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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-03436-01

Fecha
10 de abril de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
12 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-03436-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 4 de octubre de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda promovida por el señor Juan Carlos Giraldo Romero. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: Por Secretaría, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2015-03436-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

10 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 25000-23-42-000-2015-03436-01
Número Interno : 2688-2019
Demandante : Juan Carlos Giraldo Romero
Demandada : Nación – Procuraduría General de la Nación
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Disciplinario – Irregularidades en el procedimiento
disciplinario y desconocimiento de principios
constitucionales y convencionales.
Decisión : Sentencia de segunda instancia

La Sala procede a dar cumplimiento al fallo emitido por la Subsección B de la Sección
Tercera, con ponencia del Dr. Alberto Montaña Plata, el veinticuatro (24) de febrero de
dos mil veinticinco (2025), dentro de la acción de tutela con radicado: 11001-03-15-000-
2024-04153-00 (acumulado), 11001-03-15-000-2024-03980-00, 11001-03-15-000-
2024-04285-00, 11001-03-15-000-2024-05727-00 y en el que se indicó lo siguiente:

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por los Tribunales
Administrativos de Antioquia y Nariño, Víctor Isidro Ramírez Loaiza y Rafael Enrique Pretel
Martínez, por las razones aquí presentadas.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela identificada con el radicado No.
11001-03-15-000-2024-04285-00, específicamente, frente a las Sentencias de 12 de diciembre de
2023, proferidas en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho No. 76001-23-33-000-
2015-01017-01, 13001-23-33-000-2015-00784-01 y 18001-23-33-000-2016-00231-01, por no
cumplir con el requisito de inmediatez.
TERCERO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de la Procuraduría General de
la Nación. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS las Sentencias de (1) 3 de mayo de 2024,
Rad. 85001-23-33-000-2013-00249- 02; (2) 9 de mayo de 2024, Rad. 25000-23-42-000-2015-
03436-01; (3) 4 de julio de 2024, Rad. 05001-23-33-000-2014-01307-01; (4) 10 de julio de 2024,
Rad. 15001-23-33-000-2017-00478-01; (5) 26 de junio de 2024, Rad. 08001-23- 33-000-2020-
00392-02; (6) 26 de junio de 2024, Rad. 73001-23-33-000-2019- 00042-01; (7) 30 de mayo de
2024, Rad. 08001-23-33-000-2020-00388-01; (8) 3 de mayo de 2024, Rad. 54001-23-33-000-
2016-00221-01; (9) 24 de mayo de 2024, Rad. 54001-23-33-000-2016-00224-01; (10) 18 de julio
de 2024, Rad. 73001-23-33-000-2015-00589-01; (11) 18 de julio de 2024, Rad. 13001-23-33- 000-
2014-00294-01; (12) 9 de mayo de 2024, Rad. 52001-23-33-000-2014- 00563-01; (13) 6 de junio
de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2016-00592-00; (14) 9 de mayo de 2024, Rad. 27001-23-33-000-
2014-00010-01; (15) 9 de mayo de 2024, Rad. 68001-23- 3-000-2021-00070-01; (16) 15 de mayo
de 2024, Rad. 15001-23-33-000-2017-00604-01; (17) 23 de mayo de 2024, Rad. 41001-23-33-
000-2015-00905-01; (18) 5 de junio de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2016- 00173-00; (19) 3 de
mayo de 2024, Rad. 05001-23-33-000-2015-01775-01; (20) 15 de mayo de 2024, Rad. 25000-23-
42-000-2017-05284-03; (21) 25 de abril de 2024, Rad. 17001-23-33-000-2019-00613-01; (22) 8 de

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Número Interno: 2688-2019
Demandante: Juan Carlos Giraldo Romero
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación

febrero de 2024, Rad. 05001-23-33-000-2016-01396-00; (23) 22 de febrero de 2024, Rad. 20001-
23-33-003-2017-00007-01; (24) 15 de febrero de 2024, Rad. 11001-03-25-000- 2010-00052-00;
(25) 4 de abril de 2024, Rad. 70001-23-33-000-2014-00058-01; (26) 11 de abril de 2024, Rad.
11001-03-25-000-2019-00359-00; (27) 18 de abril de 2024, Rad. 52001-23-33-000-2015-00285-
01; (28) 23 de mayo de 2024, Rad. 44001-23-40-000-2016-00156-01; (29) 9 de mayo de 2024,
73001- 23-33-000-2019-00344-01; (30) 9 de mayo de 2024, Rad. 73001-23-33-000- 2019-00289-
01; (31) 9 de mayo de 2024, Rad. 25000-23-42-000-2013-01351- 01; (32) 25 de julio de 2024, Rad.
52001-23-33-000-2018-00394-01; (33) 18 de julio de 2024, Rad. 15001-23-33-000-2019-00530-
01; (34) 1 de agosto de 2024, Rad. 15001-23-33-000-2019-00639-01; (35) 25 de julio de 2024,
Rad. 41001-23- 33-000-2017-00175-01; (36) 2 de octubre de 2024, Rad. 27001-23-33-000- 2018-
00099-01; (37) 2 de octubre de 2024, Rad. 17001-23-33-000-2018-00136- 01; (38) 2 de octubre
de 2024, Rad. 27001-23-33-000-2018-90017-01; (39) 2 de octubre de 2024, Rad. 44001-23-40-
000-2016-00192-01; (40) 2 de octubrede 2024, Rad. 54001-23-33-000-2019-00356-01; (41) 2 de
octubre de 2024, Rad. 54001-23-33-000-2019-00252-01; (42) 2 de octubre de 2024, Rad. 73001-
23-33-000-2019-00301-01; y (43) 2 de octubre de 2024, Rad. 73001-23-33-000- 2019-00229-01,
proferidas por las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las
razones indicadas en esta providencia.
CUARTO: ORDENAR a las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
que, dentro de los 30 días contados a partir de la notificación de esta providencia, profieran las
sentencias de remplazo, según su competencia, en los procesos referenciados en el numeral
anterior y en consideración a lo aquí decidido.

Por consiguiente, la Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia del 4 de octubre de 2018 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B que negó las
pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

El señor Juan Carlos Giraldo Romero, por conducto de apoderado, acudió a la
jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar lo siguiente:

1.1. Pretensiones

Declarar la nulidad de los actos administrativos disciplinarios de primera instancia
proferidos por la Procuraduría provincial de Armenia el 28 de mayo de 2014 y el de
segunda instancia emanado de la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia
Administrativa proferido el 24 de octubre de 2014, los cuales quedaron ejecutoriados y
se hicieron efectivos mediante Decreto núm. 0000634 del 5 de diciembre de 2024
expedido por la Gobernación del Quindío1.

1 Folio 136 cuaderno físico.

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Número Interno: 2688-2019
Demandante: Juan Carlos Giraldo Romero
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación

A título de restablecimiento del derecho, solicitó: (i) el reintegro al mismo cargo de
Alcalde Municipal de Calarcá (Q); (ii) la cancelación de los registros de la sanción
disciplinaria de la base de datos de la Procuraduría; (iii) el pago de salarios,
prestaciones sociales, bonificaciones, y demás emolumentos dejados de percibir desde
el momento de la desvinculación hasta que se haga efectivo el reintegro; (iv) el pago de
los aportes a la seguridad social; (v) la aplicación de los intereses moratorios que se
causen desde la suspensión, hasta la ejecutoria de la sentencia judicial que ponga fin
al proceso en los términos previstos en artículo 192 del CPACA y la respectiva
indexación.

Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:

El demandante describió que se presentaron dos quejas disciplinarias en su contra ante
la Procuraduría provincial de Armenia, la primera del 18 de enero de 2012, suscrita por
la señora Carmen Rosa Pérez, por medio de la cual puso en conocimiento presuntas
irregularidades en la suscripción del contrato de prestación de servicios de vigilancia
núm. 001 de 2012 con la empresa Wolves Security Ltda., y la segunda del 26 de enero
de ese mismo mes y año, proveniente de la División de Registro y Control de la
Procuraduría General de la Nación, que hizo mención a la gestión adelantada por el
alcalde municipal de Calarcá (Q).

Que, como consecuencia de las mencionadas quejas, el 29 de febrero de 2012 la
Procuraduría Provincial de Armenia dio apertura de la indagación preliminar en contra
de Juan Carlos Giraldo Romero en condición de alcalde municipal de Calarcá.

El 3 de mayo de 2012, el grupo de seguridad VIPCOL Ltda. presentó queja en la
Procuraduría en su contra por la presunta irregularidad cometida dentro del proceso de
contratación de selección abreviada de menor cuantía núm. 006 de 2012, al contratar a
una empresa de vigilancia y seguridad privada sin los requisitos de ley, lo que conllevó
a que el órgano de control profiriera el auto de apertura de investigación disciplinaria del
27 de febrero de 2013.

Que el 30 de agosto de 2013, la Procuraduría provincial de Armenia formuló pliego de
cargos en su contra, en el que se elevaron cargos al disciplinado «… por considerarlo
presuntamente responsable de falta disciplinaria por incursión en conducta descrita en
la ley como delito, a título de dolo y con ocasión del desempeño del cargo, con lo cual

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Número Interno: 2688-2019
Demandante: Juan Carlos Giraldo Romero
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación

se presume que incurrió en falta gravísima, de acuerdo a lo previsto en el artículo 48
numeral 1 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con los artículos 409 y 410 de la Ley
599 de 2000, Código Penal Vigente para los Colombianos».

Durante el trámite y previamente a que se profiriera decisión de primera instancia, el
disciplinado formuló ante señor procurador general de la Nación sendas solicitudes de
cambio de radicación del proceso, las cuales fueron resueltas a través de providencia
del 16 de mayo de 2024 en la que se dispuso «el cambio de radicación de las
actuaciones disciplinarias que cursa en la Procuraduría Provincial de Armenia, proceso
IUC-D-2012-6002497435, en contra de Juan Carlos Giraldo Romero, Alcalde municipal
de Calarcá (Quindío) a la Procuraduría Provincial de Pereira.

Pese haber sido expedida la anterior decisión el 16 de mayo de 2024, la Procuraduría
Provincial de Armenia, sin tener competencia para ello, profirió fallo de primera instancia
el 28 de mayo de 2014 en el que lo declaró responsable disciplinariamente y le impuso
el correctivo de destitución del cargo de alcalde del Municipio de Calarcá, Departamento
del Quindío, e inhabilidad general por el término de 12 años.

Inconforme con dicha actuación, presentó solicitud de nulidad y recurso de apelación,
que fue resuelto por la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa
a través de fallo de segunda instancia del 24 de octubre de 2014, en el que negó la
nulidad propuesta y modificó el término la inhabilidad para imponerla por 11 años. En lo
demás, confirmó el fallo apelado.

Este fue notificado por edicto y sus efectos de ejecución y cumplimiento se surtieron a
partir de la expedición del Decreto núm. 000634 del 5 de diciembre de 2014 a través del
cual la Gobernación del Quindío lo separó del cargo de alcalde del Municipio de Calarcá.

1.2. Normas violadas y concepto de violación

Constitución Política, artículos 6; 13; 29; 209; Ley 734 de 2002 artículos 4; 5; 6; 9;
13;18;20; 22;23; 26; 27; 43; 48 numeral 01 y 143; Ley 80 de 1993 artículos 1 y 32; Ley
599 de 20000, artículo 410; Decreto Ley 356 de 1994, artículos 1;2; 3; 4; 8; 11 y 13;
Decreto 2187 de 2011 artículos 1 y 5 y Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), artículos 1; 3 y 44.

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Número Interno: 2688-2019
Demandante: Juan Carlos Giraldo Romero
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Como concepto de violación, el apoderado del actor señaló que los actos acusados se
encuentran viciados de nulidad por los siguientes cargos:

1.2.1. Falta de competencia del funcionario que expidió el acto, defecto orgánico
y procedimental absoluto y violación de las normas que debía fundarse.
Argumentó que la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa debió advertir
las irregularidades sustanciales y decretar la nulidad del fallo de primera instancia del
28 de mayo de 2014, pues este fue proferido por un funcionario sin competencia, como
consecuencia del cambio de radicación ordenado el 16 de mayo 2014 en el que el
procurador general de la Nación ordenó remitir las actuaciones al Procurador Provincial
de Pereira, con lo que vulneró el debido proceso y el artículo 143 de la ley 732 de 2002.

1.2.2. Falsa motivación, violación de las reglas de fondo y error en la
interpretación del derecho, infracción de las normas por desconocimiento de la
presunción de inocencia y del principio de imparcialidad de la autoridad
disciplinaria. Sostuvo que los fallos sancionatorios desconocieron la presunción de
inocencia ante la ausencia de pruebas que sustentaran la responsabilidad disciplinaria.
Por el contrario, estaba acreditado que, en su condición de alcalde, obró dentro del
marco de sus funciones y facultades legales en el proceso contractual.

Además, la imputación a título de dolo se realizó de manera objetiva, pues las
autoridades disciplinarias no tenían ningún elemento para sustentar su conduta bajo
esta modalidad de culpabilidad.

1.2.3. Infracción a las normas del C.D.U. por ausencia de tipicidad de la conducta
imputada, inexistencia del deber funcional presuntamente violado e inexistencia
del dolo presuntamente probado y defecto fáctico. La conducta imputada no se
enmarcó dentro de los deberes funcionales del alcalde que son solamente de carácter
político y administrativo, sin que ello implicara que debiera «responder por todo» pues,
en el municipio existía una desconcentración de funciones a otros empleados para la
actividad contractual, como lo prevé el manual de contratación de la entidad territorial.

Adicionalmente, precisó que, aunque él firmó los contratos núm. 001 y 025 de 2012, lo
hizo bajo el principio de la confianza legítima de las recomendaciones del comité de
contratación y evaluación, en tanto, en su condición de alcalde, no contaba con la
preparación técnico – jurídica necesaria para dudar de lo que su comité le recomendara.

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Demandante: Juan Carlos Giraldo Romero
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1.2.4. No demostraron la infracción de las normas de contratación y, por ende, no
existía tipicidad de la Ley 599 de 2000. Manifestó que no se configuró la trasgresión
de la Ley 80 de 1993, pues el proceso de selección abreviada de menor cuantía núm.
006 de 2012 garantizó la pluralidad de oferentes y las reglas objetivas e imparciales,
razón por la cual, precisamente, se estableció como único requisito fue la licencia de
funcionamiento de las empresas de vigilancia conforme el artículo 91 del Decreto Ley
356 de 1994, sin requerir que los oferentes tuvieran agencia para operar en el
departamento del Quindío, con el fin de no favorecer a una u otra empresa oferente.

1.2.5. Violación por error de derecho y de hecho. Las pruebas aportadas por la
defensa fueron desatendidas por la autoridad disciplinaria, pues existía abundante
prueba testimonial y documental que demostraba la inexistencia del dolo, además que
la misma Circular 01 de 2012 emanada de la Superintendencia de Vigilancia precisó
que «en aquellos casos en que exista pequeña distancia entre el centro de operaciones
y el lugar de prestación de servicios o se pueda garantizar un adecuado ejercicio de la
supervisión y reacción a situaciones de amenaza, no es necesaria la apertura de un
agencia o sucursal».

1.2.6. Defecto sustantivo de la decisión por la inobservancia del principio pro
homine y violación al principio de especificidad. En su criterio, las actuaciones
disciplinarias vulneraron el principio pro homine, pues en el caso concreto se debió
enfatizar en la protección de los derechos fundamentales y debió acogerse por
favorabilidad la conducta culposa, toda vez que, el dolo nunca se probó y se fundamentó
de forma caprichosa y arbitraria como una responsabilidad objetiva, trasgrediendo la
presunción de inocencia e imparcialidad del juzgador.

2. Contestación de la demanda

Corrido el traslado de la demanda a la Procuraduría General de la Nación de
conformidad con lo ordenado por auto del 29 de junio de 2016 2, mediante notificación
por correo efectuada el 22 de septiembre de ese mismo año 3, no se efectuó
manifestación alguna4.

2 Folios 279 del expediente físico.
3 Folios 283 del expediente físico.
4 Tal y como evidencia en la constancia secretarial que obra a folio 287 del expediente físico.

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Demandante: Juan Carlos Giraldo Romero
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3. La sentencia de primera instancia5

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B,
mediante sentencia proferida el 4 de octubre de 2018, negó las pretensiones de la
demanda y se abstuvo de condenar en costas, por las siguientes razones:

En cuanto a la falta de competencia de la Procuraduría Provincial de Armenia alegada
por el demandante, consideró que a la fecha en que se profirió el fallo de primera
instancia, esto es, el 28 de mayo de 2014, esta no tenía conocimiento del auto del 16
de ese mismo mes y año en el que el procurador general de la Nación ordenó el cambio
de radicación a la Procuraduría Provincial de Pereira, razón por la cual encontró
acertada la decisión de la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia
Administrativa de negar la nulidad del fallo de primera instancia.

Respecto del desconocimiento de la presunción de inocencia por falta de pruebas que
sustentaran la responsabilidad, después de relacionar los medios probatorios
recaudados en la actuación administrativa, el Tribunal estableció la existencia de
material probatorio suficiente para sustentar los fallos disciplinarios.

En relación con el argumento según el cual no se demostró la infracción de las normas
de contratación y tampoco se acreditó la tipicidad de la Ley 599 de 2000, el Tribunal
precisó que la sanción obedeció a la celebración de un contrato sin el cumplimiento de
los requisitos legales.

En cuanto a la «violación de las reglas de derecho de fondo por error de derecho y de
hecho», sostuvo que este cargo se sustenta en apreciaciones subjetivas según las
cuales no se tuvieron en cuenta unas pruebas, sin especificar a qué medios de prueba
se refiere.

Finalmente, en lo concerniente al defecto sustantivo y a la inobservancia del principio
pro homine, concluyó que la actuación desplegada por la entidad accionada estuvo
ajustada a derecho.

5 Folios 394 a 412 del expediente físico.

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Demandante: Juan Carlos Giraldo Romero
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación

4. El recurso de apelación6.

La parte demandante interpuso recurso de apelación por considerar que existió: (i)
«infracción directa de la Constitución y la Ley»; (ii) «violación de las reglas de fondo y
directa de la Ley 734 del 2002, Ley 80 de 1993 y Ley 599 del 2000 e incompetencia del
funcionario que expidió el acto, defecto orgánico y procedimental absoluto y violación
de las normas en que debía fundarse los actos sancionatorios»; (iii) «falsa motivación,
violación de reglas de fondo y error en la interpretación del derecho. Infracción de las
normas por desconocimiento de la presunción de inocencia y del principio de
imparcialidad de la autoridad disciplinaria»; (iv) violación de las reglas de derecho de
fondo y error de hecho y (v) «desconocimiento por defecto sustantivo (…) e
inobservancia del principio pro homine y violación de reglas de fondo principio de
especificidad».

Señaló que es un hecho notorio la actuación arbitraria de la Procuraduría General de la
Nación en la expedición de los fallos disciplinarios, por lo que pidió que se aplique la
sentencia proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado en el caso de Gustavo
Petro Urrego con el fin que se evalúen de forma integral los actos administrativos
demandados pues, en su criterio, el Tribunal de primera instancia hizo un mero control
formal de los actos acusados, debiendo realizar un análisis desde el punto de vista
material.

Sobre la infracción directa a la Constitución y a la ley, señaló que ni el apoderado
de la demandada ni el a quo lograron desvirtuar que los actos sancionatorios fueron
expedidos en abierta infracción de la norma disciplinaria, además que el Tribunal se
dedicó a realizar una transcripción de las ilegales razones que tuvieron los funcionarios
de la Procuraduría para imponer la sanción.

En relación con la «violación de las reglas de fondo y directa de la Ley 734 del
2002, Ley 80 de 1993 y Ley 599 del 2000 e incompetencia del funcionario que
expidió el acto, defecto orgánico y procedimental absoluto y violación de las
normas en que debía fundarse los actos sancionatorios» (sic) precisó que, de
haberse dado prevalencia a la efectividad del derecho sustancial, el Tribunal debió

6 Folios 421 a 443 del expediente.

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Número Interno: 2688-2019
Demandante: Juan Carlos Giraldo Romero
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación

concluir que era deber de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa
declarar la nulidad del fallo de primera instancia proferido por la Procuraduría Provincial
de Armenia, pues era absolutamente claro que este fue expedido por un funcionario sin
competencia, en tanto la decisión del 16 de mayo de 2014 proferido por el señor
procurador general de la Nación había ordenado el cambio de radicación del proceso a
la Procuraduría Provincial de Armenia, auto que por ser de cúmplase debía ser
obedecido de manera inmediata.

Adicionalmente, señaló que «El a quo no revis[ó] que en el proceso de nulidad se probó
que desde el despacho de la PROCURADUR[Í]A AUXILIAR, se le llam[ó] a la
Procuraduría Provincial el día 3 de junio de los corrientes para saber de la existencia
del fallo y se puso al teléfono con este abogado; en esa llamada el mismo Procurador
me manifestó que s[í] existía el fallo, pero que no me iba a comunicar ni notificar el
mismo, porque obedecía lo dicho por el señor Procurador General. Sin embargo, de
forma antijurídica ESE MISMO DÍA EN HORAS DE LA TARDE, expide una
comunicación a los sujetos procesales, pero FALSEANDO A LA VERDAD, porque le
coloca fecha 29 de mayo. Esa situación era verificable con la guía del operador 472, en
la cual se prueba de forma clara que fue entregada el 3 de junio de 2014 a las 5:19
p.m.».

Respecto de los cargos de «falsa motivación, violación de reglas de fondo y error
en la interpretación del derecho. Infracción de las normas por desconocimiento
de la presunción de inocencia y del principio de imparcialidad de la autoridad
disciplinaria», quedó probado que los fallos disciplinarios desconocieron la presunción
de inocencia, no solamente por la falta de imparcialidad reseñada en el cargo anterior
sino, también, por la falta de pruebas que sustentaran la responsabilidad endilgada y la
omisión de la entidad en considerar las evidencias que acreditaban que el alcalde obró
en el marco de sus funciones y facultades legales.

Igualmente, desconocieron que el proceso contractual siempre estuvo adelantado por
funcionarios que impulsaron el trámite precontractual con total apego a la normatividad
y que el solo hecho de ser ordenador del gasto no permitía de manera alguna presumir
el dolo, ya que este debía ser debidamente probado.

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Demandante: Juan Carlos Giraldo Romero
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Al efecto, insistió en que los operadores disciplinarios interpretaron de forma errónea la
exigencia acreditar la existencia de una agencia con la licencia de funcionamiento, esta
última que sí fue exigida y aportada en el proceso contractual.

Frente a las «causales de nulidad del acto por evidente infracción a las normas
del C.D.U. por ausencia de tipicidad de la conducta imputada, inexistencia del
deber funcional presuntamente violado e inexistencia del dolo presuntamente
probado y defectos fácticos», precisó que en ninguno de los fallos se demostró la
infracción de un deber funcional.

En efecto, la conducta imputada como falta disciplinaria no se encuadró dentro de los
deberes funcionales específicos del señor Juan Carlos Giraldo Romero en su condición
de alcalde, el cual es de carácter político y administrativo, sin que ello implique «que
deba responder por todo, tal y como débilmente lo consideraron los operadores
disciplinarios».

Expuso que, para concretar una infracción a los deberes, es necesario determinar si la
función era exigible al servidor público investigado, en tanto en materia disciplinaria está
proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Por tanto, no son predicables las
conductas endilgadas al disciplinado por el solo hecho de ser alcalde municipal,
representante legal de la entidad y, como tal, responsable de la contratación, ya que las
funciones y obligaciones deben examinarse acorde con los roles de cada una de las
dependencias del municipio establecidas en el Manual de Funciones y en el Reglamento
de Contratación.

En este caso, la actividad contractual del alcalde se había desconcentrado en otros
funcionarios de la administración municipal como lo demuestra el manual de
contratación, los informes de evaluación y las respuestas a las observaciones
presentadas por los proponentes, a las solicitudes de aclaración y a las observaciones
a la evaluación, las cuales siempre fueron signadas por el Comité de Contratación y la
Secretaría de Asuntos Administrativos.

Además, si bien él firmó los contratos núm. 001 y 025 de 2012, «esta actuación la hizo
bajo el principio de CONFIANZA LEGÍTIMA, pues en quien más va a confiar que en su
comité de contratación y evaluación. Además, sabía la Procuraduría que él no contaba
con la preparación técnico jurídico necesario, por su profesión y no tenía elementos para

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dudar lo que su comité de asesores le recomendada (sic), el cual por demás estaba
integrado por personal idóneo y además por su equipo jurídico que revisa previamente
los actos a firmar».

De otra parte, contrario a lo señalado por los falladores disciplinarios, el proceso
contractual lo que buscó siempre fue garantizar la pluralidad de oferentes y no cerrar de
forma antijurídica la presentación de los mismos con un criterio territorial que podía
trasgredir el derecho a la igualdad, por lo que se establecieron reglas objetivas e
imparciales que permitieran la pluralidad de oferentes, por lo que se exigieron
únicamente los requisitos esenciales como la licencia de funcionamiento referida en el
artículo 91 del Decreto Ley 356 de 1994 que rige a las empresas de vigilancia; sin exigir
que tuvieran agencia para operar en el Quindío como lo pretendía el quejoso para
obtener ventaja sobre los demás competidores.

Así las, la Procuraduría «interpretó equivocadamente el artículo 5º del Decreto 2187 de
2011, porque no tuvo en cuenta que el verbo rector de ese precepto es “REQUERIR”;
es decir que la empresa es quien debe hacer una autoevaluación para determinar si
requiere o no la autorización de una sucursal y no puede de modo alguno interpretarse
que este es un prerrequisito de operación porque si eso fuese así, de qu[é] valdría la
licencia de funcionamiento. Menos considerar que este requisito es ESENCIAL y
asimilarlo, como equivocadamente y lo hizo el AD QUEM a una LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO, ya que esta es UNA SOLA y en modo alguno se puede confundir
AGENCIA, con LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO (…)» (sic).

Además, expuso que al proceso disciplinario fueron aportadas pruebas que, de haber
sido valoradas, habrían conducido a una decisión diferente. En efecto, existía abundante
prueba testimonial y documental en la que se demostraba que este no actuó con dolo
y, por el contrario, su comportamiento obedeció al total apego a la norma.

Evidencia de lo anterior es que reposa en el expediente un documento emanado de la
Superintendencia de Vigilancia, la Circular Externa 01 de 2012, que establece que «en
aquellos casos en que exista pequeña distancia entre el centro de operaciones y el lugar
de prestación del servicio o se pueda garantizar un adecuado ejercicio de la
supervisión y reacción a situaciones de amenaza, no es necesaria la apertura de
una agencia o sucursal». Sin embargo, los falladores, de forma caprichosa, no hicieron
esta lectura y, de forma subjetiva, midieron la distancia por horas de viaje por tierra.

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Finalmente, manifestó que se inobservó el principio pro homine que orienta la actividad
a elegir las normas menos restrictivas de los derechos, por lo que, al no encontrar
demostrado el dolo, el fallador disciplinario de segunda instancia debió establecer que
la conducta era culposa.

5. Alegatos de conclusión7

Mediante auto del 27 de agosto de 2019, el despacho sustanciador admitió el recurso
de apelación interpuesto por el demandante8, y en auto del 24 de noviembre de 2020
corrió traslado para alegar de conclusión, en virtud del numeral 4 del artículo 247 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)9.
la parte demandante10 y demandada11 presentaron los alegatos de conclusión.

II. CONSIDERACIONES

Cuestión previa

Antes de estudiar el fondo del asunto, la Sala estima necesario precisar las razones por
las cuales se está adoptando una nueva decisión en el sub-lite.

Debe decirse que mediante sentencia del nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro
(2024), esta Subsección revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, «SEGUNDO:
Como consecuencia de la decisión anterior, declarar la nulidad de los fallos disciplinarios del 28 de mayo
y 24 de octubre de 2014, proferidos por la Procuraduría General de la Nación, que destituyeron e
inhabilitaron al señor Juan Carlos Giraldo Romero por el término de 11 años (…)».

Sin embargo, esta providencia fue dejada sin efectos el veinticuatro (24) de febrero de dos
mil veinticinco (2025), dentro de la acción de tutela con radicado: 11001-03-15-000-2024-

7 Folio 455 del expediente físico.
8 FolioS 449 del expediente físico.
9 “(…) ARTÍCULO 247. TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIAS. <Artículo modificado

por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> El recurso de apelación contra las
sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento:
(…)
4. Desde la notificación del auto que concede la apelación y hasta la ejecutoria del que la admite en segunda
instancia, los sujetos procesales podrán pronunciarse en relación con el recurso de apelación formulado por los
demás intervinientes.
(…)”.
10 Índice 0014 expediente digital Samai.
11 Índice 0013 expediente digital Samai.

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04153-00 (acumulado), 11001-03-15-000-2024-03980-00, 11001-03-15-000-2024-04285-
00, 11001-03-15-000-2024-05727-00.

El fundamento para adoptar la decisión por parte de la Subsección B de la Sección Tercera
fue:

«56. Las decisiones judiciales, proferidas por las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, se fundaron en que, de conformidad con las normas convencionales, así como
las órdenes derivadas de la Sentencia de 8 de julio de 2020 de la Corte IDH para el caso Petro Urrego
vs. Colombia, la Procuraduría General de la Nación no era competente para limitar, con las aludidas
sanciones, los derechos políticos de quienes fueron electos por voto popular, para la fecha en que
fueron proferidos los actos administrativos demandados dentro de los respectivos procesos. En otras
palabras, la autoridad judicial dio aplicación a una excepción de inconvencionalidad respecto del
ordenamiento jurídico interno que desconoció el principio de jurisdiccionalidad contenido
en el artículo 23.2 de la CADH26.
57. En ese orden de ideas, dado el contenido y alcance de los reparos planteados por la parte actora,
los mismos serán estudiados de forma conjunta, es decir, se analizará la tesis adoptada por las
Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado para los casos enjuiciados, de
cara a la postura de la Corte Constitucional sobre la potestad sancionatoria de la Procuraduría General
de la Nación respecto de empleados públicos de elección popular, así como la interpretación que, en
ese marco, se le ha dado al artículo 23.2 de la CADH, sobre limitación de los derechos políticos.
58. En Sentencia C-028 de 2006, la Corte Constitucional, al analizar la exequibilidad de los artículos
44 (numeral 1), 45 (numeral 1, literal d) y 46 de la Ley 734 de 2002, concluyó que la facultad otorgada
por el legislador a la Procuraduría General de la Nación para sancionar a servidores públicos de
elección popular, mediante la limitación, de forma temporal o definitiva, de los derechos políticos, no
contrariaba los artículos 93 de la Constitución Política y 23 de la CADH, (se trascribe)
…
62. Finalmente, b la Sentencia C-030 de 2023, la Corte Constitucional, al revisar la exequibilidad de
la titularidad de la potestad disciplinaria y funciones jurisdiccionales de la Procuraduría General de la
Nación, en el marco de la Ley 2094 de 2021, estableció que la aludida potestad fue otorgada a esa
autoridad por expreso mandato constitucional (artículos 118 y 277 de la Constitución Política). No
obstante, la misma debía ser interpretada de forma sistemática y armónica con la CADH y, en
consecuencia, debía respetar el principio de reserva judicial para las sanciones que limiten derechos
políticos. Por lo tanto, el recurso extraordinario de revisión constituía un remedio que garantizaría la
intervención del juez de lo contencioso administrativo.
63. A partir de lo anterior, se tiene entonces que para la época en la que fueron proferidas las
decisiones administrativas de carácter sancionatorio, existía una tesis consolidada de la Corte
Constitucional que avalaba la competencia de la Procuraduría General de la Nación para sancionar,
con destitución e inhabilidad, a servidores públicos de elección popular, respecto de la cual las
Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado se apartaron indebidamente, dado
el carácter de cosa juzgada constitucional que el tema tenía a la fecha de expedición de las decisiones
enjuiciadas.
…».

En ese contexto, la Subsección debe acatar la orden dada en el amparo judicial
mencionado.

Sin embargo, debe expresarse que las razones expresadas en el fallo no son de recibo
porque se traducen en un incumplimiento de las obligaciones del CADH, lo cual puede
acarrearle responsabilidad internacional al Estado Colombiano.

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Con relación al artículo 23 de la Convención Americana que consagra los derechos
políticos12, los Estados Parte se comprometen a garantizar y proteger conforme a los
demás términos de la Convención, la jurisprudencia de la CIDH ha precisado, entre
muchos otros aspectos, que, los ciudadanos, no sólo deben gozar de derechos, sino
también de «oportunidades»; que ello implica la obligación de garantizar con medidas
positivas que toda persona que formalmente sea titular de derechos políticos tenga la
oportunidad real para ejercerlos, por cuanto estos derechos y su ejercicio propician el
fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político; que el Estado debe propiciar
las condiciones y mecanismos para que dichos derechos puedan ser ejercidos de forma
efectiva, respetando el principio de igualdad y no discriminación13.

No obstante lo anterior, la Corte IDH reconoce que los derechos políticos no son
absolutos, que su ejercicio puede estar sujeto a regulaciones o restricciones, pero la
facultad de regular o restringirlos no es discrecional, sino que está limitada por el
derecho internacional, el cual requiere el cumplimiento de determinadas exigencias que,
de no ser respetadas, transforman la restricción en ilegítima y contraria a la Convención
Americana.

Al respecto, la Corte IDH ha dicho que el párrafo 2 del artículo 23 de la Convención
establece que la ley puede reglamentar el ejercicio y las oportunidades a los derechos
reconocidos en el párrafo 1 de dicho artículo, «exclusivamente» en razón de la «edad,
nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por
juez competente, en proceso penal»14. También que, como lo establece el artículo 2915

12 Artículo 23 Derechos Políticos

1.Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:

a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente
elegidos;
b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto
secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y
c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

2. La ley debe reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior,
exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o
condena, por juez competente, en proceso penal.
13 Sentencia del 8 de julio de 2020.
14 ibidem
15 Artículo 29 Normas de Interpretación Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el

sentido de: a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos
y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; b) limitar el goce y
ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los
Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados; c) excluir otros derechos
y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno,
y d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y
otros actos internacionales de la misma naturaleza.

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de la Convención, ninguna norma de la Convención puede ser interpretada en sentido
de limitar los derechos en mayor medida que la prevista en ella.

En cuanto a las condiciones en que las restricciones a los derechos políticos podrían
ser válidas conforme al artículo 23-2, en la sentencia del 8 de julio de 2020 la Corte
refirió que en la sentencia del 1.º de septiembre de 2011 en el caso López Mendoza Vs.
Venezuela, esa mismo Tribunal señaló:

107. El artículo 23.2 de la Convención determina cuáles son las causales que permiten restringir
los derechos reconocidos en el artículo 23.1, así como, en su caso, los requisitos que deben
cumplirse para que proceda tal restricción. En el presente caso, que se refiere a una restricción
impuesta por vía de sanción, debería tratarse de una “condena, por juez competente, en proceso
penal”. Ninguno de esos requisitos se ha cumplido, pues el órgano que impuso dichas sanciones
no era un “juez competente”, no hubo “condena” y las sanciones no se aplicaron como resultado
de un “proceso penal”, en el que tendrían que haberse respetado las garantías judiciales
consagradas en el artículo 8 de la Convención Americana.

En la sentencia del 8 de julio de 2020 caso Petro Vs. Colombia16 la CIDH determinó que
las sanciones de destitución e inhabilitación de funcionarios públicos democráticamente
electos por parte de una autoridad administrativa disciplinaria, en tanto restricciones a
los derechos políticos no contempladas dentro de aquellas permitidas por la Convención
Americana, son incompatibles no solo con la literalidad del artículo 23.2 de la
Convención, sino también con el objeto y fin del mismo instrumento.”

Teniendo como precedente la sentencia del 1º de septiembre de 2011 del caso López
Mendoza Vs. Venezuela, la Corte asumió una interpretación literal del artículo 23.2 de
la CADH para afirmar que es claro en el sentido que no permite que órgano
administrativo alguno pueda aplicar una sanción de inhabilitación o destitución para el
ejercicio de los derechos políticos a elegir y ser elegido, ya que solo puede serlo por
sentencia de juez competente en proceso penal:

«96. La Corte reitera que el artículo 23.2 de la Convención Americana es claro en el sentido
de que dicho instrumento no permite que órgano administrativo alguno pueda aplicar una
sanción que implique una restricción (por ejemplo, imponer una pena de inhabilitación o
destitución) a una persona por su inconducta social (en el ejercicio de la función pública o
fuera de ella) para el ejercicio de los derechos políticos a elegir y ser elegido: sólo puede
serlo por acto jurisdiccional (sentencia) del juez competente en el correspondiente proceso
penal. El Tribunal considera que la interpretación literal de este precepto permite arribar a
esta conclusión, pues tanto la destitución como la inhabilitación son restricciones a los
derechos políticos, no sólo de aquellos funcionarios públicos elegidos popularmente, sino
también de sus electores.»

16 Específicamente en cuanto a los alcances de los artículos 23.1 y 23.2 de la Convención Americana la sentencia

del 8 de julio de 2020 de la CIDH desarrolla el tema en los párrafos 90 a 98.

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Además de la interpretación literal la CIDH acudió a la interpretación teleológica para
sustentar su posición, al relacionar el alcance dado al artículo 23.2 con el objeto y fin
de la Convención en punto a la protección de los derechos fundamentales de los seres
humanos y a la consolidación y protección de un ordenamiento democrático:

“97. Esta interpretación literal resulta corroborada si se acude al objeto y fin de la Convención para
comprender los alcances del artículo 23.2 del mismo instrumento. La Corte ha afirmado que el
objeto y fin de la Convención es “la protección de los derechos fundamentales de los seres
humanos”126, así como la consolidación y protección de un ordenamiento democrático127[l]os
derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de
todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática”. El artículo 23.2
de la Convención corrobora esa finalidad, pues autoriza la posibilidad de establecer regulaciones
que permitan la existencia de condiciones para el goce y ejercicio de los derechos políticos. De
igual forma lo hace la Declaración Americana en su artículo XXVIII, en el sentido de que reconoce
la posibilidad de establecer restricciones al ejercicio de los derechos políticos cuando estos son
“necesarios en una sociedad democrática”.

“98. La interpretación teleológica permite resaltar que, en las restricciones a los derechos
reconocidos por la Convención, debe existir un estricto respeto de las debidas garantías
convencionales. La Corte considera que el artículo 23.2 de la Convención, al establecer un listado
de posibles causales para la limitación o reglamentación de los derechos políticos, tiene como
objeto determinar criterios claros y regímenes específicos bajo los cuales dichos derechos pueden
ser limitados. Lo anterior busca que la limitación de los derechos políticos no quede al arbitrio o
voluntad del gobernante de turno, con el fin de proteger que la oposición política pueda ejercer su
posición sin restricciones indebidas. De esta forma, el Tribunal considera que las sanciones de
destitución e inhabilitación de funcionarios públicos democráticamente electos por parte
de una autoridad administrativa disciplinaria, en tanto restricciones a los derechos políticos
no contempladas dentro de aquellas permitidas por la Convención Americana, son
incompatibles no solo con la literalidad del artículo 23.2 de la Convención, sino también con
el objeto y fin del mismo instrumento.” (negrillas propias)

Quiere decir que la interpretación que le dio la Subsección B al caso analizado, en su
fallo del nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) dejado sin efectos, es nada
menos que materializar el mandato no solo de la Convención Americana de Derechos
Humanos sino la interpretación que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos
Humanos de ella.

En esa dirección, y actuando como máximo Juez de lo Contencioso Administrativo en
Colombia, la Sección Segunda de esta corporación, aplicó el control de
convencionalidad en aquellos casos en los que se le estaba restringiendo los derechos
políticos a aquellos a servidores de elección popular por parte de una autoridad de
naturaleza administrativa como es la Procuraduría General de la Nación.

Y plasmó ese control de convencionalidad a partir de la lectura del corpus
interamericano (la Convención Americana de Derechos Humanos, los instrumentos

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adicionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana), pues, en él se establece que
los jueces internos de los Estados parte son jueces de convencionalidad.

Precisamente, el fallo de la Sección Tercera, desconoce la Ley 32 de 1985, por medio
de la cual se aprobó la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en
especial los artículos 26 (Pacta sunt servanda) y 27 (El derecho interno y la observancia
de los tratados), ello, desde que, se le está dando prevalencia a una competencia de la
Procuraduría de sancionar a servidores elegidos por voto popular, cuando aquella
resulta contraria al ordenamiento internacional del que hace parte Colombia de tiempo
atrás.

Por consiguiente, el no acatamiento del artículo 23.2 de la Convención Americana de
Derechos Humanos apareja el no reconocimiento de una obligación internacional con
plena vigencia en el Estado colombiano.

Lo cual de contera se traduce en eventual responsabilidad internacional a la luz de la
sentencia Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs.
Chile:

«Esta Corte entiende que la responsabilidad internacional del Estado puede generarse por actos
u omisiones de cualquier poder u órgano de éste, independientemente de su jerarquía, que violen
la Convención Americana. Es decir, todo acto u omisión, imputable al Estado, en violación de las
normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, compromete la responsabilidad
internacional del Estado.»

Bien lo dijo el Magistrado Vladimir Fernández Andrade en su salvamento de voto dentro
de la sentencia SU-381 de 2024:

«Encuentro necesario, además, recordar el principio pacta sunt servanda, establecido en el
artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, y por virtud del cual “las
partes de un tratado no podrán invocar las disposiciones de derecho interno como justificación del
incumplimiento de aquel” . Pues bien, considero que reducir el análisis de aplicación de la
normativa interamericana a uno meramente cronológico da lugar a una inaplicación de dicho
principio, pues supedita el vigor del tratado internacional a la reiteración interpretativa más reciente
que haya proferido la Corte IDH, aspecto que, además, podría llegar a comprometer nuevamente
la responsabilidad de Estado a nivel internacional. Es por esto que, considerando que lo que hizo
la autoridad judicial accionada fue una aplicación de la CADH, como compendio normativo que
evoluciona y cuya interpretación está en cabeza de la Corte IDH, más no únicamente de la
jurisprudencia que a ella se refiere, sería erróneo concluir que la decisión puesta en tela de juicio
va en contra de los principios de seguridad jurídica, igualdad, confianza legítima y coherencia del
orden jurídico.

Con fundamento en todo lo anterior, considero que la realización efectiva de los derechos humanos
no debe pasar por una defensa irreflexiva de las competencias orgánicas del poder público, cuando
se ha advertido que ellas son lesivas de un instrumento internacional de derechos humanos, en la
forma como internamente se viene aplicando, sino que debe estar mediada por la búsqueda

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necesaria de una respuesta que permita, bajo el principio de unidad constitucional, la realización
del contenido prevalente de la parte dogmática de la Carta y de los fines esenciales del Estado.
.»

De donde se concluye, que, aunque la decisión que se adopta, se reitera, es fruto del
cumplimiento de la sentencia de tutela emitida el 24 de febrero de 2025 por la
Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación, al desobedecerse la posición
pacífica de la Corte Interamericana de Derechos de Humanos sobre la interpretación
del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos el Estado
Colombiano puede estar incurso en una eventual responsabilidad internacional.

1. Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso de
conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). De igual forma, según el
artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)17, se precisa que en esta instancia
se emitirá pronunciamiento sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2. Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante,
corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia de primera instancia que negó
las pretensiones de la demanda para, en su lugar, declarar la nulidad de los actos
sancionatorios.

Con el fin de resolver el problema jurídico la Sala abordará los siguientes aspectos: 2.1.
Marco normativo del proceso disciplinario -Ley 734 de 2002-; 2.2. Precedente de
unificación de control integral de los actos disciplinarios; 2.3. Actuación disciplinaria; y
2.4 Caso concreto.

17 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse

solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia».

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2.1. Marco normativo del proceso disciplinario de la Ley 734 de 2002

De acuerdo con el artículo 1° de la Ley 734 de 2002, la titularidad de la potestad
disciplinaria corresponde al Estado, la cual se adelanta a través del poder disciplinario
preferente por la Procuraduría General de la Nación, las personerías distritales,
municipales o las oficinas de control interno disciplinario.

Fase previa

En relación con el conocimiento de la noticia criminal los artículos 69 y 70 de la Ley 734
de 2002, se inicia por (i) informe, (ii) compulsa, (iii) queja, (iv) anónimo cumpliendo los
requisitos del artículo 38 de la Ley 190 de 1995 y artículo 27 de la Ley 24 de 1992, y (v)
de oficio.

En cuanto al pronunciamiento de la noticia disciplinaria, pueden presentarse los
siguientes escenarios conforme lo dispone el artículo 150 de la Ley 734 de 2002:

Auto inhibitorio parágrafo 1° del artículo 150 Ley 734 de 2002. Procede cuando se
advierta de la actuación: (i) la manifestación temeraria - con trámite sancionatorio; (ii)
hechos irrelevantes, (iii) hechos de imposible ocurrencia y (iv) hechos manifiestamente
incorrectos y difusos. Los tres últimos escenarios ponen fin al proceso.

Indagación preliminar e investigación. Tiene como fin verificar la ocurrencia de la
conducta y determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado bajo el
amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad.

La procedencia de la investigación disciplinaria. Se adelanta cuando de la
información recibida se identifique el autor o los autores de la falta disciplinaria, el
operador iniciará la investigación con la finalidad de: (i) verificar la ocurrencia de la
conducta, (ii) determinar si es constitutiva de falta, (iii) esclarecer los motivos
determinantes, (iv) establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar, (v) identificar
los perjuicios causados a la administración, y (vi) establecer la responsabilidad del
disciplinado.

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El auto de cierre de la investigación. Se presentan las siguientes causales: (i)
vencimiento de términos y (ii) decreto de pruebas para formular cargos.

Evaluación de la investigación. En esta etapa se pueden presentar los siguientes
escenarios: (i) terminación del proceso -artículos 156 y 161 Ley 734 de 2002-, (ii)
formulación de cargos -artículo 162 CDU-, (iii) migrar al procedimiento verbal -artículo
175 ídem-, (iv) cambio de competencia, y (iv) incorporación de la unidad procesal
artículo 74 Ley 734 de 2002.

Inicio del juicio disciplinario

Formulación de cargos disciplinarios. «Comprende como primer elemento de la descripción,
caracterización y determinación detallada de la conducta que se le atribuye al servidor, con la indicación
plena de las circunstancias de tiempo, modo y lugar 18», el cual debe cumplir unos requisitos de

procedencia sustanciales y formales, en consideración a lo siguiente:

Requisitos sustanciales: (i) que se halle objetivamente demostrada la falta y (ii) la
existencia de prueba que comprometa la responsabilidad del investigado (artículo 162
Ley 734 de 2002).

Requisitos formales (artículo 163 Ley 734 de 2002), en consideración a lo
siguiente:

(i) Descripción y determinación de la conducta investigada con indicación de las
circunstancias de modo, tiempo y lugar y modalidad específica de la conducta: (i)
omisión, (ii) acción, (iii) extralimitación y (iv) abuso.

(ii) Normas violadas y concepto de violación.

(iii) Identificación del autor o autores de la falta.

(iv) Análisis de las pruebas por cada uno de los cargos formulados.

(v) Exposición fundada de los criterios tenidos en cuenta para determinar gravedad o
levedad de la falta clasificadas en gravísimas, graves y leves.

18 Gaitán Jorge Eliecer. Pliego de Cargos, Ediciones Nueva Jurídica, 2019, pág. 197 y 198.

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(vi) Forma de culpabilidad: (i) dolo, (ii) culpa gravísima o grave.

Fase de descargos: Tiene como justificación garantizar el debido proceso del
imputado, la materialización del derecho de defensa y contradicción, en el cual el sujeto
procesal si lo considera presenta o no los descargos, etapa en la cual puede proponer
nulidades, controvertir, solicitar y aportar pruebas.

Posteriormente, sigue la fase probatoria (artículo 168 Ley 734 de 2002) y traslado de
alegatos de conclusión por el término de 10 días, donde la ley permite la variación de
cargos de acuerdo con lo establecido en el inciso 5 del artículo 165 del CDU.

Fallo. Pone fin a la actuación donde se puede presentar una decisión sancionatoria o
absolutoria, en el cual se debe observar el siguiente contenido: (i) identificación del
investigado; (ii) resumen de los hechos; (iii) análisis de las pruebas; (iv) análisis de la
valoración jurídica; (v) fundamentación de la calificación de la falta; (vi) análisis de la
culpabilidad; (vii) razones de la sanción o absolución y (viii) exposición fundamentada
de los criterios de la graduación para la sanción y definición de la sanción (artículo 170
de la Ley 734 de 2002). Contra la decisión procede recurso de apelación.

2.2. Precedente de unificación de control integral de los actos disciplinarios

Esta Corporación judicial en sentencia SU-00316 de 2016, estudió la legalidad de las
sanciones disciplinarias proferidas por la Procuraduría General de la Nación en contra
de la señora Piedad Esneda Córdoba, proceso que fijó postura de unificación respecto
a los actos proferidos por el ente de control disciplinario, en el sentido que corresponde
al juez de la Jurisdicción Contencioso Administrativo efectuar un control integral de los
actos sancionatorios, respecto a lo cual se precisó:

«[…]

Según lo discurrido, ha de concluirse que el control judicial es integral, lo cual se entiende bajo los
siguientes parámetros: 1) La competencia del juez administrativo es plena, sin “deferencia
especial” respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria. 2) La
presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de cualquier acto
administrativo. 3) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la
ley, de ningún modo restringe el control judicial. 4) La interpretación normativa y la valoración
probatoria hecha en sede disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la

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Constitución y la ley. 5) Las irregularidades del trámite procesal, serán valoradas por el juez de lo
contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e imparcialidad que lo caracteriza.
6) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la legalidad, sino también
garante de los derechos. 7) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la
acción disciplinaria. 8) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial
efectiva.»

Con estos fundamentos, la Sala Plena de lo Contencioso de este órgano colegiado,
estableció las siguientes reglas:

«Primero: Se unifica el alcance del control judicial de los actos administrativos proferidos por los
titulares de la acción disciplinaria regulada en la Ley 734 de 2002, en los siguientes términos:

1. La jurisdicción de lo contencioso administrativo ejerce el control judicial integral [79] de los actos
administrativos sancionatorios, proferidos por los titulares de la acción disciplinaria regulada en la
ley 734, con el fin de garantizar la tutela judicial efectiva.

2. El control que ejerce la jurisdicción de lo contencioso administrativo, constituye el recurso
judicial efectivo en los términos del ordinal 1.º del artículo 25 de la Convención Americana de
Derechos Humanos.»

Conforme a lo expuesto, corresponde a los jueces ejercer un control integral de los actos
administrativos disciplinarios para garantizar la tutela judicial de la persona sancionada,
siendo un postulado de la Constitución Política el respeto de la dignidad humana, el
trabajo, asegurando dentro los fines la convivencia pacífica y la vigencia de un orden
justo.

2.3. Proceso disciplinario

2.3.1. Por dos quejas radicadas en la Procuraduría Provincial de Armenia respecto de
presuntas irregularidades en la suscripción de dos contratos por parte del alcalde
municipal de Calarcá, Quindío, esta dependencia abrió indagación preliminar el 29 de
febrero de 2012 contra Juan Carlos Giraldo Romero, en los términos del artículo 150 del
CDU19.

2.3.2. Concluida la indagación preliminar, mediante auto del 27 de febrero de 2013 la
Procuraduría Provincial de Armenia ordenó abrir investigación disciplinaria contra Juan

19 Fl. 12 cuaderno 1, proceso disciplinario.

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Carlos Giraldo Romero y decretó pruebas conforme lo dispone el artículo 154, numeral
2 del CDU. Esta etapa se cerró el 15 de julio de 2013.

2.3.3. El 30 de agosto de 2013, la misma dependencia formuló pliego de cargos 20 contra
el alcalde de Calarcá, en los siguientes términos:

«Se elevan cargos al disciplinado por el comportamiento descrito en el capítulo precedente, por
considerarlo presuntamente responsable de falta disciplinaria por incursión en conducta descrita
en la ley como delito, a título de dolo y con ocasión del desempeño del cargo, con lo cual se
presume que incurrió en falta gravísima, de acuerdo a lo previsto en el artículo 48 numeral 1 de la
Ley 734 de 2002, en concordancia con los artículos 409 y 410 de la Ley 599 de 2000, Código Penal
vigente para los colombianos».

Igualmente, se señalaron como normas presuntamente infringidas: los artículos 6 de la
Constitución Política; 24, 26, 29, 30 y 51 de la Ley 80 de 1993; 3 y 13 del Decreto Ley
356 de 1994; 5 del Decreto 2187 de 2001; la Circular Externa 001 de 2012 expedida por
la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada; 409 y 410 de la Ley 599 de 2000;
y 34, 35 y 48 de la Ley 734 de 2002.

Se calificó provisionalmente la conducta del imputado como constitutiva de una FALTA
GRAVÍSIMA, por cuanto se adecuaba a los tipos penales consagrados en los artículos
409 y 410 del Código Penal que establecen como delitos «Interés indebido en la
celebración de contratos» y «contrato sin cumplimiento de requisitos legales», que
encuadra en la falta disciplinaria gravísima que en forma taxativa consagra el numeral
1.º del artículo 48 del Código Disciplinario Único.

Finalmente, se atribuyó la conducta a título de DOLO, bajo el argumento que el
investigado obró con conciencia y voluntad cuando suscribió los contratos de prestación
de servicios de vigilancia y seguridad privada con la empresa Wolves Security Ltda. que
no estaba habilitada para operar en el Departamento del Quindío, pese a que estaba
advertido de la situación.

2.3.4. Agotado el trámite de primera instancia, la Procuraduría Provincial de Armenia
profirió fallo de primera instancia el 28 de mayo de 2014 mediante el cual declaró al
señor Juan Carlos Giraldo Romero, en su condición de alcalde municipal de Calarcá,
Quindío, disciplinariamente responsable de los hechos imputados en el cargo único

20 Relato descrito en el fallo disciplinario de segunda instancia.

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imputado, por lo que le impuso sanción de destitución e inhabilidad general por el
término de 12 años. Al efecto, consideró lo siguiente:

«Los documentos que han sido relacionados como pruebas en las numerales anteriores y que
sirvieron para sustentar los cargos formulados en contra del investigado, demuestran sin lugar a
equivocaciones que en el periodo comprendido entre el día cuatro (04) de enero y el diez (10) de
abril del año dos mil doce (2012), el doctor JUAN CARLOS GIRALDO ROMERO, Alcalde Municipal
de Calarcá, Departamento del Quindío, firmó con la Empresa WOLVES SEGURITY LTDA, el
Contrato de Prestación de Servicios de Vigilancia número 001 de 2012, adelantó el Proceso de
Selección Abreviada de Menor Cuantía Número 006 de 2012, mismo que culminó con la firma del
contrato de prestación de servicios de vigilancia número 025 de 2012, con la misma Empresa
WOLVES SEGURITY LTDA.

Estos documentos le demuestran plenamente al despacho, que la Empresa WOLVES SEGURITY
LTDA, cuya sed (sic) principal se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá D.., al momento de ser
contratada por el Municipio de Calarcá, Departamento del Quindío, contaba con Licencia de
Funcionamiento debidamente expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada,
licencia de funcionamiento que es de carácter nacional, pero que solo la autoriza para prestar sus
servicios en el lugar donde está ubicado su domicilio principal, valga la pena decir, la ciudad de
Bogotá D.C., y en al (sic) de San José del Guaviare, en donde tiene abierta una Sucursal o Agencia.

Igualmente le demuestran a este despacho, sin lugar a equivocaciones de ninguna índole, que la
mencionada Empresa WOLVES SEGURITY LTDA., a la fecha de ser contratada por el Municipio
de Calarcá, Departamento del Quindío, e incluso a la terminación de la ejecución del contrato de
Prestación de Servicios de Seguridad 025 de 2012, no contaba con Agencia o Sucursal abierta en
el Departamento del Quindío, puesto que de acuerdo con lo informado a esta Procuraduría
Provincial en el mes de julio del año 2012, por parte de la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada, la solicitud para realizar Apertura de Agencia o Sucursal en la ciudad de
Armenia, Departamento del Quindío.

(…)

En conclusión, sea manifestar que tal y como se ha expresado desde el mismo pliego de cargos, y
a lo largo de la presente providencia, en esta investigación Disciplinaria no se está cuestionando
el servicio contratado como tal, eso no es objeto de controversia jurídica, la controversia jurídica en
este caso gira alrededor de haber realizado la mencionada contratación, con una Empresa de
Vigilancia y Seguridad Privada que carecía de capacidad legal para contratar en el Departamento
del Quindío (…).

(…)

En criterio de esta Procuraduría Provincial al doctor JUAN CARLOS GIRLADO ROMERO, Alcalde
Municipal de Calarcá, Departamento del Quindío, en su condición de Representante Legal y
Ordenador del Gasto de la Entidad Pública a su cargo le era obligatoria aplicación la normatividad
indicada y no lo hizo, sin que existiera razón o justificación valedera alguna que lo exonerara de
dichos deberes legales, con lo cual se configura la ilicitud sustancial que requiere el injusto
disciplinario.

(…)

Por lo expuesto, y teniendo en cuenta que de lo actuado en el expediente a partir de la Formulación
de Cargos no ha surgido elemento nuevo alguno que en criterio de este despacho tenga la fuerza
suficiente para que el despacho considera amerite (sic) la variación de la calificación, se concluye
que la falta disciplinaria se debe calificar definitivamente como GRAVÍSIMA a título de DOLO».

Sobre las razones de la sanción, expuso:

«Conforme con lo expuesto en los párrafos que preceden, y de acuerdo con los argumentos
expuestos por este despacho, se encuentra que el disciplinado, doctor JUAN CARLOS GIRALDO
ROMERO, Alcalde Municipal de Calarcá, Departamento del Quindío, tenía la obligación de cumplir
y hacer cumplir las leyes, consecuentemente no le era dado sustraerse de la obligación legal de

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dar aplicación a lo reglado por los artículos 24, 26 y 29 de la Ley 80 de 1993, lo dispuesto por los
artículo (sic) 3 y 13 del decreto 356 de 1994, y el artículo 5 del decreto 2187 de 2001, así como la
Circular Externa 001 de 2012, emanada de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada,
hechos estos que se encuentre ajustado a derecho elevar su comportamiento a la calidad de falta
disciplinaria, lo cual dará lugar a la imposición de SANCIÓN conforme a las disposiciones de al
(sic) ley 734 de 2002.

Para una mejor comprensión sobre la configuración del injusto penal en el desarrollo de la actividad
contractual, la falsa motivación, el desvío de poder, el concepto de interés indebido en la
celebración y su concomitancia con la celebración indebida de contratos, la cual permite su
coexistencia, veamos los (sic) dicho en ese sentido por la Corte Suprema de Justicia, en sentencia
de febrero cuatro (4) de dos mil nueve (2009), en la cual además recogió lo dicho por la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado respecto de esos mismos conceptos».

2.3.5. El Procurador General de la Nación, a través de decisión del 16 de mayo de 2014,
pero comunicada el 3 de junio del mismo año, resolvió una solicitud de cambio de
radicación formulada por el disciplinado y ordenó remitir el proceso a la Procuraduría
Provincial de Pereira en el estado en que este se encontrara.

2.3.6. Oportunamente, el investigado, por conducto de su apoderado, presentó solicitud
de nulidad del proceso al considerar que, en atención a la decisión que resolvió el
cambio de radicación del proceso la Procuraduría Provincial de Armenia carecía de
competencia para dictar el fallo de primera instancia, al tiempo que presentó los
argumentos de apelación.

2.3.6. En atención a ello, la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia
Administrativa a través de fallo de segunda instancia del 24 de octubre de 2014, negó
la nulidad solicitada y modificó el numeral segundo de la parte resolutiva del fallo de
primera instancia para aplicar el correctivo disciplinario de destitución e inhabilidad
general por el término de once (11) años, en tanto no encontró acreditado el interés
indebido en la celebración de contratos.

Sobre la nulidad planteada, la delegada consideró:

«En este caso, obra en la foliatura el auto proferido por el Procurador General de la Nación el
16 de mayo de 2014, ordenado el cambio de radicación del proceso de la Procuraduría
Provincial de Armenia a la Procuraduría Provincial de Pereira; no obstante, no es cierto que
en dicha decisión se hubiese realizado una asignación especial al último para proferir el fallo
de primera instancia como erradamente lo entendió el abogado de la defensa.

En efecto, nótese que en el mencionado proveído se consignó lo siguiente:

“HECHOS
Mediante escrito radicado en este ente de control el 23 de enero y 6 de mayo de 2014,
respectivamente, el doctor Fabio Yezid Castellanos, en su condición de apoderado del doctor
Juan Carlos Giraldo Romero, solicita cambio de radicación de las diligencias IUS 2012-
14061… por considerar que una vez se profiera fallo sancionatorio y sustentado el

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debido recurso este debe ser conocido por la Procuradora Regional del Quindío,
funcionaria que profirió el auto de cargos cuando se desempeñaba como Procuradora
Provincial de Armenia, situación por lo que considera no existirían garantías de imparcialidad
y objetividad para proferir una decisión en derecho.

CONSIDERACIONES
(…) en aras de garantizar el derecho fundamental de defensa al disciplinado, el despacho
estima pertinente cambiar la radicación del proceso… que cursa en la Procuraduría
Provincial de Armenia designando a la Procuraduría Provincial de Pereira, para que asuma
su conocimiento en la etapa en que se encuentre (…).

RESUELVE
PRIMERO: ORDENAR el cambio de radicación…
SEGUNDO: REMITIR las presentes diligencias a la Procuraduría Provincial de Pereira para
que asuma el conocimiento del proceso referido.
TERCERO:… líbrense las comunicaciones correspondientes y háganse las anotaciones
de rigor, con ocasión de lo decidido.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. (negrillas y subrayado para resaltar).

Fluye de lo anterior, que el objeto de la decisión aludida era cambiar la competencia del funcionario
que venía conociendo del asunto, pero no porque se hubiera advertido falta de garantías al
procesado ante ese operador disciplinario, sino porque en el evento de ser recurrido el fallo de
primera instancia, éste sería conocido en apelación por la Procuradora Regional del Quindío, quien
había sido la funcionaria que profirió el respectivo pliego de cargos cuando ocupó el cargo de
Procuradora Provincial de Armenia, afirmaciones que emergen de la propia solicitud del defensor.

Además, es claro que en el proveído se advirtió que el nuevo funcionario asignado asumiría el
proceso en el estado en que se encontrara; por consiguiente, esa decisión en principio no implica
la nulidad de lo conocido y actuado por el juez natural, quien para el evento sub judice era el
Procurador Provincial de Armenia, dada la jerarquía del funcionario disciplinado y el territorio en el
que sucedieron los hechos investigados, conforme al artículo 76 (num. 1 (sic) nc a) del Decreto 262
de 2000 (…).

Ahora, aunque el memorialista afirmó que por tratarse de un auto de cúmplase, la orden de cambio
de radicación era oponible a todos los funcionarios de la Procuraduría desde el mismo día de su
emisión, tal aserto no es definitivo, teniendo en cuenta que si bien es cierto un auto de cúmplase
adquiere firmeza el día en que se suscribe porque contra él no procede recurso alguno 21, también
lo es que en el auto citado no sólo se dispuso su cumplimiento sino que se ordenó comunicarlo,
precisamente porque la publicidad de la decisión es lo que la hace oponible a los sujetos procesales
y a los funcionarios llamados a darle cumplimiento.

(…)

Por ello, no puede pasar por alto el Despacho que la decisión de cambio de radicación del proceso,
fue comunicada en fecha posterior al fallo dictado por la Procuraduría Provincial de Armenia (del
28 de mayo de 2014), como se aprecia en la copia de los oficios con salida No. 72664, 72671 y
72675 todos calendados del 29 de mayo de 2014, el primero radicado en la Provincial de Armenia
el 3 de junio de 201422, el segundo en la Provincial de Pereira el mismo 3 de junio 23 y el último
dirigido al abogado del disciplinado Fabio Yezid Castellanos a la ciudad de Bogotá, lo que
demuestra que ni los sujetos procesales, ni los funcionarios de la Procuraduría que eran
destinatarios de la decisión, conocieron el auto del 16 de mayo, antes del 3 de junio de 2014.

Por lo tanto, es claro que para el 28 de mayo de 2014, la orden impartida por el Procurador General
de la Nación, no era oponible al Procurador Provincial de Armenia porque no se le había
comunicado, de lo que se concluye que éste tenía competencia para proferir el fallo en la fecha
que lo hizo como juez natural del proceso. Sobre todo si se tiene en cuenta que el trámite de la
solicitud de cambio de radicación no suspende la actuación, razón suficiente para afirmar que la
nulidad por falta de competencia no se configura en el caso de marras.

(…)

21 Ley 734 de 2002, art. 19 (…).
22 Ver oficio de comunicación a la Provincial de Armenia, fl. 2065 C 10.
23 Ver oficio de comunicación a la Provincial de Pereira, fl. 2078 C. 10.

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Aclarado entonces que no toda irregularidad constituye un vicio de nulidad, observa el Despacho
que en el caso particular esta figura no tiene cabida, toda vez que la publicación anticipada del fallo
en los medios, así como el envío de las comunicaciones elaboradas por la Procuraduría Provincial
de Armenia para iniciar el trámite de notificación del fallo sancionatorio proferido el 28 de mayo de
2014, no tienen la entidad suficiente para afectar el debido proceso».

Ahora bien, en relación con el fondo del asunto, la Delegada hizo las siguientes
consideraciones:

«11.1. DEBER FUNCIONAL

(…)

Nótese que se reprochó al encartado, la conducta descrita por haberla realizado en ejercicio de
sus funciones como alcalde municipal de Calarcá; por consiguiente, no puede aceptar la Delegada
el argumento que presentó la defensa, cuando dijo para evadir la responsabilidad del
burgomaestre, que la conducta imputada (actividad de procesos contractuales) estaba
desconcentrada en otros funcionarios del Municipio de Calarcá de acuerdo al Manual de
Contratación de la entidad.

Primero, porque quien aparece firmando los contratos cuestionados No. 001 24 y 02525 de 2012, es
el señor JUAN CARLOS GIRALDO ROMERO como Alcalde del Municipio de Calarcá (Quindío), lo
que de entrada le impide descargarse de la responsabilidad por la celebración de los mismos.

Segundo, porque en la desconcentración administrativa alegada por la defensa, a diferencia de la
delegación o la descentralización, el titular de la función pública no se desprende de la misma, sino
que mantiene la potestad y deber de orientación como jefe superior de la administración 26.

Y tercero, porque el citado numeral 5º del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, es claro al señalar que
la responsabilidad en la dirección y manejo de la actividad contractual es del jefe de la entidad
estatal, quien no puede trasladarla a las Juntas o Consejos Directivos de la entidad ni a los Comités
Asesores.

Quiere decir que en el particular evento, a pesar de haberse creado en el Manual de Contratación,
un comité de Contratos con funciones puntuales como la de asesorar al alcalde en relación con los
procesos de contratación de la entidad 27 y una Secretaría Técnica, el mandatario municipal
mantiene en cabeza suya el deber funcional de dirección y manejo de la actividad contractual de
la entidad estatal, con independencia de la responsabilidad disciplinaria en que puedan incurrir
otros funcionarios de la administración municipal que participaron en las etapas previas a la firma
de los contratos cuestionados.

(…)

11.3. CLASIFICACIÓN DE LA FALTA DISCIPLINARIA (TIPICIDAD)

(…)

• El “contrato sin cumplimiento de requisitos legales” previsto en el artículo 410 del Código Penal,
requiere para su tipificación que: i) el sujeto activo sea un servidor público; ii) que por razón del
ejercicio de sus funciones tramite, celebre o liquide un contrato; iii) y que en esa actividad
contractual incumpla los requisitos legales esenciales.

(…)

24 Ver copia de contratos No. 001 de 2012, fl. 1781 -1784 C. 9)
25 Ver copia de contratos No. 025 de 2012, fl. 554-560 C.3).
26 Ley 489 de 1998. Artículo 8.
27 Ver manual de contratación, fl. 1798-1827 C.9)

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Atendiendo el anterior criterio jurisprudencial que señala que habrá de acudirse a la norma legal
vigente para efectos de establecer los requisitos de cada uno de los distintos tipos de contrato y
estando frente a un contrato de prestación de servicios de seguridad y vigilancia privada, materia
que se encuentra especialmente regulada por el legislador, no cabe duda que para determinar los
requisito esenciales de dicho contrato era necesario acudir al Decreto Ley 356 de 1994 “por el cual
se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada”, como acertadamente lo hizo el Procurador
Provincial.

Precisamente, en esa norma el legislador exigió la licencia de funcionamiento como requisito
esencial para celebrar contratos de servicios de vigilancia y seguridad privada, en los siguientes
términos:

Art. 3. Permiso del Estado. Los servicios de vigilancia y seguridad privada, de que trata el artículo
anterior, solamente podrán prestarse mediante la obtención de licencia o credencial expedida por
la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, con base en potestad discrecional,
orientada a proteger la seguridad ciudadana. (…).

Art. 13. Sucursales o agencias. Las empresas de vigilancia y seguridad privada, debidamente
autorizadas que requieran establecer una nueva sucursal o agencia dentro del territorio nacional,
deberán obtener previamente autorización de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada, para lo cual deberán acreditar la información sobre el personal directivo de dicha sucursal
o agencia, licencia de funcionamiento de la alcaldía, certificado de existencia y representación
legal. (…).

Véase que en citado artículo 3º, el legislador impartió una orden de obligatorio cumplimiento,
cuando dijo que los servicios de vigilancia y seguridad privada “… solamente podrán prestarse
mediante la obtención de licencia o credencial expedida por la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada, con base en potestad discrecional…”. Y complementó tal mandato en el artículo
13, al señalar que las empresas de vigilancia y seguridad privada debidamente autorizadas, debían
obtener en todo caso autorización previa cuando requieran establecer nueva sucursal o agencia
dentro del país, en un lugar diferente o distante de su sede principal o de las sucursales que ya
tenían autorizadas para operar.

Quiere decir lo anterior, que la licencia de funcionamiento para operar en el lugar en donde se va
a ejecutar un contrato de prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada, obviamente
constituye un requisito esencial para esa clase de contratos porque de lo contrario se estaría
celebrando una transacción con una persona sin autorización legal para operar como prestador de
ese servicio.

De esta manera se queda sin piso el argumento del abogado del disciplinado cuando busca dividir
la licencia de funcionamiento en una nacional y otra de la sucursal o agencia como si se tratara de
dos documentos diferentes, lo cual no es así, ya que como se explicó en párrafos anteriores la
licencia de funcionamiento es una sola, la cual en principio es de carácter nacional pero cuya
operatividad se circunscribe a los lugares descritos en la respectiva autorización, según lo explicó
la misma Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en su oficio 3000/2012 28.

Aclarado lo anterior, es evidente que el servidor público disciplinado celebró los contratos 001 y
025 de 2012, sin cumplir con los requisitos legales esenciales que demanda un contrato de
prestación de servicios de seguridad y vigilancia privada, por cuanto no exigió al contratista
WOLVES SECURITY LTDA. que presentara Licencia de Funcionamiento para operar en el lugar
en donde se ejecutarían los contratos, en este caso en el Municipio de Calarcá, teniendo en cuenta
que así lo estableció el legislador en los artículos 3º y 13 del Decreto Ley 356 de 1994.

Por consiguiente, esa conducta encuadra en el tipo penal consagrado en el artículo 410 del Código
Penal, y por ende, configura la falta disciplinaria gravísima relacionada en el numeral 1º del artículo
48 del C.D.U.

11.4. CALIFICACIÓN DE LA CULPABILIDAD

(…)

28 Ver oficio 3000/2012, fl. 152-154 C.1.

29

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En relación con este tema, la Delegada se limitará a evaluar el aspecto de la culpabilidad en lo
concerniente a la falta disciplinaria por la celebración de los contratos No. 001 y 025 de 2012, sin
el cumplimiento de los requisitos legales esenciales, ya que se descartó por falta de tipicidad la
conducta de interés indebido en la celebración de contratos.

Sentada esta premisa, se tiene demostrado con la prueba acopiada en el proceso que el señor
JUAN CARLOS GIRALDO ROMERO, en su condición de alcalde de Calarcá, celebró con la
empresa WOLVES SECURITY LTDA. el contrato No. 001 de 2012, sabiendo las condiciones que
tenía esta firma, teniendo en cuenta que para la suscripción de dicho contrato se acompañaron los
soportes presentados por la empresa contratista, entre los cuales se hallaba la Resolución No.
7562 de diciembre 16 de 2010, expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
que en su artículo primero decía taxativamente: “renovar la licencia de funcionamiento por el
periodo de cinco (5) años, a la empresa de vigilancia y seguridad denominada WOLVES
SECURITY LTDA… para operar con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., en la
modalidad de vigilancia fija, móvil y escolta a personas, vehículos y mercancías con la utilización
de armas de fuego y medios tecnológicos…”29, documento que le mostraba al disciplinado que la
licencia otorgada a dicha empresa, no la habilitaba para operar en el Municipio de Calarcá.

Así mismo, se advierte que durante el proceso de selección abreviada de menor cuantía No. 006
de 2012 que culminó con la celebración del Contrato 025 del 10 de abril de 2012 30, el proponente
VIPCOL LTDA le señaló a la administración municipal de manera insistente en sus observaciones,
que la empresa WOLVES SECURITY LTDA. no cumplía con el requisito legal de la licencia de
funcionamiento para operar en el Departamento del Quindío. Sin embargo, el servidor público
haciendo caso omiso a tales observaciones contrató nuevamente la prestación de servicios de
seguridad y vigilancia en el Municipio con esa empresa, incurriendo en la conducta de celebración
de contrato sin el cumplimiento de requisitos esenciales.

No es de recibo que se escude el implicado en que la decisión sobre las observaciones en el
proceso de selección abreviada No. 006 de 2012, las tomó el Comité de Contratación y la
Secretaría Administrativa, ya que la responsabilidad en la dirección y manejo contractual
corresponde al jefe de la entidad estatal por mandato legal del artículo 26 (numeral 5º) de la Ley
80 de 1993. Además, cuando el contrato pasa para la firma del burgomaestre, lo mínimo que se
exige es que el servidor público revise los documentos que se aportaron durante la etapa
precontractual, en los cuales se puso de presente la exigencia legal a la empresa de vigilancia de
contar con autorización para operar en el Departamento del Quindío, pero no quiso atenderlas ni
consultar con la autoridad en esa materia (la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad), con lo
cual habría eliminado cualquier incertidumbre al respecto, sino que se conformó con el concepto
del Comité de Contratación que no lo obligaba.

Es más, no reposa prueba en el plenario que acredite que el funcionario consultó esa situación con
los asesores jurídicos de la Alcaldía, a quienes según su versión libre, se limitó a pedir asesoría
sobre el tema de la contratación directa, pero nada se dijo respecto de la controversia generada en
torno a la licencia de funcionamiento para las empresas cuyo objeto es la prestación de servicios
de seguridad y vigilancia privada.

Por otra parte, no es cierto que en ningún momento fue puesto a su conocimiento que los
contratistas no eran idóneos para ejecutar los objetos contractuales, teniendo en cuenta que dentro
del proceso de selección abreviada de menor cuantía No. 006 de 2012, reposaban las
observaciones que en ese sentido realizó el proponente VIPCOL LTDA., primero contra el pliego
de condiciones31 y luego contra el informe de evaluación32.

Por lo anotado, aunque el disciplinado no es abogado, sí cuenta con estudios profesionales
(medicina) que le permitían entender que al suscribir un contrato, como cualquier persona del
común, lo mínimo que requería era verificar los requisitos legales esenciales del mismo,
irregularidad que en este caso se puso en conocimiento de la administración municipal antes de la
celebración del contrato No. 025 de 2012, pero el funcionario se abstrajo voluntariamente de
atender este llamado de atención.

Fluye de lo razonado que convergen en la conducta los elementos de voluntad y conocimiento que
estructuran el dolo, ya que el señor JUAN CARLOS GIRLADO ROMERO, tenía el conocimiento de

29 Ver Resolución 7562 de 2010, fl. 231 C. 2.
30 Ver contrato 025 de 2012, fl. 554-560 C. 3.
31 Ver observaciones al pliego de condiciones, fl. 393-401 C.3.
32 Ver observaciones al informe de evaluación, fl. 533-534 C.3.

30

Número Interno: 2688-2019
Demandante: Juan Carlos Giraldo Romero
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación

que podría incurrir en una irregularidad al contratar con la empresa WOLVES SECURITY LTDA.
porque no contaba con licencia de funcionamiento para operar en el departamento del Quindío,
pero aun así, de manera voluntaria y consciente, decidió celebrar los contratos cuestionados.

11.5. ILICITUD SUSTANCIAL

(…)

• Conforme al artículo 5º de la Ley 734 de 2002, la ilicitud sustancial deviene de una falta antijurídica
que afecte el deber funcional sin justificación alguna.

(…)

Ahora, el hecho de que la empresa WOLVES SECURITY LTDA. hubiera cumplido a cabalidad el
objeto de los contratos 001 y 025 de 2012, lo que demuestra es que no hubo un daño patrimonial
al erario público, pero de ninguna manera esa situación enmienda la afectación a la función pública
que no es de resultado, sino que se genera con la infracción sustancial al deber funcional, esto es
al desvalor de la acción, como lo ha sentado en pronunciamientos anteriores este ente de control
al decir:

(…)

Por consiguiente, a la luz del anterior criterio doctrinal y demostrado que el implicado actuó en
contravía de la ley, incumpliendo los requisitos esenciales en los contratos que firmó con la
empresa de seguridad WOLVES SECURITY LTDA., no cabe duda para el despacho que su
conducta fue antijurídica y está revestida de la ilicitud sustancial por cuanto no se acreditó una
causal de justificación para actuar de esa manera».

2.4. Caso concreto

La Sala entiende que los argumentos planteados por el apelante se dirigen a establecer
que: (i) la decisión sancionatoria de primera instancia fue proferida por un funcionario
sin competencia para ello; (ii) que no se acreditaron debidamente los elementos de
tipicidad e ilicitud sustancial; y (iii) que se le atribuyó la conducta en la modalidad de
dolo bajo una interpretación objetiva, con lo que se desconoció, también, el principio pro
homine.

(i) Falta de competencia de la Procuraduría Provincial de Armenia para
proferir el fallo sancionatorio de primera instancia

En criterio del demandante, el fallo sancionatorio de primera instancia fue proferido por
un funcionario sin competencia, en tanto la decisión del 16 de mayo de 2014 mediante
la cual el señor procurador general de la Nación ordenó el cambio de radicación del
proceso a la Procuraduría Provincial de Pereira no era susceptible de recurso alguno y,
por ser de «cúmplase», debió ser ejecutada por la autoridad de manera inmediata.

Al respecto, la Sala observa que, en efecto, el 16 de mayo de 2014 el procurador general
de la Nación dispuso el cambio de radicación del proceso y ordenó que, en la etapa en

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Número Interno: 2688-2019
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que este se encontrara, se remitiera a la Procuraduría Provincial de Pereira.

No obstante, para la fecha en que dicha decisión fue comunicada tanto a las
procuradurías provinciales de Armenia y de Pereira como al disciplinado, esto es, el 3
de junio de 2014, ya había sido proferido el fallo de primera instancia, que está fechado
el 28 de mayo de 2014.

Por tanto, tal como lo señaló el fallador disciplinario de segunda instancia, aun cuando
la decisión de cambio de radicación no admite recurso alguno, debe cumplir el requisito
de comunicación a los interesados como requisito de oponibilidad, sin que sea dable
exigirles acatar la orden de la que no han tenido conocimiento.

Ahora bien, el apelante afirma que «El a quo no revis[ó] que en el proceso de nulidad
se probó que desde el despacho de la PROCURADUR[Í]A AUXILIAR, se le llam[ó] a la
Procuraduría Provincial el día 3 de junio de los corrientes para saber de la existencia
del fallo y se puso al teléfono con este abogado; en esa llamada el mismo Procurador
me manifestó que s[í] existía el fallo, pero que no me iba a comunicar ni notificar el
mismo, porque obedecía lo dicho por el señor Procurador General. Sin embargo, de
forma antijurídica ESE MISMO DÍA EN HORAS DE LA TARDE, expide una
comunicación a los sujetos procesales, pero FALSEANDO A LA VERDAD, porque le
coloca fecha 29 de mayo. Esa situación era verificable con la guía del operador 472, en
la cual se prueba de forma clara que fue entregada el 3 de junio de 2014 a las 5:19
p.m.».

Dicha aseveración, en criterio de la Sala, además de hacer referencia a una llamada de
cuya existencia no existe prueba en el plenario, lo que permite corroborar es que,
efectivamente, para el 3 de junio de 2014, los interesados desconocían la decisión
adoptada por el señor procurador general de la Nación en relación con el cambio de
radicación del proceso, por lo que no puede predicarse que esta era oponible a la
Procuraduría Provincial de Armenia para la fecha en que profirió el fallo sancionatorio
de primera instancia.

En ese orden de ideas, tal como lo expresó la Procuraduría Primera Delegada y lo
consideró el Tribunal de primera instancia, no es dable predicar la existencia de una
irregularidad que vicie la competencia de la Procuraduría Provincial de Armenia para
proferir el fallo disciplinario de primera instancia, toda vez que, como quedó visto, para

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Número Interno: 2688-2019
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el momento en que este fue expedido, todavía no se le había comunicado la decisión
del procurador general de la Nación en relación con el mencionado cambio de
radicación.

Además, la decisión de cambio de radicación se sustentó en que, una vez proferido el
fallo de primera instancia, de ser apelado, este debía ser conocido por la procuradora
regional del Quindío, quien fue la misma funcionaria que profirió el pliego de cargos, lo
que, a juicio del disciplinado, ponía en riesgo las garantías de imparcialidad y
objetividad.

Al respecto, se observa que el principio de imparcialidad sí fue garantizado, en tanto,
del proceso sancionador en segunda instancia no conoció la procuradora regional del
Quindío sino la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, por lo
que, el propósito de la decisión de cambio de radicación fue plenamente cumplido.

Por las razones expuestas, la Sala despachará negativamente este argumento de
inconformidad.

(ii) Ausencia de tipicidad y de ilicitud sustancial

Al efecto, el señor Giraldo Romero afirmó en el escrito de apelación que la conducta
imputada como falta disciplinaria no se encuadró dentro de sus deberes funcionales y
específicos como alcalde, los cuales, según afirmó, eran de carácter político y
administrativo, sin que ello implique «que deba responder por todo, tal y como
débilmente lo consideraron los operadores disciplinarios».

En ese sentido, argumentó que la actividad contractual del alcalde se había
desconcentrado en otros funcionarios de la administración municipal como lo demuestra
el manual de contratación, los informes de evaluación y las respuestas a las
observaciones presentadas por los proponentes, a las solicitudes de aclaración y a las
observaciones a la evaluación, las cuales siempre fueron signadas por el Comité de
Contratación y la Secretaría de Asuntos Administrativos.

Además, que si bien él firmó los contratos núm. 001 y 025 de 2012, «esta actuación la
hizo bajo el principio de CONFIANZA LEGÍTIMA, pues en quien más va a confiar que
en su comité de contratación y evaluación. Además, sabía la Procuraduría que él no

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Número Interno: 2688-2019
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contaba con la preparación técnico jurídico necesario, por su profesión y no tenía
elementos para dudar lo que su comité de asesores le recomendada (sic), el cual por
demás estaba integrado por personal idóneo y además por su equipo jurídico que revisa
previamente los actos a firmar».

De otra parte, insistió en que lo que se buscó siempre a través del proceso contractual
fue garantizar la pluralidad de oferentes y no cerrar de forma antijurídica la presentación
de los mismos con un criterio territorial que podía trasgredir el derecho a la igualdad,
por lo que se establecieron reglas objetivas e imparciales que permitieran la pluralidad
de oferentes y se establecieron únicamente los requisitos esenciales como la licencia
de funcionamiento referida en el artículo 91 del Decreto Ley 356 de 1994 que rige a las
empresas de vigilancia, sin exigir que tuvieran agencia para operar en el Quindío como
lo pretendía el quejoso para obtener ventaja sobre los demás competidores.

Por tanto, la Procuraduría «interpretó equivocadamente el artículo 5º del Decreto 2187
de 2011, porque no tuvo en cuenta que el verbo rector de ese precepto es
«REQUERIR»; es decir que la empresa es quien debe hacer una autoevaluación para
determinar si requiere o no la autorización de una sucursal y no puede de modo alguno
interpretarse que este es un prerrequisito de operación porque si eso fuese así, de qu[é]
valdría la licencia de funcionamiento. Menos considerar que este requisito es ESENCIAL
y asimilarlo, como equivocadamente y lo hizo el AD QUEM a una LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO, ya que esta es UNA SOLA y en modo alguno se puede confundir
AGENCIA, con LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO (…)» (sic).

Evidencia de lo anterior es que reposa en el expediente un documento emanado de la
Superintendencia de Vigilancia, la Circular Externa 01 de 2012, que establece que «en
aquellos casos en que exista pequeña distancia entre el centro de operaciones y el lugar
de prestación del servicio o se pueda garantizar un adecuado ejercicio de la
supervisión y reacción a situaciones de amenaza, no es necesaria la apertura de
una agencia o sucursal». Sin embargo, los falladores, de forma caprichosa, no hicieron
esta lectura y, de forma subjetiva, midieron la distancia por horas de viaje por tierra.

Sea lo primero indicar, sobre el elemento de tipicidad, que, según ha explicado de
manera reiterado la Corte Constitucional, a diferencia del ámbito penal, el régimen
disciplinario se caracteriza porque las conductas que constituyen falta disciplinaria están
consignadas en tipos abiertos, «Ya que el propósito último del régimen disciplinario es

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Número Interno: 2688-2019
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la protección de la correcta marcha de la Administración pública, es necesario garantizar
de manera efectiva la observancia juiciosa de los deberes de servicio asignados a los
funcionarios del Estado mediante la sanción de cualquier omisión o extralimitación en
su cumplimiento»33.

Al respecto, sobre el proceso de subsunción típica de la conducta, el Consejo de Estado
ha explicado:

El proceso de subsunción típica –o adecuación típica- de la conducta, entendido como la secuencia
lógica expresa de razonamiento jurídico encaminada a determinar si una determinada realidad
fáctica encuadra bajo las definiciones y prescripciones establecidas en la ley escrita, es una de las
piezas indispensables de todo acto que manifieste el poder represor del Estado, y por lo mismo
uno de los pre-requisitos necesarios de la legalidad y juridicidad de toda sanción. En la asociación
expresa y razonada entre la norma y el hecho, en el encaje motivado de la realidad bajo las
definiciones y conceptos de la legislación, radica también una de las garantías centrales del
derecho de defensa y del derecho al debido proceso, ya que es en dicho proceso de subsunción
típica expresa de la conducta que el Estado le señala al procesado y a la sociedad, elemento por
elemento, porqué su comportamiento violó la ley. La subsunción típica es, en suma, uno de los
pasos indispensables en el proceso de aplicación de la ley, cuya omisión o indebida realización
impiden la estructuración de un acto jurídico sancionatorio conforme a Derecho y le hacen derivar
en una vía de hecho de la autoridad.
[…]34.

De otra parte, en lo que tiene que ver con el ilícito disciplinario, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional ha sostenido, nuevamente, que a diferencia de cómo ocurre en el
derecho penal, el derecho disciplinario no se basa en el daño a un bien jurídico tutelado,
sino en el incumplimiento de los deberes funcionales del servidor público35.

Así lo expresó la Corte Constitucional en la sentencia C-948 de 2002:

Para la Corte, como se desprende de las consideraciones preliminares que se hicieron en relación
con la especificidad del derecho disciplinario, resulta claro que dicho derecho está integrado por
todas aquellas normas mediante las cuales se exige a los servidores públicos un determinado
comportamiento en el ejercicio de sus funciones 36. En este sentido y dado que, como lo señala
acertadamente la vista fiscal, las normas disciplinarias tienen como finalidad encauzar la conducta
de quienes cumplen funciones públicas mediante la imposición de deberes con el objeto de lograr
el cumplimiento de los cometidos fines y funciones estatales, el objeto de protección del derecho
disciplinario es sin lugar a dudas el deber funcional de quien tiene a su cargo una función pública.

El incumplimiento de dicho deber funcional es entonces necesariamente el que orienta la
determinación de la antijuricidad de las conductas que se reprochan por la ley disciplinaria.
Obviamente no es el desconocimiento formal de dicho deber el que origina la falta disciplinaria,
sino que, como por lo demás lo señala la disposición acusada, es la infracción sustancial de dicho

33 Corte Constitucional, sentencia C-181 de 2002.
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 26 de marzo de 2014, radicación número:

11001 03 25 000 2013 00117 00 (0263-13), Demandante: Fabio Alonso Salazar Jaramillo, demandado: Nación –
Procuraduría General de la Nación, Magistrado Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
35 Corte Constitucional, sentencia C-948 de 2002.
36 Ver Sentencia C-417/93 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

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deber, es decir el que se atente contra el buen funcionamiento del Estado y por ende contra sus
fines, lo que se encuentra al origen de la antijuricidad de la conducta.

Así ha podido señalar esta Corporación que no es posible tipificar faltas disciplinarias que remitan
a conductas que cuestionan la actuación del servidor público haciendo abstracción de los deberes
funcionales que le incumben como tampoco es posible consagrar cláusulas de responsabilidad
disciplinaria que permitan la imputación de faltas desprovistas del contenido sustancial de toda falta
disciplinaria37.

Dicho contenido sustancial remite precisamente a la inobservancia del deber funcional que por si
misma altera el correcto funcionamiento del Estado y la consecución de sus fines.

Ahora bien, el apelante afirma que, en el presente caso, la conducta imputada como
falta disciplinaria no se encuadró dentro de sus deberes funcionales específicos como
alcalde de Calarcá, los cuales, según afirma, son únicamente de carácter político y
administrativo; y porque, además, la actividad en los procesos contractuales estaba
desconcentrada en otros funcionarios del Municipio de Calarcá de conformidad con el
manual de contratación de la entidad.

Al respecto, la adecuación típica de la conducta del disciplinado en el pliego de cargos
consistió en lo siguiente:

«Se elevan cargos al disciplinado por el comportamiento descrito en el capítulo precedente, por
considerarlo presuntamente responsable de falta disciplinaria por incursión en conducta descrita
en la ley como delito, a título de dolo y con ocasión del desempeño del cargo, con lo cual se
presume que incurrió en falta gravísima, de acuerdo a lo previsto en el artículo 48 numeral 1 de la
Ley 734 de 2002, en concordancia con los artículos 409 y 410 de la Ley 599 de 2000, Código Penal
vigente para los colombianos».

Asimismo, en el fallo sancionatorio de segunda instancia se explicó lo siguiente:

Y de manera puntual, el “deber funcional” de responder por la dirección y el maneo de la actividad
contractual en el Municipio de Calarcá, se la impone al señor JUAN CARLOS GIRALDO ROMERO,
el numeral 5º del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, que reza “Del principio de responsabilidad, en
virtud de este principio: (…) 5. La responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad
contractual y la de los procesos de selección será del jefe o representante de la entidad, quien
no podrá trasladarla a las juntas o consejos directivos de la entidad, ni a las corporaciones de
elección popular, a los comités asesores, ni a los organismos de control y vigilancia de la misma
(…)”.

Así las cosas, la Procuraduría determinó que el demandante incurrió en la falta
gravísima establecida en el artículo 48, numeral 1.º de la Ley 734 de 2002, en
concordancia con el artículo 410 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal) por haber
celebrado dos contratos sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley.

En la investigación adelantada se estableció claramente que el encartado suscribió los

37 Ver Sentencia C-373/02 M.P. Jaime Córdoba Triviño. S.P.V. de los Magistrados Rodrigo Escobar Gil y Eduardo

Montealegre Lynett.

36

Número Interno: 2688-2019
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dos contratos con la misma empresa, de la cual no se acreditó tener licencia de
funcionamiento para prestar sus servicios en el departamento del Quindío, lugar donde
se debía prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada, requisito que, debe
decirse, sí está exigido en las normas que regulan la materia y que, de hecho, sí era
conocido en la administración municipal, tanto es así en que en la respuesta a las
observaciones presentadas a la evaluación del proceso de selección abreviada, el
comité evaluador sostuvo que:

Si bien es cierto que el Decreto 2187 de 2001 en su artículo 5, contempla el requisito de establecer
una sucursal o agencia, no es menos cierto que lo limita a aquellas empresas que requieran
establecer la sucursal o agencia. La argumentación del oferente VIPCOL GRUPO DE
SEGURIDAD, enmarca esta situación como si la empresa WOLVES SECURITY fuese ya la
judicataria del presente proceso. Situación esta que le obligaría a solicitar la debida autorización
ante el ente administrativo. Por lo tanto se está haciendo una interpretación errónea de la norma
tratando de hacer incurrir en un error a la administración, ya que la calidad de oferente genera una
expectativa para contratar, pero jurídicamente no se ha generado en este momento la necesidad
de establecer una agencia en el municipio por cuanto en esta etapa del proceso la empresa
WOLVES SECURITY ostenta la calidad de proponente y solo con la firma del contrato y con los
requisitos previos a la ejecución del mismo ostentaría la calidad de contratista generando
así la necesidad de establecer mediante autorización de la superintendencia la agencia
respectiva38. (Negrillas de la Sala).

Por tanto, no tiene vocación de prosperidad el argumento expuesto por el demandante
según el cual, este no tenía responsabilidad alguna en los procesos de contratación, por
cuanto, como quedó visto, fue quien suscribió el contrato de prestación de servicios y
adjudicó el contrato en virtud del proceso de selección abreviada.

Tampoco es dable afirmar, como lo plantea el demandante, que no hay lugar a exigir el
requisito de la licencia de funcionamiento para el lugar donde se pretendía prestar el
servicio porque de esa manera no tendría sentido la existencia de la licencia que es de
carácter nacional; y menos aún, que el establecimiento de la agencia depende de la
evaluación sobre la necesidad que hace la propia empresa, pues se trata de un requisito
establecido por las normas que regulan la materia, cuya aplicación no puede, de manera
alguna, estar sometida a la discrecionalidad del oferente.

Al respecto, es oportuno señalar que el Decreto 356 de 2002 «Por el cual se expide el
Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada», en sus artículos 11 y 13, dispone:

«ARTÍCULO 11. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO. <Artículo modificado por el artículo 72 del
Decreto Ley 2106 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> La Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada, podrá expedir licencia de funcionamiento, de carácter nacional, previo el
cumplimiento de los siguientes requisitos por parte del solicitante:
1. Solicitud dirigida a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, suscrita por el

38 Fl. 31, pdf 200001050356 obrante en el índice 40 de samai.

37

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Demandante: Juan Carlos Giraldo Romero
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación

Representante Legal, en la cual se informe:
a) Sede principal, sucursales o agencias que pretende establecer.
b) Modalidad del servicio que pretende ofrecer.
c) Medios que pretende utilizar para la prestación del servicio, con sus características técnicas, si
es del caso.
2. Adjuntar los siguientes documentos:
a) Copia de la escritura de constitución y reformas de la misma.
b) Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual, que cubra los riesgos de uso indebido
de armas de fuego u otros elementos de vigilancia y seguridad privada, no inferior a 400 salarios
mínimos legales mensuales vigentes, expedida por una compañía de seguros legalmente
autorizada.
3. Solicitud de aprobación de instalaciones y medios por parte de la Superintendencia de Vigilancia
y Seguridad Privada.
PARÁGRAFO 1o. Dentro de los sesenta (60) días siguientes al otorgamiento de la licencia de
funcionamiento el Representante Legal deberá enviar a la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada, por medio digital o físico las certificaciones sobre afiliación del personal a un
sistema de seguridad social y a una Caja de Compensación Familiar.
PARÁGRAFO 2o. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada verificará la información
suministrada y podrá realizar visitas de inspección previa, tanto a las instalaciones de la sede
principal, sucursales o agencias, como sobre los medios que se van a emplear.
PARÁGRAFO 3o. La licencia de funcionamiento para las empresas de vigilancia y seguridad
privada se expedirán a nivel nacional, por el término de diez (10) años».

(…)

«ARTÍCULO 13. SUCURSALES O AGENCIAS. Las empresas de vigilancia y seguridad privada,
debidamente autorizadas que requieran establecer una nueva sucursal o agencia dentro del
territorio nacional, deberán obtener previamente autorización de la Superintendencia de Vigilancia
y Seguridad Privada, para lo cual deberán acreditar la información sobre el personal directivo de
dicha sucursal o agencia, licencia de funcionamiento de la alcaldía, certificado de existencia y
representación legal.
Dentro de los sesenta (60) días siguientes a la concesión de la autorización, se deberá enviar la
resolución sobre horas extras expedida por la regional del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
correspondiente».

En concordancia con lo anterior, el Decreto 2187 de 2001, en su artículo 5, establece:

«Artículo 5. Sucursales o Agencias. En desarrollo del artículo 13 del Decreto-ley 356 de 1994,
las empresas de vigilancia y seguridad privada debidamente autorizadas que requieran establecer
una sucursal o agencia dentro del territorio nacional, deberán solicitar autorización ante la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en la cual se solicitará visita de instalaciones
y medios en donde funcionarán como sucursal o agencia las que deberán estar acorde con lo
dispuesto en el artículo 16 del Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada.

Para obtener la autorización se deberá acreditar los requisitos a que se refiere el artículo 13 del
Decreto-ley 356 de 1994.

Parágrafo 1. En tratándose de agencia o sucursal, su apertura obedecerá a la complejidad
operativa administrativa y financiera de la misma, para el cumplimiento de su objeto.

Parágrafo 2. Aquellos servicios de vigilancia y seguridad privada que requieran establecer sucursal
o agencia deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo.

Parágrafo 3. El servicio de vigilancia y seguridad privada que disponga del cierre o sucursal o
agencia, deberán informar a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, para efectos
de su registro.»

Ahora bien, en el caso concreto, se tiene que, en el pliego definitivo de condiciones,
sobre los requisitos habilitantes para participar y los documentos para acreditarlos, se
incorporó en el capítulo tercero lo que a continuación se transcribe:

38

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«3.3.1.2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Y AUTORIZACIÓN

El proponente, persona jurídica, deberá anexar el Certificado de Existencia y Representación Legal
Vigente expedido por la autoridad competente. (…)

(…)

En el evento que la compañía de vigilancia tenga su domicilio principal en otra ciudad, el
oferente deberá demostrar que cuenta con sucursal o agencia ya sea principal lo (sic)
sucursal legalmente establecida en la ciudad de Armenia o en Calarcá, como
condicionamiento para participar en el presente proceso de selección, para la acreditación
de este requisito, se deberá adjuntar el certificado de Cámara de Comercio respectiva. Dicho
documento no podrá tener una fecha de expedición a un (1) mes anterior al cierre del proceso de
selección y debe estar vigente durante todo el tiempo de ejecución del contrato

Si el proponente no cumple el requisito de constitución y vigencia establecido en este numeral, la
oferta no será habilitada»39 (negrillas de la Sala).

Sobre ello, el plenario da cuenta que mediante la Resolución núm. 7562 del 16 de
diciembre de 2010 la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada renovó la
licencia de funcionamiento de la empresa Wolves Security Limitada, de la siguiente
forma:

«ARTÍCULO PRIMERO: Renovar la licencia de funcionamiento por el periodo de cinco (5) años, a
la empresa de vigilancia y seguridad privada denominada WOLVES SECURITY LIMITADA, Nit.
830.070.599 – 1, para operar con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C. en la modalidad
de vigilancia fija, móvil y escolta a personas y vehículos y mercancías con la utilización de armas
de fuego y medios tecnológicos, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del Decreto
Ley 356 de 1994. (…)»40.

Posteriormente, a través de Resolución 0725 del 9 de febrero de 2011, la
Superintendencia corrigió el artículo primero de la anterior resolución, en los siguientes
términos:

«ARTÍCULO PRIMERO: Renovar la licencia de funcionamiento por el periodo de cinco (5) años, a
la empresa de vigilancia y seguridad privada denominada WOLVES SECURITY LIMITADA, Nit.
830.070.599 – 1, para operar con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C, y con agencia en
la ciudad de San José del Guaviare en las modalidades de vigilancia fija, móvil y escolta a personas
y vehículos y mercancías con la utilización de armas de fuego y medios tecnológicos, de
conformidad con lo establecido en el artículo 14 del Decreto Ley 356 de 1994. (…)» 41.

Asimismo, reposa un certificado de existencia y representación legal de la mencionada
compañía expedido el 14 de marzo de 2012 por la Cámara de Comercio de Bogotá,
Sede Salitre (R034075504), en el que consta lo siguiente:

39 ff. 441 y 442 pdf. 200001050437 que reposa en el índice 40 de SAMAI.
40 Fl. 157 pdf 200001050356 que reposa en el índice 40 de SAMAI.
41 Fl. 164 pdf 200001050356 que reposa en el índice 40 de SAMAI.

39

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Demandante: Juan Carlos Giraldo Romero
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación

«(…) NOMBRE: WOLVES SECURITY LIMITADA
N.I.T: 830070599-1
DOMICILIO: BOGOTÁ D.C.»42

Incluso, se observa que al proceso disciplinario fue allegado el Oficio 3000 del 13 de
julio de 2012, en el que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada le informó
a la Procuraduría lo siguiente:

«… revisados los archivos de la entidad, se encontró que a la empresa de vigilancia y seguridad
privada denominada WOLVES SECURITY LIMITADA, identificada con Nit. 830.070.599-1,
mediante Resolución No. 7562 del 16 de diciembre de 2010, se le renovó la licencia de
funcionamiento por un término de cinco (5) años, para operar con domicilio principal en la ciudad
de Bogotá D.C., en las modalidades de vigilancia fija, móvil y escolta a personas, vehículos y
mercancías con la utilización de armas de fuego, medios tecnológicos y servicio conexo de
asesoría, consultoría e investigación, y se encuentra representada por (…) es de aclarar que
mediante Resolución No. 725 del 9 de febrero de 2011, se corrige el artículo primero de la
Resolución No. 7562 del 16 de diciembre de 2010, el cual quedara de la siguiente manera: Renovar
la licencia de funcionamiento por un término de cinco (5) años, a la empresa de vigilancia y
seguridad privada denominada WOLVES SECURITY LIMITADA, (…), para operar con domicilio
principal en la ciudad de Bogotá D.C. y con agencia en la ciudad de San José del Guaviare, en las
modalidades de vigilancia fija, móvil y escolta (…).

(…)

Con relación a la agencia de la empresa de vigilancia y seguridad privada denominada WOLVES
SECURITY LIMITADA, (…) me permito informarles que mediante Radicado No. 10149 del 8 de
mayo de 2012, la señora MIRALBA PATRICIA LEAL CARRILLO, en calidad de Representante
Legal solicitó la autorización de apertura de una agencia de la ciudad de Armenia – Quindío, el cual
se encuentra en trámite.

Con relación a la jurisdicción en la que deben prestarse los servicios de vigilancia y seguridad
privada, es bueno señalar que en virtud de lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto Ley 356 de
1994, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada expide licencias de funcionamiento
con carácter nacional, a las empresas y cooperativas del sector que cumplan con los requisitos
para el efecto, pero su operatividad se circunscribe a los lugares descritos en la respectiva
autorización, o a las agencias o sucursales aprobadas posteriormente, conforme lo señala el
artículo 13 del referido Decreto.

El artículo 13 del Decreto Ley 356 de 1994, consagró: “(…) Las empresas de vigilancia y seguridad
privada, debidamente autorizadas que requieran establecer una nueva sucursal o agencia dentro
del territorio nacional, deberán obtener previamente autorización de la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada, para lo cual deberán acreditar la información sobre el personal
directivo de dicha sucursal o agencia, licencia de funcionamiento de la alcaldía, certificación de
existencia y representación legal. (…)” (subrayado fuera del texto).

Con relación al concepto de “corta distancia”, le informamos que fue considerado por esta
Superintendencia para determinar cuándo se requiere o no la apertura de una sucursal o agencia,
en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley 356 de 1994 y 5 del Decreto 2187
de 2001. Lo cual fue plasmado en las Circulares Externas 01de 2010, 2011 y de 2012.

En la Circular Externa 01 de 2012, se dispuso sobre el particular:

“(…) En aquellos casos en que exista una pequeña distancia entre el centro de operaciones
y el lugar de prestación del servicio o se pueda garantizar un adecuado ejercicio de la
supervisión y reacción a situaciones de amenaza, no es necesaria la apertura de una agencia
o sucursal (…)”.

42 FL. 487 pdf. 200001050437 que reposa en el índice 40 de SAMAI.

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Número Interno: 2688-2019
Demandante: Juan Carlos Giraldo Romero
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación

De lo anterior se colige que pequeña distancia, se enmarca como aquel intervalo de cosas
que separa el domicilio principal de los servicios de vigilancia y seguridad privada con el
lugar contratado para la prestación el servicio, el cual debe ser mínimo para ejercer una
adecuada supervisión y reacción (por ejemplo: municipios aledaños o del mismo
departamento).

Con relación a la normatividad que deben cumplir los servicios de vigilancia y seguridad privada en
Colombia, al momento de su creación y organización y posteriormente para su funcionamiento y
operatividad es en primera medida, el Decreto Ley 356 de 1994-Estatuto de Vigilancia y la
Seguridad Privada, así como el Decreto 2187 de 2001, la Resolución 2852 de 2006 y demás
normas concordantes»43.

A partir de lo anterior, para la Sala no existe duda en relación con que la empresa
Wolves no acreditó el requisito habilitante tantas veces mencionado, pues, su domicilio
registrado era la ciudad de Bogotá y no acreditó tener agencia o sucursal en el municipio
de Calarcá o en el Departamento del Quindío.

Asimismo, la Sala encuentra razonable lo señalado por los funcionarios disciplinarios en
cuanto argumentaron que en este caso no era dable sostener que había una corta
distancia entre el centro de operaciones y el lugar de prestación de servicios de manera
que se relevara a la empresa de acreditar la licencia de funcionamiento o la agencia, en
tanto, el Distrito Capital de Bogotá (sede principal de la empresa contratada) y el
municipio de Calarcá (lugar donde se contrataron sus servicios) no se encuentran
ubicados en el mismo departamento y menos aún puede señalarse razonablemente que
son aledaños, si se tiene en cuenta que entre uno y otro hay aproximadamente 260
kilómetros que implican un desplazamiento terrestre de varias horas.

También es plausible considerar que un desplazamiento aéreo implica, obviamente, el
proceso de compra de tiquetes, adicional al desplazamiento y horas de espera en el
aeropuerto, sin contar con que la terminal aérea que sirve al Departamento del Quindío
se encuentra ubicada en el municipio de La Tebaida.

Lo anterior resulta relevante, si se tiene en cuenta que, como se vio de las normas
transcritas, la misma Superintendencia, en sus circulares, ha expuesto que esa corta
distancia es relevante e, incluso, debe ser mínima, a fin de ejercer una adecuada
supervisión y reacción.

Así pues, conforme a lo probado en el proceso, el primer contrato de prestación de
servicios se ejecutó por la empresa WOLVES SECURITY sin tener la licencia de

43 Visible en el folio 152 del pdf 200001050356 que reposa en el índice 40 de SAMAI.

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Número Interno: 2688-2019
Demandante: Juan Carlos Giraldo Romero
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funcionamiento para el departamento del Quindío, mismo hecho que ocurrió con la
ejecución del contrato núm. 025 de 2012, toda vez este tenía una duración de tres
meses. En efecto, el acta de inicio se suscribió el 10 de abril de 201244; la empresa
formuló solicitud ante la Superintendencia de Seguridad Privada el 8 de mayo de 2012,
esto es, transcurrido casi un mes desde su inicio; y este terminó el 10 de junio de 2012
conforme al informe de interventoría del 12 de junio del mismo año45, fecha para la cual,
no había sido expedida la licencia.

Al respecto, se tiene que, a través del Oficio 15405 del 23 de julio de 2012 dirigido a la
Procuraduría General de la Nación, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada informó lo siguiente:

«(…) Con relación a la agencia de la empresa de vigilancia y seguridad privada denominada
WOLVES SECURITY LIMITADA, identificada con el Nit. 830.070.599-1, me permito informarles
que mediante Radicado No. 10149 del 8 de mayo de 2012, la señora MIRALBA PATRICIA LEAL
CARRILLO, en calidad de Representación Legal solicitó la autorización de apertura de una agencia
en la ciudad de Armenia – Quindío, la cual se encuentra en trámite.

Con relación a la jurisdicción en la que deben prestarse los servicios de vigilancia y seguridad
privada, es bueno señalar que en virtud de lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto Ley 356 de
1994, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada expide licencias de funcionamiento
con carácter nacional, a las empresas y cooperativas del sector que cumplan con los requisitos
para el efecto, pero su operatividad se circunscribe a los lugares descritos en la respectiva
autorización, o a las agencias o sucursales aprobadas posteriormente, conforme lo señala el
artículo 13 del referido Decreto»46.

Lo que quiere decir que, en la ejecución de los contratos, la empresa nunca contó con
la licencia que, según la misma administración, debía acreditarse como requisito
habilitante.

Así pues, es claro que el alcalde, como ordenador del gasto, sí tenía la responsabilidad
sobre la actividad contractual del municipio, tanto es así que fue este quien presidió la
audiencia de adjudicación en el proceso de selección abreviada núm. 006 de 2012 y
suscribió los mencionados contratos.

Situación distinta es que, en el marco del proceso de selección abreviada núm. 006 de
2012, se haya producido la intervención del comité evaluador conformado por los
secretarios de gobierno, de asuntos administrativos y de hacienda, pues, se insiste, fue
el alcalde quien, inicialmente, suscribió el contrato de prestación de servicios núm. 001

44 Fl. 572 pdf 200001050437 que reposa en el índice 40 de SAMAI.
45 Fl. 574 pdf. 200001050437 que reposa en el índice 40 de SAMAI.
46 Fl. 172 pdf. 200001050356 que reposa en el índice 40 de SAMAI.

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Número Interno: 2688-2019
Demandante: Juan Carlos Giraldo Romero
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación

del 4 de enero de 2012 y, posteriormente, adjudicó el proceso de selección abreviada
núm. 006 de 2012.

Finalmente, es oportuno mencionar que, sobre la celebración de contratos sin el
cumplimiento de los requisitos legales, la Corte Suprema de Justicia a través de
sentencia SP185-2024 del 14 de febrero de 2024, señaló lo siguiente:

«Los principios rectores irradian toda la materia de que tratan en la ley o código donde estén
contenidos; y si son constitucionales, abarcan toda la legislación nacional. Por ello, sí es factible
para efectos de tipicidad en el ilícito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales,
desentrañar cuáles son esos requisitos legales esenciales con apoyo en los principios de la
administración pública consagrados en el artículo 209 de la Carta y en los principios de la Ley 80
de 1993.

[…] Los principios rectores son el alma de los bienes jurídicos que involucran y por ende son parte
del tipo; su consideración como tales garantiza y delimita el principio de antijuridicidad material.
Así, por ejemplo, la selección objetiva es un bien jurídico en sí mismo, y es un requisito esencial
de los contratos de la administración pública, pues propende por la participación democrática en
condiciones de lealtad e igualdad, por la moralidad y la transparencia de la función pública6.

74. Bien se ve, entonces, que, junto a las formalidades esenciales del contrato estatal
determinadas a partir de la teoría general del negocio jurídico y las causales de nulidad absoluta
de los contratos con la administración, el acatamiento de los principios rectores de esta faceta de
la función pública constituye un requisito esencial aplicable, sin excepción, a los contratos
estatales (CSJ SP 25 sept. 2013, rad. 35.344)

[...]

76. Si bien los principios de los contratos estatales, en tanto mandatos de optimización, son
referentes jurídicos pertinentes para determinar si se atentó contra la legalidad del régimen de
contratación en aspectos esenciales, no es menos cierto que ello debe concretarse en la
prexistencia legal de deberes específicos exigibles al servidor público (sujeto activo calificado),
sin que sea legítimo un reproche basado en la desatención de requisitos extralegales, de creación
judicial ex post, derivada de la comprensión del juez sobre cómo habrían de materializarse de
mejor forma los principios aplicables a las distintas etapas de la contratación estatal.

77. Sobre el particular, mediante la CSJ SP7322-2017, rad. 49.819, la Sala puntualizó:

Una hermenéutica adecuada y respetuosa de las garantías de los ciudadanos debe indicar que
el servidor público, al contratar, ha de ceñirse a los requisitos legales vigentes y velar porque en
la celebración, tramitación y liquidación del contrato se cumplan los principios que inspiran la
contratación pública[...]Lo inaceptable es que, a través de una ponderación ex post y expansiva
de tales principios, se agreguen presupuestos no previstos claramente en las normas aplicables,
pues ello, como ya se dijo, resulta violatorio de la legalidad, por indeterminación de los elementos
del tipo penal”.

En la sentencia CSJ SP, mayo 20 de 2009, rad. 31.654, en un asunto similar, la Corte razonó de
igual manera al señalar: “el incumplimiento de los principios que informan la función pública y,
más específicamente la contratación estatal, puede, entonces, configurar el delito de contrato sin
cumplimiento de requisitos legales. Esta afirmación, sin embargo, amerita una precisión. No basta
afirmar el abstracto desacatamiento de uno de esos principios para predicar la existencia del
delito, sino que es necesario que el axioma desconocido esté ligado a un requisito de carácter
esencial propio del respectivo contrato y definido como tal previamente por el legislador».47

47 Igualmente, sobre el tipo penal descrito en el artículo 410 del Código Penal, puede verse la sentencia de la Sala

Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia del 4 de abril de 2025, expediente CUI:
11001020400020170182300, radicación núm. 51497.

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Número Interno: 2688-2019
Demandante: Juan Carlos Giraldo Romero
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Por las razones expuestas, la Sala concluye que, en el proceso disciplinario, hubo una
adecuada subsunción típica de la conducta del señor Juan Carlos Giraldo Romero, por
lo que este cargo tampoco tiene vocación de prosperidad.

(iii) Elemento de culpabilidad

El accionante manifiesta que la Procuraduría presumió que su comportamiento fue
doloso, pues en el expediente nunca obró prueba que determinara dicho grado de
culpabilidad.

Sobre el elemento de culpabilidad, la Corte Constitucional señaló, en la sentencia T-561
de 2005, que «el juez disciplinario debe contar, al nivel de la definición normativa de la
falla disciplinaria, con un margen de apreciación más amplio que el del juez penal, que
le permita valorar el nivel de cumplimiento, diligencia, cuidado y prudencia con el cual
cada funcionario público ha dado cumplimiento a los deberes, prohibiciones y demás
mandatos funcionales que le son aplicables; ello en la medida en que ‘es necesario
garantizar de manera efectiva la observancia juiciosa de los deberes de servicio
asignados a los funcionarios del Estado mediante la sanción de cualquier omisión o
extralimitación en su cumplimiento’48».

Asimismo, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que el dolo se configura
de la siguiente forma:

«[…] Por otra parte por la vía de la jurisprudencia constitucional y de la doctrina se ha aceptado
que el dolo se entiende configurado, en principio, cuando el disciplinado conoce la tipicidad de su
conducta y, pese a ello, actúa en contra de sus deberes funcionales, con lo cual el conocer involucra
el querer, ya que si se tiene conocimiento y pese a ello se realiza la conducta es porque
efectivamente quiere el resultado […]».49

En lo que a este asunto interesa, la conducta del demandante se calificó a título de dolo,
por las siguientes razones:

Sentada esta premisa, se tiene demostrado con la prueba acopiada en el proceso que el señor
JUAN CARLOS GIRALDO ROMERO, en su condición de alcalde de Calarcá, celebró con la
empresa WOLVES SECURITY LTDA. el contrato No. 001 de 2012, sabiendo las condiciones que
tenía esta firma, teniendo en cuenta que para la suscripción de dicho contrato se acompañaron los
soportes presentados por la empresa contratista, entre los cuales se hallaba la Resolución No.
7562 de diciembre 16 de 2010, expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
que en su artículo primero decía taxativamente: “renovar la licencia de funcionamiento por el

48 [Sentencia T-1093 de 2004, MP Dr. Manuel José Cepeda espinosa].
49 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. sentencia de 29 de enero de 2015, consejera ponente:

Sandra Lisset Ibarra Vélez. Radicado: 11001-03-25-000-2013-00190-00(0449-13).

44

Número Interno: 2688-2019
Demandante: Juan Carlos Giraldo Romero
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación

periodo de cinco (5) años, a la empresa de vigilancia y seguridad denominada WOLVES
SECURITY LTDA… para operar con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., en la
modalidad de vigilancia fija, móvil y escolta a personas, vehículos y mercancías con la utilización
de armas de fuego y medios tecnológicos…”50, documento que le mostraba al disciplinado que la
licencia otorgada a dicha empresa, no la habilitaba para operar en el Municipio de Calarcá.

Así mismo, se advierte que durante el proceso de selección abreviada de menor cuantía No. 006
de 2012 que culminó con la celebración del Contrato 025 del 10 de abril de 201251, el proponente
VIPCOL LTDA le señaló a la administración municipal de manera insistente en sus observaciones,
que la empresa WOLVES SECURITY LTDA. no cumplía con el requisito legal de la licencia de
funcionamiento para operar en el Departamento del Quindío. Sin embargo, el servidor público
haciendo caso omiso a tales observaciones contrató nuevamente la prestación de servicios de
seguridad y vigilancia en el Municipio con esa empresa, incurriendo en la conducta de celebración
de contrato sin el cumplimiento de requisitos esenciales.

Lo anterior, permite evidenciar que la Procuraduría no presumió el dolo como lo
manifiesta el apelante; por el contrario, analizó el detalle de lo acontecido en el proceso
contractual en el cual se le puso de presente a la administración, de manera reiterada,
la ausencia del requisito habilitante de la compañía a la que se le contrató de manera
directa y luego le fue adjudicado el contrato en el proceso de selección abreviada,
situación frente a la cual el alcalde hizo caso omiso.

Al respecto, esta Sala destaca que el demandante sí tuvo conocimiento de la
irregularidad mencionada, pues, al efecto, en la audiencia de adjudicación presidida por
el señor Juan Carlos Giraldo Romero, se reseñó en las consideraciones, lo siguiente:

Que la empresa VIPCOL GRUPO DE SEGURIDAD LTDA, formuló observaciones al acta del
comité evaluador dentro del término de traslado establecido en el cronograma según la adenda
modificatoria (…).

(…)

Que de conformidad con lo establecido en el orden del día, se procedió a correr traslado por escrito
de la respuesta a las observaciones presentadas por parte de la empresa VIPCOL GRUPO DE
SEGURIDAD LTDA. al acta del comité de evaluación, por el término de diez minutos al oferente
WOLVES SECURITY único presente en el acto de adjudicación y acto seguido se dio término para
intervenir.

(…)

Que una vez evaluados los elementos de juicio establecidos en el presente acto administrativo, el
Ejecutivo acogerá los planteamientos señalados por el Comité de Evaluación constituido para
analizar las propuestas generadas en el proceso de selección abreviada número 006 de 2012, tal
como se señalará en la parte resolutiva del presente acto administrativo 52.

Lo anterior pone de relieve que el alcalde sí tenía conocimiento de las observaciones
que, sobre el requisito habilitante, había formulado en el proceso de contratación una
de las empresas oferentes, y, pese a ello, continuó con la adjudicación del contrato sin

50 Ver Resolución 7562 de 2010, fl. 231 C. 2.
51 Ver contrato 025 de 2012, fl. 554-560 C. 3.
52 Fl. 138 pdf 200001050356 obrante en el índice 40 de samai.

45

Número Interno: 2688-2019
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detenerse a esclarecer un requisito tan trascendente como es, precisamente, la
existencia de licencia de funcionamiento para operar en el Departamento del Quindío.

Además de lo anterior, tal como se señaló en el acápite precedente relacionado con el
elemento de tipicidad, en el pliego de condiciones definitivo se señaló, como requisito
habilitante, aportar el certificado de existencia y representación y se precisó que, en el
evento en que la compañía de vigilancia tuviera su domicilio principal en otra ciudad, el
oferente debía demostrar que contaba con sucursal o agencia ya sea en la ciudad de
Armenia o en Calarcá, como condicionamiento para participar en el proceso de
selección.

Ahora bien, la Sala no desconoce que, como el alcalde lo mencionó, este actuó bajo el
principio de confianza frente a los funcionarios que hacían parte del comité técnico y de
adjudicación; no obstante, ello no puede ser el único argumento para excusar el
evidente incumplimiento de un requisito habilitante de la compañía a la que le resultó
adjudicado el contrato después del proceso de selección abreviada, e incluso, a quien
el mismo alcalde le adjudicó de manera directa el contrato de prestación de servicios
núm. 001 del 4 de enero de 2012, puesto que, como ha quedado reseñado en la
presente sentencia, las observaciones fueron puestas de presente reiteradamente por
la otra empresa oferente en el proceso contractual.

Debe resaltarse que, siendo la observación relacionada con un requisito habilitante del
oferente, cuyo incumplimiento daba lugar a que la oferta no fuera habilitada, el alcalde,
su condición de ordenador del gasto y el responsable de la adjudicación y firma de estos
dos contratos, no podía excusar el incumplimiento de los requisitos esenciales en el
desconocimiento de las normas o en el principio de confianza frente a sus subalternos.

Por tanto, no encuentra la Sala un argumento que permita sustentar que la calificación
de la conducta a título de dolo se hizo de manera automática o que se presumió o que
con esta se desconoció el principio pro homine.

Por lo anterior, este cargo tampoco tiene vocación de prosperidad.

2.5. Condena en costas

46

Número Interno: 2688-2019
Demandante: Juan Carlos Giraldo Romero
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación

Sobre la condena en costas, es importante destacar que no procede de manera
automática, pues tal y como se indica en el numeral 8 del artículo 365 del Código
General del Proceso, “(…) solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca
que se causaron y en la medida de su comprobación (…)”. Siendo así, teniendo en
cuenta que en el trámite no se observa que se hayan causado, ni de las partes un actuar
temerario, esta Sala no condenará en costas a la parte vencida.

III. DECISIÓN

En atención a lo anterior, la Sala procederá a confirmar la sentencia del 4 de octubre de
2018 proferida por el Tribunal Administrativo Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, por medio del cual negó las pretensiones de la demanda promovida por
el señor Juan Carlos Giraldo Romero.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 4 de octubre de 2018 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, por medio de la cual
negó las pretensiones de la demanda promovida por el señor Juan Carlos Giraldo
Romero.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: Por Secretaría, devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

47

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Demandante: Juan Carlos Giraldo Romero
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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