República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 15001-23-33-000-2019-00194-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
12 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 15001-23-33-000-2019-00194-01 (4510-2021)
Demandante: Carlos Alberto Acevedo Velásquez
Demandados: Nación, Procuraduría General de la Nación, PGN
Tema: competencia de la PGN para sancionar servidores públicos elegidos por voto
popular.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado resuelve el recurso de
apelación interpuesto por la PGN contra la sentencia proferida el 25 de febrero de 2021
por el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante la cual se accedió a las pretensiones
de la demanda.
I. Síntesis del caso
Carlos Alberto Acevedo Velásquez, exalcalde del municipio de Almeida, Boyacá, solicitó
que se anularan las Resoluciones 003 del 23 de mayo de 2018 y 012 del 31 de agosto
del mismo año, a través de las cuales la PGN lo sancionó, en su condición de alcalde de
Almeida, Boyacá, con destitución e inhabilidad por el término de 10 años.
En el concepto de violación argumentó: (i) falta de competencia de la PGN para sancionar
servidores públicos elegidos por voto popular por hechos que no están relacionados con
corrupción, y (ii) atipicidad porque la supuesta inhabilidad para ser elegido alcalde, nunca
se materializó.
Mediante sentencia de primera instancia del 25 de febrero de 2021, el Tribunal
Administrativo de Boyacá accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en el
sentido de anular los fallos disciplinarios porque a juicio del a quo, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
CADH, la PGN, por ser una autoridad administrativa, no tiene competencia para
sancionar a servidores públicos de elección popular.
El Consejo de Estado revoca la sentencia de primera instancia del 25 de febrero de 2021
dictada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, luego de considerar que de acuerdo
con la jurisprudencia actual de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, la PGN
sí tiene competencia para sancionar a servidores públicos de elección popular, por
consiguiente, se dispone devolver el expediente para que el tribunal se pronuncie
respecto del segundo cargo propuesto por el demandante.
Radicación: 15001-23-33-000-2019-00194-01 (4510-2021)
Demandante: Carlos Alberto Acevedo Velásquez
Demandada: PGN
II. Antecedentes
2.1. La demanda
1.Carlos Alberto Acevedo Velásquez por conducto de apoderado judicial, presentó1
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho2 el 29 de marzo de 2019, de acuerdo
con las pretensiones, hechos y fundamentos jurídicos que a continuación se exponen3.
2.1.1. Pretensiones
2. Solicitó que se anulara la Resolución 003 del 23 de mayo de 2018 proferida por el
procurador provincial de Guateque, Boyacá, en el marco del proceso disciplinario IUS-
2016-135866, por medio de la cual lo sancionó con destitución del cargo de alcalde de
Almeida, Boyacá, y le impuso inhabilidad general por el término de 10 años, al
encontrarlo incurso en la causal de inhabilidad prevista en el numeral 3 del artículo 37 de
la Ley 617 de 2000, norma que dispone que no podrá ser inscrito como candidato, ni
elegido, ni designado alcalde, quien, dentro del año anterior a la elección, entre otras,
haya intervenido «en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier
nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o
cumplirse en el respectivo municipio».
3. También pretendió que se declarara la nulidad de la Resolución 012 del 31 de agosto
de 2018, a través de la cual el procurador regional de Boyacá confirmó la sanción
disciplinaria impuesta.
4. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se condenara a la entidad
demandada a: (i) pagarle de manera indexada los salarios y prestaciones dejados de
percibir desde la fecha de su desvinculación hasta su reintegro efectivo; (ii) pagarle en
forma indexada 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, SMLMV, por «la grave
afectación a su buen nombre de haberlo mostrado ante la sociedad como un infractor de
la ley, sin serlo» [sic], (iii) que como medida restaurativa se ordene a la PGN a publicar la
sentencia favorable en su página web acompañada de una disculpa oficial.
2.1.2. Hechos
5.Carlos Alberto Acevedo Velásquez fue elegido como alcalde de Almeida, Boyacá, por
votación popular, para el período constitucional 2016 – 2019, cargo en el que se
posesionó el 28 de diciembre de 20154.
6. El 16 de marzo de 2016 se radicó una queja anónima ante la PGN, poniendo de
presente que Carlos Alberto Acevedo Velásquez incurrió en falta disciplinaria, por haber
1
Según el «acta individual de reparto» visible en Samai Consejo de Estado / Expediente 15001233300020190019401
/ Índice 2 «EXPEDIENTE DIGITAL» / carpeta zip «150012333000201900194-01(.ZIP) NroActua 2» / archivo
«0004Acta de reparto TAB- auto declara impedimento - comunicaciones (1).pdf».
2
De acuerdo con el medio de control previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso–administrativo, en adelante CPACA.
3
Samai Consejo de Estado / Expediente 15001233300020190019401 / Índice 2 «EXPEDIENTE DIGITAL» / carpeta
zip «150012333000201900194-01(.ZIP) NroActua 2» / archivo «0002Demanda.pdf».
4
Samai Consejo de Estado / Expediente 15001233300020190019401 / Índice 2 «EXPEDIENTE DIGITAL» / carpeta
zip «150012333000201900194-01(.ZIP) NroActua 2» / archivo «0002Demanda.pdf» / Fl. 147.
2
Radicación: 15001-23-33-000-2019-00194-01 (4510-2021)
Demandante: Carlos Alberto Acevedo Velásquez
Demandada: PGN
violado el régimen de inhabilidades, al haber suscrito con el departamento de Boyacá los
contratos de prestación de servicios profesionales 1079 del 24 de enero de 2014, 1549
del 15 de agosto de 2014 – y su adición del 12 de noviembre de 2014 –, y 0669 del 13
de enero de 2015.
7. La Procuraduría Provincial de Guateque5 a través de auto del 4 de enero de 2017
dispuso la apertura de la investigación disciplinaria con el número de radicado lUS2016-
135866 en contra del demandante, por «presuntamente incurrir en la falta disciplinaria
por cuanto se inscribió, fue elegido y se posesionó como Alcalde Municipal a pesar de la
existencia de causal de inhabilidad prevista en el numeral 3 del artículo 95 de la Ley 136
de 1994», modificada por el numeral 3 del artículo 37 de la Ley 617 de 2000.
8. Agotado el trámite de rigor, la Procuraduría Provincial de Guateque, mediante fallo de
primera instancia del 23 de mayo de 2018, encontró a Carlos Alberto Acevedo Velásquez
«responsable de la conducta investigada en esta actuación disciplinaria», por lo que le
impuso una sanción de destitución e inhabilidad general por el término de 10 años.
9.Carlos Alberto Acevedo Velásquez apeló la decisión disciplinaria de primera instancia,
pero esta fue confirmada en su integridad por la Procuraduría Regional de Boyacá,
mediante fallo 012 de fecha 31 de agosto de 20186.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
10. El demandante citó como normas violadas las siguientes: los artículos 9, 29, 40, 277
numeral 6, 278, de la Constitución Política; los artículos 8 y 23, numeral 2, de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, y los artículos 26 y 27 de la Ley 32
de 1985, aprobatoria de la Convención de Viena.
11. En el concepto de violación expuso los siguientes argumentos:
12. Falta de competencia funcional de la PGN para sancionar con destitución e inhabilidad
general a un funcionario elegido por votación popular. En su criterio, de conformidad con
la «jurisprudencia unificada» del Consejo de Estado, puntualmente la sentencia de Sala
Plena del 15 de noviembre de 20177, en aplicación del control de convencionalidad, la
PGN no está facultada para investigar a servidores públicos elegidos por voto popular,
ni imponerles sanciones de destitución e inhabilidad, cuando la conducta que se les
atribuye no representa un acto de corrupción. En consecuencia, dado que la falta
disciplinaria imputada no se refiere a un acto de tal naturaleza, al tratarse de la causal
de inhabilidad prevista en el artículo 37, numeral 3, de la Ley 617 del 2000, relacionada
con la celebración de contratos con entidades públicas dentro del año anterior a la
elección, se violó su debido proceso al ser sancionado por una autoridad administrativa
sin competencia para ello.
5
Samai Consejo de Estado / Expediente 15001233300020190019401 / Índice 2 «EXPEDIENTE DIGITAL» / carpeta
zip «150012333000201900194-01(.ZIP) NroActua 2» / archivo «0002Demanda.pdf» / Fl. 39 y ss.
6
Samai Consejo de Estado / Expediente 15001233300020190019401 / Índice 2 «EXPEDIENTE DIGITAL» / carpeta
zip «150012333000201900194-01(.ZIP) NroActua 2» / archivo «0002Demanda.pdf» / Fl. 97 y ss.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso–administrativo. Sentencia del 15 de noviembre de 2017. Radicado:
11001032500020140036000.
3
Radicación: 15001-23-33-000-2019-00194-01 (4510-2021)
Demandante: Carlos Alberto Acevedo Velásquez
Demandada: PGN
13. Falsa motivación (atipicidad) porque el hecho que dio lugar a la imposición de la
sanción no fue probado. La causal de inhabilidad imputada no se materializó, pues como
consta en la certificación expedida el 23 de diciembre de 2015 por el secretario de minas
y energía de la Gobernación de Boyacá, el contrato de servicios profesionales 00669 del
13 de enero de 2015, suscrito con esa dependencia, no se ejecutó en el municipio de
Almeida, ni en ninguna otra entidad territorial de la Provincia de Oriente, en el
departamento de Boyacá. Manifestó que cualquier interpretación en contrario,
desconocía los principios de capacidad electoral y pro homine, en concordancia con los
artículos 1, numeral 4, del Código Electoral y 29.2 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
2.2. Contestación de la demanda
14. La PGN8 se opuso a las pretensiones de la demanda. Argumentó que los actos
administrativos censurados no adolecen de los vicios señalados por el demandante,
comoquiera que se profirieron con estricto cumplimiento de las normas en que debían
fundarse, en ejercicio de un deber legal y con estricto apego al debido proceso.
15. Indicó que no se desconocieron sus derechos a elegir y ser elegido, pues
efectivamente se postuló, fue elegido y ejerció su función como alcalde de Almeida,
Boyacá y, no obstante, con ocasión de una denuncia anónima que puso en conocimiento
de la PGN una posible inhabilidad en la que se encontraba incurso, se inició una
investigación disciplinaria que culminó con su destitución e inhabilidad.
16. El proceso disciplinario se promovió en ejercicio de las funciones legales y
constitucionales de la PGN. Al respecto, aclaró que la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, puntualmente la sentencia C-111 de 2019, ha avalado la competencia de
la PGN para investigar y sancionar funcionarios de elección popular, pues se trata de
una entidad independiente e imparcial, que otorga todas las garantías judiciales y cuyos
actos pueden ser controlados judicialmente de manera efectiva, ante la jurisdicción de lo
contencioso–administrativo.
17. Por último, afirmó que no están acreditados los perjuicios solicitados.
2.3. Sentencia de primera instancia
18. El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante sentencia9 del 25 de febrero de 202110
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, sin condena en costas, en los
siguientes términos:
«Primero: Inaplicar por inconvencionalidad y con efectos inter partes el artículo 45-1 del
CDU, de acuerdo con las consideraciones expuestas en precedencia.
Segundo: Declarar la nulidad de las Resoluciones 003 del 23 de mayo de 2018 y 012 del
31 de agosto del mismo año, con las cuales la Procuraduría General de la Nación impuso
8
Samai Consejo de Estado / Expediente 15001233300020190019401 / Índice 2 «EXPEDIENTE DIGITAL» / carpeta
zip «150012333000201900194-01(.ZIP) NroActua 2», archivo «0010Contestación.pdf».
9
Suscrita por los magistrados José Asención Fernández Osorio; Fabio Iván Afanador García y Néstor Arturo Méndez
Pérez, quien salvó el voto.
10
Samai Consejo de Estado / Expediente 15001233300020190019401 / Índice 2 «EXPEDIENTE DIGITAL» / archivo
«SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA (.pdf) NroActua 2».
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Radicación: 15001-23-33-000-2019-00194-01 (4510-2021)
Demandante: Carlos Alberto Acevedo Velásquez
Demandada: PGN
al señor Carlos Alberto Acevedo Velásquez las sanciones de destitución e inhabilidad
general por el término de 10 años, por lo indicado en esta sentencia.
Tercero: A título de restablecimiento del derecho, condenar a la Procuraduría General de
la Nación a pagar a favor del señor Carlos Alberto Acevedo Velásquez, identificado con
c. c. 74.282.603, el valor de los salarios y prestaciones dejados de percibir durante el
tiempo que estuvo efectivamente separado del servicio, esto es, (i) desde que se hizo
efectiva la sanción disciplinaria y hasta cuando se efectuó su reintegro por orden de tutela,
y (ii) desde cuando cesaron los efectos del anterior amparo y hasta el 31 de diciembre de
2019. De haberse efectuado previamente algún pago por estos conceptos, deberá
descontarse de la indemnización.
La suma que corresponda a la condena deberá indexarse conforme a la siguiente fórmula:
[…]
Cuarto: En firme esta providencia, la secretaría del Tribunal deberá oficiar a la División
de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación para que la registre en el
Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (SIRI) y, en
consecuencia, proceda a efectuar la correspondiente desanotación de las sanciones
impuestas.
Quinto: Negar las demás pretensiones de la demanda, con base en los argumentos
plasmados en la parte motiva de esta providencia.
[…].».
19. Tras realizar un análisis normativo y un recuento de la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado, el tribunal concluyó que estas mantienen
posiciones diferentes sobre la competencia de la PGN para sancionar con destitución e
inhabilidad a los servidores de elección popular. Sin embargo, afirmó que a partir de la
decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro Urrego
contra Colombia, de 8 de julio de 2020, es claro que la interpretación del artículo 23.2 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en lo que respecta a la limitación
de los derechos políticos, debía ser gramatical. Es decir, que los derechos políticos
únicamente pueden ser limitados por una sentencia judicial proferida por el juez
competente.
20. En consecuencia, manifestó que, en el contexto jurídico actual, la sanción impuesta
por la PGN al demandante es incompatible con el artículo 23 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, y en esa medida se debía inaplicar por
inconvencionalidad y con efectos inter partes el artículo 45-1 del Código Disciplinario
Único.
21. Finalmente señaló, que el demandante no aportó ningún elemento de convicción que
demuestre la configuración del daño consistente en una grave afectación al buen
nombre. Además precisó, que «la sola situación contextual referente a la imposición de
la sanción y la calidad del actor de líder político no constituyen prueba de una grave
afectación al buen nombre en razón a que, por un lado, esto significaría presumir la
configuración del daño, […] y por otro, la [PGN] ejerció una competencia que en ese
momento, aunque presentaba grandes controversias e incertidumbres en el mundo
jurídico nacional, había sido convalidada por las altas cortes». De manera tal que «el
remedio más idóneo para las circunstancias a las que se vio supeditado el actor es la
resolución de su caso con base en la interpretación que la Corte IDH hizo del artículo 23
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Radicación: 15001-23-33-000-2019-00194-01 (4510-2021)
Demandante: Carlos Alberto Acevedo Velásquez
Demandada: PGN
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, por ende, la rehabilitación de
sus derechos políticos. En consecuencia, negó la pretensión de pago de perjuicios.
2.4. Recursos de apelación
2.4.1. PGN
22. La PGN interpuso recurso de apelación11 contra la sentencia de primera instancia.
Manifestó que el Tribunal omitió que el proceso disciplinario se adelantó conforme a las
normas constitucionales y legales vigentes, esto es el artículo 277.6 de la Constitución
Política, la Ley 734 de 2002 y el Decreto 262 de 2002, por tanto, no se aplicó norma
diferente a la preexistente para el comportamiento que se le reprochó.
23. En el marco del proceso disciplinario se garantizó el debido proceso, pues se demostró
la inhabilidad general por la que se desarrolló la investigación disciplinaria. Así, respecto
de la imputabilidad de la inhabilidad del numeral 3 del artículo 37 de la Ley 617 de 2000,
que modificó el artículo 95 de la Ley 136 de 1994, referente a la inhabilidad por haber
suscrito contratos dentro del año inmediatamente anterior, con la Gobernación de
Boyacá, la investigación disciplinaria permitió corroborar que esta se materializó con la
celebración de los contratos de prestación de servicios profesionales 1079 de 2014, 1549
de 2014 – y su adición –, y 0669 de 2015, que debían ejecutarse, parte de estos, en el
municipio de Almeida o en el departamento de Boyacá, del cual hace parte dicho ente
territorial. Entonces, dado el carácter taxativo de las inhabilidades, la PGN en ejercicio
de sus facultades, debía sancionarlo conforme lo establecen los artículos 45 y 46 de la
Ley 734 de 2000.
24. Señaló que tanto la Corte Constitucional en sentencia C-111 de 2019, como el
Consejo de Estado, en fallo del 9 de marzo de 2020, expediente 68001-23-33-000-2017-
00941-01(4266-2019), avalaron la competencia de la PGN para disciplinar a los
funcionarios de elección popular, bajo el estricto cumplimiento de las garantías
procesales, debido a que es una entidad autónoma e independiente.
25. El tribunal no tuvo en cuenta que los fallos disciplinarios demandados, esto es, la
Resolución 003 de 23 de mayo de 2018, expedida por el procurador provincial de
Guateque, y Resolución 012 de 31 de agosto de 2018, proferida por el procurador
regional de Boyacá, son anteriores a la sentencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en el caso Petro Urrego contra Colombia, la cual data del 8 de julio
de 2020. Por lo tanto, no podía exigirse a la entidad que diera aplicación a los parámetros
allí establecidos, más aún cuando en la referida decisión la Corte Interamericana indica
que la competencia de la PGN estará vigente hasta tanto se realicen las adecuaciones
normativas a que haya lugar en la materia.
11
Samai Consejo de Estado / Expediente 15001233300020190019401 / Índice 2 «EXPEDIENTE DIGITAL» / archivo
«RECURSO DE APELACION(.DOC) NroActua 2».
6
Radicación: 15001-23-33-000-2019-00194-01 (4510-2021)
Demandante: Carlos Alberto Acevedo Velásquez
Demandada: PGN
2.4.2. Ministerio Público
26. El Ministerio Público apeló la decisión12 indicando que el Consejo de Estado en la
sentencia de 15 de noviembre de 2017 no despojó a la PGN de la competencia para
destituir e inhabilitar a servidores públicos de elección popular, como resultado de una
investigación disciplinaria cuyo origen no se trata de conductas constitutivas de actos de
corrupción. Por el contrario, la propia corporación en auto aclaratorio señaló que,
mientras se adecuaba la normativa, la entidad conservaba sus facultades de investigar
y sancionar con destitución a funcionarios de elección popular.
27. Alegó que la Corte Constitucional en sentencia T-433 de 2019, reiteró que hasta tanto
subsista en el ordenamiento jurídico la competencia plena de la PGN para imponer
sanciones, la interpretación de la norma que ha realizado como órgano de cierre de la
jurisdicción constitucional, permanece, y con ellas, su fuerza vinculante para todas las
autoridades públicas.
28. Señaló que si bien es cierto que el procurador general de la Nación mediante la
Circular 005 del 1 de septiembre de 2020, dirigida a sus delegados, precisó que carecían
de competencia para imponer sanciones de destitución a funcionarios de elección
popular, por hechos distintos de corrupción, e instruyó que solo procedían sanciones
distintas a la destitución e inhabilidad general; lo cierto es que dicha comunicación
desconoce las normas constitucionales y la jurisprudencia de las altas cortes que
mantienen tales facultades hasta que se modifiquen las normas internas.
29. Asimismo, descartó el auto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado que dirimió la competencia entre la PGN y la Comisión de Ética del Senado de la
República, al considerar que no es la autoridad llamada a definir las competencias de la
PGN, porque ello implica desconocer la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la
Corte Constitucional.
30. Precisó que el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en
el caso Petro Urrego no es vinculante para la PGN, hasta tanto no se modifique el
ordenamiento jurídico colombiano, más aún si se tiene en cuenta que dicha decisión es
posterior a los fallos sancionatorios que se cuestionan en el caso concreto.
31. Contrario a lo afirmado por el a quo, en el presente caso sí existe una situación jurídica
consolidada, en tanto el proceso disciplinario se inició y culminó bajo el amparo de la
norma vigente para la fecha en que se adelantó y, entender que las autoridades judiciales
puedan analizar la legalidad de actos administrativos a la luz de estándares normativos
que no eran exigibles a la fecha de su expedición, atenta contra la seguridad jurídica.
2.5. Alegatos de conclusión ante el Consejo de Estado
32. Las partes no presentaron alegatos de conclusión en esta instancia.
12
Samai Consejo de Estado / Expediente 15001233300020190019401 / Índice 2 «EXPEDIENTE DIGITAL» / archivo
«RECURSO DE APELACION(.pdf) NroActua 2».
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Radicación: 15001-23-33-000-2019-00194-01 (4510-2021)
Demandante: Carlos Alberto Acevedo Velásquez
Demandada: PGN
2.6. Ministerio Público
33. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no rindió concepto.
III. Consideraciones
3.1. Competencia
34. El presente asunto es de competencia de esta corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso 1 del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de Estado
conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos.
3.2. Problemas jurídicos
35. Deacuerdo con lo expuesto, a la Sala le corresponde resolver los siguientes
problemas jurídicos:
1) ¿La PGN tenía competencia para investigar y sancionar al exalcalde de Almeida,
Boyacá, Carlos Alberto Acevedo Velásquez, en su condición de servidor público
elegido a través de voto popular?
2) ¿En el presente caso se encuentra probado el elemento tipicidad respecto de la falta
disciplinaria prevista en el artículo 48, numeral 17, de la Ley 734 de 2002, endilgada
al demandante, por haber violado presuntamente el régimen de inhabilidades
contenido en el numeral 3 del artículo 37 de la Ley 617 de 2000, por cuanto suscribió
los contratos de prestación de servicios profesionales 1079 de 2014, 1549 de 2014 –
y su adición –, y 0669 de 2015, con la Gobernación de Boyacá?
3.3. Competencia de la PGN para investigar y sancionar disciplinariamente
servidores públicos de elección popular
36. A efectos de determinar la competencia de la PGN para ejercer la potestad
disciplinaria frente a los servidores públicos de elección popular, se hace necesario
analizar la evolución jurisprudencial, que, bajo un criterio sistemático de interpretación,
ha permitido validarla en dicho escenario.
37. Para tal efecto, la Sala identifica 3 momentos significativos, a saber:
• El primero, definido por los criterios establecidos por la Corte Constitucional sobre
la potestad sancionadora de la PGN frente a los servidores públicos de elección
popular, a partir del análisis de constitucionalidad de algunas disposiciones de la
Ley 734 de 2002, y de la revisión, en sede de tutela, del caso de la exsenadora
Piedad Córdoba Ruiz.
• El segundo, centrado en el caso Petro Urrego y su resolución tanto en el ámbito
judicial nacional e internacional.
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Radicación: 15001-23-33-000-2019-00194-01 (4510-2021)
Demandante: Carlos Alberto Acevedo Velásquez
Demandada: PGN
• El tercero, que corresponde a la incidencia de la sentencia del 8 de julio de 2020
de la Corte Interamericana de Derecho Humanos en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado.
3.3.1. Primer momento: hacia la validación de la competencia disciplinaria de la
PGN frente a servidores públicos de elección popular
38. Este periodo estuvo caracterizado por distintos enfoques interpretativos ante la
tensión existente entre la potestad del procurador general de la Nación, es decir, de una
autoridad administrativa, de «ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes
desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular», como lo señala el
artículo 277.6 de la Constitución Política, y la garantía prevista en el artículo 23 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, consistente en que las restricciones
de los derechos políticos solo son procedentes en virtud de: (a) una ley por razones de
edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o (b) como
consecuencia de una condena por juez competente, en proceso penal.
39. En este contexto, durante más de dos décadas la Corte Constitucional se ocupó del
asunto, adoptando 3 enfoques interpretativos: uno restrictivo, otro integrador y finalmente
uno amplio, así:
• En la sentencia C-551 de 2003, se sostuvo una lectura restrictiva del artículo 23 de la
CADH, señalando que la limitación de derechos políticos debía derivarse de una
condena penal.
• Luego, en la sentencia C-028 de 2006, la Corte adoptó un enfoque integrador,
argumentando que el artículo 23 de la CADH debía interpretarse sistemáticamente
con otros tratados internacionales, en especial aquellos que promovían la lucha
contra la corrupción. Lo anterior para concluir que el artículo 23 de la CADH no se
oponía a que los legisladores internos establecieran sanciones disciplinarias que
implicaran la suspensión temporal o definitiva del derecho de acceso a cargos
públicos, con miras a combatir el fenómeno de la corrupción.
• Finalmente, en la sentencia SU-712 de 2013 (caso de la exsenadora Piedad Córdoba
Ruiz) y en fallos posteriores como las sentencias C-500 de 2014 y C-101 de 2018, la
Corte sostuvo una interpretación amplia, validando la competencia de la PGN para
imponer sanciones que afectaran derechos políticos, siempre que se respetaran las
garantías del debido proceso.
40. A partir de lo dicho, la Corte Constitucional, hasta el año 201913, desarrolló una línea
jurisprudencial orientada a validar la competencia de la PGN para imponer sanciones
disciplinarias, incluso si con ellas se restringía el ejercicio de derechos políticos.
13
C-086 de 2019 y C-111 de 2019 y T-433 de 2019.
9
Radicación: 15001-23-33-000-2019-00194-01 (4510-2021)
Demandante: Carlos Alberto Acevedo Velásquez
Demandada: PGN
3.3.2. Segundo momento: caso Petro Urrego y su resolución en el ámbito judicial
nacional e internacional
41. De manera paralela al desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional, la Sala
Plena de lo Contencioso–Administrativo del Consejo de Estado, mediante sentencia del
15 de noviembre de 201714, en ejercicio del control de convencionalidad, consideró que
la sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad general por 15 años impuesta al
exalcalde de Bogotá, Gustavo Francisco Petro Urrego, era contraria a la exigencia
prevista en el artículo 23.2 de la CADH, en la medida en que no fue impuesta por un juez
competente en el marco de un proceso penal.
42. Para llegar a esta conclusión, la corporación consideró que la sentencia C-028 de
2006 hizo tránsito a cosa juzgada constitucional solo parcialmente, pues no abordó los
casos en los que las sanciones disciplinarias no estaban relacionadas con actos de
corrupción. Con base en ello, concluyó que la PGN carecía de competencia para imponer
restricciones a derechos políticos en ausencia de condena penal, invocando el
principio pacta sunt servanda y la protección del principio democrático y la soberanía
popular de los electores.
43. En consecuencia, se anuló la sanción impuesta al exalcalde Gustavo Petro, al
establecer que la Procuraduría solo podía imponer sanciones restrictivas de derechos
políticos por conductas constitutivas de corrupción. En los demás eventos, consideró que
se debe acudir a un juez penal para tal fin. En esa oportunidad, se enfatizó que el
exalcalde no había sido condenado penalmente y, por lo tanto, mantenía su presunción
de inocencia, lo que hacía inaplicable la restricción impuesta.
44. A su turno, la CIDH en sentencia del 8 de julio de 2020 al referirse al anterior asunto,
concluyó que el Estado colombiano violó los derechos políticos del exalcalde Gustavo
Petro Urrego al permitir que una autoridad administrativa, como la PGN, le impusiera una
sanción de destitución e inhabilidad, sin que mediara una condena penal proferida por
juez competente, como lo exige el artículo 23.2 de la CADH. De ese modo, esta
restricción, al no derivarse de un proceso penal, en criterio de la Corte Interamericana,
resultó incompatible con los estándares del sistema interamericano, afectando no solo al
funcionario elegido, sino también a los ciudadanos que lo eligieron, en contravía del
principio democrático y de la soberanía popular.
45. Adicionalmente, advirtió que el marco normativo colombiano, al facultar a órganos
administrativos para imponer sanciones que restringen derechos políticos, vulneró el
deber de adecuación del derecho interno a la CADH, previsto en su artículo 2, por lo que
instó al Estado colombiano a adoptar reformas estructurales que garanticen la no
repetición de esos hechos.
46. Precisamente, en cumplimiento de esta orden, se tramitó —por iniciativa de la PGN—
una reforma legislativa que culminó con la expedición de la Ley 2094 de 2021, mediante
la cual se dotó al referido órgano de control de funciones jurisdiccionales en materia
disciplinaria, con el fin de armonizar el ordenamiento interno con los estándares del
14
Rad. 110010325000201400360 00.
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Radicación: 15001-23-33-000-2019-00194-01 (4510-2021)
Demandante: Carlos Alberto Acevedo Velásquez
Demandada: PGN
sistema interamericano de derechos humanos, facultades jurisdiccionales que finalmente
fueron consideradas contrarias a la carta política en la sentencia C-030 de 2023.
47. Dentro de las novedades introducidas por la Ley 2094 de 2021, se previó que el
recurso extraordinario de revisión procedería contra las decisiones sancionatorias
ejecutoriadas dictadas por la PGN contra servidores públicos de elección popular, en
ejercicio de la potestad disciplinaria.
3.3.3. Tercer momento: la incidencia de la sentencia del 8 de julio de 2020 de la
Corte Interamericana sobre Derechos Humanos en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado
48. Con posterioridad al pronunciamiento de la CIDH, la Corte Constitucional se ocupó
nuevamente del tema, a propósito del control de constitucionalidad frente a algunos
artículos de las leyes 136 de 1994, 617 de 2000 y 2094 de 2021. A su turno, el Consejo
de Estado hizo lo propio, esta vez desde el pleno de la Sección Segunda y,
posteriormente, por la Sala Plena de lo Contencioso–administrativo, con ocasión del
mencionado recurso de revisión contra las sanciones disciplinarias de suspensión y
destitución impuestas a servidores públicos de elección popular.
49. De los pronunciamientos de la Corte Constitucional se destacan las sentencias C-146
de 2021 y C-030 de 2023. Del Consejo de Estado una sentencia del 11 de octubre de
2023 de la Sección Segunda, y un auto del 3 de diciembre de 2024 de la Sala Plena de
lo Contencioso–administrativo, providencias respecto de las cuales se resalta lo
siguiente:
3.3.3.1. Sentencias C-146 de 2021 y C-030 de 2023
50. En un contexto marcado por la sentencia del Consejo de Estado que declaró la nulidad
de la sanción impuesta al exalcalde Gustavo Petro Urrego, la condena al Estado
colombiano proferida por la CIDH con ocasión del mismo asunto y la entrada en vigor de
una reforma legal que otorgó funciones jurisdiccionales a la PGN, la Corte Constitucional
volvió a ocuparse del tema en la sentencia C-146 de 2021.
51. En esta oportunidad, si bien la Corte aludió a la necesidad de una interpretación
sistemática y armónica del bloque de constitucionalidad, también hizo especial énfasis
en las diferencias existentes entre el bloque de constitucionalidad y el control de
convencionalidad: el primero parte de la supremacía constitucional, el segundo de la
supremacía convencional. Asimismo, explicó que el artículo 23 de la CADH no debe
interpretarse literalmente, sino de manera coherente con todo el texto de la Convención,
con otros tratados internacionales y con la Constitución, en atención al margen de
apreciación estatal que propicia las interacciones judiciales o el diálogo judicial
internacional.
52. En estos términos, la Corte concluyó que el artículo 23.2 de la CADH autoriza a los
Estados a establecer limitaciones a los derechos políticos mediante ley, siempre que
obedezcan a criterios objetivos. Asimismo, se precisó que dicha disposición permite que
los jueces —sin importar su especialidad— impongan restricciones a dichos derechos,
siempre que se respeten plenamente las garantías del debido proceso.
11
Radicación: 15001-23-33-000-2019-00194-01 (4510-2021)
Demandante: Carlos Alberto Acevedo Velásquez
Demandada: PGN
53. El anterior no ha sido el único pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre esta
materia tras la sentencia de la CIDH en el caso Petro Urrego contra Colombia. En efecto,
con ocasión de una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1 de la Ley 2094
de 2021 —que atribuía funciones jurisdiccionales a la PGN—, la Corte en sentencia C-
030 de 2023 se pronunció nuevamente sobre el tema y declaró dicha atribución contraria
al artículo 116 de la Constitución15.
54. A juicio del tribunal constitucional, la norma acusada no implicó el traslado de
competencias originalmente asignadas a jueces, sino la variación en la naturaleza de
una potestad de la que ya era titular dicho organismo de control, vulnerando así el
principio de excepcionalidad que rige la atribución de funciones jurisdiccionales a
autoridades administrativas.
55. La Corte estableció como regla jurisprudencial, con base en una interpretación
armónica y dialógica del artículo 23.2 de la CADH dentro del bloque de
constitucionalidad, que toda restricción o limitación temporal al derecho a ser elegido de
un servidor público en ejercicio de sus funciones, debe estar sujeta a reserva judicial. Es
decir, solo puede imponerse de forma definitiva por un juez de la República, sin importar
su especialidad, salvo las excepciones expresamente previstas en la Constitución.
56. Por último, frente al recurso extraordinario de revisión que procede contra este tipo de
decisiones sancionatorias, la Corte lo reconoció como un «remedio constitucional» válido
que garantiza el derecho al juez natural. Este recurso debe tramitarse de forma
obligatoria, ordinaria e inmediata, sin que esté condicionado a causales taxativas de
procedencia, asegurando el ejercicio pleno del derecho de defensa del disciplinado.
3.3.3.2. Sentencia del 11 de octubre de 2023 de la Sala Plena de la Sección Segunda
del Consejo de Estado
57. En cuanto a los pronunciamientos del Consejo de Estado, no puede pasarse por alto
la sentencia del 11 de octubre de 202316, mediante la cual el pleno de la Sección
Segunda, con ocasión de la sanción de destitución e inhabilidad general por 10 años y 3
meses impuesta a un servidor público elegido por voto popular, se pronunció sobre esta
temática. En dicha providencia se señaló que, en acatamiento del precedente
interamericano del 8 de julio de 2020 y atendiendo al principio pro homine, el estándar
convencional resultaba más favorable al entonces demandante que lo dispuesto en el
ordenamiento interno. Por lo tanto, era procedente aplicar la excepción de
inconvencionalidad respecto del ordenamiento nacional y, en consecuencia, anular los
actos administrativos sancionatorios demandados, expedidos en el año 2012.
58. La ratio
decidendi de dicha sentencia fue posteriormente replicada por ambas
Subsecciones de la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo que permitió que esta
corporación declarara la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se
15
«Artículo 116. <Artículo modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo No. 3 de 2002. El nuevo texto es el
siguiente:> […] Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas
autoridades administrativas. Sin embargo no les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos.
[…]».
16
Rad.15001-23-33-000-2014-00564-01.
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Radicación: 15001-23-33-000-2019-00194-01 (4510-2021)
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Demandada: PGN
impusieron sanciones disciplinarias a servidores públicos elegidos por voto popular, sin
tener en consideración si dichos actos fueron expedidos bajo la vigencia del criterio
integrador o de interpretación armónica establecido por la Corte Constitucional en la
sentencia C-028 de 2006 o con posterioridad al fallo de la CIDH en el caso Petro Urrego
contra Colombia.
59. No obstante, frente al nuevo panorama jurisprudencial trazado por las sentencias C-
146 de 2021 y C-030 de 2023, la PGN promovió acciones de tutela contra múltiples
decisiones judiciales que acogieron la tesis establecida por la Sala Plena de lo
Contencioso–Administrativo en la sentencia del 15 de noviembre de 2017 (caso Petro
Urrego en el Consejo de Estado) y, a su turno, por la Sala Plena de la Sección Segunda
en la providencia del 11 de octubre de 2023, alegando la vulneración de su derecho al
debido proceso por el desconocimiento del precedente constitucional vinculante
contenido en las referidas sentencias.
60. Con ocasión de esta situación, la Corte Constitucional, en las sentencias SU-381 de
2024 (caso Merlano), SU-382 de 2024 (caso Abadía) y SU-417 de 2024, y, a su turno, la
Sección Quinta y la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
mediante sentencias del 31 de octubre de 202417 y del 24 de febrero de 202518, en sede
de revisión y de tutela, respectivamente, ampararon el derecho al debido proceso de la
PGN, por lo que se dejaron sin efectos varias sentencias proferidas por la Sección
Segunda con fundamento en la tesis inicialmente acogida.
61. Estas decisiones concluyeron al unísono que, al momento de la expedición de los
actos administrativos sancionatorios, existía una «tesis consolidada de la Corte
Constitucional que avalaba la competencia de la Procuraduría General de la Nación para
sancionar, con destitución e inhabilidad, a servidores públicos de elección popular,
respecto de la cual las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
se apartaron indebidamente»19.
62. Como consecuencia de lo anterior, la Sección Segunda del Consejo de Estado se ha
visto en la necesidad de proferir múltiples sentencias en cumplimiento de las órdenes
impartidas en sede de revisión por la Corte Constitucional y, en tutela, por otras
secciones de la misma corporación. A partir de estas providencias y de las aclaraciones
de voto de algunos magistrados, es posible identificar dos posiciones en relación con el
alcance de las órdenes de cumplimiento y sus implicaciones jurisprudenciales.
• Tesis 1: Si bien se da cumplimiento a una sentencia de tutela, lo cierto es que dicha
decisión no está alineada con la interpretación reiterada de la CIDH sobre el
alcance del artículo 23.2 de la CADH, lo que podría constituir un incumplimiento
del principio pacta sunt servanda. Al otorgar primacía a normas internas contrarias
al derecho internacional vigente, es posible comprometer la responsabilidad
17
Sala Plena de lo Contencioso–Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 31 de octubre de 2024. Rad. 11001-
03-15-000-2024-03021-01.
18
Sala Plena de lo Contencioso–Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 24 de febrero de 2025.
Rad. 11001-03-15-000-2024-04153-00 (acumulado).
19
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso–Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 24
de febrero de 2025. Rad. 11001-03-15-000-2024-04153-00 (acumulado).
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internacional del Estado colombiano, al desconocer el deber de ejercer el control
de convencionalidad por parte de los jueces nacionales.
• Tesis 2: Se trata de decisiones judiciales de cumplimiento en las que debe acatarse
lo ordenado por una sentencia de tutela, y en ese marco, no es pertinente referirse
a la aplicación del control de convencionalidad, toda vez que al momento de
expedirse los actos administrativos sancionatorios existía una línea jurisprudencial
clara y consolidada —tanto de la Corte Constitucional como de la Sala Plena del
Consejo de Estado— que reconocía la validez de la competencia de la PGN para
sancionar a servidores públicos elegidos por voto popular. Dicha jurisprudencia
desarrolló una interpretación sistemática y armónica del artículo 23.2 de la CADH,
en concordancia con el bloque de constitucionalidad y el margen de apreciación
estatal, lo que justificaba limitar el análisis al control de legalidad de los actos sin
extenderse al debate convencional en ese contexto específico.
3.3.3.3. Del auto de unificación jurisprudencial —para sentar jurisprudencia— del
3 de diciembre de 2024
63. Por último, la Sala Plena de lo Contencioso–Administrativo, a través de auto de
unificación jurisprudencial del 3 de diciembre de 2024, sentó jurisprudencia en torno a la
procedencia y trámite del recurso extraordinario de revisión previsto en la Ley 2094 de
2021.
64. La situación procesal que dio origen a esta decisión se derivó de la negativa a avocar
el conocimiento de un recurso presentado con anterioridad a la sentencia C-030 de 2023,
con fundamento en que la Ley 2094 de 2021: (a) vulneraba la CADH al facultar a
autoridades no judiciales para restringir derechos políticos; (b) omitió garantías como la
doble instancia y el debido proceso; (c) desnaturaliza la función jurisdiccional del Consejo
de Estado; y (d) fue tramitada la referida ley sin observar el procedimiento exigido para
las leyes estatutarias.
65. La Sala Plena de lo Contencioso–Administrativo, mediante auto proferido el 3 de
diciembre de 2024, sentó jurisprudencia sobre la materia en cuestión. Con tal propósito
acogió expresamente el criterio establecido por la Corte Constitucional en la sentencia
C-030 de 2023 y, en ese sentido, reconoció que la competencia para tramitar y resolver
dicho recurso recae en la jurisdicción de lo contencioso–administrativo, al considerar que
este mecanismo es compatible con la Constitución Política de 1991 y con los artículos 8
y 23.2 de la CADH, con sujeción a los ajustes y modulaciones dispuestos por la Corte en
dicha sentencia.
66. Asimismo, la decisión de unificación reconoció que, tras el juicio efectuado por la Corte
Constitucional en la sentencia C-030 de 2023 —mediante la cual se declaró ajustada a
la Constitución la facultad sancionatoria de la PGN frente a servidores públicos elegidos
por voto popular en la Ley 2094 de 2021, así como la procedencia del recurso
extraordinario de revisión frente a dichas sanciones—, no resultaba jurídicamente
admisible reabrir el debate sobre su compatibilidad con la Constitución, la CADH o la
jurisprudencia de la CIDH, toda vez que este punto ya había sido resuelto por el juez
constitucional competente.
14
Radicación: 15001-23-33-000-2019-00194-01 (4510-2021)
Demandante: Carlos Alberto Acevedo Velásquez
Demandada: PGN
67. Con sustento en esas consideraciones, la Sala Plena de lo Contencioso–
administrativo fijó siete reglas jurisprudenciales a las cuales la Sala se referirá de manera
sucinta, con fines de ilustración, así:
• Regla 1: procedencia del recurso. El recurso extraordinario de revisión solo procede
contra sanciones de destitución, suspensión o inhabilidad impuestas por la
Procuraduría a servidores de elección popular, cuando estas afecten el ejercicio de su
mandato o generen inhabilidades futuras. Esta regla responde a la necesidad
de proteger el derecho a ser elegido y la representación política, conforme a la CADH
y a la sentencia C-030 de 2023.
• Regla 2: suspensión de la sanción. La ejecución de la sanción disciplinaria queda
suspendida mientras se resuelve el recurso extraordinario de revisión, incluso hasta
la resolución de la doble conformidad si llegare a formularse. Esta regla busca evitar
un perjuicio irremediable al sancionado y asegurar la efectividad del control judicial.
• Regla 3: intervención del sancionado. El disciplinado puede intervenir directamente o
mediante apoderado dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la decisión
sancionatoria, para ejercer su derecho de defensa, presentar pruebas y formular
cargos. Esta regla garantiza el acceso efectivo a la justicia y al debido proceso, sin
formalismos excesivos, en concordancia con el artículo 57 de la Ley 2094 y la
sentencia C-030 de 2023.
• Regla 4: auto que avoca conocimiento. El trámite del recurso se inicia con auto que
avoca conocimiento, y no aquel que admite el recurso, y se notifica tanto a la
Procuraduría como al sancionado. Esta regla obedece al carácter automático del
recurso, según lo establecido por la Corte Constitucional, con el propósito que el
disciplinado ejerza su defensa sin trabas procedimentales.
• Regla 5: procedencia, oportunidad y trámite del recurso de doble conformidad. Cuando
la sentencia que resuelve el recurso extraordinario declara ajustada al ordenamiento
jurídico la sanción disciplinaria, procede el recurso de doble conformidad, el cual debe
tramitarse según el artículo 247 del CPACA. Esta garantía, de origen
convencional, asegura que la sanción sea revisada por un juez distinto, maximizando
la garantía al debido proceso y la imparcialidad.
• Regla 6: Competencia para resolver el recurso de doble conformidad. El recurso de
doble conformidad será resuelto por la Sala Especial de Decisión siguiente en orden
numérico, excluyendo al magistrado que ya conoció del caso. Esta medida garantiza la
imparcialidad judicial y evita que un mismo juez intervenga en ambas instancias,
conforme al modelo de justicia disciplinaria modulado por la Corte.
• Regla 7: control Integral. El juez contencioso debe ejercer un control integral de
legalidad, constitucionalidad y convencionalidad sobre la actuación disciplinaria. Esta
regla reafirma la reserva judicial y la tutela efectiva de derechos fundamentales, y
obliga al juez a valorar todo el procedimiento y sus efectos conforme al bloque de
constitucionalidad.
15
Radicación: 15001-23-33-000-2019-00194-01 (4510-2021)
Demandante: Carlos Alberto Acevedo Velásquez
Demandada: PGN
68. El recuento sobre la potestad disciplinaria de la PGN frente a servidores públicos de
elección popular evidencia un proceso dinámico de ajuste institucional y jurisprudencial,
en el que, según lo reconoce la Corte Constitucional, el diálogo entre tribunales ha sido
clave para armonizar el derecho interno con los estándares internacionales. La
construcción de una interpretación coherente del artículo 23.2 de la CADH reafirma la
importancia de la reserva judicial y refuerza la seguridad jurídica, la protección de los
derechos políticos y la vigencia del principio democrático en el Estado constitucional de
derecho.
3.4. Resolución de los problemas jurídicos
3.4.1. Hechos probados.
69. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
70. Carlos Alberto Acevedo Velásquez fue elegido como alcalde de Almeida, Boyacá, por
votación popular, para el período constitucional 2016 – 2019, cargo en el que se
posesionó el 28 de diciembre de 201520.
71. El 16 de marzo de 2016 se radicó una queja anónima ante la PGN, poniendo de
presente que Carlos Alberto Acevedo Velásquez incurrió en falta disciplinaria, por haber
violado el régimen de inhabilidades, al haber suscrito con el departamento de Boyacá los
contratos de prestación de servicios profesionales 1079 del 24 de enero de 2014, 1549
del 15 de agosto de 2014 y su adición del 12 de noviembre de 2014, y 0669 del 13 de
enero de 2015. Se indicó que los contratos tenían como lugar de ejecución la totalidad
del departamento de Boyacá, incluyendo el municipio de Almeida, donde fue elegido
como alcalde el día 25 de octubre de 2015.
72. En virtud de la referida queja, la Procuraduría Provincial de Guateque21, a través de
auto del 25 de mayo de 2016, ordenó adelantar indagación preliminar en contra de Carlos
Alberto Acevedo Velásquez, en calidad de alcalde de Almeida, Boyacá. Finalizada esta
etapa, a través de auto del 4 de enero de 2017 dispuso la apertura de la investigación
disciplinaria radicada bajo el número lUS2016-135866, por «presuntamente incurrir en la
falta disciplinaria por cuanto se inscribió, fue elegido y se posesionó como Alcalde
Municipal a pesar de la existencia de causal de inhabilidad prevista en el numeral 3 del
artículo 95 de la Ley 136 de 1994». Puntualmente, el cargo único formulado al
disciplinado fue el siguiente:
«6.1. Cargo único formulado en contra de Carlos Alberto Acevedo Velásquez
Usted, señor Carlos Alberto Acevedo Velásquez, identificado con C.C. No:
79.721.157 de Guateque, en su condición de Alcalde Municipal de Almeida,
presuntamente incumplió con lo reglado en el numeral 3° del Artículo 37 de la Ley
617 de 2000, que modificó el Artículo 95 de la Ley 136 de 1994, al inscribirse como
candidato y ser elegido Alcalde municipal el 25 de octubre de 2015,
encontrándose inhabilitado para tal fin, toda vez que dentro del año anterior a la
elección suscribió en interés propio con el ente de derecho público Departamento
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Samai Consejo de Estado / Expediente 15001233300020190019401 / Índice 2 «EXPEDIENTE DIGITAL» / carpeta
zip «150012333000201900194-01(.ZIP) NroActua 2» / archivo «0002Demanda.pdf» / Fl. 147.
21
Samai Consejo de Estado / Expediente 15001233300020190019401 / Índice 2 «EXPEDIENTE DIGITAL» / carpeta
zip «150012333000201900194-01(.ZIP) NroActua 2» / archivo «0002Demanda.pdf» / fl. 39 y ss.
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Demandante: Carlos Alberto Acevedo Velásquez
Demandada: PGN
de Boyacá, el contrato de prestación de servicios No. 000669 del 13 de enero de
2015, habiendo pactado actividades que debían ejecutarse en todo el
departamento de Boyacá.
En acápite concepto de la violación se consideró que con la conducta al parecer se habían
infringido las siguientes normas:
1. Ley 617 de 2000, articulo 37, numeral 3 que modificó el artículo 95 de la Ley 136 de
1994.
En cuanto a la ilicitud sustancial se consideró que la conducta desplegada por el
investigado era antijurídica por presunta conculcación del principio de moralidad e
imparcialidad. La falta se calificó de manera provisional como gravísima al adecuarse en
el numeral 17 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. Respecto al factor subjetivo de la
responsabilidad para el señor Carlos Alberto Acevedo Velásquez, el ilícito disciplinario se
imputó a título de culpa gravísima por desatención elemental de normas de taxativo
cumplimiento.».
73. Durante la etapa de descargos, el investigado centró su defensa en que la conducta
endilgada es atípica, pues «no se encontraba incurso en la causal de inhabilidad
enrostrada por cuanto no existe prueba alguna que demuestre que el contrato suscrito
con la Gobernación de Boyacá se cumplió o ejecutó en el municipio de Almeida […]
concluyendo que no intervino o tuvo injerencia en los contratos, proyectos, asesorías,
supervisiones que se adelantaron en dicha entidad territorial con motivo a su contrato,
conforme a la certificación allegada por la Secretaría de Minas de la Gobernación de
Boyacá.». En consecuencia, adujo que «la inhabilidad elevada en el pliego de cargos […]
carece de soporte típico, pues, sin esta conducta requerida, es imposible el accionar
disciplinario». Finalmente, manifestó que, conforme al contrato, el mismo debía
«cumplirse en la Secretaría de Minas, y que previa delegación del Secretario de Minas,
puede el contratista desplazarse a los municipios para ejercer la supervisión, pero que
en el presente caso conforme a las pruebas recaudadas, esta actividad nunca se
desarrolló en el municipio de Almeida.».
74. Asimismo, alegó la ilicitud sustancial de la conducta, al no haber atentado contra los
principios de moralidad e imparcialidad en el ejercicio de la función pública, pues como
contratista no tuvo a su cargo actividades contractuales en el municipio de Almeida. En
consecuencia, no puede predicarse que hubiera lesionado o puesto en riesgo el bien
administrativo jurídicamente tutelado. Finalmente, arguyó la ausencia de culpabilidad,
pues al analizar «profundamente las circunstancias en que se encontraba llegó a la
convicción que la norma no le imponía inhabilidad alguna».
75. La Procuraduría Provincial de Guateque, mediante fallo de primera instancia del 23 de
mayo de 2018, proferido en el marco del procedimiento verbal, encontró debidamente
acreditado que el disciplinado incurrió en la falta endilgada, al haber suscrito, en interés
propio y dentro del período inhabilitante, el contrato de prestación de servicio 00669 del
13 de enero de 2015 con el departamento de Boyacá. Al respecto, aclaró la autoridad
disciplinaria, que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, «no importa que
el contrato no se haya ejecutado, pues basta con la suscripción del mismo y que la
obligación deba cumplirse o ejecutarse en el respectivo municipio».
76. Así las cosas, el procurador provincial de Guateque, resolvió:
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Radicación: 15001-23-33-000-2019-00194-01 (4510-2021)
Demandante: Carlos Alberto Acevedo Velásquez
Demandada: PGN
«Resuelve:
Primero: Declarar probado y no desvirtuado el único cargo formulado a Carlos Alberto
Acevedo Velásquez, identificado con la cédula de ciudadanía número 74.282.608 de
Guateque, en su calidad de Alcalde Municipal de Almeida - Boyacá, conforme a lo
expuesto en la parte motiva de este proveído.
En consecuencia, declararlo responsable de la conducta investigada en esta actuación
disciplinaria e imponer la sanción de destitución e inhabilidad general por el término de
diez (10) años, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
Segundo: Lo resuelto en la presente decisión, queda notificado en estrados a los sujetos
procesales; advirtiéndoles que contra la misma procede el recurso de apelación ante la
Procuraduría Regional de Boyacá, impugnación que deberá interponerse y sustentarse
en esta misma diligencia.
Tercero: En firme la presente decisión, por Secretaría comunicarla al señor Gobernador
del Departamento de Boyacá, para que cumpla lo dispuesto en el numeral primero de la
Presente decisión.
Cuarto: Una vez en firme la presente decisión, por Secretaría, comunicar esta decisión y
remitir copia de la misma, al SIRI, para lo de su cargo.
Quinto: Por Secretaría, elevar las constancias y remitir las comunicaciones, de Ley.».
77. El investigado apeló la decisión disciplinaria de primera instancia, insistiendo en los
argumentos presentados en los descargos y alegatos. No obstante, la Procuraduría
Regional de Boyacá, mediante fallo 012 de fecha 31 de agosto de 201822, resolvió en
segunda instancia lo siguiente:
«Primero: Confirmar en todas sus partes el Fallo de Primera Instancia Proferido por la
Procuraduría Provincial de Guateque, mediante el cual se declaró probado el cargo
formulado a Carlos Alberto Acevedo Velásquez, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 74.202,603 de Guateque, a quien le fue impuesta sanción disciplinaria consistente en
destitución del cargo de Alcalde Municipal de Almeida elegido para el período 2019 –
2019 e inhabilidad general para desempeñar cargos y funciones públicas por el término
de diez (10) años, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.
[…]».
78. El demandante interpuso acción de tutela en contra de la PGN, al considerar violados
sus derechos al debido proceso y a participar en la conformación, ejercicio y control del
poder político. Así las cosas, solicitó que se le concediera el amparo de manera
transitoria, suspendiendo los efectos de los actos administrativos sancionatorios.
79. La acción de tutela fue conocida en primera instancia por el Juzgado 3 Administrativo
de Tunja, bajo el radicado 180013333003-2018-00158-00, despacho que mediante fallo
del 10 de octubre de 201823 declaró improcedente la acción, al considerar que «el actor
cuenta con un medio judicial idóneo y eficaz desde el punto de vista temporal para
combatir los efectos jurídicos de las sanciones disciplinarias impuestas por la
Procuraduría General de la Nación. Siendo el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA, el procedente
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zip «150012333000201900194-01(.ZIP) NroActua 2» / archivo «0002Demanda.pdf» / Fl. 97 y ss.
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zip «150012333000201900194-01(.ZIP) NroActua 2» / archivo «0002Demanda.pdf» / Fl. 148.
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Demandante: Carlos Alberto Acevedo Velásquez
Demandada: PGN
para enjuiciar los [actos] administrativos sancionatorios, el cual no se ha ejercido por el
actor […]».
80. La referida providencia del 10 de octubre de 2018 fue impugnada por el demandante
y posteriormente revocada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de
Boyacá. En efecto, en sentencia del 19 de noviembre de 201824 dicha corporación señaló
que a través de la tutela se podían garantizar sus derechos políticos, al ser de aplicación
inmediata, más aún cuando se presenta un perjuicio irremediable como en este caso, al
privarlo de ejercer el cargo para el cual fue elegido, afectando de contera los derechos
políticos de sus electores. Precisó que las sanciones fueron impuestas con posterioridad
a la sentencia del Consejo de Estado del 15 de noviembre de 2017, en la que se
estableció que la PGN conservaba sus funciones de sanción e investigación a servidores
públicos de elección popular, más no podía sancionarlos con destitución, suspensión e
inhabilidad por conductas diferentes a las catalogadas como de actos de corrupción, lo
que no ocurre en esta oportunidad. En consecuencia, dispuso:
«Primero. Revocar la sentencia de 10 de octubre de 2018 proferida por el Juzgado
Tercero Administrativo Oral del Circuito de Tunja, mediante la cual se declaró la
improcedencia de la acción de tutela y en su lugar se decide:
Segundo. Amparar con carácter transitorio los derechos fundamentales al debido proceso
y a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político del señor Carlos
Alberto Acevedo Velázquez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
sentencia.
Tercero. Como consecuencia de lo anterior, por ser incompatibles con los derechos
fundamentales amparados, se suspenden con carácter temporal los efectos jurídicos, de
los fallos disciplinarios contenidos en la Resolución No. 003 del 23 de mayo de 2018
proferida por la Procuraduría Provincial de Guateque, mediante la cual destituyó al señor
Carlos Alberto Acevedo Velásquez del cargo de alcalde del municipio de Almeida y se le
inhabilitó por el término de diez (10) años, y en la Resolución No. 012 del 31 de agosto
de 2018 expedida por la Procuraduría Regional de Boyacá mediante la cual confirmó la
decisión contenida en la resolución del 23 de mayo de 2018. Asimismo, el Decreto 0424
del 9 de octubre de 2018 proferido por el Gobernador de Boyacá, mediante el cual se hizo
efectiva la sanción impuesta por la Procuraduría Provincial de Guateque, que fue
confirmada por la Procuraduría Regional de Boyacá, y se encargó a un funcionario.
Cuarto. Reintegrar de manera inmediata al señor Carlos Alberto Acevedo Velásquez al
cargo de alcalde municipal de Almeida - Boyacá, cesando de inmediato el encargo del
ingeniero Pedro Andrés Arévalo Mancipe designado mediante el Decreto 0424 del 9 de
octubre de 2018, cuyos efectos se suspenden en esta providencia con carácter temporal.
Quinto. Dentro del término de cuatro (4) meses el actor deberá presentar la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contenciosa y solicitar la
medida cautelar correspondiente sobre los actos que pretende enjuiciar. Si no lo hace
cesarán los efectos del presente amparo, lo mismo en caso de que el actor no obtenga
una decisión favorable en la jurisdicción contenciosa administrativa.».
81. En cumplimiento de lo anterior, el demandante interpuso la demanda de nulidad y
restablecimiento de la referencia, solicitando como medida cautelar la suspensión
provisional de los efectos de los actos administrativos censurados. No obstante, el
Tribunal Administrativo de Boyacá negó la cautela mediante auto del 25 de julio de
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Samai Consejo de Estado / Expediente 15001233300020190019401 / Índice 2 «EXPEDIENTE DIGITAL» / carpeta
zip «150012333000201900194-01(.ZIP) NroActua 2» / archivo «0002Demanda.pdf» / Fl. 166.
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Demandante: Carlos Alberto Acevedo Velásquez
Demandada: PGN
201925, atendiendo a lo dispuesto en la sentencia C-111 de 2019, en la que la Corte
Constitucional ratificó la convencionalidad de la competencia de la PGN para sancionar,
incluso con destitución, a los servidores de elección popular, sin distinguir si se trataba o
no de actos de corrupción.
82. El demandante interpuso recurso de reposición en contra del auto que negó la medida
cautelar, alegando que la jurisprudencia del Consejo de Estado invocada, esto es la
sentencia del caso de Gustavo Petro, tiene fuerza vinculante como precedente. Además,
que el despacho no había realizado un estudio de fondo de la medida cautelar, conforme
lo exige el CPACA. No obstante, la decisión fue confirmada por el tribunal en providencia
del 17 de septiembre de 201926.
3.4.2. Análisis sustancial de la Sala
3.4.2.1. Primer problema jurídico
83. Como primer problema jurídico a resolver, la Sala deberá establecer si la PGN era
competente para investigar y sancionar al exalcalde de Almeida, Boyacá, Carlos Alberto
Acevedo Velásquez en su condición de servidor público elegido a través de voto popular,
con destitución del cargo e inhabilidad general de 10 años.
84. Al respecto, la Sala considera que para 2018, momento en que fueron proferidos los
actos administrativos demandados, y de acuerdo con el criterio actualmente vigente de
la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, la PGN tenía competencia para
sancionar con destitución e inhabilidad general al exalcalde de Almeida, Boyacá, Carlos
Alberto Acevedo Velásquez, en su condición de servidor público elegido por voto popular.
85. En efecto, como se expuso, la Corte Constitucional ha sostenido, mediante sentencias
C-028 de 2006, SU-712 de 2013 y C-086 de 2019, que la PGN sí está facultada
constitucionalmente para imponer sanciones disciplinarias a servidores públicos, incluso
de elección popular, sin que ello contraríe el artículo 23 de la CADH ni el bloque de
constitucionalidad.
86. De manera tal que, para la fecha de emisión de los actos administrativos cuestionados,
existía una línea jurisprudencial consolidada que reconocía la validez constitucional de
las atribuciones disciplinarias de la PGN para imponer sanciones a servidores públicos
elegidos popularmente: C-028/06, SU-712/13, C-500/14, SU355/15 y C-101/18,
sustentada en un ejercicio hermenéutico sobre el contenido y alcance del artículo 23.2
convencional bajo una interpretación armónica y sistemática a partir de la inclusión de la
CADH en el bloque de constitucionalidad stricto sensu y el margen de apreciación de los
Estados Parte.
87. Criterio
que incluso la Corte Constitucional ha reiterado con posterioridad a la
expedición de los actos demandados, en las sentencias C-086/19, C-111/19, C-325/21 y
C-030/2023. En particular, en la sentencia C-030 de 2023, sostuvo que dicha potestad
25
Samai Consejo de Estado / Expediente 15001233300020190019400/ Índice 21 «Auto que niega solicitud de medida
cautelar - Sistema Oral».
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zip «150012333000201900194-01(.ZIP) NroActua 2» / archivo «0009RecursoReposicionMedida.pdf».
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Demandante: Carlos Alberto Acevedo Velásquez
Demandada: PGN
disciplinaria tiene fundamento constitucional, artículos 118 y 277, en armonía con la
CADH.
88. Ello, sin dejar de mencionar que actualmente, la Ley 2094 de 2021 adoptó un modelo
disciplinario con ocasión de los cambios relevantes en los precedentes nacionales [C-
146 de 2021] y del sistema interamericano de derechos humanos: caso Petro Urrego
contra Colombia, en virtud del cual, según se expuso en la sentencia C-030 de 2023 «la
restricción o limitación temporal del derecho a ser elegido de un servidor de elección
popular, en ejercicio de sus funciones, tiene reserva judicial y solo puede ser impuesta
de manera definitiva por un juez de la República de cualquier especialidad […]»27.
89. En estos términos, el argumento expuesto por la PGN relativo a que dicha entidad
contaba con la competencia para sancionar disciplinariamente al exalcalde Carlos
Alberto Acevedo Velásquez, en su condición de servidor público elegido por voto popular,
está llamado a prosperar. Por consiguiente, en la parte resolutiva de esta providencia se
dispondrá revocar la sentencia de primera instancia.
3.4.2.2. Segundo problema jurídico
90. Elsegundo problema jurídico consiste en determinar si en el caso concreto se
configuró el elemento de tipicidad respecto de la falta disciplinaria gravísima endilgada
al demandante, esto es, aquella prevista en el artículo 48 numeral 17 de la Ley 734 de
2002 consistente en «[a]ctuar u omitir, a pesar de la existencia de causales de
incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de intereses, de acuerdo con las previsiones
constitucionales y legales».
91. Sinembargo, se advierte que este argumento no fue analizado por el a quo,
comoquiera que la sentencia de primera instancia se limitó a estudiar el reproche
relacionado con la falta de competencia de la PGN para sancionar servidores públicos
de elección popular. Por lo que, en ese contexto, analizar el fondo del asunto, sin haberle
dado la oportunidad al demandante que, en primera instancia, se revisaran todos los
cargos formulados con la demanda, se quebrantaría la garantía de la doble instancia.
92. Al respecto, estima la Sala que, si bien el conocimiento del presente asunto por parte
de esta corporación tuvo lugar en atención al recurso de apelación interpuesto por la
PGN y el Ministerio Público en contra de la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá el 25 de febrero de 2021, en el que cuestionó la competencia
del órgano de control para imponer sanciones disciplinarias de destitución e inhabilidad
a servidores públicos de elección popular, el examen del argumento relacionado con la
ausencia de tipicidad de la conducta endilgada no fue abordado por el tribunal, por lo que
solo tendría el escrutinio judicial del Consejo de Estado cuando, por la naturaleza del
asunto, debe contar con el estudio en dos instancias.
27
Sobre este mismo particular, la Plena de lo Contencioso–Administrativo, en auto del 3 de diciembre de 2024,
expediente 11001-03-15-000-2023-00871-00, sostuvo que: «en punto a las atribuciones de la Procuraduría General
de la Nación para sancionar servidores públicos de elección popular, existe una línea jurisprudencial consolidada,
tanto en sede de tutela como en control abstracto de constitucionalidad, que ha respaldado la validez de esta
competencia». Asimismo, reconoció la compatibilidad del recurso extraordinario de revisión previsto en la Ley 2094 de
2021 con los artículos 8.1 y 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), y con los artículos
29 y 93 de la Constitución Política.
21
Radicación: 15001-23-33-000-2019-00194-01 (4510-2021)
Demandante: Carlos Alberto Acevedo Velásquez
Demandada: PGN
93. Lo anterior, conllevaría una clara desventaja procesal para quienes acuden a la
jurisdicción de lo contencioso–administrativo con la finalidad de que se realice un análisis
integral que los argumentos expuestos y cargos formulados, así como para que estos
sean estudiados por una instancia judicial superior en caso de no encontrarse conforme
con la decisión.
94. Al respecto, la Sala anota que mediante sentencia del 10 de abril de 202528, al decidir
un caso con supuestos fácticos parecidos a los del presente proceso, se detuvo de
manera expresa en la competencia de la PGN y resolvió de fondo la controversia, con
base en el entendimiento jurisprudencial que para ese momento permitía un
pronunciamiento directo en sede de apelación.
95. Peroposteriormente, a través de providencia del 29 de octubre de 202529 esta
Subsección rectificó la posición que sobre este asunto había adoptado al dar
cumplimiento a sentencias de tutela30 que dejaron sin efecto fallos en los cuales se
sostenía que la PGN carecía de competencia para sancionar a servidores públicos de
elección popular, por estimarse contraria a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, y en consecuencia se dispuso remitir el expediente al tribunal de instancia
para que resolviera de fondo la totalidad de la controversia.
96. Dicha rectificación obedeció, principalmente, a la necesidad de salvaguardar la
garantía de la doble instancia, pues resolver directamente el fondo del asunto en sede
de apelación, sin que los reproches hubieran sido analizados en primera instancia,
implicaría privar a las partes del doble escrutinio judicial que exige el debido proceso,
garantía reconocida tanto en la Constitución Política como en el artículo 8 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
97. En ese escenario, un pronunciamiento de fondo por parte de esta corporación
conllevaría una desventaja procesal injustificada para las partes, en tanto los argumentos
planteados solo serían objeto de control judicial en una única instancia, pese a que, por
la naturaleza del asunto, el ordenamiento jurídico reconoce la garantía de la doble
instancia.
98. Esta tesis fue reiterada por la Subsección en sentencia del pasado 29 de enero de
202631, que estudió el recurso de apelación presentado por la PGN contra la sentencia
de primera instancia proferida el 22 de febrero de 2024 por el Tribunal Administrativo del
Tolima, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho presentada por los exconcejales Carlos Andrés Castro
León, Camilo Ernesto Delgado Herrera, Víctor Julio Aiza Loaiza, Marco Tulio Quiroga
Mendieta, Juan Evangelista Ávila Sánchez, Flavio Rosas Jurado y Víctor Hugo García
28
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 29 de octubre de 2025, radicación 73001-23-
33-000-2019-00042-01(5603-2023).
29
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 29 de octubre de 2025, radicación 52001-23-
33-000-2019-00305-01 (0545-2022).
30
La Corte Constitucional (SU- 381 de 2024, SU- 382 de 2024, SU-417 de 2024 y SU-070 de 2025), como las
Secciones Tercera y Quinta de esta corporación, fijaron que existía un defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente recogido por el Alto Tribunal Constitucional en la sentencia C-030 de 2023.
31
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 29 de enero de 2026. Radicación 73001-23-33-
000-2019-00049-01 (2468-2024).
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Radicación: 15001-23-33-000-2019-00194-01 (4510-2021)
Demandante: Carlos Alberto Acevedo Velásquez
Demandada: PGN
Contreras, en el sentido de ordenar al Tribunal Administrativo del Tolima que profiera
una decisión de reemplazo en la que resuelva de fondo la controversia planteada
99. En consecuencia, y en aplicación del criterio fijado en las sentencias del 29 de octubre
de 202532 y 29 de enero de 202633, se impone revocar la sentencia apelada, para que el
Tribunal Administrativo de Boyacá profiera una nueva decisión en la que analice
exclusivamente el segundo cargo formulado en la demanda, sin realizar consideraciones
relativas a la convencionalidad del régimen disciplinario.
100. Ello, en la medida en que la competencia de la PGN para investigar y sancionar
disciplinariamente a servidores públicos de elección popular ha sido definida por el
precedente constitucional y contencioso vigente, de modo que insistir en dicho examen
no solo resulta innecesario, sino que fue lo que condicionó el fallo inicial e impidió el
estudio integral de los reproches propuestos, con afectación de la garantía de la doble
instancia.
101. Debido a lo expuesto, es claro que la ausencia de un estudio integral del medio
de control por parte de la primera instancia, constituye un desconocimiento de las
garantías contenidas en los artículos 2934 y 3135 de la Constitución Política y el 836 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, referentes a las garantías judiciales,
el debido proceso, el derecho de defensa y la doble instancia.
32
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 29 de octubre de 2025, radicación 52001-23-
33-000-2019-00305-01 (0545-2022).
33
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 29 de enero de 2026. Radicación 73001-23-33-
000-2019-00049-01 (2468-2024).
34
El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino
conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la
plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior,
se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado
tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el
juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertirlas que se
alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es
nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.
35
Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley. El superior no
podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único.
36
Garantías Judiciales
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o
tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier
acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral,
fiscal o de cualquier otro carácter.
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca
legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes
garantías mínimas:
a) Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el
idioma del juzgado o tribunal;
b) Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;
c) Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;
d) Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de
comunicarse libre y privadamente con su defensor;
e) Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la
legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido
por la ley;
f) Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como
testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;
g) Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y
h) Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.
4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.
5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia.
23
Radicación: 15001-23-33-000-2019-00194-01 (4510-2021)
Demandante: Carlos Alberto Acevedo Velásquez
Demandada: PGN
102. En consecuencia, se revocará la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo
de Boyacá el 25 de febrero de 2021, para que en su lugar emita una nueva, en la que
analice exclusivamente los reparos formulados con la demanda, para que de esta forma
se garantice la doble instancia a las partes dentro del proceso. Para ello, se le concederá
un término de treinta (30) días contados a partir de la notificación de esta providencia,
para que emita uno nuevo en el que se desaten los argumentos esgrimidos con la
demanda, exceptuando aquellos relacionados con la convencionalidad.
3.5. Conclusión
103. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que: (i) la PGN era competente
para investigar y sancionar al exalcalde de Almeida, Boyacá, Carlos Alberto Acevedo
Velásquez en su condición de servidor público elegido a través de voto popular, con
destitución del cargo e inhabilidad general de 10 años; y (ii) en aras de garantizar los
derechos al debido proceso, el derecho de defensa y la doble instancia de las partes, se
hace necesario devolver el expediente al tribunal para que profiera una decisión de
remplazo en la que resuelva de fondo la totalidad de los argumentos expuestos por el
accionante en el escrito de demanda, salvo aquellos relacionados con la
convencionalidad, pues ya fue resuelto.
3.6. Costas
104. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario37 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no
presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino
que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de la
conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte
vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc. Así las cosas, no se
condenará en costas en esta oportunidad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
37
La magistrada ponente en cambio considera, que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso–administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas por
el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual responsabilidad
patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no elimina el criterio
objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila un interés público,
antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son producto de una interpretación
finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del
CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito
del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya
no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, expediente 13001-23-33-000-2013-00022-
01 (1291-14).
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Radicación: 15001-23-33-000-2019-00194-01 (4510-2021)
Demandante: Carlos Alberto Acevedo Velásquez
Demandada: PGN
Falla:
Primero: Revocar la sentencia proferida el 25 de febrero de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por
Carlos Alberto Acevedo Velásquez en contra de la PGN, para en su lugar:
Segundo: Ordenar al Tribunal Administrativo de Boyacá que profiera una decisión de
reemplazo en la que resuelva de fondo la controversia planteada de conformidad con las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia, dentro de treinta (30)
días hábiles contados a partir de su notificación.
Tercero: Sin condena en costas en ambas instancias.
Cuarto. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.
Quinto: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas
las anotaciones en el aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial
SAMAI. En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.
25
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