los
requisitos previstos para el régimen general de prima media; (ii) a la fecha, el
demandante cuenta con 63 años de edad, razón por la cual, acredita el requisito de
edad (57 años para hombres y mujeres) previsto en el artículo 81 ibídem; (iii) no
obstante, para la fecha en la que se promovió la demanda, el reporte de semanas
aportado (actualizado hasta el 14 de enero de 2019) daba cuenta que, entre tiempos
públicos y privados, el actor acumulaba un total de 1181,86 semanas, número con
el cual, no se satisface el requisito de cotización (1300 semanas) contemplado en
el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, con la modificación que introdujo el artículo 9º
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de la Ley 797 de 2003, normas que, se insiste, le resultan aplicables, con arreglo a
la Ley 812 de 2003 y la jurisprudencia ya relacionada de esta Corporación.
60. En ese orden de ideas, no es posible que, en esta instancia, y con el acervo
probatorio valorado integral y razonadamente, de acuerdo con las reglas de la sana
crítica, la Sala decida sobre el reconocimiento pensional deprecado, menos en un
escenario en el que se ha definido que la norma aplicable es otra distinta a la
invocada en el recurso de alzada, al amparo de la cual no se cuentan con los
elementos de juicio suficientes para acreditar el cumplimiento de los requisitos
tendientes al reconocimiento de la prestación. Empero, no se desconoce que, si el
señor Alirio Rodríguez Lara continuó aportando ante el FOMAG, tendría derecho al
reconocimiento de su pensión, una vez verificados los requisitos de ley.
61. En esa línea, con miras a salvaguardar el derecho a la seguridad social de la
parte actora, se exhortará a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), a que verifique la
situación pensional del señor Alirio Rodríguez Lara y, en el evento de demostrar que
cumplió con la totalidad de los requisitos exigidos por la Ley 100 de 1993, 797 de
2003, y demás disposiciones que resulten concordantes, proceda al reconocimiento
de la pensión de vejez a su favor.
62. Como corolario de lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia de primera
instancia, que negó las pretensiones de la demanda, y dejará expresa claridad en
el resuelve sobre el exhorto antes comentado.
2.6) Condena en costas.
63. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus propios intereses, razón
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por la cual no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011 y, por lo tanto, no se impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. CONFIRMAR la Sentencia del Nueve (09) de octubre de Dos Mil
Veinticuatro (2024), proferida por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal
Administrativo de Boyacá, por las razones expuestas en la parte motiva.
SEGUNDO. EXHORTAR a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), a que verifique la
situación pensional del señor Alirio Rodríguez Lara y, en el evento en el que acredite
que cumplió con los requisitos exigidos para el reconocimiento de una pensión de
vejez, particularmente las 1.300 semanas de cotización, proceda al reconocimiento
de dicha prestación, con fundamento en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.
TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia.
CUARTO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas
las anotaciones y constancias de rigor.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
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Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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