RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2025 › Radicado 11001-03-15-000-2024-04153-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-04153-00

Fecha
24 de febrero de 2025
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
58 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-04153-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por los Tribunales Administrativos de Antioquia y Nariño, Víctor Isidro Ramírez Loaiza y Rafael Enrique Pretel Martínez, por las razones aquí presentadas. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela identificada con el radicado No. 11001-03-15-000-2024-04285-00, específicamente, frente a las Sentencias de 12 de diciembre de 2023, proferidas en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho No. 76001-23-33-000-2015-01017-01, 13001-23-33-000-2015-00784-01 y 18001-23-33-000-2016-00231-01, por no cumplir con el requisito de inmediatez. TERCERO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de la Procuraduría General de la Nación. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS las Sentencias de (1) 3 de mayo de 2024, Rad. 85001-23-33-000-2013-00249- 02; (2) 9 de mayo de 2024, Rad. 25000-23-42-000-2015-03436-01; (3) 4 de julio de 2024, Rad. 05001-23-33-000-2014-01307-01; (4) 10 de julio de 2024, Rad. 15001-23-33-000-2017-00478-01; (5) 26 de junio de 2024, Rad. 08001-23- 33-000-2020-00392-02; (6) 26 de junio de 2024, Rad. 73001-23-33-000-2019- 00042-01; (7) 30 de mayo de 2024, Rad. 08001-23-33-000-2020-00388-01; (8) 3 de mayo de 2024, Rad. 54001-23-33-000-2016-00221-01; (9) 24 de mayo de 2024, Rad. 54001-23-33-000-2016-00224-01; (10) 18 de julio de 2024, Rad. 73001-23-33-000-2015-00589-01; (11) 18 de julio de 2024, Rad. 13001-23-33- 000-2014-00294-01; (12) 9 de mayo de 2024, Rad. 52001-23-33-000-2014- 00563-01; (13) 6 de junio de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2016-00592-00; (14) 9 de mayo de 2024, Rad. 27001-23-33-000-2014-00010-01; (15) 9 de mayo de 2024, Rad. 68001-23-33-000-2021-00070-01; (16) 15 de mayo de 2024, Rad. 15001-23-33-000-2017-00604-01; (17) 23 de mayo de 2024, Rad. 41001-23-33- 000-2015-00905-01; (18) 5 de junio de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2016- 00173-00; (19) 3 de mayo de 2024, Rad. 05001-23-33-000-2015-01775-01; (20) 15 de mayo de 2024, Rad. 25000-23-42-000-2017-05284-03; (21) 25 de abril de 2024, Rad. 17001-23-33-000-2019-00613-01; (22) 8 de febrero de 2024, Rad. 05001-23-33-000-2016-01396-00; (23) 22 de febrero de 2024, Rad. 20001- […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-04153-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

24 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá DC, 24 de febrero de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04153-00 (acumulado)
11001-03-15-000-2024-03980-00
11001-03-15-000-2024-04285-00
11001-03-15-000-2024-05727-00
Accionante: Procuraduría General de la Nación
Accionando: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsecciones A y B
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Violación directa de la
Constitución | Desconocimiento del precedente | Defecto sustantivo – ampara

Síntesis del caso: La parte actora enjuició varias providencias por medio de las cuales se
declaró la nulidad de los fallos disciplinarios proferidos por la Procuraduría General de la
Nación en contra de servidores públicos de elección popular.

De acuerdo con la competencia asignada1, así como el Auto de 22 de
octubre de 20242, procede la Sala a decidir, en primera instancia, la
acción de tutela presentada por la Procuraduría General de la Nación
contra la Sección Segunda del Consejo de Estado.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados. 1.3. Trámite posterior a la admisión de la acción de tutela.

1.1. Posición de la parte actora

1. La Procuraduría General de la Nación presentó 4 acciones de tutela
en contra de las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, por la presunta vulneración de su derecho fundamental al debido
proceso, con ocasión de las Sentencias de [2024-041533]4: (1) 3 de mayo
de 2024, Rad. 85001-23-33-000-2013-00249-02; (2) 9 de mayo de 2024, Rad.
25000-23-42-000-2015-03436-01; (3) 4 de julio de 2024, Rad. 05001-23-33-000-

1 El artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333

de 2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 “En tanto el proyecto de fallo presentado por el suscrito magistrado en el asunto de la referencia fue derrotado

por la posición mayoritaria en Sala del 10 de octubre de 2024, por Secretaría, ENVÍESE el expediente al Dr. Alberto
Montaña Plata para lo de su cargo”.
3 Presentada el 8 de agosto de 2024.
4 Para efectos metodológicos, entre corchetes se identificará el número de radicado de la acción de tutela y a

continuación una relación de las sentencias de procesos ordinarios que fueron enjuiciadas en la misma.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04153-00 (acumulado)
Accionante: Procuraduría General de la Nación
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsecciones A y B
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedente y ampara
______________________________________________________________________________________________________________

2014-01307-01; (4) 10 de julio de 2024, Rad. 15001-23-33-000-2017-00478-01;
(5) 26 de junio de 2024, Rad. 08001-23-33-000-2020-00392-02; (6) 26 de junio
de 2024, Rad. 73001-23-33-000-2019-00042-01; (7) 30 de mayo de 2024, Rad.
08001-23-33-000-2020-00388-01; (8) 3 de mayo de 2024, Rad. 54001-23-33-
000-2016-00221-01; (9) 24 de mayo de 2024, Rad. 54001-23-33-000-2016-
00224-01; (10) 18 de julio de 2024, Rad. 73001-23-33-000-2015-00589-01; (11)
18 de julio de 2024, Rad. 13001-23-33-000-2014-00294-01; [2024-039805]: (12)
9 de mayo de 2024, Rad. 52001-23-33-000-2014-00563-01; (13) 6 de junio de
2024, Rad. 11001-03-25-000-2016-00592-00; (14) 9 de mayo de 2024, Rad.
27001-23-33-000-2014-00010-01; (15) 9 de mayo de 2024, Rad. 68001-23-33-
000-2021-00070-01; (16) 15 de mayo de 2024, Rad. 15001-23-33-000-2017-
00604-01; (17) 23 de mayo de 2024, Rad. 41001-23-33-000-2015-00905-01;
(18) 5 de junio de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2016-00173-00; (19) 3 de mayo
de 2024, Rad. 05001-23-33-000-2015-01775-01; (20) 15 de mayo de 2024,
Rad. 25000-23-42-000-2017-05284-03; (21) 25 de abril de 2024, Rad. 17001-23-
33-000-2019-00613-01; [2024-042856]: (22) 12 de diciembre de 2023, Rad.
18001-23-33-000-2016-00231-01; (23) 12 de diciembre de 2023, Rad. 76001-
23-33-000-2015-01017-01; (24) 12 de diciembre de 2023, Rad. 13001-23-33-
000-2015-00784-01; (25) 8 de febrero de 2024, Rad. 05001-23-33-000-2016-
01396-00; (26) 22 de febrero de 2024, Rad. 20001-23-33-003-2017-00007-01;
(27) 15 de febrero de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2010-00052-00; (28) 4 de
abril de 2024, Rad. 70001-23-33-000-2014-00058-01; (29) 11 de abril de 2024,
Rad. 11001-03-25-000-2019-00359-00; (30) 18 de abril de 2024, Rad. 52001-23-
33-000-2015-00285-01; (31) 23 de mayo de 2024, Rad. 44001-23-40-000-2016-
00156-01; (32) 9 de mayo de 2024, 73001-23-33-000-2019-00344-01; (33) 9 de
mayo de 2024, Rad. 73001-23-33-000-2019-00289-01; (34) 9 de mayo de
2024, Rad. 25000-23-42-000-2013-01351-01; [2024-057277]: (35) 25 de julio de
2024, Rad. 52001-23-33-000-2018-00394-01; (36) 18 de julio de 2024, Rad.
15001-23-33-000-2019-00530-01; (37) 1 de agosto de 2024, Rad. 15001-23-33-
000-2019-00639-01; (38) 25 de julio de 2024, Rad. 41001-23-33-000-2017-
00175-01; (39) 2 de octubre de 2024, Rad. 27001-23-33-000-2018-00099-01;
(40) 2 de octubre de 2024, Rad. 17001-23-33-000-2018-00136-01; (41) 2 de
octubre de 2024, Rad. 27001-23-33-000-2018-90017-01; (42) 2 de octubre de
2024, Rad. 44001-23-40-000-2016-00192-01; (43) 2 de octubre de 2024, Rad.
54001-23-33-000-2019-00356-01; (44) 2 de octubre de 2024, Rad. 54001-23-
33-000-2019-00252-01; (45) 2 de octubre de 2024, Rad. 73001-23-33-000-
2019-00301-01; y (46) 2 de octubre de 2024, Rad. 73001-23-33-000-2019-
00229-01, por medio de las cuales se declaró la nulidad de las sanciones
disciplinarias (destitución e inhabilidad) impuestas a unos servidores
públicos de elección popular.

5 Presentada el 31 de julio de 2024.
6 Presentada el 14 de agosto de 2024.
7 Presentada el 23 de octubre de 2024.

2 de 26

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04153-00 (acumulado)
Accionante: Procuraduría General de la Nación
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsecciones A y B
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedente y ampara
______________________________________________________________________________________________________________

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se
trascribe):

“1. Dejar sin efectos las sentencias proferidas por el Consejo de Estado -
Sección Segunda (…).

2. En consecuencia, se ordene al Consejo de Estado - Sección Segunda que,
en un término razonable, profiera sentencias sustitutivas en donde el factor
competencia se analice de conformidad con las normas constitucionales y el
precedente de la Corte Constitucional en lo que hace al control disciplinario
sobre los servidores públicos de elección popular que no se encontraban en
ejercicio de funciones del cargo para el cual fueron elegidos al momento de
la imposición de la sanción. En ese orden, se analicen las causales de nulidad
alegadas en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que no
fueron objeto de estudio en las sentencias cuestionadas.”

3. Como hechos relevantes, a partir de los escritos de tutela y sus
anexos, fueron identificados los siguientes:

4. 1) Germán Orozco Barrera y otros8, en sus calidades de funcionarios
electos popularmente, fueron sancionados disciplinariamente (destitución
e inhabilidad), con distintos actos administrativos, por la Procuraduría
General de la Nación.

5. 2) Inconformes con aquellas decisiones administrativas, las personas
antes mencionadas presentaron las respectivas demandas de nulidad y
restablecimiento del derecho.

6. 3) Dichos procesos se tramitaron y, en única o segunda instancia,
según el caso, las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado declararon la nulidad de las sanciones disciplinarias, (se
trascribe) "bajo el argumento de la existencia de inconvencionalidad entre
las normas internas y la Convención Americana de Derechos Humanos -
CADH y desconociendo la competencia de la PGN para ejercer control
disciplinario sobre los servidores públicos de elección popular”.

7. El fundamento de la vulneración radicó en que, a juicio de la parte
actora, las providencias enjuiciadas incurrieron en violación directa de la
Constitución, desconocimiento del precedente y defecto sustantivo9.

8 La relación completa de ciudadanos electos popularmente que, en su momento, fueron sancionados con

destitución e inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos, y cuyas sentencias fueron enjuiciados en las 4
acciones de tutela que aquí fueron acumulados pueden encontrarse en el Anexo No. 1 que hace parte de esta
providencia.
9 “Las decisiones judiciales proferidas por la Consejo de Estado - Sección Segunda vulneraron el derecho

fundamental al debido proceso de la Procuraduría General de la Nación, en adelante PGN, por cuanto (i)
desconoció la Constitución Política, (ii) el precedente de la Corte Constitucional en materia de la competencia
del órgano de control para ejercer el control disciplinario sobre los servidores públicos de elección popular y (iii)
el carácter rogado de la jurisdicción contencioso administrativa, que se traduce en una violación de la garantía
del derecho de defensa, al declararse la nulidad de los actos administrativos demandados por cargo distinto de
los formulados por el demandante y de los cuales se defendió esta entidad”.

3 de 26

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04153-00 (acumulado)
Accionante: Procuraduría General de la Nación
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsecciones A y B
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedente y ampara
______________________________________________________________________________________________________________

8. Frente al primer defecto, esto es, la violación directa de la
Constitución, la parte actora adujo que se desconocieron las normas que
(se trascribe)

“establecen que la función pública está al servicio del interés general, que los
servidores públicos que se aparten de ese objetivo serán responsables
conforme a la ley, y que, para ese efecto, se contempla, por un lado, la
existencia en todos los niveles de la administración de una instancia de
control interno, artículo 209, y, por otro, aquel que le atribuye a la
Procuraduría General de la Nación la competencia para ejercer la vigilancia
superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas,
inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el poder
disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las
respectivas sanciones conforme a la ley, artículo 277.6.”

9. En relación con el desconocimiento del precedente, sostuvo que se
desconoció el relativo a: (1) el carácter no supraconstitucional de las
normas de la Convención Americana de Derechos Humanos10, y (2) la
competencia de la PGN para investigar y sancionar disciplinariamente a
todos los servidores públicos, incluso los elegidos popularmente11.

10. Aunado a ello, en este reparo se indicó que la Sección Segunda del
Consejo de Estado desconoció el Auto de 22 de abril de 2021, Rad. 76001-
23-33-000-2013-00305-01, que avocó conocimiento para unificar
jurisprudencia sobre la materia.

11. Por último, alegó que se configuró un defecto sustantivo porque (1)
se desconoció el artículo 277 de la Constitución Política, relacionado con
la competencia de la PGN para (se trascribe) “disciplinar funcionarios de
elección popular” y (2) las sanciones impuestas fueron anteriores a la
sentencia del Caso Petro Urrego vs. Colombia e, incluso, previas a la
expedición de las Leyes 1952 de 2019 y 2094 de 2021.

1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados12

10 Sentencias C-551 de 2003, C-028 de 2006, C-986 de 2006, C-293 de 2007, C-111 de 2019 y C-146 de 2021 de la

Corte Constitucional.
11 Sentencias C-028 de 2006, SU-712 de 2013, C-500 de 2014, SU-355 de 2015, C-101 de 2018, C-086 de 2019, C-111

de 2019, C-325 de 2021 y C-030 de 2023 de la Corte Constitucional; y Sentencia de 15 de noviembre de 2017,
Rad. 11001-03-25-000-2014-00360-00 No. Interno: 1131-2014, del Consejo de Estado.
12 Mediante Auto de 13 de agosto de 2024, el despacho del consejero Martín Bermúdez Muñoz (1) admitió la

acción de tutela de la referencia; (2) decretó como medida cautelar la suspensión provisional de los efectos de
las sentencias enjuiciadas; y (3) vinculó a Germán Orozco Barrera, Oromairo Avella Ballesteros, José Reinaldo
Pérez Piragauta, Juan Carlos Giraldo Romero, Juan David Benjumea, Carlos Arturo Triana Vega, Robin Basilio
Castro Fallace, Jorge Luciano Bolívar Torres, Juan Carlos Orozco Llerena, Víctor Jesús Daza Rodríguez, José
Eriberto Muñoz Ruiz, José Humberto Cruz Carrillo y Jaime Domingo De Ávila Fernández, en calidad de terceros
con interés, y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como interviniente.
A través de Auto de 21 de agosto de 2024, el magistrado Bermúdez Muñoz vinculó, en calidad de terceros, a los
Tribunales Administrativos de Casanare, Cundinamarca, Antioquia, Boyacá, Atlántico, Tolima, Norte de
Santander y Bolívar.
Por Auto de 5 de septiembre de 2024, el consejero Martín Bermúdez Muñoz ordenó la acumulación del proceso
No. 2024-03980 al expediente de la referencia. Aunado a ello, admitió la acción de tutela, decretó la medida
cautelar solicitada (suspensión provisional de los efectos de las sentencias enjuiciadas); vinculó a Jesús Alberto
Andrade Mejía, Juan Carlos Martínez Sinisterra, Franklin Fidel Hinestroza, Winston Moreno Mosquera, Elba Carvajal
Valencia, Jairo López Rodríguez, Luis Felipe Conde Lasso, Jorge Iván Ospina, Jhon Fredy Ortiz Tabares, Nelson
Castro Rodríguez, Ángela María Morales Morales, Juan Sebastián Castro Morales, Andrés Felipe Castro Morales y

4 de 26

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04153-00 (acumulado)
Accionante: Procuraduría General de la Nación
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsecciones A y B
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedente y ampara
______________________________________________________________________________________________________________

19. Carlos Arturo Triana Vega, por conducto de apoderado judicial,
solicitó que se desestimaran las súplicas de amparo, comoquiera que no se
cumplieron los requisitos generales y específicos de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial. Alegó que la autoridad
accionada no vulneró el derecho al debido proceso de la Procuraduría
General de la Nación, razón por la cual pidió que se atendieran los
presupuestos que han fijado la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y el Consejo de Estado para la destitución e inhabilidad de
servidores públicos de elección popular.

20. Oromairo Avella Ballesteros, en nombre propio, se opuso a las
pretensiones de la acción de tutela. Manifestó que esta acción
constitucional no era el mecanismo idóneo para reclamar la protección
que echa de menos la parte actora, pues era procedente el recurso
extraordinario de revisión por la causal prevista en el numeral 5 del artículo
250 del CPACA, esto es, la nulidad originada en la sentencia. Adujo que,
con la presentación de la acción de tutela, se vulneró el derecho a la
igualdad pues no fueron objeto de censura todas las providencias que han
aplicado la tesis fijada por la Sección Segunda del Consejo de Estado.

21. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) indicó
que la acción de tutela debía declararse improcedente por falta de
relevancia constitucional y subsidiariedad. Señaló que la Sección Segunda
del Consejo de Estado no incurrió en los defectos invocados, pues estimó
que la alternativa hermenéutica por la que optó dicha autoridad judicial
armonizaba los artículos 277.6 de la Constitución Política con el 8 y el 23 de
la CADH, a través de una excepción de convencionalidad. Asimismo, no
se desconoció el precedente, ya que la misma Corte Constitucional no ha

Ronal Fabián Bonilla Ricardo, así como a los Tribunales Administrativos de Nariño, Chocó, Santander, Boyacá,
Huila, Antioquia, Cundinamarca y Caldas, y a la ANDJE.
Mediante Auto de 6 de septiembre de 2024, el consejero Martín Bermúdez Muñoz ordenó la acumulación del
proceso No. 2024-04285 al expediente de la referencia, Aunado a ello, admitió la acción de tutela, decretó la
medida cautelar solicitada (suspensión provisional de los efectos de las sentencias enjuiciadas); y vinculó a Víctor
Isidro Ramírez Loaiza, Adolfo León Escobar Pineda, Ethelwilma Ramírez Rijas, Isabella Escobar Ramírez, Sofía
Escobar Ramírez, Lina Marcela Escobar Ramírez, Rafael Enrique Pretel Martínez, Oscar de Jesús Sepúlveda
Londoño, Julio César Casadiegos Navarro, César Augusto Jiménez Rubiano, Julián Duarte Castellanos, Mario
Efrén Sarmiento Riveros, Elsa Jara de Ayerbe, Jonathan Ricky Benítez Reyes, Abel Eduardo Cubides Ramírez,
Pablo Enrique Murcia Barón, Fabio Hernández Cubillos, Jilson Ortegón Rodríguez, Carlos Elías Sánchez Cortés,
Álvaro Sánchez Morales, Hugo Darío Rincón Jiménez, Enrique Vásquez Díaz, Jairo Oviedo Riveros, Gisella Karina
Orjuela Cadena, Efraín Cruz Fiscal, Jairo José Olmos García, Gonzalo Rodríguez Bohórquez, Jorge Armando
Narváez Villacorte, Rubiela Margoth Estrada Jurado, Diego Armando Narváez Argoti, Sebastián Narváez Estrada,
Cristhian Danilo Narváez Argoti, Juan Francisco Gómez Cerchar, Carlos Andrés Portela Calderón, Hasbleidy
Morales Lozano y Jair Antonio Vargas, así como a los Tribunales Administrativos de Caquetá, Valle del Cauca,
Bolívar, Antioquia, Cesar, Sucre, Nariño, La Guajira, Tolima y Cundinamarca, y a la ANDJE.
Mediante Auto de 5 de noviembre de 2024, el despacho ponente ordenó la acumulación del proceso No. 2024-
05727 al expediente de la referencia, avocó su conocimiento, admitió la acción de tutela, tuvo como parte
accionada a la PGN y vinculó a Héctor Favio Castillo Armero, Carlos Arturo Triana Vega, Dora Belkis Gómez
Cetina, Delio González Carvajal, Jaime Enrique Mosquera Murillo, Jhon James Mosquera Maturana, Pedro
Palacios Rentería, Juan Manuel Llano Uribe, Otoniel Cuesta Palacios, Marino Guerrero Roa, José Danecy
Palomeque Lemus, Iler Enrique Acosta Mejía, Aloima Rafael Miranda Arregocés, Nelvis Josefina Ojeda López,
Rafael Hidalgo Pérez Nieves, José Ramiro Bermúdez Cotes, Ciro Andrés Deluque Vergara, Luis Antonio Ojeda Gil,
Brian Rodríguez León, Ghandi Eder Romero Epinayú, Juan Carlos Suaza Móvil, Jorge Mario Ureche Moscote,
Amílcar Hernando Gómez Toro, Reinaldo Deluque Díaz, Olimpo Gabriel Núñez de Armas, Miriam Prado Carrascal,
Henry Manuel Valero Peinado, Linda Esperanza Perdomo Ramírez y Humberto Quintero García.

5 de 26

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04153-00 (acumulado)
Accionante: Procuraduría General de la Nación
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsecciones A y B
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedente y ampara
______________________________________________________________________________________________________________

variado su postura sobre la vinculatoriedad, en el orden interno, de las
sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su
pertenencia al bloque de constitucionalidad. Por último, puso de presente
que atender las pretensiones de la PGN implicaba un riesgo cierto,
probable y significativo de aumento de la litigiosidad ante los órganos del
Sistema Interamericana de Derechos Humanos.

22. Robin Basilio Castro Fallace, a través de apoderado, solicitó que se
revocara la medida provisional decretada en el Auto de 13 de agosto de
2024 (suspensión provisional de los efectos de las sentencias enjuiciadas en
la presente acción de tutela). Aseguró que se debía dar cumplimiento a lo
señalado en la sentencia de la Corte IDH en el caso Petro Urrego vs.
Colombia, tal como lo hizo la Sección Segunda del Consejo de Estado en
las decisiones objeto de reproche.

23. El Tribunal Administrativo del Casanare, en calidad de juez de la
nulidad y restablecimiento del derecho de primera instancia en el proceso
No. 85001-23-33-002-2013-00249-00, se opuso a las súplicas de la solicitud de
amparo.

24. Víctor Jesús Daza Rodríguez, en nombre propio, alegó que la acción
de tutela era improcedente, tal como lo decidió la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, en la Sentencia de 8 de agosto de 2024, Rad. 11001-03-
15-000-2024-03021-00.

25. El Tribunal Administrativo de Antioquia, respecto del proceso No.
05001-23-33-000-201401307-00/01, manifestó que los argumentos del escrito
de tutela no le eran aplicables a la sentencia de primera instancia del
proceso ordinario, pues en aquella se negaron las pretensiones. En
consecuencia, solicitó ser desvinculado del proceso.

26. Nelson Castro Rodríguez, a través de apoderado, alegó que no se
cumplió con el requisito de relevancia constitucional y no se vulneró
derecho alguno de la parte actora. Aunado a ello, adujo que hubo una
indebida acumulación de la acción de tutela No. 2024-03980-00.

27. El Tribunal Administrativo de Huila adujo, frente al proceso No. 41001-
23-33-000-2015-00905-00/01, que los reparos de la acción de tutela se
dirigían contra la decisión de segunda instancia, es decir, una providencia
que no fue proferida por esa autoridad. Señaló que, con independencia
de que la acción de tutela fuera dirigida contra una sentencia de otra
autoridad judicial, esta resultaba improcedente por falta de relevancia
constitucional.

6 de 26

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04153-00 (acumulado)
Accionante: Procuraduría General de la Nación
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsecciones A y B
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedente y ampara
______________________________________________________________________________________________________________

28. Franklin Fidel Hinestroza, a través de apoderado judicial, alegó que la
tutela era improcedente porque la parte actora pudo haber acudido al
recurso extraordinario de revisión y la controversia no tenía relevancia
constitucional. Señaló que hubo una indebida acumulación de las
acciones de tutela. Manifestó que la Sección Segunda del Consejo de
Estado no incurrió en ninguno de los defectos alegados por la Procuraduría
General de la Nación.

29. Jesús Alberto Andrade Mejía, por conducto de abogado, luego de
hacer algunas consideraciones sobre el control de convencionalidad, se
opuso a las pretensiones de la acción de tutela. Indicó que la solicitud de
amparo era improcedente y no existió afectación alguna a los derechos
de la parte actora.

30. Juan Carlos Martínez Sinisterra, mediante apoderado, manifestó que
la acción de tutela no cumplió con el requisito de relevancia
constitucional. Agregó que no hubo necesidad, urgencia o perjuicio que
hiciera procedente la intervención del juez de tutela.

31. El Tribunal Administrativo de Nariño alegó no tener legitimación
pasiva en la causa, comoquiera que los reparos contra el proceso No.
52001-23-33-000-2014-00563-00/01 se hicieron concretamente contra la
decisión de segunda instancia proferida por el Consejo de Estado.

32. Víctor Isidro Ramírez Loaiza, a través de apoderado judicial, se opuso
a las pretensiones de la solicitud de amparo y alegó la improcedencia de
esta. Asimismo, solicitó su desvinculación del proceso.

33. Rafael Enrique Pretel Martínez, por conducto de abogado, se opuso
a las pretensiones de la acción de tutela y solicitó su desvinculación.

34. Carlos Elías Sánchez Cortés, Julián Duarte Castellanos, Mario Efrén
Sarmiento Rivero, Elsa Jara de Ayerbe, Jonathan Ricky Benítez Reyes, Jilson
Ortegón Rodríguez, Álvaro Sánchez Morales, Enrique Vásquez Díaz y Jairo
Oviedo Riveros, mediante apoderado, solicitaron se nieguen las súplicas de
amparo y alegaron, frente al proceso No. 11001-03-25-000-2010-00052-00
(0430-2010), que no se cumplió con el requisito de inmediatez.

35. Hasbleidy Morales Lozano, además de insistir en la falta de
competencia de la Procuraduría General de la Nación para sancionar
servidores de elección popular, manifestó que la acción de tutela no
cumplía con el requisito de inmediatez. Adujo que la autoridad accionada
debió haber acudido a la acción de tutela de forma individualizada para
cada caso.

7 de 26

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04153-00 (acumulado)
Accionante: Procuraduría General de la Nación
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsecciones A y B
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedente y ampara
______________________________________________________________________________________________________________

36. El Tribunal Administrativo de Tolima, en relación con el proceso No.
73001-23-33-001-2019-00042-00/01, indicó que no se materializó afectación
alguna a los derechos de la parte actora. Señaló que su decisión de
primera instancia en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
tuvo sustento en la postura asumida frente al tema por la Corte IDH.
Agregó que la acción de tutela no satisfizo el carácter residual y subsidiario
propio del mecanismo constitucional. Por último, alegó que no se
configuraron los requisitos generales ni alguno de los específicos que
hicieran procedente la acción de tutela contra providencia judicial.

1.3. Trámite posterior a la admisión de la acción de tutela

37. Por reparto, el proceso fue asignado al despacho del consejero
Martín Bermúdez Muñoz.

38. El 16 de agosto de 2024, el consejero Fredy Ibarra Martínez manifestó
estar impedido para conocer del asunto, con fundamento en el numeral 1
del artículo 56 de la Ley 906 de 200413, el cual se declaró fundado a través
de Auto de 13 de septiembre de 202414.

39. En Auto de 1 de octubre de 2024, se ordenó sorteo de un conjuez.
Dicha diligencia se llevó a cabo el 2 de octubre siguiente y, en ella, resultó
designado el consejero Nicolás Yepes Corrales para integrar esta sala de
decisión, quien, a su turno, a través de escrito de 7 de octubre de 2024, se
manifestó igualmente impedido para conocer del asunto, tras considerar
que se configuraba la causal prevista en el numeral 1 del artículo 56 de la
Ley 906 de 200415.

13 “Lo anterior por cuanto mi cónyuge se desempeñó durante varios años en condición de Asesora Grado 24 de

la Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado y, actualmente, sin solución de continuidad de esa
vinculación laboral, funge como Procuradora Judicial II ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y por
tanto según lo expresamente dispuesto en el artículo 277 de la Constitución Política ejerce las funciones de la
máxima autoridad de ese organismo en su nombre y representación, entidad esta que tiene la condición de
extremo activo de la controversia en el proceso de la referencia. // Es preciso anotar que, recientemente, por un
motivo similar, en la acción de tutela con radicación no. 11001-03-15-00-2024-00876-01, a través de proveído de
31 de julio de 2024, me fue aceptado el impedimento que manifesté en un asunto con contornos fácticos y
jurídicos similares al de la referencia”.
14 “El despacho considera que el magistrado Fredy Ibarra Martínez debe ser apartado del conocimiento de la

presente acción de tutela porque se cumple con lo establecido en el numeral 1º del artículo 56 de la Ley 906 de
2004, dado que su cónyuge se desempeña actualmente como Procuradora Judicial II ante el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, es decir, labora en la entidad accionante y tiene un interés en las resultas del
proceso, toda vez que el asunto que se discute en el presente proceso incide directamente en el ejercicio de sus
funciones.”
15 “En punto de lo precedente, señalo que mi cónyuge ocupa el cargo de Procuradora Judicial II y, como tal, le

corresponde ejercer las funciones de agente del Ministerio Público en nombre del Procurador General de la
Nación en los términos que defina el nominador. // En este contexto, se puede advertir que en este caso podría
existir un interés actual, especial y personal de mi esposa, en atención a que ella se encuentra vinculada
laboralmente con la Procuraduría General de la Nación y que actualmente desempeña en provisionalidad el
cargo de Procuradora Judicial II, lo que implica que: (i) la afectación a la imparcialidad sería latente, en tanto
debo pronunciarme, en un término perentorio, sobre las facultades con las que cuenta la entidad con la que mi
esposa se encuentra actualmente vinculada, (ii) la decisión que se adopte podría afectar o beneficiar a mi
cónyuge, según se defina sobre la constitucionalidad de las competencias del Ministerio Público para sancionar
a funcionarios electos por voto popular y (iii) la resolución del caso podría tener un impacto positivo o negativo
respecto a mi esposa, en el evento de que deba hacer parte de la Sala que decida sobre la supuesta
vulneración de derechos en la que habría incurrido la Sección Segunda del Consejo de Estado al anular varios
fallos disciplinarios emitidos por el Ministerio Público, empleador de mi cónyuge”.

8 de 26

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04153-00 (acumulado)
Accionante: Procuraduría General de la Nación
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsecciones A y B
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedente y ampara
______________________________________________________________________________________________________________

40. Mediante Auto de 7 de octubre de 2024, se declaró fundado el
impedimento manifestado por el consejero Yepes Corrales16 y, el 8 de
octubre de 2024, fue designado como conjuez el consejero William
Edgardo Barrera Muñoz.

41. El 10 de octubre de 2024, el consejero Barrera Muñoz manifestó estar
impedido para conocer de la presente tutela con fundamento en las
causales 1, 4 y 6 del artículo 56 de la Ley 906 de 200417. No obstante, en
auto de esa misma fecha, se declaró infundado18.

42. Mediante Auto de 22 de octubre de 2024, el consejero Martín
Bermúdez Muñoz resolvió (se trascribe) “[e]n tanto el proyecto de fallo
presentado por el suscrito magistrado en el asunto de la referencia fue
derrotado por la posición mayoritaria en Sala del 10 de octubre de 2024,
por Secretaría, ENVÍESE el expediente al Dr. Alberto Montaña Plata para lo
de su cargo”.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Solicitudes de desvinculación 2.2. Procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial. 2.3. Fijación de la controversia. 2.4. Verificación de defectos
y/o vulneración alegada. 2.5. Conclusión.

16 “El despacho considera que el magistrado Nicolás Yepes Corrales debe ser apartado del conocimiento de la

presente acción de tutela porque se cumple con lo establecido en el numeral 1º del artículo 56 de la Ley 906 de
2004, dado que su cónyuge se desempeña actualmente como Procuradora Judicial II, es decir, labora en la
entidad accionante y tiene un interés en las resultas del proceso, toda vez que el asunto que se discute en el
presente proceso incide directamente en el ejercicio de sus funciones”.
17 “Ahora bien, al revisar el proyecto de sentencia de tutela, advierto que la cuestión planteada en esta

controversia consiste en determinar si la Procuraduría General de la Nación, a la luz del ordenamiento nacional y
de los instrumentos de derecho internacional suscritos por el Estado colombiano, es competente o no para
sancionar con restricción de los «derechos políticos» a servidores de elección popular. // Esta misma cuestión –
además de la procedencia del control judicial dispuesto en los artículos 54 a 60 de la Ley 2094 de 2021–
justamente está siendo objeto de estudio por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, con fines de unificación jurisprudencial, en el proceso con radicación 11001-03-15-000-2023-00871-00,
cuya discusión empezó el pasado 8 de octubre, es decir, antes de que tuviera conocimiento de mi designación
como conjuez en la tutela y, por supuesto, previo a la fecha de reparto del proyecto de decisión del amparo –lo
que ocurrió el 9 de octubre de 2024–. // Debido a la necesaria revisión de los antecedentes judiciales
relacionados con esta controversia, contenidos en sentencias de control abstracto y concreto de
constitucionalidad de la Corte Constitucional, así como providencias de nulidad y restablecimiento del derecho
del Consejo de Estado, para preparar la discusión en la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, he llegado
a tener un conocimiento previo sobre la cuestión y, por ende, a formar un criterio que, a mi juicio, podría afectar
mi imparcialidad para la decisión de la acción de tutela. // Por ello, de manera comedida, estimo necesario
manifestar mi impedimento para conocer de la solicitud de amparo, con fundamento en las causales 1, 4 y 6 del
artículo 56 de la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal), aplicables al trámite de la acción de tutela
por remisión del artículo 39 del Decreto 2591 de 1991. En efecto, es evidente que la decisión que se tome en este
asunto está estrechamente relacionada con el caso en estudio de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, circunstancia que claramente afectará el sentido de mi voto, tanto en la decisión de la tutela
como en la decisión del pleno de la Corporación.”
18 “El despacho declara infundado el impedimento del consejero William Barrera. La participación en la discusión

de un proceso cuyas materias puedan tener relación con otro no constituye causal de impedimento judicial.
Estudiar un asunto y formarse un criterio judicial para decidirlo de ninguna manera puede compararse con el
<<interés>> en una actuación procesal; no implica la intervención en el mismo como parte; y no se asimila a
haber intervenido en la providencia que debe revisar.”

9 de 26

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04153-00 (acumulado)
Accionante: Procuraduría General de la Nación
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsecciones A y B
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedente y ampara
______________________________________________________________________________________________________________

2.1. Solicitudes de desvinculación

43. En sus informes los Tribunales Administrativos de Antioquia y Nariño,
así como los señores Ramírez Loaiza y Pretel Martínez solicitaron su
desvinculación del proceso de la referencia. Sin embargo, la Sala negará
dichas solicitudes, comoquiera que su vinculación se dio en calidad de
terceros, ya fuera por haber sido, en primera instancia, el juez de la nulidad
y el restablecimiento del derecho en algunos de los casos enjuiciados o
haber tenido la calidad de parte demandante en aquellos procesos
ordinarios.

2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

44. De conformidad con la postura mayoritaria de la Sala19, se declarará
la improcedencia de la acción de tutela por falta de inmediatez,
concretamente, frente a las Sentencias de 12 de diciembre de 2023,
proferidas en los procesos No. 76001-23-33-000-2015-01017-01, 13001-23-33-
000-2015-00784-01 y 18001-23-33-000-2016-00231-01, por las razones que
pasan a explicarse.

45. La Corte Constitucional20 ha sostenido que, aunque la acción de
tutela no tiene un término de caducidad, la misma debe presentarse
dentro de un plazo “razonable y proporcionado”, contado a partir del
hecho u omisión generadora de la vulneración o amenaza de derechos
fundamentales, pues, de no ser así, se afectaría la seguridad jurídica, los
derechos de terceros, e incluso, se desnaturalizaría la acción y, en relación
con la acción de tutela contra providencias judiciales, se comprometería
la cosa juzgada y la firmeza de las decisiones judiciales, por lo cual, según
la Corte, aquí, el examen de inmediatez debe ser más estricto.

46. En ese orden, la misma Corte ha señalado que el estudio y análisis de
la inmediatez se debe efectuar a partir del concepto de razonabilidad, (se
trascribe) “teniendo en cuenta las particularidades de cada caso
concreto”.

19 Es preciso señalar que el ponente de esta providencia sostiene que la caducidad constituye un presupuesto

procesal de orden público que busca dotar al sistema jurídico de seguridad y, por ende, se rige por un plazo
perentorio de obligatorio cumplimiento para el ejercicio de una acción, fijado por el legislador dentro de su
facultad de configuración. No obstante, el requisito general de procedencia de inmediatez no puede ser
valorado desde esa óptica por la sencilla, pero elemental razón, que la tutela, de acuerdo con el artículo 86
Constitucional, puede interponerse en cualquier momento. Así las cosas, al constituir el término de inmediatez de
6 meses un plazo orientador, y no un término de caducidad que opera irrestrictamente, ello, justamente, implica
efectuar un análisis autónomo y concreto para cada asunto que, en todo caso, no vaya en contravía de uno de
los postulados que funda la acción de tutela, esto es, prevalencia del derecho sustancial (artículo 3 Decreto
2591 de 1991).
20 Sentencia SU-18 de 2018.

10 de 26

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04153-00 (acumulado)
Accionante: Procuraduría General de la Nación
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsecciones A y B
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedente y ampara
______________________________________________________________________________________________________________

47. Por su parte, la Sala Plena de esta Corporación, mediante Sentencia
de unificación de 5 de agosto de 201421, estableció, como regla general,
que el mecanismo de amparo debe promoverse en un plazo máximo de 6
meses contados a partir de la notificación o ejecutoria de la providencia
objeto de reproche constitucional. No obstante, al igual que la Corte
Constitucional, sostuvo que (se trascribe) “en cada caso concreto deberá
evaluarse este requisito a fin de que no se desvirtúe la razón de ser de la
acción de tutela”.

48. Así, para estudiar o valorar la inmediatez en concreto y establecer si
la acción es procedente, se ha considerado que el plazo oportuno es de 6
meses, salvo que, según la Corte Constitucional, se configuren alguna de
estas circunstancias, que no son taxativas, en el caso sometido a revisión:
(1) el accionante presente razones válidas para su tardanza en presentar la
acción constitucional, (2) que a pesar del paso del tiempo, la vulneración
o amenaza de los derechos fundamentales continúe y sea actual o (3) que
la exigencia de la interposición de la acción en un término razonable
resulte desproporcionada, dadas las circunstancias de debilidad
manifiesta en la que se encuentra el demandante.

49. En el caso concreto, la Sala pone de presente que la acción de
tutela se dirigió, entre otras, contras las Sentencias de 12 de diciembre de
2023, proferidas en los procesos No. 76001-23-33-000-2015-01017-01, 13001-
23-33-000-2015-00784-01 y 18001-23-33-000-2016-00231-01, las cuales fueron
notificadas, mediante mensajes de datos, el 31 de enero, 1 y 2 de febrero
de 2024, respectivamente.

50. Así las cosas, como la solicitud de amparo, para dichas providencias
[Rad. 2024-04285] fue presentada el 14 de agosto de 2024, se concluye
que no se satisfizo el requisito de inmediatez, pues trascurrieron más de 6
meses entre la notificación de las providencias enjuiciadas y la
presentación del mecanismo constitucional. Asimismo, se advierte que no
se configuró alguno de los supuestos especiales o circunstancias
relacionadas en el párrafo 48 de esta providencia, que permitan aceptar
una interposición después de ese plazo.

51. En lo que respecta a las otras 43 providencias enjuiciadas, la Sala
advierte que las acciones de tutela son procedentes porque: (1) no existe
recurso idóneo y eficaz que permitiera a la parte actora alegar los reparos
planteados vía tutela y procurar la defensa del derecho presuntamente
vulnerado, ello en consideración a que tratan de decisiones judiciales de
única o segunda instancia. Sumado al hecho de que no se configura

21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de unificación por importancia

jurídica de 5 de agosto de 2014. Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

11 de 26

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04153-00 (acumulado)
Accionante: Procuraduría General de la Nación
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsecciones A y B
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedente y ampara
______________________________________________________________________________________________________________

ninguna de las causales de procedencia de los recursos extraordinarios de
revisión o unificación de jurisprudencia. (2) Hubo un plazo razonable entre
la fecha de notificación de las sentencias atacadas y la de interposición
de las solicitudes de amparo22. (3) No se enjuiciaron fallos de tutela, pues la
controversia se relaciona con ciertas providencias que resolvieron juicios
de nulidad y restablecimiento del derecho en los que se demandaron
actos administrativos de naturaleza disciplinaria proferidos por la
Procuraduría General de la Nación. (4) Se identificaron de manera clara,
detallada y comprensible los hechos y la presunta vulneración derivada de
ellos.

52. (5) Finalmente, se advierte que la controversia tiene relevancia
constitucional, por tratarse de la presunta afectación del derecho
fundamental al debido proceso, con ocasión de determinadas
providencias judiciales en la que, a juicio de la parte actora, las
Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
incurrieron en los defectos de violación directa de la Constitución,
desconocimiento del precedente y/o sustantivo, en relación con la
competencia de la Procuraduría General de la Nación para sancionar
disciplinariamente servidores públicos de elección popular. Asimismo, no
puede perderse de vista que la parte actora desplegó con suficiencia la
carga argumentativa que justificara la intervención del juez de tutela, no
se trató de un asunto de simple legalidad o eminentemente económico23
24.

22 Hace parte de esta providencia, el cuadro denominado Anexo No. 1, en el que se relacionaron los radicados,

fechas de envíos de mensajes de datos, notificación y presentación de acción de tutela para todas las
providencias aquí enjuiciadas.
23 Debe indicarse que, con ocasión del Auto de 3 de diciembre de 2024, Rad. 11001-03-15-000-2023-00871-00, el

despacho ponente rectificó su postura adoptada en la Sentencia de tutela 5 de septiembre de 2024, Rad.
11001-03-15-000-2024-00876-01, sobre la relevancia constitucional para este tipo de controversias.
24 Sobre la relevancia constitucional, para asuntos con identidad fáctica y jurídica con el de la referencia, la

Corte Constitucional ha sostenido [Sentencia SU-381 de 2024] “42. El asunto tiene (ii) relevancia constitucional
pues el reclamo efectuado por la Procuraduría General de la Nación, fundado en las garantías del debido
proceso, involucra (ii.1) cuál es la consideración del denominado bloque de convencionalidad en nuestro
ordenamiento jurídico, figura que tiene impacto en la supremacía constitucional, el bloque de
constitucionalidad y el mismo rol de la Corte Constitucional como guardiana de la supremacía e integridad de la
Constitución; y (ii.2) el alcance de la función constitucional otorgada a la Procuraduría General de la Nación en
el artículo 277.6 superior. // 43. Además, comprende (ii.3) la consideración sobre los efectos de las decisiones de
la Corte Constitucional frente a la competencia de la autoridad tutelante para investigar y sancionar servidores
de elección popular, asunto que ha ocupado en varias oportunidades la atención de este tribunal, por su
trascendencia, además, en la garantía de los derechos políticos y, por esta vía, en los principios que soportan el
Estado colombiano como una República democrática y participativa”; y [Sentencia SU-382 de 2024] “(…) sin
perjuicio de la conclusión a la que finalmente se llegue luego del correspondiente examen del caso concreto, a
primera vista hay argumentos que sugieren que la providencia cuestionada pudo haber vulnerado el debido
proceso de la entidad accionante, por el desconocimiento de normas constitucionales y precedentes de la
Corte Constitucional que reconocían la competencia de la PGN para ejercer el control disciplinario respecto de
servidores públicos de elección popular, con fundamento en una decisión de la Corte IDH que es posterior a los
actos juzgados por la sentencia objeto de tutela. Esta circunstancia, sumada a que la controversia
evidentemente reviste un carácter constitucional y no meramente legal, que además repercute en el contenido
material del derecho fundamental al debido proceso, conlleva a concluir que, contrario a lo decidido por los
jueces de instancia, el requisito de relevancia constitucional se cumple”.

12 de 26

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04153-00 (acumulado)
Accionante: Procuraduría General de la Nación
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsecciones A y B
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedente y ampara
______________________________________________________________________________________________________________

2.3. Fijación de la controversia

53. Determinar si la Sección Segunda del Consejo de Estado, como juez
de la nulidad y el restablecimiento del derecho, incurrió en los defectos de
violación directa de la Constitución, desconocimiento del precedente y/o
sustantivo, con ocasión de las providencias judiciales aquí enjuiciadas25 en
las que declaró la nulidad de las sanciones disciplinarias (destitución e
inhabilidad) impuestas a determinados servidores públicos de elección
popular, por considerar que, de acuerdo con las reglas convencionales, la
Procuraduría General de la Nación no tenía competencia para ello.

2.4. Verificación de defectos y/o vulneración alegada

54. La Sala amparará el derecho fundamental al debido proceso de la
parte actora, por las razones que pasan a explicarse.

55. En sus escritos de tutela, la Procuraduría General de la Nación alegó
que se configuraron los defectos de violación directa de la Constitución,
desconocimiento del precedente y/o sustantivo, en determinadas
sentencias que declararon y/o confirmaron la declaratoria de nulidad de
los actos administrativos por medio de los cuales dicha autoridad había
sancionado disciplinariamente con destitución e inhabilidad para ejercer
cargos públicos a unos empelados de elección popular.

56. Las decisiones judiciales, proferidas por las Subsecciones A y B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, se fundaron en que, de
conformidad con las normas convencionales, así como las órdenes
derivadas de la Sentencia de 8 de julio de 2020 de la Corte IDH para el
caso Petro Urrego vs. Colombia, la Procuraduría General de la Nación no

25 [2024-04153]: (1) 3 de mayo de 2024, Rad. 85001-23-33-000-2013-00249-02; (2) 9 de mayo de 2024, Rad. 25000-

23-42-000-2015-03436-01; (3) 4 de julio de 2024, Rad. 05001-23-33-000-2014-01307-01; (4) 10 de julio de 2024, Rad.
15001-23-33-000-2017-00478-01; (5) 26 de junio de 2024, Rad. 08001-23-33-000-2020-00392-02; (6) 26 de junio de
2024, Rad. 73001-23-33-000-2019-00042-01; (7) 30 de mayo de 2024, Rad. 08001-23-33-000-2020-00388-01; (8) 3 de
mayo de 2024, Rad. 54001-23-33-000-2016-00221-01; (9) 24 de mayo de 2024, Rad. 54001-23-33-000-2016-00224-01;
(10) 18 de julio de 2024, Rad. 73001-23-33-000-2015-00589-01; (11) 18 de julio de 2024, Rad. 13001-23-33-000-2014-
00294-01; [2024-03980]: (12) 9 de mayo de 2024, Rad. 52001-23-33-000-2014-00563-01; (13) 6 de junio de 2024, Rad.
11001-03-25-000-2016-00592-00; (14) 9 de mayo de 2024, Rad. 27001-23-33-000-2014-00010-01; (15) 9 de mayo de
2024, Rad. 68001-23-33-000-2021-00070-01; (16) 15 de mayo de 2024, Rad. 15001-23-33-000-2017-00604-01; (17) 23
de mayo de 2024, Rad. 41001-23-33-000-2015-00905-01; (18) 5 de junio de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2016-00173-
00; (19) 3 de mayo de 2024, Rad. 05001-23-33-000-2015-01775-01; (20) 15 de mayo de 2024, Rad. 25000-23-42-000-
2017-05284-03; (21) 25 de abril de 2024, Rad. 17001-23-33-000-2019-00613-01; [2024-04285]: (22) 8 de febrero de
2024, Rad. 05001-23-33-000-2016-01396-00; (23) 22 de febrero de 2024, Rad. 20001-23-33-003-2017-00007-01; (24) 15
de febrero de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2010-00052-00; (25) 4 de abril de 2024, Rad. 70001-23-33-000-2014-00058-
01; (26) 11 de abril de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2019-00359-00; (27) 18 de abril de 2024, Rad. 52001-23-33-000-
2015-00285-01; (28) 23 de mayo de 2024, Rad. 44001-23-40-000-2016-00156-01; (29) 9 de mayo de 2024, 73001-23-
33-000-2019-00344-01; (30) 9 de mayo de 2024, Rad. 73001-23-33-000-2019-00289-01; (31) 9 de mayo de 2024, Rad.
25000-23-42-000-2013-01351-01; [2024-05727]: (32) 25 de julio de 2024, Rad. 52001-23-33-000-2018-00394-01; (33) 18
de julio de 2024, Rad. 15001-23-33-000-2019-00530-01; (34) 1 de agosto de 2024, Rad. 15001-23-33-000-2019-00639-
01; (35) 25 de julio de 2024, Rad. 41001-23-33-000-2017-00175-01; (36) 2 de octubre de 2024, Rad. 27001-23-33-000-
2018-00099-01; (37) 2 de octubre de 2024, Rad. 17001-23-33-000-2018-00136-01; (38) 2 de octubre de 2024, Rad.
27001-23-33-000-2018-90017-01; (39) 2 de octubre de 2024, Rad. 44001-23-40-000-2016-00192-01; (40) 2 de octubre
de 2024, Rad. 54001-23-33-000-2019-00356-01; (41) 2 de octubre de 2024, Rad. 54001-23-33-000-2019-00252-01; (42)
2 de octubre de 2024, Rad. 73001-23-33-000-2019-00301-01; y (43) 2 de octubre de 2024, Rad. 73001-23-33-000-
2019-00229-01.

13 de 26

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04153-00 (acumulado)
Accionante: Procuraduría General de la Nación
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsecciones A y B
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedente y ampara
______________________________________________________________________________________________________________

era competente para limitar, con las aludidas sanciones, los derechos
políticos de quienes fueron electos por voto popular, para la fecha en que
fueron proferidos los actos administrativos demandados dentro de los
respectivos procesos. En otras palabras, la autoridad judicial dio aplicación
a una excepción de inconvencionalidad respecto del ordenamiento
jurídico interno que desconoció el principio de jurisdiccionalidad contenido
en el artículo 23.2 de la CADH26.

57. En ese orden de ideas, dado el contenido y alcance de los reparos
planteados por la parte actora, los mismos serán estudiados de forma
conjunta, es decir, se analizará la tesis adoptada por las Subsecciones A y
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado para los casos enjuiciados,
de cara a la postura de la Corte Constitucional sobre la potestad
sancionatoria de la Procuraduría General de la Nación respecto de
empleados públicos de elección popular, así como la interpretación que,
en ese marco, se le ha dado al artículo 23.2 de la CADH, sobre limitación
de los derechos políticos.

58. En Sentencia C-028 de 2006, la Corte Constitucional, al analizar la
exequibilidad de los artículos 44 (numeral 1), 45 (numeral 1, literal d) y 46 de
la Ley 734 de 2002, concluyó que la facultad otorgada por el legislador a la
Procuraduría General de la Nación para sancionar a servidores públicos de
elección popular, mediante la limitación, de forma temporal o definitiva,
de los derechos políticos, no contrariaba los artículos 93 de la Constitución
Política y 23 de la CADH, (se trascribe):

“En el caso concreto, el artículo 23 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, tal y como se ha explicado, no se opone realmente a
que los legisladores internos establezcan sanciones disciplinarias que
impliquen la suspensión temporal o definitiva del derecho de acceso a cargos
públicos, con miras a combatir el fenómeno de la corrupción. En igual sentido,
la Constitución de 1991, tal y como lo ha considerado la Corte en diversos
pronunciamientos, tampoco se opone a la existencia de dichas sanciones
disciplinarias, incluso de carácter permanente, pero bajo el entendido de que
dicha sanción de inhabilidad se aplique exclusivamente cuando la falta
consista en la comisión de un delito contra el patrimonio del Estado.

En suma, contrario a lo sostenido por los demandantes, la facultad que le
otorgó el legislador a la Procuraduría General de la Nación para imponer
sanciones disciplinarias temporales o permanentes que impliquen restricción
del derecho de acceso a cargos públicos, no se opone al artículo 93

26 “Artículo 23. Derechos Políticos

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:
a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente
elegidos;
b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto
secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y
c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.
2. La ley debe reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior,
exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o
condena, por juez competente, en proceso penal.”

14 de 26

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04153-00 (acumulado)
Accionante: Procuraduría General de la Nación
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsecciones A y B
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedente y ampara
______________________________________________________________________________________________________________

constitucional ni tampoco al artículo 23 del Pacto de San José de Costa
Rica.”

59. Esta tesis fue reiterada por la Corte, en Sentencia SU-712 de 2013, en
la que estudió, vía acción de tutela, un caso en el que se cuestionó la
competencia de la Procuraduría General de la Nación para investigar y
sancionar disciplinariamente a los congresistas. En esa oportunidad, señaló
(se trascribe):

“(…) a partir de una interpretación armónica de las normas constitucionales
con los instrumentos que se integran a ella en virtud del bloque de
constitucionalidad, la Corte concluyó que las competencias disciplinarias y
sancionatorias del Procurador General de la Nación no desconocen el
artículo 93 de la Constitución, ni el artículo 23 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos.
(…)
En efecto, según fue explicado anteriormente, el análisis de la normativa
constitucional en sus diferentes perspectivas (potestad disciplinaria y
prerrogativas parlamentarias), de los preceptos legales que regulan la
materia, así como de los precedentes decantados por esta Corporación,
demuestra que el Procurador General de la Nación sí es competente para
investigar disciplinariamente a los congresistas e imponer las sanciones a que
haya lugar de acuerdo con la falta imputada y los demás elementos propios
de la responsabilidad en asuntos de esta índole.

Asimismo, conviene tener presente que las decisiones emanadas del Ministerio
Público en ejercicio del poder disciplinario estarán siempre bajo la lupa de
una autoridad judicial, en tanto son actos administrativos susceptibles de ser
sometidos a control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.”

60. Luego, en Sentencia C-086 de 2019, la Corte ratificó la competencia
de la Procuraduría General de la Nación para adelantar esta clase de
juicios disciplinarios, concretamente, la suspensión provisional de servidores
públicos electos popularmente (artículo 157 de la Ley 734 de 2002) y
sostuvo (se trascribe):

“Debe destacarse que la competencia para investigar y sancionar, en el
contexto del proceso disciplinario, a servidores públicos de elección popular
corresponde a la Procuraduría General de la Nación. Esta entidad es un
organismo de control: forma parte del ministerio público, que no se encuentra
dentro de ninguna rama del poder público y, por tanto, no está sometida en
modo alguno a interferencias políticas. En tanto órgano autónomo
responsable de adelantar el proceso disciplinario, la Procuraduría General de
la Nación es independiente de los demás órganos del Estado, de manera
semejante a como lo son los jueces, como lo ha destacado este tribunal, al
momento de interpretar de manera sistemática y armónica con la
Constitución el artículo 23 de la CADH. Además, sus actos son susceptibles de
control judicial, por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

4.9.4. Por tanto, dado que la competencia para suspender provisionalmente a
un servidor público, incluso de elección popular, se funda en la competencia
del operador disciplinario para investigar y sancionar disciplinariamente a los
servidores públicos, conforme al antedicho precedente, debe concluirse que
la norma demandada es compatible con las normas previstas en el artículo 23
de la CADH y en el artículo 40 de la Constitución.”

15 de 26

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04153-00 (acumulado)
Accionante: Procuraduría General de la Nación
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsecciones A y B
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedente y ampara
______________________________________________________________________________________________________________

61. Mediante Sentencia C-111 de 2019, la Corte estudió la
constitucionalidad del artículo 45 de la Ley 734 de 2002, concretamente, la
expresión “elección”, cuando se hace referencia a la terminación de la
relación del servidor público sin importar la naturaleza de esta, como
consecuencia de la destitución e inhabilidad como sanción disciplinaria. Al
respecto, indicó (se trascribe):

“25. Al respecto la Corte ha sostenido que la norma acusada no desconoce
el artículo 93 de la Constitución, ni el artículo 23 de la CADH por las siguientes
tres razones: (i) el artículo 23 de la CADH debe interpretarse de manera
coherente y sistemática con (a) la Constitución, (b) toda la Convención y (c)
otros tratados internacionales ; (ii) la restricción del ejercicio de derechos
políticos que provenga de una autoridad distinta a un juez penal, es válida
siempre y cuando se respeten las garantías del debido proceso; (iii) la PGN
ofrece suficientes garantías para cumplir con la finalidad de proteger los
derechos y libertades de los funcionarios públicos elegidos popularmente
porque (a) es una autoridad independiente e imparcial, (b) su proceso de
imposición de sanciones asegura las garantías judiciales establecidas en la
CADH y (c) sus actos son judicialmente controlables de una manera efectiva.
Por lo tanto (iv) no se justifica que la Corte Constitucional cambie su
precedente.
(…)
27. La restricción del ejercicio de derechos políticos que provenga de una
autoridad distinta a un juez penal, es válida siempre y cuando se respeten las
garantías del debido proceso. Como lo ha señalado esta Corte, la CADH no
prohíbe a los Estados que sus ordenamientos internos otorguen competencia
a una autoridad administrativa para que limite los derechos políticos de los
servidores públicos de elección popular siempre que dicha autoridad sea (i)
autónoma e independiente y (ii) asegure las garantías judiciales establecidas
en su artículo 8.

28. Por lo tanto, esta Corte no comparte el argumento planteado por los
demandantes según el cual únicamente un juez penal pueda asegurar las
garantías mínimas de los derechos políticos. Los Estados tienen un margen de
apreciación en virtud del cual pueden atribuir a los organismos de control del
Estado competencias disciplinarias que puedan conducir a la imposición de
sanciones de destitución e inhabilidad general de los servidores públicos. Por
ende, el legislador puede otorgarle esa competencia a cualquier autoridad
siempre que ella respete las garantías establecidas en los artículos 29 de la
Constitución y 8 de la CADH. Así, se concluye que el límite que encuentra el
margen de apreciación son los derechos al debido proceso de los servidores
públicos de elección popular. De allí que, no obstante no ser un “juez penal”,
la PGN debe respetar las garantías establecidas en el artículo 29 de la
Constitución y 8 de la CADH. En consecuencia, puede válidamente limitar los
derechos políticos de los funcionarios públicos de elección popular.

29. La PGN ofrece suficientes garantías para cumplir con la finalidad de
proteger los derechos y libertades de los funcionarios públicos elegidos. En el
caso sub examine, la disposición acusada se encuentra dentro de los límites
del margen de apreciación del Estado colombiano porque garantiza los
derechos establecidos en el artículo 29 de la Constitución y el 8 de la CADH.
Esto es así por tres razones: (i) la PGN es una autoridad independiente e
imparcial, (ii) el proceso de imposición de sanciones a funcionarios de
elección popular asegura las garantías judiciales previstas por la Constitución
y la CADH, (iii) sus actos pueden ser controlados judicialmente de una manera
efectiva.”

16 de 26

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04153-00 (acumulado)
Accionante: Procuraduría General de la Nación
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsecciones A y B
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedente y ampara
______________________________________________________________________________________________________________

62. Finalmente, en la Sentencia C-030 de 2023, la Corte Constitucional, al
revisar la exequibilidad de la titularidad de la potestad disciplinaria y
funciones jurisdiccionales de la Procuraduría General de la Nación, en el
marco de la Ley 2094 de 2021, estableció que la aludida potestad fue
otorgada a esa autoridad por expreso mandato constitucional (artículos
118 y 277 de la Constitución Política). No obstante, la misma debía ser
interpretada de forma sistemática y armónica con la CADH y, en
consecuencia, debía respetar el principio de reserva judicial para las
sanciones que limiten derechos políticos. Por lo tanto, el recurso
extraordinario de revisión constituía un remedio que garantizaría la
intervención del juez de lo contencioso administrativo.

63. A partir de lo anterior, se tiene entonces que para la época en la
que fueron proferidas las decisiones administrativas de carácter
sancionatorio, existía una tesis consolidada de la Corte Constitucional que
avalaba la competencia de la Procuraduría General de la Nación para
sancionar, con destitución e inhabilidad, a servidores públicos de elección
popular, respecto de la cual las Subsecciones A y B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado se apartaron indebidamente, dado el carácter de
cosa juzgada constitucional que el tema tenia a la fecha de expedición
de las decisiones enjuiciadas y, en consecuencia, incurrieron en los
defectos invocados.

64. Sobre el particular, la Corte Constitucional, en la Sentencias SU-381
de 2024, resolvió un pleito con identidad fáctica y jurídica al del asunto de
la referencia. En dicha providencia, la Corte advirtió la configuración de
los defectos de violación directa de la Constitución, desconocimiento del
precedente y sustantivo, por las siguientes razones (se trascribe):

“184. En conclusión, las condiciones normativas y jurisprudenciales del año
2012 en las que la Procuraduría General de la Nación ejerció su competencia,
aunado a que la interpretación realizada por el Consejo de Estado a partir del
trasplante de una regla de decisión de la sentencia López Mendoza vs.
Venezuela27 desconoció principios constitucionales, conducen a afirmar que
se configuró una violación directa de la Constitución. Lo que correspondía en
este caso a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
era pronunciarse sobre la legalidad de la sanción, a partir de los cargos
invocados por el señor Merlano Morales, sin reprochar un asunto de
competencia que, se insiste, estaba claro en el año 2012 respecto a su
titularidad en cabeza de la Procuraduría General de la Nación, y sigue claro
bajo el estándar constitucional vigente, sin perjuicio, por supuesto, del exhorto
realizado al legislador.
(…)
200. Por lo expuesto, se concluye que la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado incurrió en defecto sustantivo, porque desconoció que
para el momento en el que la Procuraduría General de la Nación ejerció su

27 Se tiene en cuenta que esta fue la providencia de la Corte IDH que estimó el Consejo de Estado estaba

“vigente” al año 2012 y, por lo tanto, era aplicable en este caso.

17 de 26

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04153-00 (acumulado)
Accionante: Procuraduría General de la Nación
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsecciones A y B
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedente y ampara
______________________________________________________________________________________________________________

competencia disciplinaria –año 2012–, el artículo 44.1 de la Ley 734 de 200228
había sido objeto de decisión de exequibilidad por este Tribunal a través de la
Sentencia C-028 de 2006 al amparo del artículo 23.2 de la CADH, en
aplicación de la cláusula de remisión prevista en el artículo 93.1 de la
Constitución. Adicionalmente, la Subsección B mencionada pasó por alto
que, al momento de emitir su decisión, también existía la Sentencia C-500 de
2014 que había reafirmado esa constitucionalidad, pese a la expedición de la
Sentencia de la Corte IDH en el caso López Mendoza vs. Venezuela. En la
medida en que estas sentencias determinaron la exequibilidad del artículo
44.1 de la Ley 734 de 2002, hacer caso omiso a su vinculatoriedad, implica la
configuración del defecto sustantivo examinado.”

65. Asimismo, en Sentencia SU-382 de 2024, la Corte señaló (se
trascribe):

“(…) Sin embargo, dentro del marco normativo que evaluó, la subsección
accionada pasó por alto el precedente constitucional que había avalado la
facultad de la PGN de expedir tales decisiones.

83. La sentencia objeto de la acción de tutela, igualmente, desconoció el
precedente constitucional sobre el valor de las normas convencionales y de
la jurisprudencia de la Corte IDH en el ordenamiento interno colombiano.
Estas, como lo ha insistido la Corte Constitucional, no deben aplicarse en
forma aislada y en perjuicio de las normas constitucionales, sino que su
aplicación debe ser sistemática y armónica. En el caso concreto, con ocasión
de la sentencia del caso Petro Urrego vs. Colombia, el Estado colombiano
inició un proceso de armonización normativa que, en todo caso, no podía ser
“automático”. Ese proceso se empezó a realizar a partir de las sentencias C-
146 de 2021 y C-030 de 2023, así como de la Ley 2094 de 2021, pero sus
consecuencias no podían aplicarse a decisiones administrativas anteriores,
cuando el ordenamiento jurídico nacional reconocía la competencia de la
PGN en casos como el que es objeto de estudio.

84. Finalmente, la sentencia tampoco consideró que, al estudiar la legalidad
de actos administrativos, debían privilegiarse las circunstancias de hecho y de
derecho vigentes al momento en que fueron proferidos, en línea con la
jurisprudencia del propio Consejo de Estado. La postura de la subsección
accionada ponía a la PGN en una situación imposible: desconocer el
precedente vigente de la Corte Constitucional y comprometer la validez de
sus actuaciones por cuenta de la “aplicación” de un precedente
interamericano que todavía no había sido adoptado. En efecto, la
vinculatoriedad del precedente está relacionada con la protección de los
principios de seguridad jurídica, igualdad, confianza legítima y coherencia del
orden jurídico. Su aplicación rigurosa permite orientar el comportamiento de
las personas e instituciones hacia las normas y principios constitucionales.
(…)
92. Es cierto que, al declarar la nulidad de los actos de destitución e
inhabilidad por falta de competencia, la Sección Segunda – Subsección B del
Consejo de Estado no dio el alcance a los artículos 277.6 y 278.1 de la
Constitución como habían sido entendidos por la jurisprudencia constitucional
en su momento. Además, con el argumento de aplicar un control de
convencionalidad difuso, el Consejo de Estado desconoció que las normas de
la CADH no tienen un carácter superior a las de la Constitución Política, por lo
que no se pueden aplicar las primeras sin tener en cuenta las segundas. Por el
contrario, es necesario adelantar una interpretación sistemática y armónica.
En esta labor, no se puede desconocer la interpretación autorizada por parte

28 La Sentencia SU-355 de 2015, reconoció que sobre la competencia de la Procuraduría para sancionar

servidores públicos de elección popular recaía el fenómeno de cosa juzgada constitucional. Ver la reseña
realizada en el apartado 5.3. de esta providencia.

18 de 26

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04153-00 (acumulado)
Accionante: Procuraduría General de la Nación
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsecciones A y B
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedente y ampara
______________________________________________________________________________________________________________

de la Corte Constitucional. En consecuencia, la violación de la Constitución se
produce en este caso por no aplicar las normas superiores que otorgaban
una competencia que había sido reconocida pacíficamente por esta
Corporación. La configuración de este defecto trae por consecuencia la
vulneración del derecho al debido proceso de la PGN, pues dicha garantía
fundamental le imponía a la autoridad judicial accionada el deber de acatar,
en todo momento del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
que le correspondió conocer, los postulados del texto superior.”

66. En aquellos pronunciamientos, la Corte revocó las decisiones de
instancia que negaron y declararon improcedentes las solicitudes de
amparo y, en su lugar, amparó el derecho al debido proceso de la
Procuraduría General de la Nación, pues estimó que las providencias de
los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho no superaron el
juicio de validez constitucional de tutela.

67. Finalmente, no puede pasarse por alto que la postura adoptada por
esta Sala se alinea con las consideraciones del Auto de 3 de diciembre de
2024 de la Sala Plena del Consejo de Estado, Rad. 11001-03-15-000-2023-
00871-0029, según las cuales (se trascribe):

“Por lo tanto, en el presente caso, el juicio efectuado por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-030 de 2023, en cuanto declaró ajustado a
la Constitución las expresiones contenidas en el artículo 1º de la Ley 2094 de
2021, que modificó el art. 2º de la Ley 1952 de 2019, y el artículo 54 de la Ley
2094, hizo tránsito a cosa juzgada constitucional absoluta, dado que en el
fallo no se hicieron salvedades, limitaciones ni distinciones sobre el juicio
desarrollado. Así entonces. en relación con las prescripciones anteriores, no es
dable discutir su compatibilidad con la Carta ni con las disposiciones de la
CADH ni los fallos de la Corte IDH”30, pues, este asunto fue resuelto por el juez
que tiene la atribución constitucional de velar por la integridad y supremacía
de la Constitución Política.”

2.5. Conclusión

68. Con fundamento en lo anterior, la Sala negará las solicitudes de
desvinculación de los Tribunales Administrativos de Antioquia y Nariño, y los
señores Ramírez Loaiza y Pretel Martínez; declarará la improcedencia de la
solicitud de amparo No. 2024-04285-00 para las Sentencias de 12 de
diciembre de 2023, proferidas en los procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho Rad. 2015-01017-01, 2015-00784-01 y 2016-
00231-01; amparará el derecho al debido proceso de la Procuraduría
General de la Nación y ordenará que se profieran las respectivas
providencias de remplazo.

29 No puede pasarse por alto que los consejeros de Estado William Barrera Muñoz y Alberto Montaña Plata

aclararon su voto frente a dicha providencia de unificación.
30 Sentencia C-310 de 2002 y Sentencia C-098 de 2007.

19 de 26

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04153-00 (acumulado)
Accionante: Procuraduría General de la Nación
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsecciones A y B
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedente y ampara
______________________________________________________________________________________________________________

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por los
Tribunales Administrativos de Antioquia y Nariño, Víctor Isidro Ramírez Loaiza
y Rafael Enrique Pretel Martínez, por las razones aquí presentadas.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela identificada con
el radicado No. 11001-03-15-000-2024-04285-00, específicamente, frente a
las Sentencias de 12 de diciembre de 2023, proferidas en los procesos de
nulidad y restablecimiento del derecho No. 76001-23-33-000-2015-01017-01,
13001-23-33-000-2015-00784-01 y 18001-23-33-000-2016-00231-01, por no
cumplir con el requisito de inmediatez.

TERCERO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de la
Procuraduría General de la Nación. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS
las Sentencias de (1) 3 de mayo de 2024, Rad. 85001-23-33-000-2013-00249-
02; (2) 9 de mayo de 2024, Rad. 25000-23-42-000-2015-03436-01; (3) 4 de
julio de 2024, Rad. 05001-23-33-000-2014-01307-01; (4) 10 de julio de 2024,
Rad. 15001-23-33-000-2017-00478-01; (5) 26 de junio de 2024, Rad. 08001-23-
33-000-2020-00392-02; (6) 26 de junio de 2024, Rad. 73001-23-33-000-2019-
00042-01; (7) 30 de mayo de 2024, Rad. 08001-23-33-000-2020-00388-01; (8) 3
de mayo de 2024, Rad. 54001-23-33-000-2016-00221-01; (9) 24 de mayo de
2024, Rad. 54001-23-33-000-2016-00224-01; (10) 18 de julio de 2024, Rad.
73001-23-33-000-2015-00589-01; (11) 18 de julio de 2024, Rad. 13001-23-33-
000-2014-00294-01; (12) 9 de mayo de 2024, Rad. 52001-23-33-000-2014-
00563-01; (13) 6 de junio de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2016-00592-00; (14) 9
de mayo de 2024, Rad. 27001-23-33-000-2014-00010-01; (15) 9 de mayo de
2024, Rad. 68001-23-33-000-2021-00070-01; (16) 15 de mayo de 2024, Rad.
15001-23-33-000-2017-00604-01; (17) 23 de mayo de 2024, Rad. 41001-23-33-
000-2015-00905-01; (18) 5 de junio de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2016-
00173-00; (19) 3 de mayo de 2024, Rad. 05001-23-33-000-2015-01775-01; (20)
15 de mayo de 2024, Rad. 25000-23-42-000-2017-05284-03; (21) 25 de abril
de 2024, Rad. 17001-23-33-000-2019-00613-01; (22) 8 de febrero de 2024,
Rad. 05001-23-33-000-2016-01396-00; (23) 22 de febrero de 2024, Rad. 20001-
23-33-003-2017-00007-01; (24) 15 de febrero de 2024, Rad. 11001-03-25-000-
2010-00052-00; (25) 4 de abril de 2024, Rad. 70001-23-33-000-2014-00058-01;
(26) 11 de abril de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2019-00359-00; (27) 18 de
abril de 2024, Rad. 52001-23-33-000-2015-00285-01; (28) 23 de mayo de

20 de 26

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04153-00 (acumulado)
Accionante: Procuraduría General de la Nación
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsecciones A y B
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedente y ampara
______________________________________________________________________________________________________________

2024, Rad. 44001-23-40-000-2016-00156-01; (29) 9 de mayo de 2024, 73001-
23-33-000-2019-00344-01; (30) 9 de mayo de 2024, Rad. 73001-23-33-000-
2019-00289-01; (31) 9 de mayo de 2024, Rad. 25000-23-42-000-2013-01351-
01; (32) 25 de julio de 2024, Rad. 52001-23-33-000-2018-00394-01; (33) 18 de
julio de 2024, Rad. 15001-23-33-000-2019-00530-01; (34) 1 de agosto de 2024,
Rad. 15001-23-33-000-2019-00639-01; (35) 25 de julio de 2024, Rad. 41001-23-
33-000-2017-00175-01; (36) 2 de octubre de 2024, Rad. 27001-23-33-000-
2018-00099-01; (37) 2 de octubre de 2024, Rad. 17001-23-33-000-2018-00136-
01; (38) 2 de octubre de 2024, Rad. 27001-23-33-000-2018-90017-01; (39) 2
de octubre de 2024, Rad. 44001-23-40-000-2016-00192-01; (40) 2 de octubre
de 2024, Rad. 54001-23-33-000-2019-00356-01; (41) 2 de octubre de 2024,
Rad. 54001-23-33-000-2019-00252-01; (42) 2 de octubre de 2024, Rad. 73001-
23-33-000-2019-00301-01; y (43) 2 de octubre de 2024, Rad. 73001-23-33-000-
2019-00229-01, proferidas por las Subsecciones A y B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, por las razones indicadas en esta
providencia.

CUARTO: ORDENAR a las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado que, dentro de los 30 días contados a partir de la
notificación de esta providencia, profieran las sentencias de remplazo,
según su competencia, en los procesos referenciados en el numeral
anterior y en consideración a lo aquí decidido.

QUINTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al
correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin31.

SEXTO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría General
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Con aclaración de voto Con aclaración de voto

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

31 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

21 de 26

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04153-00 (acumulado)
Accionante: Procuraduría General de la Nación
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsecciones A y B
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedente y ampara
______________________________________________________________________________________________________________

Anexo No. 1: Relación de ciudadanos electos popularmente que fueron sancionados
disciplinariamente por la Procuraduría General de la Nación y cuyas sentencias judiciales
fueron enjuiciadas en el proceso acumulado de la referencia32 33.

[2024-04153] Germán Orozco Barrera, Oromairo Avella Ballesteros, José Reinaldo Pérez
Piragauta34, Juan Carlos Giraldo Romero35, Juan David Benjumea36, Carlos Arturo Triana
Vega37, Robin Basilio Castro Fallace38, Jorge Luciano Bolívar Torres39, Juan Carlos Orozco
Llerena40, Víctor Jesús Daza Rodríguez41, José Eriberto Muñoz Ruiz42, José Humberto Cruz
Carrillo43, Jaime Domingo De Ávila Fernández44, [2024-03980] Jesús Alberto Andrade
Mejía45, Juan Carlos Martínez Sinisterra46, Franklin Fidel Hinestroza, Winston Moreno
Mosquera47, Elba Carvajal Valencia48, Jairo López Rodríguez49, Luis Felipe Conde Lasso50,

32 Por tema metodológicos, las personas fueron agrupadas por el radicado del proceso de tutela en el que fue

enjuiciada su respectiva sentencia judicial de nulidad y restablecimiento del derecho.
33 Las descripciones que se hacen a pie de página fueron trascripciones de los hechos narrados por la

Procuraduría General de la Nación en sus escritos de tutela.
34 “Germán Orozco Barrera, Oromairo Avella Ballesteros y José Reinaldo Pérez Piragauta: Concejales de Yopal

(Casanare), periodo 2008 – 2011. Sancionados por dos videos, en los cuales «supuestamente» se evidencia que
se ejerció violencia a través de amenazas e intimidaciones contra los concejales Gladys Amparo Sanabria y
Cristóbal Torres Pérez, donde se autoincriminaban e incriminaban a miembros de la administración municipal de
Yopal, en una serie de negociaciones indebidas que involucraban procesos contractuales de la administración y
de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal, con sanción de destitución e inhabilidad general por 18
años”.
35 “Juan Carlos Giraldo Romero: Alcalde de Calarcá (Quindío) periodo 2012-2015. Sancionado por irregularidad

cometida dentro del proceso de contratación de selección abreviada de menor cuantía al contratar a una
empresa de vigilancia y seguridad privada sin los requisitos de ley, con destitución e inhabilidad general por 12
años”.
36 “Juan David Benjumea: Alcalde de Hispania (Antioquia) periodo 2008-2011. Sancionado por infringir la ley

disciplinaria en el proceso de compra de tres lotes de terreno para la construcción del “Proyecto de Vivienda
Entorno Saludable” con destitución e inhabilidad general por 10 años”.
37 “Carlos Arturo Triana Vega: Alcalde de Tibasosa (Boyacá) periodo 2012-2015. Sancionado por irregularidades

en el contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión de 2012, cuyo objeto era el alquiler de
maquinaria para el mantenimiento vial de la red terciaria del municipio de Tibasosa, con destitución del cargo e
inhabilidad general por 10 años”.
38 “Robin Basilio Castro Fallace: Concejal de Soledad (Atlántico) para el periodo 2016-2019. Sancionado por

aprobar un proyecto del acuerdo presentado por el alcalde municipal de Soledad, para fijar un impuesto, que
la Ley 19 de 1991 no había autorizado, con destitución e inhabilidad general por 10 años”.
39 “Jorge Luciano Bolívar Torres: Concejal de Ibagué (Tolima) para el periodo 2016-2019. Sancionado por votar

por el señor Ramiro Sánchez como Contralor Municipal, al modificar los porcentajes en el concurso abierto
cambiando las reglas de juego, con suspensión en ejercicio del cargo por 9 meses”.
40 “Juan Carlos Orozco Llerena: Concejal de Soledad (Atlántico) para el periodo 2016-2019. Sancionado por

aprobar un proyecto del acuerdo presentado por el alcalde municipal de Soledad, para fijar un impuesto, que
la Ley 19 de 1991 no había autorizado, con destitución e inhabilidad general por 10 años”.
41 “Víctor Jesús Daza Rodríguez: Concejal de Cúcuta (Norte de Santander), para el período 2012 – 2015. Fue

sancionado por cuanto asumió y ejerció el cargo de concejal estando inhabilitado pues había suscrito y
ejecutado contratos con el Instituto Departamental de Salud del Norte de Santander decir durante el año
anterior a su elección, con destitución e inhabilidad general por 10 años”.
42 “José Eriberto Muñoz Ruíz: Alcalde de Puerto Santander (Norte de Santander) para el periodo 2012-2015.

Sancionado por decretar una urgencia manifiesta para la compra de unas motocicletas que entregó en
comodato a la Policía Nacional sin el cumplimiento de los requisitos legales, con destitución e inhabilidad
general por 10 años”.
43 “José Humberto Cruz Carrillo: Concejal de Venadillo (Tolima) para el período 2012-2015, Sancionado porque en

el año 2010, cuando fungió como presidente del Concejo Municipal de Venadillo, avaló irregularidades en la
celebración de un contrato de prestación de servicios, con destitución e inhabilidad general por 13 años”.
44 “Jaime Domingo De Ávila Fernández: Concejal de Cartagena (Bolívar) para el período 2012-2015, Sancionado

por ejercer ese cargo estando incurso en situación de inhabilidad, con destitución e inhabilidad general por 10
años”.
45 “Jesús Alberto Andrade Mejía: Alcalde del Municipio de Tangua (Nariño), periodo 2008 – 2011. Fue sancionado

disciplinariamente en mayo de 2014 con destitución del cargo e inhabilidad general para ejercer funciones
públicas por 11 años, por el pago de la prima de servicios que se hizo en el mes de julio de 2009 al personal de
nómina del municipio, dado que no estaba facultado para ello, porque la citada prima está circunscrita a
funcionarios del orden nacional y no territorial. Se encontró probado el incumplimiento de los deberes
contenidos en los numerales 1, 2, 3 y 21 del artículo 34; la infracción de la prohibición establecida en el numeral 1
del artículo 35, así como la falta disciplinaria gravísima prevista en el inciso 2 del numeral 3 del artículo 48 de la
Ley 734 de 2002, la cual, según se concluyó, fue cometida a título de dolo.”
46 “Juan Carlos Martínez Sinisterra: Senador de la República en dos periodos constitucionales distintos para la

época de los hechos, así: Primer periodo constitucional del 20 de julio de 2002 hasta el 19 de julio de 2006;
Segundo periodo constitucional del 20 de julio de 2006 al 28 de abril de 2009 cuando fue aceptada la renuncia.
Fue sancionado en fallo de única instancia de abril de 2014 con destitución e inhabilidad para el ejercicio de
funciones públicas por el término de veinte (20) años, por vínculos con el paramilitarismo.”
47 “Franklin Fidel Hinestroza y Winston Moreno Mosquera: Alcalde del Municipio del Cantón (Chocó), periodo 2004

• 2007 y Tesorero del Municipio de Cantón (Chocó) entre 2006 y 2007. Fueron sancionados en diciembre de 2011
con 18 años de inhabilidad por irregularidades en trámites de pagos a través de cheques.”

22 de 26

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04153-00 (acumulado)
Accionante: Procuraduría General de la Nación
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsecciones A y B
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedente y ampara
______________________________________________________________________________________________________________

Jorge Iván Ospina Gómez51, Jhon Fredy Ortiz Tabares52, Nelson Castro Rodríguez53, Ángela
María Morales Morales, Juan Sebastián Castro Morales, Andrés Felipe Castro Morales,
Ronal Fabián Bonilla Ricardo54, [2024-04285] Víctor Isidro Ramírez Loaiza55, Adolfo León
Escobar Pineda56, Ethelwilma Ramírez Rijas, Isabella Escobar Ramírez, Sofía Escobar
Ramírez, Lina Marcela Escobar Ramírez, Rafael Enrique Pretel Martínez57, Oscar de Jesús
Sepúlveda Londoño58, Julio César Casadiegos Navarro59, César Augusto Jiménez Rubiano,
Julián Duarte Castellanos, Mario Efrén Sarmiento Riveros, Elsa Jara de Ayerbe, Jonathan
Ricky Benítez Reyes, Abel Eduardo Cubides Ramírez, Pablo Enrique Murcia Barón, Fabio
Hernández Cubillos, Jilson Ortegón Rodríguez, Carlos Elías Sánchez Cortés60, Álvaro
Sánchez Morales, Hugo Darío Rincón Jiménez, Enrique Vásquez Díaz, Jairo Oviedo Riveros,
Gisella Karina Orjuela Cadena, Efraín Cruz Fiscal, Jairo José Olmos García61, Gonzalo
Rodríguez Bohórquez62, Jorge Armando Narváez Villacorte63, Rubiela Margoth Estrada
Jurado, Diego Armando Narváez Argoti, Sebastián Narváez Estrada, Cristhian Danilo
Narváez Argoti, Juan Francisco Gómez Cerchar64, Carlos Andrés Portela Calderón65,

48 “Elba Carvajal Valencia: Alcaldesa del Municipio de Guaca (Santander) para el periodo 2012-2015.

Sancionada por irregularidades en el manejo de los recursos del Sistema General de Regalías que son de
destinación específica dentro de la ejecución de un proyecto. Sanción de destitución del cargo e inhabilidad
general de 10 años.”
49 “Jairo López Rodríguez: Alcalde del municipio de Sotaquirá (Boyacá) 2008-2011, por haber incurrido en falta

gravísima a título de dolo, por la entrega extemporánea de una maquinaria y otros contratos. Sancionado con
destitución e inhabilidad de 10 años.”
50 “Luis Felipe Conde Lasso: Alcalde de Aipe (Huila) para el período 2008-2011, por haber intervenido en la

tramitación, aprobación y celebración del contrato de servicio de transporte escolar de 7 de julio de 2008, pese
a que los contratistas se encontraban inhabilitados, por lo que se sancionó con suspensión de 2 meses en el
cargo.”
51 “Jorge Iván Ospina Gómez: Alcalde de Cali para el período 2008-2011, por la comisión de la falta disciplinaria

gravísima contenida en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, fue sancionado con suspensión de 2
meses.”
52 “Jhon Fredy Ortiz Tabares: Alcalde del Municipio de Heliconia (Antioquia), para el período 2012 – 2015. Fue

sancionado en agosto de 2014 con 1 mes de suspensión mientras estaba en el ejercicio del cargo, por
irregularidades en la contratación de servicios artísticos; incurrió, a título de culpa grave, en la falta gravísima del
artículo 48.31 de la Ley 734 de 2002, que alude a «[p]articipar en la etapa precontractual o en la actividad
contractual, en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la
contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley”
53 “Nelson Castro Rodríguez: Concejal de Bogotá para el periodo 2016-2019 sancionado por incurrir en la

prohibición de participar en política prevista en el artículo 127 de la Constitución Política, aplicable a los
funcionarios públicos. Fue sancionado con destitución e inhabilidad por el término de 11 años.”
54 “Ronal Fabián Bonilla Ricardo: Concejal de Manizales para el período 2016-2019, quebrantó el régimen de

inhabilidades, específicamente, porque firmó un contrato como representante del Club Promotor Semillas del
Colegio Mayor de Nuestra Señora en el año inmediatamente anterior a su elección. Fue sancionado con
destitución e inhabilidad general por el término de 10 años”
55 “Víctor Isidro Martínez Loaiza: Gobernador del Caquetá período 2012-2015. Sancionado disciplinariamente en

el año 2014 por irregularidades en temas de contratación relacionadas con el sector salud con destitución e
inhabilidad por 11 años”.
56 “Adolfo León Escobar Pineda: Alcalde de Pradera (Valle del Cauca) período 2012-2015. Sancionado

disciplinariamente en el año 2014 por irregularidades en el trámite de aprobación de un acuerdo municipal con
suspensión por 3 meses”.
57 “Rafael Enrique Pretel Martínez: Concejal de Turbaco (Bolívar) período 2012-2015. Sancionado
disciplinariamente en el año 2015 por irregularidades en el trámite de aprobación de un acuerdo municipal
relacionado con temas presupuestales con destitución e inhabilidad por 15 años”.
58 “Oscar de Jesús Sepúlveda Londoño: Alcalde de San Andrés de Cuerquia (Antioquia) 2012 – 2015. Sancionado

disciplinariamente en el año 2017 por irregularidades en temas de contratación con destitución e inhabilidad por
10 años”.
59 “Julio César Casadiegos Navarro: Diputado de la Asamblea del Cesar, período 2016 – 2019. Sancionado

disciplinariamente en el año 2016 por temas relacionados con la sustracción de funciones y fraude a resolución
judicial con destitución e inhabilidad por 10 años”.
60 “Carlos Elías Sánchez Cortes y otros: Alcalde de Fusagasugá, período 2004 –2007 (otros en calidad de

Concejales de Fusagasugá). Sancionados disciplinariamente en el año 2007 por irregularidades en el trámite de
aprobación de un acuerdo municipal con sanciones que varían entre destitución e inhabilidad por 15 años y
suspensión por 3 meses”.
61 “Jairo José Olmos García: Concejal de San Juan de Betulia (Sucre) período 2012 – 2014. Sancionado

disciplinariamente en el año 2013 por irregularidades .en el trámite de traslados presupuestales con destitución e
inhabilidad por 10 años”.
62 “Gonzalo Rodríguez Bohórquez: Alcalde de Nunchía (Casanare) período 2005 – 2008. Sancionado

disciplinariamente en el año 2007 por irregularidades en la suscripción de un convenio con destitución e
inhabilidad por 10 años”.
63 “Jorge Armando Narváez: Alcalde de Ospina (Nariño) período 2012 – 2015. Sancionado disciplinariamente en

el año 2007 por irregularidades por efectuar un nombramiento sin cumplir con requisitos con suspensión por 1
mes”.
64 “Juan Francisco Gómez Cerchar: Gobernador de la Guajira, período 2012 – 2015. Sancionado

disciplinariamente en el año 2014 por irregularidades en licitación pública para el servicio de vigilancia del
departamento con destitución e inhabilidad por 17 años”.

23 de 26

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04153-00 (acumulado)
Accionante: Procuraduría General de la Nación
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsecciones A y B
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedente y ampara
______________________________________________________________________________________________________________

Hasbleidy Morales Lozano66, Jair Antonio Vargas67, [2024-05727] Héctor Favio Castillo
Armero68, Carlos Arturo Triana Vega69, Dora Belkis Gómez Cetina70, Delio González
Carvajal71, Jaime Enrique Mosquera Murillo, Jhon James Mosquera Maturana, Pedro
Palacios Rentería72, Juan Manuel Llano Uribe73, Otoniel Cuesta Palacios, Marino Guerrero
Roa, José Danecy Palomeque Lemus74, Iler Enrique Acosta Mejía, Aloima Rafael Miranda
Arregocés, Nelvis Josefina Ojeda López, Rafael Hidalgo Pérez Nieves, José Ramiro
Bermúdez Cotes, Ciro Andrés Deluque Vergara, Luis Antonio Ojeda Gil, Brian Rodríguez
León, Ghandi Eder Romero Epinayú, Juan Carlos Suaza Móvil, Jorge Mario Ureche
Moscote, Amílcar Hernando Gómez Toro, Reinaldo Deluque Díaz, Olimpo Gabriel Núñez
de Armas,75 Miriam Prado Carrascal76, Henry Manuel Valero Peinado77, Linda Esperanza
Perdomo Ramírez78 y Humberto Quintero García79.

65 “Carlos Andrés Portela Calderón: Concejal de Ibagué, período 2016 – 2019. Sancionado disciplinariamente en

el año 2018 por irregularidades por efectuar la escogencia del contralor municipal, con suspensión por 9 meses”.
66 “Hasbleidy Morales Lozano: Concejal de Ibagué, período 2016 – 2019. Sancionado disciplinariamente en el año

2018 por irregularidades por efectuar la escogencia del contralor municipal, con suspensión por 9 meses”.
67 “Jair Antonio Vargas Romero: Alcalde del municipio de Pandi (Cundinamarca) periodo atípico 28 de octubre

de 2005 al 31 de diciembre de 2007. Sancionado por irregularidades en un convenio de mejoramiento de vías
con destitución e inhabilidad por 10 años”.
68 “Héctor Favio Castillo Armero: Alcalde de Arboleda (Nariño) período 2012-2015. Sancionado disciplinariamente

en el año 2018 por irregularidades en temas de contratación relacionadas con la adquisición de una planta de
potabilización de agua, con destitución e inhabilidad por 10 años”
69 “Carlos Arturo Triana Vega: Alcalde de Tibasosa (Boyacá) período 2012-2015. Sancionado disciplinariamente

en el año 2019 por irregularidades en desarrollo de un proceso de contratación de un convenio denominado
«cooperación con persona jurídica de derecho privado sin ánimo de lucro para el cumplimiento de planes y
programas y actividades de interés público», con destitución e inhabilidad por 10 años.”
70 “Dora Belkis Gómez Cetina: Alcalde de Chita (Boyacá) período 2012-2015. Sancionada disciplinariamente en

2019 por un viaje un viaje a San Andrés Islas con algunos servidores públicos y contratistas de la entidad territorial
que supuestamente obedeció a la necesidad de capacitación de ese personal, proceso que fue pagado con
dineros del rubro presupuestal de “capacitación de servidores públicos” de la vigencia fiscal del año 2015 con
destitución e inhabilidad por 15 años.”
71 “Delio González Carvajal: Alcalde de Garzón (Huila) periodo 2012 – 2015. Sancionado disciplinariamente en el

año 2017 por irregularidades relacionadas con la declaratoria de insubsistencia de una funcionaria, con
suspensión por 6 meses.”
72 “Jaime Enrique Mosquera Murillo, Jhon James Mosquera Maturana, Pedro Palacios Rentería: Concejales de

Quibdó (Chocó) periodo 2016-2019. Sancionados disciplinariamente en 2018 por irregularidades en el proceso de
selección del Personero de Quibdó con destitución e inhabilidad por 15 y 18 años.”
73 “Juan Manuel Llano Uribe: Alcalde de Manizales (Caldas) periodo 2008-2011. Sancionado disciplinariamente en

el año 2017 por autorizar la inversión de recursos de INFIMANIZALES en la Empresa de Transporte Integrado de
Manizales, con destitución e inhabilidad por 15 años.”
74 “Otoniel Cuesta Palacios, Marino Guerrero Roa, José Danecy Palomeque Lemus: Concejales de Lloró (Chocó)

periodo 2012-2015. Sancionados disciplinariamente en 2017 por participar en el proceso de selección del
Personero de Lloró quien estaba inhabilitado, con suspensión de 6 meses.”
75 “Iler Enrique Acosta Mejía, Aloima Rafael Miranda Arregocés, Nelvis Josefina Ojeda López, Rafael Hidalgo Pérez

Nieves, José Ramiro Bermúdez Cotes, Ciro Andrés Deluque Vergara, Luis Antonio Ojeda Gil, Brian Rodríguez León,
Ghandi Eder Romero Epinayú, Juan Carlos Suaza Móvil, Jorge Mario Ureche Moscote, Amílcar Hernando Gómez
Toro, Reinaldo Deluque Díaz y Olimpo Gabriel Núñez de Armas: Concejales de Riohacha (Guajira) periodo 2012-
2015. Sancionados disciplinariamente en 2013 por haber elegido al personero de Riohacha sin atender el quorum
reglamentario correspondiente, con suspensión de 9 meses.”
76 “Miriam Prado Carrascal: Alcalde de Ocaña (Norte de Santander) período 2016-2019. Sancionada

disciplinariamente en 2019 por irregularidades en la contratación del servicio de grúa para inmovilización de
vehículos, con destitución e inhabilidad por 10 años.”
77 “Henry Manuel Valero Peinado: Alcalde de Puerto Santander (Norte de Santander) período 2012-2015.

Sancionado disciplinariamente en 2019 por irregularidades relacionadas con un contrato de prestación de
servicios profesionales para representación judicial con destitución e inhabilidad por 10 años.”
78 “Linda Esperanza Perdomo Ramírez: Concejal de Ibagué (Tolima) periodo 2016-2019. Sancionados

disciplinariamente en 2018 por irregularidades en el proceso de elección del Contralor Municipal de Ibagué con
suspensión de 9 meses.”
79 “Humberto Quintero García: Concejal de Ibagué (Tolima) periodo 2016-2019. Sancionados disciplinariamente

en 2018 por irregularidades en el proceso de elección del Contralor Municipal de Ibagué con suspensión de 9
meses.”

24 de 26

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04153-00 (acumulado)
Accionante: Procuraduría General de la Nación
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsecciones A y B
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedente y ampara
______________________________________________________________________________________________________________

Anexo No. 2: Relación de procesos por fecha de notificación y fecha de presentación de
la acción de tutela

Radicado Fecha de envío de Fecha de Fecha de presentación
mensaje de datos notificación de la acción de tutela
52001-23-33-000- 20 de mayo de 23 de mayo de 31 de julio de 2024
2014-00563-01 2024 2024
11001-03-25-000- 2 de julio de 2024 5 de julio de 2024 31 de julio de 2024
2016-00592-00
27001-23-33-000- 2 de julio de 2024 5 de julio de 2024 31 de julio de 2024
2014-00010-01
68001-23-33-000- 16 de julio de 2024 19 de julio de 2024 31 de julio de 2024
2021-00070-01
15001-23-33-000- 18 de julio de 2024 23 de julio de 2024 31 de julio de 2024
2017-00604-01;
41001-23-33-000- 13 de junio de 2024 18 de junio de 2024 31 de julio de 2024
2015-00905-01
11001-03-25-000- 25 de junio de 2024 28 de junio de 2024 31 de julio de 2024
2016-00173-00
05001-23-33-000- 18 de junio de 2024 21 de junio de 2024 31 de julio de 2024
2015-01775-01
25000-23-42-000- 15 de julio de 2024 18 de julio de 2024 31 de julio de 2024
2017-05284-03;
17001-23-33-000- 16 de julio de 2024 19 de julio de 2024 31 de julio de 2024
2019-00613-01
85001-23-33-000- 17 de julio de 2024 22 de julio de 2024 8 de agosto de 2024
2013-00249-02
25000-23-42-000- 17 de julio de 2024 22 de julio de 2024 8 de agosto de 2024
2015-03436-01
05001-23-33-000- 23 de julio de 2024 26 de julio de 2024 8 de agosto de 2024
2014-01307-01
15001-23-33-000- 30 de julio de 2024 2 de agosto de 8 de agosto de 2024
2017-00478-01 2024
08001-23-33-000- 9 de julio de 2024 12 de julio de 2024 8 de agosto de 2024
2020-00392-02
73001-23-33-000- 10 de julio de 2024 15 de julio de 2024 8 de agosto de 2024
2019-00042-01
08001-23-33-000- 16 de julio de 2024 19 de julio de 2024 8 de agosto de 2024
2020-00388-01
54001-23-33-000- 18 de julio de 2024 23 de julio de 2024 8 de agosto de 2024
2016-00221-01
54001-23-33-000- 16 de julio de 2024 19 de julio de 2024 8 de agosto de 2024
2016-00224-01
73001-23-33-000- 6 de agosto de 9 de agosto de 8 de agosto de 2024
2015-00589-01 2024 2024
13001-23-33-000- 6 de agosto de 12 de agosto de 8 de agosto de 2024
2014-00294-01 2024 2024
18001-23-33-000- 2 de febrero de 7 de febrero de 14 de agosto de 2024
2016-00231-01 2024 2024
76001-23-33-000- 31 enero de 2024 5 de febrero de 14 de agosto de 2024
2015-01017-01 2024
13001-23-33-000- 1 febrero de 2024 6 de febrero de 14 de agosto de 2024
2015-00784-01 2024
05001-23-33-000- 28 de febrero de 1 de marzo de 2024 14 de agosto de 2024
2016-01396-01 2024
20001-23-33-000- 11 de marzo de 13 de marzo de 14 de agosto de 2024
2017-00007-01 2024 2024
11001-03-25-000- 8 de marzo de 2024 13 de marzo de 14 de agosto de 2024
2010-00052-00 2024
70001-23-33-000- 18 de abril de 2024 23 de abril de 2024 14 de agosto de 2024

25 de 26

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04153-00 (acumulado)
Accionante: Procuraduría General de la Nación
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsecciones A y B
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedente y ampara
______________________________________________________________________________________________________________

2014-00058-01
11001-03-25-000- 8 de mayo de 2024 14 de mayo de 14 de agosto de 2024
2019-00359-00 2024
52001-23-33-000- 8 de mayo de 2024 14 de mayo de 14 de agosto de 2024
2015-00285-01 2024
44001-23-40-000- 6 junio de 2024 12 de junio de 2024 14 de agosto de 2024
2016-00156-01
73001-23-33-000- 27 mayo de 2024 30 de mayo de 14 de agosto de 2024
2019-00344-01 2024
73001-23-33-000- 27 mayo de 2024 30 de mayo de 14 de agosto de 2024
2019-00289-01 2024
25000-23-42-000- 17 julio de 2024 22 de julio de 2024 14 de agosto de 2024
2013-01351-01
52001-23-33-000- 3 de septiembre de 6 de septiembre de 23 de octubre de 2024
2018-00394-01 2024 2024
15001-23-33-000- 27 de agosto de 30 de agosto de 23 de octubre de 2024
2019-00530-01 2024 2024
15001-23-33-000- 21 de agosto de 26 de agosto de 23 de octubre de 2024
2019-00639-01 2024 2024
41001-23-33-000- 15 de agosto de 21 de agosto de 23 de octubre de 2024
2017-00175-01 2024 2024
27001-23-33-000- 16 de octubre de 21 de octubre de 23 de octubre de 2024
2018-00099-01 2024 2024
17001-23-33-000- 16 de octubre de 21 de octubre de 23 de octubre de 2024
2018-00136-01 2024 2024
27001-23-33-000- 16 de octubre de 21 de octubre de 23 de octubre de 2024
2018-90017-01 2024 2024
44001-23-40-000- 16 de octubre de 21 de octubre de 23 de octubre de 2024
2016-00192-01 2024 2024
54001-23-33-000- 16 de octubre de 21 de octubre de 23 de octubre de 2024
2019-00356-01 2024 2024
54001-23-33-000- 16 de octubre de 21 de octubre de 23 de octubre de 2024
2019-00252-01 2024 2024
73001-23-33-000- 17 de octubre de 22 de octubre de 23 de octubre de 2024
2019-00301-01 2024 2024
73001-23-33-000- 17 de octubre de 22 de octubre de 23 de octubre de 2024
2019-00229-01 2024 2024

26 de 26

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.