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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2022-00171-02

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2022-00171-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del Veintiséis (26) de Enero de Dos Mil Veintiséis (2026)101, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que negó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2022-00171-02

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

9 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D.C., Nueve (9) de julio de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado : 25000-23-42-000-2022-00171-02 (0839-2026)1
Demandante : Guillermo Varela Romero
Demandado : Procuraduría General de la Nación
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Sanción disciplinaria destitución e inhabilidad funcionario
de elección popular
Decisión : Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la
sentencia de Veintiséis (26) de Enero de Dos Mil Veintiséis (2026)2, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que negó las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda3

1.1. Pretensiones4

1. El señor Guillermo Varela Romero, a través de apoderada judicial, promovió demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la Procuraduría General de la Nación, por
medio de la cual, solicitó declarar la nulidad de los actos administrativos disciplinarios
contenidos en la decisión del Diecisiete (17) de junio de Dos Mil Diecinueve (2019), proferida
por la Procuraduría Primera Delegada para la contratación estatal, que le impuso sanción
con destitución e inhabilidad general por el término de 14 años y, del Veinte (20) de octubre
de Dos Mil Veinte (2020), por la Procuraduría Disciplinaria que, confirmó la decisión
proferida dentro del expediente con radicado IUS E-2017-529639 IUC D - 2017-954241,
proceso que acumuló los expedientes de las diligencias IUS 2016-275754, IUS 2016-
275754, IUS E-2017-570412, IUS 2016-299934, E-2018-061439, IUS E-2016-391060.

1 Expediente digital – sistema Samai.
2 Sistema Samai, expediente digital índice 33
3 Sistema Samai, expediente digital índice 1ED, archivo 13 subsanación de la demanda
4 Sistema Samai, expediente digital índice 1ED, archivo 13 subsanación de la demanda, folios 17-18

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Número interno: 0839-2026
Demandante: Guillermo Varela Romero
Demandado: Procuraduría General de la Nación

2. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, solicitó
condenar a la Nación – Procuraduría General de la Nación, al pago de los perjuicios morales
y a la vida de relación.

3. Los hechos en que se fundamentan las pretensiones de la demanda, son los
siguientes5.

4. Dentro del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos,
adelantado ante el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Bogotá, bajo el radicado
11001-33-31-004-2009-00058-00, se profirió sentencia el Veintinueve (29) de enero de
Dos Mil Diez (2010), la cual, fue confirmada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera – Subsección “A”, por medio de la sentencia emitida el
Veinte (20) de octubre de Dos Mil Once (2011).

5. Señala que, a través de las decisiones judiciales, se ordenó a la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, y al municipio de Chía, proteger los
derechos colectivos al goce de un ambiente sano y a la salubridad pública, amenazados
y/o vulnerados, al no ejercer un control efectivo sobre los malos olores provenientes de la
Planta de Tratamiento de Aguas residuales del municipio de Chía, asimismo, ordenó el
estudio, la construcción de obras o la adopción de las medidas técnicas, para controlar y
mitigar los malos olores existentes, de igual forma, se creó la necesidad de actualizar las
lagunas de oxidación existentes, en el Plan de Gobierno y el Plan de Desarrollo Municipal,
en la administración 2012-2015.

6. El Consejo de Estado Sala - Sección Primera, en acción popular resolvió; entre
otras cosas, amparar la protección de derechos colectivos al goce de un ambiente sano y
a la salubridad pública y como consecuencia de ello, ordenó a la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca – CAR y el municipio de Chía, realizar el estudio, la
construcción de obras o la adopción de las medidas técnicas, para controlar y mitigar los
malos olores provenientes de la Planta de Tratamiento de Aguas residuales del municipio
de Chía, y actualizar las lagunas de oxidación existentes, en el Plan de Gobierno y el Plan
de Desarrollo Municipal, en la administración 2012-2015.

7. En cumplimiento de las órdenes judiciales, el municipio de Chía inició el proceso
contractual, con el objeto de gestionar, desarrollar y culminar la construcción de la planta
de tratamiento de aguas residuales I, en el sector de las Delicias, en adelante PTAR, como
integrante de la cuenta del Rio Bogotá, conforme al Acuerdo 043 de 2006 de la
Corporación autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

5 Sistema Samai, expediente hibrido índice 46 demanda digital, folios 35

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Número interno: 0839-2026
Demandante: Guillermo Varela Romero
Demandado: Procuraduría General de la Nación

8. Durante la convocatoria se inscribieron varios oferentes, a quienes el municipio de
Chía, el Veinticinco (25) de octubre de Dos Mil Trece (2013), les solicitó complementar
por escrito la propuesta para el cambio del sistema y con ello, escoger al mejor
proponente.

9. El Veintiuno (21) de noviembre de Dos Mil Trece (2013), la empresa Sociedad
Global Environment Alth Solutions – Gehs, en su calidad de proveedor exclusivo de KWI
International Environmental Treatment Gmbh, presentó oferta técnica – incluyendo la
ingeniería de detalle- y económica.

10. Indica que, el Trece (13) de enero de Dos Mil Catorce (2014), el municipio de Chía
solicitó a la autoridad ambiental (CAR) de Cundinamarca, concepto relacionado con las
propuestas que recibió respecto a un nuevo sistema de tratamiento de aguas residuales
que reemplazará el existente, ante lo cual, emitió el concepto técnico SDAS No.40 del
Veintiocho (28) de enero de Dos Mil Catorce (2014), en el que, recomienda la tecnología
BIO-KWI ofertada por GHES.

11. El Veintiuno (21) de agosto de Dos Mil Catorce (2014), el municipio de Chía
confirmó a los seis diferentes proponentes, que se había seleccionado a GEHS LLc. para
adelantar el proyecto de la PTAR Chía I, Sector Delicias con la tecnología BIO-KWI.

12. Por medio de la Resolución No. 3397 del Cuatro (4) de noviembre de Dos Mil
Quince (2015), el secretario de Obras Públicas del municipio de Chía, seleccionó a la
Sociedad Global Environment Alth Solutions – GEHS como proveedor exclusivo de Kwi
International Environmental Treatment Gmbh, para celebrar el contrato de
aprovisionamiento, generado en la obligación de hacer, que consistía en proveer un bien
a la entidad financiera, con el fin de llevar a cabo el contrato de Leasing Financiero
No.181565 el Veintiocho (28) de septiembre de Dos Mil Quince (2015), suscrito con
Leasing Bancolombia S.A. C.F.

13. La Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, el Veintiocho (28)
de julio de Dos Mil Diecisiete (2017), en virtud de la queja recibida con ocasión de posibles
irregularidades en la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales
ubicada en Chia – Cundinamarca, ordenó la apertura de Indagación Preliminar contra
funcionarios por determinar de la Alcaldía de Chía, bajo el radicado IUS E-2017-529639
IUC D - 2017-954241, proceso que acumuló los expedientes de las diligencias IUS 2016-
275754, IUS 2016-275754, IUS E-2017-570412, IUS 2016-299934, E-2018-061439, IUS
E-2016-391060.

14. El Tres (3) de agosto del Dos Mil Dieciocho (2018), la Procuraduría profirió pliego
de cargos entre otros, contra el señor Guillermo Varela Romero, por haber suscrito en

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Número interno: 0839-2026
Demandante: Guillermo Varela Romero
Demandado: Procuraduría General de la Nación

calidad de alcalde la contratación directa del acto contractual No. 2015 CT381 el Dieciocho
(18) de noviembre de Dos Mil Quince (2015), conducta con la cual, consideró que
presuntamente se desconocían los principios de transparencia, selección objetiva y
evadió el procedimiento de licitación pública; sin contar con los estudios técnico y
económicos precisos, serios y completos previos. También por haber ordenado la entrega
de un anticipo al contratista con cargo a un contrato de leasing, sin evidencia de contar
con la garantía de buen manejo y correcta inversión, aunado al exceso en el monto del
anticipo. Ello bajo las faltas contenidas en los ordinales 30 y 31 del artículo 48 de la Ley
734 de 2002.

15. Informa que, oportunamente presentó los descargos, en los que, argumentó las
actuaciones en el trámite contractual acaecidas desde el año 2013, con el objetivo de
precisar que, se realizaron con base en los conceptos técnicos que emitieron funcionarios
de la alcaldía y la Corporación autónoma de Cundinamarca, además, bajo la convicción
de cumplir con los fallos judiciales.

16. Señala que, luego de presentar escrito de alegatos de conclusión, el Diecisiete (17)
de junio del Dos Mil Diecinueve (2019), la Procuraduría Primera Delegada para la
Contratación Estatal, profirió fallo de primera instancia, en el que declaró probado los dos
primeros cargos formulados consistentes en «haber suscrito como Alcalde del Municipio
de Chía, el contrato No. 2015-CT381 del 18 de noviembre de 2015 celebrado con GEHS
GLOBACENVIRONMENT AND HEALTH SOLUTIONS DE COLOMBIA, haciendo uso de
la causal de contratación directa consistente en no existir pluralidad de oferentes en el
mercado», y «haber suscrito como Alcalde del Municipio de Chía, el contrato No. 2015-
CT381 del 18 de noviembre de 2015 firmado con GENS GLOBAL ENVIRONMENT AND
HEALTH SOLUTIONS DE COLOMBIA sin contar con estudios técnicos y económicos
precisos, serios y completos".» e impuso sanción de destitución e inhabilidad general por
el término de 14 años, decisión que, le fue notificada el Veintidós (22) de dicho mes y
anualidad.

17. Inconforme con la anterior decisión, el Nueve (9) de julio de Dos Mil Diecinueve
(2019), presentó recurso de apelación, el cual, fue resuelto por la Procuraduría Primera
Delegada para la Contratación Estatal, por medio del fallo proferido el veinte (20) de
octubre de Dos Mil Veinte (2020), en el sentido de confirmar la decisión de primera
instancia.

1.2. Normas violadas y concepto de violación6

6 Sistema Samai, expediente hibrido índice 46 demanda digital, folios 35-53.

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Demandante: Guillermo Varela Romero
Demandado: Procuraduría General de la Nación

18. Convención Americana de los Derechos Humanos, Constitución Política, artículos
29, 85, Ley 734 de 2002.

19. Como concepto de violación, sostiene la parte accionante que, los actos acusados
se encuentran viciados de nulidad, en razón a que fueron expedidos con:

• Infracción de las normas en que debe fundarse.

20. El acto administrativo objeto de demanda, es abiertamente contrario a los
presupuestos normativos de la Ley 732 de 2002, tanto en sus principios fundantes, como
en los requisitos y presupuestos de las diferentes etapas del proceso disciplinario, por lo
tanto, a la luz de la jurisprudencia del H- Consejo de Estado7 como de la Corte
Constitucional8, colige que, dicho cargo debe tener vocación de prosperidad.

• De la falsa motivación

21. Señala que, el acto administrativo del cual se solicita la nulidad, incurre en falsa
motivación, en razón a que, no existen los fundamentos de hecho ni de derecho que,
llevaron a la parte accionada a tomar la decisión de inhabilitarlo.

• Desviación de poder

22. El acto administrativo sancionatorio, tuvo una finalidad contraria a los intereses
públicos o al propósito que buscó realizar el legislador al momento de otorgar la
competencia sancionatoria a la parte demandada.

23. Las anteriores causales de nulidad, considera se encuentran acreditadas, en razón a
que, la autoridad disciplinaria incurrió en una incorrecta formulación de cargos, pues, aun
cuando la Ley 734 de 2002, es clara al afirmar que, se debe describir y determinar la
conducta investigada con indicación de circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se
realizó, en el sub examine se expidieron unos cargos parcelados, descontextualizados y
sin el mínimo cumplimiento de los presupuestos axiológicos del pliego de cargos,
mediante los cuales, logra una adecuada calificación de la presunta falta disciplinaria.

24. Señala que, aun cuando expuso las circunstancias bajo las cuales, se adelantó el
proceso contractual con la finalidad de dar cumplimiento a órdenes judiciales que buscaban

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Exp. No.

11001032600020150002200 (53057), C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa
8 sentencia T-956 de 2011

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Número interno: 0839-2026
Demandante: Guillermo Varela Romero
Demandado: Procuraduría General de la Nación

la protección del medio ambiente, la evaluación de los presupuestos fácticos se realizó de
manera amañada y descontextualizada.

25. Sostiene que, las situaciones que dieron lugar al proceso disciplinario no refieren
exclusivamente a una facultad potestativa de la administración ni a un interés económico,
sino, a la necesidad colectiva y amparada de protección de un cuerpo de agua erigido
como sujeto de Derechos: El río Bogotá.

26. Señala que, la autoridad disciplinaria incurre en falsa afirmación de ausencia de
estudios técnicos y económicos precisos, serios y completos, toda vez que, contrario a lo
manifestado, el proceso contractual contó con los estudios técnicos y económicos que,
permitieron determinar cuál era la mejor opción, tal como lo demuestra el oficio remitido a
la Corporación Autónoma Ambiental de Cundinamarca, el Diecisiete (17) de enero de Dos
Mil Catorce (2014), para que, evaluara y conceptuara la mejor tecnología para la
construcción y puesta en marcha de la nueva PTAR, lo cual, ocurrió mediante el concepto
técnico No. 40 de Veintiocho (28) de enero de Dos Mil Catorce (2014).

27. No obstante, el análisis del operador disciplinario respecto del concepto técnico de
la CAR Cundinamarca; quien es la máxima autoridad ambiental en el departamento de
Cundinamarca, solo se limitó a reconocerlo como un estudio técnico, cuando lo analiza
como una prueba, pero bajo un análisis amañado y sesgado del material probatorio, para
con ello, afirmar ilógicamente que, la mejor propuesta fue la presentada por la firma
EDOSPINA, desconociendo el concepto técnico de la CAR e incurriendo en una flagrante
omisión del principio de sana crítica.

28. Aduce que, la accionada con su actuar vulneró su derecho fundamental al debido
proceso, en razón a que, desconoció el principio democrático por la condición que ejercía
un cargo de elección popular, por lo tanto, con fundamento en la Convención Americana
sobre Derechos Humanos y el caso Gustavo Petro vs Colombia, del Ocho (8) de julio de
Dos Mil Veinte (2020), la decisión sancionatoria de inhabilitación restringe sus derechos
políticos como los del electorado, pues, su elección corresponde al ejercicio del voto
popular, en desarrollo de un proceso de democracia participativa.

29. Finalmente, alega que, el ente demandado al proferir los actos objeto de control de
legalidad, incurrió en una vía de hecho, porque carecía de legitimación para sancionarlo
en calidad de alcalde municipal, además la omisión en la correcta aplicación de la
normatividad vigente, conllevó a una afectación al derecho a la defensa, debido proceso
y juez natural.

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Número interno: 0839-2026
Demandante: Guillermo Varela Romero
Demandado: Procuraduría General de la Nación

1.3. Contestación de la demanda

30. La parte demandada no presentó contestación de la demanda.

1.4. Sentencia de primera instancia9

31. Mediante sentencia de Veintiséis (26) de Enero de Dos Mil Veintiséis (2026) 10,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
A, se negaron las pretensiones de la demanda y no impuso condena en costas.

32. Lo anterior, en razón a que, el análisis del material probatorio existente en el
expediente, le permitió inferir de manera razonable que, para el proyecto de construcción
de la planta de tratamiento de aguas residuales I del municipio de Chía, en el sector de
las Delicias, recibió seis propuestas en 2013, de las cuales, tres fueron trasladadas a la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca para su concepto, quien lo emitió el
Veintiocho (28) enero de Dos Mil Catorce (2014), pero sin concluir o recomendar
directamente a la empresa Global Environmet Alth Solutions – Gehs, por ser la única
oferente con la tecnología BIO-KWI, como se aseveró en líbelo introductorio.

33. Precisa que, la parte actora alegó que, el pliego de cargos se formuló de manera
irregular, porque se desconoció la situación fáctica del proceso de contratación y sus
antecedentes, sin embargo, el acto de Tres (3) de agosto de Dos Mil Dieciocho (2018), a
través del cual, la Procuraduría tomó la decisión que arrojó los tres cargos imputados al
investigado, no obraba en el expediente, razón por la cual, no le fue posible examinar la
veracidad de las aseveraciones de la parte.

34. En todo caso, advirtió que, en los dos cargos por los cuales fue sancionado el aquí
demandante, no se cuestionó el objeto contractual relacionado con la PTAR, sino, la
aplicación irregular de las disposiciones normativas del régimen de contratación estatal
sobre las que se rigió el negocio jurídico, no la validez del objeto y el negocio propiamente,
así, para la Procuraduría se debió contratar por medio de licitación pública, en razón a la
pluralidad de oferentes y no de manera directa como ocurrió.

35. En lo que respecta a las providencias judiciales emanadas en acción popular,
señaló que, no ordenaron al municipio la forma o figuras jurídicas que debía agotar para
hacer cesar la vulneración de los derechos colectivos protegidos en sede judicial, luego
entonces, el cumplimiento de una providencia, en manera alguna justifica el
incumplimiento de las normas que rigen la contratación pública, ya que, una de las

9 Sistema Samai, expediente hibrido índice 46 demanda digital, folios 103-128
10 Sistema Samai, expediente digital índice 33

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Demandado: Procuraduría General de la Nación

finalidades de la administración de justicia, es el respeto y protección del estado de
derecho.

36. En cuanto a la valoración del concepto técnico No. 40 de Veintiocho (28) de enero
de Dos Mil Catorce (2014), elaborado por la Corporación Ambiental, consideró que,
contrario a lo manifestado por la parte actora, en la decisión sancionatoria sí se analizó, y
sobre ello se llegó a la conclusión que, en el documento no se recomendó contratar a la
empresa seleccionada por su tecnología ni que se contratara directamente, tal como se
desprende de la lectura del documento.

37. Resalta que, en los fallos sancionatorios se menciona la existencia de "Estudios y
Documentos previos" Sin embargo, tales documentos no se allegaron al expediente, razón
por la cual, el A quo no puede entrar a pronunciarse al respecto.

38. Con todo, señaló que, la Procuraduría consideró insuficiente los estudios
económicos y previos practicados antes de la contratación directa, para justificar la
celebración del negocio jurídico, lo que demuestra que, en los fallos sí se analizó el
contenido de los documentos precontractuales.

39. Indicó que, la parte actora no soportó probatoriamente que, la empresa contratada
contaba con la tecnología exclusiva para adelantar el proyecto de la PTAR, y conoció
desde 2013 la existencia de varias propuestas para adelantar el contrato de
aprovisionamiento, empero desestimó contratar por medio de licitación pública como lo
exige el estatuto de contratación, sin justificar de manera suficiente, las razones o
exclusividad de la tecnología por las que consideró que, la empresa Global Environmet
Alth Solutions – Gehs debía ser contratada directamente, como sucedió en 2015.

40. Por último, sobre la competencia de la entidad demandada para sancionar con
inhabilidad o suspensión al actor, como alcalde municipal, porque esas sanciones deben
estar precedidas de una investigación y condena del juez penal, el tribunal se estuvo a lo
decidido por el Consejo de Estado en el sub examine, en la providencia que revocó la
medida provisional decretada, al considerar que la Procuraduría si estaba facultada para
sancionarlo.

1.5. Recurso de apelación11

41. El apoderado judicial de la parte demandante, interpuso recurso de apelación por
medio del cual, pretende que, se revoque la sentencia proferida, para en su lugar se
concedan las pretensiones de la demanda.

11 Expediente hibrido, sistema Samai, índice 038

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Demandante: Guillermo Varela Romero
Demandado: Procuraduría General de la Nación

42. Lo anterior, bajo los siguientes cargos de apelación:

43. Error de derecho en la interpretación de la competencia de la Procuraduría -
desconocimiento del precedente y del control de convencionalidad: La decisión de
primera instancia, aplicó de manera mecánica las sentencias SU-381/24 y SU-382/24,
atribuyendo a la Procuraduría, la facultad de destituir e inhabilitar funcionarios de elección
popular, motivación con la que, incurre en error de derecho, toda vez que, desconoce que,
la Corte Interamericana y el propio Consejo de Estado, han reiterado que, el artículo 23
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sólo permite restringir derechos
políticos mediante sentencia penal de juez competente. La Corte Constitucional, en la
sentencia C-030/23, también advirtió que, la Procuraduría General de la Nación carece
de funciones jurisdiccionales para imponer inhabilidades.

44. Considera que, el tribunal ignoró la línea jurisprudencial consolidada del Consejo
de Estado que, desde 2017 (caso Gustavo Petro) y hasta 2024, declaró la nulidad de
sanciones que restringen derechos políticos por falta de competencia de la Procuraduría
General de la Nación, con lo que vulnera el principio de igualdad y la obligación de motivar
el apartamiento de un precedente vinculante.

45. Violación del debido proceso y defecto fáctico - error de hecho por valoración
probatoria deficiente: El tribunal, dio por acreditada la existencia de pluralidad de
oferentes y la improcedencia de la contratación directa, apoyándose en la presunción de
legalidad y trasladando la carga de la prueba al demandante, proceder con el que, incurre
en defecto fáctico, pues, omitió valorar pruebas esenciales, las interpretó de forma aislada
e impuso cargas probatorias desproporcionadas, así la ausencia del expediente
disciplinario impidió ejercer un control judicial completo, incurre en error manifiesto de
hecho y vulnera la carga de motivación.

46. Falta de motivación autónoma y omisión de la dimensión democrática: El A
quo no realizó análisis propio de la compatibilidad entre las normas internas y el bloque
de constitucionalidad, tampoco, valoró el impacto de la sanción en el derecho de los
electores, ni explicó por qué, la presunción de legalidad debía prevalecer sobre el principio
democrático y la participación política de la comunidad, proceder con el que considera, se
vulnera el debido proceso y genera inseguridad jurídica.

1.6. Trámite de segunda instancia

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Demandado: Procuraduría General de la Nación

47. Por auto de Quince (15) de mayo de Dos Mil Veintiséis (2026)12, el despacho
sustanciador admitió el recurso de apelación interpuesto por el extremo activo de la litis,
de acuerdo con lo establecido por el artículo 247 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

48. A la vez, en uso de la facultad oficiosa prevista en el primer inciso del artículo 213 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en virtud del
principio de eficiencia [ley 270: art. 7] y la prerrogativa concedida por el artículo 42.46 del
Código General del Proceso, se requirió a la Procuraduría General de la Nación, para que,
remitiera con destino al proceso de la referencia, la integridad del expediente disciplinario
con radicación IUS E-2017-529639 / IUC D-2017-954241, de lo cual, se ordenó correr
traslado a las partes para que se pronunciaran en lo que estimaran pertinente.

49. De acuerdo con el numeral 5° del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no se corrió
traslado a las partes para alegar.

50. La Sala, en sede de medida cautelar, por medio de auto de fecha ocho (8) de mayo
de dos mil veinticinco (2025), resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la
decisión que decretó la suspensión de los efectos de los fallos disciplinarios, en el sentido
de revocarla13.

1.6.1. Concepto Ministerio Público.

51. El señor agente del Ministerio Público, no emitió concepto de fondo.

II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia

52. De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo14, el Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación. De igual forma, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 328 del
Código General del Proceso15, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

12 Expediente digital – Samai – índice - 005
13 Expediente digital, sistema Samai, cuaderno no asociado, índice 025
14 El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja
cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del
que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
15 “ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse

solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar

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Número interno: 0839-2026
Demandante: Guillermo Varela Romero
Demandado: Procuraduría General de la Nación

2.2. Problema jurídico

53. Corresponde a la Sala, resolver lo siguiente:

i) ¿La Procuraduría General de la Nación tenía competencia, para investigar
e imponer sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad al exalcalde de
Chia Cundinamarca, señor Guillermo Varela Romero, en su condición de
servidor público elegido a través de voto popular?
ii) ¿El A quo incurrió en indebida valoración probatoria, al considerar
sustentadas las decisiones disciplinarias, en la existencia de pluralidad de
oferentes, pese a no contar con el expediente disciplinario?

54. Con el fin de resolver los problemas jurídicos, se abordarán los siguientes aspectos:
2.3. Competencia de la Procuraduría General de la Nación para investigar y sancionar
disciplinariamente servidores públicos de elección popular 2.4. control integral de los actos
disciplinarios, 2.5. Hechos probados y 2.5. Caso concreto.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso concreto16.

2.3.1. Competencia de la Procuraduría General de la Nación para investigar y
sancionar disciplinariamente servidores públicos de elección popular.

55. La Sala, en guarda de la seguridad e igualdad de resolución jurídica en casos de
contornos fácticos y jurídicos similares, traerá a continuación el derrotero normativo y
jurisprudencial esbozado por esta sección, sobre la competencia de la Procuraduría
General de la Nación para investigar y sancionar disciplinariamente servidores públicos
de elección popular, así17:

«A efectos de determinar la competencia de la PGN para ejercer la potestad disciplinaria frente
a los servidores públicos de elección popular, se hace necesario analizar la evolución

de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la
sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la
apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en
costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que
en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el
trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia.”
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección B, consejero

ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera, sentencia del Cinco (5) de marzo de Dos Mil Veintiséis
(2026). radicado76001-23-33-000-2021-00976-01 (0285-2025).
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, magistrada

ponente: Elizabeth Becerra Cornejo, sentencia del doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 15001-23-33-000-2019-00194-01 (4510-2021), tema: competencia de la PGN para sancionar
servidores públicos elegidos por voto popular.

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Demandado: Procuraduría General de la Nación

jurisprudencial, que, bajo un criterio sistemático de interpretación, ha permitido validarla en
dicho escenario.

Para tal efecto, la Sala identifica 3 momentos significativos, a saber:

• El primero, definido por los criterios establecidos por la Corte Constitucional sobre la
potestad sancionadora de la PGN frente a los servidores públicos de elección popular, a
partir del análisis de constitucionalidad de algunas disposiciones de la Ley 734 de 2002, y
de la revisión, en sede de tutela, del caso de la exsenadora Piedad Córdoba Ruiz.

• El segundo, centrado en el caso Petro Urrego y su resolución tanto en el ámbito judicial
nacional e internacional.

• El tercero, que corresponde a la incidencia de la sentencia del 8 de julio de 2020 de la
Corte Interamericana de Derecho Humanos en la jurisprudencia de la Corte Constitucional
y del Consejo de Estado.

2.3.1.1 Primer momento: hacia la validación de la competencia disciplinaria de la PGN
frente a servidores públicos de elección popular.

Este periodo estuvo caracterizado por distintos enfoques interpretativos ante la tensión
existente entre la potestad del procurador general de la Nación, es decir, de una autoridad
administrativa, de «ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen
funciones públicas, inclusive las de elección popular», como lo señala el artículo 277.6 de la
Constitución Política, y la garantía prevista en el artículo 23 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, consistente en que las restricciones de los derechos políticos solo son
procedentes en virtud de: (a) una ley por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma,
instrucción, capacidad civil o mental, o (b) como consecuencia de una condena por juez
competente, en proceso penal.

En este contexto, durante más de dos décadas la Corte Constitucional se ocupó del asunto,
adoptando 3 enfoques interpretativos: uno restrictivo, otro integrador y finalmente uno amplio,
así:

• En la sentencia C-551 de 2003, se sostuvo una lectura restrictiva del artículo 23 de la
CADH, señalando que la limitación de derechos políticos debía derivarse de una condena
penal.

• Luego, en la sentencia C-028 de 2006, la Corte adoptó un enfoque integrador,
argumentando que el artículo 23 de la CADH debía interpretarse sistemáticamente con
otros tratados internacionales, en especial aquellos que promovían la lucha contra la
corrupción. Lo anterior para concluir que el artículo 23 de la CADH no se oponía a que los
legisladores internos establecieran sanciones disciplinarias que implicaran la suspensión
temporal o definitiva del derecho de acceso a cargos públicos, con miras a combatir el
fenómeno de la corrupción.

• Finalmente, en la sentencia SU-712 de 2013 (caso de la exsenadora Piedad Córdoba Ruiz)
y en fallos posteriores como las sentencias C-500 de 2014 y C-101 de 2018, la Corte
sostuvo una interpretación amplia, validando la competencia de la PGN para imponer
sanciones que afectaran derechos políticos, siempre que se respetaran las garantías del
debido proceso.

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A partir de lo dicho, la Corte Constitucional, hasta el año 201918, desarrolló una línea
jurisprudencial orientada a validar la competencia de la PGN para imponer sanciones
disciplinarias, incluso si con ellas se restringía el ejercicio de derechos políticos.

2.3.3.2. Segundo momento: caso Petro Urrego y su resolución en el ámbito judicial
nacional e internacional

De manera paralela al desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional, la Sala Plena de lo
Contencioso–Administrativo del Consejo de Estado, mediante sentencia del 15 de noviembre
de 201719, en ejercicio del control de convencionalidad, consideró que la sanción disciplinaria
de destitución e inhabilidad general por 15 años impuesta al exalcalde de Bogotá, Gustavo
Francisco Petro Urrego, era contraria a la exigencia prevista en el artículo 23.2 de la CADH, en
la medida en que no fue impuesta por un juez competente en el marco de un proceso penal.

Para llegar a esta conclusión, la corporación consideró que la sentencia C-028 de 2006 hizo
tránsito a cosa juzgada constitucional solo parcialmente, pues no abordó los casos en los que
las sanciones disciplinarias no estaban relacionadas con actos de corrupción. Con base en ello,
concluyó que la PGN carecía de competencia para imponer restricciones a derechos políticos
en ausencia de condena penal, invocando el principio pacta sunt servanda y la protección del
principio democrático y la soberanía popular de los electores.

En consecuencia, se anuló la sanción impuesta al exalcalde Gustavo Petro, al establecer que
la Procuraduría solo podía imponer sanciones restrictivas de derechos políticos por conductas
constitutivas de corrupción. En los demás eventos, consideró que se debe acudir a un juez
penal para tal fin. En esa oportunidad, se enfatizó que el exalcalde no había sido condenado
penalmente y, por lo tanto, mantenía su presunción de inocencia, lo que hacía inaplicable la
restricción impuesta.

A su turno, la CIDH en sentencia del 8 de julio de 2020 al referirse al anterior asunto, concluyó
que el Estado colombiano violó los derechos políticos del exalcalde Gustavo Petro Urrego al
permitir que una autoridad administrativa, como la PGN, le impusiera una sanción de
destitución e inhabilidad, sin que mediara una condena penal proferida por juez competente,
como lo exige el artículo 23.2 de la CADH. De ese modo, esta restricción, al no derivarse de un
proceso penal, en criterio de la Corte Interamericana, resultó incompatible con los estándares
del sistema interamericano, afectando no solo al funcionario elegido, sino también a los
ciudadanos que lo eligieron, en contravía del principio democrático y de la soberanía popular.

Adicionalmente, advirtió que el marco normativo colombiano, al facultar a órganos
administrativos para imponer sanciones que restringen derechos políticos, vulneró el deber de
adecuación del derecho interno a la CADH, previsto en su artículo 2, por lo que instó al Estado
colombiano a adoptar reformas estructurales que garanticen la no repetición de esos hechos.
46. Precisamente, en cumplimiento de esta orden, se tramitó —por iniciativa de la PGN— una
reforma legislativa que culminó con la expedición de la Ley 2094 de 2021, mediante la cual se
dotó al referido órgano de control de funciones jurisdiccionales en materia disciplinaria, con el
fin de armonizar el ordenamiento interno con los estándares del sistema interamericano de
derechos humanos, facultades jurisdiccionales que finalmente fueron consideradas contrarias
a la carta política en la sentencia C-030 de 2023.

Dentro de las novedades introducidas por la Ley 2094 de 2021, se previó que el recurso
extraordinario de revisión procedería contra las decisiones sancionatorias ejecutoriadas
dictadas por la PGN contra servidores públicos de elección popular, en ejercicio de la potestad
disciplinaria.

18 C-086 de 2019 y C-111 de 2019 y T-433 de 2019.
19 Rad. 110010325000201400360 00.

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2.3.3.3. Tercer momento: la incidencia de la sentencia del 8 de julio de 2020 de la Corte
Interamericana sobre Derechos Humanos en la jurisprudencia de la Corte Constitucional
y el Consejo de Estado

Con posterioridad al pronunciamiento de la CIDH, la Corte Constitucional se ocupó nuevamente
del tema, a propósito del control de constitucionalidad frente a algunos artículos de las leyes
136 de 1994, 617 de 2000 y 2094 de 2021. A su turno, el Consejo de Estado hizo lo propio,
esta vez desde el pleno de la Sección Segunda y, posteriormente, por la Sala Plena de lo
Contencioso–administrativo, con ocasión del mencionado recurso de revisión contra las
sanciones disciplinarias de suspensión y destitución impuestas a servidores públicos de
elección popular.

De los pronunciamientos de la Corte Constitucional se destacan las sentencias C-146 de 2021
y C-030 de 2023. Del Consejo de Estado una sentencia del 11 de octubre de 2023 de la Sección
Segunda, y un auto del 3 de diciembre de 2024 de la Sala Plena de lo Contencioso–
administrativo, providencias respecto de las cuales se resalta lo siguiente:

2.3.3.3.1. Sentencias C-146 de 2021 y C-030 de 2023

En un contexto marcado por la sentencia del Consejo de Estado que declaró la nulidad de la
sanción impuesta al exalcalde Gustavo Petro Urrego, la condena al Estado colombiano
proferida por la CIDH con ocasión del mismo asunto y la entrada en vigor de una reforma legal
que otorgó funciones jurisdiccionales a la PGN, la Corte Constitucional volvió a ocuparse del
tema en la sentencia C-146 de 2021.

En esta oportunidad, si bien la Corte aludió a la necesidad de una interpretación sistemática y
armónica del bloque de constitucionalidad, también hizo especial énfasis en las diferencias
existentes entre el bloque de constitucionalidad y el control de convencionalidad: el primero
parte de la supremacía constitucional, el segundo de la supremacía convencional. Asimismo,
explicó que el artículo 23 de la CADH no debe interpretarse literalmente, sino de manera
coherente con todo el texto de la Convención, con otros tratados internacionales y con la
Constitución, en atención al margen de apreciación estatal que propicia las interacciones
judiciales o el diálogo judicial internacional.

En estos términos, la Corte concluyó que el artículo 23.2 de la CADH autoriza a los Estados a
establecer limitaciones a los derechos políticos mediante ley, siempre que obedezcan a
criterios objetivos. Asimismo, se precisó que dicha disposición permite que los jueces —sin
importar su especialidad— impongan restricciones a dichos derechos, siempre que se respeten
plenamente las garantías del debido proceso.

El anterior no ha sido el único pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre esta materia
tras la sentencia de la CIDH en el caso Petro Urrego contra Colombia. En efecto, con ocasión
de una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1 de la Ley 2094 de 2021 —que
atribuía funciones jurisdiccionales a la PGN—, la Corte en sentencia C 030 de 2023 se
pronunció nuevamente sobre el tema y declaró dicha atribución contraria al artículo 116 de la
Constitución20.

A juicio del tribunal constitucional, la norma acusada no implicó el traslado de competencias
originalmente asignadas a jueces, sino la variación en la naturaleza de una potestad de la que
ya era titular dicho organismo de control, vulnerando así el principio de excepcionalidad que
rige la atribución de funciones jurisdiccionales a autoridades administrativas.

20 «Artículo 116. […] Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a

determinadas autoridades administrativas. Sin embargo, no les será permitido adelantar la instrucción de
sumarios ni juzgar delitos. […]».

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La Corte estableció como regla jurisprudencial, con base en una interpretación armónica y
dialógica del artículo 23.2 de la CADH dentro del bloque de constitucionalidad, que toda
restricción o limitación temporal al derecho a ser elegido de un servidor público en ejercicio de
sus funciones, debe estar sujeta a reserva judicial. Es decir, solo puede imponerse de forma
definitiva por un juez de la República, sin importar su especialidad, salvo las excepciones
expresamente previstas en la Constitución.

Por último, frente al recurso extraordinario de revisión que procede contra este tipo de
decisiones sancionatorias, la Corte lo reconoció como un «remedio constitucional» válido que
garantiza el derecho al juez natural. Este recurso debe tramitarse de forma obligatoria, ordinaria
e inmediata, sin que esté condicionado a causales taxativas de procedencia, asegurando el
ejercicio pleno del derecho de defensa del disciplinado.

2.3.3.3.2. Sentencia del 11 de octubre de 2023 de la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado

En cuanto a los pronunciamientos del Consejo de Estado, no puede pasarse por alto la
sentencia del 11 de octubre de 202321, mediante la cual el pleno de la Sección Segunda, con
ocasión de la sanción de destitución e inhabilidad general por 10 años y 3 meses impuesta a
un servidor público elegido por voto popular, se pronunció sobre esta temática. En dicha
providencia se señaló que, en acatamiento del precedente interamericano del 8 de julio de 2020
y atendiendo al principio pro homine, el estándar convencional resultaba más favorable al
entonces demandante que lo dispuesto en el ordenamiento interno. Por lo tanto, era procedente
aplicar la excepción de inconvencionalidad respecto del ordenamiento nacional y, en
consecuencia, anular los actos administrativos sancionatorios demandados, expedidos en el
año 2012.

La ratio decidendi de dicha sentencia fue posteriormente replicada por ambas Subsecciones
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo que permitió que esta corporación declarara
la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se impusieron sanciones
disciplinarias a servidores públicos elegidos por voto popular, sin tener en consideración si
dichos actos fueron expedidos bajo la vigencia del criterio integrador o de interpretación
armónica establecido por la Corte Constitucional en la sentencia C-028 de 2006 o con
posterioridad al fallo de la CIDH en el caso Petro Urrego contra Colombia.

No obstante, frente al nuevo panorama jurisprudencial trazado por las sentencias C 146 de
2021 y C-030 de 2023, la PGN promovió acciones de tutela contra múltiples decisiones
judiciales que acogieron la tesis establecida por la Sala Plena de lo Contencioso–Administrativo
en la sentencia del 15 de noviembre de 2017 (caso Petro Urrego en el Consejo de Estado) y,
a su turno, por la Sala Plena de la Sección Segunda en la providencia del 11 de octubre de
2023, alegando la vulneración de su derecho al debido proceso por el desconocimiento del
precedente constitucional vinculante contenido en las referidas sentencias.

60. Con ocasión de esta situación, la Corte Constitucional, en las sentencias SU-381 de 2024
(caso Merlano), SU-382 de 2024 (caso Abadía) y SU-417 de 2024, y, a su turno, la Sección
Quinta y la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante sentencias
del 31 de octubre de 202422 y del 24 de febrero de 202523, en sede de revisión y de tutela,
respectivamente, ampararon el derecho al debido proceso de la PGN, por lo que se dejaron sin

21 Rad.15001-23-33-000-2014-00564-01
22 Sala Plena de lo Contencioso–Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 31 de octubre de 2024. Rad.

11001 03-15-000-2024-03021-01.
23 Sala Plena de lo Contencioso–Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 24 de febrero

de 2025. Rad. 11001-03-15-000-2024-04153-00 (acumulado)

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efectos varias sentencias proferidas por la Sección Segunda con fundamento en la tesis
inicialmente acogida.

Estas decisiones concluyeron al unísono que, al momento de la expedición de los actos
administrativos sancionatorios, existía una «tesis consolidada de la Corte Constitucional que
avalaba la competencia de la Procuraduría General de la Nación para sancionar, con
destitución e inhabilidad, a servidores públicos de elección popular, respecto de la cual las
Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado se apartaron
indebidamente»24.

Como consecuencia de lo anterior, la Sección Segunda del Consejo de Estado se ha visto en
la necesidad de proferir múltiples sentencias en cumplimiento de las órdenes impartidas en
sede de revisión por la Corte Constitucional y, en tutela, por otras secciones de la misma
corporación. A partir de estas providencias y de las aclaraciones de voto de algunos
magistrados, es posible identificar dos posiciones en relación con el alcance de las órdenes de
cumplimiento y sus implicaciones jurisprudenciales.

• Tesis 1: Si bien se da cumplimiento a una sentencia de tutela, lo cierto es que dicha
decisión no está alineada con la interpretación reiterada de la CIDH sobre el alcance del
artículo 23.2 de la CADH, lo que podría constituir un incumplimiento del principio pacta
sunt servanda. Al otorgar primacía a normas internas contrarias al derecho internacional
vigente, es posible comprometer la responsabilidad internacional del Estado colombiano,
al desconocer el deber de ejercer el control de convencionalidad por parte de los jueces
nacionales.

• Tesis 2: Se trata de decisiones judiciales de cumplimiento en las que debe acatarse lo
ordenado por una sentencia de tutela, y en ese marco, no es pertinente referirse a la
aplicación del control de convencionalidad, toda vez que al momento de expedirse los
actos administrativos sancionatorios existía una línea jurisprudencial clara y consolidada
—tanto de la Corte Constitucional como de la Sala Plena del Consejo de Estado— que
reconocía la validez de la competencia de la PGN para sancionar a servidores públicos
elegidos por voto popular. Dicha jurisprudencia desarrolló una interpretación sistemática y
armónica del artículo 23.2 de la CADH, en concordancia con el bloque de
constitucionalidad y el margen de apreciación estatal, lo que justificaba limitar el análisis al
control de legalidad de los actos sin extenderse al debate convencional en ese contexto
específico.

2.3.3.3.3. Del auto de unificación jurisprudencial —para sentar jurisprudencia— del 3 de
diciembre de 2024

Por último, la Sala Plena de lo Contencioso–Administrativo, a través de auto de unificación
jurisprudencial del 3 de diciembre de 2024, sentó jurisprudencia en torno a la procedencia y
trámite del recurso extraordinario de revisión previsto en la Ley 2094 de 2021. 64. La situación
procesal que dio origen a esta decisión se derivó de la negativa a avocar el conocimiento de
un recurso presentado con anterioridad a la sentencia C-030 de 2023, con fundamento en que
la Ley 2094 de 2021: (a) vulneraba la CADH al facultar a autoridades no judiciales para restringir
derechos políticos; (b) omitió garantías como la doble instancia y el debido proceso; (c)
desnaturaliza la función jurisdiccional del Consejo de Estado; y (d) fue tramitada la referida ley
sin observar el procedimiento exigido para las leyes estatutarias.

La Sala Plena de lo Contencioso–Administrativo, mediante auto proferido el 3 de diciembre de
2024, sentó jurisprudencia sobre la materia en cuestión. Con tal propósito acogió expresamente

24Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso–Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 24 de febrero de 2025. Rad. 11001-03-15-000-2024-04153-00 (acumulado)

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el criterio establecido por la Corte Constitucional en la sentencia C-030 de 2023 y, en ese
sentido, reconoció que la competencia para tramitar y resolver dicho recurso recae en la
jurisdicción de lo contencioso–administrativo, al considerar que este mecanismo es compatible
con la Constitución Política de 1991 y con los artículos 8 y 23.2 de la CADH, con sujeción a los
ajustes y modulaciones dispuestos por la Corte en dicha sentencia.

Asimismo, la decisión de unificación reconoció que, tras el juicio efectuado por la Corte
Constitucional en la sentencia C-030 de 2023 —mediante la cual se declaró ajustada a la
Constitución la facultad sancionatoria de la PGN frente a servidores públicos elegidos por voto
popular en la Ley 2094 de 2021, así como la procedencia del recurso extraordinario de revisión
frente a dichas sanciones—, no resultaba jurídicamente admisible reabrir el debate sobre su
compatibilidad con la Constitución, la CADH o la jurisprudencia de la CIDH, toda vez que este
punto ya había sido resuelto por el juez constitucional competente.

Con sustento en esas consideraciones, la Sala Plena de lo Contencioso– administrativo fijó
siete reglas jurisprudenciales a las cuales la Sala se referirá de manera sucinta, con fines de
ilustración, así:

• Regla 1: procedencia del recurso. El recurso extraordinario de revisión solo procede contra
sanciones de destitución, suspensión o inhabilidad impuestas por la Procuraduría a
servidores de elección popular, cuando estas afecten el ejercicio de su mandato o generen
inhabilidades futuras. Esta regla responde a la necesidad de proteger el derecho a ser
elegido y la representación política, conforme a la CADH y a la sentencia C-030 de 2023.

• Regla 2: suspensión de la sanción. La ejecución de la sanción disciplinaria queda
suspendida mientras se resuelve el recurso extraordinario de revisión, incluso hasta la
resolución de la doble conformidad si llegare a formularse. Esta regla busca evitar un
perjuicio irremediable al sancionado y asegurar la efectividad del control judicial.

• Regla 3: intervención del sancionado. El disciplinado puede intervenir directamente o
mediante apoderado dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la decisión
sancionatoria, para ejercer su derecho de defensa, presentar pruebas y formular cargos.
Esta regla garantiza el acceso efectivo a la justicia y al debido proceso, sin formalismos
excesivos, en concordancia con el artículo 57 de la Ley 2094 y la sentencia C-030 de 2023.

• Regla 4: auto que avoca conocimiento. El trámite del recurso se inicia con auto que avoca
conocimiento, y no aquel que admite el recurso, y se notifica tanto a la Procuraduría como
al sancionado. Esta regla obedece al carácter automático del recurso, según lo establecido
por la Corte Constitucional, con el propósito que el disciplinado ejerza su defensa sin trabas
procedimentales.

• Regla 5: procedencia, oportunidad y trámite del recurso de doble conformidad. Cuando la
sentencia que resuelve el recurso extraordinario declara ajustada al ordenamiento jurídico
la sanción disciplinaria, procede el recurso de doble conformidad, el cual debe tramitarse
según el artículo 247 del CPACA. Esta garantía, de origen convencional, asegura que la
sanción sea revisada por un juez distinto, maximizando la garantía al debido proceso y la
imparcialidad.

• Regla 6: Competencia para resolver el recurso de doble conformidad. El recurso de doble
conformidad será resuelto por la Sala Especial de Decisión siguiente en orden numérico,
excluyendo al magistrado que ya conoció del caso. Esta medida garantiza la imparcialidad
judicial y evita que un mismo juez intervenga en ambas instancias, conforme al modelo de
justicia disciplinaria modulado por la Corte.

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• Regla 7: control Integral. El juez contencioso debe ejercer un control integral de legalidad,
constitucionalidad y convencionalidad sobre la actuación disciplinaria. Esta regla reafirma
la reserva judicial y la tutela efectiva de derechos fundamentales, y obliga al juez a valorar
todo el procedimiento y sus efectos conforme al bloque de constitucionalidad.

El recuento sobre la potestad disciplinaria de la PGN frente a servidores públicos de elección
popular evidencia un proceso dinámico de ajuste institucional y jurisprudencial, en el que, según
lo reconoce la Corte Constitucional, el diálogo entre tribunales ha sido clave para armonizar el
derecho interno con los estándares internacionales. La construcción de una interpretación
coherente del artículo 23.2 de la CADH reafirma la importancia de la reserva judicial y refuerza
la seguridad jurídica, la protección de los derechos políticos y la vigencia del principio
democrático en el Estado constitucional de derecho.»

2.4.1. Precedente de unificación de control integral de los actos disciplinarios.

56. Esta Corporación judicial en sentencia SU-00316 de 2016, estudió la legalidad de las
sanciones disciplinarias proferidas por la Procuraduría General de la Nación en contra de
la señora Piedad Esneda Córdoba, proceso que fijó postura de unificación respecto a los
actos proferidos por el ente de control disciplinario, en el sentido que corresponde al juez
de la Jurisdicción Contencioso Administrativo efectuar un control integral de los actos
sancionatorios, respecto a lo cual se precisó:

«[…] Según lo discurrido, ha de concluirse que el control judicial es integral, lo cual se entiende
bajo los siguientes parámetros: 1) La competencia del juez administrativo es plena, sin
“deferencia especial” respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción
disciplinaria. 2) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a
la de cualquier acto administrativo. 3) La existencia de un procedimiento disciplinario
extensamente regulado por la ley, de ningún modo restringe el control judicial. 4) La
interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria, es controlable
judicialmente en el marco que impone la Constitución y la ley. 5) Las irregularidades del
trámite procesal, serán valoradas por el juez de lo contencioso administrativo, bajo el amparo
de la independencia e imparcialidad que lo caracteriza. 6) El juez de lo contencioso
administrativo no sólo es de control de la legalidad, sino también garante de los derechos. 7)
El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción disciplinaria. 8) El
juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial efectiva.»

57. Con estos fundamentos, la Sala Plena de lo Contencioso de este órgano colegiado,
estableció las siguientes reglas:

«Primero: Se unifica el alcance del control judicial de los actos administrativos proferidos por
los titulares de la acción disciplinaria regulada en la Ley 734 de 2002, en los siguientes
términos:

1. La jurisdicción de lo contencioso administrativo ejerce el control judicial integral[79] de los
actos administrativos sancionatorios, proferidos por los titulares de la acción disciplinaria
regulada en la ley 734, con el fin de garantizar la tutela judicial efectiva.

2. El control que ejerce la jurisdicción de lo contencioso administrativo, constituye el recurso
judicial efectivo en los términos del ordinal 1.º del artículo 25 de la Convención Americana de
Derechos Humanos.»

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58. Conforme lo expuesto, corresponde a los jueces ejercer un control integral de los actos
administrativos disciplinarios, para garantizar la tutela judicial de la persona sancionada,
siendo un postulado de la Constitución Política, el respeto de la dignidad humana, el
trabajo, asegurando dentro los fines la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

59. En ese sentido, el juez contencioso administrativo no puede pasar por alto la
jurisprudencia de esta Sección que, mediante providencia del 6 de febrero de 2020,
explicó que, la responsabilidad disciplinaria nace cuando se comprueba la concurrencia
de los siguientes elementos: (i) el juicio de adecuación para determinar la tipicidad; (ii) la
valoración para definir la ilicitud sustancial; y (iii) el reproche para analizar la culpabilidad25.

60. Por otro lado, con relación a la culpabilidad, en providencia del 26 de septiembre de
2019, se determinó que «antes de constatar si hubo culpabilidad del sujeto, la tipicidad y
la ilicitud sustancial del comportamiento han de estar demostradas»26.

2.4. Hechos probados

61. A continuación, procede la Sala a analizar las particularidades del caso objeto de
juzgamiento frente al marco normativo que rige la materia. En ese sentido, y con base en
el material probatorio aportado al plenario y de acuerdo con los hechos constatados por
esta Subsección, se destaca:

De la orden judicial relacionada con la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
del municipio de Chía

62. El Veintinueve (29) de enero de Dos Mil Diez (2010), el Juzgado Cuarto Administrativo
del Circuito de Bogotá, sección Primera, profirió sentencia dentro de la acción popular
instaurada en contra del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR- municipio de Chia, por medio
de la cual, se ordenó27:

«PRIMERO: Declarar no probadas las excepciones propuestas.

SEGUNDO: Proteger los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y a la salubridad pública
amenazados y/o vulnerados por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR – y al
municipio de Chía al no ejercer un control efectivo sobre los malos olores provenientes de la Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales del municipio de Chía, objeto de esta acción popular.

TERCERO: Ordenar a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR – y al municipio
de Chía que dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de esta Sentencia lleve a cabo los

25 Radicación número: 250002342000201306021 01 (3003-2017) M.P William Hernández Gómez.
26 Radicación número: 110010325000201200490 00 (1972-2012) M.P Ponente William Hernández Gómez.
27 Expediente digital, sistema Samai, índice 002 anexos, folios 8-32

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estudios pertinentes que permitan establecer los mecanismos de control y mitigación de los malos
olores provenientes de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del municipio de Chía, objeto
de esta acción popular. Además, se ordena que la construcción de las obras o la adopción de las
medidas técnicas que resulten del estudio ordenado para controlar y mitigar los malos olores deberán
realizarlas la CAR y el municipio de Chía en un término no mayor de nueve (9) meses contados a
partir del vencimiento del primer término señalado.

CUARTO: Disponer que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial vigile el
cumplimiento de la anterior orden e informe al Juzgado sobre su ejecución.

(…)»

63. En contra de la anterior decisión, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, presentaron recurso de
apelación, los cuales, fueron resueltos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
sección primera, subsección C en descongestión, por medio de la sentencia adiada
Veintidós (22) de septiembre de Dos Mil Once (2011), en el sentido de confirmar la
sentencia recurrida28.

64. Por medio de auto proferido el Veinte (20) de octubre de Dos Mil Once (2011), el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección primera, subsección A, en virtud de la
solicitud de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca consistente en la
revisión del fallo por parte del H. Consejo de Estado, ordenó enviar el expediente al alto
tribunal29, quien, al revisar las órdenes judiciales, las encontró ajustadas a derecho30.

De la calidad de alcalde del municipio de Chia, Cundinamarca.

65. El Treinta (30) de Diciembre de Dos Mil Once (2011), el señor Guillermo Varela
Romero, ante el Notario Segundo del Círculo de Chia – Cundinamarca, tomó posesión del
cargo de alcalde del municipio de Chia, por el periodo comprendido entre el Primero (1)
de enero de Dos Mil Doce (2012) al Treinta y Uno de diciembre de Dos Mil Quince (2015),
tras resultar elegido por voto popular31.

Etapa precontractual y contractual objeto de análisis.

66. En el Dos Mil Trece (2013), se radicó ante el Departamento de Prosperidad Social, el
proyecto de adecuación de las instalaciones y operación de la planta de tratamiento de
aguas residuales PTAR Chia32.

28 Expediente digital, sistema Samai, índice 002 anexos, folios 35-52
29 Expediente digital, sistema Samai, índice 002 anexos, folio 33
30 Expediente digital, sistema Samai, índice 002 anexos, folios 54-59
31 Expediente digital, sistema Samai, cuaderno 7, folios 15-16
32 Expediente digital, sistema Samai, cuaderno 8, CD folio 44b, archivo estudios y documentos previos, folio

2-26

21

Número interno: 0839-2026
Demandante: Guillermo Varela Romero
Demandado: Procuraduría General de la Nación

67. El secretario de obras públicas manifestó al Ceo presidente de la Sociedad Global
Environment Alth Solutions de Colombia, que, el municipio de Chia está interesado en
adelantar la selección del proveedor de la tecnología a implementar, para el tratamiento
de aguas residuales PTAR Chia I- Delicias Sur, en el marco del contrato de leasing
financiero celebrado por el municipio de Chia", por lo que, lo invita a cotizar los bienes y
servicios que se indican en el documento anexo (el cual se constituye como una guía en
la elaboración de su cotización), para lo cual, debe tener en cuenta las especificaciones
técnicas exigidas y las siguientes condiciones:
«Tipo de contrato:
Forma de pago: Se realizará mediante contrato de leasing No 181565 del 28 de Septiembre de
2015 por la Entidad Financiera LEASING BANCOLOMBIA.
Forma de entrega:
Lugar de entrega de los bienes y servicios descritos: Municipio de Chía, sector DELICIAS
SUR I, donde actualmente operan las lagunas de oxidación.
Garantías requeridas: Las garantías serán las exigidas por la Entidad Financiera LEASING
BANCOLOMBIA.
Su cotización puede ser entregada en la Secretaría de Obras Públicas, hasta el día…
Al elaborar su cotización, por favor tenga en cuenta todos los costos directos e indirectos en que
se pueda incurrir, así mismo los impuestos, tasas y contribuciones municipales, departamentales
y nacionales, que aplican para este tipo de contratos.»

68. Como respuesta a la anterior solicitud, el Ceo presidente de la Sociedad Global
Environment Alth Solutions de Colombia, presentó la siguiente cotización33:
«

Esta cotización incluye todos los costos directos e indirectos, así mismo los impuestos, tasas
y contribuciones municipales, departamentales o nacionales, aplicables a este tipo de bienes
y de contrato. Igualmente incluye el transporte al sitio de instalación, montaje, puesta en
funcionamiento y capacitación del personal asignado para su operación con
acompañamiento de seis meses»

33 Expediente digital, sistema Samai, cuaderno 8, CD folio 44b, archivo estudios y documentos previos, folio

29-30

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Número interno: 0839-2026
Demandante: Guillermo Varela Romero
Demandado: Procuraduría General de la Nación

69. El Veinticinco (25) de octubre de Dos Mil Trece (2013), el secretario de planeación del
municipio de Chia, solicitó a la Sociedad Global Environment Alth Solutions,
complementación de propuesta cambio sistema PART CHIA I, municipio de Chia, con el
objeto de realizar evaluación y definir qué empresa hace la mejor propuesta tanto técnico,
de calidad y económica que beneficie al municipio34.

70. El Veintiuno (21) de noviembre de Dos Mil Trece (2013), la Sociedad Global
Environment Alth Solutions, dio respuesta a la anterior solicitud35.

71. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca emitió el concepto técnico
ambiental SDAS No. 40, del Veintiocho (28) de enero de Dos Mil Catorce (2014), sobre
tecnologías planta tratamiento de aguas residuales del municipio de Chia36, donde se
señaló que «el municipio manifestó en su oficio que recibió seis (6) propuestas a saber:
ACCIONA AGUA S.A.U, DORLEOP LTDA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL,
EDOSPINA S.A.S., GEHS GLOBAL ENVIRONMENT AND HEALTH SOLUTIONS, PRO-
SISTEMAS AQUA LTDA, NORTHLAND AUTOMATION AND SERVICE COLOMBIA
S.A.S.

72. El Veintiuno (21) de agosto de Dos Mil Catorce (2014), el señor Guillermo Varela
Romero en calidad de alcalde de Chia, informó a Pasi Santa Inés – Costanera, Fundación
Saldarriaga Concha y Mustaffa Hermanos y CIA S en C, aspectos relacionados con la
selección para el diseño, Construcción y Puesta en Marcha llave en mano de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales Sector Delicias Sur Intersección Calle 19 Carrera 5 Este
Chía, de lo cual se resalta que, a dichas empresas se les precisó: «que de acuerdo con
los estudios técnicos, jurídicos y financieros adelantados por servidores públicos de esta
municipalidad, la empresa recomendada para adelantar el proyecto de diseño
construcción y puesta en marcha Llave en Mano de la planta de tratamiento de aguas
residuales (PTAR) de la referencia, es la firma Global Environment And Health
Solutions LLC – G.E.H.S, respaldada en Colombia por la empresa fabricante de la planta
DEINCOKWI S.A. DE C.V, tal como se informó en la reunión realizada el pasado martes
8 de Julio del presente año37.»

73. La anterior recomendación, encuentra la Sala tiene sustento en el documento donde
consta la verificación jurídica, técnica y económica modalidad: contratación directa, cuyo
contenido textualmente se trae a colación:

34 Expediente digital, sistema Samai, índice 002 anexos, folios 4-7
35 Expediente digital, sistema Samai, índice 002 anexos, folios 65-66
36 Expediente digital, sistema Samai, índice 002 anexos, folios 69-
37 Expediente digital, sistema Samai, índice 002 anexos, folio 72-75

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Número interno: 0839-2026
Demandante: Guillermo Varela Romero
Demandado: Procuraduría General de la Nación

74. El Veinticuatro (24) de febrero de Dos Mil Quince (2015), el secretario de planeación
del municipio de Chia, certificó:38

«Que en el plan de desarrollo municipal "CHÍA, TERRITORIO INTELIGENTE E
INNOVADOR PARA LA VIGENCIA 2012-2015" en el TÍTULO II EJES
ESTRUCTURALES DEL PLAN DE DESARROLLO, Políticas, Estrategias, Programas,
Metas y Proyectos; CAPÍTULO IV EJE AMBIENTE, REORDENAMIENTO
TERRITORIAL, EQUIPAMIENTO Y MOVILIDAD Artículo 27° METAS del EJE
AMBIENTE, REORDENAMIENTO TERRITORIAL, EQUIPAMIENTO Y MOVILIDAD, en
el PLAN MAESTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS aprobado en el Acuerdo No. 17 del 22
de junio de 2012 por el Concejo Municipal de Chía, Cundinamarca, está contemplado el
proyecto: "OPTIMIZACIÓN, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR CHÍA I DELICIAS SUR."»

75. De igual forma, el secretario de planeación del municipio de Chia, certificó39:

38 Expediente digital, sistema Samai, índice 002 anexos, folio 3
39 Expediente digital, sistema Samai, índice 002 anexos, folio 61

24

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«Que los colectores de aguas residuales del Sistema de Acueducto, Alcantarillado y
Aseo que llegan a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR I – Delicias Sur
son Mercedes de Calahorra – Avenida Pradilla – 20 de Julio y Samaría, aferrentes al
Río Bogotá, caudales que van a ser utilizados para la “OPTIMIZACIÓN, DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PTAR CHÍA I – DELICIAS SUR”.»

76. El Veintiocho (28) de abril de Dos Mil Quince (2015), el Concejo municipal de Chia –
Cundinamarca, expidió el Acuerdo No. 75, por medio del cual, se concedieron facultades
al alcalde municipal de Chia para realizar una operación de crédito público, vía leasing,
requerido para la financiación del proyecto “OPTIMIZACIÓN, DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR
CHÍA I DELICIAS SUR” incluido en el Plan de Desarrollo “CHÍA TERRITORIO
INTELIGENTE E INNOVADOR” 2012 – 2015, hasta por una cuantía máxima de
DIECINUEVE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. ($19.000’000.000). 40,

77. La alcaldía de Chia, por medio de la Secretaría de Planeación, realizó el análisis del
sector, modalidad: mínima cuantía, convenio de régimen especial y contratación directa,
objeto contractual «Selección de proveedor de la tecnología a implementar para el
tratamiento de aguas residuales PTAR Chia – Delicias Sur, en el marco del contrato de
leasing financiero celebrado por el municipio de Chia41»

78. El Dieciocho (18) de junio de Dos Mil Quince (2015), el señor Guillermo Varela Romero
en calidad de alcalde del municipio de Chia, expidió la Resolución No. 1915, por medio
de la cual, justificó la contratación directa de una operación de crédito público, para lo
cual, resolvió «Seleccionar a la entidad financiera LEASING BANCOLOMBIA, en
cumplimiento del Parágrafo del Artículo 1° Acuerdo 75 de 2015, para que la Administración
Municipal celebre un Contrato de Leasing Financiero por la modalidad de Contratación
Directa, bajo la causal “Contratación de Empréstitos”, para la financiación del proyecto de
inversión “EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR CHÍA I”42.»

79. El Veintiocho (28) de septiembre de Dos Mil Quince (2015), leasing Bancolombia y el
municipio de Chia celebraron el contrato de arrendamiento financiero leasing No. 181565,
descripción del activo: Financiación del proyecto optimización. diseño, construcción y

40 Expediente digital, sistema Samai, índice 002 anexos, folios 76-78
41 Expediente digital, sistema Samai, cuaderno 8, CD folio 44b, archivo estudios y documentos previos,

folios 31-36
42 Expediente digital, sistema Samai, índice 002 anexos, folio 80

Expediente digital, sistema Samai, cuaderno 8, CD folio 44b, archivo estudios y documentos previos, folios
37-39

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optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR Chía I Delicias SUR.
valor del (los) sien(es) objeto del presente contrato: $19.000.000.00043.

80. El Diecisiete (17) de noviembre de Dos Mil Quince, la Contraloría de Cundinamarca,
registró como deuda pública del municipio de Chia, la obligación de contrato de
arrendamiento financiero leasing No. 181565 con la siguiente información44:

81. Estudios y documentos previos, modalidad de la selección directa, objeto contractual
«Selección de proveedor de la tecnología a implementar para el tratamiento de aguas
residuales PTAR Chia – Delicias Sur, en el marco del contrato de leasing financiero
celebrado por el municipio de Chia45.»

82. El municipio de Chia, invitó a GLOBAL ENVIRONMENT AND HEALTH SOLUTIONS
– GEHS a presentar oferta – modalidad contratación directa, cuya finalidad es celebrar un
contrato que tenía por objeto «Selección de proveedor de la tecnología a implementar
para el tratamiento de aguas residuales PTAR Chia – Delicias Sur, en el marco del
contrato de leasing financiero celebrado por el municipio de Chia46.»

83. En atención a la solicitud del municipio de Chia, GLOBAL ENVIRONMENT AND
HEALTH SOLUTIONS – GEHS presentó propuesta para la construcción, puesta en
marcha y funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales- PTAR CHIA
I Sector Las Delicias, precisando que, una de sus líneas de negocio es la del suministro

43 Expediente digital, sistema Samai, cuaderno 8, CD folio 44b, archivo estudios y documentos previos,

folios 40-44
44 Expediente digital, sistema Samai, cuaderno 8, CD folio 44b, archivo estudios y documentos previos,

folios 49-52
45 Expediente digital, sistema Samai, cuaderno 8, CD folio 44b, archivo estudios y documentos previos,

folios 53-76
46 Expediente digital, sistema Samai, cuaderno 8, CD folio 44b, archivo estudios y documentos previos,

folios 86-88

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de equipos y/o plantas para la descontaminación y/o tratamiento de cuerpos de aguas de
vertientes o fuente superficial, aguas residuales- PTAR Y potables- PTAP, de la casa
fabricante KWl, de la cual, son distribuidores exclusivos47.

84. El municipio de Chia, por medio del arquitecto Mauricio Enrique Cabrera Marín y el
secretario de obras públicas Rafael Antonio Ballesteros, realizaron la verificación jurídica,
técnica y económica – modalidad contratación directa de la oferta presentada por
GLOBAL ENVIRONMENT AND HEALTH SOLUTIONS – GEHS, emitió el concepto final,
bajo la consideración que, de la evaluación y verificación, dejaba constancia que, el
oferente cumple con los requisitos establecidos por el municipio, así mismo el valor de la
oferta está acorde con el presupuesto oficial. Por lo anterior, se recomendaba su
contratación48.

85. Resolución No. 3397 del Cuatro (4) de noviembre de Dos Mil Quince (2015), por medio
de la cual, se justificó una contratación directa y se resolvió «Seleccionar a la sociedad
GLOBAL ENVIRONMENT AND HEALTH SOLUTIONS – GEHS, proveedores exclusivos
de KWI INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL TREATMENT GMBH, identificada con el
NIT No. 900367083-1, representada legalmente por el señor RICARDO GAILER GARCÉS
identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19.266.238, de conformidad con la parte
motiva de la presente, celebrar un contrato de aprovisionamiento, generando en él la
obligación de hacer, que consiste en proveer un bien a la entidad financiera, con el fin de
llevar a cabo el contrato de Leasing Financiero No. 181565, el 28 de septiembre de 2015
suscrito con LEASING BANCOLOMBIA S.A. C.F49.»

86. En dicha resolución el municipio de Chia motivó la contratación directa GLOBAL
ENVIRONMENT AND HEALTH SOLUTIONS – GEHS, "Cuando no exista pluralidad de
oferentes en el mercado y en el artículo 2.2.1.2.1.47 del Decreto Único Reglamentario
1082 de 2015. "

87. El Dieciocho (18) de noviembre de Dos Mil Quince (2015), el municipio de Chia y
GLOBAL ENVIRONMENT AND HEALTH SOLUTIONS – GEHS de Colombia,
suscribieron el contrato de aprovisionamiento No.2015-CT-38150.

47 Expediente digital, sistema Samai, cuaderno 8, CD folio 44b, archivo estudios y documentos previos,

folios 89-177
48 Expediente digital, sistema Samai, cuaderno 8, CD folio 44b, archivo estudios y documentos previos, folio

178
49 Expediente digital, sistema Samai, cuaderno 8, CD folio 44b, archivo estudios y documentos previos,

folios 77-85
50 Expediente digital, sistema Samai, cuaderno 8, CD folio 44b, archivo minuta 2015-CT-381

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88. La directora de contratación del municipio de Chia, suscribió el formato de notificación
y remisión documental al supervisor, por medio del cual, envió al secretario de planeación
la siguiente información:

89. El Dieciocho (18) de noviembre de Dos Mil Quince (2015), el secretario de obra del
municipio de Chia, en calidad de supervisor del contrato y el representante de GLOBAL
ENVIRONMENT AND HEALTH SOLUTIONS – GEHS de Colombia, suscribieron el acta
de inicio No. 0151.

90. El Treinta (30) de noviembre de Dos Mil Quince (2015), el secretario de obra del
municipio de Chia, en calidad de supervisor del contrato y el representante de GLOBAL
ENVIRONMENT AND HEALTH SOLUTIONS – GEHS de Colombia, suscribieron el acta
de recibo final52.

Actuación disciplinaria.

91. El Primero (1) de julio de Dos Mil Dieciséis (2016), el ciudadano Rafael Humberto
Jiménez Martínez, en calidad de integrante de la Veeduría Red Colombia, solicitó a la
personería municipal de Chia, seguimiento al empréstito LEASING No. 181565 del
Veintiocho (28) de septiembre de Dos Mil Quince (2015), suscrito entre el municipio y
BANCOLOMBIA, por $19.000.000.00053.

51 Expediente digital, sistema Samai, cuaderno 8, CD folio 44b, archivo acta de inicio
52 Expediente digital, sistema Samai, cuaderno 8, CD folio 44b, archivo acta de recibo final
53 Expediente digital, sistema Samai, cuaderno 8, folios 8-10

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92. La personería municipal de Chia, por medio del auto adiado Veintinueve (29) de julio
de Dos Mil Dieciséis (2016), resolvió remitir la queja por competencia a la Procuraduría
Distrital de Bogotá - reparto-54.

93. La Procuraduría Segunda Distrital, por medio del auto adiado primero (1) de marzo de
Dos Mil Diecisiete (2017), resolvió avocar el conocimiento de los hechos expuestos por el
quejoso, en contra de personas por determinar de la Alcaldía Municipal de Chía 55. Sin
embargo, por auto del Diecisiete (17) de abril de Dos Mil Diecisiete (2017), ordenó remitir
las diligencias disciplinarias radicadas bajo el IUS- 284168 - 2016 a la Procuraduría
Provincial de Zipaquirá, para lo de su competencia56.

94. La Procuraduría Provincial de Zipaquirá, por medio del auto de fecha Treinta (30) de
agosto de Dos Mil Diecisiete (2017), resolvió remitir por competencia la queja al Grupo
Elite Anticorrupción adscrito a la Viceprocuraduria General de la Nación, con el objeto de
que se evalúe la posibilidad de acumular este radicado IUS 2016-284168 al 2017-
57041257.

95. La Procuraduría Provincial de Zipaquirá, por medio del auto de fecha Veinticuatro (24)
de abril de Dos Mil Dieciocho (2018), ordenó la acumulación al IUS 2017-570412 de la
Procuraduría Primera Delegada de Contratación, por tratarse de los mismos hechos, los
cuales, se remitieron al Grupo élite Anticorrupción58.

96. El Quince (15) de agosto de Dos Mil Dieciocho (2018), se remitió a la Procuraduría
General de la Nación, copia del informe emitido por parte de la Contraloría departamental
de Cundinamarca sobre la — AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE
INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL MUNICIPIO DE CHÍA PGA 2017. En donde se
manifiesta un hallazgo administrativo con presunto alcance disciplinario, penal y fiscal, en
virtud de la contratación y modernización de nueva tecnología de la planta de tratamiento
de aguas residuales PTAR CHÍA 159.

97. Dicho informe fue remitido a la Procuraduría Delegada para la moralidad pública,
quien, por auto de fecha Veintinueve (29) de agosto de Dos Mil Dieciocho (2018)60, ordenó
remitir la actuación a la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal.

54 Expediente digital, sistema Samai, cuaderno 8, folios 3-5
55 Expediente digital, sistema Samai, cuaderno 8, folios 34-35
56 Expediente digital, sistema Samai, cuaderno 8, folios 37-38
57 Expediente digital, sistema Samai, cuaderno 8, folios 49-52
58 Expediente digital, sistema Samai, cuaderno 8, folios 133-136
59 Expediente digital, sistema Samai, cuaderno 8, folios 3-107
60 Expediente digital, sistema Samai, cuaderno 8, folios 109-110

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98. La Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, por auto del
Veinticuatro (24) de enero de Dos Mil Diecinueve (2019), al considerar que «Al revisar el
informe de auditoría gubernamental con enfoque integral realizado por la Contraloría de
Cundinamarca al Municipio de Chía sobre la vigencia 2015, obrante a folios 2 y
subsiguientes, así como el oficio de octubre 4 de 2017 proveniente del mismo órgano de
control, se observa que los mismos versan sobre el contrato de Leasing Financiero No.
181565 del 28 de septiembre de 2015, suscrito entre el Municipio de Ir Chía y Leasing
Bancolombia SA, así como, sobre el contrato de aprovisionamiento No 2015 CT - 381
suscrito entre el municipio de Chía y la empresa GHES GLOBAL ENVIROMENT AND
HEALTH SOLUTIOSNS DE COLOMBIA, hechos éstos que guardan relación con los que
fueron objeto de apertura de investigación bajo el IUS E-2017-529639 IUC D-2017-
954241 que actualmente se tramita por la Procuraduría Primera Delegada para la
Contratación Estatal», resolvió « Incorporar la documentación obrante en el radicado IUS
E-2018-408080 IUC-D-2018-1165027, al proceso disciplinario identificado con el IUS E-
2017-529639 IUC D-2017-954241, tramitado por esta misma Procuraduría Delegada, la
cual será identificada como Anexo No. 9.»

99. Dicho informe, lo remitió por primera vez la Contraloría de Cundinamarca el Quince
(15) de mayo de Dos Mil Diecisiete (2017), a la Procuraduría General de la Nación, el cual,
daba cuenta de los hallazgos cuyas características correspondían a irregularidades en
contratación, violación de los principios de gestión fiscal o de la función administrativa
sobre la contratación y modernización de nueva tecnología de la planta de tratamiento de
aguas residuales PTAR CHÍA 161.

100. El hallazgo en mención, correspondió por reparto a la Procuraduría Provincial de
Zipaquirá, quien por auto del Siete (7) de septiembre de Dos Mil Diecisiete (2017), resolvió
«remitir por competencia a la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal
Reparto, en relación con el Contrato de arrendamiento financiero Leasing No.181565 del
28 de septiembre de 2015 suscrito entre la alcaldía de Chía y el Leasing Bancolombia-
compañía de financiamiento.62»

101. La Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal, por auto del Veintiocho (28)
de julio de Dos Mil Diecisiete (2017)63, ordenó abrir indagación preliminar contra
funcionarios por determinar de la Alcaldía Municipal de Chía y por auto del Veintinueve
(29) de noviembre de Dos Mil Diecisiete (2017)64, resolvió acumular las presentes

61 Expediente digital, sistema Samai, cuaderno 7, folios 3-209
62 Expediente digital, sistema Samai, cuaderno 7, folios 211-214
63 Expediente digital, sistema Samai, cuaderno 7, folios 216-226
64 Expediente digital, sistema Samai, cuaderno 7, folios 227-229

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diligencias radicadas, con el número el IUS E-2017-680126 (IUC D-2017-992299) al
proceso IUS 2017 529639 (IUC D-2017-954241).

102. Auto del Treinta y Uno (31) de julio de Dos Mil Diecisiete (2017), por medio del cual
se comisiona para adelantar visita especial según lo decretado en el auto de apertura de
indagación preliminar65.

103. Auto del Treinta y Uno (31) de agosto de Dos Mil Diecisiete (2017), por medio del
cual se solicita apoyo y asesoría técnica66.

104. Visita técnica practicada en el municipio de Chia – Cundinamarca por parte de la
Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la
Nación67.

105. Informe de apoyo y asesoría técnica en la zona rural de Chia – Cundinamarca,
emitido por la Dirección Nacional de Investigación Especial Unidad Anticorrupción y
Policía Judicial68.

106. La Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal por medio del auto
del Cinco (5) de diciembre de Dos Mil Diecisiete (2017), ordenó la apertura de la
investigación disciplinaria en contra del señor Guillermo Valrela Romero con fundamento
en los artículos 152 y 153 de la Ley 734 de 2002, ordenó el decreto de pruebas, correr
traslado a los sujetos procesales del informe técnico, notificación personal o en su defecto
por edicto por edicto a los disciplinados69.

107. El señor Guillermo Varela Romero, presentó escrito por medio del cual, descorrió
traslado del informe técnico70.

108. La Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal por medio del auto
del Treinta y Uno (31) de mayo de Dos Mil Dieciocho (2018), profirió auto de cierre de la
etapa de investigación71.

109. La Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, a través de auto del
Tres (3) de Agosto de Dos Mil Dieciocho (2018), formuló cargos y ordenó el archivo parcial

65
Expediente digital, sistema Samai, cuaderno 1, folio 278
66
Expediente digital, sistema Samai, cuaderno 1, folio 285
67
Expediente digital, sistema Samai, cuaderno 1, folio 290
68
Expediente digital, sistema Samai, cuaderno 1, folios 293-302
69
Expediente digital, sistema Samai, cuaderno 1, folios 358-375
70
Expediente digital, sistema Samai, cuaderno 2, folios 44-50
71
Expediente digital, sistema Samai, cuaderno 2, folios 199-201

31

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de la investigación disciplinaria72. En lo que corresponde al señor Guillermo Varela
Romero, le fue formulado los siguientes cargos:

• Primero «el haber suscrito como Alcalde del Municipio de Chía, el contrato No.
2015-CT381 del 18 de noviembre de 2015 celebrado con GENS GLOBAL
ENVIRONMENT AND HEALTH SOLUTIONS DE COLOMBIA identificada con el
NIT 900.367.083-1, haciendo uso de la causal de contratación directa consistente
en no existir pluralidad de oferentes en el mercado, conducta con la cual
posiblemente desconoció los principios de transparencia y selección objetiva que
regulan la contratación estatal, al haber presuntamente evadido el procedimiento
de licitación pública por el cual debía haberse adjudicado el contrato.»

• Segundo «haber suscrito como Alcalde del Municipio de Chía, el contrato No.
2015-CT381 del 18 de noviembre de 2015 firmado con GEHS GLOBAL
ENVIRONMENT AND HEALTH SOLUTIONS DE COLOMBIA identificada con el
NIT 900.367.083-1, sin contar con estudios técnicos y económicos precisos, serios
y completos.».

• Tercero «el haber ordenado mediante oficio de noviembre 23 de 2015, la entrega
de un anticipo por valor de cinco millones cuatrocientos sesenta y ocho mil
quinientos setenta dólares (USD $5.468.570), equivalentes a diecisiete mil
ochocientos cincuenta y siete mil seiscientos quince mil trescientos treinta y cinco
millones de pesos ($17.857.615.335), con destino a GEHS GLOBAL
ENVIRONMENT ANO HEALT SOLUTIOS LLC y con cargo al contrato de leasing
No. 181565 del 28 de septiembre de 2015, para efectos de la adquisición e
importación de los bienes objeto del contrato de aprovisionamiento número 2015-
CT 381 suscrito entre el Municipio Chía y GEHS GLOBAL ENVIRONMENT AND
HEALT SOLUTIONS DE COLOMBIA el 18 de noviembre de 2016, sin que se
evidencie la existencia de garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo
y excediendo el monto legalmente autorizado para la entrega de anticipos, el cual
es del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato.»

110. La anterior decisión fue notificada personalmente al señor Guillermo Varela Romero,
el Veintidós (22) de agosto de Dos Mil Dieciocho (2018)73.

72
Expediente digital, sistema Samai, cuaderno 2, folios 225-368

73
Expediente digital, sistema Samai, cuaderno 2, folio 398

32

Número interno: 0839-2026
Demandante: Guillermo Varela Romero
Demandado: Procuraduría General de la Nación

111. El señor Guillermo Varela Romero, el Cinco (5) de septiembre de Dos Mil Dieciocho
(2018), presentó contestación a los cargos que le formuló la Procuraduría Primera
Delegada para la Contratación Estatal74.

112. La Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, por medio del auto
de fecha Veinte (20) de septiembre de Dos Mil Dieciocho (2018), ordenó el decreto de las
pruebas solicitadas por los investigados75.

113. La autoridad disciplinaria por medio del auto adiado Nueve (9) de enero de Dos Mil
Diecinueve (2019), ordenó el traslado para alegatos de conclusión76.

114. El señor Guillermo Varela Romero por medio de apoderado judicial, presentó escrito
de alegatos77.

115. La Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal, el Diecisiete (17) de junio de
Dos Mil Diecinueve (2019), profirió fallo de primera instancia dentro de las diligencias
acumuladas, en el cual, luego de analizar los argumentos de defensa de cara a la
valoración del material probatorio recaudado, resolvió78:

«PRIMERO: DECLARAR PROBADOS los cargos primero y segundo
formulados al señor GUILLERMO VARELA ROMERO, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 80.399.392 en calidad de Alcalde Municipal de Chía,
con fundamento en las consideraciones expuestas en la parte motiva de la
presente decisión.

SEGUNDO: Como consecuencia de la declaración efectuada en el resuelve
primero, IMPONER al señor GUILLERMO VARELA ROMERO, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 80.399.392, la SANCIÓN de DESTITUCIÓN
E INHABILIDAD GENERAL por el término de 14 AÑOS.

TERCERO: DECLARAR DESVIRTUADO el cargo tercero formulado al señor
GUILLERMO VARELA ROMERO, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 80.399.392 en calidad de Alcalde Municipal de Chía y en consecuencia
ABSOLVERLO de responsabilidad disciplinaria por el mismo, con
fundamento en las consideraciones expuestas en la parte motiva de la
presente decisión.»

116. En contra de la anterior, el señor Guillermo Varela Romero actuando por medio de
apoderado judicial, interpuso recurso de apelación79.

74
Expediente digital, sistema Samai, cuaderno 3, folios 66-109
75
Expediente digital, sistema Samai, cuaderno 4, folios 2-9
76
Expediente digital, sistema Samai, cuaderno 4, folios 236-239
77
Expediente digital, sistema Samai, cuaderno 4, folios 249-291
78 Expediente digital, sistema Samai, cuaderno 5, folios 2-148
79 Expediente digital, sistema Samai, cuaderno 5, folios 165-195

33

Número interno: 0839-2026
Demandante: Guillermo Varela Romero
Demandado: Procuraduría General de la Nación

117. La Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, profirió sentencia de
segunda instancia, el Veinte (20) de octubre de Dos Mil Veinte (2020)80, por medio de la
cual, resolvió el recurso de apelación en el sentido de «CONFIRMAR el fallo proferido el
17 de junio de 2019 por la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal,
por medio del cual se sanciona con destitución e inhabilidad general por el término de
catorce (14) años a los investigados Guillermo Varela Romero, en calidad de Alcalde
Municipal de Chía; Rafael Antonio Ballesteros, en calidad de Secretario de Obras Públicas
de la Alcaldía Municipal de Chía; Mauricio Enrique Cabrera Marín, en calidad de
funcionario adscrito a la Secretaría de Obras Públicas del municipio de Chía,
respectivamente»

118. Sanción que le fue impuesta a título de culpa gravísima, al considerar la autoridad
disciplinaria que «el comportamiento del disciplinado no corresponde a una simple
transgresión del deber de cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a
sus actuaciones, que caracteriza a la culpa grave, sino que su comportamiento puede
calificarse en el título de imputación subjetiva de culpa gravísima por desatención
elemental como lo hizo el a quo. Por ende, encuadra su actuar en la definición de culpa
gravísima por desatención elemental, consagrada en el parágrafo del artículo 44 de la Ley
734 de 2002, antes transcrito, por lo que se confirmará la forma de culpabilidad
determinada por el a quo.»

• 2.5. Caso concreto.

119. De cara a dar respuesta al primer problema jurídico, corresponde a la Sala establecer
si la Procuraduría General de la Nación era competente para investigar y sancionar al
exalcalde de Chia – Cundinamarca, Guillermo Varela Romero, en su condición de servidor
público elegido a través de voto popular, con destitución del cargo e inhabilidad general
de 14 años.

120. Al respecto, se recuerda que, en el sub lite la Sala en sede de medida cautelar,
revocó la decisión por medio de la cual, se había decretado la suspensión de los efectos
jurídicos de los actos administrativos sometidos a control de legalidad, al considerar en
apretada síntesis que, a la luz del panorama jurisprudencial constitucional delineado en
las sentencias SU 381 y 382, ambas de 2024, se definió que, la Procuraduría General de
la Nación tiene competencia para sancionar con destitución e inhabilidad a los servidores
de elección popular, y que, como el correctivo fue proferido en vigencia de la Ley 734 de
2002, no se podría analizar en esta sede, un aspecto que se opone a lo interpretado por

80 Expediente digital, sistema Samai, cuaderno 5, folios 233-264

34

Número interno: 0839-2026
Demandante: Guillermo Varela Romero
Demandado: Procuraduría General de la Nación

la Corte en las sentencias en mención pese a que, ese entendimiento, se insiste, se
traduce en una eventual responsabilidad del Estado Colombiano por incumplir tratados
internacionales a la luz del Tratado de Viena sobre el derecho de los tratados81.

121. Dicha situación se mantiene a la fecha, y en caso de contornos fácticos y jurídicos
similares al sub examine82, la Sala ha considerado que, acorde con la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, contenida en las sentencias C-028 de 2006, SU-712 de 2013 y C-
086 de 2019, la Procuraduría General de la Nación sí está facultada constitucionalmente
para imponer sanciones disciplinarias a servidores públicos, incluso de elección popular,
sin que ello contraríe el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, ni el bloque de constitucionalidad.

122. Criterio que, incluso la Corte Constitucional ha reiterado con posterioridad a la
expedición de los actos demandados, en las sentencias C-086/19, C-111/19, C-325/21 y
C-030/2023. En particular, en la sentencia C-030 de 2023, sostuvo que, dicha potestad
disciplinaria tiene fundamento constitucional, artículos 118 y 277, en armonía con la
Convención Americana sobre Derechos Humanos

123. A su turno, la Sala Plena de lo Contencioso–Administrativo, en auto de unificación
jurisprudencial, adiado tres (3) de diciembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), expediente
11001-03-15-000-2023-00871-00, sostuvo que: «en punto a las atribuciones de la
Procuraduría General de la Nación para sancionar servidores públicos de elección
popular, existe una línea jurisprudencial consolidada, tanto en sede de tutela como en
control abstracto de constitucionalidad, que ha respaldado la validez de esta
competencia». Asimismo, reconoció la compatibilidad del recurso extraordinario de
revisión previsto en la Ley 2094 de 2021, con los artículos 8.1 y 23.2 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (CADH), y con los artículos 29 y 93 de la
Constitución Política.

124. En estos términos, el argumento expuesto por la parte actora, relativo a que, la
Procuraduría carece de competencia para sancionar disciplinariamente al exalcalde
Guillermo Varela Romero, en su condición de servidor público elegido por voto popular,
no tiene vocación de prosperidad.

81 Expediente digital, sistema Samai, cuaderno no asociado, índice 025

82 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Magistrada
ponente: Dra. Elizabeth Becerra Cornejo, sentencia del doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 15001-23-33-000-2019-00194-01 (4510-2021).

35

Número interno: 0839-2026
Demandante: Guillermo Varela Romero
Demandado: Procuraduría General de la Nación

125. Dada la conexidad del anterior argumento con el cargo de «Falta de motivación
autónoma y omisión de la dimensión democrática» precisa la Sala que, la motivación bajo
la cual, se dio solución al primer problema jurídico, resulta suficiente para establecer que,
la entidad accionada con las decisiones sometidas a control de legalidad, no desconoce
las normas internas como el bloque de constitucionalidad, aspecto que se encuentra
definido por la Corte Constitucional y acatado por la Sala, tal como ampliamente se explicó
en el marco normativo y jurisprudencial.

Contenido y alcance de la falta gravísima señalada en el artículo 48. 30 y 31 de la
Ley 734 de 2002 – valoración probatoria.

126. Siguiendo el criterio anunciado para dar solución a los problemas jurídicos, se precisa
como primera medida que, si bien el tribunal de primera instancia no contó con el
expediente disciplinario completo para efectuar la valoración probatoria que echa de
menos el apelante, y sobre lo sustentado el cargo de apelación consistente en defecto
fáctico por indebida valoración probatoria, no es menos cierto que, en virtud de la facultad
oficiosa en segunda instancia de decretó como prueba documental, requerir a la
accionada para que, remitiera con destino al proceso de la referencia, el expediente
disciplinario, quien en cumplimiento de lo ordenado envió lo solicitado.

127. En ese orden, queda superada la limitación advertida en la sentencia apelada, pues
la incorporación oficiosa del expediente disciplinario en esta segunda instancia habilita a
la Sala para reconstruir plenamente el juicio de legalidad, sin que ello implique afectar las
garantías procesales de las partes, en tanto que, contaron con la oportunidad de
pronunciarse sobre su contenido.

128. Así, procede la Sala a efectuar la valoración probatoria de cara a las faltas endilgadas
al accionante, para, a partir de ello, determinar si el A quo incurrió en el defecto fáctico
que aduce el recurrente.

129. Dentro de los actos administrativos disciplinarios, la conducta del señor Guillermo
Varela Romero, fue encuadrada típicamente en los numerales 30 y 31 del artículo 48 de
la Ley 734 de 2002, consistentes en «haber suscrito como Alcalde del Municipio de Chía,
el contrato No. 2015-CT381 del 18 de noviembre de 2015 celebrado con GEHS
GLOBACENVIRONMENT AND HEALTH SOLUTIONS DE COLOMBIA, haciendo uso de
la causal de contratación directa consistente en no existir pluralidad de oferentes en el
mercado», y «haber suscrito como Alcalde del Municipio de Chía, el contrato No. 2015-
CT381 del 18 de noviembre de 2015 firmado con GENS GLOBAL ENVIRONMENT AND

36

Número interno: 0839-2026
Demandante: Guillermo Varela Romero
Demandado: Procuraduría General de la Nación

HEALTH SOLUTIONS DE COLOMBIA sin contar con estudios técnicos y económicos
precisos, serios y completos".»

130. El artículo 48 de la Ley 734 de 2002, numerales 30 y 31, textualmente señalan:

«ARTÍCULO 48. FALTAS GRAVÍSIMAS. Son faltas gravísimas las siguientes:
[…]
30. Intervenir en la tramitación, aprobación, celebración o ejecución de contrato estatal con
persona que esté incursa en causal de incompatibilidad o inhabilidad prevista en la Constitución
o en la ley, o con omisión de los estudios técnicos, financieros y jurídicos previos requeridos para
su ejecución o sin la previa obtención de la correspondiente licencia ambiental.

31. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del
patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y
la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley 83.»

131. La conducta disciplinaria tipificada en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734
de 2002 se refiere a dos conductas: «Participar en la etapa precontractual o en la
actividad contractual, […] o con desconocimiento de los principios que regulan la
contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la
ley», es decir, que la falta disciplinaria se comete cuando se realiza, en este caso, una
actividad contractual, con desconocimiento de los principios que regulan la contratación
estatal y la función administrativa.

132. La Sala procede a verificar si la conducta atribuida al servidor público, se adecúa a
la descripción normativa de una falta prevista en el ordenamiento jurídico.

133. Para ello, como primera medida, precisa que, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley
80 de 1993, aplicable a todas las entidades estatales por mandato de los artículos 1 y 2
literal a) ibidem, la celebración de la contratación estatal tiene como finalidad el
cumplimiento de los fines estatales y la prestación de los servicios públicos.

134. Por ser tal actividad desarrollo de la función administrativa, debe someterse a los
principios previstos en el artículo 209 Constitucional. Así lo reiteró la ley referida en su
artículo 23, al disponer que «las actuaciones de quienes intervengan en la contratación
estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y
responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa».

135. A su turno, el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, que regula el principio de
transparencia, en el numeral 8 establece que a las autoridades "les será prohibido eludir

83 Parte subrayado declarado EXEQUIBLE, '...en el entendido que la conducta constitutiva de la falta
gravísima debe ser siempre de carácter concreto y estar descrita en normas constitucionales de aplicación
directa o en normas legales que desarrollen esos principios' por la Corte Constitucional mediante
Sentencia C-818-05 de agosto de 2005, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil.

37

Número interno: 0839-2026
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los procedimientos de selección objetiva y los demás requisitos previstos en el presente
estatuto".

136. Sobre el principio de transparencia la Sala ha considerado84:
«El principio de transparencia se incluyó en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993 y
dentro de sus mandatos incluye que los procesos contractuales puedan ser
conocidos y controvertidos, que sean públicas las actuaciones estatales y los
expedientes contractuales, el conocimiento de los requisitos para participar en la
contratación, la definición precisa de reglas objetivas para la escogencia del
contratista, así como del costo del contrato, entre otras.

Este principio obliga a que la selección del contratista deba «edificarse sobre las
bases de i) la igualdad y respeto a todos los interesados; ii) la objetividad,
neutralidad y claridad de las reglas o condiciones impuestas para la presentación
de las ofertas; iii) la garantía del derecho de contradicción; iv) la publicidad de
las actuaciones de la administración; v) la motivación expresa, precisa y
detallada del informe de evaluación, del acto de adjudicación o de la declaratoria
de desierta; vi) la escogencia objetiva del contratista idóneo que ofrezca la oferta
más favorable para los intereses de la administración»85.

137. En lo que corresponde a la contratación directa, se tiene que, es una excepción al
principio de libre concurrencia y competencia que aplica a los procesos de contratación
estatal, pues, el artículo 2, numeral 4, de la Ley 1150 de 2007, en virtud de los principios
como la eficiencia, la eficacia, la economía, la celeridad, establece entre las causales, la
prevista en el literal g) «Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado».

138. A tono con lo anterior, es necesario traer a colación el artículo 2.2.1.2.1.4.1. del
Decreto 1082 de 2015, pues, dispone:

«La Entidad Estatal debe señalar en un acto administrativo la justificación para contratar bajo
la modalidad de contratación directa, el cual debe contener:
1. La causal que invoca para contratar directamente.

2. El objeto del contrato.

3. El presupuesto para la contratación y las condiciones que exigirá al contratista.

4. El lugar en el cual los interesados pueden consultar los estudios y documentos previos. Este
acto administrativo no es necesario cuando el contrato a celebrar es de prestación de servicios
profesionales y de apoyo a la gestión, y para los contratos de que tratan los literales (a) y (b)
del artículo 2.2.1.2.1.4.3 del presente decreto.»

139. De igual forma, para comprender el alcance de la causal de contratación directa,
contenida en el artículo 2, numeral 4, literal g, de la Ley 1150 de 2007, se requiere exponer
el contenido del artículo 2.2.1.2.1.4.8 del Decreto 1082 de 2015, toda vez que, dispone lo
siguiente:

84 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, consejero

ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar, sentencia del veintisiete (27) de marzo de dos mil veintiséis (2026),
radicación: 11001-03-25-000-2012-00474 00 (1956-2012)
85 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 29 de abril de 2015. Expediente 29.201

38

Número interno: 0839-2026
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«ARTÍCULO 2.2.1.2.1.4.8. Contratación directa cuando no exista pluralidad de
oferentes. Se considera que no existe pluralidad de oferentes cuando existe solamente
una persona que puede proveer el bien o el servicio por ser titular de los derechos de
propiedad industrial o de los derechos de autor, o por ser proveedor exclusivo en el
territorio nacional. Estas circunstancias deben constar en el estudio previo que soporta
la contratación.»

140. A su turno, cabe precisar que, la Sala desde vieja data ha señalado que, en los
procesos de selección en los que se aplica la contratación directa, aun cuando deben
someterse a los principios de transparencia, economía y selección objetiva, por la
naturaleza del tipo de contratación que busca ser más ágil y expedita, puede ser un poco
más flexible, aunque siempre debe cumplirse con los trámites precontractuales. En ese
sentido se ha manifestado lo siguiente:

«[…] De conformidad con lo anterior el proceso de selección mediante contratación directa debe
someterse a los principios de economía, trasparencia y selección objetiva, con un aligeramiento
de algunas etapas y formalidades de los demás procesos de selección en atención a las
necesidades propias de la contratación directa, pero debe cumplir con los elementos de la etapa
precontractual del proceso de contratación. Esto se infiere de los numerales 7 y 12 del art. 25
de la Ley 80 de 1993, que regulan el principio de economía -común a toda forma de
contratación-, y en los numerales citados se dispone, en particular, que con “la debida
antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato”, se harán los
estudios previos necesarios para el proceso. Los dos numerales mencionados aluden: i) al
proceso de selección o ii) a la firma del contrato, según el caso; precisamente porque la ley
entiende que no siempre los contratos están precedidos de una selección complicada, sino que,
en ocasiones, la modalidad es sencilla al punto que no requiere de un procedimiento complejo
de escogencia […]86» (se resalta).

141. Queda claro que, la contratación estatal a través de la modalidad directa bajo la
causal de no existir pluralidad de oferentes, debe reunir los requisitos expresamente
establecidos en el marco normativo antes mencionado.

142. Descendiendo el caso concreto, se encuentra que la entidad accionada sobre la
contratación directa efectuada por el demandante bajo la consideración de no existir
pluralidad de oferentes en el mercado, señaló:

«Con fundamento en las consideraciones previamente expuestas, la Procuraduría Primera
Delegada para la Contratación Estatal concluye que el señor GUILLERMO VARELA
ROMERO al haber suscrito el contrato de aprovisionamiento No. 2015 CT381 del 18 de
noviembre de 2015, mediante el cual se seleccionó al proveedor del contrato de leasing,
haciendo uso de la causal de contratación directa consistente en no existir pluralidad de
oferentes en el mercado, desconoció a título de acción, los principios de transparencia y
selección objetiva que regulan la contratación estatal incurriendo en el tipo disciplinario
regulado por el numeral 31 del artículo 48 de la ley 734 de 2002 que erige en falta disciplinaria,
el participar en la actividad contractual "con desconocimiento de los principios que regulan la
contratación estatal".

El numeral 31 del artículo 48 del CDU es un tipo disciplinario en blanco que en el presente
caso se complementó con la normatividad que a continuación se cita:

El artículo 33 del Decreto 2681 de 1993 "Por el cual se reglamentan parcialmente las
operaciones de crédito público, las de manejo de la deuda pública, sus asimiladas y conexas

86 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 21 de agosto de 2020, radicado

11001-02-25-000-2012-00406-00 (1564-12).

39

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y la contratación directa de las mismas" según el cual: "cuando se vayan a adquirir bienes o
servicios para los cuales la entidad estatal proyecte obtener financiación, dicha adquisición
de bienes o servicios se someterá al procedimiento y requisitos establecidos para el efecto
por la Ley 80 de 1993".

El artículo 23 de la ley 80 de 1993 que prescribe que las actuaciones de quienes intervengan
en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo entre otros, al principio de
transparencia.

El artículo 24 de la ley 80 de 1993 que regula el principio de transparencia, cuyo numeral 8
establece que a las autoridades "les será prohibido eludir los procedimientos de selección
objetiva y los demás requisitos previstos en el presente estatuto".

El artículo 5 de la ley 1150 de 2007 que regula el principio de selección objetiva según el cual:
"Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la
entidad y a los fines que ella busca" siendo la oferta más favorable "aquella que, teniendo en
cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada
de los mismos contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más
ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los
contenidos en dichos documentos (...) La entidad efectuará las comparaciones del caso
mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos".

El artículo 2 de la ley 1150 de 2007 "Por medio de la cual se introducen medidas para la
eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales
sobre la contratación con Recursos Públicos" que estableció en su artículo segundo, que la
escogencia del contratista debe efectuarse con arreglo a las modalidades de selección de
licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, siendo la
licitación pública la regla general y las restantes modalidades la excepción.

Y el artículo 2.2.1.2.1.4.8 del Decreto 1082 de 2015, que desarrolla el artículo 24 de la ley 80
de 1993 en lo relacionado con la modalidad de contratación directa y que define la inexistencia
de pluralidad de oferentes como causal de contratación directa, como el evento en el cual
"existe solamente una persona que puede proveer el bien o el servicio por ser titular de los
derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor, o por ser proveedor exclusivo
en el territorio nacional".

Para la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal como operador
disciplinario de primera instancia, se demostró en grado de certeza, que el disciplinado
estando obligado por el artículo 33 del Decreto 2681 de 1993 a sujetarse al
procedimiento y requisitos establecidos para el efecto por la Ley 80 de 1993, inobservó
el procedimiento de licitación pública al haber suscrito el contrato de
aprovisionamiento mediante el cual se seleccionó al proveedor del contrato de leasing,
de manera directa haciendo uso de la causal consistente en la no existencia pluralidad
de oferentes en el mercado, la cual resultaba claramente improcedente dada la
existencia comprobada de diferentes empresas que podían suministrar la tecnología
para la optimización, diseño y construcción de la PTAR CHÍA I, como lo acreditan los
mismos documentos de la etapa precontractual.

La conducta reprochada violó el principio de transparencia que prohíbe a los servidores
públicos eludir los procedimientos de selección definidos por el Legislador y el principio de
selección objetiva que impone la escogencia de la oferta más favorable a partir de la
comparación de propuestas recibidas en el marco del respectivo procedimiento, que en esta
caso se considera, debió haber sido el de licitación pública por la existencia de una
pluralidad de oferentes y por la naturaleza y valor del objeto contractual que superaba
el correspondiente a la menor cuantía del municipio de Chía para el año 2015 87.

En el análisis del sector el valor del objeto contractual fue fijado de la siguiente manera:

"El valor total requerido para la ejecución del objeto contractual, acorde a las fichas técnicas
establecidas es de: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES
OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($18.999.837.000) (f. 21 respaldo C
Anexo 1).

En el documento titulado "Estudios y Documentos Previos" sobre el valor se señaló: "El valor
se determinó con el contrato de leasing financiero No. 181565 del 28 de septiembre de 2015
suscrito entre la entidad financiera Leasing Bancolombia y el Municipio de Chía, el cual hace

87 El salario mínimo para el año 2015 era de $644.350, la menor cuantía para el municipio de Chía equivalía

a $289.957.500 y el 10% de dicho monto que determina la mínima cuantía era de $28.995.750.

40

Número interno: 0839-2026
Demandante: Guillermo Varela Romero
Demandado: Procuraduría General de la Nación

parte integral del expediente del presente proceso" (f. 34 c Anexo 1), ascendiendo el valor de
dicho leasing a diecinueve mil millones de pesos ($19.000.000.000).»

143. De acuerdo con la tesis sancionatoria del órgano disciplinario, el demandante acudió
a la figura de contratación directa, bajo la causal de no existir pluralidad de oferentes en
el mercado, la cual, resultaba claramente improcedente, dada la existencia comprobada
de diferentes empresas que podían suministrar la tecnología para la optimización, diseño
y construcción de la PTAR CHÍA I, como lo acreditan los documentos de la etapa
precontractual, con lo que, desconoció el procedimiento y requisitos establecidos por la
Ley 80 de 1993, pues, inobservó el procedimiento de licitación pública y con ello, el
principio de transparencia.

144. Para la Sala, en el sub examine está acreditado que, la conducta del demandante se
encuadra en la falta que le fue imputada, toda vez que, efectuada la valoración probatoria,
se advierte que, su proceder fue alejado de los principios que rigen la contratación estatal,
nótese que, para surtir el proceso de contratación, que tenía por objeto la «Selección de
proveedor de la tecnología a implementar para el tratamiento de aguas residuales PTAR
Chia – Delicias Sur, en el marco del contrato de leasing financiero celebrado por el
municipio de Chia», acudió a la modalidad de contratación directa, bajo la causal
contenida en el artículo 2, numeral 4, literal g, de la Ley 1150 de 2007, esta es «Cuando
no exista pluralidad de oferentes en el mercado»

145. Así lo demuestran las actuaciones surtidas previo a la celebración del contrato como
la etapa contractual, en las cuales, se observa el análisis del sector88, estudios y
documentos previos, modalidad de la selección directa, objeto contractual «Selección de
proveedor de la tecnología a implementar para el tratamiento de aguas residuales PTAR
Chia – Delicias Sur, en el marco del contrato de leasing financiero celebrado por el
municipio de Chia89, invitación efectuada por el municipio de Chia a GLOBAL
ENVIRONMENT AND HEALTH SOLUTIONS – GEHS a presentar oferta – modalidad
contratación directa90.»

146. La propuesta de GLOBAL ENVIRONMENT AND HEALTH SOLUTIONS – GEHS,
para la construcción, puesta en marcha y funcionamiento de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales - PTAR CHIA I Sector Las Delicias, en la cual, precisa que una de sus
líneas de negocio es la del suministro de equipos y/o plantas para la descontaminación
y/o tratamiento de cuerpos de aguas de vertientes o fuente superficial, aguas residuales-

88 Expediente digital, sistema Samai, cuaderno 8, CD folio 44b, archivo estudios y documentos previos,

folios 31-36
89 Expediente digital, sistema Samai, cuaderno 8, CD folio 44b, archivo estudios y documentos previos,

folios 53-76
90 Expediente digital, sistema Samai, cuaderno 8, CD folio 44b, archivo estudios y documentos previos,

folios 86-88

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Demandante: Guillermo Varela Romero
Demandado: Procuraduría General de la Nación

PTAR Y potables- PTAP, de la casa fabricante KWl, de la cual son distribuidores
exclusivos91.

147. La verificación jurídica, técnica y económica – modalidad contratación directa de la
oferta presentada por GLOBAL ENVIRONMENT AND HEALTH SOLUTIONS – GEHS,
por medio de la cual, se emitió el concepto final, bajo la consideración que, de la
evaluación y verificación, se dejaba constancia que el oferente cumple con los requisitos
establecidos por el municipio, así mismo el valor de la oferta estaba acorde con el
presupuesto oficial. Por lo anterior se recomendaba su contratación92.

148. La Resolución No. 3397 del Cuatro (4) de noviembre de Dos Mil Quince (2015), por
medio de la cual, se justificó una contratación directa y se resolvió «Seleccionar a la
sociedad GLOBAL ENVIRONMENT AND HEALTH SOLUTIONS – GEHS, proveedores
exclusivos de KWI INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL TREATMENT GMBH, para
celebrar un contrato de aprovisionamiento, generando en él la obligación de hacer, que
consiste en proveer un bien a la entidad financiera, con el fin de llevar a cabo el contrato
de Leasing Financiero No. 181565, el 28 de septiembre de 2015 suscrito con LEASING
BANCOLOMBIA S.A. C.F93.»

149. El contrato de aprovisionamiento No.2015-CT-381, suscrito el Dieciocho (18) de
noviembre de Dos Mil Quince (2015), entre el municipio de Chia y GLOBAL
ENVIRONMENT AND HEALTH SOLUTIONS – GEHS de Colombia94.

150. El acta de inicio No. 01, adiada Dieciocho (18) de noviembre de Dos Mil Quince
(2015), suscrita por el secretario de obra del municipio de Chia en calidad de supervisor
del contrato y el representante de GLOBAL ENVIRONMENT AND HEALTH SOLUTIONS
– GEHS de Colombia95.

151. Acta de recibo final, de fecha Treinta (30) de noviembre de Dos Mil Quince (2015),
suscrita por el secretario de obra del municipio de Chia en calidad de supervisor del
contrato y el representante de GLOBAL ENVIRONMENT AND HEALTH SOLUTIONS –
GEHS de Colombia suscribieron96.

152. La valoración integral y conjunta del anterior recuento probatorio, permite a la Sala

91 Expediente digital, sistema Samai, cuaderno 8, CD folio 44b, archivo estudios y documentos previos,

folios 89-177
92 Expediente digital, sistema Samai, cuaderno 8, CD folio 44b, archivo estudios y documentos previos, folio

178
93 Expediente digital, sistema Samai, cuaderno 8, CD folio 44b, archivo estudios y documentos previos,

folios 77-85
94 Expediente digital, sistema Samai, cuaderno 8, CD folio 44b, archivo minuta 2015-CT-381
95 Expediente digital, sistema Samai, cuaderno 8, CD folio 44b, archivo acta de inicio
96 Expediente digital, sistema Samai, cuaderno 8, CD folio 44b, archivo acta de recibo final

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observar que, en la etapa precontractual se realizó el análisis del sector, donde se justificó
la contratación directa de GLOBAL ENVIRONMENT AND HEALTH SOLUTIONS – GEHS,
bajo la causal contenida en el artículo 2, numeral 4, literal g, de la Ley 1150 de 2007, al
considerar lo siguiente:

«Seleccionar a la sociedad GLOBAL ENVIRONMENT AND HEALTH SOLUTIONS – GEHS,
proveedores exclusivos de KWI INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL TREATMENT GMBH,
identificada con el NIT No. 900367083-1, representada legalmente por el señor RICARDO
GAILER GARCÉS identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19.266.238, de conformidad
con la parte motiva de la presente, celebrar un contrato de aprovisionamiento, generando en él
la obligación de hacer, que consiste en proveer un bien a la entidad financiera, con el fin de llevar
a cabo el contrato de Leasing Financiero No. 181565, el 28 de septiembre de 2015 suscrito
con LEASING BANCOLOMBIA S.A. C.F.

Que el Concejo Municipal de Chía, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales
mediante el Acuerdo No. 75 del 28 de Abril de 2015, le concedió facultades al Alcalde Municipal
de Chía para realizar una operación de Crédito Público vía Leasing, requerido para la financiación
del Proyecto “OPTIMIZACIÓN, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR CHÍA I DELICIAS SUR”, hasta por una cuantía
máxima de DIECINUEVE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($19.000.000.000.oo).

Que el Municipio de Chía suscribió con LEASING BANCOLOMBIA S.A. C.F. el Contrato de
Leasing Financiero No. 181565, con el fin de financiar el Proyecto “OPTIMIZACIÓN, DISEÑO
Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR CHÍA
I DELICIAS SUR”.

Que el literal g, numeral 4 del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, establece que la escogencia
del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública,
selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en una serie de reglas,
entre las que se encuentra, la contratación directa del contratista cuando éste es el proveedor
exclusivo en el territorio nacional.

Señala la norma, que:

ARTÍCULO 20. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del contratista se
efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada,
concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas: (…)

4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa, solamente
procederá en los siguientes casos (…)

g) Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado”. (…)

Que el Artículo 2.2.1.2.1.47 del Decreto 1082 de 2015, considera que no existe pluralidad de
oferentes “cuando existe solamente una persona que puede proveer el bien o el servicio
por ser titular de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor, o por
ser proveedor exclusivo en el territorio nacional…” (Subrayado y negrilla fuera de texto).

Que la sociedad GLOBAL ENVIRONMENT AND HEALTH SOLUTIONS LLC – GEHS, con su
Matriz en ciudad de Miami y su sucursal en la ciudad de Bogotá D.C., tal como consta en el
Certificado de Existencia y Representación Legal No. R047493933, expedido por la Cámara
de Comercio de Bogotá D.C.; quienes son los proveedores exclusivos de KWI INTERNATIONAL
ENVIRONMENTAL TREATMENT GMBH, PARA TODOS LOS PROYECTOS DE COLOMBIA,
PARA LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, de conformidad con la Constancia expedida por el
Ingeniero Raúl Cesar Bulacia Bertelli, el cual es el CEO de Operaciones América Latina de
KWI INTERNATIONAL.

Que la marca KWI es líder en el mundo en la fabricación de Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales con tecnología avanzada de Flotación por Aire Disuelto, debidamente probada en
más de 77 países, con la instalación de más de 3600 plantas, con equipos y tecnología exclusiva
patentada a nivel mundial.

Que el “Proceso o Tren de Tratamiento de Aguas Residuales: BIO – KWI”, se encuentra
debidamente registrado en el Instituto Nacional del Derecho de Autor - Secretaría de

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Educación Pública de los Estados Unidos Mexicanos, tal como consta en el Registro Público
del Derecho de Autor No. 03-2007-021510564300-01 y No. 03-2007-021510544400-01.»

153. Asimismo, se adelantaron los estudios y documentos previos a la celebración del
contrato de aprovisionamiento No.2015-CT-381, en el cual, dejó anotado:

«Que la Corporación Autónoma Regional - CAR, por Resolución No. 2275 de fecha 21 de
septiembre de 2012, 'Por la cual se transfiere una Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales- PTAR ubicada en el Municipio de Chía _ Departamento de Cundinamarca",
transfirió el Dominio al Municipio de Chía de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales, tal como consta en la anotación No. 2 del Folio de Matrícula Inmobiliario No.
50N-20464600, expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Bogotá D.C. Zona
Norte.

Que el 12 de Junio de 2013, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
y el Municipio de Chía, celebraron el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE
ASOCIACIÓN No.657 de 2013; con el objeto de ejecutar las actividades establecidas en
el marco del Cumplimiento de la Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

Que las partes acordaron en el Convenio No. 657, como obligaciones del Municipio de
Chía, entre otras las siguientes:

“1. El municipio de Chía formulará proyecto denominado “Revisión de los parámetros de
diseño y programa de implementación de las actividades de monitoreo y control a los
procesos de tratamiento en la PTAR Chía 1”.

• El Municipio de Chía, presentará al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
como entidad responsable del seguimiento al cumplimiento de la Sentencia, dentro
del mes siguiente a la firma del acta de inicio y el proyecto citado anteriormente, para
la revisión y aprobación.(…)

• Adelantar los procesos de contratación, tanto de obra como de interventoría,
de acuerdo a lo establecido en el marco de la Ley 80 de 1993 y sus
reglamentarios.” (…)

(…)

Que aparte de las medidas adoptadas por la Administración Municipal, la Secretaria De
Planeación, estudió la probabilidad de realizar las adecuaciones, construcciones e
instalaciones necesarias para adelantar el proyecto “OPTIMIZACIÓN, DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR
CHIA I – DELICIAS SUR”, a través del pago del impuesto de delineación, lo que llevó a
realizar diferentes reuniones con varios constructores del municipio para el efecto, y así
aplicar lo establecido en el Estatuto Tributario respecto al pago del impuesto de
delineación que señala lo siguiente.

(…)

De conformidad con lo anterior y en aras de cumplir con el deber legal de pago del
impuesto de delineación, los constructores solicitaron a empresas reconocidas en el
sector, allegar al Municipio de Chía propuestas técnico-económicas de tecnologías
para el tratamiento de Aguas Residuales, donde se presentaron: DORLEOP LTDA
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL, PRO SISTEMAS AQUA LIMITADA y
NORTHLAND AUTOMATION AND SERVICE COLOMBIA SAS, EDOSPINA S.A.S.,
ACCIONA AGUA S.A.U y GEHS.

«Que mediante comunicaciones de fecha 25 de Octubre de 2013, emitidas por la Secretaría
de Planeación del Municipio de Chía con radicados municipales No. 201311080100032748;
201311080100032747; 201311080100032750; 201311080100032744;
201311080100032746; 201311080100032753, dirigidas a ACCIONA – AGUA; GLOBAL

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ENVIRONMENT AND HEALTH SOLUTIONS; EDOSPINA S.A.; NAS COLOMBIA;
DORLEOP LTDA. C.I.; PROSISTEMAS AGUA LTDA, se les solicitó complementar las
propuestas presentadas, con el fin de evaluar técnica y económicamente la empresa que
satisficiera las necesidades del municipio.

Que el día 21 de Noviembre de 2013, la Sociedad EDOSPINA S.A. presentó al Alcalde
Municipal bajo el radicado No. 201311219999927478 propuesta técnica económica para la
PTAR de 100/120 LPS, proyecto PTAR CHÍA I.

Que el 21 de Noviembre de 2013, GLOBAL ENVIRONMENT AND HEALTH SOLUTIONS,
presentó a la Secretaría de Planeación bajo el radicado No. 201311219999927480 propuesta
técnica económica para la PTAR de 100/120 LPS, proyecto PTAR CHÍA I.

Que el día 21 de Noviembre de 2013, ACCIONA – AGUA, presentó a la Secretaría de
Planeación bajo el radicado No. 201311219999927466 propuesta técnica económica para la
PTAR de 100/120 LPS, proyecto PTAR CHÍA I.

Que en fecha 16 de Enero de 2014, se realizó evaluación por parte de la Secretaría de Obras
Públicas a las tecnologías y propuestas presentadas para el tratamiento de aguas residuales
de la planta PTAR CHÍA I, donde se tuvieron en cuenta los ítems determinados por la
Secretaría de Planeación.

Que se seleccionaron tres de las seis propuestas presentadas de acuerdo al primer estudio
realizado por funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas de las siguientes empresas:

1. EDOSPINA S.A.S.
2. ACCIONA AGUA S.A.U.
3. GEHS

Que mediante comunicación No. 20140010000473, de fecha 17 de Enero de 2014; dirigida a la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, la Alcaldía Municipal de Chía
solicitó se realizara el Análisis de las propuestas seleccionadas, en el cual se evaluara y
conceptuara sobre la mejor tecnología aplicable para la construcción y puesta en marcha de la
nueva Planta del Municipio, de la siguiente manera:

“la Administración Municipal conocedora de la necesidad imperante de realizar mejoras
y adecuaciones técnicas y funcionales de la actual Planta de tratamiento de Aguas
Residuales del Municipio, ha venido realizando en cabeza de las Secretarías de
Planeación y Obras Públicas, labores técnicas referentes al análisis, evaluación y
selección de un proponente privado idóneo que pueda llevar a cabo la
construcción de la nueva planta de tratamiento de aguas residuales que requiera
el municipio” (negrilla fuera de texto).

Una vez realizada la valoración técnica se concluyó que tres (3) de las empresas
proponentes cumplían con gran parte de los ítems de evaluación planteados y se
decidió que fueran preseleccionadas dentro del proceso que se adelanta”.
(Negrilla fuera de texto).

Que la Subsección Desarrollo Ambiental y Sostenible de la Corporación Autónoma Regional –
CAR, remitió el Concepto Técnico No. 40 del 28 de Enero de 2014, en respuesta a la
comunicación Rad. No. 20142102334 emitida por la Alcaldía Municipal de Chía, concluyendo lo
siguiente: “de acuerdo con la información allegada por el municipio en la matriz adjunta, y teniendo
en cuenta los componentes técnicos analizados, se tiene que las características técnicas ofrecidas
por la empresa GEHS Global Environment and Health Solutions de Colombia, presentan
mejores condiciones.”

154. Finalmente, por medio de la Resolución No. 3397 del Cuatro (4) de noviembre de
Dos Mil Quince (2015), se justificó la contratación directa, de la empresa GEHS Global
Environment and Health Solutions de Colombia, bajo la siguiente motivación:

«Que así las cosas la Administración se propuso revisar la documentación existente dentro del
proceso de selección anterior llevado a cabo con las empresas que presentaron sus propuestas
de tecnología para el tratamiento de aguas residuales del municipio, por lo que se analizaron
nuevamente las tres (3) tecnologías finalistas, conforme a las nuevas técnicas empleadas para

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los sistemas de tratamiento de Aguas Residuales, que hoy en día se manejan con mayor
frecuencia, para cumplir con los requerimientos y normatividad vigente en vertimientos.

Que atendiendo al resultado de la evaluación y análisis de las tres (3) tecnologías presentadas
a la entidad, y en atención a los principios que rigen la contratación estatal se tiene que la
tecnología presentada por la sociedad GLOBAL ENVIRONMENT AND HEALTH SOLUTIONS
LLC – GEHS, al ser la más favorable para el financiamiento del proyecto y tener la representación
exclusiva de la tecnología seleccionada “Proceso o Tren de Tratamiento de Aguas Residuales:
BIO – KWI” cuyos derechos se encuentran bajo la titularidad de KWI INTERNATIONAL
ENVIRONMENTAL TREATMENT GMBH, PARA TODOS LOS PROYECTOS DE COLOMBIA,
PARA LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, con casa Matriz en la ciudad de Miami y su sucursal en
la ciudad de Bogotá D.C., tal como consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal,
expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., y además conforme con la Constancia
expedida por el Ingeniero RAÚL CESAR BULACIA BERTELLI, el cual es el CEO de
Operaciones América Latina de KWI INTERNATIONAL.»

155. De lo anterior, se advierte que, la entidad territorial por medio de la Secretaría de
Planeación, estudió la probabilidad de realizar las adecuaciones, construcciones e instalaciones
necesarias para adelantar el proyecto “OPTIMIZACIÓN, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR CHIA I – DELICIAS SUR”, a través
del pago del impuesto de delineación, lo que llevó a realizar diferentes reuniones con varios
constructores del municipio para el efecto, y así aplicar lo establecido en el Estatuto Tributario
respecto al pago del impuesto.

156. De conformidad con lo anterior y en aras de cumplir con el deber legal de pago del impuesto
de delineación, los constructores solicitaron a empresas reconocidas en el sector, allegar al
Municipio de Chía propuestas técnico-económicas de tecnologías para el tratamiento de
Aguas Residuales, donde se presentaron: DORLEOP LTDA COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL, PRO SISTEMAS AQUA LIMITADA y NORTHLAND AUTOMATION AND
SERVICE COLOMBIA SAS, EDOSPINA S.A.S., ACCIONA AGUA S.A.U y GEHS.

157. En ese orden, se tiene que las 6 propuestas fueron presentadas, con anterioridad a
la celebración del contrato núm. 2015-CT381, de las cuales, la entidad territorial consideró
que tres (3) de las empresas proponentes cumplían con gran parte de los ítems de
evaluación planteados, por lo que, decidió que fueran preseleccionadas EDOSPINA
S.A.S., ACCIONA AGUA S.A.U. y GEHS.

158. Las anteriores propuestas, según se dejó anotado en los estudios previos, la entidad
territorial, las remitió a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR,
para que las evaluara y conceptuara sobre la mejor tecnología aplicable para la
construcción y puesta en marcha de la nueva Planta del Municipio.

159. De la respuesta emitida por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –
CAR, precisa el demandante, se concluyó lo siguiente: “de acuerdo con la información
allegada por el municipio en la matriz adjunta, y teniendo en cuenta los componentes
técnicos analizados, se tiene que las características técnicas ofrecidas por la empresa
GEHS Global Environment and Health Solutions de Colombia, presentan mejores
condiciones.”

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160. No obstante, de la revisión del concepto de la Corporación Autónoma Regional
mencionado en los estudios previos, se observan las tres (3) propuestas presentadas por
los proponentes Edospina S.A.S, GEHS Global Environment and Health Solutions de
Colombia y Acciona Agua S.A.U, frente a las cuales, se efectuó el análisis de la
información entregada por el municipio en los siguientes términos:

• El proyecto que se llegare a definir por parte del municipio deberá dar cabal cumplimiento
a la normatividad ambiental vigente en términos de vertimientos. Esto es: Objetivos de
calidad de la fuente receptora, metas de reducción de carga contaminante, etc.

• El sistema de tratamiento por el que llegare a optar el municipio deberá dar cumplimiento
al reglamento establecido para criterios de diseño y de operación (RAS 2000 o el
reglamento que lo llegare a actualizar).

• El municipio deberá solicitar a la autoridad ambiental los permisos ambientales a que
hubiere lugar para la implementación del proyecto.

• Se recuerda al municipio que, con el acto administrativo de transferencia de la PTAR en
el año 2012, la Autoridad Ambiental requirió que el uso del suelo en los predios transferidos
no sea modificado.

47

Número interno: 0839-2026
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• En caso de que llegaren a existir a futuro otras propuestas que mejoren las condiciones
técnicas analizadas para los sistemas de tratamiento aquí comparados, dicho análisis
deberá volverse a realizar.

Conclusión: Se recomienda comunicar al municipio lo expuesto en el
presente concepto técnico.»

161. De la anterior información, no se advierte sugerencia directa a la entidad territorial
para escoger a la empresa GEHS Global Environment and Health Solutions de
Colombia, por el contario la Corporación Regional Autónoma, expresamente sobre el
tema que resulta relevante para la Sala, indicó que « El proyecto que se llegare a definir por
parte del municipio deberá dar cabal cumplimiento a la normatividad ambiental vigente en términos
de vertimientos. Esto es: Objetivos de calidad de la fuente receptora, metas de reducción de carga
contaminante, etc.» de igual forma, precisó que «En caso de que llegaren a existir a futuro otras
propuestas que mejoren las condiciones técnicas analizadas para los sistemas de tratamiento
aquí comparados, dicho análisis deberá volverse a realizar.»

162. Lo anunciado en el concepto técnico núm. 40 de la CAR, deja ver que, se trataba de
un concepto ambiental que no proyectaba efectos en la estructuración del proceso de
selección; así como tampoco tenía carácter vinculante para la administración, tal como se
desprende de los ítems enlistados en dicho concepto; por lo tanto, no se puede pretender
sustentar en su contenido la decisión de acudir a la contratación directa por inexistencia
de pluralidad de oferentes.

163. De igual forma, de las órdenes judiciales proferidas por el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Bogotá, sección Primera, dentro de la acción popular
instaurada en contra del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR- municipio de Chia,
confirmadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección primera, subsección
C en descongestión, por medio de la sentencia adiada Veintidós (22) de septiembre de
Dos Mil Once (2011)97, en virtud de las cuales, aduce la parte la actora, inició el proceso
contractual con el objeto de gestionar, desarrollar y culminar la construcción de la planta
de tratamiento de aguas residuales I en el sector de las Delicias, en adelante PTAR,
tampoco se advierte que, se le ordenará a la entidad territorial la modalidad de
contratación directa para dicho objeto contractual.

164. Para la Sala, no se puede predicar la inexistencia de pluralidad de oferentes, que
habilitara la modalidad de contratación directa a la que acudió el demandante, nótese que,

97 Expediente digital, sistema Samai, índice 002 anexos, folios 35-52

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los estudios previos, también dan cuenta que, al realizarse el análisis del sistema que
tiene como principio el de Lodos Activados: se concluyó lo siguiente frente a las ofertas
presentadas por EDOSPINA S.A.S., ACCIONA AGUA S.A.U. y GEHS:

165. Obsérvese que, la entidad territorial, de manera expresa indicó que, las ofertas
cumplen el mínimo solicitado, sin embargo, al considerar que, la de GHES tenía mayor
porcentaje de remoción superior al 95%, escogió la tecnología que ofrecía, esta es,
“proceso o tren de tratamiento de aguas residuales: BIO – KWI” quienes, al ser
proveedores exclusivos en el territorio nacional, consideró el demandante, en calidad de
alcalde de Chia para la época de los hechos, que podía efectuar su contratación directa
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 2, numeral 4, literal g, de la Ley 1150 de 2007
en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.4.8 del Decreto 1082 de 2015.

166. No obstante, al analizar el alcance de la modalidad de contratación directa, se
advierte que la norma consagra dos (2) hipótesis. i) no existe pluralidad de oferentes
cuando sólo una persona puede proveer el bien o servicio por ser titular de los derechos

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de propiedad industrial o de los derechos de autor y ii) tampoco existe pluralidad de
oferentes cuando existe una sola persona que puede celebrar el contrato por ser
proveedor exclusivo en el territorio nacional.

167. Supuestos fácticos que, no se cumplen en el sub lite, en razón a que, GEHS GLOBAL
ENVIRONMENT AND HEALTH SOLUTIONS DE COLOMBIA no era la única persona que
podía proveer el bien o el servicio que requería la entidad territorial para ejecutar el objeto
contractual bajo análisis, pues, si bien era la proveedora exclusiva de la tecnología que
ofrecía esta es, “proceso o tren de tratamiento de aguas residuales: BIO – KWI” no es
menos cierto que, también las empresas EDOSPINA S.A.S., ACCIONA AGUA S.A.U.
podían proveer el bien o el servicio objeto del contrato de aprovisionamiento.

168. Luego entonces, independientemente del resultado que arrojó la valoración de las
propuestas analizadas, queda demostrada la existencia de pluralidad de oferentes en
condiciones habilitantes para ejecutar el objeto contractual ofertado por el municipio de
Chia, lo que descarta la aplicación de la causal de contratación directa a la que acudió el
demandante.

169. Por ello, la Sala comparte el criterio de la autoridad disciplinaria, toda vez que, el
material probatorio da cuenta que dentro de la propuesta presentada en el año 2013 por
GEHS GLOBAL ENVIRONMENT AND HEALTH SOLUTIONS DE COLOMBIA si bien se
incluían características tecnológicas que le otorgó una valoración superior, ello no la
convertía en la única persona capaz de construir y poner en funcionamiento plantas de
tratamiento de aguas residuales.

170. No obstante, los documentos precontractuales demuestran que, desde el Veintiuno
(21) de agosto de Dos Mil Catorce (2014), esto es antes, de los estudios previos, el señor
Guillermo Varela Romero en calidad de alcalde de Chia, informó «que de acuerdo con los
estudios técnicos, jurídicos y financieros adelantados por servidores públicos de esta
municipalidad, la empresa recomendada para adelantar el proyecto de diseño
construcción y puesta en marcha Llave en Mano de la planta de tratamiento de aguas
residuales (PTAR) de la referencia, es la firma GLOBAL ENVIRONMENT AND HEALTH
SOLUTIONS LLC – G.E.H.S, respaldada en Colombia por la empresa fabricante de la
planta DEINCOKWI S.A. DE C.V.98

171. Por lo expuesto, para la Sala, queda acreditado que, el mecanismo de contratación
que eligió el entonces alcalde, hoy demandante, no se ajusta al presupuesto normativo
bajo el cual, optó por seleccionar de forma directa a la empresa GLOBAL ENVIRONMENT
AND HEALTH SOLUTIONS – GEHS de Colombia, cuando demostrado está que, existía
más de una persona que podía proveer el bien o el servicio que requería la entidad

98 Expediente digital, sistema Samai, índice 002 anexos, folio 72-75

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territorial para satisfacer el objeto del contrato de aprovisionamiento No.2015-CT-381
suscrito el Dieciocho (18) de noviembre de Dos Mil Quince (2015), entre el municipio de
Chia y GLOBAL ENVIRONMENT AND HEALTH SOLUTIONS – GEHS de Colombia.

172. En ese orden, la contratación directa celebrada bajo la causal contenida en el artículo
2, numeral 4, literal g, de la Ley 1150 de 2007, esta es «Cuando no exista pluralidad de
oferentes en el mercado» desconoció el régimen legal aplicable, pues, precisamente en
el sub lite, quedó demostrado la pluralidad de oferentes interesados y que cumplían las
exigencias mínimas para ejecutar el objeto contractual ofertado por la entidad territorial,
sin embargo, con la modalidad de selección limitó su participación en un proceso donde
se garantizara los principios de transparencia y selección objetiva que regulan la
contratación estatal.

173. Así, se concluye que GLOBAL ENVIRONMENT AND HEALTH SOLUTIONS – GEHS
de Colombia, no era la única empresa en el mercado que cumplía requisitos habilitantes
para ejecutar el objeto contractual para el cual, resultó seleccionada directamente, nótese
además que en el mismo concepto No. 40 emitido por la Corporación Regional Autónoma,
expresamente, colocó de presente a la entidad territorial que «En caso de que llegaren a
existir a futuro otras propuestas que mejoren las condiciones técnicas analizadas para los
sistemas de tratamiento aquí comparados, dicho análisis deberá volverse a realizar», es
decir que, los oferentes iniciales podían tener la opción de mejorar las propuestas o contar
la entidad territorial con nuevas ofertas que permitieran volver a ser analizadas por la
autoridad ambiental, no obstante, dicha expectativa fue limitada con el proceder del
demandante al efectuar la contratación directa sin cumplir las exigencias que ordena la
causal elegida para tal finalidad, contenida en el artículo 2, numeral 4, literal g, de la Ley
1150 de 2007 en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.4.8 del Decreto 1082 de 2015.

174. Dilucida la valoración probatoria que permitió a la Sala encontrar debidamente
acreditado los supuestos fácticos que configuran la falta disciplinaria contenida en el
numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, se procede a verificar si el material
probatorio demuestra en grado de certeza la falta contemplada en el numeral 30 de la
norma en mención.

175. Para ello, resulta necesario traer a colación el contenido normativo a analizar, esta
es, Ley 734 de 2002, artículo 48, ordinal 30:

«Intervenir en la tramitación, aprobación, celebración o ejecución de contrato estatal con
persona que esté incursa en causal de incompatibilidad o inhabilidad prevista en la
Constitución o en la ley, o con omisión de los estudios técnicos, financieros y jurídicos
previos requeridos para su ejecución o sin la previa obtención de la correspondiente
licencia ambiental.»

176. Frente a dicha falta, la autoridad disciplinaria en concretó consideró:
«“La Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, en la misma línea
de las consideraciones de la Sala Disciplinaria previamente transcritas, y con
fundamento en el numeral 2 del artículo 47 del CDU según el cual, con una o varias

51

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acciones u omisiones, se pueden infringir varias disposiciones de la ley disciplinaria,
concluye que con la conducta imputada en el cargo segundo el señor VARELA
ROMERO intervino a título de acción en la celebración del contrato No. 2015-
CT381 del 18 de noviembre de 2015 sin contar con estudios técnicos y
económicos precisos, serios y completos, incurriendo en los tipos disciplinarios
regulados por los numerales 30 y 31 del artículo 48 de la ley 734 de 2002:”»

177. Ante dicha situación, no puede pasar por alto la Sala que, reposa en el expediente
el informe de auditoría gubernamental99 con enfoque integral modalidad especial atención
a peticiones, quejas y denuncias y seguimiento a oficios municipio de chía vigencia 2015
Procuraduría General de la Nación – 2017, en el cual, sobre el contrato de
aprovisionamiento No.2015-CT-381 suscrito el Dieciocho (18) de noviembre de Dos Mil
Quince (2015), entre el municipio de Chia y GLOBAL ENVIRONMENT AND HEALTH
SOLUTIONS – GEHS de Colombia100, se anotó:

“El aprovisionamiento es la acción de encontrar, adquirir o comprar bienes, servicios
u obras de una fuente externa, a menudo mediante una subasta o una licitación. El
proceso se usa para asegurar que el comprador recibe los bienes, servicios u obras
al mejor precio posible, cuando se comparan aspectos como calidad, cantidad, plazo,
y ubicación³.

El aprovisionamiento es un componente del amplio concepto de suministro”

No encontramos que una planta de tratamiento, las obras civiles que se requieren
para su puesta en funcionamiento este encuadradas dentro de la figura de tracto
sucesivo que se planteó el Municipio de Chía para contratar la adquisición de una
tecnología que por sí sola no sirve para nada si no se ve de manera integral con la
planta (equipos) y las obras civiles necesarias para su puesta en funcionamiento, por
ello es para este grupo auditor un desatino el haber contratado bajo esta modalidad
de contrato (Aprovisionamiento - suministro) algo que debió ser objeto de sendos
procesos de contratación como son Concurso de Méritos (para los estudios y
diseños) y Licitación pública (para la adquisición de los equipos y construcción
de las obras civiles necesarias).

Está demostrado que desde el 30 de noviembre de 2015, fecha en la cual se
suscribe el Acta de recibo a satisfacción dentro del contrato de aprovisionamiento,
hoy después de año y cinco meses no se ha solucionado la problemática ambiental
del Municipio en el tema de manejo de aguas residuales, esto nos indica que la
tecnología por sí sola no sirve para nada si no está implementada con los equipos y
obras civiles necesarias, por ello no se entiende como se suscribe una acta de recibo
a satisfacción dentro de un contrato que está en etapa de ejecución, sin haber
cumplido con las demás obligaciones requería de otras obligaciones que no se
habían cumplido.”

178. Situación de la que también se dejó constancia en el acta de visita técnica practicada
en el municipio de Chia – Cundinamarca por la Dirección Nacional de Investigaciones
especiales, la cual, a pesar de ser realizada el Dieciocho (18) de septiembre de Dos Mil
Diecisiete (2017), esto es, dos (2) años después de la auditoría de la Contraloría, la
situación descrita fue la siguiente: «(…) En desarrollo de la verificación del sitio de las

99 Constitución Política, artículo 271. <Artículo modificado por el artículo 3 del Acto Legislativo 4 de 2019. El

nuevo texto es el siguiente:> Los resultados de los ejercicios de vigilancia y control fiscal, así como de las
indagaciones preliminares o los procesos de responsabilidad fiscal, adelantados por las Contralorías
tendrán valor probatorio ante la Fiscalía General de la Nación y el juez competente.
100 Expediente digital, sistema Samai, cuaderno 8, -CD folio 136-, folios 36-informe Chia

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obras, al interior del predio de la actual PTAR del Municipio de Chía, no se advierten obras
relativas al contrato en cuestión.»

179. En ese orden, queda claro, que tal como lo advirtió la autoridad disciplinaria, el
proceso contractual objeto de análisis no contó con estudios técnicos y económicos
precisos, serios y completos, pues, nótese el equipo auditor fue claro en indicar que, la
adquisición de una tecnología por sí sola no servía para nada, resaltando que, desde la
fecha en que se suscribió el acta de recibo a satisfacción, a la fecha del informe de
auditoría, esto después de un (1) año y cinco meses, no se había solucionado la
problemática ambiental del municipio en el tema de manejo de aguas residuales,
generando con ello, hallazgos de tipo disciplinario, fiscal y penal.

180. Lo expuesto, permite a la Sala concluir en grado de certeza, las circunstancias de
tiempo, modo y lugar que conllevan a encontrar acreditada la conducta que se subsume
en la falta disciplinaria sobre la cual, se sustentó el segundo cargo por el cual también
resultó sancionado el demandante.

181. En ese orden, por una parte, la contratación directa celebrada bajo la causal
contenida en el artículo 2, numeral 4, literal g, de la Ley 1150 de 2007, esta es «Cuando
no exista pluralidad de oferentes en el mercado» y, por otra, el haber suscrito el contrato
de aprovisionamiento No.2015-CT-381 suscrito el Dieciocho (18) de noviembre de Dos
Mil Quince (2015), sin estudios técnicos y económicos precisos, serios y completos,
constituyen conductas que desconocen el régimen legal aplicable.

182. Lo anterior, en razón a que en el sub lite, quedó demostrado la pluralidad de oferentes
interesados en ejecutar el objeto contractual ofertado por la entidad territorial, sin
embargo, con la modalidad de selección limitó su participación en un proceso donde se
garantizara los principios de transparencia y selección objetiva que regulan la contratación
estatal. Asimismo, se demostraron las consecuencias que generó el acto contractual, por
el hecho de no contar con los estudios precisos, serios y completos que garantizara el
desarrollo en óptimas condiciones del objeto contractual.

183. El análisis probatorio, permite afirmar que, en el caso concreto las conductas
reprochadas son típicas, ya que el hecho de justificar una contratación directa sin atender
los presupuestos fácticos que estrictamente exige el artículo 2, numeral 4, literal g, de la
Ley 1150 de 2007 en concordancia con el artículo el artículo 2.2.1.2.1.4.8 del Decreto
1082 de 2015, así como, sin estudios precisos, serios y completos, desconoce los
principios de planeación, responsabilidad, economía, pluralidad de oferentes y selección
objetiva, por lo que dicho proceder se adecua a la falta disciplinaria prevista por la ley.

184. En orden a lo sustentado, es dable precisar que el tipo disciplinario atribuido exige
un desconocimiento relevante de principios y deberes, no una falla inocua; de esta
manera, el uso de un régimen excepcional de contratación estatal, sin soporte real, alteró

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la racionalidad jurídica del proceso contractual.

185. En estos términos, el demandante en su condición de alcalde y ordenador del gasto,
debió privilegiar los medios de selección propios de un contrato estatal y no optar por el
mecanismo excepcional de la contratación cuyo resultado se observa no satisfizo el
interés general.

186. De modo que, la sanción impuesta al actor no resultó injusta, desproporcionada o
arbitraria, por el contrario, está provista de justificación legal; fue razonada y razonable,
motivada en lo que objetivamente se demostró durante la investigación administrativa,
con sujeción a las previsiones del artículo 170 de la Ley 734 de 2002, en el sentido de
que «el fallo» disciplinario «debe ser motivado y contener el análisis de las pruebas en
que se basa y el análisis y valoración jurídica de los cargos, de los descargos y de las
alegaciones», requisito formal y sustancial que fue colmado a cabalidad, por consiguiente,
el cargo de apelación consistente la indebida valoración probatoria, de cara a las faltas
atribuidas.

187. Con lo expuesto a la luz del análisis crítico e integral del material probatorio, para la
Sala, la sanción de destitución e inhabilidad general por el término de 14 años, impuesta
al demandante, se encuentra ajustada al ordenamiento jurídico, en razón a que, quedó
demostrado que al suscribir el contrato de aprovisionamiento No. 2015-CT-381 bajo la
modalidad de contratación directa sin que se cumplieran los supuestos fácticos para su
aplicación y sin estudios técnicos y económicos precisos, serios y completos, constituyen
conductas que se subsumen en las faltas gravísima señalada en el artículo 48 numerales
30 y 31 de la Ley 734 de 2002.

188. Siendo, así las cosas, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, toda vez
que, el A quo aun cuando no contó con la totalidad el expediente disciplinario, no se
equivocó a concluir con la valoración de los fallos disciplinarios y las pruebas con las que
contaba, la existencia de pluralidad de oferentes, lo que acreditaba la falta endilgaba por
la autoridad disciplinaria.

2.6. Condena en costas

189. Revisada la conducta de la parte vencida, no evidencia la sala temeridad o mala fe,
sino simplemente la defensa de sus intereses, es decir no se cumplen los presupuestos
exigidos en el artículo 188 de la ley 1437 del 2011, razón por la cual, no se impondrá
condena en costas.

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2.7. Conclusiones

Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que: (i) la Procuraduría General de la
Nación era competente para investigar y sancionar al exalcalde de Chía Cundinamarca,
Guillermo Varela Romero en su condición de servidor público elegido a través de voto
popular, con sanción de destitución e inhabilidad general por el término de 14 años y (ii)
la valoración crítica e integral del material probatorio, permite concluir en grado de certeza
la existencia de las faltas disciplinarias por las cuales resultó sancionado el demandante.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley.
FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del Veintiséis (26) de Enero de Dos Mil Veintiséis
(2026)101, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, que negó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la
parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del
CPACA.

101 Sistema Samai, expediente digital índice 33

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