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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-01775-01

Fecha
27 de marzo de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
11 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-01775-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Revocar la sentencia proferida el 7 de septiembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Antioquia que negó las pretensiones de la demanda. En su lugar: Segundo. Declarar la nulidad de los actos administrativos disciplinarios proferidos el 21 de agosto y 28 de octubre de 2014, por medio de los cuales la Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá y la Procuraduría Regional de Antioquia, respectivamente, sancionaron a John Fredy Ortiz Tabares con suspensión de un mes del cargo de alcalde del Municipio de Heliconias, Antioquia. Tercero. A título de restablecimiento del derecho, condenar a la Procuraduría General de la Nación a pagar al demandante, de manera indexada, de acuerdo con la fórmula señalada en la parte motiva, los salarios y prestaciones dejados de percibir como consecuencia de la sanción anulada. Para tal efecto, deberá atenderse que mediante el Decreto D003836 del 10 de diciembre de 2014 se hizo efectiva la sanción de suspensión de 1 mes y que la decisión se notificó el 11 de diciembre de 2014. Cuarto. Negar la pretensión relativa al pago de los perjuicios morales, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Quinto. Sin condena en costas. Sexto. La sentencia se deberá cumplir en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA. Séptimo. Reconocer personería para actuar en representación de la parte demandante a la abogada Cristina María Lemos Laverde, identificada con cédula de ciudadanía 43.726.810 y tarjeta profesional 241.436 del C.S. de la J., en los términos del poder de sustitución otorgado por el profesional Juan Carlos Beltrán Bedoya. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 35 Radicado: 05001-23-33-000-2015-01775-01 (0645-2023) Demandante: John Fredy Ortiz Tabares Octavo. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA. Noveno. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones de rigor en el aplicativo SAMAI La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2015-01775-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

27 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2015-01775-01 (0645-2023)
Demandante: John Fredy Ortiz Tabares
Demandado: Procuraduría General de la Nación

Tema: Imposición de sanción de suspensión en el ejercicio del cargo a
servidor público de elección popular por la falta prevista en el
numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.

Sentencia de segunda instancia
__________________________________________________________________
Asunto

En cumplimiento de la sentencia dictada por la Subsección B de la Sección Tercera
de esta corporación el 24 de febrero de 20251, mediante la cual se dejó sin efectos
la sentencia del 3 de mayo de 2024, decide la Sala en segunda instancia el recurso
de apelación presentado por la parte demandante contra la sentencia del 7 de
septiembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia que negó
las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Pretensiones

1. John Fredy Ortiz Tabares presentó demanda en ejercicio del medio de control de

1 Radicación 11001-03-15-000-2024-04153-00 (acumulado), 11001-03-15-000-2024-03980-00,
11001-03-15-000-2024-04285-00 y 11001-03-15-000-2024-05727-00.

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Demandante: John Fredy Ortiz Tabares
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo2, en orden a que
se declarara la nulidad de los siguientes actos:

1.1. Fallo de primera instancia del 21 de agosto de 2014, expedido por la
Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá, por medio del cual se le impuso
sanción de suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 3 meses.

1.2. Fallo de segunda instancia del 28 de octubre de 2014, expedido por la
Procuraduría Regional de Antioquia, que resolvió el recurso de apelación, en
el sentido de modificar la sanción a 1 mes de suspensión en el ejercicio del
cargo.

2. A título de restablecimiento del derecho pidió el pago de los perjuicios (i)
materiales en la modalidad de daño emergente: los salarios y prestaciones sociales
y económicas dejados de percibir en el mes de suspensión que ascendían a
$6.441.927 más el 25% de prestaciones sociales, es decir, $1.610.481, para un total
de $8.052.408; (ii) morales: el equivalente a 200 smlmv3 «al ser tachado por la
población, que lo eligió como un corrupto y el daño a su tranquilidad laboral, tristeza por lo
sucedido a sabiendas que había actuado bien, se causó un dolor en [su] persona [...], en
razón de ser la primera autoridad del municipio de heliconia y ver cuestionado su honra y
trasparecía, por una interpretación equívoca de la procuraduría, en la aplicación de la Ley
80 de 1993 y el artículo 82 del decreto 2474 de 2008» [sic].

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. En la demanda se narraron los siguientes hechos:

3.1. El 9 de julio de 2013 la Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá recibió una
queja anónima en la que se relató la presunta comisión de irregularidades en la
contratación pública adelantada por la alcaldía. Respecto de uno de ellos se indicó:
«como fue el caso del 2 de enero apenas empezando su Gobierno contrata sin requisito
alguno a un pintor amigo de su campaña de Itagüí para hacer un mural en una de las
paredes del Palacio Municipal, averiada por la suma de $19.000.000 ese si es el cómo de
la CORRUPCIÓN EN HELICONIA y nada pasa» [sic].

3.2. Mediante auto del 16 de octubre de 2013 se dio apertura a la investigación
disciplinaria por la celebración de los contratos.

3.3. El 5 de junio de 2014 se dictó pliego de cargos en su contra porque
presuntamente se presentaron irregularidades en el contrato 047 de 2012, cuyo
objeto era el diseño, trazo y elaboración de un mural con la técnica de esfumato
tejido en la parte lateral del palacio municipal. En concreto, porque el negocio fue

2 En adelante CPACA.
3 Salarios mínimos legales mensuales vigentes

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suscrito «sin estar presuntamente justificada la necesidad de la contratación y su valor en
los estudios previos».

3.4. El 15 de julio de 2014, al presentar los «alegatos de defensa», el actor manifestó
que (i) actuó investido de las facultades otorgadas por el Decreto 2474 de 2008 en
el que se impusieron exigencias para la elaboración de los contratos; y (ii) no era
necesario realizar un estudio de mercado, por el contrario, si bien la contratación
estatal buscaba el cumplimiento de los fines del Estado y del principio de economía,
no por esto se imponía la carga al administrador para que se obtuvieran varias
ofertas para la suscripción.

3.5. En fallo del 21 de agosto de 2014 la Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá
le impuso la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 3
meses por la comisión de la falta prevista en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley
734 de 2002, a título de culpa grave. Ello, con sustento en que se desconocieron
los presupuestos del principio de economía establecidos en los numerales 7 y 12
del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 porque (i) no se expuso la razón o consideración
respecto del valor del contrato [$19.000.000]; y (ii) no se estableció la necesidad de
contratar la ejecución de una obra de arte.

3.6. El 4 de septiembre de 2014 presentó recurso de apelación. En fallo de segunda
instancia del 28 de octubre de 2014 se modificó el término de la sanción a 1 mes.

3.7. Por medio del Decreto D003836 del 12 de diciembre de 2014 expedido por el
gobernador del departamento de Antioquia se hizo efectiva la sanción.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se invocaron los artículos 2, 6 y 90 de la Constitución Política; 65, 68
y 69 de la Ley 270 de 1993; en su concepto, porque:

5. Los actos administrativos se expidieron con falta de motivación y desviación de
poder.

6. Se vulneró el principio de legalidad porque el cargo imputado se dio por la «no
justificación de la necesidad» para la contratación directa a pesar de que la norma la
avalaba cuando se trataba de contratos de prestación de servicios profesionales y
de apoyo a la gestión o para la ejecución de trabajos artísticos que solo podían
encomendarse a determinadas personas naturales.

7. La Procuraduría incurrió en un error hermeneútico al incluir una exigencia que no
estaba en la ley, pues se atendió el artículo 82 del Decreto 2474 de 2008. En dicha
norma se previó que la justificación para contratar se debía realizar en el contrato y
no podía ser interpretado de manera distinta.

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1.2. Contestación de la demanda

8. La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda con fundamento en lo siguiente:

9. En los actos sancionatorios se examinó la situación fáctica, como eran los
estudios previos del contrato de obra 047 de 2012 suscrito por el actor —en su
condición de alcalde—, en los cuales no se encontró justificada la necesidad del
contrato ni la estimación del valor. Además, en los rubros contra los cuales se imputó
el pago del contrato se registraron 3 códigos presupuestales que no desarrollaban
el objeto, hecho que demostraba que los estudios previos no tenían justificación real
ni la motivación respecto de la determinación del valor o costo del contrato. Todos
los contratos, salvo los de urgencia manifiesta, exigían los estudios previos, pues
así lo dispuso el artículo 25 [numerales 7 y 12] de la Ley 80 de 1993.

10. Los fallos se dictaron a partir de una juiciosa valoración probatoria ajustada a
las reglas de la sana crítica y en cumplimiento de los deberes previstos en la
Constitución Política y la Ley 734 de 2002.

11. Respecto del argumento relativo a que se debió valorar en favor del actor la
aplicación del artículo 82 del Decreto 2474 de 2008, en los cargos y en los actos
acusados no se hizo referencia a esta norma porque el objeto de discusión se dirigió
a la exigencia legal plasmada en los principios de la Ley 80 de 1993 «en cuanto a la
justificación de la necesidad de la contratación y al estudio económico que resultaba
obligatorio, sabiendo que el único caso exceptuado de estudios previos [eran] los contratos
celebrados bajo urgencia manifiesta, circunstancia que en ningún momento fue probada,
así como tampoco se comprobó la existencia de dicha justificación y valoración del estudio
económico del contrato que se investigó, circunstancia por la cual no hab[ía] lugar a validar
el argumento exculpatorio».

12. Aunado a lo anterior, la apreciación del actor en cuanto a que la justificación de
la necesidad podía consignarse en el contrato era equivocada, en razón a que el
entendimiento se dirigía a que lo que se podía justificar era la decisión del porqué
se contrataba con determinada persona por su habilidad, aptitud, dotes de artista y
que, en todo caso, la necesidad de contratar debía estar previamente definida con
anterioridad en los estudios.

13. El concepto de violación era insuficiente porque en la demanda solo se citaron
como normas violadas los artículos 2, 6, y 90 de la Constitución; 65, 68 y 69 de la
Ley 270 de 1996; asimismo, alegó las causales de nulidad de falsa motivación y
desviación de poder sin sustentarlas.

1.3. Sentencia de primera instancia

14. En sentencia proferida el 7 de septiembre de 2022 el Tribunal Administrativo de

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Antioquia negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas.

15. Para tal efecto, se detuvo en el marco normativo y jurisprudencial del control
integral de los actos de carácter disciplinario, la desviación de poder y la falsa
motivación para resolver el caso concreto en los siguientes términos:

16. El Contrato 047-2012 del 22 de febrero de 2012 tuvo por objeto prestar los
servicios profesionales de diseño, trazo y elaboración de un mural con la técnica
«espumato en pared lateral de la fachada principal del palacio municipal con una dimensión
32*7.72 ML» por un valor de $19.000.000. En sus estudios previos se anotó que se
requería contratar con un artista porque dicha fachada se encontraba en
condiciones de deterioro que evidenciaban «el paso de los años sin que se procur[ara]
su cuidado».

17. No se discutió que la justificación del contrato, en los términos del inciso final
del artículo 82 del Decreto 2474 de 2008, podía incorporarse en el documento
contractual; sin embargo, en este no se infería que se hubiera expedido el pliego de
cargos o no se mencionaron aspectos en los que se apareciera la debida
fundamentación de la escogencia del contratista y tampoco los aspectos que se
cuestionaron con los fallos disciplinarios de ambas instancias, en el sentido de que
era necesario contar al momento de la firma con los estudios previos de forma
completa y, en el caso, no se contó con un análisis o estudio económico del valor
de contrato ni con la justificación de la necesidad.

18. En los actos acusados se analizó lo expuesto en el contrato a manera de
estudios previos y justificación de la necesidad del contrato y se concluyó que no
tenían justificación en 2 aspectos esenciales, esto es el valor y la necesidad de
realizar la obra. De ese modo, sí se analizó y se concluyó que la justificación no
cumplía con lo previsto en el artículo 25 [numerales 7 y 12] de la Ley 80 de 1993,
«pues no respondía a una verdadera fase de planeación del contrato».

19. Además, en los actos se justificó la sanción porque con el pago del contrato se
afectaron rubros que estaban destinados a conceptos distintos y, por lo tanto, «los
rubros que se destinaron para la cancelación del contrato, no materializaron la destinación
de los mismos». En consecuencia, el actor desatendió el principio de planeación.

20. En ambas instancias se analizó la justificación del contrato y se concluyó que
tal justificación no acreditaba el cumplimiento del artículo 25 de la Ley 80 de 1993,
lo que significaba que se motivaron en debida forma. Además, no era posible
señalar que no se exigía la acreditación de estudios previos referidos a la
justificación de necesidad del contrato y a su valor o que con lo señalado en la
minuta era suficiente.

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1.4. Recurso de apelación

21. Contra la anterior decisión la parte demandante presentó recurso de apelación
y lo sustentó en los siguientes términos:

22. Para la época de los hechos estaba vigente el Decreto 2474 de 2008 que
reglamentó las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 sobre las modalidades de
contratación. Este fue objeto de pronunciamiento de la Sección Tercera del Consejo
de Estado en sentencia del 7 de marzo de 2011, con radicación 11001-03-26-000-
2009-00070-00; sin embargo, no fue tenida en cuenta por el a quo.

23. El reproche se contrajo a una falencia en la elaboración de los estudios previos,
pero interpretó erróneamente la modalidad de contratación. «No desconoció el órgano
de control PROCURADURÍA, que si bien a su juicio ella, la justificación debió estar
enmarcada dentro del estudio previo, la misma se realizó dentro del respectivo contrato,
razón por la cual solo impuso una sanción de un mes, al resolver el recurso de alzada. Pero
si se hizo la justificación en el contrato como se hizo, no hubo razón alguna para la sanción,
sanción que está motivada indebidamente, en razones inexistentes, que vulnera la legalidad
y los derechos personales y patrimoniales» [sic].

24. La Procuraduría General de la Nación incurrió en error hermeneútico al exigir
«lo que por mandato legal no deb[ía] exigir, ya que [...] la obligación fue cumplida
cabalmente dentro de lo preceptuado por el Artículo 82 del decreto 2474 de 2008», el cual
fue claro en prever que la justificación de la necesidad se debía realizar en el
contrato, no en los estudios previos, pues así no lo dispuso la norma. En
consecuencia, los actos sí se motivaron falsamente y de manera alejada de los
criterios de ponderación y superioridad de las normas en que debieron fundarse.

1.5. Trámite de segunda instancia

25. En auto del 10 de noviembre de 2023 se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandante contra la sentencia proferida el 7 de septiembre
de 2022 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en los términos de la Ley 2080
de 2021. No se corrió traslado para alegar, por cuanto no fue necesario el decreto
de pruebas.

26. El Ministerio Público guardó silencio.

II. Consideraciones

2.1. Problemas jurídicos

27. De conformidad con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, se
debe resolver el siguiente interrogante:

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¿John Fredy Ortiz Tabares, como alcalde del municipio de Heliconia, incurrió en
la falta gravísima prevista en el artículo 48.31 de la Ley 734 de 2002, consistente
en «[p]articipar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento
del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la
contratación estatal y la función administrativa», porque contrató unos servicios
artísticos sin justificar el valor y la necesidad de dicha contratación?

28. Para resolver estos planteamientos se seguirá la siguiente estructura expositiva:
primero, como cuestiones previas se resolverán las solicitudes presentadas por la
parte demandante y se expondrá lo relacionado con el control de convencionalidad;
segundo, se reseñarán las actuaciones adelantadas en el proceso disciplinario; y
tercero, se resolverán los cargos de apelación.

2.2. Cuestión previa. Sobre el control de convencionalidad

29. La Subsección B de la Sección Tercera de esta corporación consideró que para
la época en que fueron dictadas las decisiones sancionatorias existía una tesis
consolidada de la Corte Constitucional que avalaba la competencia de la
Procuraduría General de la Nación para sancionar con destitución e inhabilidad a
servidores públicos de elección popular. Ello, con sustento en las sentencias C-028
de 2006, SU-712 de 2013, C-086 de 2019, C-111 de 2019, C-030 de 2023, SU-381
y SU-382 de 2024 dictadas por la Corte Constitucional, así como el auto proferido
el 3 de diciembre de 2024 dictado por la Sala Plena de esta corporación en el
proceso con radicación 11001-03-15-000-2023-00871-00.

30. Al respecto, es menester señalar que la Corte Constitucional en las sentencias
C-030 de 2023 y SU-381 de 2024 consideró que la prevalencia de la Convención
Interamericana de Derechos Humanos [CADH] se derivaba del artículo 93 de la
Constitución, pero que ello no implicaba la subordinación de la Carta Política a su
contenido. En su criterio, no existía una relación de jerarquía entre ambos
instrumentos jurídicos, sino de complementariedad y coordinación, pues la CADH
no podía concebirse como norma supraconstitucional ni las decisiones de la CIDH
hacían parte del bloque de constitucionalidad, de manera que se presentaban como
criterios hermenéuticos relevantes que debían ser considerados para resolver sobre
la exequibilidad de las normas internas.

31. A partir de lo anterior y, a pesar de que la convención expresamente dispuso
que solo el juez penal podía restringir los derechos, hizo una interpretación del art.
23.2 de la CADH y el bloque de constitucionalidad para precisar que el
entendimiento que permitía armonizar ambos postulados « corresponde a que la
restricción o limitación temporal del derecho a ser elegido de un servidor de elección
popular, en ejercicio de sus funciones, tiene reserva judicial y solo puede ser impuesta de
manera definitiva por un juez de la República de cualquier especialidad, con las
excepciones constitucionales».

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32. En criterio de la Sala, debe atenderse que de conformidad con la Convención de
Viena del 23 de mayo de 19694, sobre el derecho de los tratados, un Estado adquiere
obligaciones en el ámbito internacional a través de la ratificación, aceptación,
aprobación y adhesión, según el caso. Dicho instrumento define este acto
internacional como aquel «por el cual un Estado hace constar en el ámbito internacional su
consentimiento en obligarse por un tratado»5.

33. En el mismo sentido, esta convención señaló, en su parte II, artículo 11, que un
Estado puede manifestar su consentimiento para adquirir obligaciones en virtud de un
tratado «mediante la firma, el canje de instrumentos que constituyan un tratado la ratificación,
la aceptación, la aprobación o la adhesión, o en cualquier otra forma que se hubiere
convenido», aspectos que se abordan igualmente en el artículo 14.

34. Tal y como se deduce de lo anterior, la manifestación del consentimiento de un
Estado frente a la comunidad internacional respecto de un instrumento jurídico implica
que asume la obligación de observar y respetar la materia objeto de acuerdo. Así se
desprende del numeral 26 de la Convención de Viena, al referirse al contenido del
principio pacta sunt servanda, para señalar que «[t]odo tratado en vigor obliga a las partes
y debe ser cumplido por ellas de buena fe». En consecuencia «[u]na parte no podrá invocar
las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado»6,
salvo que exista un vicio de competencia para efectuar tal declaración.

35. En estos términos, al momento de suscribir el Pacto de San José de Costa Rica
del 22 de noviembre de 1969: Convención Americana sobre Derechos Humanos,
Colombia declaró que reconocía como «obligatoria de pleno derecho y sin convención
especial, la competencia de la Corte [Interamericana de Derechos Humanos] sobre todos los
casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención»7 y se comprometió a
cumplir las decisiones de aquella Corte en los casos por ella decididos en los que
hubiera sido parte8.

4 Ratificado por Colombia a través de la Ley 32 de 1985 «Por medio de la cual se aprueba la

"Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados", suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969»
5 Parte I, numeral 1, literal b).
6 Artículo 27
7 Artículo 62 de la CADH Artículo 62. 1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su

instrumento de ratificación o adhesión de esta Convención, o en cualquier momento posterior,
declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la competencia
de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención. 2. La
declaración puede ser hecha incondicionalmente, o bajo condición de reciprocidad, por un plazo
determinado o para casos específicos. Deberá ser presentada al Secretario General de la
Organización, quien transmitirá copias de la misma a los otros Estados Miembros de la Organización
y al Secretario de la Corte. 3. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a
la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea sometido, siempre
que los Estados Partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por
declaración especial, como se indica en los incisos anteriores, ora por convención especial.»
8 «Artículo 68. 1. Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la

Corte en todo caso en que sean partes. 2. La parte del fallo que disponga indemnización
compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la
ejecución de sentencias contra el Estado».

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36. Ello se ratificó en los artículos 9 y 93 de la Constitución Política de 1991 al
reconocer los principios del derecho internacional aceptados por Colombia y disponer
que «[l]os derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad
con los tratados internacionales sobre los derechos humanos ratificados por Colombia».

37. En efecto, esta interpretación se acompasa con el control de convencionalidad
que fue desarrollado en la sentencia Almonacid Arellano y otros vs Chile del 26 de
septiembre de 2006, en la cual se estableció que la obligación del artículo 2 de la
convención los Estados parte se comprometían a adoptar con arreglo a sus
procedimientos constitucionales las disposiciones de la convención, las medidas
legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos los derechos
y libertades, la cual se extendía a los funcionarios judiciales cuando aquellos fallaran
en su tarea de «suprimir y/o no adoptar las leyes contrarias» a esta, pues permanecía
vinculado al deber previsto en el artículo 1.1 y, por consiguiente, «debía abstenerse de
aplicar cualquier normativa contraria a ella». A esta precisión siguió lo que se transcribe:

«124. La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos
al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones
vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un
tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte
del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar
porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas
por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio
carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer
una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas
que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos
Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente
el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte
Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.» [se resalta]

38.Este concepto de control de convencionalidad y el pronunciamiento citado ha
generado que la doctrina considere que la idea de convencionalidad que se articula
de manera sistemática a los ordenamientos internos cause un «vinculante régimen
jurídico que garantiza una vigencia, interpretación y aplicación homogénea y estandarizada en
materia de derechos humanos»9, pero debe interpretarse como un ordenamiento jurídico
objetivo o de subsunción y sustancial, en razón a que la convención «configura un marco
[...] de derechos y garantías al cual se encuentran sujetos y vinculados todos los poderes u
órganos de los Estados miembros»10, de conformidad con el artículo 1.1 que es la base
para la subordinación a las reglas convencionales.

39. En línea con lo anterior, las autoridades nacionales deben dar estricto
cumplimiento a los estándares determinados por la interpretación de la Corte
Interamericana, en razón a que esta, en virtud del artículo 93 de la Constitución,
conforme con el ordenamiento jurídico interno es «un solo marco protector de

9 Santofimio Gamboa, Jaime Orlando. El concepto de Convencionalidad. Vicisitudes para su
construcción sustancial en el sistema interamericano de derecho humanos. Ideas fuera rectoras.
Universidad Externado de Colombia, 2ª Ed., 2018.
10 Ibidem.

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derechos11»12. Ello, también fue expuesto por la CIDH al indicar que «los jueces y órganos
vinculados a la administración de los niveles están en la obligación de ejercer ex oficio un
control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana,
evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales
correspondientes»13.

40. En suma, el control de convencionalidad consiste en la verificación de las normas
y actos de un Estado parte con la Convención Americana de Derechos Humanos, la
cual debe ser ejercida por toda autoridad pública en el marco de sus competencias y
las regulaciones procesales y para ejercerlo debe tener en cuenta no solo el texto
convencional, sino también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos como su intérprete.

41. Ello, sin que se deje de lado la importancia de distinguir entre el Estado que es
parte en el caso sometido a su jurisdicción y el que no lo es. Para el primero de los
casos los artículos 66, 67 y 68 de la Convención disponen que el fallo será motivado,
definitivo y que el Estado se compromete a cumplir con la decisión, la cual, no solo
es exigible respecto de la parte resolutiva, sino que si en ella se refiere a las
consideraciones también debe atenderse a tal motivación, comoquiera que el
razonamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es parte integral
del fallo y constituye un todo, adquiriendo la sentencia el carácter de cosa juzgada
internacional para el Estado que ha sido parte en la controversia y la norma
convencional interpretada adquiere vinculatoriedad para todos sus órganos y
autoridades.

42. Para el segundo de los casos, en el cual el Estado no es parte del caso
sometido a su jurisdicción, la Corte Interamericana ha señalado que por el solo
hecho de ser parte en la Convención, todas sus autoridades públicas y todos sus
órganos están obligados por el tratado, por lo que, deben ejercer en el marco de
sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes,
un control de convencionalidad tanto en la emisión y aplicación de normas internas
en lo que se refiere a su validez y compatibilidad con la Convención, como en la
determinación, juzgamiento y resolución de situaciones particulares y casos
concretos teniendo en cuenta el propio tratado y según corresponda sus
precedentes o lineamientos jurisprudenciales14.

43. Lo anterior es una expresión del principio de complementariedad del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos y de la obligación de los Estados de cumplir
de buena fe los tratados y, en el caso de la Convención, de ejercer un control de

11 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Amonacil Arellano, 125; Gelman 197; Masacre de

Santo Domingo 187.
12 Op. Cit. 8.
13 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México,

26 de noviembre de 2010.
14 Caso Gelman Vs. Uruguay. Sentencia de 24 de febrero de 2011.

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convencionalidad de su ordenamiento interno con las disposiciones del texto
convencional para evitar potenciales violaciones de derechos humanos y la
consecuente responsabilidad internacional, comoquiera que son los Estados los
primeros llamados a proteger los derechos humanos de las personas dentro de su
jurisdicción y en caso de violación de estos deben solucionarse internamente y solo
en caso contrario someterse a la jurisdicción de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, en forma complementaria, le compete a esta pronunciarse,
pero, en todo caso, el control de convencionalidad es obligatorio para todas las
autoridades en virtud de la ratificación del tratado y la aceptación de la competencia
de las instancias internacionales.

44.Por lo anterior, si el Estado colombiano asumió la obligación de cumplir con la
Convención Interamericana de Derechos Humanos y reconoció como «obligatoria de
pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos
relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención», así como el imperativo de
cumplir con las decisiones de la CIDH en los casos en los que fue parte [art. 68 de la
CADH], frente a cada caso concreto el juez también está llamado a verificar el
cumplimiento de las órdenes internacionales a través del respectivo control de
convencionalidad como inicialmente se hizo en este proceso.

45. Y es que, advierte la Sala que, a pesar de los pronunciamientos de la Corte
Constitucional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 2 de
septiembre de 2024 presentó las observaciones al cumplimiento de la sentencia del
caso 13.044 -Petro Urrego vs Colombia- en las que se examinó el contenido de la
sentencia C-030 de 2023 y aclaró que «el estándar interamericano no se refiere a que
la sanción disciplinaria y para funcionarios que se encuentran ejerciendo el cargo en el cual
fueron sancionados, sea ejecutoriada por autoridad judicial. La adecuación ordenada al
Estado se refiere a la imposición de una sanción penal, no así a que su ejecutabilidad sea
revisada y avalada por autoridad judicial», a partir de lo cual se concluyó que el Estado
no había cumplido con la orden dictada por la Corte. Más adelante sostuvo:

«En vista de esto, la Comisión reitera que el Estado aún no ha adecuado la
legislación colombiana a los parámetros establecidos en la Sentencia de la
Honorable Corte. Actualmente en Colombia, mediante la aplicación de la
normativa vigente persiste la posibilidad de sanción de inhabilitación o
destitución de funcionario público democráticamente electo por vía de
autoridad administrativa y no por “condena, por juez competente, en el
proceso penal” contrariando el artículo 23.2 de la Convención Americana y su
objeto y fin. Es decir, los y las funcionarias pueden continuar siendo
sancionados inicialmente con pena de inhabilitación o destitución mediante
decisiones disciplinariamente emitidas por la Procuraduría General de la
Nación, sin perjuicio de que dichas decisiones deban ser revisadas por el
Consejo de Estado».

46. Ello corrobora que, ante el incumplimiento del Estado de adoptar las medidas
necesarias para ajustar el ordenamiento interno a los mandatos internacionales, era
imprescindible que a través del control de convencionalidad se examinara la
competencia de la Procuraduría a la luz del ordenamiento internacional y en

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armonía con el sistema jurídico interno, pero partiendo de que por mandato de la
Constitución Política existe una sujeción a la convención como bien lo ha sostenido
la doctrina15 al señalar que, según el derecho internacional, «las obligaciones que éste
impone deber ser cumplidas de buena fe y no puede invocarse para su incumplimiento el
derecho interno»16 y que a la luz de la jurisprudencia de la corporación supranacional
«[u]na norma jurídica nacional que sea manifiestamente contraria con la letra y el espíritu
de la convención americana y que afecte los derechos consagrados en ella, constituye per
se una violación a la constitución que genera responsabilidad del Estado y por lo tanto
carece en absoluto de efectos jurídicos».

2.3. La actuación disciplinaria

47. Al plenario se aportó la totalidad del expediente disciplinario en el que se observan
las siguientes actuaciones:

48. El 9 de julio de 2013 se presentó una queja anónima en contra del aquí
demandante por la comisión de «presuntas irregularidades en la contratación publicada
en la página del SECOP». Sobre el negocio que fue objeto de reproche, se indicó lo
que sigue:

«[...] cabe anotar que estos contratos presumimos son viciados y maquillados,
el Alcalde del Municipio de Heliconia, convirtió a los funcionarios con sus
chalecos, a los venteros ambulantes con sus carpas y ahora a los integrantes
de la Banda Músico Marcial en naranjas ya que en estas inversiones coloca
su eslogan y color de campaña [...] como fue el caso del 2 de enero apenas
empezando su Gobierno contrata sin requisito alguno a un pintor amigo de su
campaña de Itagüí para hacer un mural en una de las paredes del Palacio
Municipal, averiada por la suma de $19.000.000 ese si es el cómo de la
CORRUPCIÓN EN HELICONIA y nada pasa, [...].» [sic].

49. En auto del 16 de octubre de 2013 se dio apertura a la investigación disciplinaria
contra John Fredy Ortiz Tabares, en su condición de alcalde del municipio de
Heliconia para el periodo 2012 – 2015 y se decretaron pruebas17. Se notificó el 18
de noviembre de 2013.

50. El 20 de noviembre de 2013 rindió versión libre en los siguientes términos18:

«[...] Tengo conocimiento de que la queja hace alusión a distintos contratos
celebrados por el Municipio de Heliconia en las vigencias 2012 y 2013, a los
que me referiré según lo expuesto por el quejoso, en su orden. [...] Séptimo.
CONTRATO No. 047-2012. En el estudio Previo de éste Contrato que reposa
en la carpeta correspondiente, se describe plenamente la necesidad que se
pretende satisfacer, así como el objeto a contratar. Contrario a lo afirmado, se
solicitó al Señor GABRIEL ANTONIO CALLE ARANGO soporte de su talento

15 Op. Cit. 8.
16 Ibidem.
17 Folio 12.
18 Folio 19.

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y experiencia; no obstante su trabajo es reconocido gracias a su larga
trayectoria. El cumplimiento del objeto contractual puede verificarse en el
informe único y final que reposa en la carpeta del proceso mencionado. En
cuanto a los requisitos legales, se atendieron aquellos propios del tipo de
contrato y modalidad de selección (Se anexan folios 561 a 581, referentes a
éste contrato).»

51. El 27 de mayo de 2014 se decretó el cierre de la investigación disciplinaria, «al
considerar que en el radicado objeto de investigación las pruebas decretadas, [...] fueron
practicadas en su totalidad, sin observarse que [fuera] necesario de oficio la práctica de
nuevas pruebas, así como tampoco exist[ían] solicitudes de pruebas pendientes de
resolver»19.

52. El 5 de junio de 2014 se dictó el pliego de cargos20. Se le imputó el siguiente:

«CARGO ÚNICO FORMULADO, al señor John Fredy Ortiz Tabares, [...] en
su condición de Alcalde Popular de Heliconia (Ant) para el Periodo
Constitucional 2012-2015, en forma activa, pudo haber infringido la
Constitución y la Ley, al haber celebrado el día 22 de febrero de 2012 el
contrato de prestación de servicios artísticos N°047-2012, con el objeto de
diseño, trazo y elaboración de mural con la técnica esfumato tejido en pared
lateral de la fachada principal del palacio municipal con una dimensión de 32
X 7.72 ML, sin estar presuntamente justificada la necesidad de la contratación
y su valor en los estudios previos del 12 de febrero de 2012, conducta que
presuntamente desconocería el principio de economía de la contratación
Estatal, incurriendo así el disciplinado posiblemente en la falta disciplinaria en
cuanto a participar en la etapa precontractual con desconocimiento del
principio de economía, contrariando así las disposiciones normativas y
Constitucionales».

53. En los descargos, el actor alegó que (i) para la fecha de celebración del contrato
estaba vigente el Decreto 2474 de 2008, el cual en su artículo 82 dispuso que no
era necesario obtener previamente varias ofertas y que la entidad debía justificar
dicha situación en el respectivo contrato, de forma que en los estudios previos nada
tenía que decirse al respecto; y (ii) el principio de economía aplicaba «respecto a la
agilidad y/o a la omisión de requisitos y trámites innecesarios en el proceso de contratación.
Tratándose de contratación directa y específicamente de contratos de prestación de
servicios, nada [tenía] que ver con el presupuesto del contrato ni con el valor del mismo, ni
con el factor escogencia del contratista». No solicitó pruebas21.

54. En auto del 21 de julio de 2014 se corrió el traslado para alegar de conclusión22.

55. El 21 de agosto de 2014 se dictó el fallo de primera instancia. Fue declarado
responsable disciplinariamente y se le impuso la sanción de suspensión en el
ejercicio del cargo por 3 meses, de conformidad con el artículo 44.3 de la Ley 734

19 Folio 21.
20 Folio 23.
21 Folio 35.
22 Folio 47.

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de 2002. Los argumentos de esta decisión fueron los siguientes23:

«Frente a los argumentos aquí propuesto por el investigado, debemos decir
que los mismos no tienen vocación exculpante, en primer lugar, la sentencia
en comentó, no resulta aplicable al presente caso, puesto que este despacho
en ningún momento ha efectuado reparó alguno a que el contrato se hubiese
adjudicado bajo la forma de contratación directa. En segundo lugar pretende
afirmar el disciplinado que para el caso de los estudios previos en los
contratos de prestación de servicios artísticos, que no existe obligación
especifica de tenerse dichos estudios de manera previa, planteamiento que
no tiene ningún asidero, en primer lugar, porque las normas que invoca el
investigado como sustento de su proceder, son normas que están derogadas
y por tanto no están vigentes, y aun en el evento de estar vigentes, en la
legislación existe previsión expresa de mayor jerarquía que exige, que en
todos los contratos estatales, salvo en los de urgencia manifiesta, los estudios
previos resultan obligatorios, tal y como dimana de forma categórica de los
numerales 7 y 12 del artículo 25 de la ley 80 de 1993.

[...]

Esta demostrado conforme a la documentación obrante en el cuaderno anexo
N°7, que el 22 de febrero de 2012 el señor John Fredy Ortiz Tabares, en su
condición de Alcalde Popular de Heliconia, celebró el contrato de prestación
de servicios artísticos N°047-2012, con el señor Gabriel Antonio Calle
Restrepo, por valor de $19.000.000.00, con el objeto de elaborar un mural en
esfumato sobre una de las paredes laterales de la alcaldía de dicho municipio
(fI.574-577 cuaderno anexo N°7). Dicho documento nos demuestra la
existencia de dicha relación contractual, así como del texto del mismo se
observa que no existe ninguna justificación frente a la necesidad de la
contratación, ni existe ningún razonamiento frente al valor del contrato.
Igualmente se acreditó que dicho contrato se ejecutó y fue pagado al
contratista.

Así mismo, el. documento de estudios previos del referido contrato de
prestación de servicios artísticos N°047 de febrero 12 de 2012, fue elaborado
por el señor John Fredy Ortiz Tabares, en su condición de Alcalde de
Heliconia, y en dicho documento no esta justificada la necesidad del contrato
frente a los fines del Estado, ni esta justificado la estimación del valor del
contrato.

[...]

El análisis de conveniencia no se cumple sólo con expresar que el contrato
es conveniente para la entidad y que es necesario su celebración, ya que
deben tratarse varios aspectos, entre otros, el estudio sobre el valor que se
estime debe tener el contrato y la justificación de su necesidad, y en el
presente caso, visto el texto del contrato y sus estudios previos, no estaría
establecida la necesidad de contratar la ejecución de una obra de arte sobre
la fachada principal de la alcaldía, pues desde los fines del Estado no se
encuentra definida dicha necesidad, pues no puede olvidarse que la actuación
de las autoridades públicas siempre debe tener un motivo, motivo que se
enmarca en el mandato del artículo 2 de la constitución, en el servicio a la

23 Folio 49.

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comunidad, en la satisfacción de las necesidades de la población, en el
mejoramiento de la calidad de vida, en la prevalencia del interés general.

Es a la administración publica a la que le corresponde la materialización del
interés general, y como manifestación de dicha obligación debe definir la
conveniencia o inconveniencia a contratar, la cual esta consagrada numeral 7
del arto 25 Ley 80 de 1993, que erige la obligación que tiene administración
de justificar la necesidad del contrato y el objetivo publico que cumple,
obligación que en el presente caso no se cumplió en el documento
denominado estudios previos, expedido por el señor John Fredy Ortiz
Tabares, para justificar el contrato N°047 de 2012, el investigado omitió
efectuar la valoración de la necesidad de dicho contrato N°047 de 2012, frente
a los fines del Estado, frente a su plan de desarrollo, y la necesidad que se
tenía para ese momento, que era reparar las grietas y humedades de la
fachada de la Alcaldía.

[...]» [sic].

56. Contra la anterior decisión presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto
en fallo del 28 de octubre de 201424, expedido por la Procuraduría Regional de
Antioquia, en el sentido de modificar la decisión para imponer la sanción de
suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 1 mes, con fundamento en lo
que sigue:

«Al respecto, este Despacho comparte el argumento del fallador de primera
instancia, al determinar que el comportamiento desplegado por el implicado,
al celebrar el contrato de prestación de servicios artísticos N° 047 de 2012,
sin que se hubiese efectuado el análisis de conveniencia en lo atinente a la
justificación de la necesidad y el valor del contrato, denota falta de planeación,
conducta que representa un desconocimiento del contenido de los numerales
7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, que desarrolla el principio de
economía de la contratación estatal, en su modalidad de planeación.

Es importante anotar, que el principio de planeación es una expresión del
principio de economía, establecido en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el
cual busca garantizar que las actuaciones contractuales de las entidades
estatales no sean producto de la improvisación, por lo tanto cualquier proyecto
que adelante una entidad pública debe estar precedido de estudios
encaminados a determinar su viabilidad técnica y económica.

[...]

Así las cosas, tal como lo refirió el a qua no está establecida la necesidad de
contratar la ejecución de una obra de arte sobre la fachada principal de la
Alcaldía Municipal de Heliconia, teniendo como directrices los fines esenciales
del Estado, tales como, el servicio a la comunidad, Ia satisfacción de las
necesidades de la población, el mejoramiento de la calidad de vida, la
prevalencia del interés general, y el plan de desarrollo.

[...]

24 Folio 66.

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Lo cual en ningún momento ha sido objeto de discusión dentro del proceso
disciplinario, pues es claro que la modalidad de selección aplicable es la
contratación directa consagrada en el literal h) numeral 4° artículo 2° de la Ley
1150 de 2007 que reza: "Para la prestación de servicios profesionales y de
apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan
encomendarse a determinadas personas naturales" y tampoco se ha dirigido
el proceso disciplinario, ni el cargo formulado, ni mucho menos los
fundamentos de la decisión de la primera instancia, en torno a la necesidad u
obligatoriedad de que se hayan obtenido varias ofertas como lo afirma el
recurrente, y lo reitera transcribiendo varios apartes de la Sentencia del 7 de
marzo de 2011 del Consejo de Estado; por lo tanto no prospera dicho
argumento.

Así las cosas, está plenamente demostrado que la conducta endilgada al
señor John Fredy Ortiz Tabares, atañe al haber celebrado el 22 de febrero de
2012 el contrato de prestación de servicios artísticos N° 047, sin estar
justificada la necesidad de la contratación y su valor en los estudios previos
del 12 de febrero de 2012, desconociendo el principio de economía
consagrado en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, específicamente en los
numerales 7 y 12 que expresan el principio de planeación.

En el cumplimiento de esos cometidos estatales y durante el ejercicio de las
correspondientes funciones o cargos públicos, los servidores públicos no
pueden distanciarse del objetivo principal para el cual fueron instituidos, como
es el de servir al Estado y a la comunidad en la forma establecida en la
Constitución, la ley y el reglamento; por lo tanto, pueden verse sometidos a
una responsabilidad pública de índole disciplinaria, cuando en su desempeño
vulneran el ordenamiento superior y legal vigente, así como por la omisión o
extralimitación en el ejercicio de sus funciones

Ahora bien, este Despacho considera que de conformidad con el artículo 47
del Código Disciplinario Único, el cual determina los criterios para la
graduación de la sanción, el a quo tuvo en cuenta el consagrado en el literal
j) Pertenecer el servidor público al nivel directivo de la entidad, siendo este
desfavorable al disciplinado, y dos favorables al señor JOHN FREDY ORTIZ
TASARES, como son, la carencia de antecedentes disciplinarios y no endilgar
responsabilidad a terceros, de tal manera resulta procedente modificar la
sanción impuesta al disciplinado al observar que solo se presenta un criterio
que aumentaría el término de la sanción de suspensión y, teniendo en cuenta
que no se trata de una falta de gran trascendencia social, y tampoco afecta
los derechos fundamentales de terceras personas.

Consecuente con lo expuesto, se procederá a modificar la decisión proferida
por el a quo en la cual decidió sancionar al señor JOHN FREDY ORTIZ
TABARES, en su condición de Alcalde Municipal de Heliconia, Antioquia 2012-
2015 con la suspensión en el ejercicio del cargo por el término de tres (3)
meses, por la suspensión de un (1) mes.» [sic].

57.Con el Decreto D003836 del 12 de diciembre de 2014 expedido por el
gobernador del departamento de Antioquia se hizo efectiva la sanción25.

25 Folio 80.

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2.4. La tipicidad

58. Al tenor de la jurisprudencia constitucional, la potestad sancionadora administrativa
es una manifestación del ius puniendi del Estado que se concreta, fundamentalmente,
en el derecho penal, contravencional, disciplinario, y correccional26. Para que esta
potestad se pueda concretar, se requiere que para imponer una sanción se cumpla
con las garantías del debido proceso.

59. En efecto, el artículo 29 de la Constitución Política prevé que nadie podrá ser
juzgado, sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa y, a su turno, la
Ley 734 de 2002 que el servidor público y el particular solo serían investigados y
sancionados disciplinariamente por comportamientos que estuvieran descritos como
falta en la ley vigente al momento de su realización.

60. Esta corporación ha sostenido que la tipicidad es una «categoría dogmática» que
«encuentra su razón de ser en el principio de legalidad como expresión del debido proceso»27,
así como en el de reserva de ley. Ciertamente, la Constitución autorizó solo al
legislador para que estableciera qué conductas constituían una infracción de carácter
disciplinario, el cual estaba obligado «a describir la conducta o comportamiento que
considera ilegal o ilícito, en la forma más clara y precisa posible, de modo que no quede duda
alguna sobre el acto, el hecho, la omisión o la prohibición que da lugar a la sanción»28

Esa conjunción ocurre, en suma, para garantizar que aquel servidor público o sujeto
pasivo de la acción disciplinaria tenga conocimiento pleno, claro y preciso de la falta
que se le reprocha, de ahí que corresponda al legislador «definir de forma abstracta y
objetiva, qué conductas desplegadas por quienes tienen a su cargo el ejercicio de funciones
públicas deben ser objeto de sanción por afectar el correcto desarrollo del servicio que le ha
sido encomendado o por el abuso de su ejercicio29».30

61. Es decir que este principio comprende dos garantías31: la primera, de orden
material y alcance absoluto que se refiere a que la conducta y la sanción estén
previamente consignadas a la comisión de la falta y, la segunda, que es formal y se
concreta en que aquellas estén contenidas en una norma de rango legal, «la cual podrá
hacer remisión a otra ley o un reglamento siempre y cuando queden determinados los
elementos estructurales de la conducta antijurídica»32.

62. En línea con ello, debe atenderse que tanto la Corte Constitucional como esta

26 Sentencias C-827 de 2001 y C-135 de 2016.
27 Subsección A, sentencia del 26 de octubre de 2017, radicación 11001-03-25-000-2010-00290-00

(2388-2010).
28 Sentencia C-135 de 2016.
29 El artículo 6 de la Constitución Política prevé: Los particulares sólo son responsables ante las

autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa
y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
30 Óp. Cit. sentencia del 26 de octubre de 2017.
31 Corte Constitucional, sentencia C-135 de 2016.
32 Ibidem

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corporación han puntualizado que, cuando se trata del derecho disciplinario, el
legislador puede establecer las normas con mayor grado de flexibilidad ante la
imposibilidad de establecer todas y cada una de las conductas que puede ejecutar un
servidor público. Al respecto se dijo lo siguiente33:

«El proceso de adecuación típica supone la comprobación lógica y razonada de
la relación de subsunción entre la descripción legal de la conducta disciplinable
y la efectivamente desplegada por el sujeto activo, de lo cual surge a su vez,
una relación de contrariedad entre el comportamiento de quien tiene a su cargo
el ejercicio de funciones públicas y el deber presuntamente incumplido.

El análisis de la tipicidad es un apartado fundamental en la motivación del acto
administrativo que impone una sanción disciplinaria y dentro del mismo, la
autoridad cuenta con un margen de interpretación más amplio que el que se
encuentra en el derecho penal, pues la precisión con la cual deben estar
descritos los comportamientos disciplinariamente reprochables tiene una mayor
flexibilidad al concebido en materia criminal, ante la dificultad de que la ley haga
un listado detallado de absolutamente todas las conductas constitutivas de
falta34; como consecuencia de ello se ha avalado, desde un punto de vista
constitucional35, la inclusión de conceptos jurídicos indeterminados y la
formulación de los tipos abiertos y en blanco que están redactados con una
amplitud tal que hace necesario remitirse a otras normas en las que se
encuentren consagrados los deberes, las funciones o las prohibiciones que se
imponen en el ejercicio del cargo, y que exigen un proceso de hermenéutica
sistemática lógica que demuestre en forma congruente cómo la conducta
investigada se subsume en la descrita por la ley.»

63. En lo atinente a los conceptos jurídicos indeterminados, la sentencia citada apuntó
a que «son admisibles en la forma de consagrar infracciones administrativas siempre que las
remisiones a otras normas o a otros criterios permitan determinar los comportamientos
censurarles», lo cual tiene asidero en que permitir que el operador disciplinario
establezca a su arbitrio la conducta reprochable desconocería el principio de legalidad
previsto en el artículo 29 superior.

64. De otro lado, respecto de la formulación de los tipos abiertos y en blanco, también
explicó está Sección36:

«Lo anterior se desprende del concepto jurídico avalado en la sentencia C-818
de 200537, entre otras, en la cual se sostuvo que los tipos abiertos son «aquellas
infracciones disciplinarias que ante la imposibilidad del legislador de contar con
un listado detallado de comportamientos que se subsumen en las mismas,
remiten a un complemento normativo, integrado por todas las disposiciones en

33 Óp. Cit. sentencia del 26 de octubre de 2017.
34 Al respecto la Corte Constitucional en la sentencia C-404 de 2001 indicó «la naturaleza de las

conductas reprimidas, los bienes jurídicos involucrados, la teleología de las facultades
sancionatorias, los sujetos disciplinables y los efectos jurídicos que se producen frente a la
comunidad, hacen que la tipicidad en materia disciplinaria admita -en principio- cierta flexibilidad»34,
posición reiterada en sentencias C-818 de 2005 y C-030 de 2012.
35 Frente a este punto se pueden ver varias sentencias de la Corte Constitucional, entre ellas, la C-

393 de 2006.
36 Óp. Cit. sentencia del 26 de octubre de 2017.
37 En este aparte cita la Sentencia C-401 de 2001.

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las que se consagren deberes, mandatos y prohibiciones que resulten aplicables
a los servidores públicos. Así, la tipicidad en las infracciones disciplinarias se
determina por la lectura sistemática de la norma que establece la función, la
orden o la prohibición y aquella otra que de manera genérica prescribe que el
incumplimiento de tales funciones, órdenes o prohibiciones constituye una
infracción disciplinaria».

En relación con los tipos en blanco, aquella Corporación también considera que
apunta a preceptos que requieren de una remisión normativa para completar su
sentido38 bajo la condición de que se «verifique la existencia de normas jurídicas
precedentes que definan y determinen, de manera clara e inequívoca, aquellos
aspectos de los que adolece el precepto en blanco» exigencia que trasciende al
campo disciplinario, según lo señalado por la sentencia C-343 de 2006.

No obstante, la doctrina distingue los tipos en blanco de los abiertos, para
señalar que los primeros requieren de un suplemento normativo para completar
su alcance39, mientras que los segundos se pueden delimitar así «El tipo abierto,
como lo ha definido su creador, es aquel en el cual el legislador no ha
determinado de manera completa la materia de la prohibición,
correspondiéndole cerrarlo al juez: “la materia de la prohibición no está descrita
en forma total y exhaustiva por medio de elementos objetivos”40, afirma Hans
Welzel»41. Es así como los tipos en blanco se han incluido en la clasificación de
tipos según su estructura formal42, mientras que los abiertos ingresan en la
división según su contenido43».

65. En definitiva, el principio de tipicidad se materializa cuando la conducta que se
sanciona está descrita de manera precisa, bien porque está determinada en el mismo
cuerpo normativo o porque sea determinable a partir de otras normas jurídicas; la
sanción se encuentre definida en la ley y que exista correlación entre la conducta y la
sanción.

2.5. Caso concreto

66. Se recuerda que la falta gravísima que le fue imputada a John Fredy Ortiz Tabares
fue la prevista en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, cuyo tenor literal
es: «[p]articipar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del
patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal
y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley», en concreto, el de
economía previsto en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993 —numerales 7 y 12— porque
no se justificó la necesidad ni el valor del contrato.

67. En el recurso de apelación, el demandante manifestó que no se tuvieron en cuenta
las normas vigentes para la época, esto es el Decreto 2474 de 2008 y las leyes 80 de

38 Ver la sentencia 404 de 2001.
39 Gómez Pavajeau, Carlos Arturo. Dogmática del Derecho Disciplinario, Bogotá, Universidad
Externado de Colombia, 2017, pp. 433 – 445.
40 Claus Roxin. Teoría del tipo penal. Tipos abiertos y elementos del deber jurídico, Buenos Aires,

Depalma, 1979, p.6.
41 Gómez Pavajeau. Op. Cit., p. 431.
42 Reyes Echandía, Alfonso. Derecho Penal, Bogotá, Editorial Temis S.A. 2000, p.115.
43 Ibidem p.118.

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1993 y 1150 de 2007; además, la justificación se realizó en el contrato, razón suficiente
para que no procediera la sanción.

68. Pues bien, la Ley 80 de 1993 «[p]or la cual se expide el Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública» prevé en su artículo 25 lo siguiente:

«Artículo 25.- Del Principio de Economía. En virtud de este principio:

[...]

7o. La conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones
y aprobaciones para ello, se analizarán o impartirán con antelación al inicio del
proceso de selección del contratista o al de la firma del contrato, según el caso.

[...]

12. [Modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011] Previo a la apertura
de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el caso en que la
modalidad de selección sea contratación directa, deberán elaborarse los
estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones, según
corresponda.

[...]» [se subraya].

69. Igualmente, la Ley 1150 de 2007 «[p]or medio de la cual se introducen medidas para
la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales
sobre la contratación con Recursos Públicos» estableció en el artículo 2 que una de las
modalidades de selección es la contratación directa que solamente procede «[p]ara la
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos
artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales» [numeral 4,
literal h] y, en el parágrafo 8 del mismo canon dispuso:

«Parágrafo 8. La modalidad de contratación directa prevista en el numeral 4 de
este artículo deberá sujetarse a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y sus
modificaciones, o en los regímenes especiales de contratación, que disponen
los requisitos jurídicos, técnicos y financieros; en todo caso teniendo en cuenta
los principios de transparencia, responsabilidad, selección objetiva, economía,
celeridad, imparcialidad, publicidad, eficacia y eficiencia.»

70. Estas leyes fueron reglamentadas parcialmente por el Decreto 2474 del 7 de julio
de 200844. En el título II [modalidades de selección], capítulo IV [contratación directa],
previó lo siguiente:

«Artículo 77. Acto administrativo de justificación de la contratación directa.
Cuando proceda el uso de la modalidad de selección de contratación directa, la
entidad así lo señalará en un acto administrativo que contendrá:

1. El señalamiento de la causal que se invoca.

44 «[P]or el cual se reglamentan parcialmente la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 sobre las

modalidades de selección, publicidad, selección objetiva, y se dictan otras disposiciones».

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2. La determinación del objeto a contratar.

3. El presupuesto para la contratación y las condiciones que se exigirán a los
proponentes si las hubiera, o al contratista.

4. La indicación del lugar en donde se podrán consultar los estudios y
documentos previos, salvo en caso de contratación por urgencia manifiesta.

En los eventos previstos en los literales b) y d) del numeral 4 del artículo 2° de
la Ley 1150 de 2007 y en los contratos interadministrativos que celebre el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el Banco de la República, no
requieren de acto administrativo alguno, y los estudios que soportan la
contratación, no serán públicos.

Parágrafo 1°. En caso de urgencia manifiesta, el acto administrativo que la
declara hará las veces del acto a que se refiere el presente artículo, y no
requerirá de estudios previos.

Parágrafo 2°. En tratándose de los contratos a los que se refiere el artículo 82
del presente decreto no será necesario el acto administrativo a que se refiere el
presente artículo.»

71. A su turno, el artículo 82 ibidem [modificado por el Decreto Nacional 4266 de 2010]
previó lo siguiente:

«Artículo 82. Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a
la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden
encomendarse a determinadas personas naturales. Para la prestación de
servicios profesionales y de apoyo a la gestión la entidad estatal podrá contratar
directamente con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar
el objeto del contrato y que haya demostrado la idoneidad y experiencia
directamente relacionada con el área de que se trate, sin que sea necesario que
haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto
deberá dejar constancia escrita.

Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de
naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del
cumplimiento de las funciones de la entidad.

Para la contratación de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a
determinadas personas naturales, la entidad justificará dicha situación en el
respectivo contrato.» [se resalta]

72. Este último previó los contratos de prestación de servicios en sus 2 modalidades:
(i) servicios profesionales y de apoyo a la gestión; y (ii) para la ejecución de trabajos
artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Frente
a los primeros dispuso que son aquellos de naturaleza intelectual diferentes de los de
consultoría que se debían ejecutar por quien demostrara idoneidad y experiencia
relacionada con el área [persona natural o jurídica], sin que se requiriera obtener varias
ofertas, de lo cual se debía dejar constancia escrita; respecto de los segundos, se
limitó a que se debían suscribir con personas naturales y que la justificación se debe
anotar en el respectivo contrato.

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73. En este punto debe precisarse que, si bien el Decreto 2474 de 2008 fue derogado
por el Decreto 734 de 2012, era la norma aplicable para el momento de los hechos,
pues el negocio se suscribió el 22 de febrero de 2012 y este último que lo derogó se
expidió el 13 de abril del mismo año.

74. Ahora bien, en el expediente está acreditado que el 12 de febrero de 201245 se
expidieron los estudios previos de conveniencia y oportunidad para la celebración del
contrato de prestación de servicios artísticos, cuyo contenido fue:

«1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

El contrato que se pretende celebrar se encuentra establecido, en el numeral
tres del artículo 4, literal h de la ley 1150 de 2007 y corresponde al de
prestación de servicios artísticos.

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:

El esfumato o sfumato, es la técnica de pintura inventada por Leonardo Da
Vinci durante el Renacimiento. La técnica de esfumato permite diluir los
contornos, confiriendo a la pintura mayor realismo y profundidad, quitándole
el acartonamiento que tenía hasta el momento.

El esfumato o sfumato es una técnica de pintura, que consiste en distribuir
sombras tenues en una composición pictórica, para darle un aspecto
difuminado, sin las bruscas transiciones de color.

El esfumato se obtiene por superposición de las finas capas de pintura, con
lo cual se logran contornos difusos, lo que contribuye a romper con la chatura
de la pintura, aportando profundidad y realismo.

El Municipio de Heliconia, requiere contratar los servicios de un artista, con
experiencia en la técnica de esfumato tejido, con el fin de cambiar la fachada
externa de la Alcaldía que se convierte en el primer punto de referencia de
ingreso al parque principal del Municipio, la cual, actualmente se encuentra
en unas condiciones de deterioro que evidencian el paso de los años sin que
se procure su cuidado.

Se determinó trabajar esta técnica por su resistencia, toda vez que esta obra
estará expuesta a los cambios climáticos de nuestra localidad.

Es de resaltar que además de la intervención en la técnica esfumato tejido se
busca recuperar la totalidad de la fachada lateral del Palacio Municipal, en la
cual se evidencian una gran cantidad de grietas, humedades y demás daños
producidos por el paso del tiempo.

3. PERFIL REQUERIDO

Se requiere un artista, con idoneidad y experiencia en la técnica esfumato
tejido.

45 11, 20.

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4. OBJETO

DISEÑO, TRAZO Y ELABORACIÓN DEL MURAL CON LA TÉCNICA
ESFUMATO TEJIDO EN PARED LATERAL DE LA FACHADA PRINCIPAL
DEL PALACIO MUNICIPAL CON UNA DIMENSIÓN DE 32*7.72ML.

5. PLAZO DE EJECUCIÓN

La orden de prestación de servicios se realizará por el término de 15 días, a
partir de la firma del acta de inicio.

[...]

7. PRESUPUESTO OFICIAL:

DISPONIBILIDAD APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
RUBROS VALOR
00192 de 12 de febrero 2113020106
de 2012 213010119 $19.000.000
213020208

8. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE
SELECCIÓN

La modalidad de selección de contratista escogida para el caso presente, es
la de contratación directa, para lo cual está facultado el Municipio de Heliconia
de acuerdo en lo establecido en el numeral tercero del artículo 4, literal h de
la Ley 1150 de 2007, y demás normas que la reglamentan.

Los contratos de prestación de servicios artísticos, lo celebran las Entidades
Estatales con personas naturales o jurídicas, sin que se hayan obtenido
previamente varias ofertas, cuando no haya personal de planta y/o se
requieran conocimientos especializados y se haya demostrado por parte del
contratista idoneidad y experiencia.

En el caso del Municipio de Heliconia en la planta de personal no existe
personal especializado para realizar las labores requeridas, por lo que es
necesario, celebrar un contrato de prestación de servicios artísticos para
satisfacer dicha necesidad.» [sic]

75. Con sustento en lo anterior, el aquí solicitante suscribió el contrato de prestación
de servicios artísticos 047-2012 el 22 de febrero de 2012 con Gabriel Antonio Calle
Arango, en el cual se incluyeron las siguientes consideraciones y cláusulas:

«Entre los suscritos a saber: JOHN FREDY ORTIZ TABARES, [...] en su
calidad de ALCALDE MUNICIPAL, debidamente facultado por el artículo 311
de la Constitución Nacional, Ley 136 de 1994 en su artículo 91 literal D
numeral 5, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 literal h, Decreto 2474 de 2008,
Acuerdo Municipal 002 de enero 13 de 2012, quien para efectos de este
contrato se llamará el MUNICIPIO, por una parte; y de la otra GABRIEL
ANTONIO CALLE ARANGO, [...] quien para los efectos del Contrato se
denominará EL CONTRATISTA, de otra parte; se ha celebrado Contrato de
Prestación de Servicios Profesionales contenido en las siguientes clausulas
previas las siguientes consideraciones: 1) Que el municipio en su planta de

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personal no cuenta con el recurso humano disponible para realizar las labores
de DISEÑO TRAZO Y ELABORACIÓN DE MURAL. 2) Que EL
CONTRATISTA se encuentra en disposición para cumplir con el objeto del
presente Contrato de Prestación de Servicios, por poseer la idoneidad en el
cumplimiento de los servicios a contratar. [...]. PRIMERA: OBJETO: Por el
presente contrato EL CONTRATISTA se compromete para con el
MUNICIPIO, a prestar los servicios profesionales DISEÑO TRAZO Y
ELABORACIÓN DE MURAL CON LA TECNICA ESPUMATO TEJIDO EN
PARED LATERAL DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL PALACIO
MUNICIPAL CON UNA DIMENSIÓN 32*7.72ML. SEGUNDA:
NATURALEZA JURÍDICA DEL PRESENTE CONTRATO: Este contrato es
de aquellos a los que se refiere el numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de
2007 y el Artículo 46 del Decreto 2474 de 2008 y por su tipología le serán
igualmente aplicables las normas civiles y comerciales que correspondan. [...].
OCTAVA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El valor que demande el
presente contrato se imputará al siguiente código: 2113020106-2132010119-
2131020208 del presupuesto de rentas y gastos de la actual vigencia fiscal y
disponibilidad presupuestal N° 192 del 12 de febrero de 2012.» [sic]
[subrayado fuera del original]

76. En el fallo de primera instancia, la autoridad disciplinaria acudió a este acuerdo de
voluntades para señalar que, con su contenido, se demostraba «que no exist[ía] ninguna
justificación frente a la necesidad de la contratación, no exist[ía] ningún razonamiento frente al
valor del contrato»; sin embargo, más adelante anotó que en los estudios previos no se
justificó «la necesidad del contrato frente a los fines del Estado», aunado a lo que sigue:

«Es a la administración pública a la que le corresponde la materialización del
interés general y como manifestación de dicha obligación debe definir la
conveniencia o inconveniencia a contratar [...], obligación que en el presente
caso no se cumplió en el documento denominado estudios previos, [...], el
investigado omitió efectuar la valoración de la necesidad de dicho contrato [...]
frente a los fines del Estado, frente a su plan de desarrollo, y la necesidad que
se tenía para ese momento, que era reparar las grietas y humedades de la
fachada de la alcaldía».

77. Para la Sala, no es cierto que no se haya cumplido con la justificación del contrato.
En primer lugar, se expidieron los estudios previos y, segundo, se expuso que se
requería la contratación directa para cambiar la «fachada externa» de la alcaldía
municipal, en razón a que era «el primer punto de referencia al ingreso al parque principal
del Municipio» y porque estaba en condiciones de deterioro al tener grietas, humedades
y demás daños producidos por el paso del tiempo. Asimismo, se acudió a la técnica
de esfumato por ser resistente a los cambios climáticos.

78. Lo anterior, sin duda, guarda relación con los fines del Estado de promover la
prosperidad general y facilitar la participación de todos en las decisiones que los
afectan y en la vida cultural, pues se trata de una edificación que hace parte del parque
principal del municipio, es decir, de un espacio en el que confluyen los turistas.
Agregase que la Procuraduría General de la Nación se limitó a hacer dichas
aseveraciones sin detenerse en el plan de desarrollo presentado por el actor para el

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periodo 2012 – 201546, en el cual se incluyó el componente «turismo» que buscaba
«promover turísticamente el municipio en el orden territorial», de manera que, para la Sala,
deviene claro que, además de reparar las grietas y humedades, tenía como fin que el
palacio municipal fuera un referente artístico en el municipio.

79. Incluso, para el programa «Heliconia Turística» se incorporó el objetivo de «[a]poyar
diferentes actividades en pro de atraer turistas al municipio» lo que explica el contrato con
un artista reconocido para mejorar la presentación de una de las edificaciones
relevantes del parque principal. De ahí que la Sala encuentre suficiente la justificación
de la necesidad del contrato que fue incorporada en los estudios previos, máxime si
se tiene en cuenta que este documento cumplió con los requisitos previstos en el
artículo 3 del Decreto 2474 de 2008:

Elementos de los estudios previos
Contrato 047 de 2012
[art. 3 del Decreto 2474 de 2008]
El municipio «requiere contratar los servicios de un
artista, con experiencia en la técnica de esfumato
tejido, con el fin de cambiar la facha externa de la
Alcaldía que se convierte en el primer punto de
referencia de ingreso al parque principal del Municipio,
la cual, actualmente se encuentra en unas condiciones
1. La descripción de la necesidad que de deterioro que evidencian el paso de los años sin
que se procure su cuidado- Se determinó trabajar esta
la entidad estatal pretende satisfacer
técnica por su resistencia, toda vez que esta obra
con la contratación. estará expuesta a los cambios climáticos de nuestra
localidad. Es de resaltar que además de la intervención
en la técnica esfumato tejido, se busca recuperar la
totalidad de la fachada lateral del Palacio Municipal, en
la cual se evidencian una gran cantidad de grietas,
humedades y demás daños producidos por el paso del
tiempo.»
«Diseño, trazo y elaboración del mural con la técnica
2. La descripción del objeto a contratar,
de esfumato tejido en pared lateral de la fachada
con sus especificaciones y la principal del palacio municipal con una dimensión de
identificación del contrato a celebrar. 32*7.72 ML».
«El contrato que se pretende celebrar se encuentra
3. Los fundamentos jurídicos que establecido en el numeral 3 del artículo 4, literal h de la
soportan la modalidad de selección. Ley 1150 de 2007 y corresponde al de prestación de
servicios artísticos».

80. Con ello se dio cumplimiento a los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80
de 1993, pues se expuso la conveniencia del objeto a contratar —a través de los
estudios previos— antes de la firma del contrato. Se recuerda que estos se expidieron
el 12 de febrero de 2012 y el negocio se celebró el 22 del mismo mes y año.

81. Además, contrario a lo sostenido por la entidad demandada, el objeto del contrato
sí fomentaba las expresiones culturales y artísticas. Ciertamente, el artículo 71 de la
Constitución prevé que «[l]a búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres.
Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general,

46 Consultado en el siguiente enlace: https://es.slideshare.net/slideshow/plan-desarrollo-municipal-

heliconia-2012-2015/16296501

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a la cultura», tal como sucedió en este caso, pues se puede deducir que el objeto se
contrajo al embellecimiento de la edificación y, por consiguiente, a la promoción del
turismo del municipio de Heliconia.

82. A su turno, el artículo 17 de la Ley 397 de 1997 dispone que las entidades
territoriales deben fomentar las artes en todas sus expresiones y las demás
manifestaciones simbólicas expresivas, tal como ocurrió en este caso al convertir una
necesidad de mejorar la fachada externa del palacio municipal en una oportunidad
para plasmar una obra de arte a través de una técnica especial como era el esfumato.
Ello, si se tiene en cuenta que el parque principal era un sitio de interés turístico como
lo publicó la gobernación de Antioquia en la Guía Turística del departamento a la luz
del plan de desarrollo 2012 – 201547.

83. En esa línea, tampoco podía ser objeto de reproche que, para efectuar el pago,
se hubiera acudido a los rubros 2113020106 y 213010119 «fomento, apoyo y difusión
de eventos y expresiones artísticas y culturales 12/12» y 2131020206 «EC estimular y
promocionar la creación, la actividad artística y cultural, la investigación y el fortalecimiento de
las expresiones culturales», pues guardaban estrecha relación con el contrato de
prestación de servicios artísticos.

84. También es contrario el argumento relacionado con que se produjo el «elemento
antijurídico» porque «el celebrar el contrato sin que se hubiese realizado los correspondientes
estudios previos incumplió con la planeación», afirmación que resulta alejada de la verdad,
pues tal como lo reconoció, sí se expidieron previamente a que se suscribiera el
contrato; otra cosa es que la justificación «no fuera suficiente», lo cual ya se desestimó
en párrafos precedentes.

85. En línea con lo anterior, la exposición de la Procuraduría General de la Nación se
dirigió a que «la necesidad de ejecutar un trabajo está dirigida a determinar, entre otras, si la
entidad requiere o no de la labor objeto de negociación, la posibilidad por parte del ente de
comprometer recursos y el monto de los mismos», pero pasó por alto que sí se necesitaba
la contratación porque la fachada externa del palacio municipal estaba en condiciones
de deterioro y, al tenor de las normas que la regían, nada le impedía acudir a un
contrato con un artista colombiano para mejorar la fachada y al mismo tiempo utilizarla
como medio de expresión cultural a través del arte.

86. Dicho en otras palabras, el aquí solicitante no se limitó a «resanar o reparar» la
pared del palacio municipal, sino que optó por mejorarla y convertirla en un lienzo para
mostrar la edificación representativa a nivel local. En criterio de la Sala, no puede
reprocharse la promoción de la cultura que, por demás, se justificó en los estudios

47 Gobernación de Antioquia. Departamento Administrativo de Planeación. Anuario Estadístico de

Antioquia, 2014 [Recurso electrónico] Medellín: Departamento Administrativo de Planeación, 2014.
Enlace de consulta: https://antioquia.gov.co/planeacion/ANUARIO%202014/es-
CO/capitulos/turismo/rutas/cp-16-3-
3/occidente/heliconia.html?url=https://antioquia.gov.co/planeacion/ANUARIO%202014/es-
CO/capitulos/generalidades/aspectos.html

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previos y estaba avalada por la ley con la modalidad de contratación a la que se
acudió.

87. Ciertamente, la Sección Tercera de esta corporación -en sentencia de nulidad del
2 de diciembre de 201348- explicó que el género es el contrato de prestación de
servicios y las especies son: el contrato de prestación de servicios profesionales, el
contrato de prestación de servicios de simple apoyo a la gestión y el contrato que tiene
por objeto la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a
determinadas personas naturales.

88. Respecto de este último señaló que se trata de una modalidad de negocio cuyo
contenido es especialísimo porque tiene por objeto «la generación de patrimonio artístico
para la entidad estatal o bien beneficiarla de manifestaciones artísticas, para cuyo efecto se
encarga a personas que por sus características, dotes, capacidades o aptitudes resultan ser
únicas o especiales en el arte que manejan y que en virtud de esta circunstancia se
individualizan en el medio nacional o internacional, mediante el reconocimiento como
verdaderos y únicos en las técnicas o el arte que desarrollan».

89. Seguidamente, precisó que el trabajo artístico a que se refiere la norma de
contratación «no puede ser otro que el que se entiende como un conjunto de creaciones
humanas que expresan una especial visión del mismo, tanto real como imaginaria,
independientemente de la forma o el modo como se exprese por el autor o los autores, en un
producto final, en un producto definitivamente con valor y contenido artístico, [...]. “El arte es
entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con
una finalidad estética o comunicativa, a través de la cual se expresan ideas, emociones o, en
general, una visión del mundo, mediante diversos recursos, como los plásticos, lingüísticos,
sonoros, o mixtos”49».

90. De ahí que indicara que el objeto de la modalidad contractual es el de trabajo
artístico, pero no en sí mismo, es decir, como medio, sino como un resultado real y
efectivo, pues este es el que puede ser catalogado como una obra de arte, obra
artística o pieza de la misma naturaleza. Incluso, reconoció que el sentido jurídico de
la expresión «trabajo artístico» -como trabajo final- es el que puede ser catalogado como
una «obra de arte» u «obra artística», pues «no otra cosa espera el interés público de un
contrato de esta naturaleza, el de enriquecer con la “obra de arte” el patrimonio público a través
de la obtención de una verdadera obra de un artista, una creación del hombre en el campo del
arte, lo que comprende también actividades propias de las artes escénicas o aquellas
culturales, musicales, por citar algunas manifestaciones concretas que satisfacen el referente
artístico».

91.En efecto, este es el contexto que se deduce del contrato celebrado por el aquí
demandante como alcalde del municipio de Heliconia, pues -se insiste- aunque pudo
acudir simplemente a la reparación de la pared, prefirió hacer de esta una obra de arte

48 Radicación 11001-03-26-000-2011-00039-00(41719).
49 TATARKIEWICZ, Władysław; Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mímesis,

experiencia estética; 7° edición, Madrid, Editorial Tecnos, 2002; págs. 63-67.

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que, sin duda, promovía la cultura y turismo en el municipio.

92. A pesar de lo anterior, la Procuraduría General de la Nación limitó su
argumentación a que se quebrantó el principio de economía, sin resolver en debida
forma las inconformidades del disciplinado. En los descargos, alegó que debía
aplicarse el artículo 82 del Decreto 2474 de 2008 y la sentencia dictada por la Sección
Tercera de esta corporación el 7 de marzo de 2011 [radicación 2009-0070-00], pero
en la primera instancia se desestimó por las siguientes razones:

«Frente a los argumentos aquí propuesto por el investigado, debemos decir que
los mismos no tienen vocación exculpante, en primer lugar, la sentencia en
comentó, no resulta aplicable al presente caso, puesto que este despacho en
ningún momento ha efectuado reparo alguno a que el contrato se hubiese
adjudicado bajo la forma de contratación directa. En segundo lugar pretende
afirmar el disciplinado que para el caso de los estudios previos en los contratos
de prestación de servicios artísticos, que no existe obligación de tenerse
especifica dichos estudios de manera previa, planteamiento que no tiene ningún
asidero, en primer lugar, porque las norma que invoca el investigado como
sustento de su proceder, son normas que están derogadas y por tanto no están
vigentes, y aun en el evento de estar vigentes, en la legislación existe previsión
expresa de mayor jerarquía que exige, que en todos los contratos estatales,
salvo en los de urgencia manifiesta, los estudios previos resultan obligatorios,
tal y como dimana de forma categórica de los numérales 7 y 12 del artículo 25
de la ley 80 de 1993.»

93. De lo transcrito se extrae que el disciplinado no debatió la modalidad de selección,
pues era claro que se suscribió un contrato directo de prestación de servicios artísticos;
a la par, las normas por él invocadas sí estaban vigentes para el momento en que fue
suscrito, pues como supra se indicó, para febrero de 2012 regían los artículos 77 y 82
del Decreto 2474 de 2008, conforme con los cuales la justificación de la contratación
directa se haría en el contrato.

94. Ahora, si la entidad buscaba insistir en que eran necesarios los estudios previos a
la luz de los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, lo cierto es que sí
debía remitirse a la providencia citada por el disciplinado porque, precisamente, fue a
través de esta que se hizo el control de legalidad de los artículos invocados en los
descargos.

95. En efecto, en sentencia del 7 de marzo de 201150 la Sección Tercera examinó una
demanda de nulidad en la que se consideró transgredido el parágrafo 1 del artículo 2
de la Ley 1150 de 2007, conforme con el cual, la entidad debe «justificar de manera
previa a la apertura del proceso de selección de que se trate, los fundamentos jurídicos que
soportan la modalidad de selección que se propone adelantar»; sin embargo, desestimó el
cargo con sustento en lo que sigue:

«En otro sentido, y en cuanto al ámbito de aplicación, se sabe que este requisito
es común a todos los procesos de selección, toda vez que de la ley se deduce

50 Radicación 11001-03-26-000-2009-00070-00 (37044).

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que los estudios y documentos previos son exigibles en todas las modalidades
de escogencia de contratistas –incluida la contratación directa-. Esto se infiere
de los numerales 7 y 12 del art. 25 de la ley 80, que regulan el principio de
economía -común a toda forma de contratación-, y en los numerales citados se
dispone, precisamente, que con "la debida antelación a la apertura del
procedimiento de selección o de la firma del contrato", se harán los estudios
previos necesarios para el proceso. Los dos numerales aluden: i) al proceso de
selección o ii) a la firma del contrato, según el caso; precisamente porque la ley
entiende que no siempre los contratos están precedidos de un proceso de
selección complejo, sino que, en ocasiones, la modalidad es tan sencilla que no
requiere de un procedimiento complejo de escogencia, sino de uno tan simple
como es hacerlo en forma directa, con el cumplimiento de unos requisitos
previos.

[...]

En este orden de ideas, el hecho de que el parágrafo 2 del art. 77 exima de este
requisito a los contratos que contempla el art. 82 del mismo decreto, no vulnera
por sí mismo el art. 2 parágrafo primero de la ley 1.150, sencillamente porque
no es verdad que el reglamento excluya a esta clase de contratos de la
obligación ineludible –por ley- de expresar los "fundamentos jurídicos que
soportan la modalidad de selección", ya que ésta se garantiza, exige y asegura
desde el momento en que se realizan los "estudios previos" a que se refiere el
art. 3.3 del reglamento.

En otras palabras, si lo que echa de menos el actor -que es en lo que consiste
la demanda de nulidad- es que en esta clase de contratos no se cumpla lo que
ordena el artículo 2 parágrafo 1 de la ley 1.150; resulta que no es cierto, porque
es claro que los "contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo
a la gestión" también requieren de los estudios y documentos previos, requisito
que necesaria e indefectiblemente exige el cumplimiento de este otro requisito
legal, pues el numeral 3, del artículo 3, del decreto 2.474 requiere,
expresamente, que en estos estudios se indiquen "Los fundamentos jurídicos
que soportan la modalidad de selección".» [se resalta]

96. Así las cosas, si la Procuraduría General de la Nación hubiera examinado esta
providencia habría llegado a la conclusión de que no se quebrantó el principio de
economía, en razón a que —tal como se demostró en el proceso disciplinario— sí se
realizaron los estudios previos, los cuales contenían los elementos exigidos en el
artículo 3 del Decreto 2474 de 2008 como ya se expuso en párrafos anteriores.

97. Pero, además, en el fallo de segunda instancia, no se examinó en debida forma
el argumento de apelación propuesto por el disciplinado, pues en este se acudió al
último inciso del artículo 82 del Decreto 2474 de 2008 [ejecución de trabajos artísticos]
y, en la considerativa, la autoridad disciplinaria se detuvo en el primero que hacía
alusión a la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que no era
aplicable al caso que se examinaba.

98. En lo que respecta a la justificación del valor del contrato, está demostrado que se
pactó en $19.000.000 y, aunque no se dijo qué comprendía, no puede deducirse algo
diferente de que se trataba de la obra de arte, pues el contratista era Gabriel Calle

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Arango quien —de acuerdo con el documento anexado al contrato— era un pintor y
muralista que «rompió el guinnes record por pintar un mural de más de 700 metros en el
menor tiempo» y creó otros para las alcaldías de Frontino, Apartadó, Santa Fe de
Antioquia, Santander de Quilichao, Palmira, La Tebaida [por citar algunos ejemplos],
así como en casas de cultura, estadios, centros hospitalarios, concejos municipales,
entidades públicas y privadas, avenidas de ciudades de Colombia, Ecuador y
Venezuela, lo que —sin duda— lo hacía la persona idónea para mejorar la fachada
del palacio municipal tal como se consignó en el contrato. Se aúna a lo anterior que el
3 de marzo de 2012 se suscribió la liquidación porque «las actividades objeto del contrato
fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a satisfacción por el Interventor», es
decir que la fachada del palacio municipal quedó restaurada y embellecida con una
auténtica obra de arte.

99. Es menester señalar que la doctrina se ha detenido en esta clase de contratos
que se celebran directamente, así51:

«De acuerdo con este literal [d, numeral 1, artículo 24 de la Ley 80 de 1993], la
norma derogada autorizaba a contratar la prestación de servicios profesionales
sin que mediara el criterio de la cuantía (que hoy sigue vigente), sino
exclusivamente las calidades particulares del profesional, ya sea abogado,
arquitecto, ingeniero, economista, contador, etc., que motivan a la
Administración a contratarlo. Igualmente, si la entidad está interesada en hacer
un mural o una escultura o un cuadro, tiene la potestad de escoger al artista que
lo pueda hacer, sin que se requiera de una convocatoria pública: son las
condiciones particulares del artista las que guían el proceso de selección, pues
si la entidad quiere un cuadro de BOTERO, únicamente será este el artista que
pueda realizar un cuadro de su autoría. La única limitación que se exige para
este tipo de contratación será que el ordenador del gasto certifique las razones
por las cuales acudió a este mecanismo de selección».

100. Ello se acompasa con la jurisprudencia de esta corporación, toda vez que en
sentencia del 7 de marzo de 201152 -citada en los descargos y en el recurso de
apelación- se definió la modalidad de contratación directa como «aquella forma de
escoger al contratista donde no es necesario que la administración obtenga dos o más ofertas,
toda vez que es la única manera de entender que de verdad la contratación es directa. Si
necesitara varias propuestas, la modalidad no sería esta, ya que la expresión contratación
directa debe dar la idea de que la contratación se realiza con quien la entidad escoja
libremente, de no ser así no sería directa».

101. Igualmente, precisó que para esta no se requiere la obtención de un número plural
de ofertas, por el contrario, «la escoge libremente, bien pidiendo una sola oferta o incluso
ninguna, pudiendo pasarse -en este último caso- a suscribir directamente el contrato». Y, en
este caso, los principios de la contratación estatal no desaparecen, sino que actúan
en forma reducida porque se adaptan a las circunstancias propias de espacios que no

51 Matallana Camacho, Ernesto. Manual de Contratación de la Administración Pública. Reforma de

la Ley 80 de 1993. 4ª Ed., Universidad Externado de Colombia, 2015, pág. 792.
52 Ver nota al pie 47.

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son los mismos que se presentan, por ejemplo, en la licitación pública; de esa manera,
se requiere «por ejemplo, que el contratista elegido no lo sea por razones políticas, o de
amistad, o de recomendación basada en criterios caprichosos, sino en motivos como la buena
calidad del trabajo, la experiencia profesional reconocida, la imagen pública de su actividad
profesional, entre otros factores objetivos y criterios de valoración profesional que alejan la
arbitrariedad, la subjetividad y el capricho de la selección del contratista, cuando se escoge en
forma directa», tal como ocurrió en este caso, comoquiera que el contratista fue un
artista reconocido por sus murales y pinturas a nivel nacional e internacional.

102. Así las cosas, la Sala considera que la falta gravísima prevista en el numeral 31
del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 no se configuró en el sub lite, pues si bien el
actor participó en la etapa precontractual y en la actividad contractual, no se
desconoció el principio de economía previsto en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993
porque (i) se justificó la contratación directa en los estudios previos y el contrato; (ii) el
objeto se contrajo a la ejecución de un trabajo artístico; y (iii) se encomendó a una
persona idónea y reconocida por su trabajo en murales con la técnica de esfumato.
En consecuencia, se revocará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda.

2.6. La decisión que se adopta

103. Con fundamento en lo expuesto, la Sala declararará la nulidad de los actos
administrativos del 21 de agosto y 28 de octubre de 2014, expedidos por la
Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá y la Procuraduría Regional de Antioquia,
respectivamente.

104. Ahora, en la demanda se solicitó lo siguiente:

104.1. Perjuicios morales: el equivalente a 200 smlmv porque vio «cuestionada su
honra y transparencia» y, adicionalmente, porque se afectó su buen nombre y
fue «tachado por la población que lo eligió como un corrupto y el daño a su
tranquilidad laboral, tristeza por lo sucedido a sabiendas que había actuado bien».

104.2. Perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente: los salarios y
prestaciones sociales dejados de percibir en el mes de suspensión que
ascendían a $6.441.927, más el 25% de prestaciones sociales que eran
$1.610.481, para un total de $8.052.408.

105. Respecto del primero [moral], ha de precisarse que, en oportunidad anterior53,
esta Subsección indicó que tiene existencia autónoma y se configura una vez
satisfechas las condiciones generales para su reconocimiento, a saber: que sea
particular, determinado o determinable, cierto, no eventual y que tenga relación con
un bien jurídicamente tutelado. Asimismo, la necesidad de que quien pretende el

53 Sentencia del 13 de abril de 2023, expediente 63001-23-33-000-2019-00049-01 (1349-2020), C.P.

Juan Enrique Bedoya Escobar

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reconocimiento de perjuicios morales debe acreditar su ocurrencia.

106. En ese orden, para que proceda el reconocimiento de la indemnización por
concepto de perjuicios morales generados por una sanción disciplinaria irregular, es
necesario convencer plenamente al juez de la existencia de un padecimiento
causado con ocasión de la sanción y la publicidad de aquella, de tal manera que
este, dentro de su discrecionalidad judicial, determine la magnitud del dolor,
aflicción, tristeza o congoja y, con fundamento en esto, la indemnización a
reconocer54.

107. En el presente asunto la Sala no encuentra sustento probatorio para su
reconocimiento. De hecho, en cuanto al derecho fundamental al buen nombre y a la
honra de las personas sobre las cuales recaen acusaciones, tiene una connotación
diferente cuando se trata de funcionarios públicos, pues se presenta un conflicto
entre los mencionados derechos y la necesidad de asegurar el ejercicio del control
de la gestión pública y la amplitud del escrutinio público respecto del cumplimiento
de las tareas que le son confiadas a quienes ejercen funciones públicas.

108. En consecuencia, al no contar con prueba alguna que permita inferir la
causación del referido perjuicio moral es claro que el demandante no demostró su
existencia y en ese sentido se negará la pretensión en la parte resolutiva.

109. En lo que concierne a los segundos [materiales en la modalidad de daño
emergente], se condenará a la Procuraduría General de la Nación a pagar los
salarios y prestaciones dejadas de percibir como consecuencia de la sanción
impuesta al demandante. Para tal efecto, deberá atenderse que mediante el Decreto
D003836 del 10 de diciembre de 2014 se hizo efectiva la sanción de suspensión de
1 mes y que se notificó el 11 de diciembre de 2014.

110. Los valores reconocidos en esta sentencia se deberán actualizar de acuerdo
con la fórmula que se describe a continuación:

R= Rh x Índice final
Índice inicial

111. Según la cual el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico
(Rh), por cuenta de los emolumentos reconocidos, por el guarismo que resulta de
dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente a la
fecha de ejecutoria esta sentencia) por el índice inicial (vigente para la fecha en que
debería efectuarse el pago).

112. La sentencia se cumplirá en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA.

54 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B.
Sentencia del 10 de julio de 2014. Radicación: 52001-23-31-000-2006-00268-01(0354-09). Actor:
Hermes Sánchez Adrada. Demandado: Procuraduría General de la Nación.

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2.7. Costas

113. El artículo 188 del CPACA prevé que, salvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil,
hoy Código General del Proceso.

114. Sobre la aplicación de esta norma, en la sentencia proferida el 1 de diciembre
de 201655, esta Subsección prohijó el siguiente criterio:

«La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial
gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción es
entendida por la Real Academia Española como «2. tr. Deliberar, determinar,
mandar lo que ha de hacerse». Ello implica que disponer en la sentencia sobre
la condena en costas no presupone su causación per se contra la parte que
pierda el litigio y solo, en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las
normas generales del procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo
366 del CGP).

En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones (civil,
comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en materia de costas
siempre es objetiva (artículo 365 del CGP), corresponde al juez de lo
contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición
de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso
a una aplicación razonable de la norma.

Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida esté
revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso normal de
las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea manifiesta la
carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición
o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; se
aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso, incidente o recurso para
fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; se
obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca el
desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan transcripciones o citas
deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).»

115. De acuerdo con lo transcrito, la condena en costas no se impone por el hecho
de haber sido vencido en juicio, sino que se debe examinar si existió alguna
maniobra dilatoria o temeraria que trastocara las etapas del proceso.

116. No evidencia la Sala que la parte vencida actuase con temeridad o mala fe, ni
se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso del trámite procesal,
razón por la cual no se impondrá condena en costas en ninguna instancia.

55 Subsección B, expediente 1908-2014.

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2.8. Conclusión

117. Por las razones anotadas en precedencia, se accederá a las pretensiones de la
demanda, toda vez que con la contratación directa para la prestación de servicios
artísticos no se quebrantó el principio de economía previsto en el artículo 25 de la
Ley 80 de 1993, pues el actor, en su condición de alcalde del municipio de Heliconia
para el periodo constitucional 2012 – 2015, cumplió con la justificación de la
necesidad y la contratación en los estudios previos y contrato.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Revocar la sentencia proferida el 7 de septiembre de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia que negó las pretensiones de la demanda. En su lugar:

Segundo. Declarar la nulidad de los actos administrativos disciplinarios proferidos el
21 de agosto y 28 de octubre de 2014, por medio de los cuales la Procuraduría
Provincial del Valle de Aburrá y la Procuraduría Regional de Antioquia,
respectivamente, sancionaron a John Fredy Ortiz Tabares con suspensión de un mes
del cargo de alcalde del Municipio de Heliconias, Antioquia.

Tercero. A título de restablecimiento del derecho, condenar a la Procuraduría General
de la Nación a pagar al demandante, de manera indexada, de acuerdo con la fórmula
señalada en la parte motiva, los salarios y prestaciones dejados de percibir como
consecuencia de la sanción anulada. Para tal efecto, deberá atenderse que mediante
el Decreto D003836 del 10 de diciembre de 2014 se hizo efectiva la sanción de
suspensión de 1 mes y que la decisión se notificó el 11 de diciembre de 2014.

Cuarto. Negar la pretensión relativa al pago de los perjuicios morales, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Quinto. Sin condena en costas.

Sexto. La sentencia se deberá cumplir en los términos de los artículos 192 y 195 del
CPACA.

Séptimo. Reconocer personería para actuar en representación de la parte
demandante a la abogada Cristina María Lemos Laverde, identificada con cédula de
ciudadanía 43.726.810 y tarjeta profesional 241.436 del C.S. de la J., en los términos
del poder de sustitución otorgado por el profesional Juan Carlos Beltrán Bedoya.

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Octavo. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.

Noveno. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones de
rigor en el aplicativo SAMAI

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Aclara el voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
Aclara el voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
PTH

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